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25 jul 2015

Descontrol militar


Los de abajo

Gloria Muñoz Ramírez

Cemeí Verdía Zepeda tiene 35 años, pero su apariencia es la de un joven veinteañero. De complexión delgada, moreno y de estatura media baja, vestido casi siempre de mezclilla, camisa a cuadros y su infaltable sombrero, no es fácil imaginarlo al frente de la policía comunitaria de Santa María Ostula y de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, región bajo el fuego de Los caballeros templarios en la costa de Michoacán.

Hace un año y cinco meses, Verdía fue elegido en asamblea comunitaria para encabezar su autodefensa. En este breve periodo estuvo en varias ocasiones al filo de la muerte. Libró tres emboscadas, la más reciente, denunció la comunidad, “planeada por miembros del gobierno estatal, municipal, mineros y lugartenientes de los llamados Caballeros templarios”. El domingo 19 de julio, a las 10 de la mañana, Verdía fue detenido en La Placita por elementos del Ejército. La indignación del poblado nahua los hizo detener a militares y obstaculizar su paso. Luego los uniformados abrieron fuego contra la población, no sólo contra los retenes de la comunidad, y una bala fulminó a un niño de 12 años, mientras otra niña de seis años resultó herida y otros cuatro adultos fueron lesionados.

¿Qué hay en las tierras de Ostula? Transnacionales y gobiernos las quieren para proyectos carreteros, puentes, planes turísticos, minas y demás programas de privatización de tierras. Para el crimen organizado son estratégicas para el tráfico de enervantes. Todos las codician, pero pertenecen a los nahuas. Su defensa les ha costado el asesinato de 32 de sus compañeros, más amenazas, desapariciones y constante hostigamiento. A tal grado llegó la violencia en su contra que muchos tuvieron que salir de sus tierras, entre ellos Verdía. Fue el 8 de febrero de 2014, cuando regresó a la comunidad el primer cuerpo de su guardia comunitaria, integrada sobre todo por los exiliados, la población los recibió con vítores, hicieron asamblea con la participación de mil 200 personas y volvieron a constituirse. Ahí fue elegido Cemeí como comandante.

La tensión en Ostula no es menor. La detención de su dirigente destapó una vez más el descontrol del Ejército Mexicano. Y también la resistencia de un pueblo que se niega a rendirse, pues en junio de 2009 recuperaron las tierras que estuvieron en poder de los invasores de La Placita.

Justicia para el niño Hidilberto Reyes, castigo a los autores materiales e intelectuales de su asesinato, libertad inmediata de Cemeí Verdía, garantías para su guardia comunitaria, y respeto a las tierras de la comunidad son condiciones mínimas para una reconciliación seria.

Doloroso, que no reconozcan que el Ejército disparó en Ostula


Nosotros no teníamos armas: jefe de la tenencia

Cemeí, freno para explotar minas: dice Vera Ramírez

Arturo Cano
Periódico La Jornada
Sábado 25 de julio de 2015, p. 32

La expedita investigación de la procuraduría de Michoacán ha concluido que los disparos del pasado domingo en el municipio de Aquila no fueron hechos por elementos del Ejército Mexicano, sino por personas desconocidas.

La declaración coincide con las primeras versiones oficiales que hablaron de disparos desde la maleza, que fueron respondidos con tiros al aire.
Jala aire Agustín Vera Ramírez, jefe de la tenencia de Ostula: Podrán decir mil cosas para lavarse las manos. Es el gobierno y tiene todo para decir que tiene la verdad. Es doloroso y a la vez vergonzoso que no puedan reconocer. Nosotros estábamos haciendo una manifestación pacífica, apoyando al compañero Cemeí Verdía (comandante general de la policía comunitaria, detenido momentos antes de la balacera en que resultó muerto el niño Hidilberto Reyes García). El gobierno sabía bien que si detenía a Cemeí la comunidad no se iba a quedar de manos cruzadas. Después de todo lo que hemos pasado, ¿quién se va a quedar así? Por eso llevaron todo ese ejército.

–Del lado de la comunidad hubo palos y piedras. ¿También tiros?

–Definitivamente no. Ya habíamos dado la orden de que ningún armado estuviera cerca de los retenes. De hecho ya había llegado la Fuerza Rural, pero los militares les habían quitado los rifles y las credenciales, los habían desarmado, siendo parte del gobierno. Y les dijeron que jamás volvieran a ponerse la playera.

Todo lo que hemos pasado es una forma de decir que Ostula fue una de las comunidades que sufrió más duramente el terror de Los caballeros templarios. El control de las minas, la explotación de la madera de zangualica y las codiciadas playas le costaron a la comunidad nahua 32 muertos y seis desaparecidos.

Vera Ramírez recuerda la fecha en que emprendieron la batalla por recuperar tierras que les habían sido arrebatadas mediante chicanadas: 29 de junio de 2009. Y la recuerda sobre todo porque, dice, al día siguiente en La Placita –lugar donde fue detenido Verdía– aparecieron amenazantes mantas con los nombres de los líderes de la comunidad: uno a uno mataron a todos los de la lista.

Apenas hace cuatro meses el gobierno de Michoacán firmó con los indígenas de Santa María Ostula un acuerdo mediante el cual se comprometió a capturar a los principales líderes del crimen organizado en la región. A cambio, y una vez concluidas esas detenciones, los comunitarios nahuas se comprometieron a levantar las armas.

No ocurrió ni lo uno ni lo otro. Los antiguos jefes de plaza de los templarios siguen libres. Y aunque están en la cárcel, desde fines de mayo pasado, el ex presidente municipal Juan Hernández Ramírez y algunos de sus cómplices, confesos, según la procuraduría estatal, de haberse coludido para matar a un líder; también está en prisión el blanco de sus ataques: Cemeí Verdía.

–Las armas que portaba y la camioneta blindada han sido argumentos para sugerir que Cemeí tenía ligas con el crimen, al menos en algunos medios.

–Las armas que él poseía son del mismo gobierno, él ya estaba dato de alta como fuerza rural. La camioneta blindada la solicitó él después del 25 de mayo (cuando sufrió el segundo atentado contra su vida). Esa camioneta es del estado, no es de ningún otro grupo. ¿Esperaban que el compañero anduviera con una resortera cuando ellos (los criminales) sí traen armas exclusivas del Ejército? ¿Y a esos quién los detiene?

–¿Siguen o no los templarios en la costa michoacana?

–Los jefes de plaza puede que no, pero ahí están los que pasan información. La traición puede estar donde sea y se puede pintar de diferentes colores.

Vera reseña la reunión en la que la comunidad de Ostula acordó con el gobierno estatal el reconocimiento de su policía comunitaria, 50 plazas de la fuerza rural para el municipio de Aquila y el restablecimiento del filtro de vigilancia en Xayakalan.

El documento lo firmaron el entonces secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo, y su subsecretario, Adolfo Eloy Peralta, ambos legado del ahora titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo.

De esa junta, celebrada el 16 de marzo, en Xayakalan, los comuneros salieron creyendo que teníamos el respaldo del gobierno. Nunca se imaginaron que en unos meses “nos iba a dar la vuelta, que nos iba a levantar a Cemeí.

Quedamos en que iban a detener a los verdaderos culpables, a los que dieron muerte a 32 comuneros, pero a esos sí no les ha tocado nada, dice Vera.

Cuando la procuraduría michoacana acusó al presidente municipal de Aquila y sus cómplices de cohecho, homicidio y encubrimiento, divulgó también que el alcalde Hernández Ramírez mantenía contacto con Federico González Medina, El Lico, jefe de plaza de los templarios, y que con él acordó pagar a un grupo de sicarios. En la misma oportunidad dio a conocer una imagen en la que aparece el alcalde con Servando Gómez, La Tuta, en una reunión efectuada en junio de 2013, en la que se trató el reparto de las ganancias de las minas ubicadas en los alrededores de la comunidad indígena de Pómaro.

Cemeí era el obstáculo para que esas minas se empezaran a explotar, dice ahora el jefe de tenencia.

El domingo pasado, cuenta Vera, el ahora preso fue citado por el secretario de Seguridad Pública estatal en la localidad de La Placita, con el fin de realizar pruebas de balística y regularizar su camioneta. Estaba desayunando y hasta invitó un taco a quienes lo detuvieron, miembros de la Fuerza Ciudadana, acompañados de militares. Estaban ahí platicando y nomás, de repente, sintieron las armas y se lo caminaron.

Una de las primeras respuestas de la comunidad de Ostula fue realizar una asamblea para nombrar un nuevo comandante, cargo que recayó en Germán Ramírez.

Remata Vera: Pensaron que matando a los líderes la comunidad se iba a acabar. Pero no nos han derrotado. Es lo mismo ahora con la detención del compañero Cemeí. Nos queda claro que debemos estar más organizados y unidos que nunca. Somos muchos.

Pobladores de Ostula exigen la libertad de líder de autodefensas


Comuneros reclaman justicia para Hidilberto Reyes García

Firman 12 acuerdos con funcionarios de la Secretaría de Gobernación

César Arellano García 
Periódico La Jornada

Integrantes de la comunidad indígena de Santa María Ostula, del municipio de Aquila, Michoacán, exigieron que se garantice la integridad de la comunidad y el respeto a su policía comunitaria, así como la inmediata libertad de Cemeí Verdía Zepeda, líder de los grupos de autodefensa del municipio de Aquila, Coahuayana y Chinicuila.

Demandaron justicia y castigo para los culpables de la muerte del niño Hidilberto Reyes García, y de las agresiones a la población del domingo pasado.

Informaron que una comisión de la comunidad visitó el Distrito Federal a fin de contrarrestar la versión que dieron a conocer, casi inmediatamente, las autoridades y fuerzas del orden para justificar su violenta e ilegal agresión del 19 de julio.

Como resultado de dicha visita se realizaron una conferencia de prensa, varias entrevistas y reuniones con la sociedad civil en las que se dio a conocer la verdad de los hechos ocurridos.

Señalaron que ayer viernes se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz; así como con el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, entre otros, con quienes firmaron 12 acuerdos.

En uno de ellos las procuradurías General de la República y la de Michoacán se comprometen a ser cuidadosas y detalladas en las declaraciones públicas sobre los hechos ocurridos hace una semana, además que los funcionarios sostendrán una reunión en la región con representantes y miembros de la comunidad de Santa María Ostula en un plazo no mayor de 15 días.

Otro convenio fue que las autoridades se comprometieron a que se haga justicia y se esclarezca la verdad sobre los hechos ocurridos en la comunidad indígena de Santa María Ostula, en los que murió el niño Hidilberto Reyes García.

También se acordó que no habrá agresiones, hostigamiento o detenciones de las autoridades contra integrantes de las comunidades indígenas de Santa María Ostula, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana.

“Debemos recordar que no es la primera vez que se establecen espacios de diálogo entre los habitantes de Santa María Ostula y el gobierno, y que a pesar de ello la comunidad arrastraba el saldo de 32 muertos y seis desaparecidos desde 2009.

Ahora, a pesar de haberse instalado una mesa de negociación desde el pasado 12 de junio con la Secretaría de Gobernación, se agrega la muerte de un niño a la lista de agravios.

Hicieron un llamado para que la comunidad esté atenta ante la tensa situación que prevalece en la región y para que se respeten los acuerdos firmados.