Demanda el Ifai datos de granja canadiense

De la Redacción

 

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) buscar y proporcionar todos los documentos, reportes o declaraciones relacionadas con la amonestación realizada a la granja Red Rock, que forma parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, que regula las relaciones laborales de connacionales que acuden a ese país.

Mediante una resolución, el Ifai revocó la respuesta que ofreció la dependencia a la solicitud de información bajo el argumento de que se trataba de datos confidenciales. Para los comisionados del Ifai, esto no constituye un dato de la persona física y tampoco es una información que eventualmente pudiera ser reveladora del patrimonio de la misma.

En la resolución que fue elaborada por la comisionada presidenta, Ximena Puente, se desestima la postura de la STPS de que esta información podría entorpecer el proceso de negociación internacional en trámite.

Asimismo, la dependencia no verificó que la información que le fue remitida sobre la granja tuviera carácter confidencial.

Con la resolución, la STPS deberá proporcionar una nueva versión pública de los siguientes documentos: informes de retorno de trabajadores agrícolas, reportes recibidos por los trabajadores sobre conflictos con empleadores y requisiciones del patrón, en los que deberá dejar a la vista el nombre de las granjas que contratan a connacionales.

En la respuesta al particular, la STPS proporcionó versiones públicas de los documentos referidos, pero eliminó el nombre de las granjas, por considerar que se trata de datos de carácter confidencial. Incluso, el Ifai hace referencia a que en el sitio oficial del Departamento de Empleo y Desarrollo Social de Canadá se difunde la relación de las granjas que han sido suspendidas o excluidas de citado programa por no haber cumplido con las condiciones establecidas en el Reglamento de Inmigración y Protección de Refugiados.

El Ifai detectó que la STPS incumplió con el procedimiento de búsqueda de información que se establece en la Ley Federal de Transparencia, ya que no turnó la solicitud a la Unidad de Asuntos Internacionales, que debió indagar sobre la información disponible.

Periódico La Jornada

Martes 24 de marzo de 2015, p. 8

Plascencia mintió al decir que hubo un enfrentamiento en ese sitio: ONG

Tardó más de 12 semanas en iniciar una pesquisa, acusan

Carolina Gómez Mena

 Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2014, p. 7

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, mintió al asegurar la semana pasada que en el caso Tlatlaya había indicios de un enfrentamiento entre militares y civiles y que el organismo que preside investigaba los acontecimientos desde hacía meses, acusó el activista Eduardo Gallo.

“El lunes 22 de septiembre Plascencia manifestó que estaban haciendo una investigación, pero que todo acusaba que había existido un enfrentamiento contra elementos del Ejército.

“Existe información de que desde el 30 de junio, cuando ocurrieron los hechos de Tlatlaya, no solicitó información a nadie sobre esos hechos, sino hasta el 18 de septiembre; esto es, cuatro días antes de que salió a manifestar que estaban haciendo una investigación. Entonces, se tardó más de 12 semanas en arrancar una investigación.

“Además, no solicitó una copia de la averiguación previa a la Procuraduría General de la República ni a la del estado de México, sino hasta el 23 de septiembre, es decir, al día siguiente de que manifestó que estaban haciendo una investigación.

No se entiende cómo la estaban haciendo. Salió a mentir; esa es la forma en que se conduce Plascencia Villanueva, deploró Gallo, también integrante del Comité Ciudadano para el Rescate de la CNDH.

El gobierno lo desnudó

El ombudsman declaró que la indagatoria de Tlatlaya “es un investigación que iniciamos desde mediados del mes de julio, tenemos cerca de 700 paginas del expediente.

Estamos llevando a cabo dictámenes de criminalística hace un par de días, añadió.

Lo único que teníamos hasta ahora es que se había suscitado entre las tres y cuatro de la mañana un enfrentamiento entre elementos del Ejército y las personas que se encontraban dentro de la bodega, expresó.

Eduardo Gallo indicó que con su declaración de un enfrentamiento allanó el camino para que se ocultaran los hechos.

Esa es la forma en que ha venido operando Plascencia: mintiendo, hablando de evidencias que no existen, no teniendo la información y dando salida para que no se juzgue a nadie por los delitos, pero nunca pensó que en esta ocasión el propio gobierno federal y la Sedena iban a reconocer que ahí hubo irregularidades y, cabe la expresión: lo desnudaron.

Aparte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas condenó las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y exigió que la investigación se realice con apego a la verdad y justicia.

Asimismo, indicó que “urge implementar un operativo eficiente que permita presentar con vida a las decenas de estudiantes que permanecen desaparecidos”.

Peña, ante la oportunidad de demostrar que quiere mejorar en derechos humanos: AI

El director del organismo para México presenta la Campaña Global contra la Tortura

Perseo Quiroz reitera llamado a tomar medidas ante la crítica situación de las garantías en el país

Fernando Camacho Servín 

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de mayo de 2014, p. 21

Ante el reto de tomar acciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, el gobierno de Enrique Peña Nieto está ante la oportunidad de demostrar que tiene voluntad política y capacidad para ello, o si, por el contrario, va a permitir que continúe la crisis en este ámbito, afirmó el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México, Perseo Quiroz.

Durante la presentación de la Campaña Global contra la Tortura, realizada ayer en el Museo Memoria y Tolerancia, el activista reiteró la petición hecha el lunes por el secretario general de AI, Salil Shetty, para que las autoridades nacionales tomen medidas concretas en varios temas clave y de esta manera aborden la crítica situación de los derechos humanos en el país.

Entre los nueve puntos mencionados por Shetty, recordó Quiroz, se encuentra emitir una declaración presidencial para que cualquier funcionario que no reporte o investigue desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones graves de las garantías fundamenteales sea llevado a juicio.
Además, pide garantizar la aplicación total del Código de Justicia Militar; revisar las denuncias de tortura, de conformidad con el Protocolo de Estambul; comprometerse a acatar las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura –quien recientemente visitó el país– y abolir el arraigo.

De igual forma, llamó a hacer pública la base de datos de 26 mil víctimas de desaparición forzada, garantizar una investigación exhaustiva en todos los casos de este delito, asegurar que el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas tenga recursos suficientes para trabajar, y demostrar avances sustanciales en el castigo de los abusos contra migrantes indocumentados.

Luego de subrayar que el cumplimiento de estas demandas permitirán saber si Peña Nieto tiene voluntad o capacidad para cumplir con su trabajo, Quiroz anunció el lanzamiento de la Campaña Global contra la Tortura, que durará dos años y tendrá lugar en los cinco países donde AI detectó mayor prevalencia de este crimen de lesa humanidad: Nigeria, Marruecos, Uzbekistán, Filipinas y México.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín, lamentó que las autoridades nacionales no han dado más que respuestas falsas y montajes ante la exigencia de la sociedad civil de que respeten y promuevan los derechos humanos, lo que ha dado lugar a gran cantidad de abusos y a la persistencia de la impunidad.

En el acto participaron también Claudia Medina, sobreviviente a un acto de tortura por parte de efectivos de la Marina en Veracruz, y Víctor Rolón, tío de Adrián Domínguez Rolón, agente de la Policía Federal desaparecido el 17 de febrero de 2011.

Indígenas de Zacualpan denuncian que grupo minero los amenaza de muerte

Pretende instalar un yacimento a cielo abierto en 100 hectáreas

Rosa Rojas

 Periódico La Jornada

Miércoles 12 de marzo de 2014, p. 15

Particulares con el apoyo de la delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz, y en contubernio con el ahora ex presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, pretenden que se instale una mina de oro a cielo abierto en 100 hectáreas de la comunidad indígena nahua de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, lo que afectaría a los propios comuneros, que en cuatro asambleas han rechazado su instalación, así como el abastecimiento de agua a unas 300 mil personas de las ciudades de Colima y Villa de Álvarez, denunció la organización no gubernamental Bios Iguana AC.

En la denuncia, a nombre de la organización y de comuneros de Zacualpan, dirigida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se solicitan medidas cautelares para salvaguardar la integridad física y la vida de 14 integrantes de Bios Iguana y 76 nahuas miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, amenazados por gente de Guzmán Teodoro.

En el documento se asienta que la funcionaria de la Procuraduría Agraria, para amedrentar a los opositores a la mina, ha solicitado la presencia de la fuerza pública, tanto del Ejército como de policías municipales y federales, haciendo acusaciones infundadas contra comuneros y personal de Bios Iguana, tales como que tienen sembradíos y que han llevado a personas de Michoacán, Chihuahua y Puebla. Se subraya que Carlos Guzmán Teodoro y Faustino Velázquez, declararon por su parte que Bios Iguana está armando autodefensas.

Se menciona que en contubernio con el dueño de la empresa minera, Rigoberto Verduzco Rodríguez, el ex presidente de Bienes Comunales pretendía la autorización de la comunidad ofreciendo a algunos comuneros 17 mil pesos a cada uno para que firmaran y a quienes no querían firmar los amenazaban, y que la citada delegada de la Procuraduría Agraria, sabiendo que Guzmán Teodoro no llevaba a cabo las actas de asamblea, ni las registraba, hizo caso omiso de las peticiones de los comuneros en el sentido de que elaborara las actas, así como su inscripción en el Registro Agrario Nacional.

En la denuncia se detallan ataques a la libertad personal y daños ocasionados a nuestras personas, a nuestras familias, como Bios Iguana y a nuestro pueblo indígena ancestral nahua propietario y usufructuario de la riqueza de la comunidad de Zacualpan, daños y ataques que consideramos delictivos y violatorios de nuestras derechos humanos como mexicanos y como indígenas mexicanos y de los derechos humanos consagrados a favor de los miembros de las comunidades indígenas, tanto en la Constitución Mexicana como en tratados internacionales firmados por México.