El terrorismo de estado de Calderón..

Allanan y roban las instalaciones de Contralínea

Contralínea

12 Abril 2010

1 tweet Retuitear

Conferencia de prensa sobre el acoso a Contralínea

Atención Jefe de información / reportero de la fuente

La revista Contralínea hace una atenta invitación a conferencia de prensa, para dar a conocer la denuncia de hechos que esta mañana se presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el allanamiento y robo a las instalaciones de este medio de comunicación.

La conferencia se llevará a cabo a las 18:00 horas en avenida Balderas número 33, cuarto piso, departamentos 405-408, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. Teléfono: 9149 - 9808

___________________________________________________

Allanan y roban las instalaciones de Contralínea

Entre el sábado 10 de abril y el domingo 11, fueron nuevamente allanadas las instalaciones de la revista Contralínea. Esta vez, los delincuentes violentaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y periodística, equipo de cómputo y celulares.

Este allanamiento se suma a la serie de acosos que ha padecido este medio desde 2007. Contralínea investiga temas relacionados con la seguridad nacional, la corrupción gubernamental, los delitos de cuello blanco, narcotráfico, lavado de dinero, así como temas sociales relacionados con la pobreza, la marginación y la guerrilla.

Actualmente, Contralínea enfrenta seis demandas civiles y una penal interpuestas por los corporativos Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine.

El 14 de septiembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009, en la cual determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación.

En la inédita recomendación –“sobre el caso de los señores Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez e integrantes de la revista Contralínea”– se acreditó como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con la CNDH, fueron violados “los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, párrafo tercero; sexto, párrafo primero; séptimo, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Comparte Esto

ENCUENTRO NACIONAL DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

La labor de las y los defensores de Derechos Humanas, una tarea peligrosa en México

16 de abril (10:00 - 20:00 hrs) y 17 de abril (10:00 - 14:00 hrs) de 2010

Propósito general: examinar la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, y generar un espacio de reflexión y análisis para el diseño de estrategias de prevención al hostigamiento, amenazas y asesinato de que son objeto.

Intencionalidades específicas:

a) Analizar y compartir la situación de las y los defensores de derechos humanos en México (riesgos, amenazas, aciertos y dificultades en el desempeño de su labor), para generar un diagnóstico (regional y temático) sobre esta realidad.

b) Reflexionar la perspectiva que se tiene de la labor de las y los defensores de derechos humanos y conocer los mecanismos e instrumentos (nacionales e internacionales) para la protección de su labor y construir una guía funcional (incluido un directorio para acciones y llamamientos urgentes) para los mismos.

c) Conocer recomendaciones y observaciones concretas a las y los defensores para la realización de su labor.

El Encuentro se realizará en el Auditorio del Centro Prodh.

Próximamente enviaremos el programa y un cuestionario previo al Encuentro.

Las inscripciones ya están abiertas y lo puedes hacer a través de esta dirección electrónica te puedes inscribir en los siguientes correos:

El evento es gratuito.

Atentamente

Red Solidaria Década Contra la Impunidad

Ernesto Rodríguez Cabrera

jurídico_decada@yahoo.com.mx

Ericka Zamora Pardo

ddhh_decada@yahoo.com.mx

rddhorg@gmail.com

Familiares, amigos y vecinos de los niños asesinados claman por justicia

Realizan plantón frente a un cuartel militar en Nuevo Laredo

Familiares y amigos de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, de 5 y 9 años, respectivamente, quienes perecieron al ser tiroteados por soldados en un retén, se manifestaron frente al cuartel militar Macario Zamora, en la localidad tamaulipeca, para exigir justicia. La agresión ocurrió el pasado domingo contra dos familias que circulaban en una camioneta. En Ciudad Juárez, Chihuahua, la Policía Federal comenzó a hacerse cargo de la seguridad pública, por el retorno de las fuerzas armadas a sus cuarteles. Foto Carlos Figueroa

Carlos Figueroa y Javier Santos
Corresponsales
Periódico La Jornada

Familiares, amigos y vecinos de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, de cinco y nueve años de edad, respectivamente, quienes fueron asesinados por soldados en un retén de Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaron un plantón frente al cuartel militar Macario Zamora en demanda de justicia y castigo a los responsables.

Encabezados por Cinthia Salazar Castillo, madre de los menores, los manifestantes expresaron con pancartas su repudio a los militares que la madrugada del pasado domingo dispararon contra dos familias que viajaban en una camioneta por la carretera Ribereña, rumbo a la playa de Matamoros.

Compañeros de escuela de Martín Almanza Salazar portaban carteles con leyendas en las que se leía: “Por favor, no me disparen; soy un niño”, “Fuera soldados asesinos”, “Que se castigue a los responsables” y “Yo soy amigo de Martín y Bryan”.

Frente al cuartel Macario Zamora, amigos y vecinos de la familia Almanza Salazar, residente de la colonia Los Colorines, desplegaron otra manta que decía: “¡Basta de violencia!”

Joven acusa a soldados de detención ilegal y tortura

En Nayarit, Diego García Segura, de 30 años, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra militares que lo detuvieron ilegalmente, lo amenazaron y lo torturaron.

El joven, oriundo de Guadalajara, Jalisco, y residente desde hace varios años en California, Estados Unidos, relató que llegó al poblado del Colomo, municipio de Bahía de Banderas, para vacacionar y visitar a una tía.

La tarde del 31 de marzo se encontraba en el crucero de Sayulita cuando un convoy militar llegó al lugar. De un vehículo bajaron 10 soldados encapuchados que lo interrogaron.

En el expediente 094/2010 quedó asentado que Diego García les respondió que esperaba el camión para ir a Bucerías, poblado ubicado a 10 kilómetros de distancia.

En ese momento, uno de los militares –que ocupaba el asiento del copiloto– lo llamó, le dijo que se acercara y que pusiera las manos sobre las redilas del vehículo. Le ordenó que sacara el dinero y la billetera con sus identificaciones.

Enseguida, uno de los “jefes” le preguntó varias veces que si se dedicaba a vender droga; él respondió que no.

Los soldados lo subieron al vehículo y se lo llevaron. En el trayecto le pisaron un tobillo, le taparon el rostro con una bolsa de manta y lo golpearon en las costillas. Además, le ordenaron que se quitara camisa y zapatos, y le metieron algo parecido a un alfiler en las uñas de pies y manos. Minutos después lo dejaron libre.

MICHOCÁN ES UNO DE LOS ESTADOS MÁS PELIGROSOS PARA EJERCER EL PERIODISMO I SIN CLARIDAD PROCESOS LEGALES EN MATERIA DE DESAPARICIONES EN MICHOACÁN

12/04/2010 a las 9:44 am

MICHOCÁN ES UNO DE LOS ESTADOS MÁS PELIGROSOS PARA EJERCER EL PERIODISMO
LA VOZ DE MICHOACÁN refiere que el estado de Michoacán es uno de los estados de la República Mexicana más peligrosos para el ejercicio periodístico, aseveró Iván Alonso Díaz, Asistente del Programa Legal “Articulo 19”, así ha quedado demostrado en base a las recientes desapariciones de dos periodistas en la entidad; por otra parte familiares del periodista Ramón Ángeles Zalpa corresponsal del rotativo Cambio de Michoacán, desaparecido el pasado día martes en la población de Paracho, acudieron ante las autoridades de la PGJ para ratificar la denuncia, Estela Méndez, esposa del periodista dijo que tiene confianza en las autoridades y espera la pronta aparición de su esposo.

De acuerdo a la información emitida por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en base a la denuncia interpuesta por la esposa de Ángeles Zalpa, el periodista salió de su vivienda alrededor de las 13:00 horas del pasado día martes a bordo de un automóvil Volkswagen tipo Jetta, de color rojo, el cual tampoco ha sido localizado hasta el día de ayer.

Al respecto Jesús Montejano Ramírez, procurador de Justicia en la entidad aseveró que las autoridades de la PGJ ya se encuentran investigando la desaparición del periodista, así mismo indicó que las líneas de investigación que se siguen por formar parte de la secrecía de la misma no pueden ser reveladas. Entrevistado en las instalaciones de la propia PGJ Iván Alonso Díaz, Asistente del Programa Legal “Articulo 19”, aseveró que la organización para la que colabora está trabajando en este tema y dando seguimiento a distintos casos de desapariciones y asesinatos a periodistas, principalmente recientemente tuvimos una presentación sobre agresiones a periodistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al ser cuestionado sobre el trabajo periodístico en la entidad aseveró que más que el temor tendría que posicionarse una situación de protección, protocolos de protección que es algo que se ha postulado por parte de la organización con distintos cursos de seguridad en los cuales los periodistas tengan más cuidado en su manejo personal para el cubrimiento de notas, situación que les genera una autoprotección.

Además de posicionar que el estado es el principal responsable de brindar una situación general de seguridad tanto a periodistas como a la sociedad en general. Finalmente aseveró que desafortunadamente debido a los últimos acontecimientos, el estado de Michoacán se ha posicionado como una de las entidades más peligrosas para el ejercicio periodístico, señala LA VOZ DE MICHOACÁN.

SIN CLARIDAD PROCESOS LEGALES EN MATERIA DE DESAPARICIONES EN MICHOACÁN
CAMBIO informa que en el estado no existe claridad en el procedimiento legal a seguir para declarar penalmente la desaparición de una persona ya que el Código Penal no prevé dicha figura, esto no obstante de la frecuencia con que este tipo de situaciones se dan en la entidad, a tal grado que, entre el 2006 y el 2009 las autoridades estatales tenían un registro superior a los 850 casos de desapariciones en la entidad. Luego de la desaparición de Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal de Cambio de Michoacán en Paracho, Iván Báez asistente del programa legal de la organización internacional Artículo 19, en Defesa del Derecho Humano y la Libertad de Expresión, hizo referencia a las lagunas legales en las normas estatales para establecer criterios de cuándo una persona debe declararse desaparecida o no.

En la experiencia federal –apuntó- la norma contiene con mayor claridad criterios al respecto, incluso diversas entidades de la República prevén en sus ordenamientos legales la desaparición. El procurador estatal Jesús Montejano partiendo del caso de Ramón Ángeles, refirió que no existen plazos en tiempo para declarar la desaparición de una persona, lo cual puede llevarse hasta meses, dependiendo del curso que siga una investigación.

A nivel nacional el Código Penal Federal sí contempla un capítulo relacionado con la desaparición forzada de personas, aunque éste entra dentro del título relacionado específicamente con los delitos cometidos por servidores públicos, puntualizando que quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión. El Código Penal estatal no contempla en término de desaparición, en él se habla de delitos contra la privación de la libertad y seguridad de las personas.

A nivel nacional el Código Penal Federal sí contempla un capítulo relacionado con la desaparición forzada de personas, aunque éste entra dentro del título relacionado específicamente con los delitos cometidos por servidores públicos, puntualizando que quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión. El Código Penal estatal no contempla en término de desaparición, en él se habla de delitos contra la privación de la libertad y seguridad de las personas, precisa CAMBIO.

Por violación sexual de militares contra indígena tlapaneca

Nueva sentencia de la CoIDH contra el Estado mexican

Por Anayeli García Martínez

México, DF 12 Abr 10 (CIMAC).- En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenciará por tercera vez al Estado mexicano, esta ocasión por violación sexual cometida por militares contra una indígena tlapaneca

Desde 1998 cuando México reconoció la competencia de la CoIDH, han llegado hasta ésta cinco casos: por feminicidio, tortura, desaparición forzada y dos por violación sexual: el de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Cuatro de ellos son del estado de Guerrero relacionados con abusos cometidos por elementos de las fuerzas armadas. El de Inés Fernández Ortega es el primero que tendrá una sentencia por violación sexual y el segundo por abusos cometidos por militares.

Inés es una indígena tlapaneca (me´phaa) que fue violada sexualmente por soldados en marzo de 2002, en Ayutla de los Libres, Guerrero. Al no encontrar justicia en las instancias nacionales, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 14 de junio de 2004, quien remitió el caso a la CoIDH el 7 de mayo de 2009.

La próxima sentencia sobre el caso de Inés, cuya audiencia pública será el próximo 15 de abril en la sede de la Corte, en Lima, Perú, se suma a las emitidas en 2009 por los casos de feminicidio del campo algodonero en Ciudad Juárez y la desaparición forzada de Rosendo Radilla en Guerrero, lo que convierte a la administración Calderonista en la primera en recibir tres sentencias.

De acuerdo con Vidulfo Rosales Sierra, abogado del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y defensor de Inés, a pesar de que la violación de Inés no ocurrió durante la presente administración, “el poder Ejecutivo, desde que asumió la presidencia tuvo la oportunidad de hacer cambios estructurales” y promover iniciativas y leyes para reformar el Código de Justicia Militar, pero no lo hizo, por el contrario, sacó el ejército a las calles.

Afirmó que las indígenas enfrentan una discriminación que ha sido histórica, una falta de acceso a la justicia gracias a que “los militares siguen sin control alguno” lo que ha generado impunidad porque las violaciones contra civiles no son sancionadas.

Debido a ello, la próxima sentencia de la CoIDH sobre este caso evidenciará nuevamente que esta “guerra sórdida contra el crimen organizado lejos de avanzar, esta fallando, afecta a los civiles y no ha habido avances en el reconocimiento a los derechos humanos”, puntualizó Vidulfo Rosales.

Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México (AI), dijo que la sentencia adjudicará una responsabilidad directa al Estado mexicano por la falta de una debida investigación, un efectivo acceso a la justicia y por violar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará).

Al respecto Martha Figueroa Mier, presidenta del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, señaló que el caso de Inés es el reflejo de muchos otros que no se visibilizan o que quedan en la impunidad, y en ello radica su relevancia.

Cabe recordar el caso de las hermanas González, violadas por militares también en 1994 durante un retén en Altamirano, Chiapas, que si bien llegó a la CIDH quien emitió un informe de fondo al Estado mexicano, éste no fue cumplido.

Figueroa Mier, enfatizó que en una guerra las mujeres viven las consecuencias de forma diferente en razón de su género. La violación sexual, dijo, también es una forma de tortura que se utiliza como táctica de guerra.

UN EJÉRCITO DESPRESTIGIADO

Al respecto, en entrevista, el General José Francisco Gallardo, quien estuvo preso por denunciar las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército al interior de este cuerpo castrense, afirmó que aunque México no se encuentra en guerra, el despliegue militar en todo el país trajo consigo un aumento de violaciones a los derechos humanos de la población civil.

En este panorama la imagen de las fuerzas armadas, una institución que había fungido como eje del patriotismo y la lealtad hacia el país, ha dejado de ser la de los defensores de derechos humanos comprometidos con el pueblo, sostuvo.

Afirmó que esta pérdida de credibilidad hacia los soldados refleja que el sistema de justicia civil y militar está colapsado. Por ello insiste en la necesidad de acotar el fuero de guerra, en específico el artículo 57 del Código de Justicia Militar, tal y como lo mandata la CoIDH al Estado mexicano en su sentencia por el caso Radilla.

Sin embargo, las autoridades militares y el Ejecutivo Federal insisten en negar los abusos cometidos por las fuerzas armadas. Este último incluso retó a comprobar un solo caso de violación a derechos humanos que no haya sido investigado.

Lo anterior, coincidieron Alberto Herrera y el General Gallardo, es una muestra de la irresponsabilidad del Estado mexicano. “Es incuestionable que los abusos suceden y no son aislados, para poder avanzar es necesario un diagnóstico compartido, un reconocimiento de responsabilidad y de la gravedad de la situación”, de lo contrario, advirtió Herrera Aragón, será muy difícil poder buscar alternativas.

MEDIOS | ASESINAN AL PERIODISTA ENRIQUE VILLICAÑA EN MORELIA | REPORTEROS SIN FRONTERAS CUESTIONA LA “PASIVIDAD” DE AUTORIDADES MEXICANAS ANTE EL ASESINATO | FAMILIARES DEL DESAPARECIDO PERIODISTA RAMÓN ÁNGELES PIDEN APOYO AL GOBERNADOR DE MICHOACÁN

NOTA ANTERIOR, UNA FUENTE EN TIEMPO REAL: ORGANISMOS DENUNCIAN 29 ASESINATOS A PERIODISTAS DE 2007 A 2009
ASESINAN AL PERIODISTA ENRIQUE VILLICAÑA EN MORELIA
El rotativo CAMBIO informa que alrededor del as 03:00 horas de este sábado, fue localizado sin vida y con varios impactos de arma de fiego, el cuerpo del notario público Enrique Villicaña Palomares, quien fuera ex secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El hallazgo de Villicaña Palomares, se dio en el cruce de las Avenidas Nocupétaro y Guadalupe Victoria, lugar en el que presuntamente sólo fue arrojado el cuerpo pues en la escena no se encontraron cascajos de ningún tipo de bala.

Es de señalar que Villicaña tenía cuatro días de haber sido privado de su libertad, luego de que el pasado lunes fuera “levantado” por un grupo fuertemente armado, al parecer a las afueras de su domicilio. Hasta el momento se desconocen las causas de dicho “levantón” e incluso, si se trató de un secuestro o simplemente de un rapto por miembros del crimen organizado.

Elementos de Procuraduría de Justicia en el Estado ya investigan el asesinato de quien fuera director de Sistema Michoacano de Radio y Televisióndel, analista político y trasladaron el cuerpo a las instalaciones de la propia PJE donde ya se le practica la necropsia de ley, reporta EL CAMBIO.

REPORTEROS SIN FRONTERAS CUESTIONA LA “PASIVIDAD” DE AUTORIDADES MEXICANAS ANTE EL ASESINATO DEL PERIODISTA ENRIQUE VILLICAÑA

El diario MILENIO refiere que la organización Reporteros Sin Fronteras cuestionó hoy la “pasividad” de las autoridades mexicanas tras confirmarse un nuevo asesinato de un periodista, en esta ocasión en el Estado de Michoacán. Se trata de Enrique Villicaña Palomares, editorialista del diario “La Voz de Michoacán”, según RSF, que precisa en un comunicado que su cuerpo fue encontrado “degollado” este sábado en Morelia.

El periodista, que además era catedrático universitario, había sido secuestrado cinco días antes, prosigue la organización de defensa de la libertad de prensa, antes de recordar que sus superiores en el diario confirmaron que en la procuraduría general de Justicia de Michoacán se sabía que había recibido amenazas “pero no consideraron útil intervenir”.

Este asesinato es el que quinto de un periodista en lo que va de año en México y se da a conocer la misma semana en la que se ha confirmado la desaparición de otro reportero, Ramón Angeles Zalpa, del diario “Cambio”, también de Michoacán.

El móvil del asesinato de Villicaña Palomares “sigue sin aclararse” y sus superiores no están seguros de que esté ligado a la profesión, añade Reporteros Sin Fronteras. Sin embargo, esta organización considera que no por ello deja de ser cuestionable la pasividad de las autoridades ya que “estaban perfectamente al corriente” de las amenazas que había recibido el periodista, precisa MILENIO.

FAMILIARES DEL DESAPARECIDO PERIODISTA RAMÓN ÁNGELES PIDEN APOYO AL GOBERNADOR DE MICHOACÁN
CAMBIO comunica que Esthela Méndez Montejano, esposa del corresponsal de Cambio de Michoacán, Ramón Ángeles Zalpa, luego de entrevistarse con el procurador estatal, Jesús Montejano, pidió también la intervención del gobernador, Leonel Godoy Rangel, para esclarecer el caso.

“Son momentos muy difíciles para nosotros, queremos encontrar a Ramón, no hay de otra forma, más que con el apoyo de sus amigos y el apoyo de todos”.

La esposa dijo no saber si recibió alguna amenaza de alguien, antes de su desaparición. La última vez que vio a Ramón fue el martes pasado. Aseguró que no recibió llamadas, amenazas ni se mostró preocupado por alguna situación. Notablemente nerviosa, Eshela Méndez rechazó atribuir la desaparición de su esposo algún hecho o circunstancia. Dijo desconocer también, si su desaparición obedece al ejercicio periodístico, señala CAMBIO.

URGENTE. Se agrava la salud de Emmanuel D`Herrera

Por favor. Que todo mundo sepa esta injusticia. Conocì al sr.  Emmanuel hace  como 5 años y  cuando cayò en la càrcel creì que no iba a estar mucho tiempo encerrado por arrojar una lata de refresco que hizo explotar sin peligro para nadie,   en el estacionamiento de la  Bodega Aurrerà  cercana a Teotihuacan. Todo en su desesperaciòn por quedarse solo en la lucha contra  la transnacional dentro del àrea visual de Teotihuacan, ese centro ceremonial grandioso de nuestra cultura prehispanica   ùnico en el mundo  y que nadie nos ha enseñado a  conocer, a amar ni respetar  debidamente,  como si fuera a propòsito. Por eso a pocos les importò que dentro del àrea se instalara, con algunas protestas, la mencionada tienda del grupo transnacional tan consentido en Mèxico.   Emmanuel D`Herrera es una finìsima persona, culta, educada y sabia, que escribe bellìsmos poemas y relatos,y  que como tal aprecia lo que Teotihuacan significa  para Mèxico y la degradaciòn  y que a nadie inetereso el que el sìmbolo de una Bodega Aurrera, del grupo WalMart estuviera dentro de su paisaje de la Zona arqueològica. A ninguna autoridad le interesò. Pagò las consecuencia  de su desesperaciòn  y como un delincuente de alta peligrosidada fue refundido en el penal Bordo por  meses, y apesar de haber tenido varias crisis de hipertensiòn e hipoglucemia no fue liberado.  Ahora està a punto de morir por caso omiso de esta justicia ciega e ignorante.    La justicia en Mèxico le da el lugar a las transnacionales basura como WalMart y no a los ciudadanos.   S.C.     Se agrava la salud de Emmanuel D'Herrera Emmanuel D'Herrera, dirigente del Frente Cívico en Defensa del Valle de Teotihuacan, poliglota con estudios en Francia, se encuentra injustamente encarcelado desde hace 11 meses en el Penal Neza-Bordo acusado de un cargo falso: portación de artefacto explosivo de uso exclusivo del Ejército. Ha padecido la flagrante violación de sus derechos humanos y actualmente se encuentra en riesgo de morir. En mayo de 2009 fue sometido a proceso penal en Molino de Flores en Texcoco, estado de México; fue sentenciado y obtuvo libertad bajo fianza, al salir fue secuestrado durante seis horas por policías que lo esposaron, encapucharon y torturaron. Lo reprimieron por su oposición a la construcción de una tienda Wal-Mart en la zona de Teotihuacán. Como resultado de la agresión y dado que padece diabetes e hipertensión ha tenido severas complicaciones que han deteriorado gravemente su salud, ahora está hospitalizado con derrame cerebral y un riesgo muy alto de morir en las próximas horas. Responsabilizamos directamente a Wal-Mart y a las autoridades correspondientes del daño causado a la salud de nuestro compañero y de su eventual deceso. Exigimos su libertad inmediata. Comité por la Liberación Emmanuel D'Herrera y FNCR, Vianey Ramírez Siles http://www.jornada.unam.mx/2010/04/09/index.php?section=correo

Migrantes, víctimas de bandas criminales: Amnistía Internacional

En un avance del informe 'Víctimas invisibles, migrantes en movimiento a través de México', el organismo de derechos humanos señaló que estas bandas convierten a los centroamericanos en sus principales víctimas

Notimex
El Universal
Ciudad de México Jueves 08 de abril de 2010

Los migrantes centroamericanos que cruzan México rumbo a Estados Unidos se exponen a extorsiones, palizas, secuestro y hasta homicidio por parte de bandas criminales , advierte Amnistía Internacional.

En un avance del informe 'Víctimas invisibles, migrantes en movimiento a través de México' que presentará en 15 días, el organismo internacional de derechos humanos señaló que estas bandas convierten a los centroamericanos en sus principales víctimas.

Entre los cientos de miles que hacen el viaje cada año provenientes de Centroamérica, la mayoría llegan a sufrir extorsión, discriminación, palizas, violencia sexual, secuestro y hasta homicidio.

Además, el informe indica una implicación 'en cierto grado' de funcionarios públicos en abusos contra migrantes, pues la falta de acceso de éstos al sistema de justicia los hace más vulnerables.

Especialmente las mujeres y los menores son blanco fácil de las bandas delictivas y funcionarios corruptos, quienes utilizan el margen de impunidad que ofrece la falta de reglas claras para la protección de los migrantes.

El documento incluye recomendaciones a las autoridades para mejorar la protección a los migrantes y su acceso a la justicia formal, para reducir los márgenes de impunidad, sin importar la condición migratoria de las personas.

El informe será presentado en la ciudad de México el próximo 28 de abril

Gustavo de la Rosa, visitador de DH en Chihuahua

El abogado dará seguimiento a los expedientes que él mismo había señalado en contra de elementos del Ejército por irregularidades y abusos en el marco de las acciones de la operación coordinada

Mario Héctor Silva
El Universal
CIUDAD JUÁREZ Jueves 08 de abril de 2010

El abogado Gustavo de la Rosa Hickerson fue designado visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para atender a víctimas adscrito a la operación coordinada Chihuahua.

El derecho humanista dijo que el objetivo es impulsar la construcción de un mecanismo de defensa a los periodistas con "efectos ejecutivos".

De la Rosa Hickerson señaló que el nuevo encargo será desarrollado bajo medidas cautelares en una oficina de la subprocuraduría de justicia en la zona norte "por razones de seguridad", aunque precisó que contará con todo el apoyo para el desempeño de sus funciones.

En entrevista con EL UNIVERSAL explicó que se retomarán los expedientes que él mismo había señalado en contra de elementos del Ejército mexicano por irregularidades y abusos en el marco de las acciones de la operación coordinada Chihuahua.

Indicó que tras recibir el nuevo nombramiento el martes 6 de abril, ha retomado los primeros cuatro expedientes sobre actuaciones irregulares de las autoridades que han tenido un desenlace favorable, dos de ellos en etapa de integración e investigación; "logrando la suspensión de la violación de los derechos humanos", dijo

Gustavo de la Rosa Hickerson dijo que como visitador de la CDH tuvo el aval de instancias internacionales como derechos humanos, de Naciones Unidas, de la propia Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno del estado de Chihuahua

MAS IMPUNIDAD

El titular de Sedena se reúne con diputados integrantes de la Comisión de Defensa

El Ejército seguirá en las calles de 5 a 10 años más, prevé Galván

Necesario, aprobar una legislación emergente que dé más facultades a las fuerzas armadas

Reconoce que en el combate al narco los militares realizan una tarea que no les corresponde

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 8 de abril de 2010, p. 5

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, afirmó anoche ante diputados que para combatir a la delincuencia organizada el Ejército permanecerá en las calles entre 5 y 10 años más, salvo orden expresa del Presidente de la República o la aprobación de un decreto del Congreso de la Unión.

En una reunión ayer con al menos 24 de los 30 integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Galván planteó a los legisladores la aprobación de una legislación emergente que otorgue más facultades a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico porque, reconoció, en este momento los militares llevan a cabo una tarea que legalmente no les corresponde.

Durante tres horas, el secretario de la Defensa planteó a los diputados que el Ejército requiere de otro marco jurídico que amplíe sus capacidades en el combate al narco. Entre éstas, mencionó el ingreso de soldados a domicilios cuando se persiga un delito en flagrancia o se sospeche que podría cometerse; interrogar a detenidos y retenerlos hasta por 24 horas, antes de entregarlos a una autoridad civil, e incluso tomarles huellas dactilares, así como intervenir comunicaciones y suspender espectáculos o el tránsito masivo de vehículos.

Prácticamente nos pidió aprobar un estado de excepción, que para el Congreso es inaceptable, señalaron diputados que fueron consultados tras la reunión realizada en la sede de la Defensa Nacional.

La mayor parte del encuentro, que se desarrolló entre las 18 y las 21 horas de ayer, el general hizo una exposición sobre el marco legal que requiere el Ejército para justificar los operativos contra la delincuencia.

No obstante, diputados también señalaron que la próxima semana se buscará iniciar un debate sobre el fuero de guerra definido en el Código de Justicia Militar, para que soldados que cometan delitos también sean sometidos a tribunales civiles.

Los legisladores resaltaron que la posición del titular de la Sedena fue en desacuerdo con suprimir a los militares el beneficio de ser sometidos a proceso en juzgados castrenses. Refirieron que, sobre este tema, el general expresó que una reforma de ese tipo perjudicaría a las fuerzas armadas, porque son lo último que tiene el Estado mexicano.

Una parte sustantiva del encuentro, dijeron, se refirió al informe que el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, presentó el martes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde reportó que en cinco años crecieron 500 por ciento las quejas contra el Ejército por las violaciones a derechos humanos contra civiles.

Los diputados resaltaron ante el titular de la Sedena que esa cifra es preocupante, sobre todo porque ahora una institución confiable como lo ha sido el Ejército, ahora se ubica con mayor número de quejas que el IMSS y la PGR.

En contraste, Galván adujo que de las 3 mil 595 quejas que se han presentado por abusos de militares, sólo se ha acreditado una cantidad menor. Sin embargo, dijeron, sí expresó preocupación de que esas cifras revelan el desgaste que ha sufrido el Ejército en su relación con la sociedad por participar en los operativos contra el crimen.

Los legisladores no se refirieron a casos específicos de abusos de soldados, y –comentaron– se trató apenas el caso del asesinato de dos alumnos de posgrado del Tecnológico de Monterrey, durante un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes en el campus de esa institución en la capital de Nuevo León.

Asimismo, Galván aceptó la solicitud que le hicieron legisladores de reunirse con ellos en la Cámara de Diputados, como lo ha hecho ya en privado con los senadores, o bien acudir ante comisiones para explicar los alcances de los operativos.

Por su parte, los diputados plantearon que si se habla de una relación diferente entre las fuerzas armadas y el Legislativo, es fundamental que Galván, así como el secretario de Marina, almirante Francisco Saynez Mendoza, acepten acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro.

El regaño de la ONU a México

Miguel Carbonell

El 23 de marzo el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió sus observaciones finales al informe que periódicamente presenta México sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El documento es una llamada de atención por la gran cantidad de temas que debería generar una sensación de vergüenza nacional. No es admisible que en el siglo XXI sigamos teniendo tantos pendientes en materia de derechos humanos. ¿En qué temas se basa la ONU para haber emitido un reclamo (mejor dicho: un regaño) tan sonado a México? Algunos de los que figuran en el documento son los siguientes:

—Las persistentes violaciones a la equidad de género. En particular, las precarias condiciones laborales de las trabajadoras de maquila.

—Las continuas pruebas de no embarazo que se piden a las mujeres al momento de solicitar empleo o bien como requisito para permanecer en el puesto de trabajo.

—La persistente impunidad en el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez (que, por cierto, ya costaron una condena a México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero).

—La restricción de los derechos de las mujeres por la penalización del aborto y por carecer de correcta atención en el caso de abortos cuando el embarazo es producto de una violación. La ONU pide medidas para acabar con los abortos ilegales. Tema que está otra vez a consideración de nuestra Suprema Corte.

—El papel de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad y las violaciones de derechos humanos por parte de algunos de sus integrantes. La CNDH emitió 30 recomendaciones el año pasado contra la Sedena. Todo un récord desde la creación de la Comisión.

—El estado de excepción encubierto que opera en el combate a la delincuencia organizada, que tiene procesos judiciales con reglas más “relajadas” que las que operan en otras modalidades delictivas.

—La falta de eficacia en el combate a la desaparición forzada, incluyendo el tema de la guerra sucia de los años 70, todavía no resuelto de forma satisfactoria.

—La impunidad en los casos de tortura, la cual ni siquiera está bien definida en varios códigos penales locales. Las condenas judiciales en este tema son groseramente bajas y la aplicación del Protocolo de Estambul para evitar prácticas de tortura sigue siendo una quimera. La ONU sugiere videograbar todas las declaraciones de detenidos en las dependencias policiales.

—La reforma penal aprobada en el 2008 sigue estando incompleta. Su aplicación va avanzando de forma lenta y sin un claro compromiso de todas las autoridades involucradas. O sea, es muy fácil reformar la Constitución, pero muy difícil cambiar la realidad.

—La ONU es clara en señalar el riesgo para los derechos humanos que deriva de la constitucionalización del arraigo. Pide sin medias tintas eliminarlo. En efecto, el arraigo como medida impuesta antes de iniciar un juicio, es lesivo de la libertad personal y no debería ser permitido.

—Señala la ONU el hacinamiento en las cárceles y lugares de detención. Es algo que ha venido poniendo de manifiesto reiteradamente la CNDH en sus diagnósticos penitenciarios y que está a la vista de todos. Las cárceles son un infierno desde cualquier punto de vista.

—La ONU pide a México limitar la extensión de la justicia militar y permitir que las víctimas se amparen contra sus fallos. Hace unos meses la SCJN dejó ir una muy buena oportunidad para evitar este regaño. Una lástima.

—No existe en México la objeción de conciencia al servicio militar y no existen iniciativas para incorporarla. La ONU lo considera, con toda razón, inaceptable. La objeción al servicio de las armas es una regla propia del sistema democrático, que no puede ni debe convertir al ciudadano en soldado, ni siquiera temporalmente.

—Los periodistas corren serios riesgos. Los atentados en su contra quedan generalmente impunes. Las fiscalías especiales han tenido resultados por demás cuestionables.

— Hay violencia omnipresente e impune contra personas homosexuales, travestis y transgénero.

La lista podría crecer. Esos son, por lo pronto, algunos de los regaños de la ONU a México. Bien merecidos.

www.miguelcarbonell.com
twitter: miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM

Disparan a dos familias en un retén cercano a Nuevo Laredo

Tirotean soldados a civiles inermes; dos niños muertos

Nos arrojaron hasta granadas, aseguran padres

Carlos Figueroa

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 7 de abril de 2010, p. 5

Nuevo Laredo, Tamps., 6 de abril. Elementos del Ejército Mexicano dispararon y arrojaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias rumbo a la playa de Matamoros, después de pasar un retén en la carretera Ribereña. El saldo fue de dos niños muertos y dos adultos heridos.

Los padres de Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, presentaron una denuncia contra los militares ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y exigieron castigo para los soldados culpables.

En la agresión resultaron lesionados Martín Almanza Rodríguez, de 30 años de edad –padre de los pequeños–, y Carlos Alfredo Rangel, de 22 años, tío de las víctimas. Ambos se encuentran internados en la clínica de especialidades de esta localidad fronteriza.

Martín y Bryan viajaban en compañía de sus padres, el ya mencionado Martín Almanza Rodríguez y Cintia Salazar Castillo, de 28 años de edad, además de sus hermanas Lucero Michel, de 10 años; Jennifer, de 8, y Yesenia de 3.

En la camioneta también iba el matrimonio formado por Carlos Alfredo Rangel y Vanessa Viridiana Velázquez Carmona, con sus dos hijos: uno de tres meses, identificado como Jesús Alfredo Rangel Velázquez.

Según la denuncia de los afectados, la madrugada del domingo los siete niños y los cuatro adultos viajaban en una camioneta tipo Tahoe, conducida por Carlos Alfredo Rangel, quien al pasar por el retén militar observó a los soldados que se encontraban a un costado de la carretera. Rangel disminuyó la velocidad, pero no recibió ninguna indicación para detenerse.

Después de pasar el retén, los soldados comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la unidad; incluso, los adultos aseguraron que les arrojaron varias granadas de fragmentación.

Narraron que vivieron momentos de terror y confusión en los que descendieron de la camioneta y trataron de correr al monte. Martín Almanza cargó a sus hijos Bryan y Michel, pero en ese momento sintió el rozón de una bala. Su hijo Bryan estaba cubierto de sangre. Murió en sus brazos. Pese a que los civiles gritaban a los soldados que no les dispararan porque había niños, los uniformados hicieron caso omiso e hirieron al otro pequeño, quien murió en el lugar.

Martín Almanza fue trasladado a la clínica de especialidades junto con Carlos Alfredo Rangel, quien al tratar de proteger a su bebé fue herido en las piernas. En el nosocomio, Carlos Alfredo relató:

“De repente nos empezaron a disparar; yo me quedé con mi esposa y mi bebé en la camioneta y ellos le tiraban a todo lo que se movía. Les gritábamos que traíamos familia y nos seguían tirando. Incluso cuando pasamos frente a ellos bajamos los vidrios de la camioneta para que vieran a los niños, pero no sé qué pasó.

“Al verme herido cortaron cartucho y me dijeron que me iban a matar; desde ese momento ya no supe nada… íbamos pura familia con siete niños. Mi esposa se bajó de la camioneta y corrió al monte con el bebé y le seguían disparando.”

Por su parte, Martín Almanza pidió a las autoridades que intervengan, pues no puede estar ocurriendo este tipo de agresiones. Cuando pasamos el retén sacamos una toalla por la ventanilla para tratar de decirles que iban niños, pero no hicieron caso. Su esposa, Cintia Salazar, comentó: Íbamos de viaje, me quitaron a dos de mis niños. ¿Quién me los va a regresar?, pues nadie. Les decía que no nos tiraran porque había niños, pero me ignoraron.

Explicó que otro grupo de militares llegaron a auxiliarlos y hasta me ofrecieron una disculpa, pero con disculpas nadie me los va regresar; ellos iban a la escuela como cualquier niño.

La noche del lunes y madrugada de este martes, los restos de Martín y Bryan Almanza Salazar fueron velados en su vivienda de la colonia Los Colorines y después en una funeraria. Por la tarde fueron sepultados.

María Teresa Castillo, abuela de los pequeños, expresó: Mis niños eran bien lindos, muy queridos por todos.

En 5 años, 500% más quejas

CNDH: se dispararon abusos de militares

Faltan estrategias de seguridad que resguarden derechos: Plascencia

Espera datos sobre la muerte de 2 alumnos del Tec y de un detenido

Entablará juicio la CIDH por el caso de dos indígenas violadas

Jesús Aranda y Emir Olivares

Miércoles 7 de abril de 2010, p. 5

Periódico La Jornada

En los últimos cinco años, la participación del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública se ha traducido en un incremento de 500 por ciento en las quejas contra militares por violaciones a los derechos humanos, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.

Asimismo, el ombudsman aseveró que hacen falta más capacitación, más estrategias de actuación que busquen proteger los derechos de la sociedad en general y, en su caso, combatir la delincuencia organizada con la energía adecuada.

Entrevistado al término del informe anual que rindió ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Plascencia había señalado previamente ante los ministros que precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabeza la lista de las autoridades más frecuentemente señaladas en hechos presumiblemente violatorios de derechos humanos, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Comentó que la comisión está a la espera de que el Ejército y la Armada de México rindan a tiempo (cuentan con un plazo de 15 días para hacerlo) los informes solicitados sobre la muerte de dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la de un detenido que fue trasladado en helicóptero por los marinos y cuyo cadáver apareció al día siguiente. Aseguró que en caso de que las dependencias no respondan al requerimiento, lo haremos público en su momento.

Por otra parte, interrogado respecto del hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) discutirá en fecha próxima la violación de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, por parte de militares, Plascencia dijo que este asunto nos revela que en virtud de que hay casos en donde la justicia no logra llegar al fondo de los asuntos, lamentablemente tiene que venir del extranjero una resolución, de tal manera que esto es un llamado para revisar la forma como se están investigando algunos delitos, cómo se procesan y cómo se está buscando hacer justicia.

En otro tema, el ombudsman nacional confió en que Alberta Alcántara y Teresa González obtengan su libertad a la brevedad posible, ahora que la Suprema Corte atrajo la solicitud de amparo que presentaron en contra de la sentencia que les impuso un juez federal por el secuestro de seis agentes federales en Querétaro. Recordó que la PGR ignoró en su momento una recomendación de la CNDH en la que se demostraba la no culpabilidad de las acusadas.

Precisamente, dijo, el que dependencias como la Procuraduría General de la República no acepten las recomendaciones nos habla de que es muy importante que se apruebe la reforma a la comisión –que está en el Congreso de la Unión– para que podamos superar la circunstancia de que se emitan recomendaciones (que) no se acepten o no se cumplan y no pase nada.

Cuestionó la actitud del procurador Arturo Chávez Chávez, ya que éste tiene como encomienda salir a la sociedad para operar justicia, evitar una injusticia y también que inocentes estén presos.

Finalmente, dijo que la CNDH está muy pendiente del caso de la muerte de la menor Paulette Gebara, con el objetivo de que no vaya a quedar el tema en la impunidad y se logre detener a los responsables de esos hechos. Esto, precisó Plascencia, como el mejor mecanismo preventivo del delito.

Finalmente, aunque reconoció que la comisión a su cargo no ha recibido alguna queja sobre el asunto de la niña Paulette, aseguró que sigue muy de cerca los resultados que ha ido dando a conocer la Procuraduría General de Justicia del estado de México respecto de las investigaciones que se están llevando actualmente.

Lanzan activistas campaña contra la impunidad militar

Exigen cese de agresiones contra tlapaneca violada por militares

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 06 abr 10 (CIMAC).- Defensoras y defensores de derechos humanos exigieron hoy al Estado mexicano que cesen las agresiones y amenazas contra Inés Fernández Ortega, indígena tlapaneca violada sexualmente por militares en 2002, y quien ante la falta de justicia, se presentará en una audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en Lima, Perú, el próximo 15 de abril.

En conferencia de prensa Amnistía Internacional México y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dieron a conocer la campaña “¡Rompe el muro de la impunidad!”, la cual arranca en la antesala de esta audiencia con el objetivo de tejer una red solidaria y sumar voces al clamor de justicia de Inés y Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca que también fue violada por militares en 2002.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Área jurídica de Tlachinollan señaló que desde hace 8 años Inés junto con Valentina no sólo tuvieron que sufrir el rechazo, la discriminación y estigmatización de su comunidad después de ser violadas, sino también la falta de una investigación eficaz.

Por lo anterior dijo que esperan que la CoIDH presente una sentencia acusatoria al Estado mexicano por el caso de Inés, además anunció que la audiencia pública ante la CoIDH para el caso de Valentina será el 27 y 28 de mayo de este año, donde también se espera que se reivindique su derecho a un debido proceso de investigación y acceso a la justicia.

Rosales Sierra enfatizó que el fuero militar deja a las mujeres en total indefensión, poniendo en riesgo su seguridad y su vida misma cuando tratan de acceder a la justicia. Ejemplo de esto es Inés, quién el 22 de marzo de 2002 fue golpeada y violada por militares que entraron a su casa en la comunidad Barranca Tecuani, Municipio de Ayutla de Los Libres.

En ese mismo año, a los dos días de los hechos, el 24 de marzo, acudió a denunciar ante el mismo Ministerio Público y ese mismo día acudió al hospital donde no pudo ser revisada por falta de personal especializado. El 17 de mayo de 2002, el caso fue turnado al Ministerio Público militar adscrito a la 35 zona militar.

La investigación estuvo en el fuero militar desde mayo de 2002. El 15 de septiembre de 2006, se archivó ya que los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) concluyeron que “no se acreditó la violación”. Agotadas las instancias nacionales, el caso fue llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego pasó a la Corte Interamericana (Cimacnoticias 25 enero 10).

Ya en este organismo, la CIDH convocó a una audiencia el 12 de octubre de 2007, en la cual quedó expuesta la falta de interés del Estado mexicano para investigar debido a que no se concluyó la investigación preliminar, faltaron algunos peritajes, el retrato hablado de los agresores, el careo, y un dictamen psicológico de Inés.

Finalmente, el 30 de octubre de 2008, la CIDH emitió su Informe de Fondo en el que responsabilizó al Estado mexicano de las violaciones contra la integridad de Inés, el cual fue notificado el 7 de noviembre de 2008. Sin embargo ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado mexicano el caso fue remitido a la CoIDH.

Por otra parte, durante la conferencia, Obtilia Eugenio Manuel, defensora de derechos humanos, afirmó que después del 7 de mayo de 2009 -cuando la CoIDH atrajo el caso de Inés- ella, su familia y sus representantes legales han sido victimas de amenazas, mismas que desde diciembre de 2009 -cuando se notificó al Estado mexicano de la próxima audiencia- se han duplicado.

Debido a ello existen fundados temores de que se pueda consumar alguna agresión contra Inés, Valentina o sus representantes legales, no obstante Obtilia Eugenio declara que seguirá luchando por los derechos humanos y espera que en la próxima audiencia se evidencie la falta de responsabilidad de las autoridades mexicanas en relación a la protección de los derechos humanos.

No se puede apostar por el borrón y cuenta nueva en aspectos como la guerra sucia, dice

El gobierno, sin compromiso con los derechos humanos: Édgar Cortez

Fox ratificó un pacto de impunidad con el PRI para no indagar esos delitos, afirma el activista

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Lunes 5 de abril de 2010, p. 33

Édgar Cortez Morales, quien durante seis años fue secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (RTDT), concluyó la semana pasada su último periodo y se incorpora como investigador al Instituto de Derechos Humanos y Democracia.

Al hacer un balance de su gestión al frente de la Red, Cortez Morales destaca: llegué a esta organización hace exactamente seis años. Fue en los primeros días de abril de 2004. Era un momento bastante complicado para la Red, veníamos de un periodo difícil, donde había escasez de recursos económicos, había poca claridad en el rumbo y la oficina había permanecido cerrada de diciembre de 2003 a abril 2004.

En este lapso, asevera, hemos hecho una Red muy activa, cohesionada, con claridad de lo que queremos; sabemos cuáles son nuestras prioridades y crecimos en número y pluralidad. En 2004 unas 50 organizaciones integraban la red, ahora somos 68, y hay nuevos grupos: de diversidad sexual y derechos reproductivos y sexuales, así como derechos económicos, sociales y culturales, entre otros.

Cortez sostiene: no puede haber borrón y cuenta nueva en las violaciones del pasado a los derechos humanos. Por supuesto que no, por esa vía no se pondrá freno a la impunidad y a los atropellos que hemos vivido como sociedad. México no puede pasar al borrón y cuenta nueva, hay muchos agravios y se requiere que haya justicia y castigo para los responsables.

–¿Qué pasó para que los gobiernos panistas olvidaran hacer del tema de los derechos humanos un punto medular?

–Coincido con quienes plantean la hipótesis de que el gobierno del presidente Vicente Fox a la mitad de su sexenio, allá por 2003, ratificó un pacto de impunidad con el PRI. Existía la posibilidad de llamar a cuentas a ex funcionarios priístas que cometieron violaciones a derechos humanos en el pasado, lo de la denominada guerra sucia, la masacre estudiantil de 1968, la de 1971, y otros casos, pero Fox claudicó.

Eso es lo que impide hoy que el gobierno tenga un compromiso serio en la materia; si lo quiere hacer, tiene que marcar un antes y un después. Y eso no ha sucedido. Hoy que traemos a cuentas las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en la lucha contra el narcotráfico, los miles de muertos que no se investigan, es la nueva expresión de la impunidad.

–¿El gobierno le apuesta al borrón y cuenta nueva en materia de violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado?

–No puede haber borrón y cuenta nueva. Hemos visto en Sudamérica que cuando algunos países apostaron por esa vía de borrón y cuenta nueva, con leyes de amnistía, y optaron por el olvido, a la vuelta de los años eso fue insostenible y han tenido que recomponer esos procesos para llamar a cuentas a los responsables de los abusos, de la impunidad. Tenemos que conocer como sociedad qué pasó. Se requiere que haya la posibilidad de justicia y castigo para los responsables”.

Édgar Cortez Morales terminó en marzo su periodo como secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos; ahora fungirá como investigadorFoto María Meléndrez Parada

–¿Los gobiernos de la alternancia no investigan las violaciones graves que se cometieron en el pasado ni en la actualidad?

–En el momento en que el gobierno decide mantener la impunidad para el pasado, se extiende para el presente. No se puede sancionar los crímenes del presente sin haber castigado el pasado; por eso se extiende la impunidad y el manto que la cobija. Mientras no haya un gobierno que realmente quiera poner punto final a la impunidad y marcar un etapa distinta, difícilmente habrá un serio compromiso con los derechos humanos”.

–¿Considera que el gobierno va a cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU?

–Ése es uno de los retos, porque tenemos un gobierno que simula, que tiene un discurso a favor de los derechos humanos, que puede hacer cosas, pero que se quedan en la superficie. El problema es que no tenemos los mecanismos para lograr esto. Si no hay mecanismos más eficientes y operativos, vamos a seguir acumulando más y más recomendaciones.

–¿Se corre el riesgo de que esas recomendaciones se vayan al cajón?

–Claro que pueden correr la misma suerte que las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1998, después de su visita in loco realizada en 1996.

–¿Cómo explica el cambio de rumbo con Fox en materia de derechos humanos?

–Los primeros años fueron de apertura, de estar a favor de los derechos humanos en el discurso y en acciones; había disposición al diálogo y actitudes favorables, pero a finales de 2003 esto se cierra y en 2004 aparecen acciones abiertamente represivas del gobierno de federal. Ahí está Atenco; los trabajadores de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Michoacán, Oaxaca. Y es Fox, en 2005, quien saca al Ejército a la calle para combatir al narcotráfico con los operativos México Seguro.

Cortez explica: estos años después de la alternancia en el gobierno no hemos visto ningún cambio en la institucionalidad del país. Los panistas a escala federal siguen con la que generaron los gobiernos priístas, y en los estados los panistas y perredistas siguen con la ingeniería institucional que heredaron de los priístas, ningún cambio han hecho.

Édgar Cortez dice que la Red tiene que ser un motor de iniciativas y quizás asumir que es una expresión del movimiento de derechos humanos. Pero esto es más grande: muchas organizaciones no están en la Red; tenemos que ser un puente para la cooperación y la coordinación con otros sindicatos y otros grupos del país.”

Dos personas fueron arrestadas y golpeadas para que admitieran ser narcomenudistas

Denuncian abusos de soldados adscritos a la Zona Militar 32

A José Samuel Xooc Caamal, de 16 años, militares le quemaron el rostro para que confesara que tiene nexos con el narcomenudeoFoto Luis A. Boffil Gómez

Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 5 de abril de 2010, p. 8

Mérida, Yuc., 4 de abril. José Samuel Xooc Caamal y María Jesús Santos Sabido, oriundos de la ciudad de Valladolid, fueron detenidos y golpeados por soldados de la Zona Militar 32, ubicada a 180 kilómetros al oriente de Yucatán.

En entrevista, denunciaron las agresiones recibidas por los efectivos castrenses, quienes los detuvieron el jueves pasado con violencia, bajo el supuesto delito de narcomenudeo.

Informaron que ambas personas llevaron sus casos ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

Xooc Caamal, de 16 años, denunció que el jueves salió de su casa para visitar unos amigos, y en el camino un convoy de militares encapuchados lo detuvo y trasladó al cuartel de la Zona Militar 32.

Una vez recluido, lo amarraron, le quemaron el rostro y lo golpearon en varias partes del cuerpo. Dijo que estuvo retenido unas dos horas, y que con insultos y amenazas lo obligaron a confesar conexiones con el narcomenudeo. Al final, dijo que lo dejaron en libertad, pero le advirtieron que lo seguirían vigilando.

En el caso de María Jesús Santos Sabido, de 30 años de edad, su detención se efectuó el jueves en su casa, a la cual llegaron los soldados; tiraron la puerta, la golpearon y la trasladaron al cuartel militar para que confesara ser narcomenudista.

Denunció que destrozaron el interior de su casa, le robaron 25 mil pesos en efectivo y su hija, Candelaria Carbajal Santos, también recibió golpes en diversas partes del cuerpo.

Una vez en el cuartel, María Jesús Santos relató que la patearon en las piernas. Después de una hora, estimó, fue dejada en libertad.

En sus denuncias ante la Codhey pidieron que se castigue a los soldados y solicitaron la intervención del gobierno del estado para evitar más acciones arbitrarias.

Documentó la CDHDF ocho "ejecuciones extrajudiciales"

El año pasado se comprobaron ocho ejecuciones perpetradas por oficiales, detalla informe

Aumentaron 30% quejas por tortura en 2009, dice la CDHDF

Personal ministerial, de la policía judicial y custodios de centros de reclusión, implicados en casos de maltrato, afirma

Los muertos, porque se negaron a detenerse en puntos de revisión

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada
Viernes 2 de abril de 2010, p. 26

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), encabezada por José Luis González Placencia, contabilizó en el año anterior un aumento de más de 30 por ciento en el número de quejas recibidas por tortura y detenciones ilegales y arbitrarias con respecto de 2008, además de que en ese mismo lapso documentó las ejecuciones extrajudiciales de ocho individuos, quienes fueron asesinados por policías luego de que se negaron a detenerse para una revisión de rutina o cuando perseguían a una tercera persona.

En su informe anual, el organismo señala que en 2009 recibió siete denuncias por violaciones al derecho a la vida, específicamente por presuntas ejecuciones extrajudiciales, hechos que se atribuyeron a agentes de las policías preventiva y judicial.

A raíz de estas quejas, la CDHDF emitió tres recomendaciones: la 12/2009, en torno al caso de un joven motociclista a quien se pidió detenerse para una revisión de rutina, pero al no hacerlo fue perseguido y una vez sometido fue privado de la vida extrajudicialmente. Otra es la 16/2009, por el caso de cinco personas a quienes en hechos distintos también se les marcó el alto para realizar revisiones o levantar infracciones y que al negarse fueron perseguidas y privadas de la vida.

En la recomendación 22/2009 se documentan otros dos casos de abuso policial: en el primero una persona que estaba como rehén murió por disparos de arma de fuego realizados por un policía que se enfrentaba a los presuntos delincuentes, así como la muerte de un hombre también a balazos por un elemento policiaco cuando perseguía a una tercera persona.

En todos los casos, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) aceptó las recomendaciones. Sin embargo, según la información obtenida de la página de Internet de la Comisión de Derechos Humanos del DF, la mayoría de los puntos recomendatorios no han sido cumplidos, como el reconocimiento público de la responsabilidad en los hechos, la reparación del daño, así como el diseño de “políticas para prevenir y erradicar las ejecuciones arbitrarias cometidas por elementos de la policía”.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Placencia, en imagen de archivoFoto Cristina Rodríguez

Para el organismo, los puntos de revisión que se instalan en los operativos y la reacción de policías frente a la huida de personas que rehusan someterse a revisión es un símil de la situación que se produce a nivel nacional en los retenes militares, en los cuales muchas personas han sido privadas de la vida extrajudicial y arbitrariamente.

En cuanto a los casos de tortura, las quejas aumentaron de 75 en 2008 a 102 el año pasado, actos atribuidos principalmente a la policía judicial, personal ministerial, de la SSP-DF, de juzgados cívicos y custodios de centros de reclusión.

La mayoría de los quejosos, señala el informe de la comisión, aseguraron haber sido víctimas de asfixia con métodos húmedos y secos, ahogamiento, sofocación, estrangulación o uso de sustancias químicas; agresiones con objetos contundentes, choques eléctricos y quemaduras con cigarrillos o instrumentos calientes, además de padecer diversas humillaciones.

Durante 2009, la CDHDF emitió dos recomendaciones por actos de tortura: la 1/2009 en agravio de cuatro personas, y la 19/2009 por afectaciones a adolescentes en conflicto con la ley e internos de reclusorios, como los femeniles de Tepepan y Santa Martha, la penitenciaría del DF y el Reclusorio Sur.

En cuanto a las detenciones ilegales y arbitrarias, en 2009 se presentaron 26 quejas, 35 por ciento más que en 2008, ante lo cual el organismo encabezado por González Placencia expresó su preocupación pues, advirtió, estos casos pueden dar pie a desapariciones forzadas, pues se priva de la libertad a las personas sin que se informe a ellas o a sus familiares el motivo y sin especificar ante qué autoridad las pondrán a disposición.