MONTERREY, NL. “El martes cumplió 41 años. ¿Cómo lo festejamos? Llorando. Tiene ocho meses desaparecido”. La voz de Isabel García Acosta de 64 años se corta, el nudo en la garganta no le permite seguir hablando. Su rostro refleja una infinita tristeza y una profunda desolación. Las lágrimas surcan sus mejillas. Toma la foto enmarcada que tiene en el regazo, se la lleva al pecho, la abraza con fuerza. Entra en trance y habla con Martín Rico García: “Hijito de mi corazón esperábamos un regalo: volver a verte en tu cumpleaños. Éramos tan alegres. Ahora vivimos en la tristeza, en el llanto. ¿A dónde te llevaron? ¿Dónde te tienen?”.
El 5 de junio del año pasado, la Marina Armada de México secuestró a su hijo. Aquella mañana varios hombres uniformados, usando el chaleco de la Marina llegaron a su vivienda en vehículos oficiales de esa institución castrense, entraron a su casa sin orden de cateo y se llevaron a Rico García sin orden de aprehensión. Desde entonces no lo volvieron a ver, a pesar de que existen videos y fotografías que comprueban el secuestro y la desaparición forzada perpetrados por la Marina.
“Eran como las seis y media de la mañana. Primero entraron a mi casa, violaron todas las chapas de las puertas, pero nunca preguntaron por alguien, nunca dijeron un nombre de nadie. Me puse mala, padezco diabetes. Me subí al segundo piso y vi que los marinos tenían a mi nieto en medio de la calle sin zapatos. Nunca pensé que se fueran a llevar a mi hijo, así sin decirnos por qué, sin mostrar ningún papel”, cuenta doña Isabel.
Y la interrumpe su nuera, María de los Ángeles Díaz de León: “Después de su casa, los marinos entraron a la nuestra porque somos vecinos. Estábamos dormidos. A mi esposo lo levantaron de la cama y lo sacaron del cuarto, se lo llevaron cuatro marinos, así como estaba en pijama. Uno me dijo: “Déme un cambio de ropa para su esposo”.
Martín Rico García trabajaba en su taller de soldadura, allí mismo en casa. También se dedicaba a comprar y vender coches. La Marina no hizo ningún cargo criminal contra él, ni dio explicaciones sobre un supuesto delito, simplemente lo secuestró.
Doña Isabel añade: “La Marina para mi es la peor de todas las instituciones. Yo les dije que se identificaran, ellos solamente contestaron que eran de la Armada de México. Les dije: ‘Díganme a quien buscan, yo aquí no tengo hombres, estoy sola, vivo sola en mi casa’. ¿Qué respeto pueden ustedes exigir de mi, si entran así a mi casa, violando desde el portón de afuera, hasta el fondo?”.
Mientras los marinos permanecían en la casa de doña Isabel apareció una camioneta marca Chrysler tipo Durango con placas estadounidenses y un hombre bajo y les dijo: “Allí no, en esa casa no, es en la privada”. Por eso, la madre de Rico García dice que todo tiene que ser un terrible error o bien una acción producto de una llamada anónima: “¿La ley como trabaja? La Marina no trabaja limpiamente, porque según está combatiendo el crimen organizado y es a lo que vienen, a cometer crímenes. ¿Por qué la Marina se presta a la venganza con llamadas anónimas? La ley no se debe de prestar a eso”.
Desde su desaparición, los familiares de Rico García y otros 10 hombres secuestrados en Nuevo Laredo en los primeros días del mes de junio del año pasado, han sostenido reuniones con funcionarios de Gobernación, la Procuraduría General de la República, incluso con representantes de la Armada de México, pero no ha habido resultados, según cuenta doña Isabel: “Esperábamos tener alguna razón, que nos dijera dónde los tienen. Qué nos digan por qué se los llevaron, qué nos digan qué hizo mi hijo, de qué le acusan. Siempre agarran personas que supuestamente andan en la delincuencia organizada y las presentan para que sean castigados. ¿Por qué a nosotros no nos dijeron ni una palabra?”.
Luz María añade: “Nomas nos dicen que van a investigar. Y no salen de eso. Nos dicen que están investigando, pero en realidad nada más nos están dando largas. No nos dicen en dónde los tienen. Nada. Y realmente nadie quiere hacer nada porque se trata de la Marina”.
La Armada de México les envió recientemente una carta donde reconoce que tuvo contacto con los desaparecidos: “Personas que refirieron que eran obligados, bajo amenazas, a trabajar para el grupo delictivo Los Zetas, motivo por el cual se les invitó a colaborar para que proporcionaran información del área, en forma voluntaria; se les ofreció protección durante la estancia de las fuerzas navales en ese lugar. Así, fueron trasladados al poblado de Miguel Alemán, Tamaulipas, por su seguridad”.
Lo realmente sospechoso para las víctimas es que la Armada de México declara que los desaparecidos –a quienes llama “presuntos agraviados”– fueran llevados a Miguel Alemán, supuestamente “por su seguridad”, y después fueran dejados en las “inmediaciones de la Central Camionera”, según dice la Marina en la carta, para que los secuestrados “se transportaran con destino a Nuevo Laredo”.
Las víctimas señalan que resultan inverosímiles los argumentos de la Marina, ya que si quería resguardar a los ahora desaparecidos y protegerlos por su seguridad, es absurdo que los haya dejado en una central camionera en Miguel Alemán, Tamaulipas, un lugar conocido por ser “foco rojo” de la violencia y los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado.
Doña Isabel se muestra enfadada porque la institución castrense subestima su inteligencia: “Me siento muy decepcionada del gobierno de Felipe Calderón porque nos prometió paz, pero desde que él está hemos tenido más dolor, más lágrimas. Yo le pido a nuestro gobierno, más bien, ya no le pido, le exijo que nos devuelvan a nuestros hijos. Calderón no tiene consideración porque no sabe lo que se siente tener a un hijo desaparecido. Tiene todos sus manjares en su mesa para sus hijos y nosotros, ¿qué? ¿Por qué la ley viene a hacernos este daño?”.
Añade: “Si tuviera enfrente a nuestro Presidente le diría que mejor dejara de ser Presidente, porque para gobernar una nación se necesita sabiduría. ¿Él cuántas almas ha dañado? ¿Cuántos muertos ha habido por su causa? Si él no sabe gobernar, si ya no haya qué hacer, es mejor que diga ya no puedo. Allí está. Él ha de tener su casa rodeado de escoltas que lo cuidan, pero yo digo una cosa: quien anda con la verdad no teme. ¿A que le teme Calderón?”.
Doña Isabel continúa con su monólogo: “Yo no sé ninguna letra porque no fui a la escuela, pero sí sé que cuando alguien se pone a hacer algo necesita saber. Gobernar una nación no es cosa de juego. En lugar de hacerle bien a la nación, está matando al país, nos está matando. Si estas palabras pudieran llegar a nuestro Presidente, con todo respeto, porque yo soy temerosa a Dios, la ley se puso por Dios, pero no para que fuera corrupta, sino para que hiciera su deber: amar a la nación, no odiarla. ¿Qué amor puede tener Calderón por México? Una institución como la Marina que viene a matarnos o a quitarnos a nuestros hijos. Le digo yo a mi gobierno, con esa autoridad, mejor déjenos gobernarnos solos”.
Martín Rico García y María de los Ángeles Díaz de León tienen tres hijos que ahora se encuentran sumidos en la tristeza y la depresión. Lo más difícil para ella ha sido sostener innumerables reuniones con funcionarios de distintas dependencias sin obtener ningún resultado, porque sencillamente nadie está buscando a los desaparecidos. Pero lo que realmente le duele es la forma en que la Marina juega con sus sentimientos: “Un representante de la Armada de México viene a decirnos puras mentiras, incluso no cuidan la información porque en la carta nos dicen que se llevaron a mi marido un día 4, cuando a mi esposo lo desapareció la Marina el día 5 de junio. Nosotros lo único que queremos es saber de él, que nos digan dónde está, dónde lo tienen, que nos lo regresen. ¿Ocho meses sin saber de él? Si hizo algo que lo pongan a disposición de la autoridad”.
Doña Isabel tiene siete hijos: cinco hombres y dos mujeres, unos 30 nietos y una bisnieta; pero su corazón está con el hijo que le falta: “Aunque tenga muchos hijos, hace falta el que no está, mi Martín. Tengo muchos dientes, pero me hace falta el que se me cayó y por eso me lo pongo. Así los hijos, todos son necesarios”.
¿SE LES FUE LA MANO?
Del 1 al 23 de junio del año pasado, la Marina se llevó a 15 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, denuncia Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Por miedo a represalias y por haber sido amenazados, sólo ocho familias aceptaron dar los nombres de los desaparecidos: José Fortino Martínez Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Martín Rico García, Héctor Alejandro Rodríguez Vázquez, Usiel Gómez Rivera, Diego Omar Guillen Martínez, Joel Díaz Espinoza y Arturo Guevara Arenas.
Ana Gómez Rivera, hermana de Usiel Gomez Rivera, cuenta que el secuestro por parte de elementos de la Marina se dio en plena calle de la colonia Mirador, ya que se lo llevaron afuera de una farmacia. Eran las diez de la noche cuando su hermano iba con su cuñada y al salir del negocio fue interceptado por hombres usando el chaleco con la leyenda Marina. Usiel se intentó defender y exigió que le dijeran de qué lo acusaban, pero los marinos le dispararon con una pistola eléctrica y se desmayó. Su esposa fue testigo de todo.
La desaparición forzada de todos está integrada en la denuncia en la Averiguación Previa Penal Número: AP/PGR/TAMPS/NC/1994-III/2011, realizada ante la Procuraduría General de la República. Ana, hermana de Usiel, insiste: “Lo levantaron de la farmacia. Iba con mi cuñada y ella les dijo: ‘¿por qué se lo llevan, qué delito cometió?’. Y ellos nunca contestaron nomás lo secuestraron. Es una desaparición forzada”.
En este caso, como en todos, las versiones de la Marina fueron contradictorias: “Primero nos dijeron que ya los habían ubicado, después se retractaron, luego aceptaron… Lo que ellos están diciendo no es una respuesta correcta para nadie de nosotros, porque todos sabemos que es mentira. Una y otra vez se están equivocando”.
Añade: “Ya me cansé de todas las mentiras que están diciendo, ya quiero que nos digan que hicieron con ellos, si se les fue la mano… si ya pasó eso que no queremos escuchar, si los mataron, que nos digan, o al menos que nos los entreguen, que se los achaquen a cualquiera, lo típico que sabe hacer la Marina, pero que nos los entreguen”.
La desesperación y la angustia se reflejan en su cara: “Quiero que acaben con tanta mentira y digan lo que es, que nos digan la verdad, porque todos sabemos que lo que ellos están diciendo son puras mentiras. Son hasta tontos, así como van, se equivocan y se contradicen siempre”.
Y de manera contundente añade: “Sigo y seguiré exigiendo que me lo entreguen. Seguiremos hasta que ellos aparezcan”.
Ana está sentada en la oficina de Raymundo Ramos, un hombre comprometido con los derechos humanos que fundó el comité hace más de 10 años. Para él, está claro que se trata de desapariciones forzadas por parte de la Marina. Considera que la forma del secuestro fue allanando domicilios de manera ilegal. Y dice que tienen informes de que los secuestrados fueron trasladados a campamentos clandestinos de detención habilitados como prisiones ilegales y centros de tortura ubicados en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Los familiares de los desaparecidos tomaron fotos y videos de los marinos llevándose a los hombres a quienes concentraron en el Hotel Santa Mónica de Nuevo Laredo. Allí los tuvieron una noche y posteriormente se los llevaron a un lienzo charro ubicado a 50 kilómetros de Nuevo Laredo, concretamente en Hidalgo, Coahuila. En ese lugar, la Armada de México tiene un campamento que, según testimonios, es utilizado como prisión clandestina.
POR LA MISMA SENDA QUE EL EJÉRCITO
La Campaña Contra la Desaparición Forzada ha señalado en su último comunicado, que en México han desaparecido alrededor de 3 mil personas desde marzo de 2006 a manos de policías federales, el Ejército y la Marina.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Ejército es la institución con mayor número de denuncias por violaciones a las garantías individuales, con alrededor de 6 mil casos.
De diciembre de 2006 a diciembre de 2011, la CNDH ha abierto 82 expedientes sobre abusos militares con 33 civiles asesinados; 225 más sometidos a tortura; 20 personas violadas sexualmente (17 mujeres y tres hombres), además de tres desapariciones forzadas.
También están los casos de cinco niños asesinados (tres de ellos de uno, tres y seis años de edad), así como las torturas a las que fueron sometidos otros 10; la violación de dos menores y los abusos sexuales contra otras dos.
En el reporte “Quejas y Recomendaciones” se establece que se comprobó la participación de 252 soldados involucrados en violaciones de derechos humanos, pero sólo 19 fueron condenados. De los 33 asesinatos cometidos por militares sólo siete fueron resueltos, pero los 225 casos de tortura documentados, las 20 violaciones sexuales y las desapariciones forzadas permanecen en la impunidad.
La justicia militar no está dando los resultados que la Secretaría de la Defensa dice; por ejemplo, en estos casos 168 militares fueron exonerados y ninguno de los 19 altos mandos involucrados en asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, enfrentó un proceso judicial ni siquiera en la justicia militar.
En su último informe anual presentado en enero pasado, la CNDH informó la muerte de 43 personas ajenas a la delincuencia organizada. Son los daños colaterales perpetrados por las fuerzas del Estado, y señaló que las denuncias contra la Marina han “aumentado exponencialmente” con 997 casos de violaciones a los derechos humanos, que van desde ejecución extrajudicial, torturas y desaparición forzada: “De 20 a 40 quejas que se recibían hace cinco años, ahora se reciben alrededor de 600 sobre temas graves”, dijo el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.
En torno a las desapariciones forzadas de hombres en Nuevo Laredo a manos de la Marina, Amnistía Internacional emitió un comunicado solicitando a Felipe Calderón la presentación con vida de los mismos: “La policía y las fuerzas de seguridad, incluidas unidades del Ejército y la Marina, detienen habitualmente sin orden judicial…”.
Para Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional, el caso de los hombres desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo requiere urgentemente atención: “La negación del involucramiento de la Marina no es adecuada y es evidente que la justificación no es suficiente para deslindarse de una investigación. Se ha emitido una solicitud de información con urgencia porque estas personas podrían estar siendo sometidas a tortura o a algo peor. El caso requiere de una investigación más profunda e inmediata”.
La desaparición forzada de Diego Omar Guillen Martínez de 23 años, trabajador de un puesto de tacos, a manos de miembros de la Armada de México, es uno de los casos incluidos en la denuncia ante la PGR. Su esposa Yadira Alejandro Martínez cuenta que el secuestro ocurrió el 4 de junio del año pasado: “Eran las cuatro de la mañana. Rompieron la cerradura. Entraron a nuestro cuarto y lo sacaron de la casa, junto con mi suegro que estaba en la otra habitación. A mi suegro lo dejaron, pero a mi esposo se lo llevaron. Les dije: ‘¿A dónde los llevan?’ Y uno me contestó: ‘Después vaya a investigar’”.
A Oralia Guadalupe Villaseñor Vásquez, los marinos le dieron 400 pesos para que arreglara la chapa de la puerta principal que le arrancaron al entrar a la fuerza y secuestrar a su esposo José Fortino Martínez Martínez, el 5 de junio del año pasado. Ella y su cuñado Alejandro Gil persiguieron a los marinos y les hicieron fotos y videos para demostrar cómo se llevaron a José Fortino. Las imágenes muestran a los elementos de la Armada de México con los desaparecidos, mientras los mantenían recluidos en el Hotel Santa Mónica.
También en el caso del hijo de María Cruz Camarillo Pérez hay testimonios y pruebas. José Cruz Díaz Camarillo trabajaba en su taller de tatuajes cuando un comando de marinos arribo al lugar y se lo llevaron.
Tanto Yadira como Oralia Guadalupe dicen ya no confiar en las versiones de la Marina y ambas señalan: “¿Confianza de que los vamos a encontrar? Sí claro, pero sólo confiamos en Dios. Estamos orando”.
