ONG: con panistas, grave retroceso en derechos hu...

Con trampas, el gobierno elude acuerdos mundiales

Emir Olivares Alonso

 

El Estado mexicano rechazó ocho de las 91 recomendaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), con lo que demuestra su falta de interés y los retrocesos que se han dado en la materia durante los gobiernos panistas, señalaron diversas organizaciones civiles.

En conferencia, la Red Todos los Derechos para Todos (RTDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otros organismos indicaron que con argumentos tramposos el gobierno de Felipe Calderón no acató las obligaciones internacionales de México. Resaltaron que aunque el gobierno federal asegure que sólo no aceptó tres sugerencias, se trata de ocho reservadas en febrero, en el marco del EPU, aunque dio justificaciones tramposas para no hablar de rechazo.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la RTDT, subrayó que en las administraciones de Vicente Fox y Calderón en México se ha dando un retroceso en materia de derechos humanos. En la práctica, en la agenda del gobierno federal estos temas no existen.

Los activistas enumeraron los argumentos tramposos para rechazar recomendaciones del EPU.

Sobre el fuero militar, los representantes mexicanos expusieron a la ONU que la justicia castrense está supeditada a la civil, ya que en procesos jurídicos militares los inculpados pueden acudir al amparo. Sí, pero eso no sirve. Cuando un civil sufre una violación de derechos a manos de soldados se sigue un juicio militar y la víctima queda fuera.

En el informe entregado por la delegación mexicana, se rechaza la recomendación sobre la justicia militar con el argumento de que la Secretaría de la Defensa Nacional ha aceptado la totalidad de recomendaciones emitidas por la CNDH.

Las ONG acotaron que las recomendaciones del organismo que preside José Luis Soberanes nunca han cuestionado el fuero militar. En esos señalamientos la CNDH no aplica los criterios del derecho internacional que obligan a que los abusos de militares contra ciudadanos deben ser investigados por la justicia civil.

Sobre el arraigo, el gobierno mexicano planteó que se trata de un tema que está en la Constitución, por lo que lo regula el Poder Judicial. Los activistas destacaron que no está debidamente regulado, además de que los jueces de control están en implementación y nadie asegura que hagan realmente ese papel.

Ante ONU, Gobierno mexicano omitió hablar de cómo prohíbe ILE

 Por Lourdes Godínez Leal

 México DF, 12 junio 09 (CIMAC).- El Gobierno mexicano evadió hablar sobre las modificaciones a los constituciones estatales en 13 entidades federativas que protegen la vida desde el momento de la concepción (sic), que implican, junto con otras acciones emprendidas, retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, durante la sesión de ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como parte del Examen Periódico Universal (EPU).

 Al ser cuestionado al respecto por el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, organización civil defensora de derechos humanos, el Gobierno mexicano guardó silencio, pero "presumió" ante el Consejo los "logros" alcanzados, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la reciente modificación a la Norma Oficial Mexicana Sobre violencia familiar y sexual, la cual fue modificada por las mismas autoridades de Salud pese a que faltaba solo su publicación.

 En entrevista al término de la conferencia de prensa donde las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos hicieron una evaluación del EPU para el caso de México, Edgar Cortéz, de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, dijo que lo que el Gobierno omitió decir ante el Consejo es que detrás de estas modificaciones está la intención de imposibilitar a las mujeres decidir libremente decidir interrumpir legalmente un embarazo.

 Si bien el activista reconoció la autonomía de los estados, consideró que el Gobierno federal tendría que pronunciarse al respecto al ser éste el responsable de promover y garantizar el estándar más alto de protección de los derechos humanos.

 El Gobierno mexicano únicamente se refirió al tema de violencia contra las mujeres y en este sentido anunció como "un gran avance" la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que se ha aprobado en la mayoría de las entidades federativas y cuyo origen no fue iniciativa gubernametal o del partido en el poder (Partido Acción Nacional), sino de una iniciativa de las ex legisladoras feministas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña.

 La NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación, fue otro "avance" que México expuso ante la ONU.

 Lo que no les dijo el Estado mexicano, insistió Cortéz, es que durante meses se opusieron a su publicación, pese a que desde julio del año pasado la NOM estaba lista para ser publicada.

 Cabe recordar que uno de los motivos por los que no se publicó en tiempo y forma la NOM, es porque obliga a los prestadores de los servicios de salud a ofrecer a las mujeres víctimas de violación el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y Anticoncepción de Emergencia (AE).

 Aunque la NOM 046 ha entrado en vigor, ya hay denuncias de que tampoco se está aplicando en las entidades federativas, donde los médicos se han amparado para no ofrecer estos servicios pretextando la objeción de conciencia.

 Todo ello, dijo Edgar Cortéz, es una clara muestra del retroceso que se está dando en materia de derechos humanos y que le preocupa a la comunidad internacional, quien recordó, hizo 91 recomendaciones al Estado mexicano.

 SOBRE FUERO MILITAR

 El activista de la RTDT lamentó que el Estado mexicano haya rechazado las 8 recomendaciones referentes al fuero militar y arraigo ya que estos son temas centrales del trabajo de denuncia que durante años han venido señalando las ONG y que ponen énfasis en donde están las fallas importantes de derechos humanos.

 Pero también observó que es una muestra de que el tema en México está marginado, que no hay instituciones que permitan hacerle frente a las violaciones de derechos humanos aún y cuando existe un Programa Nacional de Derechos Humanos para esta administración.

 Como reportó esta agencia ayer, Edgar Cortéz, calificó como "tramposa" la actitud del Estado mexicano, que argumentó que la justicia militar está supeditada a la civil, ya que si bien es cierto que cuando algún militar es procesado y recibe una sentencia, tiene derecho a un recurso de amparo, situación que no ocurre para el caso de los civiles.

 "Plantear ese tipo de argumentos es sumamente tramposo y plantear que el sistema de justicia militar está por debajo del civil es totalmente inexacto", dijo.

 Otro de los argumentos vertido por el Estado mexicano ante el pleno del Consejo de DH, es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha aceptado todas las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

 El asunto, precisó el activista, es que dichas recomendaciones nunca han cuestionado el tema del fuero militar y siempre están dirigidas al Secretario de la Defensa y al Procurador de Justicia Militar, lo que en su opinión no sirve de nada ya que la CNDH nunca ha insistido en que sea la justicia civil la que se encargue de investigar las violaciones a los derechos humanos.

 Baste recordar el caso de la mujer indígena violada por militares en 2007 en la sierra de Zongolica, en Veracruz, donde la CNDH, lejos de pronunciarse por esclarecer los hechos y por una investigación imparcial, se alineó a lo dicho por Felipe Calderón quien decretó que la muerte de la indígena de 73 años violada por militares había muerto a consecuencia de una gastritis y no de la tortura y violación sexual.

 REVISAR CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, INSUFICIENTE

 Para el activista de derechos humanos, si bien el Estado mexicano se "comprometió" ante el Consejo a revisar el Código de Justicia Militar, esta acción resulta insuficiente ya que a lo que se aspira es a una reforma constitucional que termine con los privilegios para los militares y que realmente establezca y garantice que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército sean investigadas en el ámbito civil.

 "Vamos a seguir trabajando siendo muy consientes que la coyuntura no es lo favorable que quisiéramos porque el Ejército es muy claro que es una pieza fundamental e indispensable para la política del gobierno y donde no acabamos de ver cuándo tendremos una policía capacitada, profesional en el tema de los derechos humanos", concluyó.

Estado mexicano rechazó recomendaciones de ONU sobre fuero militar

Reconoce Sedena 11 abusos a mujeres de 1999 a 2007

Por Lourdes Godínez Leal

México DF, 11 junio 09 (CIMAC).- Pese a que el Estado mexicano se “comprometió” hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, a revisar el Código de Justicia Militar, organizaciones civiles defensoras de derechos humanos presentes en la sesión advirtieron que de nada servirá este compromiso si los militares continúan creyendo que son ellos quienes tienen que investigar las violaciones a derechos humanos.

Al finalizar hoy el Examen Periódico Universal (EPU) para el caso de México y como habían advertido organizaciones civiles en días anteriores, el Estado mexicano rechazó aceptar las recomendaciones hechas por los Estados miembros para terminar con la impunidad del fuero militar y el arraigo, y “se comprometió” a revisar el Código de Justicia Militar (CJM).

No obstante, “aceptó considerar” las recomendaciones hechas por Irlanda, Canadá y Azerbaiyán, para “revisar el Código de Justicia Militar, investigar exhaustivamente los abusos cometidos por militares y poner fin al clima de impunidad”.

También se negó a aceptar que sea la justicia civil la que conozca de los casos de violaciones a los derechos humanos de civiles cometidas por militares.

Para la organización internacional de defensa de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) quien hoy también presentó su posicionamiento frente al Consejo de la ONU, “éste compromiso no podrá cumplirse si los militares continúan considerando que tienen jurisdicción para investigar graves violaciones de derechos humanos a través de un sistema militar que carece de garantías básicas para asegurar la independencia y la imparcialidad”.

Señala que para terminar verdaderamente con la impunidad y cumplir con las recomendaciones internacionales al respecto, México debe asegurarse de que aquellos casos en los cuales los militares sean acusados de cometer violaciones de derechos humanos contra civiles, sean remitidos inmediatamente a los agentes del ministerio público estatal o federal.

Interrogado por Cimacnoticias al respecto, Edgar Cortéz, defensor de derechos humanos de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, dijo que pese a haber aceptado revisar el CJM, el Estado mexicano no dijo cómo ni cuándo lo hará.

“Y será más de lo mismo dijo, ya que lo que en la práctica sucede, es que la justicia militar lo que investiga es si el militar quebrantó la disciplina militar y no si violó un derecho humano y se argumenta que se puede recurrir a los tribunales civiles, explicó Cortéz.

Cabe recordar que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), uno de los organismos más importantes de la región en materia de defensa de derechos humanos, ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de reformar dicho Código, para lo que se ha reunido durante sus visitas a nuestro país, con legisladores, sin que a la fecha haya una iniciativa concreta de reforma.

DOCUMENTADOS 11 ABUSOS CONTRA MUJERES

De acuerdo con una solicitud hecha por Cimacnoticias al Instituto Federal de Acceso a la Información a través del SISI sobre cuántos casos se han investigado en la justicia militar por abuso sexual y violación, se informó que en el CJM no se encuentra tipificado el delito de abuso sexual, violación o violación equiparada.

Sin embargo, observa que “en el supuesto caso de que un militar cometa este delito, se aplicará supletoriamente el Código Penal del lugar donde ocurrieron los hechos de conformidad al numeral 57 del CJM”.

De acuerdo con la información proporcionada, el militar que cometiera estos delitos se haría acreedor a las sanciones que señalan los Códigos Penales de las entidades federativas, el Código Penal Federal o en su caso, las leyes especiales.

Pese a que estos delitos no están tipificados en el CJM, se reconoce que de 1999 a 2007, han sido 11 los casos “juzgados” por la justicia militar por los delitos de abuso sexual, violación equiparada y atentados contra el pudor.

Por el delito de abuso sexual se “juzgaron” siete casos que corresponden a los siguientes años: en 2000 fueron tres casos, dos en Chiapas y uno en Jalisco.

En 2001 se juzgaron dos en el Distrito Federal. En 2002 uno en Sonora; 2003 uno en Baja California; 2004, uno en Sonora y uno en Oaxaca, y de 2005 a 2007, no se tiene registrado ninguno.

VIOLACIÓN EQUIPARADA

En cuanto al delito de violación equiparada juzgados por la justicia militar en el mismo periodo, se nos informó que en 2005 se juzgaron dos: uno en el Distrito Federal y uno en Sonora.

ATENTADOS CONTRA EL PUDOR

Por el delito de atentados contra el pudor, se informó que han sido juzgados en la justicia militar un caso en el 2000 en Nuevo León y uno en 2001 en el DF.

De acuerdo con los datos proporcionados en el año 2000, las entidades federativas de Chiapas, Nuevo León, Jalisco y Oaxaca, registraron un caso respectivamente por alguno de estos delitos, mientras que en 2002 se registró uno en Sonora y en 2003 uno en Baja California.

En 2004, se registró otro en Sonora y uno en Oaxaca. En 2005 uno en el DF y uno en Sonora, en 2006, uno en DF.

En cuanto a las jerarquías, quienes han sido juzgados por la comisión de estos delitos se encuentran un Teniente Coronel, dos capitanes primeros, dos subtenientes, 3 sargentos primeros, 3 cabos, 2 soldados y un marinero.

Sin embargo, pese a que estos casos fueron “juzgados” se desconoce el tipo de sentencia que purgaron quienes cometieron los delitos.


MILITARIZACIÓN, SINÓNIMO DE IMPUNIDAD

HRW denunció que desde que Felipe Calderón desplegó a miles de soldados por todo el país en su “lucha contra el narcotráfico”, ha habido “un drástico incremento” en las violaciones a derechos humanos cometidas por militares.

Calificó como “disfuncional” al sistema de justicia militar ya que, pese a que éste asume la “investigación” de las violaciones (incluidas las violaciones sexuales contra mujeres, asesinatos y tortura), carece de imparcialidad e independencia, lo que ha generado por años, impunidad.

Cuestionó que hasta abril de este año, el Procurador General de Justicia Militar “no había podido proporcionar ni un sólo ejemplo de los últimos 10 años en el cual los tribunales militares hayan condenado a un miembro de las Fuerzas Armadas, acusado de cometer violación de derechos humanos”.

No obstante, el Gobierno mexicano enfatizó que uno de los compromisos de su Programa Nacional de Derechos Humanos es impulsar reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar, acordes con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.

09/LGL/GG

Maestras denuncian manoseos y una activista está detenida

Puebla: reprime y detiene policía a docentes y activistas de DH

Por Kara Castillo/corresponsal

Puebla, Pueb., 11 junio 09 (CIMAC).- Con todo lujo de violencia, policías estatales, municipales y judiciales atacaron a cuando menos 400 profesoras y profesores adheridos al Consejo Democrático Magisterial Poblano, ayer por la tarde, hiriendo a decenas y deteniendo a 36 personas, entre profesores, transeúntes y activistas de Derechos Humanos. Maestras denuncian “manoseos” de policías y la activista Tamara San Miguel está detenida. Gases lacrimógenos fueron lanzados al grupo de docentes, activistas y transeúntes en el atrio de la iglesia de Santa Inés, que se reponía del primer ataque policial, ocurrido a dos calles de distancia, donde por lo menos 20 profesores fueron brutalmente golpeados. Allí comenzaron las detenciones 36 detenciones violentas. Todas las personas detenidas fueron golpeadas y arrastradas hasta las unidades policíacas y trasladadas a la Procuraduría General de Justicia del estado.

Todo ello ocurrió luego de que las y los maestros participaran en la marcha multitudinaria donde se conformó el nuevo Frente de Organizaciones Sindicales y Sociales del Estado de Puebla y en la cual se hizo la toma simbólica de las oficinas improvisadas del secretario general de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Eric Lara Martínez. La toma de las oficinas, ubicadas frente del Congreso local, se realizó previo acuerdo con el subsecretario de Gobernación, Francisco Gil Díaz, quien en la esquina de la 5 poniente decía a los dirigentes que tenían 10 minutos para hacer la ocupación momentánea. Pero los 10 minutos fueron suficientes para que granaderos, policía estatal y municipal arribara y en un bloque formado por 100 uniformados. Con escudos al frente y con estacas golpearon brutalmente a las y los profesores que se encontraban en la calle, mientras lanzaban gas lacrimógeno a la multitud que opuso resistencia con piedras, palos, botellas y otros objetos para tratar de mantenerse en el lugar del mitin; sin embargo, no fue posible y tuvieron que alejarse del lugar.

ABUSOS A MAESTRAS

Hubo descalabros. Con las lancetas pegaban a la cabeza de las maestras y maestros que caían al piso y allí eran arrastrados a las orillas donde se proferían golpizas y manoseos para las maestras que quedaban en el piso tras el paso del contingente. “¡Me pegaron los granaderos, eran 10, por qué me pegaron tantos?!” decía Rosamaría con la cabeza, la mano derecha y la blusa rota. Ella espalda a la pared quiso replegarse de la embestida y no lo logró. A Rubén Caamaña Lara le tomaron del cuello y estrellaron su rostro en un cristal de una cuando intentaba escapar por un flanco. “¡A dónde crees que vas”!, le dijo un uniformado cuando pretendía salir del cerco y le dejó tirado. Al edificio sindical también lanzaron gases que hicieron que las 3 maestras ocupantes salieran visiblemente afectadas. Entre llantos no sólo provocados por el gas tóxico lanzado, la voz de “¡Levantaron al maestro Maldonado!” era un eco histérico. Gilberto Maldonado Maldonado, líder legítimo de la sección 23 fue derribado, golpeado y llevado al estacionamiento donde se presumía, lo subían a un vehículo.

Poco más tarde, Maldonado, escoltado fuera del cerco, declaraba la capacidad represiva del gobierno de Mario Marín, aún con los labios blancos. “Queda en evidencia el estado de derecho podrido de Marín, golpear a los maestros que sólo defienden la escuela pública. El subsecretario de Gobernación, Jorge Díaz Gil es un títere de Marín pues él había autorizado la toma simbólica acotándola a 10 minutos, pero lo que hizo fue ubicarnos y entregarnos a la policía mientras hablaba de la apertura al diálogo” decía Maldonado mientras trataba de tomar aire. Pasados unos minutos, los profesores se recuperaban de la agresión e intentaba tomar las oficinas alternas de la sección 51 en la calle 9 sur y 3 poniente. En el atrio de la iglesia de Santa Inés se agrupaban cuando fueron sorprendidos nuevamente por un grupo aún más numeroso de agentes. Se dispararon gases lacrimógenos y balas plásticas y cuando los maestros se dispersaban fueron apresados. Por lo menos 36 detenciones fueron contadas con violencia extrema. Destacó la detención de Tamara San Miguel, activista del Nodo de Derechos Humanos quien fue arrastrada hasta una patrulla.

“Estábamos observando los hechos y fuimos golpeados sobre todo en la garganta, nos patearon y nos arrastraron, ya no pude sostener más a Tamara porque me pegaban en los codos. No pude impedirlo, se la llevaron, no sé a dónde”, dijo Eduardo Almeida defensor de Derechos Humanos y pareja de Tamara. Al cierre de esta edición el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla había negociado la liberación de Tamara San Miguel, Itzel Sánchez, integrantes de la Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos. Siguen detenidos los profesores Mariano Rolón, Evaristo Mateo y Manuel Espíndola y 30 profesores más.

Mayoría de agredidos por policías son maestras

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 11 junio 09 (CIMAC).- Organizaciones sindicales y civiles demandarán al gobierno de Puebla, encabezado por Mario Marín Torres, por las agresiones de las que fueron víctimas alrededor de 400 docentes, de los que el 70 por ciento son mujeres, durante la manifestación que realizaron la tarde de ayer en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), impulsada por Felipe Calderón Hinojosa y Elba Esther Gordillo Morales, secretaria vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Así lo informaron hoy en conferencia de prensa, maestras y maestros de la sección 23 y 51 del magisterio poblano, acompañadas por representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de las “secciones democráticas” 22 de Oaxaca, 14 de Guerrero, 18 de Michoacán, docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Unión de Juristas de México.

“Acusamos públicamente al priista Mario Marín Torres y a Darío Carmona, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEPEP) de la represión, los golpes y los abusos que padecimos el día de ayer, por salir a la calle a defender la educación pública”, señaló Alicia Pérez Escalona, profesora de la Sección 23 del Movimiento Democrático Magisterial poblano. Por ello, desde el día de ayer integrantes del movimiento se reunieron con abogados laboralistas para preparar la demanda formal que interpondrán en breve en contra del gobierno del priista Marin Torres, añadió. Pérez Escalona denunció también la desaparición de decenas de maestras y maestros y las detenciones arbitrarias de las que fueron víctimas, a manos de policías municipales, estatales, metropolitanos y judiciales, incluso de personas vestidas de civil, algunas de ellas encapuchadas. Hasta el momento siguen detenidos en la Procuraduría General de Justicia el Estado de Puebla 14 integrantes del movimiento disidente, de los cuales 5 son mujeres: Lourdes Valderrabano, Verónica Jiménez, María de Jesús Herrera, Rosa Isela Hernández y Laura Jiménez Jarquín.

“Fue algo aterrador lo que vivimos ayer en Puebla”, señaló a Cimacnoticias la profesora Alicia Pérez, dedicada a esta labor desde hace 27 años. Y agregó: “salimos del monumento a Juárez, en la ciudad de Puebla, nuestro recorrido fue sobre el Boulevard 5 de mayo, tomamos la avenida de La Reforma y nos fuimos hacia un edificio sindical que ocupan actualmente el profesor Erick Lara (secretario general de la Sección 23, desconocido por las y los disidentes), entraron unos compañeros para tomar las instalaciones momentáneamente, pero se infiltraron los policías para desalojarlos a golpes”. En seguida las y los integrantes del movimiento magisterial se retiraron a la Plaza de la Concordia, a un par de calles del local sindical, y “nuevamente llegaron los granaderos que azotaban sus escudos contra el piso, hacían un ruido que amedrentaba”, describió. Hasta que “nos fueron cercando hacia unas vecindades que hay alrededor de esa plaza y hacia la iglesia de la Concordia, mientras no pararon de aventar gases lacrimógenos, granadas, petardos”. Afortunadamente, dijo, alrededor de 200 maestras y maestros fueron apoyados y protegidos por las monjas del convento que se encuentra en la iglesia. “Ellas nos ocultaron porque los granaderos estaban cercando la iglesia y no teníamos hacia donde correr.

Ahí tuvimos que reprimir el llanto, guardar silencio, realmente fue muy aterrador”, relató Pérez Escalona, quien a unas horas de la represión en Puebla aún luce consternada al narrar el suceso. El saldo de heridos que arrojó la confrontación entre las policías poblanas y el magisterio aún no se define, se habla de alrededor de 30 maestras y maestros, pero Alicia Pérez asegura que fueron decenas de mujeres y hombres, incluso niñas y niños, quienes resultaron lesionados.

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México dirá si acata recomendación de ONU sobre fuero militar

El jueves, como parte del EPU

Por Lourdes Godínez Leal

México DF, 9 junio 09 (CIMAC).- El Estado mexicano se ha negado a aceptar 8 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se encuentra sesionando en Ginebra, Suiza, como parte del Examen Periódico Universal (EPU) y que tienen que ver con el fuero militar, para que los casos de violación a derechos humanos cometidas por militares sean investigados por la justicia civil y no la militar.

Así lo denunciaron hoy en conferencia de prensa organizaciones mexicanas con trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos como la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT); el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre otras, quienes señalaron que será el jueves 11 de junio cuando el Gobierno mexicano informe si las acatará o no.

Edgar Cortéz, de la RTDT, precisó que de las 91 recomendaciones hechas a México por los países miembros del Consejo de la ONU, únicamente 83 se aceptaron, mientras que 8 quedaron pendientes, entre las cuales está la referente al fuero militar.

Las recomendaciones insisten en que se asegure la primacía de la jurisdicción civil sobre el sistema de justicia militar, en los casos de violación a derechos humanos.

Cabe recordar que el Consejo de Derechos Humanos estableció en 2007 el EPU como un mecanismo para evaluar el cumplimiento de los convenios internacionales que sus países miembros han signado en materia de derechos humanos.

La evaluación, explicó Cortéz, se basa en la información que aporta el Estado evaluado, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH), así como los informes de la sociedad civil.

En septiembre de 2008, las ONG mexicanas enviaron a la OACNUDH un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El 10 de febrero de este año, el Estado mexicano presentó su informe ante el Consejo a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. El informe final fue presentado el 13 de febrero, elaborado por un grupo de trabajo integrado por Sudáfrica, Nicaragua y Pakistán.

Será el próximo jueves 11 de junio, cuando el Estado mexicano informe ante el pleno de este Consejo si acepta el total de las recomendaciones hechas por éste, mientras que las organizaciones civiles podrán intervenir en la sesión para cuestionarlo sobre qué acciones llevará a cabo.

JUSTICIA MILITAR

Edgar Cortéz enfatizó que México ha recibido alrededor de 800 recomendaciones en materia de derechos humanos y recordó que las primeras fueron hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pese a la insistencia de este organismo, con estatus consultivo en la OEA, y de otros como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y de la ONU para que termine con la impunidad militar, el Estado mexicano ha sido omiso, reiteró Cortéz.

En este sentido, cabe recordar que los casos de violación sexual perpetrada por militares a mujeres indígenas como el de las hermanas tzeltales (González Pérez) en junio de 1994 en Chiapas y el de las tlapanecas Valentina e Inés, cometidas en 2002, se encuentran actualmente en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para el caso de las tzeltales, como lo ha reportado esta agencia de noticias, la CIDH emitió una recomendación desde 2001 para reparar el daño a las hermanas González Pérez y para que éste sea trasladado a la justicia civil, sin que a la fecha el Estado mexicano la haya acatado.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que a pesar de que México ha recibido múltiples visitas de relatoras y relatores de Derechos Humanos, sus recomendaciones no se han traducido en una verdadera política de derechos humanos ni en una prioridad para los gobiernos en turno.

Otras preocupaciones manifestadas por las organizaciones ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, ayer en Ginebra, tienen que ver con las amenazas contra las y los defensores de derechos humanos; los atentados contra la libertad de expresión y los asesinatos contra periodistas y las regresiones que se están dando en el país en materia de derechos sexuales y reproductivos.

En este sentido, organizaciones civiles con trabajo en el tema denunciaron ante la ONU la oleada de reformas a las constituciones locales en 13 entidades de la República Mexicana que han otorgado personalidad jurídica al embrión y que criminalizan el uso de anticonceptivos y la Anticoncepción de Emergencia.

Otro tema expuesto ante el pleno del Consejo fue el feminicidio que ha sido motivo de 292 recomendaciones internacionales al Estado mexicano, según ha informado en su oportunidad, la CMDPDH.

Las ONG manifestaron que pese al profundo activismo que el Estado mexicano ha hecho al exterior en materia de derechos humanos, éste no ha podido concretar un Programa Nacional ya que el tema no es su prioridad.

El caso de doña Jacinta, ejemplo de discriminación a indígenas

Denunció Centro Prodh ante la ONU
De la redacción

México DF, 9 junio 09 (CIMAC).- Ante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización no gubernamental con estatus consultivo roster, expresó su preocupación por la discriminación que afecta a los pueblos indígenas de México, ejemplo de lo cual es lo ocurrido con la señora Jacinta Francisco Marcial, una mujer indígena del pueblo otomí acusada de secuestrar a elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

El pronunciamiento ocurrió durante la XI sesión del Consejo, órgano intergubernamental que forma parte del sistema de las Naciones Unidas y que está compuesto por 47 Estados Miembros responsables del fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo, donde el Centro Prodh consideró como ejemplo paradigmático el caso de la mujer indígena, madre de seis hijos y vendedora de nieve y aguas frescas en el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, población mayoritariamente indígena y vive en condiciones extremas de marginación.

Relató el Centro Prodh que en marzo de 2006 elementos de la Agencia Federal de Investigación llegaron al municipio y despojaron de sus mercancías a diversos comerciantes de la comunidad. Los pobladores exigían que se les devolviera sus bienes y los agentes acordaron indemnizarlos.

Sin embargo, en represalia por el hecho de que los pobladores demandaran un cese a los abusos de los agentes feerales, éstos detuvieron a doña Jacinta Francisco Marcial y dos mujeres más de la comunidad, acusándolas falsamente y sin fundamento alguno de haberlos secuestrado.

Tras un proceso judicial caracterizado por una falta total de pruebas en su contra, por contradicciones en las declaraciones de los agentes estatales y en el cual doña Jacinta no contaba con el auxilio de un intérprete, se dictó le dictó una sentencia condenatoria a de 21 años de prisión y 90 mil pesos de multa, a pesar de existir diversas testimoniales que confirmaban que ella no había participado en ningún acto ilícito y que no estuvo presente en el diálogo con los agentes.

En la apelación, el magistrado reconoció en su resolución que existen “contradicciones sustanciales” en los testimonios de los agentes federales que dicen haber sido “secuestrados” por la señora Jacinta. No obstante, no absolvió sino que optó por reponer el proceso penal regresándolo al mismo juez que ya la había condenado, manteniendo a Jacinta en la cárcel, donde se encuentra desde casi tres años.

Para el Centro Prodh, este caso es paradigmático de la vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente a las deficiencias del sistema de justicia vigente. Son las mujeres indígenas quienes sufren con mayor intensidad los fenómenos de exclusión y marginación del sistema de justicia, al presentarse en sus casos una triple discriminación: por ser indígena, ser mujer y ser pobre.

Es común, para poner solo un ejemplo, dijo el Centro Prodh, que una persona indígena procesada penalmente no tenga un intérprete. El caso pone de relieve los cada vez más frecuentes mecanismos tendentes a la criminalización de las acciones en las que colectivos son afectados por la acción u omisión del Estado.

Se trata, en efecto, de una respuesta punitiva, excesivamente intensa, frente al reclamo por el pago de los daños causados a los bienes de los pobladores de la zona, consideró el Prodh ante el Consejo.

Ante estas circunstancias, dijo, aparece con claridad cómo el Estado Mexicano ha intensificado las acciones represivas en contra de las más mínimas muestras de descontento popular o protesta contra las acciones de los agentes estatales, con consecuencias graves para las poblaciones más marginadas en México, como son las personas indígenas.


09/GG

Entregan a CoIDH últimos documentos de Campo Algodonero

OCNF y OMCT esperan condena al Estado mexicano

Por Nancy Betán Santana

México DF, 3 junio 09 (CIMAC).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) entregaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), máximo órgano de justicia en la región, los últimos documentos donde expresan su postura en torno al asesinato de tres mujeres en Campo Algodonero, primer caso de feminicidio por el cual el Estado mexicano está siendo juzgado por esa instancia, que emitirá una pre-sentencia en agosto próximo.

Dicha documentación contribuirá con información para que la Corte decida si el Estado mexicano es o no responsable por la violación y asesinato de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Al cuerpo de documentos entregado se le denomina Amicus curiae (amigo de la corte o del tribunal) y contiene las opiniones y recomendaciones que realizan terceras personas ante un litigio. Habitualmente se presentan en juicios donde se pone en juego uno o varios derechos fundamental es de las víctimas, principalmente sus derechos humanos.

VIOLENCIA E IMPUNIDAD INSTITUCIONAL

Es común que quienes entreguen el Amicus curiae sean organizaciones civiles importantes, como en este caso donde la OCNF y la OMCT se han unido a las madres de las víctimas para lograr justicia, y los documentos pueden no tener carácter legal, con el fin de que ofrezcan un panorama histórico, económico o sociológico más amplio del caso.

En su Amicus curiae, el OCNF relata el contexto de violencia e impunidad imperante en Ciudad Juárez, Chihuahua, que originó la creación de dicho organismo, como respuesta a la insuficiente atención de las instancias gubernamentales ante esta situación.

Además, indica la irresponsabilidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Mujer de Chihuahua, la cual, de acuerdo a sus observaciones, ha omitido en los casos de feminicidio su deber legal de ofrecer alternativas para una correcta integración de las averiguaciones previas y, por ende, una apropiada investigación.

Asimismo, el Observatorio explica que hay una fuerte intención política de la Fiscalía por minimizar la problemática del feminicidio, pues hace uso de su facultad discrecional para determinar que no existe tal fenómeno en el estado, ocultándolo con términos penales poco o nada relacionados con la violencia sistemática que conforma el feminicidio.

A esto se agrega, manifiesta el OCNF, el no acceso de la ciudadanía a la información generada por las investigaciones de los casos, por lo que es imposible cotejar las fuentes y la consistencia en los datos manejados por la Fiscalía.

El Observatorio brinda como ejemplo de esto los informes emitidos por la Fiscalía hace cuatro años, los cuales dieron por concluidas las investigaciones en torno a los feminicidios de 1993 a 2005, aun con todas las inconsistencias registradas durante esos 12 años.

Con esos argumentos, subraya el OCNF, el Estado mexicano informó a los organismos internacionales que atrajo al fuero federal 24 casos contenidos en 14 averiguaciones previas, esto es, que el Ejecutivo Federal realizaría investigaciones ministeriales sobre dichos casos, entre los cuales se hallaba el de “Campo Algodonero”.

Sin embargo, el 30 de junio de 2006 dichos expedientes fueron regresados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua sin explicación pública ni resultados en la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR). Es decir, concluye el Observatorio, no hay un solo caso de feminicidio que esté siendo investigado por el fuero federal actualmente.

ESTADO NO GARANTIZA DERECHOS

Por su parte, la OMCT en conjunto con la organización civil Track Impunity Always, asentó en su Amicus curiae, entregado el domingo pasado, la importancia del derecho a la integridad personal y a la protección de la honra y la dignidad, derechos que, acentúa firmemente, no fueron garantizados por el Estado mexicano en el caso de las víctimas de Campo Algodonero.

La OMCT subraya la presencia del derecho a la integridad personal en varios instrumentos nacionales e internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y reconoce que las mujeres son la población más propensa a ser violentadas en este derecho, por el simple hecho de tener sexo femenino.

A este respecto, expresa que los Estados tienen la obligación de prestar especial atención a esta problemática y de tomar medidas efectivas para erradicarla por medio de la prevención, la investigación y el castigo. Campos en los que México seguirá presentando irregularidades de no implementar políticas públicas contundentes para erradicar la violencia contra la mujer.

La Organización acota además que la violación sexual ejercida contra una mujer (reconocida por el derecho internacional como un acto de tortura) y otras agresiones sexuales graves, como las sufridas por la mayoría de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, constituyen un comportamiento prohibido por la Corte.

Debido a esto, México tiene que ser castigado por ser el principal responsable de las violaciones y asesinatos de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice.

Finalmente, dice la OMCT, la Corte debe tomar en cuenta, como siempre lo ha hecho, que las víctimas del caso Campo Algodonero son todas mujeres y, de acuerdo a su perspectiva sensible al género femenino, la indemnización de los daños debe ser suficiente, o incluso mayor, por el daño inmaterial ocasionado a las familias de las tres jóvenes.

Nueva Comisión sobre violencia, pantalla para la impunidad: OCNF

Que comparezcan titulares de Segob y Comisión para Juárez

De la redacción

México DF, 3 junio 09 (CIMAC).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ve con preocupación que se deleguen las atribuciones establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre ellas la Declaratoria de Alerta de Género, a la recién creada Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Se trata, señala el Observatorio en un comunicado, de una comisión que en sus inicios, bajo el nombre de Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, trabajó limitadamente y no cumplió con las expectativas ante la gravedad del aumento del feminicidio. De acuerdo al OCNF de enero de 2007 a diciembre de 2008, se registraron más de 1 mil 250 casos de feminicidio en 13 entidades federativas.

La nueva comisión, afirma el Observatorio (conformado por 43 organizaciones en 17 estados del país), es una acción más del gobierno para simular, invisibilizar y desaparecer en los hechos todos los mecanismos de verificación, seguimiento y protección a los derechos humanos de las mujeres, por lo cual solicita a la Cámara de Diputados que llame a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación y a María Sofía Castro Romero, Comisionada para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en la misma Secretaría, para efecto de realizar la rendición de cuentas sobre los resultados de la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.

El decreto por el que se creó la nueva Comisión, publicado el pasado 1 de junio en el Diario Oficial de la Federación, la define como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), que tendrá competencia en todo el territorio nacional y atenderá de manera transversal el mandato señalado por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Es, en suma, señala el comunicado del Observatorio, una ampliación de la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, lo que resulta sorprendente “cuando en 2007, a través de diversos intentos de la Segob, se pretendía transferir y minimizar las atribuciones de la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, fuera de las obligaciones de la misma Secretaría”.

Sin embargo, a solicitud de diversas organizaciones que pidieron la no movilidad de dicho órgano, éste permaneció dentro de la Secretaría sin operancia alguna. Cabe destacar, agrega el texto, que la Secretaría de Gobernación negó en diversas ocasiones el diálogo con las organizaciones civiles, las cuales exigían los resultados de la Comisión de Juárez.

PESE AL EPU, ESTADO NO RESPONDE

Para el Observatorio es también alarmante que después de las declaraciones vertidas por el Estado mexicano en el Examen Periódico Universal (EPU), y de las 14 recomendaciones emitidas por el Consejo General de la ONU al Estado en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, se sigan creando instancias con el único objetivo de alargar procesos y hacer mecanismos ineficaces, que nada tienen que ver con la protección de los derechos humanos de las mujeres.

Es evidente, señala, que la estrategia de generar instituciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, como la Comisión de Juárez, ha fracasado al no tener los resultados esperados.

Así mismo, el OCNF exige a las instituciones federales el cese de la creación de organismos que sólo aletargan el cumplimiento de la obligación del Estado para proteger la vida y los derechos humanos de las mujeres, e insta al Estado al cumplimiento expedito y eficaz de los mecanismos contemplados para proteger la vida y seguridad de las mujeres. “Los derechos de las mujeres no son trámites burocráticos, el Estado tiene la obligación de respetarlos y protegerlos”.

MEXICO: En el país, encarcelan a mujeres por interrumpir el embarazo

En Guanajuato, más de 130; en BC 90 y 30 en Sonora

Por Candelaria Rodríguez/corresponsal

Tuxtla, Gtz., Chiapas, 3 junio 09 (CIMAC).- La abogada Martha Figueroa Mier, del grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, advirtió que las mujeres que interrumpen su embarazo están siendo encarceladas en varias entidades del país.

Así pasó ya con una mujer en Tapachula, Chiapas, quien fue encarcelada por interrumpir su embarazo, en tanto que en Guanajuato se registran más de 130 mujeres presas, 90 en Baja California y 30 en Sonora, señaló.

Ante ello, la feminista hizo un llamado a las mujeres chiapanecas a estar pendientes sobre los cambios en las legislaciones con respecto al tema del aborto, “no nos vaya a dar un susto”, pues en 13 entidades del país han reformado su Constitución para impedir la interrupción legal del embarazo (ILE) bajo el argumento de “proteger la vida desde el momento de su concepción (sic)”, con lo cual se criminaliza no solo la ILE sino también métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino (DIU) y la anticoncepción de emergencia (PAU).

El último estado en que esto ocurrió fue San Luis Potosí, pues la modificación a la Constitución implica que el óvulo fecundado adquiere derechos jurídicos como persona, ignorando los derechos de la mujer. Así que quien interrumpa un embarazo se considera delincuente.

Martha Figueroa advirtió lo anterior en el marco de una reunión donde se dieron cita mujeres de diversas agrupaciones feministas (ddesser, Construyendo oportunidades) para reflexionar sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemoró el pasado 28 de mayo.

Figueroa Mier dijo que se están juzgando los casos sin importar si la interrupción del embarazo es voluntaria o inducida. La mujer, dijo, se va a la cárcel en la mayoría de estos estados donde ya está prohibido el aborto.

Es una falsedad jurídica anteponer el derecho a la vida y el derecho a la libertad de las mujeres, señaló. Los estados están aumentando la pena y son leyes que no cumplen su función, porque si de verdad quieren proteger la vida, tendría que proteger la de las mujeres, que mueren por abortos clandestinos.

Hay más abortos, más mujeres muertas por la criminalización de las mujeres y que ese está siendo el costo de estos tiempos legislativos, tiempos políticos, donde el se está tomando incluso como bandera electoral, acusó.

Pidió a las mujeres presentes en la reunión seguir de cerca el papel que juegan las y los candidatos respecto al tema, porque los derechos sexuales y reproductivos son nuestros, nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, dijo.

Señaló también la necesidad de estar atentas a estas políticas, “hay que impedir que avancen y hacer estrategias”. Añadió que en Chiapas se debe también luchar para que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia incluya la violencia feminicida, pues ésta sigue en aumento, que se inyecten recursos y se deje de gastar en publicidad.

Que realmente, concluyó, haya una campaña a favor de nuestras vidas, de nuestros derechos y la estrategia es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

México, evidenciado ante Naciones Unidas por impunidad en Atenco

Usa tortura sexual como represión para las mujeres

Por Lourdes Godínez Leal

México DF, 3 junio 09 (CIMAC).- Las violaciones sexuales cometidas contra las mujeres de San Salvador Atenco, Estado de México, y la impunidad en torno a ellas continúa evidenciándose en el plano internacional, esta vez en la sesión interactiva del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CoDH), donde organismos defensores de derechos humanos acusaron a las autoridades mexicanas de ser omisas para la impartición de justicia.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) informó en un comunicado que su directora del Área de Relaciones Internacionales, Madeleine Penman, leyó este día un pronunciamiento durante las sesiones interactivas del Consejo de la ONU, específicamente ante la Relatora Especial contra la violencia contra la Mujer, Yakin Ertürk.

En el pronunciamiento, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Foro Asia-Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo (APWLD por sus siglas en inglés) conjuntamente con el Prodh, hicieron un llamado a la justicia por el caso Atenco, al que calificaron como un caso paradigmático “que evidencia cómo en México se usa la tortura sexual como herramienta de represión para las mujeres”.

Acusaron a las autoridades mexicanas de no haber hecho ninguna consignación por los abusos sexuales y violaciones cometidos por elementos policíacos de San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, contra 26 de las 47 mujeres que fueron detenidas durante los operativos policíacos para desalojar al campesinado que comerciaba flores en la localidad.

Asimismo, que a tres años de los hechos y de haber denunciado ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra), ésta tampoco ha actuado conforme a sus funciones, pese a contar con elementos suficientes para consignar a los presuntos responsables de estos abusos.

Tampoco, dijo la responsable de las cuestiones internacionales del Prodh, se han acatado las recomendaciones hechas sobre el caso por el Comité contra la Tortura (CAT) y el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Cabe recordar que la primera recomendación internacional hecha al Gobierno mexicano fue a cinco meses de realizados los operativos, en octubre de 2006, por el CAT, quien reconoció a través del Protocolo de Estambul, la existencia de tortura señalando al Estado mexicano como responsable de ejercerla, por lo que consideró que era su “obligación” reparar el daño en todos los niveles de las víctimas y sus familias.

El mismo delito de tortura fue reconocido también en los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), en junio de 2006, donde señalaban la existencia de ésta durante los operativos para desalojar a los floristas mexiquenses.

Otros organismos internacionales de derechos humanos y el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Amnistía Internacional (AI), la ONU, han pedido en reiteradas ocasiones al Estado mexicano castigo para los responsables y justicia para las mujeres.

Asimismo, las expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reunidas en agosto de 2006, exigieron al Gobierno mexicano otorgar a la entonces Fevim, presidida por la ex fiscal Alicia Elena Pérez Duarte, la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco.

No obstante, tres años después, la Fevim desapareció, su titular renunció y la ahora responsable de Fevimtra, Guadalupe Morfín Otero, ex comisionada de la Comisión especial encargada de investigar el feminicidio en Ciudad Juárez, ha evadido reunirse con las mujeres, argumentando que tiene que hacer una nueva revisión del caso.

Por ello, recordó Penman ante el Consejo de la ONU, el Prodh asumió la defensa legal de 11 mujeres que en abril de 2008 presentaron su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea admitida y así obtener justicia.

Reiteraron ante el pleno del Consejo que, a más de tres años de ocurridos los hechos, la justicia permanece ausente para las mujeres violadas por policías, ya que de los 20 procesados sólo algunos fueron acusados por delitos menores como abuso de autoridad y actos libidinosos, por lo que no purgaron condenas en la cárcel al obtener su libertad bajo caución mientras que quienes ordenaron el operativo permanecen en la impunidad.

Ante este panorama, hicieron un llamado a la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, para que visite próximamente nuestro país y conozca de primera mano los hechos.

09/LGL/GG

México: Promotores de justicia para Atenco visitan a presos en Molino de Flores
Integrantes del comité llamaron a realizar acciones civiles y pacíficas en demanda de un proceso legal y la libertad de los presos, en una 2º etapa de la campaña Libertad y Justicia por Atenco.

Javier Salinas Cesáreo La Jornada

-->Ana Francis Mor, Rubén Albarrán (atrás), Adolfo Gilly y Daniel Giménez Cacho, entre otros, afuera del penal de Molino de Flores, en Texcoco

Texcoco, Méx., 29 de mayo. Cuatro integrantes del Comité Libertad y Justicia para Atenco visitaron a los nueve simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) recluidos en el penal Molino de Flores, para constatar su estado físico y exigir su libertad, “porque son presos políticos del Estado mexicano” y se encuentran confinados “por razones estrictamente políticas”.

El académico e historiador Adolfo Gilly, el vocalista de Café Tacuba Rubén Albarrán, el actor Daniel Giménez Cacho y la actriz Ana Francis Mor se entrevistaron y convivieron por más de dos horas con los nueve internos, sentenciados por secuestro equiparado a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión.

De su voz escucharon la historia de su detención, cómo viven su condición actual y algunas anécdotas.

“Lo que más nos ha interesado es su situación en la cárcel y hablaron con libertad con nosotros; no están en situación particularmente dura. Las autoridades, lo que nos dijeron los presos, no se muestran particularmente duras con ellos; están juntos, están en situación bastante incómoda, pero dentro de lo que cabe los malos tratos aquí no han seguido.

“Debo decir que los vimos optimistas; cada tanto les viene, como a todos los presos, un golpe de tristeza, pero no fue el día de hoy. Nos contaron sus oficios, acá algunos pueden seguir trabajando, los que son artesanos, algunos de ellos escriben, otros tocan música; así se han organizado para vivir estos días de injusta y bastante dura prisión”, narró Gilly después de charlar con los simpatizantes del FPDT.

Los cuatro integrantes del comité llamaron a la sociedad civil nacional e internacional a realizar acciones civiles y pacíficas en demanda de un proceso legal y la libertad de los presos, como parte de la segunda etapa de la campaña Libertad y Justicia por Atenco.
No son delincuentes

“No se puede concebir cómo los han acusado de un delito cometido un día después de su arresto, por mencionar algunas de las incongruencias que están ahí y que son tan evidentes.

“Sí, son tan evidentes e incongruentes que el hecho de que estén presos nos está diciendo que hay otros intereses y que hay un afán de manipular la justicia en favor de la autoridad, del Poder Ejecutivo del estado de México, que encabeza Enrique Peña Nieto.
“Ellos no son delincuentes, no cometieron delito alguno; tampoco son presos comunes, son presos políticos del Estado mexicano”, señaló Giménez Cacho.

A su vez, Rubén Albarrán expresó: “Vamos a lograr que esta situación que estamos viviendo se esfume, se deshaga, que no siga sucediendo en nuestras mentes. Frente a este momento van a salir, la palabra crea y ellos son libres, no tienen por qué estar allá adentro. Es totalmente injusto para ellos, incomprensible. Vamos a lograr que sean liberados, que la verdad salga a luz, que esté en boca de todos y que se diga: no es cierto que son culpables”.

Los cuatro dieron a conocer una declaración del Comité Libertad y Justicia para Atenco en la que denuncian que el gobierno mexiquense restringió y limitó el acceso al penal a la totalidad de quienes lo solicitaron.

Asimismo, reiteraron su llamado a los gobiernos federal y estatal a trasladar lo más pronto posible al penal Molino de Flores a Ignacio del Valle y a Felipe Álvarez, y al Reclusorio Sur, a Héctor Galindo; los tres actualmente recluidos en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano.

También este viernes los abogados defensores de los presos del penal Molino de Flores promovieron un amparo directo en contra de la ratificación de la sentencia condenatoria de 31 años, 10 meses y 15 días para los simpatizantes del FPDT que hizo la segunda sala colegiada del penal de Texcoco.

Espinosa y Medina Mora deben comparecer por caso Sucumbíos

Extradición de sociólogo, ¿preámbulo para Morett?

Por Gladis Torres Ruiz

México DF, 26 mayo 09 (CIMAC).- Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores, y Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, deben comparecer ante la Cámara de Diputados para explicar sus omisiones en el caso de Verónica Velázquez, Juan González, Fernando Franco y Soren Avilés, asesinados durante un ataque del Ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicado en Ecuador, donde se encontraban de visita de estudios junto con Lucía Morett, la única sobreviviente.

Afirmó lo anterior Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limddh), durante el Foro: “Extradición: El caso de la estudiante Lucía Morett”, realizado hoy en San Lázaro, quien agregó que la ilegal detención en el Instituto Mexicano de Migración (INM) y posterior expulsión del país del sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, a quien se acusa de tener “fuertes” vínculos con las FARC, es “preámbulo de lo que puede suceder en el caso de Lucía”.

Morett, ahora candidata a diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), fue testiga y víctima de la masacre perpetrada por el gobierno de Colombia el 1 de marzo de 2008, a partir de lo cual se siente perseguida, declaró: “hay una campaña mediática en mi contra señalándome como si fuera una criminal, soy una estudiante, soy testiga y víctima del ataque ocurrido en Sucumbíos, no soy terrorista, ni tampoco mis cuatro compañeros asesinados en el ataque”.

Ramírez agregó que el 3 de noviembre del año pasado se presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra Álvaro Uribe, presidente de Colombia y en contra también de quien ejecutó el operativo donde murieron tres mexicanos y sobrevivió Lucía Morett, pero hasta hoy no se ha iniciado ninguna protección.

EJECUTORES DE MASACRE DEBEN SER DETENIDOS

Solicitó Ramírez, “en apego del Artículo 4 del Código Federal Penal”, que la PGR vigile la aplicación de dicha norma y que en el momento de que alguno de los ejecutores de la masacre en el Ecuador pise territorio mexicano dé inició la orden de detención inmediata, por delitos cometidos contra mexicanos en el exterior.

“La sociedad civil deberá estar atenta para cuando esto suceda y exigir que esta acción se realice”, dijo. “Estamos viviendo en México un clima de represión política, en contra de la movilización social. El hecho de estar en un lugar, no te hace responsable de los hechos y de los delitos”.

Y explicó que con las acciones de Uribe, como la extradición del estudiante colombiano, lo que se busca por todos los medios posibles es la legitimación de su estancia en el poder, sin que le importe el costo, mucho menos las consecuencias, apoyado por el Gobierno mexicano y el de los Estados Unidos.

“Uribe se quiere reelegir por tercera vez, contraviniendo su propia constitución y lo que necesita son cartas para que “muestre” que su gobierno está funcionando, a pesar de que 25 legisladores de su congreso son investigados por temas referentes al narco y guerrilla, subrayó Adrián Ramírez.

EXTRADICIÓN IMPROCEDENTE

En el foro estuvieron presentes integrantes de la Asociación de Padres y familiares de las Víctimas de Sucumbíos; Jorge Morett, padre de Lucía; integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) defensoras de los derechos humanos; el Catedrático y candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a diputado Juventino Castro y Castro, así como legisladores de éste instituto político.

Todas y todos coincidieron en señalar que la extradición contra Morett es improcedente, ya que en el expediente no existe ninguna prueba que acredite algún delito de los que se le acusa a la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Son “pruebas ineptas“, en un documento de mil 500 hojas no existe ni siquiera indicio para responsabilizarla.

“Es improcedente por la debilidad misma de la acusación, se le esta acusando de un delito político—mismo que no existe—y las extradiciones que se piden por estos tipos de delitos proscriben, por lo que la SRE, esta obligada a negar la extradición, señalaron.

Los especialistas subrayaron que se está tratando a la mexicana como delincuente, cuando ella es víctima, condenándola a vivir en un estado de incertidumbre. Y se le ha acusado de terrorista, sin que hasta el momento se le haya citado a declarar, negándole la oportunidad de defenderse.

DEBEMOS IMPEDIR LA EXTRADICIÓN

“Ante un gobierno que no respeta los derechos humanos, afirmó Enrique González Ruiz, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la UNAM, tenemos que impedir que el Estado entregue a Lucía, situación que se tronará difícil, ya que la decisión de que sea extraditada o no está en manos del Ejecutivo”.

Es realmente preocupante que la extradición quede en manos de Felipe Calderón, quien ha extraditado “fast track”, sin que se compruebe la culpabilidad, incluso sin que los gobiernos se lo pidan. “El entreguismo que ha mostrado nos da señales de alerta, tenemos serios motivos para estar preocupados”, dijo el académico.

La expulsión de Beltrán Villegas del territorio mexicano y su envió a las manos de un violador de los derechos humanos llamado Älvaro Uribe nos muestra claramente el panorama de colaboración que existe entre dos regimenes que sólo buscan legitimar su permanencia en el poder al costo que sea necesario, coincidieron los participantes del Foro.

LUCIA, SOBREVIVIENTE Y PERSEGUIDA

Desde sus primeras declaraciones, Morett ha señalado que ella fue testiga y víctima de una masacre perpetrada por el gobierno de Colombia. “Hay, dijo el 3 de marzo del año pasado, una campaña mediática en mi contra señalándome como si fuera una criminal, soy una estudiante, soy testiga y víctima del ataque ocurrido en Sucumbíos, Ecuador, el 1 de marzo de 2008, no soy terrorista, ni tampoco mis cuatro compañeros asesinados en el ataque”.

Las y los asistentes al foro agregaron que es urgente detener la criminalización de la única sobreviviente mexicana de la masacre.

Pretenden extraditar a Lucía, explicaron las y los asistentes al foro, porque ella es víctima de una acción ilegítima e ilegal del Estado colombiano en territorio ecuatoriano y este acto violó la soberanía de Ecuador, propició el rompimiento de relaciones diplomáticas y dejó impunes a los perpetradores.

"No corras... pon las manos en la cabeza"

MARCELA TURATI
A la una de la mañana del 5 de abril pasado, en Torreón, Coahuila, dos médicos veterinarios salieron al Oxxo de la colonia a comprar agua y no volvieron a ser vistos. A medio camino, entre la casa y la tienda, fue encontrada la camioneta donde viajaban: estaba abierta, baleada, con los asientos manchados de sangre y 40 casquillos percutidos en los alrededores.De los tripulantes -Juan Pablo Alvarado Oliveros e Isaías Uribe Hernández- nada se sabe hasta ahora."Hallan tras intenso tiroteo camioneta baleada y con rastros sanguinolentos"; "Rafaguean una vivienda y vehículos en Cd. Nazas"; "Denuncian la desaparición de médicos veterinarios", y "Buscan a heridos de balacera tras ser detenidos por soldados", fueron los encabezados de los periódicos locales que difundieron la información.

Los vecinos de la calle Sierra España, colonia Ciudad Nazas, en Torreón, no aportaron mayores datos a la prensa. "No nos asomamos, duramos mucho tiempo debajo de la cama, después nos dormimos", dijo una mujer al diario Express.Sin embargo, las indagaciones que dice haber hecho la familia Alvarado Oliveros apuntan a que Juan Pablo fue "levantado" y "desaparecido" por miembros del Ejército. Vecinos del lugar les comentaron que los protagonistas de la balacera iban a bordo de camionetas militares y que una de ellas tenía "una metralleta en la batea". "¡No corras, cabrón, pon las manos en la cabeza!", fue el grito que alcanzó a escuchar esa noche uno de los vecinos -quien no quiso acudir a declarar-, según se lee en la denuncia que la familia levantó en la delegación de la Procuraduría General de la República en Coahuila.

La familia, originaria de Tuxtepec, Oaxaca, tiene su propia explicación de lo sucedido:"Al parecer mi hermano se percata de que estaban levantando gente en la calle, y creo que se le hizo fácil arrancarse porque estaba a cuatro cuadras de la casa, para tratar de refugiarse, pero empiezan a abrir fuego y los impactan de frente. Creemos que al amigo que iba de copiloto le dieron en la cabeza porque ahí quedó la sangre salpicada en el asiento", dijo Gaspar Alvarado, hermano del veterinario.El joven, que vive en Xalapa, llegó a las instalaciones de Proceso para denunciar lo sucedido y mostrar copias de las denuncias presentadas (en las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, en la delegación estatal de la PGR, ante el juez primero de Distrito en La Laguna, en la Presidencia de la República, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y en la Secretaría de la Defensa Nacional).

También aportó copias de los diarios donde se dio cuenta del "levantón" o "detención" de su hermano."Desde el 5 de abril no sabemos nada de él. Hemos ido cuatro veces al XXIII Batallón de Coahuila a pedir información y los soldados dicen que no tienen gente, pero los vecinos aseguran que vieron en la balacera muchos camiones militares. Nosotros queremos ver dónde lo tienen, en qué condiciones", dijo en entrevista."Hubo una ocasión en que nos atendió en el XI Batallón uno que se presentó como 'capitán David', pero en su camisa tenía las letras 'JRodríguezR'.

Nos dijo que no levantaron gente, que no tenían a nadie, pero agregó una frase que nos inquietó: 'Tengan paciencia'. Sacamos la conclusión de que quizá lo piensan liberar. Lo más seguro es que lo tengan golpeado, herido, y si el otro muchacho se les murió, lo más seguro es que a mi hermano no lo quieren dejar libre para que no hable."En la CNDH prometieron a Gaspar que un visitador viajaría a La Laguna para investigar lo ocurrido porque de esa región "tienen varias denuncias". Una nota publicada el 13 de mayo en El Siglo de Torreón afirma que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya investiga las dos desapariciones, y que la esposa de Isaías Uribe -el veterinario que viajaba en el asiento del copiloto- tuvo un parto prematuro y perdió al bebé por la situación angustiosa que vive.Ambas familias se quejan de que, en un principio, la PGR no quiso aceptar sus quejas.

El argumento: que eran de competencia del estado de Coahuila. Las autoridades locales también las rechazaron por considerarlas de competencia federal."Fuimos a la Sedena a solicitar una audiencia, y me dijeron que en un plazo de 30 a 60 días me contestan", señaló Gaspar a la reportera después de haber recorrido varias oficinas de gobierno en busca de su pariente.En el paquete que entregó a este semanario se halla uno de los carteles que la familia ha pegado en las calles de Torreón, donde se ve la foto de su hermano, vestido con camisa blanca, y los siguientes datos: estatura aproximada: 1.66 mts.; complexión: delgada; color de ojos: café obscuro; edad: 30 años; señas particulares: cicatriz en brazo izquierdo a la altura del codo de aproximadamente 5 cms., y lunar negro y grande en la espalda a la altura de la columna vertebral.

"Esta es su foto. Él y su amigo trabajaban en el laboratorio de investigación animal Romarse, después de haber estudiado la carrera juntos hace unos ocho años", explicó al mostrarla.El paquete contiene así mismo copias de recortes de periódicos locales donde se denuncian abusos de militares, en cuyos encabezados se lee: "Militares agreden a 50 tablazos a albañiles"; "Militares agreden a civiles con golpiza"; "Ciudadano acusa a militares de 'levantarlo' y torturarlo: también fue violado con un objeto de plástico", y "Militares 'abusan' de él". Siete semanas después de la desaparición de Juan Pablo, Gaspar puntualiza: "Lo único que pedimos es que nos devuelvan a mi hermano, si está vivo; o si se les pasó la mano, que nos digan dónde lo podemos encontrar para darle cristiana sepultura". -¿Tu hermano tenía nexos con narcos? -Nada, nada.

Él es una persona honrada, honesta. Se rumora que lo confundieron con un narcomenudista que tenía una camioneta de la misma marca y color que la que él usaba de la empresa, y que vivía en esa colonia. Lo que se me hace más raro es por qué el Ejército les abrió fuego si no traían armas...

MEDIOS PERIODISTA DESAPARECE EN VERACRUZ CONDENA ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS EL ASESINATO DE ELISEO BARRÓN

27/05/2009 a las 1:46 pm

NOTA ANTERIOR, UNAFUENTE EN TIEMPO REAL: SIP CONDENA ASESINATO EN DURANGO CNDH ABRE EXPEDIENTE POR PERIODISTA ASESINADO GOBERNADOR DE DURANGO LAMENTA ASESINATO DE REPORTERO DEL 2008 A LA FECHA HAN SIDO ASESINADOS 14 PERIODISTAS

EL UNIVERSAL informa que el periodista y columnista veracruzano Fidel Pérez Sánchez fue reportado como desaparecido desde ayer, por lo que sus familiares presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia. El presidente de la Comisión Estatal para la Defensa de Periodistas, Gerardo Perdomo Cueto confirmó la desaparición del columnista del periódico Notiver, uno de mayor circulación del puerto de Veracruz. "Estamos todos pendientes es algo muy grave, pero esperamos que pronto pueda ser localizado", expresó.

La esposa del periodista, Clara Ondina Morales denunció su desaparición luego que no acudió a recoger a sus hijos a la escuela como normalmente lo hacía. Sus teléfonos celulares están apagados. Hasta ahora tampoco ha sido localizada su camioneta Voyager 1996 americana legalizada en color negro con marcas de la Pantera Rosa y con placas de circulación YDP7056. De acuerdo con las primeras investigaciones, la última vez que se le vio fue en una conferencia de prensa que ofreció la Secretaría de Desarrollo Social como a las 10:30 horas de ayer, confirma EL UNIVERSAL.

CONDENA ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS EL ASESINATO DE ELISEO BARRÓN

Según refiere MILENIO, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó el asesinato del periodista Eliseo Barrón y exhortó a las autoridades competentes para que esclarezcan los hechos de manera rápida, diligente y eficaz con el propósito de que las personas responsables sean investigadas, juzgadas y sancionadas. Porque sólo mediante un efectivo combate a la impunidad se evitará la repetición de ataques en contra de periodistas, incompatibles con una sociedad garante de los derechos a la libertad de expresión y prensa, expuso la representación de esa oficina.

También informó que continúa recibiendo información de ataques que atentan contra el libre ejercicio de la profesión periodística. Tan sólo en el mes de mayo tuvo conocimiento de dos nuevos asesinatos. El pasado 3 de mayo, Carlos Ortega, del periódico El tiempo de Durango, fue ejecutado en el municipio de Santa María del Oro, Durango. Y el de Eliseo Barrón, del periódico La Opinión Milenio, refiere MILENIO.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que el periodismo en México se ha convertido en una profesión de "alto" y "extremo" riesgo, respectivamente.

Juzgarán al Estado mexicano por caso Inés, violada por militares

No respondió a recomendaciones de la COIDH

Por Sandra Torres Pastrana

México DF, 21 mayo 09 (CIMAC).- El Estado Mexicano será juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de Inés, indígena tlapaneca (me´phaa), violada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en marzo de 2002, en Ayutla de los Libres, Guerrero, población ubicada en la zona de La Montaña, en el sur del país.

Ante la imposibilidad de encontrar justicia, agotados todos los recursos judiciales en el país, Inés tuvo que recurrir a instancias internacionales, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ahora a la Corte, que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El caso de Inés fue remitido por la CIDH a la Corte el pasado 7 de mayo, informó a Cimacnoticias el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, representante legal de la víctima, debido a que el Estado mexicano incumplió con las recomendaciones tendientes a reparar el daño causado a la mujer.

Dichas recomendaciones se dieron a conocer en el Informe de Fondo emitido por la CIDH por el caso de violación y tortura a Inés (…) por elementos castrenses, emitido el 7 de noviembre del 2008, donde se planteaba la reparación del daño a las víctimas, la investigación y la sanción a los militares responsables.

La CIDH, luego de las recomendaciones, estaba en espera de que el Estado Mexicano tuviera una respuesta de aceptación y ejecución, en cuyo caso el caso concluiría. De lo contrario, el organismo remitiría el caso a la Corte.

En diciembre pasado, Tlachinollan envió el informe 43.3 a la CIDH pidiendo que el caso se ventilara ante la Corte, para que Inés pudiera acceder a una justicia real, fijándose en el escrito su posición como víctima.

De esta forma, siete años después del ataque de los militares, afirma el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, se abre la puerta para que Inés encuentre justicia por la violación sufrida a manos de militares.
EL CASO

El caso de Inés fue denunciado ante el Ministerio Público del fuero común de Ayutla de los Libres, quien se declaró incompetente, por lo cual la denuncia fue transferida al Ministerio Público Militar. Se buscaron amparos para que fueran las autoridades civiles quienes juzgaran a los soldados agresores, pero no procedieron y pronto la justicia militar cerró el caso, porque supuestamente la víctima no estaba interesada en el caso al no responder a sus citatorios.

Sin embargo, explicó Tlachinollan, Inés no acudió a dichas audiencias porque era infundada la competencia militar en el caso, además de que cualquier investigación sería parcial.

Ante el estado de impunidad y acceso a la justicia nacional, los representantes de la víctima recurrieron en junio de 2004 a instancias internacionales y presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación y tortura de Inés.

El 12 de octubre del 2007, este organismo internacional realizó una audiencia pública, en Washington, donde asistió Inés, junto con Valentina, otra indígena me`phaa violada por militares en 2002 y quien también presentó su caso.

Después de esta audiencia de la CIDH, se evidenció la responsabilidad del Estado Mexicano por las violaciones a los derechos de estas mujeres, señala Tlachinollan.

Un año más tarde el 9 de febrero de 2008, el hermano mayor de Inés, Lorenzo, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPIM) y pieza clave para realizar la denuncia de la violación, fue secuestrado y un día después fue hallado muerto con evidentes señales de tortura.

Pide CIDH a México proteger a líder sindical e integrante de la APPO en Oaxaca

12/05/2009 a las 9:40 pm

LA JORNADA afirma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy martes al gobierno de México adoptar medidas para proteger la integridad de Marcelino Coache Verano, miembro del Sindicato Libre de Empleados y Trabajadores al Servicio del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Coache Verano, también concejal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ha sido víctima de hostigamiento y amenazas. La solicitud está contenida en el recurso de Medidas Cautelares que la CIDH otorgó a favor de Coache y su familia el pasado viernes, pero que fueron hechas públicas este martes. En la solicitud de medidas cautelares presentada ante la CIDH se alega que Coache Verano y miembros de su familia habrían sido objeto de amenazas y de actos de hostigamiento desde 2007.

Apenas en marzo pasado Coache fue torturado por extraños en un lugar desconocido, refiere LA JORNADA.

Espionaje contra la paz

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Un intruso asaltó el buzón electrónico de Servicios y Asesoría para la Paz, AC (Serapaz) y robó y destruyo información en curso y depositada en los archivos de esa organización civil. Un acto de esta naturaleza no sólo implica el apoderamiento ilegal de datos privados sino que constituye una amenaza, hace recapacitar a la víctima sobre la fragilidad de su estructura y también la hace consciente de que un poder la ha colocado en el foco de su atención y por lo tanto puede inferirle mayor daño aun.

El 6 de mayo Serapaz emitió un comunicado en que "informa y denuncia ante la opinión pública que ha sido víctima en los últimos días de espionaje electrónico y destrucción de correos electrónicos de su cuenta institucional."El día de hoy con la ayuda de un experto fueron identificadas entradas de intrusos en el servidor donde se encuentra la correspondencia electrónica institucional de Serapaz, señalando claramente las horas de entrada, la cantidad de correos sustraídos y la dirección a la cual fueron enviados. Esta dirección es un correo que sirve de pantalla para evitar identificar al agresor".

La comisión de un delito informático es grave de suyo. Pero lo es más si se considera cuál es el bien público atacado, el valor social puesto en jaque. Serapaz es una organización civil "sin fines de lucro que trabaja para la paz y la reconciliación mediante esfuerzos de mediación y transformación positiva de conflictos". Esa es la tarea afectada por el espionaje, y de ello se deriva la peligrosidad del ataque. Se trata de una agresión y un amago a esfuerzos que, en sentido contrario a la crispación social prevaleciente buscan el imperio de la convivencia respetuosa y el diálogo como vía de entendimiento en situaciones críticas.

No es exagerado considerar que el hackeo a Serapaz se inscribe en la grave tendencia a criminalizar la protesta social, dadas las iniciativas a que está y ha estado vinculada esta benemérita oficina.Serapaz nació a partir de la experiencia de la Comisión Nacional de Intermediación, que entre 1994 y 1998 promovió las conversaciones de paz en Chiapas, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal. Poco después del alzamiento indígena y por los muchos títulos que lo calificaban para esa misión, el obispo de San Cristóbal de las Casas, don Samuel Ruiz fue llamado a mediar entre las partes del más grave desafío al Estado mexicano.

Con humildad y clarividencia, el prelado comprendió la necesidad de institucionalizar la mediación y aunque se mantuvo en el centro de esa tarea, convocó a ciudadanas y ciudadanos eminentes a que contribuyeran, con una autoridad moral semejante a la suya, al diálogo que pudo llevarse a cabo en su propia sede episcopal, en la selva y en San Andrés. Al mismo tiempo la Conai generó un pequeño pero eficaz aparato que no sólo se ocupara de la logística sino de proveer sentido político e histórico a sus tareas. Al concluir la misión de la Conai, su secretario ejecutivo, Miguel Álvarez Gándara organizó Serapaz, presidido por el propio don Samuel.

Allí su talento y dedicación ha contado con la colaboración invaluable de Dolores González Saravia, su actual directora, y de Pablo Romo, que dirigió en aquella diócesis el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas.Serapaz realiza, callada y eficazmente, tareas permanentes como la Escuela de Paz y el Observatorio de la Conflictividad Social en México y promueve "la transformación de conflictos a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles". Organiza "procesos que contribuyan a la construcción de la paz" y se ocupa de tareas de investigación y producción editorial en el mismo sentido.

Entre las iniciativas que Serapaz articula se encuentra el movimiento Paz con Democracia, el Frente Nacional contra la Represión y Diálogo Nacional, que de distintas maneras procuran la instauración de una sociedad donde se respeten los derechos humanos y el gobierno ejerza una política que beneficie a las personas.Los buenos oficios de Serapaz se han hecho necesarios en conflictos en que actúa como instancia mediadora. Son incontables sus aportaciones en ese terreno.

Para sólo citar algunas de las coyunturas en que ha actuado, cabe citar que en 2006 contribuyó a que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca fuera reconocida por el gobierno federal y dialogara con ella. Algunos de sus miembros realizaron tareas de conciliación en el conflicto magisterial de Morelos, el año pasado. Y está en curso su participación en la búsqueda de soluciones al grave conflicto generado en Zimapán, Hidalgo, por la construcción de una planta receptora de residuos tóxicos, rechazada por la población por su propia peligrosidad y las experiencias adversas que esa ciudad ha sufrido por la explotación minera que no considera el daño que sus prácticas causan a la sociedad.

Así mismo, en este momento Serapaz es el motor de la campaña Libertad y Justicia para Atenco, un movimiento de gran presencia pública destinado a obtener la excarcelación de ciudadanos que además de haber sido vejados y golpeados en mayo de 2006 están pagando con cárcel no sus propias culpas sino las de sus agresores, policías federales y estatales, ninguno de los cuales ha sido sometido a proceso.Hasta el reciente 21 de abril, y por la generosa disposición de sus animadores, Serapaz fue la sede de la Comisión de Mediación (Comed) formada un año atrás, a fines de abril de 2008, a instancias del Ejército Popular Revolucionario para que por su conducto el gobierno federal accediera a presentar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes de esa organización armada hechos desaparecer en Oaxaca pronto hará dos años.

Al domicilio de Serapaz acudieron más de un vez los delegados de la Secretaría de Gobernación en los turnos de conversación que no se efectuaban en Bucareli. Y allí se reunían los mediadores para la realización de sus tareas, que incluyeron encuentros con las familias de los detenidos-desaparecidos y personas que a título o individual o como representantes de instituciones compartían el interés de la Comed por cumplir el objetivo que promovió su constitución.

A lo largo de casi un año, hasta que sus miembros resolvieron disolverla, frente a la falta de voluntad política gubernamental, la Comed se benefició de la hospitalidad al mismo tiempo eficaz y grata de Serapaz. En prevención de la curiosidad malsana que sus actividades suscita en los órganos de seguridad nacional, los teléfonos de los mediadores se entregaban en depósito mientras conversaban, a fin de que los aparatos no sirvieran para captar información que nunca fue secreta pero pertenecía al dominio privado de la Comisión.

Una precaución como esa no logró, por desgracia, evitar el asalto informático a ese domicilio donde se trabaja a favor de la paz.