Chocan comunitarios con pistoleros y policías en Acapulco; 11 muertos

El enfrentamiento ocurrió en bastión de opositores a la presa La Parota; hay 30 detenidos

El Ejército participa en la operación

El vocero del Cecop, entre los arrestados; los acusan de portación de armas de uso militar y de posesión de drogas

Golpean y quitan equipo a reportero

Los cuerpos de dos integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias yacen dentro de una vivienda luego de los enfrentamientos entre esa corporación con pobladores y policías estatales en el poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, Guerrero

Dos enfrentamientos a balazos ocurridos entre las 3 y las 11:30 horas de ayer en los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural del municipio, cerca del río Papagayo, dejaron un saldo de 11 muertos, informó el Grupo de Coordinación Guerrero.

En la primera refriega, dos policías comunitarios y seis civiles armados murieron alrededor de las tres de la madrugada en la cancha techada del poblado La Concepción, en la zona rural de Acapulco, donde se celebraba la feria de La Purísima Concepción.

Comunitarios dijeron haber sido provocados por vecinos que apoyan a empresarios extractores de gravilla del río Papagayo. Uno de ellos, aseguraron, orinó frente a la casa de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), avalada por la corporación con sede en San Luis Acatlán.

Indicaron que comunitarios siguieron al sujeto y comenzó un tiroteo que continuó en el plantel de telebachillerato utilizado como comisaría municipal, en cuyas paredes se incrustaron unas 20 balas.

Alrededor de las 11, policías comunitarios se enfrentaron con agentes estatales que patrullaban la región y exigieron a los primeros entregar los cuerpos de dos compañeros caídos horas antes. Tres comunitarios perecieron en esta segunda refriega, en la cual también participaron policías ministeriales.

La balacera, que duró unos 15 minutos, ocurrió entre la parroquia de La Concepción, viviendas y la casa de justicia, mientras un helicóptero de la policía estatal sobrevolaba.

Durante el enfrentamiento, el fotoperiodista Bernardino Hernández, de las agencias Ap y Cuartoscuro, fue golpeado por agentes estatales, quienes le arrebataron sus cámaras y les sacaron las tarjetas de memoria. Pobladores se resguardaron en sus casas, y reporteros se guarecieron detrás de vehículos oficiales y particulares.

En conferencia de prensa, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que unos 120 policías ministeriales del estado, apoyados por elementos del Ejército Mexicano y de la policía estatal, tomaron control de La Concepción.

Indicó que luego de los choques se detuvo a 30 policías comunitarios, incluido el portavoz del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, quienes portaban siete armas de uso militar, y fueron trasladados a la coordinación regional de la Fiscalía General del Estado en Acapulco.

Agregó que se liberó a dos personas que los comunitarios mantenían privadas de la libertad. Según Álvarez Heredia, fueron abatidos tres supuestos policías comunitarios que se resistieron al arresto y dispararon a los policías estatales, quienes no reportaron bajas.

Roberto Álvarez dijo que murieron 11 personas y añadió que los policías comunitarios detenidos llevaban consigo 580 dosis de mariguana y siete portaban armas de uso restringido.

En un comunicado, la CRAC-PC dijo que lo sucedido ayer en los bienes comunales de Cacahuatepec fue una provocación para liberar a dos peligrosos delincuentes detenidos hace unos días, entre los que se encuentra Iván Soriano Leal, ex militar, quien fue aprehendido en La Concepción por encabezar un grupo armado con el objetivo de asesinar a Marco Antonio Suástegui, vocero del Cecop.

Señaló que se trata del oscuro personaje al que entre 2013 y 2014 se alió Eliseo Villar Castillo para cometer un fraude por más de 800 mil pesos contra el sistema comunitario. El enfrentamiento confirma la preligrosidad de dicho sujeto y los alcances de sus pretensiones, subrayó.

Demandó la intervención urgente de organismos de derechos humanos y medios de comunicación para documentar lo sucedido, pues hay mucha presencia de fuerzas gubernamentales y temor de que quieran desarmar a nuestros compañeros de la CRAC-PC o incluso liberar a esos delincuentes.

Foto Afp

Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de enero de 2018, p. 28

Acapulco, Gro.

Familia Sarabia, entre los espiados por Moreno Valle; Meztli estaba siendo espiada minutos antes de su muerte

By Emma Martínez

La mañana del 29 de junio pasado Meztli Sarabia se encontraba en las oficinas del mercado Hidalgo, en Puebla, hablando por teléfono con su familia, tras terminar la llamada pasó poco tiempo antes que un grupo armado entrara y le disparara directo en la cabeza.

A semanas del homicidio de Meztli Sarabia, hija del líder social Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, este martes el medio de comunicación e-consulta dio a conocer una serie de personajes públicos en Puebla han sido espiados, en la lista figura la familia Sarabia.

Quienes después del homicidio de Meztli han recibido amenazas de muerte, tanto para la esposa de Simitrio como para sus hijos. De acuerdo a la información del reportero del medio, existe una lista donde se puede observar que el espionaje se realizó por medio de llamadas telefónicas, correos, y mensajes de whatsapp, los cuales fueron intervenidos ilegalmente. En la información se da a conocer el número de archivos que existen de cada uno, y el tiempo de grabación de cada objetivo.

“En el top ten de las intervenciones telefónicas efectuadas por la oficina o los nidos de espionaje a cargo de Joaquín Arenal, pero que operaron bajo el amparo del gobierno de Moreno Valle, figura la esposa del líder de la 28 de Octubre, Rita Amador López, con 40:48 horas”, versa un fragmento de la publicación.

Luego de conocer dicha información, Rita Amador, Dirigente General de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre, fue entrevistada en exclusiva por Revolución TRESPUNTOCERO y repudió el hecho. Además dijo, “ya habíamos denunciado el espionaje pero no teníamos manera de comprobarlo. Porque cada vez que marcaban me cortaban las llamadas, habían zumbidos de grabaciones, se escuchaba el eco. Nosotros sí sabíamos que nos estaba grabando pero tampoco estuvimos tan seguros. Ya este martes que lo dan a conocer en un medio, hasta con fechas y tiempos, no hay otra cosa que repudiar esa acción”.

Además, señala que es una clara intromisión a la vida privada. “Por supuesto que no me parece correcto y eso para nosotros debe ser una línea de investigación en el caso de la muerte trágica de Meztli. Porque finalmente deben de saber los movimientos de las personas si son quienes estuvieron infiltrándose y conociendo datos.

Cabe señalar que cuando yo puse las denuncias sobre las amenazas de muerte que yo recibí, nadie hizo nada y me seguían llamando por teléfono y les proporcionamos los números, claramente no investigaban criminales sino a las propias víctimas, lo que hacíamos en nuestra vida cotidiana”, declara Rita Amador.

Quien a su vez comenta que desde el 2014, con respecto Moreno Valle hubo una cerrazón, no había diálogo pero si una represión que cada vez se recrudecía más, con la intención de causar terror cada vez más a la familia. “En nuestra organización hubo despojos, gente golpeada cuando nos quitaron las áreas de trabajo en vía pública. También secuestraron a un compañero lo golpearon, hubo gente cooptada, a quienes les dieron las tareas del trabajo que nos correspondían.

“Hicieron y usaron todo con tal de destruir a la UPVA 28 de octubre. Ese es el fin, la intención es acabar con la organización, puesto que es un referente de resistencia porque no nos dedicamos a ninguna actividad ilícita y tampoco somos criminales como lo han tratado de hacer ver en diferentes momentos”, declara Rita Amador.

La líder, reitera que lo que vieron durante los últimos tres años del gobierno de Rafael Moreno Valle fue una cuestión de hostigamiento, despojo, de terror. Sin diálogos solamente imposición, oídos sordos a las peticiones. “Hasta este momento si no logramos conocer lo que realmente pasó con respecto al homicidio de Meztli, nosotros creemos que el gobierno de Rafael Moreno Valle continúa”, insiste.

Con respecto a las aspiraciones presidenciales de Moreno Valle, la líder comenta que, “se ha vanagloriado siempre de tener mano dura. Aquí en Puebla deja el recuerdo del homicidio de un menor con una bala de goma. Hubo personas que por presentar una cartulina o decir no a la ruta articulada, fueron encarcelados.

Aquí en Puebla, exceptuando a quienes benefició Moreno Valle de alguna manera, todos los demás nunca tuvimos voz. Él siempre se quiso adelantarse a las políticas que se están aplicando a nivel nacional, para ser tomado en cuenta a la hora de querer ser candidato a la República. Yo pediría que todo mundo volteara la vista hacia Puebla. Para que vean en la pobreza, inseguridad y endeudamiento que nos dejó. Basta imaginar que si así tiene un pedacito del país en estas condiciones, qué no va a pasar en todo el país, donde va tener mano dura para todo”, sentencia Rita Amador.

Además, señala que el crimen creció grandemente en Puebla. Ahora mismo a nosotros nos han amenazado, a mi hijos que no están conmigo. También a los hijos de otro compañero que está preso. Es decir, vivimos una plena impunidad e inseguridad, comenta.

Rita reitera que la 28 de Octubre es una organización social legalmente constituida y no tienen ningún nexo con ningún criminal, por lo cual exigirán a las autoridades lo reconozcan, puesto que han sido en distintas ocasiones, los mismos gobiernos quienes relaciones a la organización con distintos grupos ya sea delictivos o armados.

En cuanto al tema del pronunciamiento de la Fiscalía, órgano que a las horas de asesinada Meztli Sarabia, señalaron que la línea de investigación era nexos por narcomenudeo, la familia aclaró que “el argumento de ellos para decir que la 28 está involucrada con el crimen es porque dicen que hermanos y padre están sujetos a proceso por narcomenudeo.

Pero se les olvida decir que hemos ganado amparo tras amparo, porque no ha habido ninguna forma para demostrar que ellos cometieron dichos delitos. Ya se ganaron los amparos pero los mantienen detenidos y esas cosas no las dicen. En definitiva tratan de criminalizarla a ella ya muerta”, agrega Rita.

Quien exige a la Fiscalía rinda cuentas y avances en el caso, pero también en el hecho del casi levantamiento del que en su momento fue víctima Meztli, por parte de judiciales, ya que en aquel tiempo también la amenazaron y le pusieron la pistola en la cabeza, indica la líder social.

“Ellos nos dicen que eso no es una línea de investigación, porque eso es otra cosa. Si ya hubieran investigado y comprobado que no fueron judiciales entonces sí tendríamos que ver otras maneras, pero como nunca lo investigaron sigue vivo y debe ser una línea de investigación, igual que ahora lo debe ser este nuevo hallazgo que nos estuvieron espiando.

Es decir sabían todos los movimientos de ella, a dónde salía y dónde estaba ubicada en el momento de su muerte. Porque justo en el momento que la mataron ella estaba llamándonos a nosotros. Colgó y en unos minutos la mataron. Entonces si estaba siendo espiada las autoridades deben de saber y deben tener esa línea de investigación, por lo que exigimos justicia. Hasta el momento no nos han dado avances”, puntualiza Rita Amador

Matan a Meztli Sarabia, activista en Puebla

 (Audios y videos)

"Dile a Simitrio (su padre) que no se ande pasando de huevos" y le dispararon en el Mercado Hidalgo de Puebla.

Redacción AN

Este jueves fue asesinada Meztli Sarabia Reyna, hija del líder social y asesor general de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio. De acuerdo con La Jornada de Oriente, el asesinato ocurrió en las oficinas de la UPVA, al interior del Mercado Hidalgo, donde entró un grupo de cuatro personas con gorras y preguntaron por la hija de Simitrio. Meztli les respondió y dijo que ella era por quien preguntaban. Entonces lanzaron una advertencia: “dile a Simitrio que no se ande pasando de huevos” y le dispararon. Esto, de acuerdo con lo que confirmó Tonatiuh Sarabia, hermano de Meztli y asesor jurídico de la agrupación, en entrevista para La Jornada de Oriente. Tonatiuh informó que su hermana recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro más en el abdomen La agresión se registra el mismo día del careo de uno de los integrantes de la “28 de Octubre”, y hermano de la agredida, Xihuel Sarabia Reyna, quien es considerado preso político desde hace dos años por defender el derecho al trabajo. Desde abril pasado, 691 mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que integran la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos alertaron de las amenazas de muerte contra la defensora Meztli Sarabia Reyna. Esto han informado hasta ahora las autoridades del estado y familiares de la activista:

Atacan a balazos a tres activistas indígenas en Iztapalapa

El ataque, por denunciar agresiones de paramilitares y crímenes de Estado, afirman

Sujeto dispara contra activistas indígenas; tres resultan heridos

Por andar de chismosos, les gritó el perpetrador, quien tenía corte de pelo tipo militar, detallan organizaciones civiles

Las víctimas, de Michoacán e Hidalgo, se dirigían a Amnistía Internacional

Los defensores de derechos humanos fueron lesionados en glúteo, tórax y abdomen, por lo que fueron trasladados al hospital Balbuena

Periódico La Jornada

Tres indígenas activistas de las organizaciones defensoras de derechos humanos Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y del Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental (Codhhso) fueron atacados a balazos en calles de la colonia ex Lienzo Charro, en la delegación Iztapalapa.

De acuerdo con la información que dio a conocer el FNLS, los defensores fueron agredidos por un hombre vestido de civil con corte de cabello tipo militar, que los esperó sobre la calle Genaro Estrada, muy cerca del Campamento Francisco Villa, recargado en un coche color oscuro con un arma en la mano y les disparó al tiempo que gritó que el ataque era por andar de chismosos.
La agresión fue captada, alrededor de las 7:20 de la mañana, por la cámaras del sistema de seguridad de la ciudad de México y de inmediato llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para atender a los heridos.
Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas brindaron los primeros auxilios a Matías Flores, Jesús Hernández Reyes y Rubicel Hernández García, que fueron heridos en glúteo, tórax y abdomen, por lo cual fueron trasladados al hospital Balbuena.
Ante los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal abrió una investigación de oficio y pidió medidas precautorias a la procuraduría capitalina para que activen los protocolos de investigación.

Los integrante del FNLS vincularon la agresión a una respuesta del Estado mexicano ante la jornada de lucha nacional y exigencia de castigo que contra los responsables de los ataques paramilitares de los que fueron víctimas compañeros de la Organización Campesina Emiliano Zapata y las denuncias que han interpuesto por desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades.
Llamaron a las organizaciones a cerrar filas contra la represión y terrorismo de Estado. Los activistas responsabilizaron al presidente Enrique Peña Nieto y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de los hechos, porque sus compañeros fueron comisionados para denunciar la ejecución extrajudicial de Horacio Sántiz López, cometida por grupos paramilitares.
Tanto los integrantes del Frente Nacional por el Socialismo como el Comité Cerezo calificaron el hecho de intento de ejecución extrajudicial contra los integrantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y emprendieron una acción urgente de apoyo por la agresión.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que la coordinación territorial de Iztapalapa 6 comenzó la investigación por el delito de lesiones con arma de fuego contra los activistas procedentes de Michoacán e Hidalgo, que acudirían a Amnistía Internacional y organismos

defensores de derechos humanos.

Exigen liberación de activista veracruzana; protestaba para exigir instalación de sistema de drenajes y pavimentación

    

Por: Edgar Rosas 

 

(04 de noviembre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- Integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP) -la cual tiene presencia en 23 estados de la República- denunciaron los actos de hostigamiento y persecución que el gobierno del estado de Veracruz ha emprendido en contra de los dirigentes de la COCYP. De manera particular condenaron el último acto de “represión” que se ha registrado: la detención de la activista María Salomé Ortega Hernández, dirigente de este organismo en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz.

Los miembros de la COCYP demandaron la libertad inmediata de Salomé Ortega. Aseguraron que las acusaciones vertidas contra la activista no tienen sustento, por lo que su aprehensión, afirmaron, se configura como un acto más a través del cual el gobierno busca desarticular al organismo,  impedir su crecimiento y acallar sus protestas.

José Jacobo Femat, presidente de la COCYP, detalló que Ortega Hernández fue detenida el pasado 27 de octubre, luego de participar en el cierre simbólico de un pozo petrolero localizado en la comunidad de Rafael Valenzuela, del municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz.

El líder de la Central que agrupa a diversas organizaciones explicó que a Salomé Ortega se le acusa de ser la responsable del derrame del pozo petrolero La Macarena, en donde la dirigente con un grupo de personas realizó la protesta antes citada. Sin embargó, apuntó, el cierre simbólico del pozo se realizó diez horas antes de que se suscitara el derrame.

Esta protesta pacífica, explicó el dirigente, se realizó como medida para exigir que Petróleos Mexicanos (Pemex), así como los gobiernos estatal y municipal, cumplieran los compromisos firmados, los cuales consisten en introducir sistema de drenaje a la comunidad y la pavimentación de diversas vialidades. Este acuerdo se signó debido a que Pemex utiliza las calles de esta comunidad para realizar sus labores de explotación.

“Hemos estado apoyando a diversas regiones del norte de Veracruz para que puedan tener servicios públicos que no han tenido, esto a pesar que ha habido acuerdos con las autoridades municipales, el gobierno estatal y Pemex, que utiliza las calles, las avenidas de los pueblos para la extracción del petróleo en los pozos profundos que tiene la región.

“(A Salomé) se le acusa de un derrame petrolero del pozo La Macarena, que está en esa comunidad, sin embargo, lo que podemos decir es que la gente ha sido muy responsable en la conducción del movimiento y ha evitado daños ecológicos a su propia comunidad, y evidentemente ha tomado precauciones para no generar problemas mayores”, señaló.

El dirigente añadió que desde la detención el pasado 27 de octubre, han existido agravios en contra de la defensora. Detalló que Salomé Ortega fue sacada de su casa e inmediatamente el día siguiente (28 de octubre) fue trasladada al penal de máxima seguridad en Nayarit. De igual forma denunció  que la activista se encuentra en malas condiciones de salud, debido, entre otras cosas, a que hace un mes dio a luz y no se le han brindado las medidas necesarias.

“Al día siguiente la compañera fue trasladada al penal de máxima seguridad de Nayarit. Ella tuvo un niño hace un mes, fue operada para ello (sin embargo)  tiene problemas por eso, está enferma y así fue trasladada al penal de Nayarit como si fuera una persona peligrosa, como si estuviera en el crimen organizado.

La acusación a Salomé es por daños ecológicos, supuestamente porque nosotros provocamos el derrame lo cual no es así. Hay evidencia de que incluso se le informó a la prensa que nos retirábamos, y diez horas después (de retirarnos) se derrama el pozo y nos acusan (…) hay evidencias fotográficas en la prensa en donde incluso dicen ‘la COCYP abandona la comunidad de Rafael Valenzuela’, porque decidimos no llegar al extremos, y sin embargo, diez horas después se da el derrame petrolero y acusan a la compañera”, apuntó.

Jacobo Femat reiteró que no existe evidencia fehaciente que pueda incriminar a Salomé del delito que se le acusa. Expresó su indignación de que el gobierno tenga que actuar de esta forma para tratar de callar a las organizaciones que alzan la voz.

“En realidad no hay sustento que ella haya cometido una violación a la ley, que no sea el ejercer su derecho plenamente a la manifestación para hacer valer los compromisos que habían firmado previamente con el gobierno estatal, municipal, y con Pemex para la introducción de la red de drenaje, y la repavimentación de las carreteras de acceso, y las calles del poblado. Eso es lo que pasa. Nos duele que sea el gobierno el que actúe  de una manera mañosa, tramposa y que esté buscando enlodar el nombre de la compañera y de otras dirigentes del movimiento en la comunidad de Rafael Valenzuela, en el municipio de Gutiérrez Zamora”, manifestó.

En Veracruz, clima de represión

El dirigente de la COCYP demandó que la detención de Salomé Ortega se suma a una serie de acciones que se han cometido en contra de esta asociación y que buscan inhibir su lucha.

Dijo que desde el gobierno de Fidel Herrera, se ha observado una campaña de ataque constante contra la COCYP, la cual ha dejado asesinatos de varios integrantes de esta asociación.

“En Veracruz, la asociación ha tenido muchas situaciones graves. Hemos tenido intentos de asesinato. Hemos tenido detenciones, y divisiones fraguadas desde el poder, de los gobiernos, tanto de Fidel Herrera, como el actual.  Esto ha sido en función de delimitar nuestra fuerza, de evitar que crezcamos, y que nuestras luchas tengan efectos positivos”, dijo.

En este sentido, añadió que en este momento existen sendas órdenes de aprehensión en contra de cuatro dirigentes de la región de Gutiérrez Zamora, Veracruz. Señaló que están acusados, al igual que Ortega Hernández, de daño ecológico.

“Hay otros cuatro compañeros amenazados; tienen orden de aprehensión, son dirigentes locales de la organización (…) A Salomé la sacaron de su casa. La mandaron de Veracruz a Nayarit. Se le detiene porque es una de las dirigentes. Es incluso Agente Municipal de la comunidad. Ella fue electa popularmente por voto de toda la población y (su detención) es una estrategia que se utiliza contra las organizaciones que nos expresamos”, dijo.