Este espacio nace de la imperiosa necesidad de expresarle al mundo que en Mexico se violan sistematicamente los Derechos Humanos, que los politicos gobernantes que han exprimido a nuestro pais y que han suscrito tratados internacionales se burlan dia a dia de la legislacion nacional e internacional dejando a los ciudadanos en un verdadero estado de indefension, les presentamos el verdadero Mexico, el de los reprimidos, bienvenidos hermanos !
María
Herrera Magdaleno, madre de tres jóvenes desaparecidos, busca derribar
una barrera para que las víctimas mexicanas puedan acceder a un
mecanismo internacional que les ayude en sus casos.
Se
mantienen "obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral", concluyó sobre México el Comité de
las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.
El
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que
nunca antes habían tenido un éxodo de esta magnitud y que el poblado de
Chavajeval vive una crisis humanitaria urgente, pues estas personas
requieren un lugar seguro en el cual resguardarse, alimentos y atención
médica. Foto Cuartoscuro
Claudia Altamirano (@claualtamirano)
noviembre 14 2018
El pasado 7 de noviembre se celebraba una asamblea comunitaria en el
pueblo de Chavajeval, del municipio El Bosque, en Chiapas. Se escuchó
una detonación, luego varios disparos. El recuerdo de una emboscada
ocurrida dos semanas antes, en la que dos hombres fueron asesinados,
provocó que los asistentes huyeran buscando refugio, pero no en sus
casas sino fuera de la comunidad: la población completa salió de ahí,
dejando el sitio como un pueblo fantasma.
Unas mil 800 personas pasaron esa noche moviéndose hacia la montaña,
buscando senderos hacia la cabecera municipal de El Bosque, donde
pudieran estar seguros. El rumor del éxodo y de la violencia que lo
provocó llegó hasta los sacerdotes Manuel Pérez y Helder López, quienes
acudieron a Chavajeval y se encontraron con un pueblo semidesierto, en
el que todavía estaba un cuerpo en avanzado estado de descomposición,
sin algunas partes que ya habían sido devoradas por animales.
De acuerdo con López Velasco, a su paso hallaron también algunas
familias que permanecieron ocultas en el pueblo y no habían salido en
tres días ante el temor de otro ataque armado. Una persona dijo haber
estado cuatro días sin comer. En otro punto hallaron a una mujer de 110
años que estaba perdida tras la partida de toda la comunidad. Los
clérigos se los llevaron a la cabecera municipal para ofrecerles
atención médica y refugio. Este desplazamiento forzado se suma a otros
que están ocurriendo en Chiapas, producto de ataques armados que los
campesinos no pueden repeler.
“Hasta ahorita no hay claridad, dicen que ya están investigando pero
todavía no hay nada. La comunidad andaba investigando sobre la muerte de
estas dos personas y surgieron disparos por varias partes. Ahí fue
donde toda la comunidad se dispersó y se fue por miedo. No saben quién
les dispara, por eso salen por miedo”, dijo el padre Helder López a Animal Político vía telefónica.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que
son mil 764 los indígenas tzotziles que huyeron del poblado, aunque el
padre calcula más de dos mil. Casi ninguno habla español, según el
párroco, y nunca antes habían tenido un éxodo de esta magnitud, en el
que todo el pueblo huyera de una sola vez. Por ello, el Fray consideró
que el poblado de Chavajeval vive una crisis humanitaria urgente, pues
estas personas requieren un lugar seguro en el cual resguardarse,
alimentos, atención médica y medicinas.
La crisis también ha fragmentado temporalmente a las familias, pues
los desplazamientos dispersos hacia comunidades de los municipios de
Chalchihuitán, Simojovel y San Cristóbal de Las Casas provocaron la
separación de grupos familiares que se encuentran buscándose entre sí,
advierte el Fray.En una acción urgente publicada este martes, la
organización relata que el pasado lunes acudió a la zona para conocer la
situación y constató que en las montañas continúan cerca de 500
personas desplazadas, “sin abrigo, techo, ni medicamentos, en su mayoría
son mujeres con sus hijas e hijos”, refiere el comunicado. De esas
mujeres, agrega, cuatro estaban embarazadas al momento de huir y una ya
tuvo el parto en la montaña. También están dos niños solos y dos
personas de 80 años.
En cambio, el pueblo de Chavajeval no tiene actividad humana desde
hace días, según el Fray. “Las casas se encuentran abandonadas sin daño
alguno, en los corrales algunos animales han muerto pero no hay
saqueos”, refiere el texto.
Este desplazamiento masivo ocurre al mismo tiempo que otros
registrados en meses recientes en los Altos de Chiapas, zona
predominantemente indígena y de origen tzotzil. El más reciente es el
del municipio de Aldama, de donde han salido unas 780 personas ante el temor de ser baleados por paramilitares que les disputan un territorio cafetalero y les disparan apenas salen a cosechar su café.
Tanto el Centro Fray como el sacerdote han urgido al gobierno estatal
a intervenir para cesar los ataques armados de paramilitares,
autodefensas y el crimen organizado contra los pueblos indígenas, que al
no poder defenderse abandonan sus pueblos y todo lo que tenían en
ellos.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento interno masivo en
México, 20 de los cuales fueron causados por la violencia. La mayor
parte ocurren en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas.
En
la última década, 82 de 125 defensores de la tierra y el agua víctimas
de homicidio o desaparición han sido de pueblos originarios,
principalmente nahuas, purépechas, rarámuris, triquis y wixárikas
El retrato de Antonio Esteban Cruz
está en la mesa del altar de la casa de Xiloxochil, Cuetzalan, en el
gran bosque de niebla de la Sierra Nororiental de Puebla. Un copal
encendido en un sahumerio se consume ante la imagen del ambientalista
nahua más emblemático en la región.
Su
nieta Soledad se recarga en el marco de la puerta de la pequeña
habitación donde está la foto de su abuelo sonriente, con su sombrero.
Voltea a verlo.
—¿Qué recuerdas de tu abuelo? —le pregunto a la niña de 10 años.
—Cuando lo mataron —su respuesta es instantánea.
Antonio Esteban fue acribillado cuatro años atrás, de cuatro balazos, a orillas del río Apulco,
el que defendió cuando regresaba de hacer su labor en la parcela. Él
fue el dirigente estatal de una organización que frenó el proyecto de la
hidroeléctrica Cuamono, participó en la fundación del Frente Indígena
Campesino de México (FICAM), y explicó en náhuatl a comunidades
monolingües la devastación que provocan los proyectos extractivos.
Su asesinato es parte del listado de 125 crímenes contra luchadores ecologistas en México en la última década: 108 asesinatos, entre éstos de seis mujeres, y 17 desapariciones, entre ellas la de una mujer.
La
lista posee una cifra reveladora: 82 de las 125 víctimas eran
indígenas, 66 por ciento del total; es decir, dos de cada tres casos, de
acuerdo con la base de datos procesada por mexico.com.
Esta
base surgió al cruzar un documento de Global Witness, con otro del
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), y con la tesis de la
investigadora Lucía Velázquez Hernández titulada Defensores ambientales en México y derechos humanos (1995-2015), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras fuentes.
Pero ninguna de estas investigaciones se enfoca en la condición indígena de las víctimas.
“¡Es altísimo!”, dice. “Y es muy probable que esos crímenes lleven en sí mismos una carga racial”.
La población indígena en México es de 12 millones y representa 10 por ciento de la población nacional.
Antonio
Esteban lideraba el Movimiento Independiente Obrero Campesino y
Popular-Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional
(MIOCUP-CNPA-MN). Tras su asesinato en 2014 fue reemplazado por el
abogado nahua Manuel Gaspar Rodríguez, quien recibió amenazas desde que
asumió la dirigencia ese mismo año y también fue ultimado.
El retrato de Antonio Esteban Cruz está en la mesa del altar de la casa de Xiloxochil.
Manuel
Gaspar lideró la lucha contra proyectos de minería a cielo abierto,
fracking, hidroeléctricas, la construcción de la subestación eléctrica
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, y logró la
clausura de un basurero municipal a cielo abierto. Lo mataron con un
arma punzocortante el 14 de mayo de 2018.
Sandino
Rivera, representante legal del MIOCUP, detalla: “semanas antes de que
lo mataran recibió amenazas de muerte y, dos días antes, ambos estuvimos
en un foro hablando contra megaproyectos”.
Erwin
Slim, integrante del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de
Cuetzalan —que tiene un reglamento municipal único en el país que
prohíbe el desarrollo de megaproyectos y protege los ecosistemas de sus
168 comunidades—, expone sobre los dos asesinatos: “si Cuetzalan es el municipio más protegido de México
(contra esos megaproyectos), y pasa lo que pasa, cómo estarán de
vulnerables los otros municipios del país que no tienen esta cobertura”.
De acuerdo con la base de datos de mexico.com,
el pueblo nahua registra el mayor número de casos a nivel nacional
(45), seguido por el purépecha (19), rarámuri (8), triqui (4), wixárika
(3), y con un caso, los pueblos yaqui, ayuuki, tsotsil y mixteco.
Albino
Limón Hernández es militante del MIOCUP y vive en Xiloxochil. La
localidad nahua está enclavada en la exuberante sierra poblana, de clima
cálido y húmedo, vecina de Veracruz, en la que abundan los árboles de
lima, naranjo, guanábana, plátano, guayaba, piña, pimienta y mamey. Un
paraíso montañoso.
Albino
muestra la lona que se mandó a hacer con las fotografías de Antonio
Esteban y Manuel Gaspar en exigencia de justicia por sus asesinatos
cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los
conoció a los dos. A Antonio Esteban, un hombre que rozaba los 65 años,
de actitud tranquila y cuerpo forjado por el trabajo agrícola. Y a
Manuel Gaspar, un treintañero moreno, de carácter alegre e impetuoso.
“Fueron compañeros que llevaban años luchando, anduvimos juntos, son nuestro ejemplo”, Albino expresa dolido.
Del
total de 125 crímenes contra defensores, 49 ocurrieron en el gobierno
de Peña Nieto y 76 en el de Felipe Calderón. En el 2011, durante el
sexenio del panista, se registró el mayor número: 30. Le siguió 2017,
bajo el gobierno del priista, con 19. En el último año han ocurrido 14.
El agua o la vida
En
una habitación de la casa de Antonio Esteban, en la localidad serrana
de Cuauhtapanaloyan, Cuetzalan, un mural plasmó al luchador cargando
unas flores de tallo largo. La franja azul pintada en la base de la
pared representó el caudaloso y ancho río Apulco que el nahua defendió
con su vida.
—¿Por qué lo mataron? —pregunto a su hija Antonia Gabriela.
—Por defender el territorio, el agua... —responde sin duda.
La base de mexico.com
revela que en 65 de los 125 crímenes, es decir en la mitad, está
involucrada la defensa del agua. Sea porque las víctimas se oponían a
proyectos mineros, hidroeléctricos, de contaminación industrial o
despojo de líquido. La defensa forestal está en 74. La tenencia de la
tierra en 56.
Cuetzalan
está en el corredor que va de la sierra boscosa poblana a la
veracruzana y es uno de los que reciben más precipitación pluvial en el
país.
En
2013, un año antes del asesinato de Antonio Esteban, la CFE comenzó a
comprar permisos de operación en terrenos de Cuamono y Cuauhtapanaloyan
para echar a andar su proyecto de la hidroeléctrica Cuamono en
Cuetzalan, sin que hubiera la información o la consulta que por derecho
constitucional tienen los pueblos indígenas.
Lo relata Violeta Valdés, del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, creado en honor del luchador.
Las
comunidades se organizaron y se opusieron al considerar que el proyecto
era la avanzada de la megaminería que consume millones de metros
cúbicos de agua. También que anticipaba la extracción de energéticos a
través de la fractura hidráulica o fracking. Este es un método agresivo
de perforación que demanda entre 9 y 29 millones de litros de agua por
pozo, según la Alianza Mexicana contra el Fracking.
En el mural que recuerda a Antonio Esteban está su hija Antonia Gabriela.
La
inconformidad en la zona confluyó en la fundación del citado FICAM el 8
de marzo de 2014, que reunió a luchadores indígenas de 16 estados con
diversas causas, entre ellos a Antonio Esteban, pequeño productor de
pimienta, ya consolidado como un reconocido líder regional.
Violeta
Rodríguez recuerda: “Su papel fue muy importante para la organización y
la cohesión de las comunidades porque él tenía la capacidad de
transmitir en nahua los términos muy técnicos que venían en las
manifestaciones de impacto ambiental de los megaproyectos”.
Narra
que como respuesta a la creación del FICAM vino la criminalización y
detención de líderes, como Enedina Rosas, comisaria ejidal de San Felipe
Xonacayucan, y el intento de acribillamiento a Rodrigo Esteban Mora,
hijo del dirigente, cuando cruzaba el río Apulco.
Antonio
Esteban tomó posesión de una franja de terreno colindante al río Apulco
con el fin de crear un asentamiento humano que resguardara el ancho
afluente. Tres meses después recibió los cuatro balazos que le quitaron
la vida.
Ausencias que duelen
La
foto de Manuel Gaspar Rodríguez está en la mesa del altar de la casa
familiar en la comunidad de Ayotoxco, municipio de Cuetzalan. Es la
última que le tomaron durante su intervención en el “Foro en defensa del
agua y nuestra madre tierra”, realizado en Chignautla el 12 de mayo de
2018. Lo asesinaron día y medio después, en la madrugada del 14.
“¡¡Si
no hay justicia para el pueblo que no haiga paz para el gobierno!!”,
reza una frase escrita en el retrato. Al lado de las veladoras hay un
plato con una rebanada de pastel por motivo de un cumpleaños familiar.
Su hermana Rosario lo puso aunque no es el Día de los Muertos. Sufren su
ausencia ocurrida cuatro meses antes.
“Lamentablemente
fue una pérdida fatal”, expresa Rosario con aflicción antes de mostrar
las fotos de su hermano en la adolescencia, quien ganó varios trofeos de
atletismo en competencias locales.
Puebla
registra cuatro casos de crímenes contra luchadores ecologistas, pero
es Michoacán el estado con el mayor número de casos: 54 de origen nahua y
purépecha. Le sigue Oaxaca con 16, de los cuales 7 son de pueblos
triquis, mixtecos.
En
Puebla hay 310 concesiones mineras que abarcan una superficie de 182
mil 185 hectáreas. Esta área equivale al 5.3% de la superficie del
estado, según un cálculo basado en datos de la Secretaría de Economía
sobre Concesiones Mineras. Y el Centro de Derechos Humanos Antonio
Esteban estima que el gobierno de Peña Nieto planeó la perforación de 10
mil 92 pozos a través del fracking en la Sierra Norte poblana.
La foto de Manuel Gaspar Rodríguez está en la mesa del altar de la casa familiar en la comunidad de Ayotoxco.
Manuel
Gaspar lideró un movimiento comunitario que frenó el proyecto El Aretón
de la Minera Autlán, del grupo Ferrominero, en los municipios de
Tlatlauquitepec, Hueyapan y Teziutlán. Participó en caravanas de
protesta que llegaron a la capital del país, o a la capital poblana, en
exigencia del derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus
territorios y contra la privatización del agua.
Y
también participó en el plantón de las oficinas de la CFE en Cuetzalan,
que duró 10 meses, en protesta por el proyecto de la subestación
eléctrica de Cuetzalan-Entronque Teziutlán, al considerar que, como en
el caso de la hidroeléctrica, es parte de la infraestructura a
desarrollarse en beneficio de la industria extractiva.
En
enero de 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) inició un
proceso de investigación penal por el delito de oposición a la obra
pública contra siete activistas de distintas organizaciones sociales,
entre ellos Manuel Gaspar.
El
sábado 12 de mayo de 2018, Manuel Gaspar participó en el Foro en
Defensa del Agua y Nuestra Madre Tierra en Chignautla. Lo asesinaron
brutalmente la madrugada del domingo con un cuchillo largo de doble filo
en un hotel de Cuetzalan, a unos metros de donde iniciarían las obras
de la línea de alta tensión y la subestación eléctrica de la CFE, de
acuerdo con la carpeta de investigación FED/PUE//HUA/0000172/2017.
Enrique
López Hernández del MIOCUP, manifiesta sobre las dos pérdidas de sus
dirigentes: “este camino que hemos tomado no tiene regreso, nuestra
organización está construyéndose a base del esfuerzo, el sudor, las
lágrimas y sobre todo la sangre de nuestros compañeros y no podemos
retroceder”.
La incertidumbre
En
el movimiento ecologista de Cuetzalan hay reservas sobre lo que pasará
con los proyectos suspendidos de la hidroeléctrica, la subestación
eléctrica de Cuetzalan y los mineros y de hidrocarburos ante el arribo
de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.
Erwin Slim considera que el documento del proyecto de nación de López Obrador es de carácter “extractivo”.
Dice
que la incertidumbre permea en defensores ambientales aunque una
activista local reconocida, María Luisa Albores —ingeniera agrónoma de
Chapingo integrante de la Unión de Cooperativas Teosepan Titaniske, que
produce café y pimienta y es afamada en el mercado justo internacional—,
será la próxima titular de la Secretaría de Bienestar de su gobierno.
Billy
Kyte de Global Witness, advierte que el respeto a los derechos humanos y
ambientales en México debe ser una prioridad para el presidente
entrante.
“López
Obrador debe asegurar justicia para los activistas asesinados,
fortalecer la implementación del Mecanismo de Protección para personas
defensoras, y garantizar que las comunidades puedan dar o no su
consentimiento previo, libre e informado sobre el uso de sus tierras”,
sentenció.
Los
casos de Antonio Esteban y de Manuel Gaspar, como los otros crímenes
contra defensores ambientales, seguirán impunes por tiempo indefinido.
Los sombreros de Antonio Esteban cuelgan de una pared en la casa de su familia.
Llamó al Estado a asegurar que se cumplan garantías sociales y culturales
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas manifestó su preocupación ante las limitantes del Estado mexicano para asegurar que se cumplan estas garantías.
Tras la comparecencia de México los días 12 y 13 de marzo, el comité difundió este miércoles una serie de observaciones frente a las condiciones que guardan esos derechos en el país.
Una de sus principales preocupaciones es que las víctimas de violaciones a este tipo de garantías enfrenten dificultades para acceder a recursos judiciales efectivos, incluido el juicio de amparo, por lo que instó al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias para avalar que sean exigibles en todos los niveles del sistema judicial.
La instancia internacional llamó la atención en torno a los graves actos de violencia cometidos contra defensores de derechos humanos en México, en particular los de económicos, sociales y culturales, y los altos niveles de impunidad por estas agresiones, por lo que exigió a las autoridades de México adoptar medidas para prevenir la violencia contra activistas e investigar de manera exhaustiva, imparcial y eficaz las denuncias de atentados contra la vida, la integridad física, la libertad y demás agresiones en su contra.
Otro de los derechos que no se cumplen en nuestro país, indicó el comité, es el de los pueblos indígenas a una consulta libre, previa e informada, principalmente en lo relativo para obtener su aprobación en el desarrollo de proyectos económicos y de explotación de recursos naturales. En ese sentido, recomendó la necesidad de garantizar ese derecho a estas comunidades y evitar que estos proyectos de desarrollo tengan un impacto negativo para sus derechos.
También mostró su preocupación porque las empresas no estén obligadas a cumplir con los principios de la diligencia debida en materia de derechos humanos, además de los altos niveles de corrupción e impunidad que persisten en México. Agregó que pese a los esfuerzos de las autoridades para promover la igualdad de género, los estereotipos en este sentido continúan profundamente arraigados en la sociedad, lo que dificulta el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las mujeres y limita su presencia en cargos de decisión tanto en la esfera pública como en la privada.
También señaló que el desempleo y el subempleo afecten de manera desproporcionada a jóvenes, personas con discapacidad, indígenas, migrantes solicitantes de asilo y refugiados, al igual que las dificultades que enfrentan las mujeres para incorporarse al mercado laboral.
Por último, el comité se dijo preocupado porque el salario mínimo es insuficiente para los trabajadores y sus familias, por lo que llamó al Estado a incrementar ese ingreso mediante un mecanismo de indexación adecuado.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Jueves 5 de abril de 2018, p. 14
*Sociedad civil presenta informe sobre derecho a la verdad en graves violaciones a derechos humanos; expone "fabricación" de teorías y culpables.
Ciudad de México, a 9 de febrero de 2018.-En el marco de la presentación del informeDerecho a la verdad en México. Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos, realizado el 9 de febrero en la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas urgieron a establecer mecanismos contra la impunidad que realmente garanticen acceso a justicia y verdad en casos de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El informe, que retoma el trabajo de las organizaciones en casos como Ayotzinapa, las desapariciones en Nuevo León, la Guerra Sucia, las ejecuciones sumarias, el multihomicidio de la colonia Narvarte o casos de tortura sexual ejercida por militares, encontró que en México el derecho a la verdad se enfrenta a serias dificultades, que la verdad está en disputa, que el Estado tiene responsabilidad en garantizarla y que, sin embargo, ha dificultado deliberadamente el acceso a la misma. En este sentido, la elaboración del informeDerecho a la Verdad en Méxicogeneró reflexiones que llevaron a la necesidad de contar con mecanismos de acceso a justicia y combate a la impunidad y con instituciones autónomas e independientes.
Las organizaciones participantes del informe -Article 19, Fundar, Tlachinollan, el Centro Prodh, CADHAC, la CMDPDH y el Programa de Derechos Humanos de la Ibero llamaron a quien resulte ganador de la elección presidencial a priorizar en su agenda la reforma integral del artículo 102 constitucional para que la nueva Fiscalía General de la República sea una institución eficaz, autónoma e independiente, que cuente con una Fiscalía Especializada en Violaciones de Derechos Humanos con una mesa dedicada a investigar los delitos del pasado que pertenecen al sistema penal anterior.
Como segundo punto, señalaron que se debe establecer un Consejo Asesor de renombrados/as expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad, de acuerdo con la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya misión sería proponer estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sancio?n con miras a revertir la tasa de impunidad imperante en México y supervisar las investigaciones penales de violaciones graves a derechos humanos y casos de corrupción, con el acompañamiento de una amplia base de organizaciones de la sociedad civil y especialistas.
Las organizaciones que participamos en la elaboración del informe consideraron que la adopción de estos puntos mínimos debe ser un compromiso concreto de la próxima administración, como punto de partida para comenzar a revertir la grave situación de violencia, impunidad y opacidad en México.
Fincan desaparición a mandos de Duarte/ ReformaUn total de 19 ex policías, incluidos altos mandos, que laboraron en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte, fueron detenidos por la presunta desaparición forzada de al menos 15 personas, entre ellos dos mujeres y un menor.
Por violencia de género, cerca de 40% de las condenas a México en la CIDH/ La JornadaCerca de 40 por ciento de las sentencias condenatorias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México han sido por violencia de género, señalaron juristas y académicas durante el foro Acceso a la justicia: sentencias con perspectiva de género.
Autorizan hidroeléctrica; Conagua advierte daños en Sierra Norte/ Municipios PueblaA pesar de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que el proyecto Hidroeléctrico San Antonio que la empresa GESA quiere construir en las aguas de los ríos Zempoala y Ateno, en la Sierra Norte de Puebla, podría secar esos caudales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le otorgó una licencia ambiental.
Sanciona Profepa con 9.8 mdp a empresa minera por operar sin licencia …desde hace 7 años/ Página3La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó con 9.8 millones de pesos a la minera Don David Gold México, S.A. de C.V. filial de la empresa Gold Resource Corporation (GRC) porque opera en Oaxaca sin Licencia Ambiental Única (LAU) o Licencia de Funcionamiento e incumplir con la normatividad ambiental.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) es una figura sin precedentes en la estructura del Estado mexicano. Es un cuerpo colegiado ciudadano, integrado por cinco expertos reconocidos por sus aportaciones a la rendición de cuentas, la transparencia o la fiscalización, y su función es proponer el rumbo de la lucha ciudadana e institucional contra la corrupción.
La nueva presidencia del Comité de Participación Ciudadana recaerá en Mariclaire Acosta. El trabajo de Mariclaire apunta a una eminente incorporación de los derechos humanos dentro de la agenda de combate a la corrupción, lo que permitirá dimensionar el daño que la corrupción genera a la sociedad y en qué medida limita o anula el ejercicio de los derechos básicos.
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, participó en un acto público de reconocimiento a personas defensoras de derechos humanos, en San Salvador Atenco, Estado de México. El evento fue organizado por el Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero".
Boletín de Prensa: Exigimos la presentación con vida de Marco Antonio Sánchez Flores, víctima de desaparición forzada por parte de la Policía de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 28 de enero de 2018
El 23 de enero de 2018 fue detenido de manera arbitraria Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, en las afueras del Metrobús Rosario. De acuerdo con la denuncia realizada por los familiares y de un testigo que fotografió el momento, Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Unidad Hormiga lo detienen de manera arbitraria, golpean y suben a una patrulla, sin embargo, el menor, nunca fue presentado ante el Ministerio Público y hasta la fecha se desconoce su paradero.
En un intento por encubrir está grave violación a los derechos humanos, el Gobierno de la ciudad de México ha hecho circular una foto de Marco Antonio como si estuviera extraviado y utiliza el lenguaje de persona no localizada. La evidencia desmiente rotundamente este intento de ocultar lo que a todas luces sucedió: la detención arbitraria Marco Antonio Sánchez Flores y su posterior desaparición.
La desaparición de Marco Antonio Sánchez Flores debe ser investigada como una Desaparición Forzada porque cumple con los tres requisitos que establece la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas:
Marco Antonio Sánchez Flores fue detenido (de manera ilegal y arbitraria).
Su detención fue realizada por elementos Policía de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
Gobierno de la Ciudad de México han negado el hecho de la desaparición.
Al cumplirse con estos tres requisitos estamos hablando que el delito cometido contra Marco Antonio no es un secuestro ni un extravío, ni se debe utilizar la palabra como no localizado y mucho menos como levantado, estamos ante una grave violación a los derechos humanos, ante una desaparición forzada y por tanto debe ser investigada como tal.
El Gobierno de la Ciudad de México es el que está obligado a investigar y a sancionar a los responsables. También debemos recordar que el Gobierno de la Ciudad de México nunca creó las instancias especializadas para atender los casos de desaparición forzada a pesar de contar con una ley en la materia.
Le recordamos que las víctimas, las familias y el pueblo en general no tenemos que esperar a los tiempos establecidos por el gobierno federal para "implementar" la Ley General; es obligación de la federación y de los estados garantizar de manera inmediata el acceso a los derechos de Verdad, Justicia, Memoria, Reparación Integral y Medidas de No Repetición.
A los colectivos de familiares, de derechos humanos, organizaciones populares e indígenas que luchan contra la desaparición forzada y por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, de manera respetuosa, les solicitamos solidaridad con la familia, amigos y organizaciones que acompañan la lucha por la presentación con vida de Marco Antonio Sánchez Flores.
¡Presentación con vida de Marco Antonio Sánchez Flores! ¡Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales! ¡Vivos los llevaron; Vivos los queremos!
En carta dirigida a Peña, Videgaray y Astudillo hacen mención especial a Guerrero
Expresan alarma por los 106 asesinatos y 81 desapariciones de defensores de derechos en el sexenio
Parlamentarios de la Unión Europea manifestaron su
preocupación por la grave situación que enfrentan en México los
defensores de derechos humanos, particularmente la crisis que en esta
materia se enfrenta en Guerrero.
En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y al gobernador de
Guerrero, Héctor Astudillo Flores, expresan alarma porque en este
sexenio se han perpetrado en el país 106 asesinatos y 81 desapariciones
de activistas, como documenta el informe La esperanza no se agota, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
Firman la misiva 35 parlamentarios de 12 estados miembros de la Unión
Europea. Hacen especial mención a la crisis que se enfrenta en
Guerrero, particularmente sobre la grave situación de riesgo que
viven los familiares de desaparecidos, las comunidades que han sido
desplazadas de manera forzada por la violencia y las personas y
organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan.
Asimismo, mostraron preocupación por la falta de garantías que
enfrentan para su labor el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y el Centro
Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organizaciones
con sede en esa entidad, así como por la falta de canales de
participación efectiva para que las organizaciones de la sociedad civil
puedan contribuir a hacer frente a la grave crisis de derechos humanos
que se vive en el estado.
Al respecto, más de un centenar de organismos nacionales y
extranjeros reconocieron el llamado de atención de los representantes
europeos, al considerar que envían una importante señal sobre el nivel de urgencia con el que México debería tomar medidas.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos
Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación
Internacional de Derechos Humanos, la Coordinación Alemana por los
Derechos Humanos en México y la Red TDT, entre otras, informaron que la
carta de los parlamentarios es resultado de acciones de incidencia de su
parte, las cuales se promovieron antes de los hechos del 7 de enero en
la comunidad La Concepción, en la zona rural de Acapulco, que dejaron 11
muertos y más de 30 detenidos.
En este contexto, dichas organizaciones instaron a las autoridades federal y locales a
tomar acciones urgentes en concertación con la sociedad civil para
hacer frente a la grave crisis de garantías fundamentales en Guerrero,
así como asegurar la investigación efectiva de las violaciones a los
derechos de los activistas en la entidad, incluyendo casos emblemáticos
de la situación, como los recientes hechos en Acapulco o la desaparición
forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista, hace más de seis años.
*La legislación vulnera facultades de organismos autónomos y reserva de forma automática y atemporal la información, señalan comisionados.
Ciudad de México, 17 de enero de 2018. Debido a que los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior (LSI) vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) decidió presentar una acción de inconstitucionalidad contra la legislación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.
Sobre el artículo 9 de la LSI, que prevé que "la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables", el INAI advirtió que los legisladores excedieron sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional; que impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno; y que establece una reserva automática y atemporal de la información, de forma contraria a la Constitución, ya que ésta establece que debe ser considerada como pública y sólo será sujeta a reservas siempre temporales.
Sobre el artículo 31 de la LSI, que establece que "en materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley", el INAI señaló que esto establece restricciones al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales de los titulares; prevé un régimen de excepción al consentimiento para la transferencia de los datos personales sin los debidos controles de legalidad y certeza jurídica; no garantiza el derecho de protección de datos personales con las instancias encargadas de la seguridad interior; y existe ambigüedad en la regulación de las condiciones, requisitos y reglas para transferir información a petición de las autoridades en materia de seguridad interior, "lo que vulneraría el ejercicio autónomo de las facultades encomendadas al INAI".
El comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, advirtió que toca a otras instituciones, como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hacer valer acciones integrales, "del conjunto de derechos fundamentales que pudieran verse lesionados o en conflicto, por la Ley de Seguridad Interior que ha sido promulgada".
México, de los países "parcialmente libres" por la corrupción, espionaje y violencia: Freedom House/ Proceso Los escándalos de corrupción que salpicaron a "altos funcionarios" del PRI, los intentos de espionaje gubernamental contra periodistas y activistas, el disparo en el número de asesinatos, y la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Interior marcaron el año 2017 y colocaron a México en la lista de los países "parcialmente libres", de acuerdo con el informe anual de la organización.
Acusan tortura a ministerial/ Reforma Un policía ministerial de la Fiscalía de Tabasco, preso actualmente por robo de combustibles, fue torturado, al igual que su esposa y sus hijas de 6 y 8 años, por agentes de la Policía Federal, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Celebran expertos de la ONU entrada en vigor de ley contra desapariciones/ La Jornada Expertos independientes en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebraron la entrada en vigor en México, este martes, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la cual podría dar una vuelta de página en relación con la grave situación que el país enfrenta, e iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación del daño para miles de víctimas.
En menos de un mes, Chiapas registra 4 casos de feminicidio/ Cimac En Chiapas se han registrado cuatro casos de feminicidio en los primeros 15 días de este 2018 de acuerdo a datos del Colectivo de Mujeres (Colem), quien lleva un registro con base en la información reportada en los medios de comunicación.
Al priista de Los Pinos le preocupa que los mexicanos que ha gobernado por cinco años se dejen llevar por ese 'enojo' y pasen "a la angustia y a la preocupación". ¿En serio? Quizá Enrique Peña Nieto no ha tenido la oportunidad de leer un periódico en mucho tiempo, ya no digamos 'mucho tiempo', lo que va de 2018.
Son 15 ejemplos de notas de primera plana, sin contar los casi 40 mil ejecutados de cinco años de gobierno; más de 30 mil personas desaparecidas; un 2017 que rompió récord de homicidios; 40 periodistas asesinados durante su gobierno; exgobernadores que abanderó en campaña, presos por empobrecer a sus estados; y un etcétera tan largo, que estos caracteres no son suficientes para seguir enumerando.
Si estas noticias de hechos reales, de la vida diaria de los mexicanos, no es motivo suficiente para el enojo, si no le parece que deberíamos estar angustiados, no sé qué México quiere que veamos.
Ayer, en Mexicali, Baja California, se reprimió a manifestantes que bloqueaban el acceso al Rancho Mena a la maquinaria de la Constructora Corona. Los vecinos y vecinas buscan que no se construya el acueducto de más de 400 millones de pesos pagados con el dinero público para beneficiar a la empresa privada Constellation Brands, fabricante de cerveza, en un entorno de semidesierto, y han denunciado diversas irregularidades.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) es una figura sin precedentes en la estructura del Estado mexicano. Es un cuerpo colegiado ciudadano, integrado por cinco expertos reconocidos por sus aportaciones a la rendición de cuentas, la transparencia o la fiscalización, y su función es proponer el rumbo de la lucha ciudadana e institucional contra la corrupción.
Ciudad de México, 17 de enero de 2018. Debido a que los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior (LSI) vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) decidió presentar una acción de inconstitucionalidad contra la legislación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.
