Exhortan a estados con alerta de género a que presenten datos verídicos

Nuevo León, Chiapas, Jalisco y Edomex, en la lista

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a las entidades federativas que cuentan con la declaratoria de alerta de violencia de género, incluida la feminicida, difundan información general y estadística sobre los casos registrados en su entorno.

El dictamen de la Primera Comisión Permanente –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– impulsado por la diputada perredista Olga Catalán, establece que el exhorto es específico para Nuevo León, estado de México, Chiapas y Jalisco, a que publiquen los datos para integrarlos al Banco Nacional e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Con fundamento en la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, del Inegi, en 2011 en México 47 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante sufrió algún incidente agresivo por parte de su pareja; 43 por ciento padeció violencia emocional, 24.5 por ciento de tipo económica, 14 fue física, y 7.3 por ciento recibió violencia sexual.

En la exposición de motivos se indica que tanto el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México, han advertido que no existe claridad en las cifras que se han dado a conocer, mientras los datos oficiales recolectados por los distintos órganos estatales no coinciden con los manejados por las organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos.

Roberto Garduño

 Periódico La Jornada

Policía de Aureoles dispara por la espalda a un menor; se arrastró para salvar su vida y le colocan dos tiros en la cabeza

El menor; se arrastró para salvar su vida y le colocan dos tiros en la cabeza

By Emma Martínez

(19 de julio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El menor Luis Gustavo Hernández Cohenete salió de la escuela rumbo a su casa. Sin embargo, ese día le tocaría librar a los más de 700 policías estatales que habían irrumpido sin mediar diálogo a Arantepacua, Michoacán.

Con miedo, porque los elementos ya se encontraban invadiendo casas, golpeando y disparando en contra de la población, apresuró el paso, pero eso no fue suficiente cuando le dieron alcance. Le dispararon por la espalda, como a otras tres víctimas.

En aquel momento, mientras la violencia se desarrollaba dentro y en los alrededores de la comunidad, el maestro Francisco Hernández, se encontraba apoyado la manifestación. Y comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que en ningún momento la policía se acercó a dialogar, como lo indica el protocolo en este tipo de casos. “Llegaron y de inmediato comenzaron los empujones, comenzaron a disparar.
Muchas veces los policías vienen con sus escudos y macanas, pero esta vez los más de 700 elementos venían armados y todos disparaban. A mí me mataron a mi sobrino, quien era como un hijo para mí. A Luis Gustavo lo mató un grupo de policías que se burlaron de él al momento de su muerte”.
Francisco ya estaba enterado que había muertos y heridos y aunque le avisaron que su sobrino Luis Gustavo se encontraba dentro de los fallecidos no podía creerlo. Hasta que lo vio con un impacto de bala en la espalda.
“Después del disparo Luis Gustavo todavía se estaba arrastrando. Seguía luchando por su vida y llegaron los policías y le dieron el tiro de gracia. También tenía fuertes golpes, según la doctora que lo revisó cuando él ya se encontraba muerto. No le dejaron de dar patadas en distintas partes”, asevera Francisco.
A Luis Gustavo lo encontraron alejado de la comunidad, ya que como gran parte de los pobladores intentó huir a los cerros para poder resguardarse. Sin embargo lo alcanzaron. “Nosotros tenemos coraje contra los policías, contra el gobierno por el asesinato de mi sobrino quien era estudiante, no era un delincuente y venía de la escuela. Esto nunca lo vamos a superar”, añade Francisco.
Para los familiares de las cuatro víctimas de ejecución extrajudicial perpetrada por la policía del perredista Silvano Aureoles, exigir justicia y ejercer su libertad de expresión y manifestación no es irrumpir ni molestar a las autoridades que no solamente no les han dado respuesta alguna ante las ejecuciones, sino que las han mantenido en silencio, a casi cuatro meses de los hechos.
La semana pasada pobladores de Aratepacua, no irrumpieron como se mencionó en medios (aclara Simón Jiménez Morales, Representante de bienes comunales), “ejercimos nuestra libertad de expresarnos para pedir justicia, la que se nos ha negado”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO.
En el acto, donde se encontraba presente el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, pidieron la renuncia del mismo, por lo ocurrido en abril pasado cuando elementos policiacos entraron a la comunidad de forma violenta y asesinaron a cuatro personas, todas ellas con tiros por la espalda.
A inicios de abril pasado, un grupo de aproximadamente 40 habitantes viajaron a Morelia para sostener pláticas con autoridades, con el fin de mantener la paz y respetar los acuerdos firmados con la población de Capácuaro. Ahí consiguieron un acuerdo.

Por lo que regresaron a su población. Sin embargo, al poco tiempo de esto, fueron detenidos por la policía estatal por transitar en un vehículo ‘’robado’’, señalaron los elementos.
“Nosotros habíamos entregado un documento que indicaba cómo podíamos arreglar sin violencia la situación con la otra comunidad. Parecía que todo había llegado a buen término, sin embargo al regreso nos detienen. Incluso cuando salimos de nuestra comunidad, antes de llegar a Pátzcuaro, había un filtro de seguridad pero no entendíamos a qué se debía eso, si solamente fuimos a dejar un papel.
Fue después cuando a 38 comuneros nos detuvieron injustamente. Nos llevaron a la fiscalía regional de Morelia. Estábamos sorprendidos porque no esperábamos eso. Nos insultaron, nos comenzaron a acusar, fabricaron delitos. Y nos retuvieron tres días”, narra Simón Jiménez Morales.
Ante los hechos esa misma noche la comunidad conformó un comité de negociación, para solicitar la libertad de sus compañeros ante las autoridades de gobierno, Además de pedir se les indicara cuál era el motivo de la detención. Sin embargo, se asegura, el gobierno no quiso ceder.
Por lo que la comunidad optó por ejercer otra medida de presión. Y se manifestó en la carretera. Desde el día 5 de abril se comenzó exigir la libertad de los comuneros. Sin embargo lejos de haber solución, más de 700 elementos de la policía estatal irrumpieron en la comunidad.
Se asegura, que no fueron a dialogar para que se desbloqueara la carretera. Llegaron abrieron fuego, se metieron a las casas y violentaron a quienes ahí se encontraban. Cabe señalar, que cuando detuvieron a los comuneros, de acuerdo al testimonio de Simón Morales, los encerraron en un autobús les aventaron balas de goma y gas lacrimógeno.
“Nunca nos permitieron abrir las ventanas. Ahí nos estamos ahogando. Nos arrinconaron en el mismo autobús y ya no nos permitió hablar. Cabe señalar que hubo compañeros que resultaron golpeados”, indica Simón.
En tanto, la población ha denunciado a este medio que el gobierno de Silvano Aureoles no se acercó a entablar algún tipo de diálogo con las familias, ni con nadie de la comunidad. A su vez señalan que aun cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), asistió al lugar de los hechos e hizo una investigación exhaustiva, los meses han pasado sin que se conozca si la institución emitirá una recomendación o no.
Francisco relata que aún cuando se comunicó con personal de la CNDH, interesado en los siguientes pasos a dar, “no me contestaron bien. La persona, de nombre Rodolfo, se molestó y le dije que no nos había hablado así cuando llegó a la comunidad”. Estas reacciones por parte de la CNDH resultan, para la comunidad, “lo mismo que el gobierno pues vienen de su parte. A lo mejor solamente nos están espiando y viendo qué estamos haciendo nosotros”, señala Francisco.

Por su parte, Claudia Hernández, tía de Luis Gustavo, da a conocer a Revolución TRESPUNTOCERO que en la comunidad la población se encontraba confiada que jamás una situación violenta como la pasada llegaría a ocurrir, “porque el Secretario de Seguridad dice que su personal está avalado con conocimientos para cuidar a los ciudadanos.
Ese día antes que entraran, sobrevoló la zona un helicóptero, tal vez estaba revisando cuáles eran los puntos para entrar y en qué condiciones estaba la comunidad. Después se comenzaron a escuchar muchos balazos. Por eso se avisó que las clases quedarían suspendidas. Esto también aplicó en el colegio de bachilleres, a donde asistía Luis Gustavo.
Mi sobrino todavía trató de luchar por su vida, y aún así los policías lo maltrataron y lo golpearon y le dieron dos disparos en la cabeza. Le dieron el tiro de gracia. Nosotros como familia también quisimos ir a los cerros pero vimos como a muchos les estaban dando alcance allá y nos quedamos en nuestras casas”, indica Claudia.
Quien a su vez, narra que muchos de los policías iban lanzando disparos al aire. Hora y media más tarde de los hechos violentos, una llamada telefónica les informó que Luis Gustavo aparecía dentro de los fallecidos.
Mientras Claudia y su familia recogían el cuerpo del menor de edad, escucharon distintos testimonios de familias que coincidían en que la policía entró a la casas por la fuerza. Detuvieron hombres y se los llevaron, en tanto a las mujeres las dejaron golpeadas, mientras robaban algunas cosas de valor de los domicilios.
Además de las cuatro personas fallecidas, se sumaron heridos dentro de los cuales habían niños y personas de la tercera edad. También se llegó a documentar casos de mujeres embarazadas que derivado del impacto del suceso tuvieron abortos espontáneos. Los daños psicológicos también afectaron a los niños, quienes, asegura Claudia, viven con miedo y pánico cada vez que ven un policía.
“Todas las familias de los caídos pedimos justicia. No es justo que el mismo gobierno sea quien haya provocado este hecho y ahora se quiera lavan las manos. No perdimos cualquier cosa por eso esta masacre no puede quedar impune”, puntualiza Claudia, quien como las demás víctimas sigue en espera de algún tipo de pronunciamiento por parte de alguna autoridad, sin que hasta el momento esto suceda. 

Hay 110 inculpados, pero ninguna condena

Ayotzinapa, a la espera de justicia

La UNAM aclara que no participó en investigación

En 10 meses han encontrado 25 fosas clandestinas en Guerrero

La procuraduría estatal contabiliza mil 428 homicidios dolosos

Hoy los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y diversas organizaciones 

sociales realizarán una jornada global de protesta

Foto Pablo Ramos

Gustavo Castillo García 

Periódico La Jornada

En 10 meses de investigación del llamado caso Iguala, 110 personas han sido inculpadas de participar en la desaparición de 43 estudiantes normalistas, pero ninguna ha sido sentenciada, falta por detener a dos de los principales involucrados en lo ocurrido en ese municipio el 26 y 27 de septiembre de 2014, y de ese acontecimiento a la fecha han sido localizadas más de 25 fosas clandestinas en el estado de Guerreo, se han contabilizado mil 428 homicidios dolosos, se han cometido 113 secuestros, y hay más de 30 personas desaparecidas.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR), a pesar de que durante la gestión de Jesús Murillo Karam se informó que el Instituto de Biología de la UNAM participó en la investigaciones, en respuesta a una solicitud de información pública, la dependencia reveló que no existen documentos que respalden esa afirmación.

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación, refiere que de septiembre de 2014 a junio de este año se han contabilizado en el estado de Guerrero mil 428 homicidios dolosos, de acuerdo con el número de averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.

Asimismo, el número de secuestros, en el mismo lapso, fue de 113 casos, y la cantidad de extorsiones que se reportaron fue de 140.

Las estadísticas gubernamentales refieren que no han disminuido los índices de criminalidad en esa entidad, por el contrario, se ha ido incrementando el número de homicidios y hallazgos de cadáveres en fosas clandestinas, principalmente en la zona de Acapulco y también en la zona de La Montaña.

En el caso Iguala, la PGR mantiene abiertas dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) dos averiguaciones previas relacionadas con la desaparición de los normalistas.

No hay cargos por desaparición

Por otra parte los familiares de víctimas de desaparición y también de personas que resultaron lesionadas por las agresiones de los policías municipales están recibiendo atención de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

Colaboradores de la procuradora Arely Gómez González señalaron que de los 110 consignados, la PGR mantiene en su contra las acusaciones de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad agravado (este delito por lo que hace la desaparición de los 43 normalistas, ya que el Ministerio Público continúa con la política de que es mejor que los inculpados sean sentenciados por secuestro, ya que con ello alcanzarían penas de hasta 140 años de prisión, mientras que si los sentenciaran por desaparición forzada se les impondrían penas que van de los 8 a los 40 años de cárcel.

En cuanto a las investigaciones realizadas durante la gestión de Jesús Murillo Karam, el ex procurador afirmó que parte de los peritajes para la búsqueda de los normalistas y respecto de los restos encontrados en el río Cocula, los realizaron integrantes del Instituto de Biología de la UNAM, pero en respuesta a una petición ciudadana, la dependencia señaló que en los archivos y bases de datos no se cuenta con algún documento que registre la realización de estudios entomológicos y biológicos.

La dependencia también da dado cuenta de que en los estudios y peritajes realizados participaron un total de 87 peritos de la PGR, y que de ellos, 30 tenían entre uno y cinco años de antigüedad en la institución; mientras otros 33, entre 11 y 15 años laborando en la PGR.

Los gastos erogados por la institución ministerial como viáticos ascendieron a 345 mil 845 pesos, en los más de dos meses que laboraron en la zona.

Asimismo, la PGR ha señalado que no cuenta con reportes escritos del contacto formal o informal que estableció la institución con la Universidad de Innsbruck, Austria, para la realización de peritajes en fragmentos de huesos que presuntamente corresponderían a los restos de los 43 normalistas.

Hay que revisar la investigación del caso Ayotzinapa, acepta la SG

El objetivo, llegar a la verdad y que los responsables sean castigados: Osorio Chong

Reporte de la CNDH detalla múltiples fallas y omisiones de las diligencias ministeriales

Rechaza la dependencia que se llame a declarar a nueve militares de la zona de Iguala

Foto Sergio Ocampo

Fabiola Martínez

 Periódico La Jornada

El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, admitió que el gobierno federal debe revisar a profundidad la investigación del caso Ayotzinapa realizada por la Procuraduría General de la República (PGR). El objetivo es llegar a la verdad y que los responsables sean castigados, dijo el funcionario a La Jornada.

–¿Eso significa reconocer errores en la indagatoria que hizo la PGR?, la cual se presentó en su momento como la verdad histórica de los hechos de Iguala, Guerrero.

–Eso significa llegar a la verdad, a partir de ver todas las investigaciones, revisarlas a profundidad con el propósito de satisfacer las recomendaciones que en lo nacional y en lo internacional se nos hagan.

“Más allá de eso –añadió–, lo estamos haciendo por convicción. Queremos la verdad y que los responsables sean castigados.”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el jueves un avance de la investigación de los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuyo saldo es seis muertos, 43 desapariciones forzadas de estudiantes de la normal de Ayotzinapa y 33 heridos, uno de los cuales permanece desde entonces en estado neurovegetativo.

En el reporte del organismo se detallan múltiples fallas y omisiones de las diligencias ministeriales del caso, cuya investigación está a cargo de la PGR.

Miguel Ángel Osorio Chong durante una ceremonia donde el Estado ofreció una disculpa pública a los militares con VIH dados de baja del Ejército.Foto Francisco Olvera

El entonces procurador general Jesús Murillo Karam expuso ante la opinión pública una indagatoria y testimonios de presuntos sicarios, para sustentar la versión de que los jóvenes estudiantes fueron asesinados, quemados en el basurero de Cocula y las cenizas esparcidas en un río.

Cada uno de los pasos del trabajo de la procuraduría fue analizado por la CNDH. Hasta el momento, dijo el ombudsman Luis Raúl González Pérez, la investigación oficial está incompleta.

Otro punto destacado es la sugerencia de la CNDH para que se llame a declarar –o ampliar declaración– a nueve militares de la zona de Iguala. El grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indaga también las características de la investigación del caso Ayotzinapa solicitó al gobierno entrevistar directamente a los elementos castrenses. El secretario de Gobernación dijo que los testimonios ya estaban en el expediente.

Osorio Chong, responsable de la política interna, fue entrevistado en el Museo Memoria y Tolerencia, al término del acto público de reconocimiento de responsabilidad, por los casos de dos militares, quienes fueron despedidos –en hechos ocurridos en 1998 y 2001, respectivamente– por ser portadores de VIH.

Diversas organizaciones sociales han visitado las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa en solidaridad con la lucha de los padres de los 43 desaparecidos

Plascencia pudrió la CNDH; es omiso e insensible, acusan activistas

Presentarán denuncia ante federación iberoamericana

Carolina Gómez Mena 

Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2014, p. 8

El Comité Ciudadano para el Rescate de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunciará hoy ante integrantes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) la permisiva, omisa e insensible labor de Raúl Plascencia Villanueva al frente de la CNDH.

En conferencia de prensa, Alberto Athié, defensor de derechos humanos; Valentina Peralta Puga, del Movimiento por la Paz y la agrupación Eslabones; Eduardo Gallo, padre de una víctima de secuestro, y Carlos Moreno y Gregorio Cano, progenitores de desaparecidos, anunciaron que harán llegar una carta abierta a los miembros de la FIO, que se encuentran reunidos en el Distrito Federal con motivo de la 19 asamblea general y congreso internacional, encuentro privado que Plascencia Villanueva, también presidente de esa federación, encabeza como anfitrión.

Tras confiar en que la demanda de juicio político solicitada a la Cámara de Diputados prospere, y al señalar que analizan interponer una demanda penal contra Plascencia, expusieron que este hombre ha dañado gravemente a la CNDH, pudrió una institución que debería ser garante para sociedad.

Lo acusaron de estar más preocupado por hacer campaña para su ratificación como ombudsman que por defender los derechos humanos de las víctimas y lo apremiaron a ganarse con hechos los 400 mil mensuales que percibe. Parece un político en campaña, buscando honores, más que un presidente de la CNDH. Ha ido a buscar cartas de apoyo para relegirse, le preocupa más su ratificación que la atención a las víctimas.

En la carta, el comité, que tiene el respaldo de 135 organizaciones y personas, afirma que los defensores de los derechos humanos enfrentan una crisis por las gravísimas omisiones de la CNDH frente a la impunidad en los casos de cientos de miles de delitos, abusos de servidores públicos, desapariciones forzadas, extorsiones por parte de algunas autoridades, homicidios e incluso ejecuciones extrajudiciales.

Añade que muchas familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos han acudido a la CNDH para que sean atendidas. Lamentablemente no sólo no han sido atendidas, sino que han sido revictimizadas y abandonadas a su suerte, aunado a que la misma CNDH se encuentra litigando casos contra las propias víctimas, como es el caso de la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas.

Señala que víctimas, familiares de éstas, organizaciones, analistas políticos y ciudadanos estamos inconformes y agraviados por el papel que ha desempeñado Plascencia Villanueva, persona que consideramos no idónea para continuar presidiendo la CNDH.

Plascencia mintió al decir que hubo un enfrentamiento en ese sitio: ONG

Tardó más de 12 semanas en iniciar una pesquisa, acusan

Carolina Gómez Mena

 Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2014, p. 7

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, mintió al asegurar la semana pasada que en el caso Tlatlaya había indicios de un enfrentamiento entre militares y civiles y que el organismo que preside investigaba los acontecimientos desde hacía meses, acusó el activista Eduardo Gallo.

“El lunes 22 de septiembre Plascencia manifestó que estaban haciendo una investigación, pero que todo acusaba que había existido un enfrentamiento contra elementos del Ejército.

“Existe información de que desde el 30 de junio, cuando ocurrieron los hechos de Tlatlaya, no solicitó información a nadie sobre esos hechos, sino hasta el 18 de septiembre; esto es, cuatro días antes de que salió a manifestar que estaban haciendo una investigación. Entonces, se tardó más de 12 semanas en arrancar una investigación.

“Además, no solicitó una copia de la averiguación previa a la Procuraduría General de la República ni a la del estado de México, sino hasta el 23 de septiembre, es decir, al día siguiente de que manifestó que estaban haciendo una investigación.

No se entiende cómo la estaban haciendo. Salió a mentir; esa es la forma en que se conduce Plascencia Villanueva, deploró Gallo, también integrante del Comité Ciudadano para el Rescate de la CNDH.

El gobierno lo desnudó

El ombudsman declaró que la indagatoria de Tlatlaya “es un investigación que iniciamos desde mediados del mes de julio, tenemos cerca de 700 paginas del expediente.

Estamos llevando a cabo dictámenes de criminalística hace un par de días, añadió.

Lo único que teníamos hasta ahora es que se había suscitado entre las tres y cuatro de la mañana un enfrentamiento entre elementos del Ejército y las personas que se encontraban dentro de la bodega, expresó.

Eduardo Gallo indicó que con su declaración de un enfrentamiento allanó el camino para que se ocultaran los hechos.

Esa es la forma en que ha venido operando Plascencia: mintiendo, hablando de evidencias que no existen, no teniendo la información y dando salida para que no se juzgue a nadie por los delitos, pero nunca pensó que en esta ocasión el propio gobierno federal y la Sedena iban a reconocer que ahí hubo irregularidades y, cabe la expresión: lo desnudaron.

Aparte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas condenó las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y exigió que la investigación se realice con apego a la verdad y justicia.

Asimismo, indicó que “urge implementar un operativo eficiente que permita presentar con vida a las decenas de estudiantes que permanecen desaparecidos”.

Cuatro estados, bajo investigación por altos niveles de violencia hacia mujeres

Se emitirán hoy 13 recomendaciones al mandatario de Guanajuato: Gobernación

Podrían lanzar alerta de género si no se acatan medidas; vigilan a Edomex, Chiapas y Morelos

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 10 de julio de 2014, p. 20

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación informaron que Guanajuato, estado de México, Chiapas y Morelos son objeto de una investigación nacional por denuncias de altos niveles de violencia hacia las mujeres.

En el caso de Guanajuato, la resolución será emitida hoy. De acuerdo con los diagnósticos preliminares, se advierte un problema delicado, por lo cual se emitirán 13 recomendaciones al gobernador de la entidad.

Sólo en caso de que el mandatario no las acate, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –que preside Gobernación y que hoy realizará su 22 reunión ordinaria– emitiría una alerta de violencia de género y feminicida, lo cual nunca se ha dado ni en esta entidad ni en otras, pese a las crisis documentadas.

Guanajuato tiene una incidencia delictiva al alza, según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública; integrantes del organismo señalaron que tales cifras están influidas por la violencia familiar.

De enero a mayo de este año, en la entidad el homicidio simple acumula mil 119 víctimas, cifra mayor a la que se presenta en Guerrero y sólo por debajo del estado de México y Michoacán. También hay alzas en homicidio doloso, lesiones dolosas y delitos sexuales. Organizaciones civiles han documentado los casos y las crestas de hechos violentos hacia las mujeres.

Los análisis de la situación en el estado de México y Chiapas se iniciaron por mandato judicial. En el primer caso fue resultado de un litigio de tres años por parte de grupos civiles, y para Chiapas no hubo impugnación, por lo que se abrió el expediente.

En Morelos los trabajos se iniciaron hace algunos días; la norma marca que deberá emitirse un diagnóstico en un máximo de 30 días.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres reconoció que de 1985 a 2012 se cometieron 42 mil 73 feminicidios en México, debido a que este crimen ocurre en un contexto de permisividad social, incluso de estímulo, pero también en un ambiente de impunidad de Estado.

Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del instituto, organismo que ha recibido ocho solicitudes de declaratoria de alerta de violencia de género, indicó que siete de cada 10 mexicanas han experimentado algún tipo de agresión, entre ellas sexual, económica u obstétrica.

El funcionario señaló que organizaciones civiles del estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas exigieron aplicar dicho mecanismo cuando aún estaba en vigor el reglamento aprobado en 2008, que establecía que el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres era el encargado de evaluar la petición.

Sin embargo, apenas este viernes el Sistema Nacional aprobó integrar un grupo interinstitucional y multidisciplinario que analizará el caso de Chiapas, cuya solicitud fue recibida el 25 de noviembre de 2013.

En el mismo rezago se encuentra la petición del estado de México, cuyo grupo de revisión se instaló el 27 de junio.

(Con información de Blanca Juárez)

Madres llevarán caso ABC ante la justicia internacional

   Años de lucha y organización les dan fortaleza ante impunidad

Estela y Julio César, padres de “Yeye”, uno de los 49 niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC |  

A cinco años de la tragedia de la Guardería ABC ocurrida el 5 de junio de 2009 en esta ciudad, la capacidad de organización de madres y padres ha dado mucho de qué hablar.

El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio se registró como asociación civil y emprendió una cruzada nacional, para obligar a todas las estancias infantiles públicas y privadas a ajustarse a una política nacional de cuidado infantil.
 

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal

Cimacnoticias | Hermosillo.-

La experiencia vivida en carne propia les dio energía para trabajar por meses en una propuesta de iniciativa de ley general, sin precedentes en México, pues cada sistema de las llamadas guarderías se guiaba por su propio reglamento.

La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, expedida el 24 de octubre de 2011, fue el resultado de un profundo compromiso con la niñez que en la forma más auténtica nació en estas madres y padres.

Por su parte, la organización Manos Unidas emprendió la tarea de exigir personalmente a Felipe Calderón, así como al entonces candidato, hoy presidente Enrique Peña Nieto, para que retomaran su responsabilidad en la impartición de justicia.

A través de la Procuraduría General de la República (PGR) han insistido para que se sepa qué fue lo que pasó exactamente para que se produjera un incendio de esas proporciones, destruyendo la Guardería ABC, junto con la vida de sus hijas e hijos.

La diferencia en las versiones ha sido pública. Mientras varios peritajes dicen que el siniestro se produjo por un sobrecalentamiento en un aparato de enfriamiento, otros dicen que fue provocado por una persona que habría sido contratada para ese fin, y cuyo objetivo no era la estancia infantil, sino la bodega de Hacienda contigua al local.

Sin embargo, no ha sido eso lo que ha retrasado la justicia, sino el litigio de cada uno de los acusados, quienes han contratado despachos de abogados de renombre nacional para salir absueltos del caso.

Por ahora son dos los dueños de la guardería que han sido exonerados: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, y Antonio Salido Suárez, por no tener la “obligación” del cuidado de las y los niños, pues “sólo eran socios capitalistas”.

Por su parte, tres supervisoras del IMSS fueron detenidas y estuvieron temporalmente en el Centro de Readaptación Social Número 1 de Hermosillo: Irma Crescencia Díaz, Delia Botello y Yadira Barreras, quienes ahora están libres.

Funcionarios mencionados en la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; el ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara; Juan Molinar Horcasitas –ex titular del IMSS–, y Carla Rochín Nieto –ex coordinadora nacional de Guarderías del IMSS–, entre otros, ni siquiera fueron llamados a declarar.

Peor aún, la Organización de las Naciones Unidas otorgó un premio por el programa de estancias infantiles a Felipe Calderón en julio de 2012, ante lo cual madres y padres protestaron enérgicamente afirmando que ese premio está “manchado con la sangre de nuestros hijos”.

PICAR PIEDRA

En los tres años recientes también se han diversificado las formas de difundir el caso. El documental “ABC nunca más”, de Pedro Ultreras, fue el primero en su género en internacionalizar la situación de las familias y las secuelas en sus vidas.

Se estrenó en Nueva York con la presencia de las y los protagonistas, y después continuó con otras proyecciones en la Cineteca Nacional para después ser incluido en la cartelera comercial de varias ciudades de México.

En tanto, los impulsores de la nueva ley de estancias infantiles, conocida como Ley 5 de Junio, continuaron la cruzada nacional impulsando el reglamento a la Ley General, detenido por Calderón, quien finalmente lo publicó el 24 de abril de 2012, aunque fuera del tiempo estipulado y presionado por la movilización del Movimiento 5 de Junio.

Pero no se quedaron ahí. De inmediato empezaron a impulsar las leyes estatales, siendo la de Sonora la primera. Aquí también se dio el cabildeo con la comisión encargada de dictaminar la ley, pues ante lo novedoso de la misma, el Congreso local discutía cuestiones intrascendentes para las madres y los padres, mientras que lo verdaderamente profundo no se plasmaba en el texto.

Al mismo tiempo iniciaron el acercamiento con las nuevas autoridades del IMSS para iniciar la implementación de la nueva norma en las estancias infantiles del instituto.

Se convirtieron en vigilantes a través del ejercicio ciudadano de contraloría social que empezó a ser parte de sus labores, para lo cual recibieron capacitación de académicas interesadas en el tema de la justicia social.

Campañas en redes sociales y entrega de folletos a usuarias de estancias infantiles formaron parte de la difusión.

Con las marchas de aniversario, la sociedad sonorense hizo suyo el caso ABC. La concurrencia de alrededor de 20 mil personas en cada una de ellas nos habla de lo insólito que pueden resultar los movimientos sociales ante una afrenta de este tamaño. La lección que nos deja es conocer lo que puede llegar a provocar una sola cosa: la indignación.

Las formas de manifestarse tanto de personas afectadas como de grupos solidarios también se hicieron presentes.

En el tercer aniversario la sorpresa mayúscula la dio una asociación de transporte que decidió destinar el área de publicidad de 50 camiones urbanos para honrar a cada una de las 49 niñas y niños fallecidos, y uno más al grupo completo.

Ver esos rostros amplificados por las calles de Hermosillo era el recordatorio puntual de la justicia denegada.

Los anuncios espectaculares fueron otra de las herramientas utilizadas por madres y padres para echar en cara a las autoridades que ellos no tendrían límite en su exigencia de justicia. Y aunque esa estrategia fue propia del primer aniversario, algunos padres continuaron con ella en los siguientes años.

En ese contexto de impunidad y lucha, más de 12 madres de niñas y niños fallecidos decidieron embarazarse de nuevo y hoy cuentan con un nuevo integrante de la familia, e incluso con dos. Pero su nueva organización familiar no ha disminuido su deseo de justicia.

Por el contrario, esto les ha dado más energía y sobre todo un poco de felicidad ante tanta tristeza y desencanto. Saben que la lucha será larga y que lo más probable es que se defina ante organismos internacionales.

Y es que madres y padres han llegado a la conclusión de que la justicia ha sido denegada en México. Cumplirán con el requisito de ir a todas las instancias necesarias para robustecer su expediente, pues la única sentencia para que haya justicia vendrá de fuera y eso será lo único que premiará su paciencia.
  

‘‘Mintió’’ el presidente de la CNDH al comparecer ante senadores: activistas

El ombudsman sólo presentó una ‘‘verdad mutilada’’ 

sobre varios casos, lamentan

‘‘Lo que vimos fue una simulación de cifras; 

las víctimas lo que buscan es justicia’’, señalan

Víctor Ballinas, Andrea Becerril y Fernando Camacho

 Periódico La Jornada

Miércoles 21 de mayo de 2014, p. 5

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, e incluso hubo quienes señalaron que en su comparecencia de ayer ante senadores el ombudsman ‘‘mintió’’.

En esos términos se expresaron los representantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al término de la reunión que el presidente de la CNDH tuvo con legisladores de todos los partidos.

Mirna del Carmen Salazar, madre de Glenda Yaneira Medrano Salazar, quien murió junto con otros 71 migrantes en San Fernando, Tamaulipas (22 de agosto de 2010), resaltó que ella se enteró de la muerte de su hija por la cancillería. ‘‘Siempre tengo duda de que los restos que me entregaron sean de mi hija. No me dieron ropa ni fotografías y la prueba de ADN la realizaron en tan sólo tres horas. El presidente de la CNDH nunca nos tomó en cuenta’’.

Sobre la comparecencia de Plascencia Villanueva en el Senado, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos destacó: ‘‘Lo que vimos hoy fue una simulación de cifras. No se habló de casos; las víctimas lo que buscan es justicia. Lo que se presentó es una verdad mutilada, porque las investigaciones de la ejecución de 72 migrantes en San Fernando concluyeron hace tres años’’.

Para Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el ombudsman no contestó de forma adecuada y completa a todas las preguntas que le formularon los legisladores. En realidad, dijo, el presidente de la CNDH tuvo un desempeño ‘‘insatisfactorio’’, pues nunca admitió las críticas ni contestó de forma puntual ningún cuestionamiento sobre su trabajo.

‘‘Nos parece importante la comparecencia, pero no queremos que esto quede ahí. Este es apenas el comienzo de lo que esperamos sea un camino verdadero de las víctimas hacia la justicia’’, indicó la activista, quien llamó a emprender una ‘‘reingeniería’’ total de la CNDH para que cumpla mejor con su labor.

Peña, ante la oportunidad de demostrar que quiere mejorar en derechos humanos: AI

El director del organismo para México presenta la Campaña Global contra la Tortura

Perseo Quiroz reitera llamado a tomar medidas ante la crítica situación de las garantías en el país

Fernando Camacho Servín 

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de mayo de 2014, p. 21

Ante el reto de tomar acciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, el gobierno de Enrique Peña Nieto está ante la oportunidad de demostrar que tiene voluntad política y capacidad para ello, o si, por el contrario, va a permitir que continúe la crisis en este ámbito, afirmó el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México, Perseo Quiroz.

Durante la presentación de la Campaña Global contra la Tortura, realizada ayer en el Museo Memoria y Tolerancia, el activista reiteró la petición hecha el lunes por el secretario general de AI, Salil Shetty, para que las autoridades nacionales tomen medidas concretas en varios temas clave y de esta manera aborden la crítica situación de los derechos humanos en el país.

Entre los nueve puntos mencionados por Shetty, recordó Quiroz, se encuentra emitir una declaración presidencial para que cualquier funcionario que no reporte o investigue desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones graves de las garantías fundamenteales sea llevado a juicio.
Además, pide garantizar la aplicación total del Código de Justicia Militar; revisar las denuncias de tortura, de conformidad con el Protocolo de Estambul; comprometerse a acatar las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura –quien recientemente visitó el país– y abolir el arraigo.

De igual forma, llamó a hacer pública la base de datos de 26 mil víctimas de desaparición forzada, garantizar una investigación exhaustiva en todos los casos de este delito, asegurar que el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas tenga recursos suficientes para trabajar, y demostrar avances sustanciales en el castigo de los abusos contra migrantes indocumentados.

Luego de subrayar que el cumplimiento de estas demandas permitirán saber si Peña Nieto tiene voluntad o capacidad para cumplir con su trabajo, Quiroz anunció el lanzamiento de la Campaña Global contra la Tortura, que durará dos años y tendrá lugar en los cinco países donde AI detectó mayor prevalencia de este crimen de lesa humanidad: Nigeria, Marruecos, Uzbekistán, Filipinas y México.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín, lamentó que las autoridades nacionales no han dado más que respuestas falsas y montajes ante la exigencia de la sociedad civil de que respeten y promuevan los derechos humanos, lo que ha dado lugar a gran cantidad de abusos y a la persistencia de la impunidad.

En el acto participaron también Claudia Medina, sobreviviente a un acto de tortura por parte de efectivos de la Marina en Veracruz, y Víctor Rolón, tío de Adrián Domínguez Rolón, agente de la Policía Federal desaparecido el 17 de febrero de 2011.

Exigen ONG compromiso para que funcione el mecanismo de protección a periodistas

México y los Derechos Humanos

Apoyan la decisión de no asistir a reuniones de la junta de gobierno

Fernando Camacho Servín

 Periódico La Jornada

Viernes 28 de marzo de 2014, p. 4

Diversas organizaciones civiles manifestaron su respaldo a la decisión de los integrantes del consejo consultivo del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de no asistir a las reuniones de la junta de gobierno de dicho organismo hasta que las autoridades se comprometan a resolver la problemática de la misma.

En conferencia de prensa, los activistas subrayaron que a casi dos años de la creación del mecanismo, éste no ha sido capaz de salvaguardar al ciento por ciento la integridad de los defensores y comunicadores mexicanos amenazados por su labor.

Después de destacar que este organismo tiene un rezago de 70 por ciento en las 152 solicitudes de protección que ha recibido desde su creación y no ha podido utilizar los 263.9 millones de pesos de su fideicomiso, los colectivos apoyaron a los consejeros, que se retiraron de la sesión de la junta de gobierno del pasado 24 de marzo.

Los defensores y periodistas que integran el consejo consultivo, señalaron las organizaciones, no volverán a las reuniones mensuales del máximo órgano de decisión del mecanismo mientras no se garantice que en la elección del próximo coordinador ejecutivo –tras la renuncia de Juan Carlos Gutiérrez– se designará a alguien con probada experiencia en temas de derechos humanos.

Asimismo, exigieron que las autoridades impongan una política laboral dentro del mecanismo que respete los derechos de sus integrantes, y que de manera urgente se elabore un programa de atención a los problemas internos de dicha entidad, con acciones definidas, plazos y resultados a obtener.

Los colectivos indicaron que desde hace varios meses habían denunciado las fallas estructurales del mecanismo, sin que la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, emprendiera acciones reales para solucionarlas.

Darío Ramírez, director en México y Centroamérica de la organización Artículo 19, señaló que debido a la estrategia inconexa e ineficaz del gobierno en este tema y la falta de voluntad política de sus funcionarios, el mecanismo está en su mayor crisis a poco más de año y medio de su surgimiento.

Por su parte, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia e integrante del consejo consultivo del mecanismo, lamentó que las unidades de evaluación de riesgos y de análisis no funcionan adecuadamente.

En el acto trascendió que en las cámaras de Diputados y de Senadores se emitieron sendos puntos de acuerdo para llamar a comparecer al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con la finalidad de que explique las fallas del mecanismo y tome cartas en el asunto para solucionarlas.

Elude respuesta a críticas sobre el presunto hostigamiento en su área

México y los Derechos Humanos

No discutiré en los medios, estoy tranquila, señala

Fabiola Martínez

 Periódico La Jornada

Viernes 28 de marzo de 2014, p. 5

La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Lía Limón, reconoció que existe un rezago de alrededor de 85 expedientes de casos presentados ante el Mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Reconozco que el mecanismo tiene retos, los cuales atenderé de manera conjunta con los integrantes del mismo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del consejo consultivo, señaló.

Sin embargo, evitó responder a las críticas y acusaciones en su contra acerca de presunto desorden administrativo y supuesto hostigamiento laboral en el área que encabeza.

El mecanismo debe atender solicitudes de apoyo, interpuestos por comunicadores o activistas que afirman haber sido amenazados o consideran que su vida corre peligro por el ejercicio de su función, por lo que recurren a esta posibilidad de custodia, cuya coordinación está a cargo de la SG.

La instancia opera con base en un fideicomiso cuya bolsa es de poco más de 200 millones de pesos; una vez recibida la solicitud, los responsables deben analizar de inmediato cada asunto y determinar el nivel de peligro; impulsar protocolos, medidas preventivas y, en su caso, acciones urgentes de protección.

Consultada sobre el particular, Lía Limón respondió:

En efecto, hay retos y un rezago importante que se debe abatir; invito a los integrantes del consejo a resolver las cosas juntos. Comparto la idea de que debemos armar una estrategia de solución.

Las denuncias rondan en la existencia de desórdenes en el andamiaje administrativo y en los recursos.

Lía Limón, subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, admitió que hasta febrero había recibido 152 solicitudes de protecciónFoto Guillermo Sologuren

La funcionaria dijo a La Jornada que es necesario revisar y ordenar la operación de esta instancia creada en 2012, la cual había recibido, hasta febrero, pasado 152 solicitudes de protección.

El mecanismo debe seguir funcionando; me comprometo a preservar el diálogo respetuoso con los miembros del consejo consultivo, aseguró.

El lunes pasado, los integrantes del consejo consultivo se retiraron de la sesión (donde se habló del rezago de 89 expedientes y, al final de la misma, ya sin la presencia de los representantes de organizaciones civiles, se habrían resuelto tres o cuatro casos).

Los activistas entregaron a la subsecretaria una carta en la que exponen su preocupación por la falta de atención a decenas de solicitudes de apoyo.

La subsecretaria ofreció un trabajo conjunto con las organizaciones civiles, pero evitó responder a las acusaciones de un grupo de funcionarios del mecanismo, en el sentido de que presiona y maltrata a su personal.

En efecto, la carga de trabajo en Gobernación es fuerte; no voy a discutir el punto en los medios de comunicación. Yo estoy absolutamente tranquila, señaló.

Así es el trabajo, agregó; “se requiere de muchas horas extras. El titular la Unidad de Derechos Humanos y responsable del mecanismo renunció el pasado 15 de marzo, aunque la subsecretaria afirma que la salida de Juan Carlos Gutiérrez no tiene nada que ver con el rezago en el área.

Hay maltrato a parturientas, denuncian ONG ante la CIDH

México y los Derechos Humanos

No es práctica sistémica; el gobierno federal trabaja para evitarlos

Presentan casos de mujeres que han dado a luz fuera de nosocomios públicos

Cada año ocurren 931 alumbramientos en esas condiciones, acusan activistas

Todos fueron investigados y se aplicaron sanciones, la respuesta oficial

El 5 de noviembre de 2013 hubo un caso de presunta negligencia médica cuando Ruth Mendoza, de 23 años, llegó durante la madrugada a la clínica de salud del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, para que la atendieran de un parto; el médico la envió a su casa, porque faltaba mucho tiempo, y dos horas y media después la joven dio a luz a su hijo afuera del templo del centro de saludFoto Arturo Pérez 

Alonso/Cuartoscuro.com

Ángeles Cruz Martínez

 Periódico La Jornada

Viernes 28 de marzo de 2014, p. 2

Los casos que en meses recientes se han dado a conocer sobre mujeres que dieron a luz afuera de hospitales o en algún taxi en Chiapas y Oaxaca son unos cuantos respecto de los 931 que ocurren cada año en el país. La Secretaría de Salud (Ssa) los identifica como partos fortuitos. Aunque no es una práctica sistémica, el gobierno federal trabaja para evitarlos, aseguró durante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada ayer en Washington.

Por primera vez, y en el contexto del 150 periodo ordinario de sesiones, el organismo internacional abordó el tema de violencia obstétrica y salud materna en México. Ahí, las organizaciones civiles Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Parto Libre y Sakil Nichim Anzetik denunciaron que las mujeres enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos, desde la negativa de la atención médica,
discriminación y malos tratos e inhumanos, así como atención deficiente en los servicios de salud materna.

Estos osbtáculos han sido comprobados en investigaciones como la que coordinó Roberto Castro, integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en un trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en hospitales de Morelos.
El Gire destacó ante la CIDH que esas conductas reflejan fallas estructurales en la atención médica y pautas comunes de violación a los derechos humanos de las usuarias, lo que se debe a la insuficiente infraestructura y capacidad de las clínicas y hospitales públicos, federales y estatales, para atender partos y urgencias obstétricas.

Por su parte, el gobierno de México –representado por Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa– expresó su rechazo absoluto a la violencia obstétrica y dio cuenta de las acciones emprendidas para abatir el problema, como la inclusión, por primera vez, de la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo, el plan sectorial de salud y los programas específicos.

Mientras se efectuaba la audiencia, en la ciudad de México Gobernación y la Ssa emitieron un comunicado en el que señalaron que los casos de falta de atención médica a mujeres que requirieron atención obstétrica se investigaron, se deslindaron responsabilidades y se aplicaron sanciones conforme a la ley.

En Washington, los funcionarios federales también comentaron sobre la próxima conclusión del proceso de actualización de la norma oficial mexicana (NOM) 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido, en trámite desde 2011.

El ordenamiento incorpora varias novedades, como la indicación dar prioridad al trabajo de parto y la posibilidad de que la mujer dé a luz en posición vertical.

La nueva NOM señala que se deberán evitar intervenciones no justificadas, como los enemas (lavados vía rectal), rasurado, episiotomía rutinaria y cesáreas no indicadas clínicamente. Resalta la obligación del personal de salud de dar trato digno y respetuoso a las pacientes.

Indicaron que a escala nacional se registran alrededor de 2.2 millones de nacimientos al año, de los cuales más de 95 por ciento se atienden en instituciones de salud. Así, los 931 partos que ocurren afuera de los hospitales no representan una práctica sistemática, pero sí son motivo de preocupación y ocupación de la administración federal.

Mencionaron que el pasado 31 de octubre se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud, en la cual se acordó trabajar para que haya cero rechazo en las unidades médicas, que todas las mujeres reciban trato digno y respetuoso a sus derechos humanos.

ONU denuncia abusos sexuales en agencias del Ministerio Público

Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 22 de marzo de 2014, p. 13

Saltillo, Coah., 21 de marzo.

En México hay agencias del Ministerio Público donde a las mujeres que buscan a sus hijos o esposos se les piden favores sexuales a cambio de entrar a la morgue y ver si entre los cadáveres están los de sus familiares, y existen otras dependencias donde los encargados reciben dinero con ese fin, denunció el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.

Les dicen que no tienen título jurídico, que no son funcionarios, no les abren la puerta. A veces les dan para las aguas, para que los dejen entrar a ver cadáveres. Se rompen en cada momento, ven cosas espantosas y luego no encuentran. Hay mujeres que van buscando. ¿Saben cómo las atienden? Les piden favores sexuales, eso es lo que viven las familias, aseguró en entrevista.

Consideró que ese delito, con mayor auge en el gobierno de Felipe Calderón, causa incluso problemas de pareja, pues uno está resuelto a seguir la búsqueda y el otro a dar vuelta a la página. El calvario de estas víctimas también está en los barrios y en las vecindades. “Los vecinos les dicen: ‘es que en algo estaba metido’, y eso es un dolor que se une a la herida y sigue habiendo más dolor, porque (los familiares) se sienten aislados, sin apoyo, incomprendidos.”

Hernández participó en un acto en que el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdez, y representantes de la asociación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), firmaron una iniciativa que se enviará al Congreso local, a fin de que la búsqueda de desaparecidos en el estado sea por mandato constitucional.

Nadie tiene derecho a desaparecer y si eso ocurre, todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos busque, dijo el gobernador, quien aprovechó para exigir resultados inmediatos al procurador de justicia en el estado, Homero Ramos, y al subprocurador para la investigación y búsqueda de personas no localizadas, Juan José Yáñez, pues en la entidad hay reportes de mil 200 casos de desaparición involuntaria sin esclarecer.

No nos puede ganar la indiferencia, les dijo. Tenemos que localizar a las personas desaparecidas y castigar a los responsables. Es por un tema de derechos humanos, de sentimiento de las familias y en el caso del gobierno del estado, por un tema de impunidad. No podemos descansar hasta saber dónde están todos los desaparecidos, es un tema contrarreloj, es una cuenta de segundos, no de semanas, meses, ni de días.

La CNDH, omisa por la masacre de San Fernando,Propicia impunidad: familiares de víctimas

Periódico La Jornada
Domingo 23 de marzo de 2014, p. 12

Una vez que los familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando interpusieron dos solicitudes de amparo contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por considerar que su recomendación sobre el tema incurre en varias omisiones, el organismo, en vez de ayudarlos y admitir posibles errores, ha comenzado a litigar contra ellos.

Lo anterior lo afirmó la abogada Ana Lorena Delgadillo, quien subrayó que las carencias en la indagatoria de la CNDH son inexplicables, obstaculizan las peticiones de reparación del daño y, en esa medida, abonan a la impunidad.

En entrevista con La Jornada, la litigante indicó que la Recomendación 80/2013 de la CNDH viola los derechos de las víctimas de la masacre y de la sociedad al no documentar ni analizar las posibles omisiones en que habría incurrido el Estado mexicano, por no garantizar el derecho a la vida de los migrantes asesinados.

Señaló que la CNDH se negó a dar una versión pública de su indagatoria, pues ésta únicamente se otorga en casos de violaciones graves, lo cual hace más difícil el acceso de las víctimas a la justicia y la verdad histórica.
De igual forma, el organismo no escuchó a los familiares de las víctimas.
La CNDH promovió una queja contra los amparos, lo cual tiene el efecto inmediato de detener esas herramientas jurídicas y evitar que rinda un informe sobre su actuación y haga pública una copia de su indagatoria sobre la matanza.

Conavim y Fevimtra están de adorno: Imelda Marrufo

VIOLENCIA

   Víctimas de violencia no tienen respuesta institucional

Imelda Marrufo Nava, galardonada con el premio Anne Klein 2014 | Archivo CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.- 

A las mujeres organizadas les corresponde reclamar que las instituciones sean transparentes y rindan cuentas pero, a decir de la defensora Imelda Marrufo Nava, de ninguna manera les toca suplir la labor del Estado en la prevención e investigación de desapariciones y asesinatos de mujeres.

La coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez sostuvo que los colectivos de feministas y las familias de las víctimas realizan tareas que van desde monitoreos periodísticos y generación de datos, hasta recopilación de pruebas de una pesquisa penal y análisis de líneas de investigación.    

Tras ser galardonada con el premio Anne Klein 2014, que el pasado 7 de marzo le otorgó la Fundación Heinrich Böll en Berlín, Alemania, la abogada se reunió con periodistas en la Ciudad de México para hablar de la situación de las defensoras de Derechos Humanos (DH), y en particular de las acciones contra la violencia de género.

La feminista señaló que la inacción del Estado se demuestra cuando las víctimas y sus familias tocan las puertas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), sin encontrar respuesta alguna.

Es evidente, dijo, que en la actualidad las mujeres se pregunten qué están haciendo las instituciones encargadas de generar estrategias de prevención y mecanismos de investigación, procuración y administración de justicia, ya que desde su perspectiva la Conavim y la Fevimtra son instancias decorativas y sin contenido.

Mencionó que ambas instituciones, la primera dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la segunda de la Procuraduría General de la República (PGR), ni siquiera tienen personal suficiente para realizar su trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Al hacer un balance sobre la actuación de las autoridades, Marrufo Nava destacó que durante la gestión de Felipe Calderón la Segob “era un caos” y lució por su desorganización, y por tanto no tuvo grandes logros en el manejo de la política de DH a nivel nacional.

La defensora aseguró que fue hasta finales del sexenio pasado que el gobierno trató de tomar acciones en la materia y en 2012 Calderón expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como una forma de paliar los problemas denunciados por activistas.

Ahora con Enrique Peña Nieto en el Ejecutivo, la abogada aseguró que el panorama es similar y puso como ejemplo que las áreas operativas de la Segob no reciben apoyo de los mandos superiores, y por lo tanto no hay acciones pese a contar con personas capaces y con iniciativas para mejorar la situación de los DH.

Destacó que hoy como hace dos años, el Estado mexicano envía tímidos mensajes contra la violencia de género y a favor de los derechos de las mujeres, y hasta puede condenar los asesinatos y agresiones contra las defensoras, pero después busca borrar lo sucedido porque cada denuncia representa un hecho bochornoso que mancha a las autoridades.

Imelda Marrufo llamó a la prensa a no abandonar a las mujeres y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas a través del trabajo periodístico, a fin de que los casos no queden en notas aisladas.

En un país donde sólo en 2013 se registraron 155 casos de violencia contra defensoras y 14 agresiones contra mujeres periodistas en una década (2002-2013), la feminista apeló a la interlocución y trabajo conjunto entre organizaciones, reporteras y reporteros, porque consideró que lo que no se documenta no existe.
 

Suman 110 feminicidios y 38 desaparecidas en lo que va de este año en Chihuahua

Con 40% de casos, Juárez es aún el municipio más violento 

en asesinatos de mujeres

La fiscalía del estado tiene reportes de 203

 jóvenes cuyo paradero se desconoce desde 1993

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 7 de octubre de 2013, p. 20

Ciudad Juárez, 6 de octubre

Durante el presente año han sido asesinadas 110 mujeres en el estado de Chihuahua y 38 están reportadas como desaparecidas. El municipio de Juárez sigue siendo el más violento en homicidios de mujeres, ya que aproximadamente 40 por ciento de los crímenes de género del estado se han cometido en esa ­frontera.

Reportes de la Fiscalía General del estado, proporcionados mediante los Protocolos de Información, indican que en lo que va del año 41 mujeres fueron ultimadas en Ciudad Juárez; sólo en septiembre fueron nueve las víctimas. En la capital del estado y municipios aledaños se cometieron 30 asesinatos contra féminas, la mayoría en la ciudad de Chihuahua.

La Fiscalía Especializada en Investigar Homicidios de Mujeres atiende al menos 30 de los expedientes recibidos este año por considerar que son feminicidios donde se comete violencia intrafamiliar o de tipo sexual.

En el resto de los municipios, personal de la Fiscalía General del Estado ha localizado 39 mujeres sin vida, varias de ellas golpeadas, otras fueron ultimadas con armas blancas. En cuanto a las desaparecidas, la Fiscalía General informó que cuenta con 203 casos de mujeres cuyo paradero se desconoce en el estado de Chihuahua de 1993 a la fecha, que son buscadas por el personal especializado.

Panorama regional

Durante este año en el estado de Chihuahua se han reportado 38 casos de mujeres que no han sido localizadas, la mayoría jóvenes menores de 22 años. De los 99 casos que tiene la Fiscalía General del Estado en la zona norte, con sede en Ciudad Juárez, reportó que hay 16 mujeres desaparecidas durante este año, las cuales salieron de sus casas hacia el trabajo o escuela y no volvieron a saber de ellas.

Las cifras de desaparecidas varían de acuerdo con la zona. En la fiscalía de la zona centro, con sede en la ciudad de Chihuahua, se desconoce el paradero de 54 mujeres, 15 en lo que va del año; la fiscalía de la zona occidente, con sede en el municipio de Cuauhtémoc, reportó que son buscadas 41 y que hubo seis casos en 2013. La que tiene menos indagatorias es la fiscalía de la zona sur, con ocho desaparecidas, de las cuales una fue reportada en 2013.