politica@eluniversal.com.mx En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hay una paradoja. En menos de 10 años, este organismo autónomo incrementó su presupuesto en más de 300% y se colocó como la oficina de ombudsman más costosa en América Latina. Mientras los recursos crecen, el cumplimiento de sus funciones va a la baja. Análisis de organizaciones nacionales e internacionales consideran que la comisión hace un trabajo ineficiente y “decepcionante”.
El aumento del presupuesto de la CNDH ha sido constante desde 1999, año en el que fue nombrado presidente José Luis Soberanes. Se trata del ombudsman que más ha durado al frente de la comisión —casi 10 años— ya que fue reelecto en 2004.
En octubre, el Senado designará al nuevo titular de la CNDH, organismo que a 19 años de existencia ha cosechado más críticas que aplausos, por lo que miembros de la sociedad civil dedicados a la defensa de los derechos humanos consideran que es tiempo de una “reestructuración” para que retome la función para la que fue creada.
No sólo la CNDH está en el banquillo. En México hay además 32 comisiones estatales que, junto con la institución nacional y las oficinas dedicadas al tema en las dependencias federales, integran uno de los sistemas públicos de defensa, protección y promoción de los derechos humanos más grande y costoso de América Latina. La efectividad de gran parte de estas comisiones y oficinas también es cuestionada por organizaciones civiles.
No es falta de recursos...
En 1990, Carlos Salinas de Gortari presentó el decreto para crear la CNDH y cumplir con un requisito para la firma del Tratado de Libre Comercio. A 19 años de distancia, la CNDH “no está ejerciendo al máximo su mandato”, coinciden la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Fundar Centro de Análisis e Investigación, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero “Tlachinollan”, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Señalan que la “ineficacia” de la comisión no se debe a la falta de recursos o instrumentos jurídicos. “Se debe, en gran medida, a que el presidente de la CNDH ha adoptado una serie de prácticas y políticas que perjudican el desempeño de la institución”, explica José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW.
Los recursos no han sido un problema para la CNDH. Este organismo cada año ha tenido un aumento significativo en su presupuesto. De acuerdo con análisis de Fundar, de 1999 a 2008, la CNDH aumentó 331% su presupuesto, ya que durante ese lapso pasó de 114.4 millones de pesos a 866 millones de pesos.
En 2009, la crisis económica no tocó a la CNDH, al contrario, se le otorgaron 46.5 millones más, por lo que para este año tiene 912.5 millones de pesos, presupuesto superior a lo que reciben otras oficinas de ombudsman en América Latina.
Más dinero que la Corte Interamericana
De acuerdo con HRW, la Defensoría del Pueblo de Colombia es la oficina que tiene el segundo presupuesto más alto de América Latina. Los datos disponibles muestran que en 2006 la institución colombiana recibió el equivalente a 37 millones de dólares, mientras que ese mismo año la CNDH gastó alrededor de 60 millones de dólares.
Incluso, el presupuesto de la CNDH rebasa los recursos con los que cuentan la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En 2008, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recibió de la OEA un presupuesto de 32.7 millones de pesos. La Corte Interamericana —máximo órgano de la OEA que juzga violaciones a derechos humanos en el continente— recibió 10.33 millones de pesos.
Mientras la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil está integrada sólo por 33 personas, la CNDH tiene cerca de mil empleados, lo que la hace ser una de las instituciones defensoras de derechos humanos con mayor burocracia en la región, de acuerdo con la Evaluación crítica de la CNDH que Human Rights Watch presentó en febrero del año pasado.
Este informe, uno de los más críticos contra la institución, provocó que la comisión elaborara un amplio documento para dar respuesta y calificar el análisis como un documento “plagado de errores”.
En su defensa, la CNDH señala que “los recursos que se tienen asignados se han erogado en forma responsable con el único objeto de salvaguardar los derechos humanos en México”. Además, señala que se amplió la infraestructura de la comisión y se han creado diversos programas.
También menciona que hay países, como Irlanda, cuyo gasto en derechos humanos es cuatro veces superior al presupuesto anual que generalmente ejerce la CNDH.
Para Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, “los recursos que ha invertido la comisión que encabeza José Luis Soberanes Fernández no están en función de sus resultados y de su legitimidad, la cual es cuestionada por las organizaciones y las víctimas”.
Gratificaciones generosas
El aumento en el dinero público que recibe la comisión se refleja, sobre todo, en sueldos: 71.5% de sus recursos son para “remuneraciones al personal”, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, recibe un sueldo neto de 149 mil 340 pesos mensuales. Es decir, gana más que el presidente Felipe Calderón, quien, tiene un salario neto de 146 mil 830 pesos, de acuerdo con la información del portal de transparencia de la Presidencia.
Investigaciones de Fundar muestran que en 2008 la CNDH ocupó 54.6 millones de pesos para “estímulos al personal”; mientras que a “gratificaciones de fin de año” asignó 39.5 millones de pesos, cifra superior a lo que destinaron la Presidencia de la República, Relaciones Exteriores, Turismo y Energía.
En la “Estrategia programática”, entregada a Hacienda, la CNDH justifica el destino a “remuneraciones al personal”, al señalar que “es fundamental para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales”.
Hay cifras que muestran que las buenas intenciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se hacen realidad.
Muchos números, poca investigación
Al analizar más de 300 quejas presentadas ante la CNDH en contra de siete dependencias del gobierno federal, académicos del Programa Atalaya encontraron que en ocho de cada 10 casos las investigaciones elaboradas por la comisión fueron “deficientes” y no encontró datos suficientes para validar la violación a los derechos humanos.
“No encuentran datos porque no realizan bien la investigación”, resalta Antonio López Ugalde, del Programa Atalaya del ITAM, iniciativa en la que participan FLACSO y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Las mismas cifras de la CNDH le dan la razón. De acuerdo con su informe de labores 2008, la comisión trabajó en 7 mil 546 expedientes, de los cuales concluyó 5 mil 926. En 3 mil 947 de ellos no encontró violaciones a los derechos humanos; mientras que terminó 3 mil 112 con una “orientación al quejoso”.
Los hallazgos del Programa Atalaya muestran que la CNDH deja mucho que desear en su trabajo. Por ejemplo, al analizar quejas en contra de Conagua, Luz y Fuerza del Centro y Profeco encontraron que la comisión utiliza “fórmulas prediseñadas para solicitar información a las autoridades”, lo cual facilita respuestas “vagas e incompletas” por parte de las dependencias gubernamentales.
Además, constató que en los casos en los que se acreditaron irregularidades en la actuación de las autoridades, la CNDH concluye el expediente “sin dirigir señalamiento alguno a los responsables ni promover medidas de prevención”, señala.
A estas críticas también se une HRW. En su evaluación crítica de la CNDH señala que “la comisión habitualmente abandona los casos de violaciones de derechos humanos que documenta antes de su resolución”.
Incluso, resalta que tiene poca o nula repercusión en las prácticas de derechos humanos en México, sobre todo porque 90% de los casos de abusos de autoridad, los resuelve mediante acuerdos de conciliación que firma con las instituciones gubernamentales responsables de las violaciones a las garantías.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su respuesta al análisis de Human Rights Watch, insiste en que la competencia, funciones y atribuciones de este organismo autónomo están delimitadas por las leyes y las normas aplicables en el orden jurídico vigente en el país.
Los “aliados” de la autoridad
La efectividad de las comisiones estatales también es puesta en duda por algunas de las organizaciones civiles consultadas.
En México hay 32 comisiones locales de derechos humanos. La ONU y la OEA han insistido en la necesidad de que las oficinas de los ombudsman sean autónomas de los gobiernos. Sin embargo, aún hay nueve instituciones cuya elección de su presidente depende de la decisión del gobernador: Campeche, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas.
El estado de Guerrero es un caso emblemático. El puesto del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es de carácter vitalicio, lo que significa que sólo puede ser sustituido por jubilación o en caso de fallecimiento. Su presidente, Juan Alarcón Hernández, lleva 19 años en el cargo.
Otro caso que destaca es el de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. De acuerdo con Gerardo Moya, del Centro de Justicia para la Paz y los Derechos Humanos, esa comisión “está sirviendo para legitimar el poder público, porque en el fondo no hay una atención real al asunto de los derechos humanos ni a las víctimas. No hay seguimiento sistemático a las recomendaciones realizadas”.
El diagnóstico sobre los organismos públicos de derechos humanos frente a los derechos de las mujeres, realizado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, muestra que solamente 75% de las comisiones del país da seguimiento a sus recomendaciones, y que además sólo lo hacen solicitando información a las autoridades correspondientes y, si existe incumplimiento, únicamente envían oficios o recordatorios a los investigados.
Las únicas comisiones que cuentan con un área exclusiva para el seguimiento de las recomendaciones emitidas son las de Chiapas, Distrito Federal, Estado de México y Morelos, según se constató.
En materia presupuestal, la comisión del Distrito Federal es la que dispone de más recursos: este año ejercerá 263 millones 7 mil 703 pesos. Le sigue la comisión del estado de México, cuyos recursos suman 82 millones 29 mil pesos. En tercer lugar está la comisión de Jalisco que cada año gasta alrededor de 70 millones de pesos.
Hay otras con menor presupuesto como las de Oaxaca, que eroga 25 millones de pesos, San Luis Potosí e Hidalgo, con un gasto de 23 millones de pesos cada una.
Luis Arteaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, considera que las comisiones públicas de derechos humanos suelen ser vistas como “espacios de poder” y en algunos casos carecen de independencia y se convierten en aliados de las autoridades. “Hay casos, como el de Oaxaca, donde la comisión estatal no representa un contrapeso real de los abusos del poder”, señala el activista social.
México requiere de organismos efectivos, diligentes y transparentes que cumplan con las características de un real sistema de protección de los derechos humanos para que no se tenga que recurrir a las instancias internacionales, apunta Vanessa Coria, abogada de la organización Cejil.
José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, la secunda: “México enfrenta serios desafíos en derechos humanos y las comisiones deberían jugar un papel mucho más fundamental para enfrentarlos”.
