3 mar 2010

El Observatorio: Mexico: Ataque contra la esposa del Sr.Guzmán Ordaz



LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO

Nuevas informaciones

MEX 013 / 1209 / OBS 193.2

Hostigamiento/ Amenazas de muerte/ Ataque

México

2 de marzo de 2010

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Nuevas informaciones:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" A.C. sobre el ataque sufrido por la Sra. Margarita Guadalupe Martínez, esposa del Sr. Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de la Organización Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C (Enlace CC)[1], y sobre las nuevas amenazas de muerte en su contra, en hechos ocurridos el Estado de Chiapas.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el 26 de febrero de 2010, aproximadamente a las 13:30 hrs., la Sra. Margarita Guadalupe Martínez fue secuestrada y amenazada de muerte, cuando se dirigía a buscar a su hijo en la escuela, en la ciudad de San Cristobal de las Casas, Estado de Chiapas.

Personas no identificadas le colocaron una bolsa de plástico en el rostro y la obligaron a abordar un vehículo, en el cual fue golpeada en el rostro, torturada psicológicamente mediante punzadas en los costados con un objeto que pudó ser un arma corto punzante o un arma de fuego . Sus agresores la amenazaron de muerte, diciéndole "ya no vas a poder trabajar" e insistieron en que desistiera de la denuncia penal iniciada el 23 de noviembre de 2009 en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con el agravante de muerte (Ver Antecedentes). Asimismo, sus agresores le manifestaron que la agresión contra ella se trataba "de un regalito del presidente municipal de Comitán". Luego la bajaron del vehículo.

El Observatorio señala que estas serias agresiones y amenazas se produjeron en vísperas de la diligencia de desahogo de la pericial de reconstrucción de hechos en el domicilio del Sr. Guzmán Ordaz y de la Sra. Martínez allanado el 8 de noviembre de 2009 por la policía, prevista para el 27 de febrero de 2010..

El Observatorio recuerda que a pesar de que exista una denuncia interpuesta por el Sr. Adolfo Guzmán Ordaz ante la Fiscalía Especializada en la Protección de los Organismos no Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos, las autoridades responsables no han realizado las investigaciones necesarias ni han tomado las medidas correspondientes para esclarecer los diferentes hechos de grave hostigamiento en su contra y en contra de su familia, ni para poner fin a las amenazas y detener a los agresores.

El Observatorio manifiesta su seria preocupación por el ataque sufrido por la Sra. Margarita Guadalupe Martínez, condena las amenazas de muerte y el serio hostigamiento en contra del Sr. Adolfo Guzmán Ordaz y de su familia, y teme que estos graves hechos estén motivados por su actividad como defensor de derechos humanos en el Estado de Chiapas.

Adicionalmente, el Observatorio expresa su grave preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica del Sr. Adolfo Guzmán Ordaz y de todos los miembros de su familia, en particular de la Sra. Margarita Guadalupe Martínez, e insta a las autoridades municipales, estatales y federales a tomar las medidas más urgentes y apropiadas para garantizar las mismas.

Antecedentes de la situación:

El Observatorio había sido informado que el 6 de enero de 2010, aproximadamente a las 5:45 pm, al regresar a su domicilio el Sr. Adolfo Guzmán Ordaz y su familia encontraron una nota anónima con tinta roja que decía "muerte, muerte, muerte". El Sr. Adolfo Guzmán Ordaz presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Protección de los Organismos no Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos, y el Licenciado Pedro Raúl López Hernández se encargó del caso.

Ese mismo día, en el transcurso de la mañana, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), se habían presentado en el domicilio del Sr. Adolfo Guzmán Ordaz preguntando en dónde se encontraba, y al no encontrarlo se habían ido.

Anteriormente, el 25 de diciembre de 2009, aproximadamente a la 1.00 am, el Sr. Adolfo Guzmán Ordaz recibió en su domicilio una llamada telefónica en la cual una voz desconocida le dijo: "feliz navidad, porque ésta va a ser tu última navidad".

Mes y medio antes, el 8 de noviembre de 2009, alrededor de 20 agentes de la policía allanaron el domicilio del Sr. Adolfo Guzmán Ordaz y lo interrogaron sobre su actividad en la organización Enlace CC, amenazaron a su esposa con un arma, tomaron fotografías del domicilio y grabaron un video de la familia.

El 10 de noviembre de 2009, el Sr. Adolfo Guzmán Ordaz presentó una denuncia sobre estos hechos ante la Fiscalía Especializada para la Protección de los Organismos no Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, dando lugar al inicio de la Averiguación Previa 0004/FEPONGDDH/M1/2009.

Posteriormente, el Sr. Adolfo Guzmán Ordaz recibió en su domicilio dos notas anónimas, una el 25 de noviembre de 2009 que decía: "Anoche estuvieron cinco hombres vigilando la casa, tengan cuidado por favor cuiden a sus hijos" y otra, el 14 de diciembre de 2009, que advertía: "no sigan, se van a morir".

Acción solicitada:

Por favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:

i. Tomar las medidas más adecuadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Adolfo Guzmán Ordaz y de los miembros de su familia, en particular de la Sra. Margarita Guadalupe Martínez, así como la de los miembros de la Organización Enlace CC, y en general, la de todos los defensores de derechos humanos en el Estado de Chiapas;

ii. Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra del Sr. Adolfo Guzmán Ordaz, de la Sra. Margarita Guadalupe Martínez y de los demás miembros de su familia, así como en contra de todos los defensores de derechos humanos en México;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona "individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional" (Art.1) y a "garantizar la protección [...] de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración" (Art. 12.2);

v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

Direcciones

· Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel.: + 52 5527891100 FAX: + 52 5552772376; + 52 5527891113. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

· Licenciado Juan José Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, E-mail: Licenciado Juan José Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, E-mail: secparticular@chiapas.gob.mx Fax: + 52 961 618 80 88 +52 961 618 80 56

· Licenciado Juan Carlos Moreno Guillen, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, Boulevard Comitán 143 Col. Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez. Tel. +52 961602 8980 y 602 8981, Lada sin costo: 01 800 55 28 242 E-mail: cdh@cdhchiapas.org.mx

· Dr. Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, 2o. piso, Colonia Centro, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fax: + 52 961 612 06 63 Conmutador: + 52 961 612 90 47; + 52 961 618 74 60Licenciado Juan Gabriel Coutiño Gómez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Palacio de Justicia, Libramiento Norte Oriente No.2100 Fraccionamiento El Bosque, C.P. 20047 Tuxtla Gutierrez, Chiapas Tel-Fax: + 52 (961) 617 87 00; + 52 (961) 616 53 50

· Licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia de Chiapas, Libramiento Norte Y Rosa Del Oriente, No. 2010, Col. El Bosque, C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: + 52 (961) 617 23 00. Teléfono: + 52 (961) 616 53 74 ; + 52 (961) 616 53 76 ; + 52 (961) 616 57 24, + 52 (961) 616 34 50 E-mail: raciel.lopez@pgje.chiapas.gob.mx

· Licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, Fax: +52 55 5093 3414 E-mail: secretario@segob.gob.mx

· Dr. Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, 2° piso, Colonia Centro, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fax: + 52 01 (961) 61 26 66 3 Tel. + 52 01 (961) 613 94 38.

· Dr. José Antonio Guevara Bermúdez, Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. E-mail: jguevara@segob.gob.mx

· Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fax: + 52 0155 36 68 07 67 E-mail: correo@cndh.org.mx

· Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16, Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. FAX: + 41 22 748 07 08 E-mail: mission.mexico@ties.itu.int

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.

***

Ginebra-París, 2 de marzo de 2010

Agradeceremos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones, proporcionándoles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible. Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998.

Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:

· E-mail: Appeals@fidh-omct.org

· Tel. y fax OMCT: + 41 22 809.49.39 / 809.49.29

· Tel. y fax FIDH: (+33 1) 43 55.25.18 / 4355.18.80


[1] Enlace CC es una organización civil, autónoma y laica que promueve el protagonismo de grupos populares, comunidades y organizaciones campesinas e indígenas en el impulso de alternativas de desarrollo local con perspectiva regional, y con el propósito de construir una sociedad más justa y solidaria desde una perspectiva de género y desde la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.



Comunicado de prensa: OMCT



COMUNICADO DE PRENSA

MEXICO:

Se presenta apelación contra injusta condena de las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio1.

Ginebra, 2 de marzo de 2010 – La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su sería preocupación luego de la sentencia que fue dictada en contra de las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas de la Comunidad hñahñú (otomí), coacusadas por el mismo caso de la Sra. Jacinta Francisco Marcial2, el pasado 19 de febrero de 2010 por el juez cuarto de distrito en el Estado de Querétaro, condenándolas a una pena de 21 años de prisión bajo el cargo de secuestro. El 24 de febrero de 2010, ambas presentaron formalmente una apelación contra esta sentencia.

Según las informaciones recibidas, el juez que emitió la sentencia condenatoria no tuvo en cuenta las "contradicciones sustanciales" en que han incurrido los agentes federales, que han obrado como víctimas y que han asumido, desde la etapa de averiguación previa, el carácter de ofendidos, de investigadores y de testigos. Se ha conocido que dichas contradicciones persistieron e incluso aumentaron durante la etapa de los careos procesales. Se ha informado que las pruebas con las que la PGR ha intentado sostener la acusación contra las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio además de ser falsas son contradictorias3, tal como ya ha sido establecido por el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito y como lo expuso la misma Procuraduría en las conclusiones de no acusación presentadas sobre el caso de la coacusada por los mismos cargos, la Sra. Jacinta Francisco Marcial, quien consecuentemente a las conclusiones de la PGR fue liberada en septiembre de 2009.

La apelación presentada por las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, deberá ser resuelta en los próximos meses por el Tribunal Unitario de Circuito de Estado de Querétaro.

Se recuerda que las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio fueron detenidas el 3 de agosto de 2006 consecuentemente a los hechos que se presentaron el 26 de marzo de 20064, cuando los agentes de la AFI pretendieron decomisar las mercancías de los tianguistas (vendedores en el mercado) de la comunidad hñahñú de Santiago Mexquititlán y causaron destrozos en los productos de que iban a ser vendidos por los mencionados tianguistas en el municipio de Amealco de Bonfil, al sur de Querétaro, caso por el que también estuvo detenida la Sra. Jacinta Francisco Marcial.

La OMCT hace un llamado a las autoridades mexicanas concernientes a que garanticen a las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio un proceso en apelación independiente, competente, justo e imparcial que asegure el más elevado respeto al derecho de debido proceso de ambas mujeres

Contacto OMCT:

Eric Sottas, Teléfono: + 41 22 809 49 39, E-mail: omct@omct.org

1 Ver: Comunicado de Prensa OMCT: México 041209, emitido el 4 de diciembre de 2009

2 Ver: Comunicados de Prensa OMCT: México 030809, emitido el 3 de agosto de 2009; México 160909, emitido el 16 de septiembre de 2009 y, México 180909, emitido el 18 de septiembre de 2009.

3 Ver precedentes Comunicados de Prensa de la OMCT.

4 El 26 de marzo de 2006, llegaron seis agentes de la AFI, sin uniforme y con actitud amenazante, al tianguis (mercado) de la plaza central de Santiago Mexquititlán y procedieron a agredir a los tianguistas causando destrozos a los productos que estaban allí para ser vendidos. Las personas agredidas exigieron a los policías que mostraran su identificación y la orden judicial que avalaba dicha actuación, ante lo cual los agentes solicitaron la intervención del Ministerio Público Federal y de sus superiores, quienes reconocieron que los policías habían cometido un error y "se comprometieron a responder por los daños ocasionados" y a pagar los daños con dinero en efectivo.

El Observatorio: Mexico: Amenazas y actos de hostigamiento contra


LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO

MEX 002 / 0310 / OBS 027

Amenazas / hostigamiento

México

3 de marzo de 2010

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación

El Observatorio ha recibido con grave preocupación información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) sobre las amenazas y actos de hostigamiento contra la Sras. Silvia Vázquez Camacho, integrante de la CMDPDH, y Blanca Margarita Mesina Nevarez, representante de las víctimas en el caso de los 25 policías que fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California[1], en el marco del mecanismo de detención preventiva del arraigo[2], caso acompañado por la CMDPDH.

De acuerdo con la información recibida, el 28 de febrero de 2010, alrededor de la 1:00 pm, la Sra. Blanca Margarita Mesina Nevarez recibió tres llamadas provenientes de un número desconocido, y sólo alcanzó a responder la última. Escuchó la voz de una mujer, que en tono amenazante se dirigió a ella en los siguientes términos: "hija de tu chingada madre, ya deja el asunto de los policías, o te va a ir mal. Ya deja de estar chingando con lo mismo".

La Sra. Mesina Nevarez, hija del Sr. Miguel Ángel Mesina López, uno de los 25 policías sometidos a actos de tortura entre marzo y mayo de 2009 durante su arraigo en el Batallón Militar 28 denominado "Aguaje de la Tuna", en Tijuana, ha asumido la representación de los familiares de las víctimas y realizado una labor de denuncia ante instancias nacionales e internacionales, por la cual ha sido amenazada en varias ocasiones. Así, el 5 de noviembre de 2009, previo a que la Sra. Mesina Nevarez acudiera como testigo a una audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre "seguridad pública y derechos humanos en Tijuana", su madre, la Sra. Margarita Nevarez, recibió dos llamadas telefónicas de amenazas dirigidas contra su hija. Además, el 9 de noviembre de 2009, alrededor de las 6:30 pm, una camioneta cerró el paso a la Sra. Jessica de los Cobos, esposa de otro policía, cuando transitaba en su automóvil, y el conductor de la camioneta le avisó: "Hey ya bájenle, ya estuvo bueno, bájenle de huevos y dile a la tal Blanca que se calme".

Por su parte, el 2 de febrero de 2010, la Sra. Silvia Vázquez Camacho, que asesora y brinda acompañamiento a víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos como miembro de la CMDPDH, entre los cuales figuran los cuatro casos conocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre personas civiles y efectivos de la policía arraigados en cuarteles militares en Tijuana[3], recibió una llamada de amenaza de muerte. Aproximadamente a las 10:00 am, la Sra. María Elena Camacho Flores y el Sr. Ismael Vázquez Padilla, padres de la Sra. Silvia Vázquez Camacho, recibieron una llamada telefónica a su domicilio, que fue atendida por la Sra. María Elena Camacho Flores, y advertía lo siguiente: "ya sé quién eres, te tengo ubicada. Vives en Punta Canoa 20404 y tu calle colinda con Sierra Pinta, tú andas denunciando muchas cosas". Ante la incomprensión de la Sra. Camacho Flores, su interlocutor agregó: "mira no te hagas pendeja, esto es serio, los zetas te están buscando para matarte, andas denunciando mucho", antes de precisar que era el "ministerial Alberto Ponce". Adicionalmente, el 17 de febrero de 2010, un hombre desconocido intentó incendiar la camioneta del hermano del Sr. Ernesto Vázquez Camacho, hermano de la Sra. Silvia Vázquez Camacho, que estaba estacionada frente al domicilio de sus padres.

Estos actos de hostigamiento comenzaron a los pocos días del acompañamiento de la Sra. Vázquez Camacho al Sr. Ricardo Castellanos Hernández en la presentación de las denuncias de los actos de tortura cometidos en su contra durante su detención arbitraria en septiembre de 2009. Los 28 y 29 de enero de 2010, el Sr. Castellanos Hernández fue a declarar ante la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la ciudad de México, y en ambas diligencias, la Sra. Vázquez Camacho fungió como testigo presencial, entregando como identificación a las autoridades presentes copia de su licencia de conducir, en donde aparece el domicilio de sus padres así como el número telefónico de éste.

El Observatorio condena rotundamente los actos de amenazas y el grave hostigamiento existente contra las Sras. Blanca Margarita Mesina Nevarez y Silvia Vázquez Camacho, así como las amenazas y hostigamiento contra los miembros de sus respectivas familias.

Considerando que los actos aquí denunciados están motivados por la labor de las Sras. Blanca Margarita Mesina Nevarez y Silvia Vázquez Camacho como defensoras de derechos humanos, el Observatorio señala su seria preocupación por su seguridad así como de los miembros de sus respectivas familias, e insta a las autoridades nacionales, estatales y locales a que tomen de manera urgente las medidas adecuadas para garantizar su integridad física y psicológica.

Adicionalmente, el Observatorio insta a la CIDH a acceder a la solicitud de medidas cautelares introducida el 25 de febrero de 2010 por la CMDPDH y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste de México en favor de las Sras. Silvia Vázquez Camacho y María Elena Camacho Flores y de los Sres. Ismael Vázquez Padilla y Ernesto Vázquez Camacho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de México instándolas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de las Sras. Blanca Margarita Mesina Nevarez y Silvia Vázquez Camacho así como de los miembros de sus respectivas familias;

ii. Realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos aquí denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Velar por que se ponga fin a todo tipo de agresión, hostigamiento y violencia contra las Sras. Blanca Margarita Mesina Nevarez, Silvia Vázquez Camacho y sus familiares así como contra los defensores de derechos humanos en México;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona "individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional" (Art.1) y a "garantizar la protección [...] de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración" (Art. 12.2);

v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

Direcciones:

  • Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel.: + 52 5527891100 FAX: + 52 5552772376; + 52 5527891113. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
  • Licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, Fax: +52 55 5093 3414. E-mail: secretario@segob.gob.mx
  • Licenciado Arturo Chávez Chávez. Procurador General de la República. Av. Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16 Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc México D.F., C.P. 06500, México. Teléfono: +52 01 55 53 46 01 60. Fax: +52 01 55 53 46 09 08. E-mail: ofproc@pgr.gob.mx
  • Dr. José Antonio Guevara Bermúdez, Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. E-mail: jguevara@segob.gob.mx
  • Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fax: + 52 0155 36 68 07 67 E-mail: correo@cndh.org.mx
  • Dr. José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador del Estado de Baja California, Edificio Poder Ejecutivo 3er. Piso, Calzada Independencia #994, Centro Cívico y Comercial, Mexicali, B.C., C.P. 21000. Fax: +52 686 558 1178. E-mail: gobernador@baja.org.mx
  • Lic. Rommel Moreno Manjarrez, Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, Calzada de los Presidentes No. 1199, Fracc. Río Nuevo, Mexicali, B.C., C.P. 21120. Fax: +52 686 555 4031. E-mail: apina@pgjebc.gob.mx
  • Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Paseo Centenario No. 10310 Int. 604, Edificio Cazzar, Zona Río Tijuana, B.C. Tel: +52 664 973 2373 al 77, extensión 103 para fax.
  • Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16, Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. FAX: + 41 22 748 07 08 E-mail: mission.mexico@ties.itu.int
***

Paris-Ginebra, 3 de marzo de 2010

Sírvanse informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los y las defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.

El Observatorio, Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

  • E-mail: Appeals@fidh-omct.org
  • Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
  • Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 2

[1] En el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, en el estado de Baja California Norte se ha registrado una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos cuyas principales víctimas han sido la sociedad civil y paradójicamente también algunos miembros de la policía, a través de la imposición de la medida del arraigo en cuarteles militares, la aplicación de un régimen de incomunicación, la violación a un debido proceso y la denegación del acceso a la justicia.

[2] En México la figura jurídica del "arraigo" permite mantener a una persona en detención, por orden de las autoridades, mientras se realiza la investigación sin ser inculpado..

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ref: 25 policías de Baja California MC 131-09; Ricardo Castellanos Hernández y otros MC 285-09; Rodrigo Ramírez Martínez, Ramiro López Vásquez, Orlando Santaolaya Villareal y Ramiro Ramírez Martínez MC 331-09; Julio César Magdaleno Meza y Jorge Israel Lomelí Guillén MC 332 -09.



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ENTREVISTA CON: RICARDO RAVELO

CARGO: PERIODISTA DE LA REVISTA PROCESO

TEMA: SU COLABORACIÓN EN EL LIBRO “EL MÉXICO NARCO”

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ENTREVISTA CON: GABRIEL VERGARA
CARGO: EDITOR DE LA SECCIÓN NACIONAL DEL DIARIO ‘LA TERCERA’, EN SANTIAGO DE CHILE.
TEMA: LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN ESTOS MOMENTOS EN CHILE TRAS EL SISMO DE 8.8 GRADOS RICHTER QUE HA DEJADO MÁS DE 700 MUERTOS.

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ENTREVISTA CON: MARISELA ORTIZ
CARGO: PRESIDENTA Y FUNDADORA DE LA ORGANIZACIÓN “NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA” EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. INTEGRANTE DE LOS MOVIMIENTOS: “VOCES POR LA ESPERANZA” Y “JUARENCES POR LA PAZ”.
TEMA: ASEGURA QUE A PESAR DE LOS ANUNCIOS DE FELIPE CALDERÓN, CONTINÚAN LOS ASESINATOS, LAS EXTORSIONES, LOS SECUESTROS Y LA IMPUNIDAD EN CIUDAD JUÁREZ.

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ENTREVISTA CON: JULIO CÉSAR MÁRQUEZ
CARGO: PAPÁ DE UNO DE LOS 49 NIÑOS QUE MURIERON EN LA GUARDERÍA ABC Y VOCERO DEL MOVIMINETO DE PADRES DE FAMILIA
TEMA: LA RESPONSABILIDAD DEL ENTONCES GOBERNADOR EDUARDO BOURS Y DEL ENTONCES DIRECTOR DEL IMSS, JUAN MOLINAR HORCASITAS, QUE LES ATRIBUYE LA SUPREMA CORTE.

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ENTREVISTA CON: RAFAEL RODRIGUEZ CASTAÑEDA
CARGO: PERIODISTA, DIRECTOR DE LA REVISTA PROCESO.
TEMA: LA PRESENTACION DEL LIBRO “EL MÉXICO NARCO”, DE EDITORIAL PLANETA.


2 mar 2010

La tragedia de la guardería ABC

Negligencia criminal

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 2 de marzo (apro).- El mismo día que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se burlaba de Brasil --potencia económica emergente de América Latina—en un foro madrileño, diciendo que en México “no vendemos samba, sino proyectos”, el informe de la Comisión Investigadora del Poder Judicial sobre la tragedia que provocó la muerte de 49 infantes en la guardería ABC el 5 de junio de 2009, llevó al baile las aspiraciones del exdirector del IMSS que ya promovía su traslado de la avenida Xola al Palacio Cobián, en Bucareli.

El resultado de las investigaciones no deja lugar a dudas: 17 funcionarios federales y estatales –incluidos Molinar Horcasitas y el exgobernador priista de Sonora, Eduardo Bours-- son corresponsables de una serie de deficiencias criminales que caracterizan la operación de las guarderías subrogadas del Seguro Social a particulares, no sólo en Hermosillo, sino en otras partes del país.

Otros mencionados son el director Jurídico del Seguro social, Fernando Gutiérrez Domínguez; la coordinadora de Guarderías del IMSS, Dora García Kobeh, y el director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto, Jesús Ignacio Navarro Zermeño, así como el presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, y sus principales funcionarios vinculados a la protección civil.

Los magistrados que investigaron todo el sistema de guarderías del Seguro Social señalaron que sólo 0.3%, es decir, 14 guarderías, de un total de 1,480 que han sido subrogadas en el país, cumplen con los requisitos elementales para garantizar la seguridad, la protección civil, el bienestar y el buen trato de miles de infantes que son literalmente “embodegados” en estos establecimientos que se han convertido en una red de jugosos negocios privados con fondos públicos.

En el caso específico de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, la investigación subraya lo que se publicó ampliamente en la prensa de todo el país: La falta de muros que dividieran la bodega de la guardería permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran entre el falso plafón y el techo de la estancia infantil, provocando la muerte por asfixia de casi medio centenar de bebés.

En los resultados de la auditoría practicada por Carlos Ronzón y Rosario Mota, se infiere que un accidente de las dimensiones trágicas de la guardería ABC se puede producir en más de 99% de los establecimientos subrogados por el IMSS en toda la República.

“Quedó probada la hipótesis de que en otorgamiento de contratos, supervisión y vigilancia de las guarderías existe desorden generalizado”, subrayó la magistrada Mota en la exposición de los resultados de la auditoría. El 49% de las guarderías carece de constancias de protección civil vigentes y sólo 407 tienen visto bueno de los cuerpos de bomberos.

El panorama descrito por los investigadores del Poder Judicial presupone una constante de negligencia criminal que, por supuesto, no se limita únicamente al exdirector del Seguro Social en el gobierno calderonista. Difícilmente el propio titular del Ejecutivo federal puede librarse del duro diagnóstico que se dio a conocer el 1 de marzo. A menos que a Felipe Calderón se le vuelva a ocurrir que la tragedia fue el resultado de un “pleito entre pandillas”.

La tragedia del ABC constituye, con mucho, una de las peores ocurridas en los últimos años por los siguientes elementos:

1. Se hicieron advertencias y denuncias suficientes sobre las irregularidades del esquema de subrogación de guarderías que desde la época de Santiago Levy, al frente del Seguro Social, se convirtió en una norma para repartir jugosos negocios a “niñeros” con el rostro de nepotismo.

2. Los hechos relatados por los padres de las víctimas hablan de un esquema de hacinamiento de infantes peor que el que ocurre en maquiladoras textiles o en sitios donde la explotación y la ganancia fácil se sobreponen por encima de cualquier condición humanitaria.

3. Se trató de bebés que murieron ante un accidente perfectamente evitable, si hubieran existido las más elementales condiciones de seguridad. La PGR y los gobernadores panistas se escandalizan porque parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés, pero se hacen de la vista gorda ante los infantes que se “embodegan” en la mayoría de las guarderías del Seguro Social, otrora orgullo del Estado de bienestar mexicano.

4. Ante los resultados de la auditoría, difícilmente el pleno de la Suprema Corte de Justicia puede hacerse de la vista gorda o eximir de responsabilidades a los principales funcionarios mencionados. La sociedad mexicana, en especial la de Hermosillo, espera de los ministros no sólo una sanción jurídica, sino una modificación radical de este negocio criminal. ¿Qué medidas concretas va a adoptar el presidente de la República? No hay que olvidar que los resultados no son vinculantes, es decir, que no obligan a ninguna autoridad a actuar en contra de los responsables.

Email:jenarovi@yahoo.com.mx

En tres años, la CNDH recibe 1,836 quejas contra militares


Gloria Leticia Díaz

MEXICO, D.F., 2 de marzo (apro).- Mientras que en el gobierno de Felipe Calderón se han presentado 1,836 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra miembros del Ejército mexicano, el sistema de justicia militar sólo ha integrado tres procesos penales y emitido dos sentencias, por abusos cometidos por soldados durante la “guerra” contra el narcotráfico.

De acuerdo con el documento elaborado por el gobierno de Felipe Calderón, que será analizado en el próximo periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2009, la CNDH recibió mil 836 quejas “por supuestas violaciones a derechos humanos cometidos por personal militar con motivo de la lucha contra el crimen organizado”.

En el informe de México, realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se añade que el tipo de violaciones cometidos por el personal militar registradas por la CNDH corresponde a “cateos ilegales, detención ilegal, derecho a la vida, tortura y lesiones”, quejas que, en el periodo descrito, se tradujeron en 38 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “aceptadas en su totalidad”.

En el caso de la Secretaría de Marina (Semar), del 1 de diciembre de 2000 al 14 de noviembre de 2009, la CNDH recibió 40 quejas en contra de su personal, sin que haya emitido hasta el momento una recomendación contra la dependencia.

En contraste, el mismo documento señala que, de los 20 procesos penales abiertos de 2000 a 2009, tres corresponden a causas penales integradas “en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada”.

Al señalar que las tres causas penales están “en instrucción contra personal militar”, se indica que corresponden a los acontecimientos ocurridos en Baridaguato, Sinaloa, Villa de Cos, Zacatecas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En ese orden, los casos se refieren a delitos tipificados por el Código Penal Militar, como violencia contra las personas causando homicidio y lesiones culposas; en el segundo, violencia contra las persona causando homicidio y lesiones, y en el tercero, violencia contra las personas causando homicidio calificado e inhumación clandestina, así como encubrimiento.

El informe enviado al Comité de Derechos Humanos de la ONU, indica que, en ese mismo periodo, los tribunales castrenses emitieron seis sentencias, las cuales, a pesar de la gravedad de los agravios, son más que benévolas.

Dos de las condenas corresponden a hechos relacionados con el combate al narcotráfico, ocurridos en Sonoyta, Sonora. Los delitos por los que fueron sentenciados soldados fueron por violencia contra las personas causando homicidio y homicidio simple intencional

En el primer caso, la sentencia fue de nueve meses de prisión ordinaria, y en el segundo, de 12 años de prisión ordinaria, destitución del empleo e inhabilitación por el tiempo igual al de la pena.

Las otras sentencias, anteriores al gobierno de Felipe Calderón, se refieren a un caso de violencia contra las personas, ocurrido en Naco, Sonora, resultando absuelto el personal militar; un homicidio culposo, en San Luis Acatlán, Guerrero, con una sentencia de un año 11 meses de prisión ordinaria; y dos más de violencia contra las personas ocasionando homicidio y lesiones, en Tecoman, Colima, y Nogales, Sonora, con condenas de dos años y seis meses de prisión ordinaria, y 12 años de prisión, sentencia que fue apelada y está en proceso de resolución, respectivamente.

El documento elaborado por la SRE, será cotejado con informes alternos enviados por organizaciones civiles el 8 y 9 de marzo próximo, durante la sesión ordinaria del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Entre las organizaciones que enviaron información a la ONU resaltan la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Article 19; el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), ASILEGAL; los centros de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan, Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y Victoria Diez.

Mantienen discurso político y acotan derechos de las mujeres


Autoridades omisas frenan armonización de Ley contra violencia

Por Brisa Gómez, corresponsal

Xalapa, Ver 2 mar 10 (AVC/CIMAC).- A dos años de que se aprobó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Veracruz, las dependencias estatales han sido omisas en entregar información al banco de datos sobre violencia, por lo que no existen cifras oficiales o diagnósticos que permitan conocer los tipos, sitios y números en que ésta se presenta, expresaron integrantes de la Red de Mujeres Comunicadoras “Las Muchas”.

En conferencia de prensa reconocieron que hay un avance jurídico en torno a la violencia contra las mujeres, sin embargo este se encuentra frenado debido a que no se ha alcanzado la armonización del marco legal veracruzano con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que no solo hay un incumplimiento, sino también un desacato a una determinación que impuso el propio Congreso Local.

La integrante de la Red, Mayela García, señaló que hay una severa crisis en cuanto a los derechos de las mujeres, pues por un lado se les presiona para integrar una familia tradicional y por otro además se les obliga a no tener abortos y a integrarse dentro de cánones morales con los que no todas coinciden.

Por su parte Silvia Susana Jiménez expresó que aún falta mucho para que la sociedad brinde a las mujeres un entorno de seguridad y de desarrollo integral en donde se les permita tomar sus propias decisiones.

Reconoció que el avance con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es importante, sin embargo aun quedan cuestiones pendientes, como es la armonización del marco legal del estado, así como el cumplimiento de la propia Ley, la publicación del reglamento de la Ley y el vaciado de información al banco de datos.

Ambas insistieron en que en Veracruz se está incurriendo en una severa regresión en los derechos de las mujeres, esto a pesar de que se mantiene un discurso políticamente correcto acerca de las acciones con perspectiva de género, pues mientras se aprueba una Ley de avanzada, se permite el acotamiento de los derechos de las mujeres desde la Constitución.

En este sentido, las integrantes de la Red anunciaron que con motivo de las campañas políticas buscarán acercamientos con los candidatos a diputados y a Gobernador, para ver cuáles son sus propuestas y exponerles cuáles son las necesidades de la sociedad, con la intención de que esto sea incluido en sus plataformas de campaña.

Anunciaron también un ciclo de cine denominado “¿Mujeres libres?” en el que se incluyen películas como traspatio, en el nombre de Dios, Tierra Fría, Juno y otras en donde se exponen diversas problemáticas.

Llama a las autoridades mexicanas a un proceso justo


Pide OMCT garantías al derecho de Alberta y Teresa

De la Redacción

Ginebra, 2 mar 10 (CIMAC).- La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifestó su preocupación por la sentencia dictada el pasado 19 de febrero que condena a 21 años de prisión a las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas -junto con Jacinta Francisco Marcial- de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

En un comunicado de prensa la OMCT hizo un llamado a las autoridades mexicanas correspondientes para que garanticen a Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, un proceso independiente, competente, justo e imparcial que asegure el más elevado respeto al derecho de ambas mujeres, quienes ya presentaron una apelación a la sentencia.

Alberta y Teresa fueron procesadas después de ser detenidas el 3 de agosto de 2006 por los hechos ocurridos el 26 de marzo de 20064, cuando agentes de la AFI pretendieron decomisar las mercancías de los vendedores de un tianguis de la comunidad hñahñú de Santiago Mexquititlán y causaron destrozos en los productos que iban a ser vendidos en el municipio de Amealco de Bonfil, al sur de Querétaro, caso por el que también estuvo detenida Jacinta Francisco Marcial.

Por estos hechos, el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, las condenó a 21 años de prisión bajo el cargo de secuestro, sin embargo el 24 de febrero de 2010, ambas presentaron formalmente una apelación contra esta sentencia.

La OMCT señaló que tienen conocimiento de que el juez que emitió la sentencia condenatoria no tuvo en cuenta las “contradicciones sustanciales” en que incurrieron los agentes federales, que son señalados como víctimas y que han asumido, desde la etapa de la averiguación previa, el carácter de ofendidos, de investigadores y de testigos.

Contradicciones que persistieron e incluso aumentaron durante la etapa de los careos procesales. También subrayaron el hecho de que las pruebas con las que la Procuraduría General de la República (PGR) ha intentado sostener la acusación contra Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio además de ser falsas son contradictorias.

Así lo ha establecido el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito y también lo expuso la misma Procuraduría en las conclusiones de no acusación presentadas sobre el caso de Jacinta Francisco Marcial, quien fue liberada en septiembre de 2009 después de que la PGR presentó sus conclusiones.

Actualmente la OMCT -creada en 1986 y con 282 organizaciones distribuidas en todo el mundo- constituye la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que protegen y promocionan los derechos humanos, luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier tratamiento cruel, inhumano o degradante.

México, ante el Comité de DH de la ONU, el 8 y 9 de marzo

Frena derechos civiles, nula coordinación en niveles de gobierno

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 02 mar 10 (CIMAC).- La impunidad, la falta de mecanismos que articulen el cumplimiento de las recomendaciones y la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno; federal, estatal y municipal en México, son los principales obstáculos que imposibilitan avances en materia de derechos civiles y políticos.

Así lo indicó Edgar Cortez Moralez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, durante la mesa de análisis “México ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, donde representantes de diversas organizaciones sociales coincidieron que hay más retrocesos que avances.

Frente a los limitados avances, enfrentamos nuevas problemáticas debido a que hay derechos que se han vulnerado en temas como las legislaciones que penalizan la interrupción del embarazo. Otra problemática es el aumento y la extensión del feminicidio, la agravante militarización del país, la ineficaz justicia militar, la tortura y las desapariciones forzadas.

A 10 años del cuarto examen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el país, que se realizó en 1999, estos temas siguen preocupando a las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

El examen del quinto informe periódico de México se realizará durante los días 8 y 9 de marzo en la sede del organismo en Nueva York. En la sesión el Estado mexicano deberá detallar y actualizar la situación de los derechos humanos, aunque el escenario es de más retrocesos que avances, insistió Liliana Valiña, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En la evaluación se analizarán temas como el de justicia militar. Cabe recordar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada, a manos del Ejército mexicano, del líder comunitario Rosendo Radilla Pacheco. Tal sentencia exhorta al Estado mexicano a modificar el Artículo 57 del Código de Justicia Militar para que los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por militares contra civiles, sean juzgados por tribunales civiles.

DERECHOS SIN GARANTÍAS

El acatamiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos –que se aprobó en 1996, entró en vigor en 1976 y ratificado por México en 1981- se refleja en la creación de leyes para proteger los derechos humanos. Sin embargo Liliana Valiña dijo que el avance ha sido normativo pero con un gran camino por recorrer pues hace falta voluntad política, capacitación e integración de las leyes para que su implementación sea real.

“Los derechos humanos deben apropiarse, exigirse e implementarse”, enfatizó la funcionaria. En el tema de violencia contra mujeres aclaró que es hora de hacer un profundo balance. En materia de derechos sexuales y reproductivos, las reformas a las Constituciones locales en 17 estados del país que protegen la vida desde el momento de la concepción o fecundación del óvulo son un retroceso.

Por su parte Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, recordó que el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística.

Por lo que aseguró, se debe garantizar este derecho, pues aunque en febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, existe una falta de seguimiento y sanciones a los culpables de amenazas, hostigamiento y asesinato de comunicadores. Puntualizó que a cuatro años de su creación aún no cuenta con un marco normativo.

En la mesa también participaron, Miguel Sarre, académico del ITAM, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el ministro Alejandro Negrín, quien dijo que a pesar de las limitaciones, el estado tiene la mejor voluntad. Hay que recordar que el informe se entregó con un retraso de 5 años pues debía estar listo en 2004.

1 mar 2010

Sobre el grado de cumplimiento del Pacto Internacional

Analizarán en la ONU situación de DH de últimos 3 gobiernos

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 01 mar 10 (CIMAC).- El estado que guardan los derechos civiles y políticos en México será evaluado por un comité de expertos independientes electos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el próximo 8 y 9 de marzo en Nueva York, luego de diez años del último examen en la materia.

Después de recibir los informes que presentó México y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), el comité analizará el grado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -acuerdo suscrito el 16 de diciembre de 1966- que indica que los Estados Partes se comprometen a garantizar a mujeres y hombres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos.

La importancia de la evaluación radica en que después de la última revisión, realizada en 1999, ahora el Estado podrá dar cuenta de lo que ha hecho, sus avances y retrocesos, en un campo muy grande como son los derechos civiles y políticos que abarcan temas de seguridad, impunidad, justicia, tortura, militarización, libertad de expresión y derechos político-electorales.

Así lo señaló en entrevista con Cimacnoticias Edgar Cortez Moralez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, quien dijo que esta será una oportunidad para analizar los derechos humanos en un periodo de tres gobiernos distintos: de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

En este sentido, afirmó que hay un conjunto de temas que se han mantenido y agravado en esta década. Entre ellos se encuentran los derechos sexuales y reproductivos, la militarización del país, el acceso a la justicia y la libertad de expresión, mientras que el tema de la tortura se ha mantenido.

El retroceso en derechos sexuales y reproductivos se ha agravado debido a que las reformas a las Constituciones locales en 17 estados del país que protegen la vida desde el momento de la concepción o fecundación del óvulo limitan los derechos de las mujeres.

En algunas de estas legislaciones también se imposibilita el uso del Dispositivo Intrauterino (DIU), el cual impide que el óvulo fecundado se implante en el endometrio, siendo éste el segundo método de anticoncepción más utilizado por las mujeres en México. Aunado a esto se penaliza a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado y no se da una cobertura amplia de métodos anticonceptivos.

Cortez Moralez explicó que se espera que en la evaluación se incluya el tema la necesidad de un cambio en materia de justicia penal, pues afirmó que “aunque hay una reforma, esta no es implementada de manera adecuada”.

El sistema carcelario mexicano no procura condiciones adecuadas para el ejercicio y goce de los derechos humanos, en especial de las mujeres. Mencionó que a pesar de los avances en materia legal que garantizan la igualdad jurídica de derechos de hombres y mujeres, existen en la práctica relaciones desiguales de poder que desfavorecen a las mujeres.

En este contexto el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de haber secuestrado a seis miembros de la AFI, es un claro ejemplo de las deficiencias del sistema de justicia, pues carecieron de la asistencia legal especializada que ordena la Constitución. No obstante hasta hoy, Alberta y Teresa -mujeres, indígenas y pobres- permanecen en la cárcel.

Un tema más a revisar es el de la militarización que se ha agravado desde que el gobierno mexicano implementó una estrategia de combate al crimen organizado y al narcotráfico al asignar a los elementos del Ejército Mexicano en las tareas de seguridad pública.

Este despliegue de efectivos militares, apoyado por Felipe Calderón Hinojosa, ha traído una serie de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y la sociedad en general, tales como extorsiones, detenciones y cateos sin orden judicial, torturas, daño en propiedad ajena, violaciones y robos entre otros muchos.

Por otra parte la vulnerabilidad del derecho a la libertad de expresión, tema que también será presentado por las OSC ha empeorado en los últimos años. De acuerdo con la organización Artículo 19 en México prevalece un ambiente de impunidad y las autoridades siguen siendo las principales presuntas responsables de las agresiones contra periodistas

Hay que recordar que el pasado 22 de febrero el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) presentó su informe “Gobierno y narco: la lucha por imponer la agenda periodística”, sobre el estado de la libertad de expresión en México correspondiente a 2009, donde se documentó el asesinato de 13 comunicadores.

El CEPET registró además 183 agresiones contra periodistas y 19 medios de comunicación por razones vinculadas con su labor informativa y concluyó que hubo un aumento de 13 casos, es decir un 10.23 por ciento más en relación con 2008, cuando se presentaron 127 incidentes.

Finalmente el ex candidato a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) mencionó que evaluar qué tanto se ha hecho y cuáles son los avances de México desde las últimas recomendaciones que el comité de la ONU le hizo será un indicador para renovar sus esfuerzos en términos de cumplimiento de derechos humanos.

Molinar y Bours, entre responsables por ABC

Como resultado de su investigación, la Suprema Corte de Justicia determinó que por lo menos 16 funcionarios federales, estatales y municipales incurrieron en omisiones que, a la postre, provocaron la tragedia en la guardería Carlos Avilés Allende El Universal Ciudad de México Lunes 01 de marzo de 2010 13:27

La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo público el informe preliminar entregado por los magistrados de la Comisión Investigadora del caso de la guardería ABC, en el que, entre otras cosas, se mencionan como involucrados en la violación grave de garantías al ex director del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.

Como resultado de sus investigaciones los magistrados llegaron a la conclusión de que al menos 16 funcionarios federales, estatales y municipales incurrieron en omisiones que, a la postre, provocaron la tragedia registrada en la guardería ABC.

En su reporte, difundido en la página de internet de la propia Corte, se asegura que "es posible afirmar que el incendio ocurrido en Guardería ABC fue la suma de diversos factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente por las autoridades delegacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Gobierno del Estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo".

Las conclusiones de la Comisión Investigadora, así como todas sus indagatorias, serán revisadas por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas, quien elaborará un dictamen para determinar si se registraron o no violaciones graves de garantías en el caso ABC.

Posteriormente su dictamen será revisado por el Pleno de la Corte y hasta entonces se resolverá si hubo o no tales violaciones y, si es el caso, quiénes fueron los funcionarios públicos involucrados en las mismas.

En las páginas 367 y 368 (de un total de 387) del informe preliminar rendido por la Comisión Investigadora, se afirma que:

"Los titulares de los órganos de autoridad que se estima involucrados en la violación de garantías individuales Informe preliminar Comisión Investigadora 1/2009 propiciada por el incendio de la Guardería ABC, pueden apreciarse de manera mas clara en la siguiente relación:

1. Del Instituto Mexicano del Seguro Social.

a) Director General, Juan Francisco Molinar Horcasitas.

b) Director Jurídico, Fernando Gutiérrez Domínguez.

c) Director de Prestaciones Económicas y Sociales, Jesús Ignacio Navarro Zermeño.

d) Coordinadora de Guarderías, Dora García Kobeh.

e) Delegado Estatal en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga.

f) Jefe Delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales, Emigdio Martínez García.

g) Titular del Departamento de Guarderías, Noemí López Sánchez.

h) Coordinadoras Zonales Thelma Salado Islas, Yadira Barreras, Delia Irene Botello Amante, Irma C. Díaz Gómez.

2. Del Gobierno del Estado de Sonora.

a) Gobernador del Estado de Sonora, Eduardo Bours Castelo.

b) Secretaria de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez.

c) Coordinador Ejecutivo de la Comisión de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado, Eliseo Morales Rodríguez.

d) Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani.

3. Del Ayuntamiento de Hermosillo.

a) Presidente Municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.

b) Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal, Javier Hernández Armenta.

c) Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal, Alejandro Sugich Prandini.

d) Dirección de la Unidad de Protección Civil Municipal, Roberto Copado Gutiérrez.




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ENTREVISTA CON: DON RAÚL VERA
CARGO: OBISPO DE LA DIÓCESIS DE SALTILLO, COAHUILA.
TEMA: LA SITUACIÓN DE LAS VIUDAS DE LOS 65 MINEROS QUE FALLECIERON EN LA MINA PASTA DE CONCHOS.

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ENTREVISTA EN CABINA: ALBERTO HERRERA.
CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN MÉXICO.
TEMA: PRESENTARÁ SU CAMPAÑA “UN LIBRO POR LA PAZ” ESTE MARTES DOS DE MARZO A LAS 11:00 HORAS EN EL TEATRO DE LA CIUDAD EN LA CAPITAL DEL PAÍS. ESTA CONSIDERADA COMO UNA DE LAS CAMPAÑAS MÁS GRANDES QUE HA REALIZADO EN MÉXICO.

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ENTREVISTA CON: JUDITH TORREA.
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TEMA: ESTE FIN DE SEMANA, LAS AUTORIDADES DE CHIHUAHUA PRESENTARON A ALDO FLAVIO HERNANDEZ LOZANO COMO EL SUPUESTO TERCER IMPLICADO EN EL MULTIHOMICIDIO DE JÓVENES EN VILLAS DE SALVARCAR, SIN EMBARGO, 4 HORAS DESPÚES, ANTE UN JUEZ SE DECLARÓ INOCENTE DE ESAS IMPUTACIONES.

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ENTREVISTA CON: ISABEL MIRANDA DE WALLACE
CARGO: MADRE DE HUGO ALBERTO WALLACE, SECUESTRADO EN EL 2005 Y PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN “ALTO AL SECUESTRO”.
TEMA: ESTE MARTES Y MIÉRCOLES SE REALIZA EL FORO “ALTO AL SECUESTRO”, QUE ORGANIZA LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.