Viola disposiciones constitucionales, afirma la CNCI

Entrega de Telecomunicaciones

Analizarán radios indígenas acciones legales contra la norma

Rosa Rojas, Carolina Gómez y César Arellano

 Periódico La Jornada

Jueves 10 de julio de 2014, p. 5

El Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI) anunció que analizará medidas legales contra la aprobación de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, incluida la promoción de un amparo. En tanto, activistas y académicos especialistas señalaron que la norma viola disposiciones constitucionales y resta soberanía al país.

Braulio Vázquez, coordinador del CNCI, subrayó que la legislación es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, por lo que habrán de realizarse acciones ante los congresos de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde hay mayor concentración de radios comunitarias, así como emprender medidas conjuntas con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y Artículo 19.
Franco Gabriel, de la Agencia Internacional de Prensa Indígena, mencionó que la discriminación llega al punto de que los 20 vatios autorizados en la Ley para una radiodifusora indígena es una potencia apropiada para una radio escolar de primaria o secundaria, no para comunidades dispersas en vastos territorios.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, lamentó que en las cámaras legislativas se estén aprobando proyectos que ahondarán aún más las calamidades que vive México, y que son producto del cinismo político.
En una homilía en la Basílica de Guadalupe y en conferencia de prensa posterior, Vera López precisó que desafortunadamente las formas de gobernar privilegian a un sector de la población y señaló que aunado a esto se modifican leyes para favorecer a un sector minoritario.

Subrayó que las reformas laboral, educativa, energética, de telecomunicaciones y hacendaria promueven el esclavismo y quitan soberanía al país. Además, criticó que el poder de decisión que otorgamos a los gobernantes lo están desviando para hacer cada día más poderoso a un grupo muy reducido de personas a costa del empobrecimiento de las mayorías.

A su vez, Mario Cruz Martínez, académico del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana, dijo que el artículo 90 de la ley de telecomunicaciones, que se refiere a las radios comunitarias, viola el principio pro persona al estipular que las emisoras sólo podrán utilizar 10 por ciento de las bandas de AM y FM, lo que podría derivar en una controversia constitucional.

También especialista en derechos indígenas, lamentó que el Estado mexicano optara por la aplicación de una política de espejitos respecto de las radios comunitarias, las cuales son un vehículo muy importante para diferentes manifestaciones políticas de la ciudadanía indígena, pero sobre todo sirven para continuar difundiendo su propia cultura.

PRI y PAN votarían ley de asociaciones público privadas

Buscan legisladores aprobar esta semana controvertida norma

Según el PT, la IP condicionaría endeudamiento con gobierno federal

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 12 de diciembre de 2011, p. 10

Los grupos parlamentarios de PRI y PAN pretenden votar mañana en el pleno el dictamen de la ley de asociaciones público privadas, a fin de que, a su vez, el Senado la apruebe esta misma semana sin discusión ni cambios, para que pueda entrar en vigor en 2012.

La citada ley, define un estudio de los diputados del Partido del Trabajo (PT), permitirá a las compañías privadas recurrir a un instrumento de endeudamiento público más, similar al que se utilizó para financiar infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, indica, la iniciativa privada podrá bursatilizar los contratos que obtenga con el gobierno federal, que a su vez, en caso de quiebra o inejecución de las obras, estará obligado al rescate de las empresas, debido a que las obras y los servicios prestados por éstas se considerarán de beneficio social.

Priístas y panistas presionaron para que el dictamen fuera votado el jueves, cuando fue publicado en la Gaceta parlamentaria, pero ante las críticas del PT, la mesa directiva no concedió obviar el trámite parlamentario.

Aun cuando ambos grupos parlamentarios afirman que la ley no implicará nuevas obligaciones de endeudamiento público, las consideraciones y el articulado del dictamen definen que las compañías podrán utilizar los derechos contenidos en los contratos con el gobierno federal, de los estados y los entes autónomos para contratar créditos.

La legislación, señala el estudio, es muy clara al señalar que su finalidad es que la iniciativa privada se convierta en proveedor de servicios de la Administración Pública Federal, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los proyectos.

No obstante, señala, las consideraciones del dictamen de las comisiones de Economía y de la Función Pública ocultaron que entre los objetivos están el constituir fideicomisos preferentemente sobre las asociaciones; que el sector público solo participará como administrador de contratos, y que la iniciativa privada no invertirá recursos porque éstos los obtendrá con la contratación de deuda, que estará garantizada por el respectivo contrato.

Refiere que el artículo 91 permite la constitución de fideicomisos como base del pago a los contratistas, aun cuando en el actual gobierno esa figura legal se utiliza con poca claridad. Más aún que el secreto bancario, los fideicomisos cuentan por ley con el secreto fiduciario. Así, empresas, servidores públicos y las propias condiciones del manejo de recursos públicos y de la prestación de servicios públicos permanecerán en régimen de secrecía y opacidad, afirma.

Asimismo, advierte que la única participación del sector público se incluye en el artículo segundo de la ley, donde se define que los proyectos de asociación público privada serán los contratados a largo plazo con empresas para la prestación de servicios al gobierno o al usuario final. La intervención pública no se sostiene después a lo largo del articulado, explica.