Comunicadoras feministas nos pronunciamos ante el trato misógino que han recibido las víctimas de feminicidio de la colonia Narvarte

Como ciudadanas y mujeres dedicadas al periodismo de manera independiente y alternativa, hemos dado seguimiento a la información relacionada a la investigación en torno al multihomicidio ocurrido el pasado 31 de julio de 2015, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, donde fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la señora Alejandra Negrete y las jóvenes Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, esta última de origen colombiano.

Desde que se difundieron las primeras filtraciones de las investigaciones, denunciamos y enfatizamos ahora, que tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera fueron hostigados y recibieron amenazas en Veracruz, debido al trabajo como fotoperiodista y activista que respectivamente realizaban, y por este motivo ambos cambiaron su residencia a la Ciudad de México a fin de proteger su integridad física y su vida. Algunos colegas de Rubén Espinosa han referido las medidas de seguridad que él tomó para proteger su persona ante intimidaciones constantes, como comunicaciones furtivas de parte de personas que aparentemente lo monitoreaban.

¿Por qué es importante recalcar algo que hemos mencionado reiteradamente? Porque diversos medios corporativos, que se dicen de información y están al servicio de la clase privilegiada de este país, se han encargado de desviar la atención de este importantísimo hecho, pero sobre todo porque se ha inculpado a las propias víctimas de lo ocurrido.

Desde nuestra perspectiva, casi todos los medios comerciales han criminalizado a las víctimas de este homicidio y feminicidios, pero queremos poner especial énfasis en el trato de la información –carente de toda ética y respeto— que han hecho los periodistas Ciro Gómez Leyva en su columna del periódico El Universal, y Luis Cárdenas López en los videoposts que realiza para MVS.

Ambos periodistas revelaron información que supuestamente les filtró personal de investigación de la PGJDF, algo que de suyo es violatorio de la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales, que incluye el derecho a la privacidad y el prestigio personal, por lo que es evidente que dichas filtraciones tienen un fin político y están lejos de la aplicación formal, profesional e imparcial de la justicia a que las cinco personas asesinadas tienen derecho, de manera que el crimen no quede impune. Además, han llevado a cabo una campaña de desprestigio en contra de Mile Virginia Martin, haciendo énfasis en el aspecto de que la mujer de origen colombiano se dedicaba al sexo servicio aquí en México.

En el caso muy particular de Luis Cárdenas López, desde los primeros días posteriores a que se conociera el multihomicidio y se denunciara públicamente que Rubén Espinosa y Nadia Vera habían recibido amenazas desde el gobierno de Veracruz, el conductor de MVS inició una campaña de desprestigio en contra de Mile Virginia, señalando que era poco probable que Rubén y Nadia hayan sido el blanco principal del ataque, en cambio, de acuerdo a las palabras de Luis Cárdenas, el ataque iba dirigido a Mile Virginia y tenía relación con el consumo y venta de drogas; señaló también que no era posible que una mujer como ella poseyera con automóvil Mustang.

Lo anterior nos lleva a lamentar el desprecio que, a nivel de discurso, se ha mostrado hacia las mujeres víctimas de este crimen. En el caso de Alejandra Negrete, se le ha dado trato de víctima colateral, e importancia secundaria por ser empleada doméstica. E incluso, en una columna reciente Ciro Gómez Leyva la señala como alguien que estaba al tanto de las supuestas actividades irregulares; vaya temeridad para afirmar eso. Lo que ocurrió a Alejandra Negrete y a las otras tres mujeres se llama FEMINICIDIO.

De Yesenia Quiróz –al igual que Mile Virginia— se afirma que se dedicaba al sexo servicio, denotando un discurso cargado de misoginia, como si dedicarse al trabajo sexual fuese motivo para merecer la muerte.

Esto nos preocupa, y ocupa, ya que el discurso de ambos periodistas, por un lado desvía la atención de la probable responsabilidad que Javier Duarte, gobernador de Veracruz, pudiese tener. Pero sobre todo porque justifica y legitima la violencia  feminicida que impera en el país.

Por otra parte, y no es un asunto menor, es importante señalar que la información que se ha difundido, y en la que se basan los juicios de ambos periodistas, se afirma fue proporcionada por una persona que al ser presentada ante los medios de comunicación tenía rastros de golpes y tortura.

Por lo anterior, exigimos:

• Cese la criminalización en contra de las víctimas del multihomicidio en el cual fueron asesinadas Nadia, Alejandra, Yesenia, Mile y Rubén.
• Paren los discursos misóginos en contra de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Nadia Vera, y en el caso de Mile Virginia Martin, nos parece que justificar la violencia feminicida, como lo hacen Ciro Gómez Leyva y Luis Cárdenas López, solo contribuye a fomentar la violencia de género, machista y patriarcal que tantas vidas de mujeres nos ha costado en México.
• Que la PGJDF de a conocer quién o quiénes, y por qué motivo, han filtrado la información de la investigación judicial, que debiera ser reservada hasta la conclusión de las indagatorias.
• Que toda información de la investigación sea resguardada y tratada bajo los protocolos de seguridad aplicables por protección de los familiares y víctimas de tan terrible suceso.

Insistimos en que la principal línea de investigación de este homicidio y feminicidios sean las amenazas que Rubén Espinosa y Nadia Vera denunciaron públicamente haber recibido por parte del gobierno de Veracruz debido a su trabajo, lo que no constituye una casualidad, ya que desde el 2011 otros 15 periodistas han sido asesinados en ese estado por el mismo motivo.

Por último, exigimos se garantice la protección a la vida de las y los periodistas que en este país, especialmente en Veracruz, han recibido amenazas relacionadas a su labor; que denunciar y evidenciar malos gobiernos no sea causa de muerte nunca más en México.

Daniela Villegas. Periodista Feminista.

Hilda Venegas Negrete. Colectivo Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres Radio de Género.

Fabiola Sánchez. Red Anáhuac por la Defensa de los Bienes Comunes.

Lorena Aguilar Aguilar. Colectivo de Contrainformación Kaos en la Red.

Lucero Mendizabal. Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

Roselia Chaca. Voz e imagen del Istmo.

Verónica FridaGuerrera Villalvazo. Premio Nacional “Carlos Montemayor” 2010, comunicadora

Asesinan en el DF a fotoperiodista que huyó de amenazas en Veracruz

Rubén Espinosa Becerril es el cuarto informador de esa entidad ejecutado este año

Su cuerpo fue hallado junto al de cuatro mujeres; las víctimas presentaban huellas de tortura

El fotoperiodista Rubén Espinosa, quien fue asesinado el fin de semana

Foto Imagen tomada de su cuenta de Facebook

Josefina Quintero, Laura Poy y Eirinet Gómez

Reporteras y corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 2 de agosto de 2015, p. 3

Rúben Espinosa Becerril, fotoperiodista veracruzano de la revista Proceso, Cuartoscuro y de la agencia local Avc Noticias, quien desde junio pasado se exilió en la ciudad de México ante las amenazas que enfrentaba por su labor periodística, fue encontrado muerto junto con cuatro mujeres en un departamento del edificio 1909, de Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, delegación Benito Juárez.

Familiares de la víctima confirmaron su identidad, por lo que hasta el cierre de esta edición continuaban en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) rindiendo su declaración.

Tras conocerse la noticia, los informadores de Veracruz manifestaron su indignación y realizaron una velada en la Plaza Lerdo, en Xalapa, donde exigieron el esclarecimiento de los hechos, y que éstos no queden impunes.

Recordaron que Espinosa Becerril –especializado en la cobertura de movimientos sociales en esa entidad– es el cuarto periodista veracruzano asesinado en lo que va del año, luego de los homicidios de Armando Saldaña, Juan Mendoza y Moisés Sánchez.

De acuerdo con los reportes policiales, los cuerpos de Espinosa Becerril y las cuatro mujeres estaban en diferentes cuartos de la vivienda. Según la investigación, que inició la PGJDF por el multihomicidio, a las víctimas las ataron de pies y manos, en tanto que a dos de las mujeres las encontraron sin ropa.

Una extranjera, entre las víctimas

Los cuerpos, además de las heridas por arma de fuego, presentaban lesiones por arma blanca y señales de tortura. Entre las víctimas se encontraba una mujer extranjera.

Tras 24 horas de la desaparición del fotoperiodista, su familia acudió a las autoridades, quienes le pidieron identificar el cadáver.

La organización Artículo 19 había emitido una alerta, debido a que el fotógrafo se exilió en la ciudad de México, luego de salir de Veracruz por sentirse amenazado.

Integrantes de la organización señalaron que en las líneas de investigación que sigan las autoridades judiciales debe considerarse el contexto de amenazas que enfrentaba el fotoperiodista, por lo que señalaron que debe intervenir la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Fuentes del Gobierno del Distrito Federal informaron que el titular, Miguel Ángel Mancera, se mantiene atento de las investigaciones, e instruyó al procurador capitalino, Rodolfo Ríos, que brinde toda la atención a los familiares.

En tanto, compañeros y directivos de los medios donde colaboraba Espinosa Becerril manifestaron su indignación por el homicidio y exigieron su esclarecimiento. Pedro Valtierra, fundador y director de la agencia Cuartoscuro, narró que Rubén colaboraba con nosotros desde hace tres años. Era un fotógrafo inquieto, como todos los jóvenes; chambeador, tranquilo. Su muerte es terrible, dolorosa. Es un asesinato cobarde.

Señaló que vino al Distrito Federal porque sí sentía la presión, la vigilancia; estaba asustado, ya que en dos o tres ocasiones recibió amenazas directas. Queremos que esto se investigue. ¿Qué hace un joven fotógrafo para merecer esto, para que lo maten de esa manera? Da mucho dolor.

Flavia Morales, jefa de Avc Noticias, afirmó: Rubén era un guerrero, un amigo de todos y estamos indignados. Nos duele mucho lo que está pasando, pero no es momento de tener miedo, sino de agarrar fuerzas, de hacer un frente común. No nos podemos quedar en el miedo y no podemos echarnos para atrás.

La revista Proceso también divulgó en su página electrónica que desde hace algunas semanas Espinosa Becerril decidió exiliarse temporalmente de Veracruz, y radicar en la ciudad de México, luego que detectó que sujetos desconocidos lo vigilaban tanto en su domicilio como en sus actividades laborales.

Tan sólo el pasado 9 de julio, en una entrevista en el canal de Internet Rompeviento, Rubén manifestó que todo el mundo es atacado cuando tu crítica es al mal gobierno que lleva Javier Duarte, y me tuve que venir en un contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz. Estando acá, dando algunas entrevistas, me entero que matan al (periodista) número 13, asesinado por este mal gobierno.

Sus compañeros reporteros recodaron que uno de sus trabajos más relevantes fue su cobertura de la agresión perpetrada por un comando contra estudiantes de la Universidad Veracruzana la madrugada del pasado 5 de junio en la capital del estado, cuando 10 hombres ingresaron a la vivienda donde se encontraban los jóvenes y los atacaron con machetes, bates, bastones y armas largas.

También cubrió, en septiembre de 2013, el desalojo del plantón instalado por profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que generó un enfrentamiento con policías estatales, hecho por el cual levantó una denuncia.

Después de esa agresión, indicaron, Rubén encabezó las demandas de justicia y reparación del daño, porque muchos perdieron sus equipos. Denunció que el secretario de Seguridad Pública local, Arturo Bermúdez Zurita, era responsable de organizar dicho operativo. También fue quien encabezó la demanda para colocar una placa en la Plaza Lerdo en honor de la periodista Regina Martínez, asesinada en abril de 2012.

Más de 100 comunicadores ultimados en el país

De la Redacción

 Periódico La Jornada

En México, 103 periodistas han sido asesinados de 2000 a 2015. Veracruz y Chihuahua destacan como las entidades con mayor número de homicidios de comunicadores, con 16 cada uno. El año con el más número de casos fue 2010, cuando se reportaron 13 decesos.

En Veracruz, el incremento se concentra de 2010 a la fecha, durante la gestión del gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa. De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), durante su mandato se reportaron tres homicidios en 2013, cinco en 2012, uno más en 2014, más los ocurridos este año.

Sin embargo, medios nacionales y locales han dado cuenta de un mayor número de casos. Durante la administración de Duarte Ochoa se contabilizan 14 comunicadores asesinados y cinco desaparecidos. Algunos de los casos son los de Armando Saldaña Morales, localizado sin vida en mayo pasado en Cosolapa, Oaxaca, municipio que colinda con Veracruz; el de Octavio Rojas Hernández, corresponsal de El Buen Tono, periódico local, que fue ultimado el 11 de agosto de 2014 y su cuerpo también fue hallado en Cosolapa.

También están los de Moisés Sánchez, director del semanario La Unión; Noel López Olguín, colaborador de los semanarios locales Horizonte y Noticias de Acayucan; Miguel Ángel López Velasco, del diario Notiver, asesinado el 20 de junio de 2011 junto con su esposa y su hijo; Misael López Solana, fotógrafo de Notiver e hijo de López Velasco.

Además Yolanda Ordaz, reportera de Notiver, asesinada en julio de 2011; Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Xalapa, cuyo cuerpo se localizó el 28 abril de 2012 en su domicilio; Guillermo Luna Varela, agencia fotográfica Veracruz News, y Gabriel Huge Córdova, de Veracruz News.

Esteban Rodríguez, fotógrafo del diario AZ de Veracruz; Víctor Manuel Báez Chino, reportero y editor de la sección policiaca de Milenio, El Portal de Veracruz; Juan Mendoza, de El Dictamen, y Gregorio Jiménez, reportero de Notisur y Liberal del Sur.

De acuerdo con el informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, hasta junio pasado la región sureste del país, que incluye a Veracruz, Guerrero –el tercer estado con más periodistas asesinados–, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, reportaba la tasa más alta de homicidios, con 36 casos, lo que corresponde a 34.9 por ciento de las muertes.

En cuanto al número de periodistas desaparecidos, suman más de una veintena, que alcanzó los 25 casos, de acuerdo con la fiscalía especial, y 23 conforme a los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las entidades con mayor número de periodistas desaparecidos son Veracruz, Michoacán, Tamaulipas y Coahuila.

Iguala, un parteaguas contra la impunidad: Abel Barrera

Ayotzinapa, a la espera de justicia

Los 43 destaparon la crisis de derechos humanos en México

Imposible para el gobierno revertir esa marca de sangre

Foto Jesús Villaseca

Emir Olivares Alonso y José Antonio Román

Periódico La Jornada

Trabajo de peritos en el tiradero de Cocula, Guerrero, en noviembre del año pasadoFoto Jesús Villaseca

Hace 10 meses un hecho cimbró la conciencia social en el país: el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2014 no será una fecha más en el memorial de las trágicas represiones nacionales. Lo sucedido en Iguala, Guerrero, causó tal indignación ciudadana que podría convertirse en el parteaguas para dar el primer paso contra la impunidad.

Será imposible para el gobierno de Enrique Peña Nieto revertir esa marca de sangre, ese crimen quedó grabado en la memoria colectiva del país. A 10 meses, el caso de los 43 es ejemplo de impunidad, infamia e injusticia; pero al mismo tiempo es un símbolo para alcanzar un cambio en el país, aseveró Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que han acompañado a los familiares de las víctimas en un viacrucis que busca verdad y justicia.

El 26 de septiembre, alumnos de la normal rural de Ayotzinapa se trasladaron desde su escuela, ubicada en el municipio de Tixtla, hasta Iguala para realizar una colecta de recursos con los que financiarían su viaje a la ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa por la masacre del 2 de octubre de 1968. No imaginaron sin embargo que correrían con una suerte similar a la de los ejecutados en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Por la noche, fueron emboscados por un comando de la policía municipal. Varios fueron subidos a vehículos oficiales y otros más cayeron heridos o ejecutados. Se repitieron ataques similares a lo largo de la madrugada de 27 de septiembre. Las agresiones alcanzaron incluso al camión en el que viajaban los integrantes del equipo de futbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo.

Seis personas asesinadas –tres de ellas normalistas, uno, Julio César Mondragón, fue torturado y desollado–, varios heridos y 43 estudiantes de la normal desaparecidos fue el saldo de los ataques. Los policías municipales habrían entregado a los alumnos a integrantes del cártel Guerreros Unidos. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalado como uno de los principales responsables del crimen, se dio a la fuga al igual que varios de sus colaboradores.

De inmediato hubo reclamos de justicia. El gobierno de Peña Nieto en principio argumentó que se trataba de un caso local. Al paso de los días los reclamos se transformaron en indignación social y el clamor por la presentación con vida de los 43 normalistas se expresó desde las calles, redes sociales, mantas, carteles, conciertos, estadios deportivos, espacios públicos, universidades y algunos más.

Los 43 destaparon una verdad que el gobierno había negado: que en México hay una crisis de derechos humanos. Las autoridades tenían una estrategia para mostrar a México en el plano internacional como un país de vanguardia en garantías fundamentales. El caso Iguala desplomó ese falso escenario y apareció el México real, el de la violencia, la represión, las ejecuciones y las desapariciones forzadas, apuntó el director del Centro Tlachinollan.

Las multitudinarias movilizaciones sociales tuvieron algunos impactos: la administración federal se vio orillada a dar atención al caso y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pidió licencia a finales de octubre y meses después no tuvo más que renunciar. La ciudadanía resumió su rabia en una frase: Todos somos Ayotzinapa.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

El 29 de octubre de 2014, el mandatario federal recibió en Los Pinos a los padres de los normalistas. Se firmaron 10 compromisos. No todos cumplidos, en palabras de Barrera, particularmente el referente a fortalecer esfuerzos para la localización de los 43 estudiantes desaparecidos. Fueron los padres quienes tuvieron que buscar a sus hijos, lamentó.

A principios de noviembre se logró la detención del alcalde de Iguala y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Ya habían sido aprehendidos algunos policías municipales y varios presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos.

El 7 de ese mes el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ofreció una conferencia para presentar los avances de las indagatorias. Su principal hipótesis fue que los 43 normalistas desaparecidos habrían sido ejecutados, calcinados en el basurero de Cocula hasta convertir sus cuerpos en cenizas, las cuales se arrojaron a un río.

Ante el cúmulo de preguntas de los reporteros, el procurador expresó: Ya me cansé, frase que fue retomada por la ciudadanía y llegó a convertirse en trending topic en redes sociales para manifestar el hartazgo de la sociedad ante lo que sucede en el país.

La versión no fue aceptada por los deudos, sus abogados y las organizaciones que los han acompañado debido a que carece de elementos científicos. Demandaron que se ampliaran las líneas de investigación, pues consideraban desde semanas atrás que elementos del Ejército pudieron estar implicados en los hechos, también exigieron indagar al ex gobernador Aguirre.

En las calles continuaba la exigencia de justicia y presentación con vida de los desaparecidos y la imagen del Ejército fue severamente cuestionada por la ciudadanía. A las miles de voces que se expresaban en México y el mundo se sumó un nuevo clamor: la exigencia por renuncia de Peña Nieto.

Frente a la presión social, el 27 de noviembre el mandatario federal trató de hacer suya la consigna Todos somos Ayotzinapa. Esto sólo generó más indignación social y los familiares le respondieron: Peña, tú no eres Ayotzinapa.

El 4 de diciembre, durante una gira por Coyuca de Benítez, Guerrero, el titular del Ejecutivo convocó a superar el dolor causado por Ayotzinapa. Después de ello, el tema salió del discurso presidencial.

En una nueva conferencia, el 27 de enero de 2015, el procurador Murillo afirmó que ya se conocía la verdad histórica del caso Iguala, el cual, dijo, debía cerrarse y ratificó que de acuerdo con peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos, los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Casi un mes después fue removido como procurador y en su lugar fue nombrada Arely Gómez, quien apenas se reunió por primera vez con los padres de los normalistas hace un par de semanas.

“Hay un intento por cerrar el caso, por dejarlo en el olvido. Si bien es cierto que han sido detenidas 110 personas, 10 meses después del crimen no hay avances. No se ha logrado saber quiénes dispararon y por qué, quién lo ordenó. La PGR pretende erigir una ‘verdad histórica’ que carece de elementos científicos, por eso es que se rechaza”, aseveró Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.

A más de 300 días de los hechos, el litigante sostuvo que sólo se cuenta con una investigación deficiente que no ha aportado elementos para conocer la verdad y mucho menos para acceder a la justicia.

Sumado a ello, apenas el jueves pasado, al rendir un informe sobre el caso Ayotzinapa, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseveró que la indagatoria de la PGR está incompleta y presenta fallas y omisiones. Enfatizó que no es momento de callar ni de olvidar.

A la par, el equipo de forenses argentinos –reconocidos por realizar análisis de restos óseos en varios casos de desaparición en el continente– trabajan en un informe que presentarán en agosto.

Para cerrar, Abel Barrera reconoció que si bien las movilizaciones sociales han decrecido en número, la exigencia de justicia sigue vigente y tiene que ser respondida por las autoridades.

México vive un tsunami de crímenes de lesa humanidad: Edgardo Buscaglia

La corrupción política, motor de la delincuencia organizada, dice el investigador

La periodista Carmen Aristegui y el investigador Edgardo Buscaglia participaron en el foro Derechos humanos y antimafia social en América Latina, organizado por la red ALAS

La corrupción política en México es el corazón de la delincuencia organizada, advirtió Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad Columbia de Nueva York. Afirmó que el país se ha convertido en exportador de inestabilidad, y agregó que el enemigo de la nación está en el gobierno.

Luego de participar en el foro Derechos humanos y antimafia social en Amercia Latina, que organizó la Red América Latina Alternativa Social (ALAS), señaló que México vive un tsunami de crímenes de lesa humanidad, e insistió en que el motor de la delincuencia organizada en el país son los políticos.

México tiene una delincuencia de Estado. Si la corrupción política sigue su curso y abre las empresas a estos grupos criminales para que sigan expandiendo sus operaciones y sigan contrabandeando armas desde Asia, Centroamérica y desde Estados Unidos de la manera en que lo hacen, el conflicto armado mexicano va a llegar a proporciones mucho más graves que lo que tiene ahora.

En su intervención, la periodista Carmen Aristegui manifestó que los medios de comunicación deben compartir con la sociedad organizada el compromiso de exhibir la corrupción.

“Los medios de comunicación tenemos trabas, dificultades. Hay fenómenos de autocensura muy arraigados en países como México, y fenómenos de censura también arraigados y presentes en nuestro país. Es algo que no nos sorprende en el resto de la región, y tenemos que plantearnos como un asunto que debe combatirse y denunciarse también.

“La sociedad y las organizaciones deben tener plena conciencia de lo que significa que medios de comunicación no tengan la posibildiad real de exponer, explicar, alentar el debate de contribuir en la discusión pública de los grandes temas de la nación, empezando desde luego por el tema de la corrución.

Si los medios de comunicación se encuentran ahorcados o limitados o francamente impedidos de informar, denunciar y hablar de temas de corupción, hacen evidentemente mucho más difícil la tarea de las organizaciones que están batallando por articular esfuerzos muy específicos para combatir al crimen organizado o para ayudar en las tareas preventivas de control social y, sobre todo, de atención a las víctimas, indicó.

Ante la escalada de violencia en Jalisco en días pasados, Buscaglia aseguró que el problema mexicano no es de armas ni de falta de helicópteros o de personal militar; es de corrupción política y empresarial, que ha permitido la expansión de redes criminales en toda la República y más allá de sus fronteras.

“México todavía no ha tocado fondo; eso es algo que ustedes tienen que entender. El Ejército Mexicano no necesita más armas ni más soldados, ya que tiene los suficientes. El cáncer de México como sociedad y Estado está dentro del mismo Estado. El enemigo está dentro de la misma casa y eso es lo que se tiene que entender.

A mí no me llama la atención el arsenal en las manos de las redes criminales, como la de Jalisco. Hace años que vienen atacando convoyes militares en México; sin embargo, “haber derribado un helicóptero de las fuerzas armadas se transforma en un símbolo de debilidad del Estado y es un shock sicológico para cualquier institución”.

Para Buscaglia otro de los problemas de la creciente violencia en el país se debe a que el gobierno federal no quiere tomar medidas de confiscación patrimonial ni intervenir a las empresas mediante las cuales los grupos criminales usan sus sistemas de transporte y la infraestructura. No quiere atacar esos dos ángulos porque ello significa atacar a sus mismos partidos.

Foto Pablo Ramos
César Arellano García
Periódico La Jornada
Martes 12 de mayo de 2015, p. 9

La PGR reservó 12 años datos sobre cada implicado en desaparición de normalistas

Rechazó informar dónde fueron detenidos y cuál es su situación jurídica

La información está inmersa en una averiguación previa y no es posible hacerla pública, señala

A pesar de que mediante comunicados y conferencias de prensa la Procuraduría General de la República (PGR) ha dado a conocer avances de las investigaciones del llamado caso Iguala, la dependencia reservó por 12 años la información acerca del lugar donde fue detenido cada uno de los presuntos involucrados en la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, su situación legal y el reclusorio donde están encarcelados.

En respuesta a una solicitud de información pública, la PGR se negó a proporcionar el número de personas detenidas relacionadas con los ataques, detención y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en los municipios de Iguala y Cocula.

Lo anterior, a pesar de que, de acuerdo con la PGR, han sido aprehendidas 105 personas, entre ellas más de 60 policías municipales; el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, así como integrantes del cártel Guerreros Unidos, y que éstos están presos en los penales de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el estado de México; en el de Matamoros, Tamaulipas, y en el de Tepic, Nayarit.

Se niega a informar sobre los vínculos entre los aprehendidos

Por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), la institución ministerial rechazó dar a conocer los vínculos que –de acuerdo con la indagatoria– existen entre cada uno de los detenidos.

En su respuesta, la PGR señaló que la Seido comunicó que los datos solicitados se encuentran inmersos en una averiguación previa y, por tanto, tienen el carácter de reservados, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, motivo por el cual no es posible hacerla del conocimiento (público), ni revelarla a un particular bajo ninguna circunstancia, por lo que la información podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de 12 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la citada legislación y el artículo 30 de su reglamento.

Agregó que se considerará reservada aquella información relacionada con las actividades que el Ministerio Público lleva a cabo durante la etapa de la averiguación previa, es decir, en el lapso en que se realizan todas las actuaciones y diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de delito, a efecto de ejercer, o no, la acción penal.

La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, respondió al solicitante de la información, mediante el oficio SJAI/DGAJ/01513/2015, que las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación no tienen la calidad de registros públicos ni pueden ser consi-derados como fuente de acceso al público.

En días recientes fue detenido el ex subdirector operativo de la policía municipal de Iguala Francisco Salgado Valladares, uno de los involucrados en el caso, y la información fue difundida oficialmente mediante comunicados de prensa.

Gustavo Castillo García

 Periódico La Jornada

Miércoles 13 de mayo de 2015, p. 6

"Alarman" al Pentágono los hallazgos de fosas en Guerrero

Preocupa al organismo militar de EU la posible 

‘‘complicidad del gobierno’’

‘‘Preguntas alarmantes’’ 

de Northcom sobre matanzas y desapariciones en México

Menciona los casos Tlatlaya y Ayotzinapa;

 suspendida, la asistencia al Batallón 102 del Ejército

El Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) consideró que existen ‘‘interrogantes alarmantes’’ sobre el ‘‘nivel de complicidad gubernamental’’ en torno al descubrimiento de fosas comunes encontradas en el curso de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero el año pasado, según documentos oficiales desclasificados y divulgados hoy por el centro de investigaciones independiente National Security Archive.

A la vez, otros documentos oficiales de Northcom desclasificados hoy confirman que el Departamento de Estado –sin aviso público– suspendió la asistencia estadunidense al Batallón 102 del Ejército, después de los hechos en Tlatlaya, en el estado de México.

Un ‘‘grupo de trabajo sobre derechos humanos’’ de Northcom circuló un informe entre altos oficiales el 15 de octubre de 2014, señalando que las fosas comunes no relacionadas con los 43 normalistas, pero descubiertas durante las investigaciones de ese caso, ‘‘provocan interrogantes alarmantes sobre el carácter amplio de la violencia de cárteles en la región y el nivel de la complicidad gubernamental’’. Agregó que ninguno de los 28 cadáveres encontrados hasta esa fecha en las fosas pertenecía a los estudiantes desaparecidos.

El informe revela que los militares estadunidenses estaban preocupados por el caso de la desaparición de los 43 normalistas, sobre todo por el involucramiento de las autoridades policiacas. El documento resume el curso de las investigaciones en México hasta mediados de octubre, reportando que el paradero de los 43 estudiantes normalistas aún no se sabía, pero que se habían encontrado nueve fosas comunes más.

El grupo de trabajo del Comando Norte –con sede en Colorado y encargado de programas del Departamento de Defensa en México, Canadá y Estados Unidos– también abordó la matanza de 22 personas en la comunidad mexiquense de Tlatlaya, en junio del año pasado, por integrantes del Batallón 102 del Ejército.

Después del arresto de un oficial y siete soldados, el comando señaló que había ‘‘mayor aceptación de que los militares’’ estaban involucrados. Más aún, expresó preocupación de que esto podría obstaculizar el otorgamiento de asistencia militar estadunidense en esa región. ‘‘Si (el comandante de la zona militar) es implicado en una grave violación de derechos humanos, la zona militar entera y 10 mil integrantes serán inelegibles para la asistencia de cooperación en seguridad estadunidense’’, advirtió.

Otro documento de Northcom sobre Tlatlaya, fechado el 14 de enero de 2015, indica que el Batallón 102 ‘‘ahora es inelegible para recibir asistencia de Estados Unidos’’.

El National Security Archive comenta que el nivel sin precedente de cooperación e involucramiento de Estados Unidos con las fuerzas militares mexicanas en años recientes, se ha profundizado a la vez que se ha documentado un incremento en abusos de derechos humanos.

‘‘No hay respuestas fáciles a las interrogantes alarmantes provocadas por el número espantoso de fosas comunes que ahora se están descubriendo en México.

‘‘Lo que parece claro es que una estrategia estadunidense que ha invertido miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas en ese país en la última década… ha logrado poco en limitar los niveles epidémicos de violencia o la capacidad de los grupos criminales de comprometer funcionarios gubernamentales en todos los niveles’’, concluye el organismo.

Los documentos oficiales recién revelados, junto con muchos otros relacionados a estos casos pero anteriormente divulgados, se pueden consultar.

Imagen de la matanza en el municipio mexiquense de TlatlayaFoto Agencia MVT /Archivo

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 13 de mayo de 2015, p. 5

Nueva York.

La tortura sí es generalizada en México, ratifican especialistas

Validan informe de Juan Méndez, relator de Naciones Unidas contra este delito

No son los casos denunciados, sino el patrón de detenciones, violencia e impunidad, sostienen

El gobierno mexicano sólo responde con posturas autoritarias y de rechazo a la crítica: activistas

Fernando Camacho Servín 

Periódico La Jornada

Domingo 5 de abril de 2015, p. 5

La tortura en México es una práctica generalizada, como afirmó Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas contra ese delito, no por la cantidad de casos denunciados, sino por el patrón de detenciones arbitrarias, violencia, ocultamiento e impunidad que sigue la gran mayoría de estas agresiones cometidas por servidores públicos de todos los niveles de gobierno.

Así lo indicaron activistas especializados en el tema, quienes lamentaron que ante el debate generado por el informe del relator, el gobierno mexicano sólo responda con posturas autoritarias de rechazo a la crítica, y pase por alto que la tortura no sólo se ejerce con golpes, sino con palabras, actitudes y amenazas que muchas veces no son identificadas como maltrato serio.

Raymundo Díaz, coordinador en el estado de Guerrero del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, manifestó su acuerdo con el informe de Juan Méndez, y señaló que el carácter generalizado de este crimen queda comprobado con el hecho de que todas las fuerzas de seguridad del Estado lo practican, incluidos el Ejército y la Marina.

De igual forma, en prácticamente todos los casos se registran pautas comunes de violencia desde los primeros momentos de la detención del acusado y hasta ponerlo a disposición de un juez, muchas veces con la finalidad de obtener declaraciones autoinculpatorias que son utilizadas para procesarlos judicialmente sin ninguna otra prueba.

Además de los golpes y las agresiones físicas directas, como electrocuciones y asfixia, hay toda una serie de acciones que pueden considerarse formas de tortura sicológica, pero no son reconocidas como tales por las autoridades ni por las propias víctimas, entre ellas los insultos, el apuntar con armas aun sin dispararlas, o la sola proximidad de helicópteros, camiones o tropas en actitud amenazante.

Cuando se dice que la tortura es 'generalizada', quizá los diputados o el Presidente piensen que hay que ver a miles de personas sangrando, con el ojo reventado, con marcas de toletes o de cables eléctricos, pero la identificación de pautas repetitivas es suficiente para comprobar dicho carácter, insistió.

El relator de la ONU sobre tortura y tratos crueles, Juan Méndez, manifestó que en México recibió presiones para minimizar su informe sobre torturaFoto Notimex

Al ser puesto en evidencia, el gobierno mexicano ha preferido desacreditar al relator de Naciones Unidas y minimizar el problema, para seguir con su juego de imagen internacional, sin importar que casos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa dejen clara la persistencia de violaciones graves de derechos humanos, señaló.

Javier Monroy, coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario, coincidió en que la tortura sí es de carácter generalizado en el país, ya que la ejecutan cuerpos policiacos y militares de todos los niveles, y casi siempre de la misma manera.

La información indica que aunque el relator hizo un muestreo de algunos casos, son señales de que es una práctica en todos los niveles. Además, es una realidad que conocen los defensores de derechos humanos y la ciudadanía en general, que ya saben la forma de tortura tanto física como sicológica de las policías y los militares, manifestó.

Un ejemplo de cómo se ejerce esta última forma de maltrato es el de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, pues la falta de acción de las autoridades los ha mantenido en un estado de angustia y terror que es ya una tortura sicológica, a veces más impactante que la física.

Ante los informes críticos de organizaciones internacionales, el gobierno mexicano ha reaccionado de manera lógica, porque no puede aceptar que así funciona el sistema de justicia en nuestro país, pero se me hace muy torpe ir contra el relator y minimizar hechos que son ampliamente conocidos. Están dando patadas de ahogado y no pueden esconder la realidad.

Lamentó que el Estado mexicano actúe con prepotencia y con la intención de enfrentar todo aquello que desnuda su actuación en cuanto a prácticas negativas contra los ciudadanos. Forma parte de la estrategia de mantener la impunidad y decir que el gobierno es la víctima de la delincuencia, agregó.

Cada 26 horas un periodista es agredido en México: Artículo 19

Distrito Federal, Quintana Roo y Veracruz son las entidades con más agresiones a periodistas.

Nayeli Roldán (@nayaroldan)

En México un periodista es agredido cada 26.7 horas. Tan solo en 2014 se registraron 326 ataques contra comunicadores y cinco reporteros fueron asesinados presumiblemente por realizar su labor. En regiones como Tamaulipas o Chihuahua, la autocensura es la única defensa ante los embates de criminales, aunque en el resto del país, la mayor parte de las agresiones provienen desde el poder. En resumen, se trata del peor panorama para la libertad de prensa y el derecho a la información de los últimos siete años.

Así lo documenta el informe “Estado de Censura”, elaborado por Artículo 19, presentado este 24 de marzo. En él se reporta el aumento de agresiones a periodistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto con respecto al de Felipe Calderón, cuando se registraba un ataque cada 48.1 horas.

En el Distrito Federal, gobernado por Miguel Ángel Mancera, ocurrieron 85 agresiones, sobre todo en protestas sociales, por lo que encabeza la lista de incidencia en todo el país. Esto significa un aumento de 70% de incidencia para este sexenio, toda vez que con Calderón se registraron 98 ataques en la capital, un promedio de 16.3 por año; pero con Peña ya suman 166 solo en dos años (81 en 2013 y 85 en 2014).

Y es que la administración federal inició con una manifestación en la Ciudad de México por la toma de protesta como Presidente de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012 que dejó heridos, inmuebles destruidos y más de una centena de detenidos. En los siguientes meses, durante las movilizaciones que resultaron en vandalismo por parte de un grupo de autodenominados anarquistas, los periodistas eran agredidos por estos y por policías al documentar los enfrentamientos y detenciones.

En el sexenio de Calderón, Tamaulipas y Chihuahua fueron las entidades más violentas para la prensa con 58 y 92 agresiones registradas respectivamente, de las cuales 13 fueron asesinatos (nueve en Chihuahua y cuatro en Tamaulipas); en contraste, en los dos años de gobierno de Peña Nieto, suman 13 y 12 las agresiones, respectivamente, incluido un asesinato por cada estado.

Pero la disminución no necesariamente es una buena señal y se puede explicar en gran medida por el temor de la prensa a informar acerca de temas que pongan en riesgo su integridad, “lo que ha generado una censura —y auto censura— generalizada y, por lo tanto, un efecto inhibidor en la prensa de estas entidades”, advierte el estudio.

En Quintana Roo, gobernado por Roberto Borge, se registraron 42 agresiones a periodistas en 2014. Es la segunda entidad de mayor incidencia y con acciones que bien podrían rayar en lo inverosímil. Por ejemplo, las portadas del semanario Luces del Siglo, de Cancún, Quintana Roo, una de las publicaciones más destacadas dedicada a la investigación y una línea editorial crítica hacia el gobierno de la entidad y los municipios, fueron falsificadas y compartidos por correo electrónico y redes sociales en 38 ocasiones.

Veracruz ocupa el tercer lugar. En la entidad gobernada por Javier Duarte han ocurrido 41 ataques a comunicadores. Uno de ellos fue el asesinato del reportero Gregorio Jiménez. Y aunque en ocurrieron en otra fecha, no puede olivarse el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso y más recientemente, la muerte de Moisés Sánchez, periodista del municipio de Medellín. En ningún caso se ha investigado hasta conseguir el castigo a los responsables.

 ¿Quiénes son los agresores de periodistas?

Desde 2007 el país atraviesa por una de las crisis de inseguridad más agudas debido al crimen organizado y la “guerra” emprendida en contra de los cárteles de la droga por el ex presidente Felipe Calderón, pero la mayoría de las agresiones contra periodistas reportadas durante 2014, provienen del poder y no de los criminales.

El diagnóstico revela que del total de ataques, 156 provienen de funcionarios públicos, en 86 casos se desconoce al agresor; 56 fueron por parte de particulares; 11 por una organización sindical; 8 por el crimen organizado y el resto por fuerzas partidistas, medios de comunicación y organizaciones sociales.

Aunque México existen leyes, programas, una fiscalía lo que lo convierte en uno de los sistemas más robustos de protección de todo el mundo, las agresiones a la prensa continúa en aumento. “La pregunta obvia es ¿por qué? La respuesta obvia sigue siendo la misma: la total impunidad de quienes actúan contra la prensa”, afirma Darío Ramírez, director de Artículo 19, oficina para México y Centroamérica.

Esto se explica con datos duros, pues a cinco años de haber sido creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) —antes Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP)—, “el Estado mexicano aún está en deuda respecto de su obligación de prevenir y proteger a quienes llevan a cabo actividades periodísticas”, dice Artículo 19.

“Dos casos emblemáticos de la poca efectividad de la FEADLE son el de la periodista y activista Lydia Cacho, y el de los periodistas agredidos por policías del Distrito Federal en contextos de protesta social”, señala el diagnóstico.

En 2014 se reportaron ocho casos ante la Fiscalía, frente a los 10 y nueve reingresos que hubo en 2012 y 2013, respectivamente. Un aspecto preocupante es el atraso en la atención de los casos, pues mientras en 2013 reportó un rezago de 66 averiguaciones, para 2014 el número creció a 121, lo que significa un aumento de 183 por ciento en el rezago.

Sin embargo, el presupuesto sí creció. Pasó de 3 millones en 2012, a 38 millones 84 mil pesos para 2013 y 39 millones 13 mil pesos en 2014. Pero la distribución del recurso privilegió la nómina, al dedicar 24 millones 354 mil pesos a “servicios personales”, mientras que a “servicios generales” correspondieron 13 millones 620 mil pesos. 

Los agredidos

Goyo documentaba la violencia en Veracruz

Gregorio Jiménez, Goyo como le decían, era reportero en Villa Allende, Coatzacoalcos, y enviaba notas a los periódicos locales El Liberal del Sur, NotiSur y La Red sobre la violencia en esa región, en particular los secuestros. Ganaba 20 pesos por cada texto.

A fines de octubre de 2013, Gregorio fue amenazado por la publicación de una de sus notas. La dueña de un bar donde se habían cometido varios crímenes se molestó porque los voceadores anunciaban la nota afuera del lugar. Un mes después, el reportero reveló el nombre de una conocida restaurantera de Coatzacoalcos a quien la policía le había asegurado una “casa de seguridad” para personas secuestradas, entre ellas, migrantes que tuvieron que transitar forzosamente por la región.

Goyo fue secuestrado por un comando y seis días después fue encontrado sin vida en una fosa en la que también se encontraba el cuerpo de Ernesto Ruiz Guillén, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coatzacoalcos, cuyo secuestro había sido denunciado por el fotorreportero el 21 de enero.

Fue el quinceavo periodista asesinado en Veracruz en los últimos 11 años, el décimo en la administración del gobernador Javier Duarte y el quinto en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Artículo 19 advierte que la investigación sobre este homicidio, como la del resto de los periodistas asesinados en Veracruz, ha estado plagada de irregularidades o desaciertos. Existe una pretensión de desvincular el ejercicio periodístico de las víctimas con el móvil de los crímenes; las autoridades estatales incluso han llegado a señalar que los comunicadores tenían nexos con el crimen organizado o que se trató de móviles pasionales, como lo hicieron con Regina Martínez.

Edwin Canché, el corresponsal golpeado por documentar

El 1 de enero de 2014, Almícar Couoh, menor de edad y sobrino del alcalde de Seyé, Yucatán, aún ebrio por el festejo de año nuevo, condujo la camioneta de su padre, chocando contra el muro de piedra que protegía el patio de la familia Madera Pech.

Para evitar que el culpable lograra deslindarse de los daños, Amada Pech, habitante del inmueble, buscó a Edwin Canché, corresponsal de del Diario de Yucatán en Seyé, un municipio indígena a 36 kilómetros de Mérida, capital del estado.

Al llegar al lugar tomó fotografías, pero casi de inmediato cuatro policías y el director de seguridad municipal lo hostigaron y se lo llevaron al palacio municipal en una patrulla. En el lugar, los uniformados recibieron la orden del munícipe Ermilo Dzul Huchim: “Ya estoy hasta la madre, me tienen cansados de que estén criticando mi administración. Rómpanle la madre”. El resultado: lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza.

Debido a la protesta de los habitantes, el presidente municipal liberó a Edwin y le devolvieron sus pertenencias pero borraron las fotos que había tomado. Permaneció retenido durante una hora. El reportero interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Yucatán y el caso fue atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).

Aunque en mayo de 2014 el Juzgado Quinto de Distrito ordenó la aprehensión de los cinco agresores por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, al ser no graves consiguieron la libertad con fianzas de entre 7 mil 400 y 8 mil 333 pesos cada uno. El argumento del juez para no imputarles delitos graves, fue que Edwin nunca acreditó su calidad de periodista.

Los abogados de Edwin interpusieron un amparo ante un tribunal de apelación en Campeche, y solicitaron que se reclasifiquen los delitos y se tome en cuenta la calidad de periodista de la víctima. Por tratarse de un tema relevante para la libertad de expresión, Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció el pasado 25 de febrero que analizará el caso para su posible atracción.

Pedro Canché, el periodista que retó al gobernador

Foto: Artículo 19El periodista Pedro Canché fue detenido el pasado 30 de agosto de 2014.

Pedro Canché es periodista maya en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. El único que dio a conocer la represión de los ciudadanos mayas de su comunidad, que protestaban contra los altos cobros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), órgano dependiente de la administración estatal.

Canché produjo y difundió un video en redes sociales donde criticaba el desempeño de Roberto Borge y lo retaba a debatir públicamente por su falta de sensibilidad para atender las denuncias ciudadanas de su localidad. La respuesta fue una campaña de desprestigio y hostigamiento en redes sociales por parte de personajes cercanos al gobernador.

El 30 de agosto de 2014 fue encarcelado y acusado falsamente de sabotaje por el gobierno de la entidad, encabezado por Roberto Borge. Además advierten que Canché no era periodista por el hecho de que no publicaba en un medio de comunicación acreditado ante el gobierno estatal.

Canché permanece en la cárcel y desde ahí ha enviado su testimonio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero el gobierno estatal ha intentado por cualquier medio acallar su voz. Exigió a las autoridades de la prisión de Carrillo Puerto que le quitaran todo objeto con el que Pedro pudiera escribir, pero la orden fue desechada, debido a que el reglamento permite a los presos la posesión de hojas de papel, plumas o lápices.

Esta es una muestra más de que “el gobierno de Roberto Borge es represor de la libre expresión. El mensaje es incisivo: en su entidad se castiga a quienes publican información incómoda, crítica. En Quintana Roo, las voces que disienten son ahogadas; con ello se busca el control político de la sociedad”.

Noreste de Sinaloa bajo ataque

Foto: CuartoscuroEl director general del periódico Noroeste Adrian Lopez Ortiz, fue baleado en la madrugada mientras era despojado de su vehículo.

Desde que Mario López Valdez asumió la gubernatura de Sinaloa, el 1 de enero de 2011, el periódico Noroeste ha sido el medio de comunicación que más agresiones ha recibido en esa entidad, advierte Artículo 19.

Durante la medianoche del miércoles 2 de abril de 2014, su director, Adrián López Ortiz, fue asaltado, golpeado y herido por una bala en una pierna. Lo agredieron cuando se dirigía a su casa, procedente del aeropuerto de Culiacán, luego de arribar en un vuelo comercial de la Ciudad de México, donde también viajaba el gobernador Mario López Valdez, cuya administración ha sido fuertemente cuestionada por Noroeste.

A la fecha, han sido registrados 47 incidentes de seguridad en ese lapso: robos, despojos, agresiones físicas, amenazas y asaltos, en los que el personal y equipo de trabajo del diario sufrieron daños.

En materia de agresiones a la libertad de expresión, según la documentación de Artículo 19, Sinaloa es la décima entidad nacional con más ataques en siete años. Suma por lo menos 67 casos, 32 en el gobierno de Mario López Valdez, de los cuales 22 han sido acciones dirigidas a Noroeste. A esta cifra hay que sumar las decenas de incidentes de seguridad contra este periódico, en los que han sido atacados tanto instalaciones como trabajadores no involucrados en la labor periodística. 

Insiste Montemayor en descalificar la versión sobre ‘‘quema’’ de normalistas

Presenta el investigador de la UNAM elementos termodinámicos

Jorge Montemayor, ayer en la Facultad de Medicina

El investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Jorge Montemayor Aldrete volvió a presentar argumentos contra la principal hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR) que apunta a que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace seis meses fueron incinerados por miembros del crimen organizado en el basurero de Cocula, Guerrero.

Durante la conferencia Evidencias científicas en el caso Ayotzinapa, realizada en la Facultad de Medicina, el científico aportó elementos apegados a la termodinámica para contravenir los argumentos del ex procurador Jesús Murillo Karam.

Consideró que la nueva titular de la PGR, Arely Gómez González, debe extender la investigación para indagar sobre la posible participación del Ejército en los hechos. Un elemento que ‘‘da una pista’’ de esa posibilidad es el caso del normalista que fue desollado y cuyas fotografías circularon en redes sociales.

‘‘Mis abuelos tenían un rancho y por eso sé que al quitarle la piel a un borrego, cabrito o pollo, éstos no sangran porque ya están muertos. Pero en el caso de este joven era lo contrario, pareciera que lo desollaron vivo, lo torturaron. Eso sólo lo puede hacer un profesional entrenado por ejemplo por kaibiles (tropas de élite guatemaltecas) o por soldados estadunideses. Y se sabe que desde 2001 elementos de las fuerzas armadas mexicanas van a ese tipo de cursos.’’

El especialista en ciencias materiales, termodinámica y otras disciplinas indicó que la versión de la PGR es que los normalistas fueron incinerados en una barranca profunda del basurero, con una extensión de entre 125 y 150 metros cuadrados, pero para poder apilar todos los cuerpos a una distancia adecuada en tres hileras se necesitaba un espacio de al menos 468 metros cuadrados.

Reiteró que para poder incinerar esa cantidad de cuerpos se hubiesen requerido 33 toneladas de leña o mil llantas, las cuales hubiesen dejado una huella de acero líquido debido a que la hoguera alcanzó mil 600 grados.

Foto Cristina Rodríguez

Emir Olivares Alonso

 Periódico La Jornada

Martes 24 de marzo de 2015, p. 5

En manos del PJF, petición de la CIDH sobre desaparición forzada

Será ese poder el que tome la decisión: Gómez Robledo

Ciro Pérez Silva

 

La decisión de aceptar como desaparición forzada y no sólo homicidio, secuestro y delincuencia organizada el caso de los alumnos de la Normal de Ayotzinapa, como pidió el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da asesoría al Estado mexicano en el tema de los normalistas, depende del Poder Judicial, insistió este lunes el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.

‘‘La razón de esta recomendación tiene que ver con la importancia de proteger en toda su dimensión el bien jurídico y a juicio del grupo de expertos quedaría mejor protegido si se recurriera al tipo penal de la desaparición forzada’’, puntualizó el funcionario.

El pasado viernes, la jurista colombiana Ángela Buitrago, integrante del grupo de expertos, subrayó que ‘‘hablar de homicidio, secuestro o de otro tipo penal no involucra bienes jurídicos internacionales… vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada […] Los otros delitos son especializados o comunes, pero no con las características y la importancia de protección a la vida, a la integridad y a la dignidad de la persona’’.

Gómez Robledo agregó por su parte que antes de salir de México –volverán después de Semana Santa– el grupo de la CIDH planteó ‘‘como parte de la confirmación de sus entrevistas con distintos actores que han tenido alguna participación en las investigaciones, poder entrevistarse con aquellos elementos militares que forman parte del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, que ya declararon ante el Ministerio Público, y eso es lo que vamos a transmitir a las autoridades correspondientes’’.

El subsecretario fue interrogado al término del lanzamiento del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, en el que se planteó la necesidad de ‘‘visibilizar’’ a este sector, uno de los más discriminados.

En el mismo acto, el titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Eduardo Sojo, reconoció que este sector de la población (los afrodescendientes) no ha sido contemplado en ninguna de las encuestas realizadas, por lo que en esta ocasión integraron específicamente una pregunta para identificar a este grupo en el cuestionario intercensal que aplica actualmente el instituto. Este ejercicio para identificar y ubicar a la población afrodescendiente se realiza en 270 municipios a manera de censo y en tres más de forma muestral.

Todos somos afrodescendientes

A su vez, el antropólogo Diego Prieto Hernández llamó la atención sobre el hecho de que desde el siglo XX se determinó que, biológicamente, no hay razas entre los seres humanos, ‘‘pero a pesar de ello hay racismo’’. En todo caso, subrayó, ‘‘todos somos afrodescendientes en razón de que el origen del homo sapiens tuvo lugar en África’’.

Periódico La Jornada

Martes 24 de marzo de 2015, p. 5

Académica de Berkeley pide aclarar Ayotzinapa

Advierte sobre riesgos en las protestas

Emir Olivares Alonso

La filósofa feminista Judith Butler se manifestó por el derecho a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa. Al ofrecer una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a invitación del Programa Universitario de Estudios de Género y la Facultad de Filosofía y Letras, la académica de la Universidad de Berkeley basó sus palabras en el caso de los estudiantes de esa normal rural.

Indicó que tanto en México como en el mundo protestar en las calles ‘‘puede ser fatal’’, pues incluso hay un riesgo contra la vida misma de quienes se manifiestan, debido a que en lugar de garantizar los derechos a la protesta y la seguridad en estos actos, la policía ‘‘los arresta, mata o desaparece’’.

En la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, la estadunidense planteó una interrogante: ‘‘¿Cómo puede haber justicia cuando los que están en el poder son injustos?’’ El caso Ayotzinapa, dijo, es simbólico, pues los normalistas, en su legítimo derecho a la reunión, intentaban juntar dinero para sumarse a la movilización por un aniversario más de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, para reclamar justicia y verdad por esos hechos. Sin embargo, hoy en el mundo se exige lo mismo en su caso.

‘‘La lucha no ha terminado y se debe continuar exigiendo el acceso a la verdad y a la justicia, llevar a los responsables (de este crimen) ante los tribunales’’, dijo al expresar su solidaridad con quienes en el país y el mundo se han movilizado para alcanzar esos objetivos.

En la que fue su primera visita a México para impartir una conferencia magistral, Butler, autora de obras como El género en disputa, El feminismo y la subversión de la identidad, Cuerpos que importan y El grito de Antígona, expuso tres conceptos de su obra: performatividad de género, precariedad y vulnerabilidad.

La feminista subrayó que los derechos a la vida, a reunirse y a protestar deben ser salvaguardados por cualquier gobierno responsable. Pero por el contrario, no sólo en el caso de Ayotzinapa, sino en diversos sitios del orbe, hay fuerzas policiales militarizadas que atacan a quienes protestan para exigir sus derechos.

Periódico La Jornada

Martes 24 de marzo de 2015, p. 5

Vivimos “como en los peores momentos de la guerra sucia de los 70”, acusa Encinas

Zozobra en Guerrero

Peña tampoco puede eludir su responsabilidad en los hechos de Iguala, 

dice el senador perredista

Debe responder Aguirre, señala Encinas; nada tuvo que ver con la represión, 

lo defiende Zambrano

Es importante saber cuándo levantaron a los jóvenes, porque en ese tiempo los gobiernos federal y estatal nada hicieron, destaca Pablo Gómez

Elementos de las fuerzas armadas vigilan el área de Iguala donde ayer se descubrieron dos fosas clandestinas con varios cuerpos, los cuales se presume son de los normalistas desaparecidos el viernes pasado a manos de agentes municipales y miembros del crimen organizado

Foto Reuters

Andrea Becerril, Alma E Muñoz y Georgina Saldierna

 Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2014, p. 6

La identidad de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas de Iguala debe esclarecerse de inmediato, y de comprobarse que se trata de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, tendrá que dar una respuesta clara y contundente, y no sólo deslindar responsabilidades, advirtió el senador Alejandro Encinas, quien dijo que el PRD “no puede ser tapadera de nadie.

“Estamos en un momento muy difícil y doloroso, no sólo para el estado de Guerrero, sino para todo el país. Estamos ya en un proceso de descomposición política, como en los peores momentos de la guerra sucia de los 70”, recalcó, al tiempo que hizo notar que tampoco el presidente Enrique Peña Nieto puede eludir su responsabilidad en los hechos de Iguala.

En entrevista por separado, la también senadora perredista Dolores Padierna coincidió en que tanto Aguirre Rivero como el Ejecutivo federal están obligados a generar condiciones de paz en esa entidad. Adelantó que pedirá que el Consejo Nacional del PRD se pronuncie por exigir castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de los normalistas de Ayotzinapa.

Encinas dijo que preocupó el deslinde tan rápido que hizo Peña Nieto esta semana, trasladando toda la responsabilidad al gobierno de Guerrero, cuando el combate al crimen organizado ha estado básicamente en manos de la Federación.

En ese contexto, consideró que si desde la Federación tenían identificado al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, de tener vínculos con la delincuencia, “debieron intervenir para evitar su fuga, en lugar de estarse aventando la pelotita con la administración de Aguirre Rivero”.

Por separado, Padierna recordó que desde principios de semana demandó –junto con otros senadores– que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga las investigaciones sobre los estudiantes desaparecidos en Iguala. Además, agregó, es necesario que se busque y capture al presidente municipal prófugo, para que sea juzgado por los asesinatos de los jóvenes.

En tanto, Pablo Gómez se pronunció ante el pleno del Consejo Nacional del sol azteca por que el gobernador Angel Aguirre Rivero rinda cuentas como gobierno responsable de los hechos criminales ocurridos en Guerrero.

Consideró que el hallazgo de fosas con al menos 19 cadáveres es similar a lo ocurrido en San Fernando, Tamaulipas, donde se masacró a inmigrantes centroamericanos, y, en algunos aspectos, peor.

Mencionó que es importante conocer qué se hizo en las horas en que se desató la violencia en Iguala y cuándo levantaron a los jóvenes, porque en ese tiempo, dijo, los gobiernos estatal y federal no hicieron lo que tenían que hacer.

A su vez, René Bejarano, dirigente de Izquierda Democrática Nacional, narró ante el pleno que el edil de Iguala, José Luis Abarca, asesinó a Arturo Hernández Cardona, en mayo de 2013.

Apuntó, con base en afirmaciones de testigos, que el munícipe le dijo a Hernández Cardona: “‘deja de estar chingando con los fertilizantes’, y ahí lo mato”.

No tiene por qué pedir licencia; ¿se le pedirá al Presidente que haga lo mismo por la inseguridad?

Alma E. Muñoz y Georgina Saldierna

El hasta anoche presidente del PRD, Jesús Zambrano, defendió al gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, y consideró que no tiene por qué pedir licencia para separarse del cargo, pues hacerlo sería tanto como declararse presunto culpable, cuando nada tiene que ver con las acciones represivas contra los estudiantes de Ayotzinapa, y mucho menos con el crimen organizado.

Luego del anuncio de que se hallaron varias fosas en Iguala con 19 cuerpos, se preguntó por qué el mandatario estatal habría de solicitar licencia si él no ordenó a la policía ministerial o a la estatal que actuará en contra de los jóvenes estudiantes.

Entrevistado durante un receso del Consejo Nacional perredista, resaltó que Aguirre es responsable político de las cosas que ocurren en Guerrero, como lo son todos los gobernadores de sus estados y el presidente de la República de lo que pasa en el país.

¿Le pedimos a Enrique Peña Nieto que pida licencia de su cargo por la crisis de seguridad que padece el Estado mexicano en su conjunto? ¿Le pedimos que se retire del cargo? Bueno, entonces vayamos hasta las últimas consecuencias, dijo.

Zambrano destacó que por la mañana se reunieron los gobernadores con la dirección del partido, encuentro en el que se habló sobre el tema de Iguala y se expresó solidaridad al mandatario de Guerrero, pero también se le exigió que se lleven a cabo las investigaciones del caso y que la administración federal intervenga junto a las autoridades locales en el esclarecimiento de los hechos.

Se contribuiría a un agravio contra el partido

El hasta anoche dirigente del PRD llamó la atención sobre el hecho de que Peña Nieto está actuando como nunca hizo con los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán, Jalisco o el estado de México, a pesar de los graves problemas de seguridad que ahí se han dado.

Con ello, dijo, se quiere enrarecer el clima político, a pesar de que su correligionario de inmediato lanzó un operativo especial para buscar a los estudiantes desaparecidos y exigió que el alcalde de Iguala se separara del cargo.

Es claro que Aguirre no tiene responsabilidad alguna y, por lo tanto, no nos parece que deba salir, como afirman voces priístas interesadas en hacer rodar la cabeza del Ejecutivo estatal, agregó.

En el mismo sentido, Jesús Ortega, dirigente de Nueva Izquierda, aseguró que sería imprudente y se estaría contribuyendo a que se cometiera un agravio contra el estado y contra el PRD si no se toma en cuenta que detrás hay un contenido político con carácter electoral.