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4 oct 2015

Grave crisis de derechos en México: CIDH; el gobierno refuta conclusión


La comisión interamericana entrega informe preliminar sobre su visita al país
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La tragedia de Ayotzinapa no es un hecho aislado, aseguran integrantes de la delegación

Los integrantes de la CIDH rinden su informe preliminar sobre la visita realizada a MéxicoFoto Roberto García

Alma E. Muñoz 
Periódico La Jornada
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que constató, durante su visita a México, la grave crisis de derechos humanos que vive el país, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad.
La delegación conformada para la visita in loco (observación en terreno), que duró cinco días, afirmó ayer que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, no la ven como una tragedia aislada, sino como parte de un patrón de violaciones a los derechos humanos.
Se pronunció por que en consulta con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, se designe un fiscal especial para la investigación del caso Iguala.
En conferencia de prensa, para dar a conocer un informe preliminar sobre su estancia en el país, misma que ayer concluyó, la CIDH hizo un llamado urgente al Estado mexicano a esclarecer la verdad de lo ocurrido en Iguala, y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Específicamente, la Procuraduría General de la República (PGR) debe adoptar cuanto antes las medidas solicitadas por el GIEI, trasladar la responsabilidad de las pesquisas a la Subprocuraduría de Derechos Humanos (parte de la dependencia citada) y renovar a todos los miembros del equipo investigador.
También, reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales distan de las hipótesis bajo las cuales se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento, y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 batallón de infantería del Ejército.
La delegación, encabezada por la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, apuntó que la crisis de derechos humanos en México es resultado de una situación estructural que padece desde hace décadas. Citó que la masacre cometida en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto.
Desde un hotel capitalino, la CIDH planteó que la magnitud de la desaparición de personas en el país es alarmante, y especialmente grave es la información amplia y consistente sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas.
Además, mencionó que la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de graves violaciones a las garantías individuales.
Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad, generando un problema grave de subregistro en las cifras oficiales, apuntó.
Otros fenómenos de profunda preocupación para la CIDH son las ejecuciones extrajudiciales, y los comisionados, en voz de Belle Antoine, refirieron los hechos ocurridos en Tlatlaya, estado de México, en junio de 2014; en Apatzingán, Michoacán, en enero pasado, y en Tanhuato, en el mismo estado, en mayo.
Advirtieron sobre la violencia contra familiares de víctimas –varios de ellos presentes en la conferencia–, defensores de derechos humanos y periodistas, ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos.
El relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, señaló que les preocupa la impunidad de crímenes de periodistas, porque es un incentivo a la repetición.
FotoEl relator para México y primer vicepresidente de la comisión, James Cavallaro, agregó que la tortura constituye una práctica generalizada en México”.
Roberto Campa, encargado de dar la postura oficialFoto Roberto García
A pregunta expresa sobre si en el país se vive una tragedia humana, dijo que la habría ante la situación de los migrantes.
La presidenta de la CIDH apuntó que durante su estancia constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial. Enfatizó que la falta de acceso a una justicia pronta, eficaz y confiable debilita significativamente la cultura de la legalidad, así como el estado de derecho.
Consideró que un primer paso en este sentido es romper con la impunidad histórica que arrastra México desde hace décadas.
El documento realizado en 5 días no refleja la situación general, responde Campa Cifrián
Fabiola Martínez

El gobierno mexicano señaló que el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no refleja la situación del país, y afirmó que el caso Ayotzinapa no es un asunto generalizado, sino un caso absolutamente extraordinario.
El gobierno no aceptó tampoco, como lo han sugerido organizaciones civiles, que una comisión externa, internacional, venga a investigar las presuntas violaciones a las garantías básicas.
Confiamos en que el (reporte) definitivo (de la CIDH) que se presente será un informe objetivo, que refleje a plenitud la situación de nuestro país en materia de derechos humanos. Creemos que este documento preliminar no refleja la situación del país (sino) que se circunscribe a zonas, a regiones en donde sabemos que tenemos enormes retos, indicó Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
No somos ajenos a los retos que nuestro país enfrenta; sin embargo, no compartimos que un informe preliminar, realizado en cinco días y sobre casos particulares, pueda reflejar la situación general del país, sostuvo.
En conferencia de prensa, señaló que es Guerrero donde se tienen las principales tareas pendientes en la materia.
A todas luces, dijo, el caso Ayotzinapa es una situación extraordinaria; nos parece que no hay posibilidad de compararla con ninguna otra en el país y mucho menos de plantear que esta es la situación generalizada.
En cuanto a la petición de un sector de organizaciones civiles para que opere en México una figura internacional de investigación de la impunidad, como ocurrió en Guatemala, el funcionario advirtió que la cooperación prevista en el sistema interamericano prevé la ayuda para fortalecer y no para sustituir instituciones. Las soluciones que vienen de fuera siempre son salidas fáciles y conducen al fracaso, apuntó.
Campa Cifrián dio un mensaje a medios luego de que la delegación de la CIDH dijo que en nuestro país existe una grave crisis de derechos humanos.
Acompañado de sus homólogos de la cancillería y de la Procuraduría General de la República, hizo énfasis –al igual que el secretario de Gobernación– en que la CIDH fue invitada por el gobierno mexicano, por lo que pidieron que primero se evalúe la información recabada esta semana.
Si bien México continuará en el sistema interamericano de derechos humanos, pidió que el análisis de la CIDH se realice con la objetividad y seriedad que un tema de esta naturaleza merece.
El informe preliminar de la CIDH tampoco refleja –señaló Campa–, el intercambio de información con múltiples instancias del gobierno mexicano.
El Estado mexicano estará atento a la entrega del informe definitivo de la comisión, en el primer semestre de 2016.
En el último día de su visita a México, la CIDH se reunió con la canciller Claudia Ruiz Massieu; con representantes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, así como de la Procuraduría General de la República. Ambas partes señalaron la existencia de avances en materia de derechos humanos en el país y reconocieron que hay áreas de oportunidad en las que la cooperación será fundamental.

24 may 2015

Que se aclaren los hechos, pues todo indica que fue un operativo de aniquilamiento


En la versión oficial hay serias contradicciones, afirma Encinas

Andrea Becerril
 Periódico La Jornada
Domingo 24 de mayo de 2015, p. 5

El senador Alejandro Encinas, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, demandó al gobierno federal aclarar de inmediato lo que realmente sucedió la víspera en Tanhuato, Michoacán, ya que podría tratarse de un nuevo caso Tlatlaya, donde los presuntos delincuentes no murieron en un enfrentamiento, sino que en realidad fueron ejecutados por fuerzas federales.

Señaló que en la versión oficial hay serias contradicciones, y los hechos hablan de que “fue un operativo para aniquilar, por lo que no puede descartarse que sea el ajuste de cuentas después del derribo del helicóptero del Ejército y las emboscadas de que han sido objeto elementos militares y de la Policía Federal por el cártel Jalisco Nueva generación”.

Encinas resaltó que de entrada, hay dudas sobre el lugar preciso del rancho en que ocurrió el supuesto enfrentamiento, ya que las autoridades lo ubicaron en el municipio de Tanhuato, pero en realidad está en Ecuandureo.

Explicó que ayer pasó por ese rancho que está ubicado sobre la autopista Guadalajara-Morelia, a pie de carretera, por lo que es falso también que hubiera una persecución en zona rural, según dice la versión de las autoridades.

“Otra información contradictoria, detalló, es que primero se señaló que se trataba de un enfrentamiento derivado de la persecución de una camioneta sospechosa, desde la que le dispararon a elementos de la Policía Federal (PF), pero luego dieron otra versión y dijeron que fue un operativo a partir de una denuncia por un despojo de tierras en ese rancho –que está todo cercado–, en el que participaron 500 elementos de las fuerzas especiales de la PF y la Armada”.

Con esos elementos, dijo, todo indica que fue un operativo de aniquilamiento de ese grupo delictivo, por lo que debe darse la información plena y veraz. De entrada, debe haber un examen pericial externo de los cuerpos de los 42 presuntos delincuentes, que ya fueron trasladados a Morelia.

Encinas aclaró que no pretende que los integrantes de bandas criminales no sean juzgados o que en una confrontación con fuerzas de seguridad del Estado éstas no respondan. “Lo que nadie puede aceptar es que los ultimen, porque si hoy son delincuentes los ejecutados, mañana puede ser cualquier ciudadano”, concluyó.

Buscan precisar cómo ocurrieron el enfrentamiento y los decesos en Tanhuato


Comisiones de derechos humanos indagan la muerte de 42 sicarios
Agentes federales y militares van tras más presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva generación
Fuerzas federales resguardan el acceso al rancho del municipio de Tanhuato donde ocurrió el enfrentamiento

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El gobierno federal elaborará dictámenes periciales completos de mecánica de hechos y colaborará con las comisiones nacional y estatal de los Derechos Humanos, a fin de que se aclare completamente cómo ocurrieron los decesos de 42 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) que el viernes fueron abatidos por elementos de la Policía Federal (PF) en un rancho del municipio de Tanhuato, Michoacán.
Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional señalaron que personal de Servicios Periciales, con la supervisión de ambas comisiones de derechos humanos, realizó el levantamiento de los cadáveres de los presuntos sicarios hasta que concluyeron las labores de fijación de la escena del crimen.
Posteriormente los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Morelia, donde los peritos continuarán con las labores de investigación.

Instalan cerco
El rancho El Sol, sitio donde ocurrió el enfrentamiento en el que los 42 presuntos delincuentes fueron abatidos, se encuentra cercado por agentes federales e integrantes del Ejército Mexicano, a fin de que nadie ajeno a las investigaciones ingrese y pueda alterar loa estudios criminológicos.
El viernes, de acuerdo con la versión oficial, cerca de la población de Jacalán de Vargas los agentes federales realizaban una investigación en torno a la denuncia presentada por el delito de despojo del rancho El Sol, cuando un grupo de hombres armados abordo de un vehículo disparó contra ellos.
En ese momento se inició una persecución y los presuntos delincuentes trataron de esconderse en la propiedad donde se encontraban sus compañeros.
Los federales solicitaron apoyo y después de unos minutos llegaron refuerzos por tierra y aire, con lo que iniciaron los enfrentamientos que duraron más de tres horas.
De acuerdo con los funcionarios consultados, las autoridades consideran que en la propiedad había más de 60 personas y aún no se han obtenido elementos que indiquen que allí se encontraba Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del CJNG.
Luego del enfrentamiento se llevaron a cabo los trabajos periciales para el levantamiento de los cadáveres, y estas tareas se extendieron alrededor de las 10 horas de ayer, cuando los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Morelia para la realización de las necropsias de ley, y allí continuaron las diligencias al filo de las 13:30 horas.
Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán señalaron que hasta el cierre de esta edición nadie se había presentado a reclamar o a reconocer los restos de las personas abatidas, por lo que la información de huellas dactilares, fotográfica y genética se almacenará en el registro nacional para su posterior identificación.
Presuntamente las personas fallecidas podrían ser originarias de Jalisco, que se considera la sede del CJNG y de donde presuntamente habrían arribado hace más de una semana, cuando tomaron con violencia el rancho El Sol, el cual tiene una extensión de 142 hectáreas y donde su actividad principal es el cultivo de productos agrícolas.
Al mismo tiempo que se realizan los trabajos periciales, integrantes de la Procuraduría General de la República, la PF y el Ejército patrullan la zona para tratar de ubicar a otros integrantes del citado cártel que hubieran escapado del rancho El Sol.
En tanto, a través de un comunicado de prensa la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)dio a conocer que en la ciudad de México la Policía Federal rindió un homenaje de cuerpo presente al único agente que falleció en el enfrentamiento.
La ceremonia se llevó a cabo en el Monumento al policía federal caído, ubicado en el Centro de Mando de la PF ubicado en Iztapalapa, y participaron más de 200 agentes, familiares y amigos del fallecido.
Durante el acto, el comisionado general de la PF, Enrique Galindo Ceballos, dijo que “esta dolorosa pérdida nos debe llevar a la reflexión de que hay hombres y mujeres que están entregando su vida y su talento por un México en paz.
Nuestro compañero pierde la vida precisamente ayudando a uno de los agentes heridos y eso lo convierte en un héroe que debemos reconocer. Por eso recibe hoy los máximos honores de nuestra institución, como un héroe mexicano al servicio de la patria, indicó Galindo Ceballos.


Foto Reuters Gustavo Castillo y Ernesto Martínez
Reportero y corresponsal Periódico La Jornada
Domingo 24 de mayo de 2015, p. 5

13 may 2015

México vive un tsunami de crímenes de lesa humanidad: Edgardo Buscaglia


La corrupción política, motor de la delincuencia organizada, dice el investigador

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La periodista Carmen Aristegui y el investigador Edgardo Buscaglia participaron en el foro Derechos humanos y antimafia social en América Latina, organizado por la red ALAS

La corrupción política en México es el corazón de la delincuencia organizada, advirtió Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad Columbia de Nueva York. Afirmó que el país se ha convertido en exportador de inestabilidad, y agregó que el enemigo de la nación está en el gobierno.
Luego de participar en el foro Derechos humanos y antimafia social en Amercia Latina, que organizó la Red América Latina Alternativa Social (ALAS), señaló que México vive un tsunami de crímenes de lesa humanidad, e insistió en que el motor de la delincuencia organizada en el país son los políticos.
México tiene una delincuencia de Estado. Si la corrupción política sigue su curso y abre las empresas a estos grupos criminales para que sigan expandiendo sus operaciones y sigan contrabandeando armas desde Asia, Centroamérica y desde Estados Unidos de la manera en que lo hacen, el conflicto armado mexicano va a llegar a proporciones mucho más graves que lo que tiene ahora.
En su intervención, la periodista Carmen Aristegui manifestó que los medios de comunicación deben compartir con la sociedad organizada el compromiso de exhibir la corrupción.
“Los medios de comunicación tenemos trabas, dificultades. Hay fenómenos de autocensura muy arraigados en países como México, y fenómenos de censura también arraigados y presentes en nuestro país. Es algo que no nos sorprende en el resto de la región, y tenemos que plantearnos como un asunto que debe combatirse y denunciarse también.
“La sociedad y las organizaciones deben tener plena conciencia de lo que significa que medios de comunicación no tengan la posibildiad real de exponer, explicar, alentar el debate de contribuir en la discusión pública de los grandes temas de la nación, empezando desde luego por el tema de la corrución.
Si los medios de comunicación se encuentran ahorcados o limitados o francamente impedidos de informar, denunciar y hablar de temas de corupción, hacen evidentemente mucho más difícil la tarea de las organizaciones que están batallando por articular esfuerzos muy específicos para combatir al crimen organizado o para ayudar en las tareas preventivas de control social y, sobre todo, de atención a las víctimas, indicó.
Ante la escalada de violencia en Jalisco en días pasados, Buscaglia aseguró que el problema mexicano no es de armas ni de falta de helicópteros o de personal militar; es de corrupción política y empresarial, que ha permitido la expansión de redes criminales en toda la República y más allá de sus fronteras.
“México todavía no ha tocado fondo; eso es algo que ustedes tienen que entender. El Ejército Mexicano no necesita más armas ni más soldados, ya que tiene los suficientes. El cáncer de México como sociedad y Estado está dentro del mismo Estado. El enemigo está dentro de la misma casa y eso es lo que se tiene que entender.
A mí no me llama la atención el arsenal en las manos de las redes criminales, como la de Jalisco. Hace años que vienen atacando convoyes militares en México; sin embargo, “haber derribado un helicóptero de las fuerzas armadas se transforma en un símbolo de debilidad del Estado y es un shock sicológico para cualquier institución”.
Para Buscaglia otro de los problemas de la creciente violencia en el país se debe a que el gobierno federal no quiere tomar medidas de confiscación patrimonial ni intervenir a las empresas mediante las cuales los grupos criminales usan sus sistemas de transporte y la infraestructura. No quiere atacar esos dos ángulos porque ello significa atacar a sus mismos partidos.
Foto Pablo Ramos
César Arellano García
Periódico La Jornada
Martes 12 de mayo de 2015, p. 9