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14 dic 2011

Para PRD y PT, si se discute violentarían acuerdos del Congreso con Movimiento por la Paz


Denuncian intento de albazo de diputados de PRI y PAN para aprobar la ley de seguridad


Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de diciembre de 2011, p. 21

Los grupos parlamentarios de PRI y PAN en la Cámara de Diputados pretenden discutir mañana en el pleno la ley de seguridad nacional, con el argumento de que venció el plazo para aprobarla en comisiones y que, bajo las disposiciones del nuevo reglamento, los diputados en el salón de sesiones deben decidir si la aprueban.

Ayer, en la última página del anexo III de la Gaceta Parlamentaria, la mesa directiva, que preside Emilio Chuayffett (PRI), incluyó entre las minutas vencidas la de la ley de seguridad nacional, que entre sus objetivos pretende regularizar los operativos de militares y marinos en las calles contra el crimen organizado.

Aun cuando la minuta del Senado fue recibida por la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2010, la Gaceta señala que la recepción ocurrió el 28 de abril de 2011.

Con esa alteración, la mesa directiva definió como fecha de vencimiento para dictaminar la minuta, el 5 de septiembre.

Al denunciar el intento de albazo, diputados de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo recordaron que si se pretende discutir la minuta del Senado, se pasará por encima del acuerdo asumido por las cámaras con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de abrir a la sociedad la discusión de la ley para que el dictamen incluyera las demandas sociales, y que el trabajo legislativo se realizara en conferencia con los senadores.

La minuta del Senado se turnó inicialmente a las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Defensa Nacional , en abril de 2010; el 13 de julio del mismo año, la Mesa Directiva amplió el turno a la de Seguridad Pública, y el 31 de agosto del mismo año también la envió a la comisión de Derechos Humanos

Después, ante la imposibilidad de que los 150 integrantes de las cinco comisiones se reunieran en una sola fecha para discutir el proyecto de dictamen, volvió a cambiarse el turno, el 28 de abril, a únicamente las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Defensa Nacional.

Sin embargo, desde julio pasado no se avanzó en el trabajo conjunto entre senadores y diputados, por lo que aún está pendiente el dictamen.

En un estudio presentado ayer por la oficina del diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT) se indica que al publicitar que la minuta del Senado con la ley de seguridad nacional caducó, la mesa directiva violó el artículo séptimo transitorio del reglamento, el cual define que las mesas directivas de las dos Cámaras del Congreso podrán acordar el procedimiento para desahogar las minutas pendientes de dictamen.

Dicho acuerdo no ha sido adoptado ni hay disposiciones específicas para atender esta minuta, señala.

Además resaltó que en dos ocasiones la junta directiva de la Comisión de Gobernación, que recibió el primer turno de la minuta, aprobó en dos ocasiones solicitar la ampliación del plazo para aprobar un dictamen, pero en las mismas ocasiones no obtuvo respuesta de la mesa directiva.

El estudio –que fue enviado a organizaciones de derechos humanos, las cuales darán hoy una conferencia en la cámara para reprochar el intento de albazo– explica que, además, ese órgano de gobierno parlamentario no cumplió con la posibilidad prevista en el artículo 185 del reglamento, para que asuntos de trascendencia cuenten con plazos distintos de vencimiento.

En cambio, señala, se pretende aplicar el artículo 89 del mismo ordenamiento, donde se acota que transcurrido el plazo para dictaminar (de 45 días, con una prórroga del mismo tiempo), se tendrá por precluida la facultad e la comisión para hacerlo” y en ese caso el presidente de la Mesa Directiva emitirá la declaratoria de publicidad e incluir los temas a debate en el pleno dos sesiones después.

Ayer, Chuayffet y la Junta de Coordinación Política, que preside Armando Ríos Piter (PRD), emitieron la declaratoria respectiva, para con ello justificar el debate de la ley de seguridad nacional en el pleno este jueves.

31 ago 2011

Baltasar Garzón considera que toda política de seguridad debe involucrar a los ciudadanos



Ley de seguridad, licencia para violar derechos de presuntos criminales, afirma Ruperto Patiño

Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de agosto de 2011, p. 11

Al analizar el dictamen de reforma a la ley de seguridad nacional, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ruperto Patiño, planteó que de aprobarse se constituiría en una especie de ley del enemigo, que distinguiría a los delincuentes ordinarios de los que son considerados enemigos y que no se les respetarían sus derechos humanos.

Esto es muy grave, porque los derechos humanos son imprescriptibles, son no discriminatorios. Son omnicomprensivos, universales, inalienables para todos. En materia de derechos humanos no podemos hacer distingos: que a quien es más malo no se le apliquen las garantías que a todos los demás, expresó.

Por su parte, y al continuar su participación en el foro Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad, justicia para todos, el juez Baltasar Garzón expresó que si bien entre los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas está la consolidación de los derechos humanos hoy se vive una especie de banalización del concepto; un uso demasiado abusivo, por defecto y por exceso.

Al referirse al caso de México, Garzón consideró que no se puede ofrecer una solución si no se profundiza en las verdaderas causas, y si no se considera que cualquier política de seguridad para que sea respetuosa de los derechos humanos debe involucrar a los ciudadanos en su elaboración.

En la mesa Derechos humanos, de dicho foro, organizado por la Cámara de Diputados, Ruperto Patiño insistió en que si los legisladores aprueban la ley de seguridad nacional “se justificará, desde luego, la ‘guerra’, una guerra que todos entendemos de origen está perdida, porque no es declarándole la guerra a los delincuentes como se resolverá” la inseguridad.

También, la fiscal de la Audiencia Nacional de España, María Dolores Delgado, reforzó la postura del funcionario de la UNAM. “El derecho penal del enemigo, del que hablaba el doctor Patiño, pasa –en el derecho penal sustantivo– por un aumento de los tipos penales, un aumento de la incriminación de conductas. Hay un sentimiento de revancha de la ciudadanía hacia una situación crítica de violencia o del crimen organizado generalizado”, definió.

Y, agregó, desde el derecho penal procesal se pide una limitación de garantías, un aumento del secreto y de la prisión provisional, al intentar detener al crimen mediante una limitación de los derechos humanos.

La fiscal contra el terrorismo afirmó que cuando se utiliza el concepto de guerra, combate o lucha contra la delincuencia, lo que el Estado hace es replegarse ante el crimen, porque cede en sus valores seculares y además entra en una espiral de violencia, porque los crímenes de Estado y los de la violencia se van justificando, y la consecuencia gravísima es un aumento de la inseguridad ciudadana. Cuando el Estado responde con más violencia se percibe mayor inseguridad.

Al respecto, la diputada Enoé Uranga planteó que para el gobierno de Felipe Calderón el grado de maldad del perseguido justifica el grado en el que se tuerce la ley.

Expuso que en el debate sobre la seguridad nacional pretende utilizarse este concepto como herramienta de protección de intereses económicos y políticos, cuando la discusión debía centrarse en garantizar la seguridad humana, que no se refiere a un término militar ni defensivo, sino de solidaridad con la gente y para dar a las personas seguridad contra amenazas violentas o no.

30 ago 2011

Ley de seguridad, bajo la lupa de la CNDH



Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 30 de agosto de 2011, p. 10

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que si la reforma a la ley de seguridad nacional viola la Constitución o presenta vicios, hará uso de su facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad para que no entre en vigor.

Entrevistado luego de asistir al foro Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad, el ombudsman consideró que las dos cámaras del Congreso de la Unión deben discutir con cuidado el contenido de la reforma, con objeto de generar un pleno equilibrio entre los derechos de la sociedad, los derechos humanos y las facultades de la autoridad para que pueda luchar contra la delincuencia.

Expuso que uno de los puntos más delicados es la declaratoria de afectación a la seguridad interior, y planteó que los diputados y senadores deben trabajar en la prevención del delito y atención a las víctimas.

Que se mejore la eficiencia institucional, y esto no se logra sólo con un ejercicio mayor de fuerza del Estado, sino con una mayor tarea de prevención por parte de la autoridad, declaró.

Otro de los aspectos que los legisladores deben evaluar, opinó, es que con la reforma a la ley de seguridad pueda regularizarse la actuación del Ejército en operativos policiacos en las calles.

Asimismo, refirió, hasta ahora la CNDH ha recibido 87 quejas por desapariciones de personas, casi el doble de las reportadas en 2010, cuando se recibieron 46.

15 ago 2011

Otorgan al Presidente la facultad de enviar tropas cuando la estabilidad esté en peligro



Diputados se preparan a avalar casi sin cambios la reforma a la ley de seguridad

Exigen que durante los operativos se protejan las garantías básicas de los ciudadanos

Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 15 de agosto de 2011, p. 12

El dictamen de reforma a la ley de seguridad nacional, aprobado por la Comisión de Gobernación, avala prácticamente en todos sus términos la minuta del Senado, para que sea el Presidente de la República quien decida si envía tropas a un estado o región cuando considere que se afecta la seguridad interior.

Aun cuando diputados y senadores no aprobaron la intervención militar en actos de extorsión colectiva o sublevación, como propuso Felipe Calderón en su iniciativa, sí se admitió toda la ruta para declarar el estado de afectación y justificar así la decisión unilateral de utilizar al Ejército y la Marina contra la delincuencia organizada.

No obstante, los diputados agregaron que en los operativos deberán respetarse los derechos humanos y que los militares serán procesados en juzgados civiles cuando cometan un delito contra ciudadanos, para hacer compatible la legislación con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al revisar la iniciativa de Calderón, la minuta del Senado y el dictamen aprobado hace dos semanas, resalta que si bien los legisladores rechazaron la propuesta de Presidencia para que se consideraran las movilizaciones ciudadanas como acciones que podrían afectar la seguridad interior, sí cambiaron el sentido de la decisión de utilizar a las fuerzas armadas contra la delincuencia organizada.

En la propuesta enviada al Senado, Calderón propuso como redacción de la fracción seis del artículo 69 que el Presidente de la República, cuando así proceda, emitirá la declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior e incluirá la directrices de los operativos.

El Senado modificó el sentido de la decisión, para acentuar la decisión unipersonal del Ejecutivo, con una redacción que avaló la Comisión de Gobernación. La citada fracción señala: si lo considera procedente, el Presidente de la República emitirá la declaratoria de afectación a la seguridad interior y dispondrá de la Fuerza Armada permanente para que actúe en auxilio de las autoridades civiles competentes que así lo requieran.

Asimismo, entre los cambios que la Comisión de Gobernación hizo a la minuta, suprimió 10 de los 25 incisos en los que los senadores habían definido las amenazas a la seguridad nacional, a partir de la iniciativa presidencial.

De esta forma, la comisión eliminó como amenazas a la seguridad nacional los actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra del Estado dentro del territorio nacional; actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado; actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación; a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada.

También, actos en contra de la seguridad de la aviación; que atenten contra del personal diplomático; todo acto para consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva.

Y los actos ilícitos en contra de la navegación marítima; financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; destruir o inhabilitar infraestructura estratégica.

Tanto senadores como diputados desecharon la propuesta de Calderón para que todo el personal civil del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) fuera considerado como de seguridad nacional, pero sí le concedió a esa instancia la atribución de realizar tareas de contrainteligencia.

Más aún, los legisladores definieron que al realizar las tareas de inteligencia y contra inteligencia, los servidores públicos adscritos al Cisen lo harán en cumplimiento de un deber jurídico, siempre que lo hagan conforme a las disposiciones aplicables, además de que su identidad y sus reportes serán clasificados.

Otro de los cambios que diputados y senadores no aceptaron de Calderón es el correspondiente al artículo 57 bis, donde el Ejecutivo pretendía que los integrantes de la comisión bicameral de seguridad nacional del Congreso fueran sujetos a mecanismos de control de confiabilidad.

Y aunque se incorporó en el dictamen que el Poder Judicial revisará la constitucionalidad de la declaratoria de afectación a la seguridad interior, las dos cámaras limitaron su papel a evaluar el informe que el Ejecutivo está obligado a presentar cuando terminen los operativos militares dispuestos por él.