Doloroso, que no reconozcan que el Ejército disparó en Ostula

Nosotros no teníamos armas: jefe de la tenencia

Cemeí, freno para explotar minas: dice Vera Ramírez

Arturo Cano

Periódico La Jornada

Sábado 25 de julio de 2015, p. 32

La expedita investigación de la procuraduría de Michoacán ha concluido que los disparos del pasado domingo en el municipio de Aquila no fueron hechos por elementos del Ejército Mexicano, sino por personas desconocidas.

La declaración coincide con las primeras versiones oficiales que hablaron de disparos desde la maleza, que fueron respondidos con tiros al aire.

Jala aire Agustín Vera Ramírez, jefe de la tenencia de Ostula: Podrán decir mil cosas para lavarse las manos. Es el gobierno y tiene todo para decir que tiene la verdad. Es doloroso y a la vez vergonzoso que no puedan reconocer. Nosotros estábamos haciendo una manifestación pacífica, apoyando al compañero Cemeí Verdía (comandante general de la policía comunitaria, detenido momentos antes de la balacera en que resultó muerto el niño Hidilberto Reyes García). El gobierno sabía bien que si detenía a Cemeí la comunidad no se iba a quedar de manos cruzadas. Después de todo lo que hemos pasado, ¿quién se va a quedar así? Por eso llevaron todo ese ejército.

–Del lado de la comunidad hubo palos y piedras. ¿También tiros?

–Definitivamente no. Ya habíamos dado la orden de que ningún armado estuviera cerca de los retenes. De hecho ya había llegado la Fuerza Rural, pero los militares les habían quitado los rifles y las credenciales, los habían desarmado, siendo parte del gobierno. Y les dijeron que jamás volvieran a ponerse la playera.

Todo lo que hemos pasado es una forma de decir que Ostula fue una de las comunidades que sufrió más duramente el terror de Los caballeros templarios. El control de las minas, la explotación de la madera de zangualica y las codiciadas playas le costaron a la comunidad nahua 32 muertos y seis desaparecidos.

Vera Ramírez recuerda la fecha en que emprendieron la batalla por recuperar tierras que les habían sido arrebatadas mediante chicanadas: 29 de junio de 2009. Y la recuerda sobre todo porque, dice, al día siguiente en La Placita –lugar donde fue detenido Verdía– aparecieron amenazantes mantas con los nombres de los líderes de la comunidad: uno a uno mataron a todos los de la lista.

Apenas hace cuatro meses el gobierno de Michoacán firmó con los indígenas de Santa María Ostula un acuerdo mediante el cual se comprometió a capturar a los principales líderes del crimen organizado en la región. A cambio, y una vez concluidas esas detenciones, los comunitarios nahuas se comprometieron a levantar las armas.

No ocurrió ni lo uno ni lo otro. Los antiguos jefes de plaza de los templarios siguen libres. Y aunque están en la cárcel, desde fines de mayo pasado, el ex presidente municipal Juan Hernández Ramírez y algunos de sus cómplices, confesos, según la procuraduría estatal, de haberse coludido para matar a un líder; también está en prisión el blanco de sus ataques: Cemeí Verdía.

–Las armas que portaba y la camioneta blindada han sido argumentos para sugerir que Cemeí tenía ligas con el crimen, al menos en algunos medios.

–Las armas que él poseía son del mismo gobierno, él ya estaba dato de alta como fuerza rural. La camioneta blindada la solicitó él después del 25 de mayo (cuando sufrió el segundo atentado contra su vida). Esa camioneta es del estado, no es de ningún otro grupo. ¿Esperaban que el compañero anduviera con una resortera cuando ellos (los criminales) sí traen armas exclusivas del Ejército? ¿Y a esos quién los detiene?

–¿Siguen o no los templarios en la costa michoacana?

–Los jefes de plaza puede que no, pero ahí están los que pasan información. La traición puede estar donde sea y se puede pintar de diferentes colores.

Vera reseña la reunión en la que la comunidad de Ostula acordó con el gobierno estatal el reconocimiento de su policía comunitaria, 50 plazas de la fuerza rural para el municipio de Aquila y el restablecimiento del filtro de vigilancia en Xayakalan.

El documento lo firmaron el entonces secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo, y su subsecretario, Adolfo Eloy Peralta, ambos legado del ahora titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo.

De esa junta, celebrada el 16 de marzo, en Xayakalan, los comuneros salieron creyendo que teníamos el respaldo del gobierno. Nunca se imaginaron que en unos meses “nos iba a dar la vuelta, que nos iba a levantar a Cemeí.

Quedamos en que iban a detener a los verdaderos culpables, a los que dieron muerte a 32 comuneros, pero a esos sí no les ha tocado nada, dice Vera.

Cuando la procuraduría michoacana acusó al presidente municipal de Aquila y sus cómplices de cohecho, homicidio y encubrimiento, divulgó también que el alcalde Hernández Ramírez mantenía contacto con Federico González Medina, El Lico, jefe de plaza de los templarios, y que con él acordó pagar a un grupo de sicarios. En la misma oportunidad dio a conocer una imagen en la que aparece el alcalde con Servando Gómez, La Tuta, en una reunión efectuada en junio de 2013, en la que se trató el reparto de las ganancias de las minas ubicadas en los alrededores de la comunidad indígena de Pómaro.

Cemeí era el obstáculo para que esas minas se empezaran a explotar, dice ahora el jefe de tenencia.

El domingo pasado, cuenta Vera, el ahora preso fue citado por el secretario de Seguridad Pública estatal en la localidad de La Placita, con el fin de realizar pruebas de balística y regularizar su camioneta. Estaba desayunando y hasta invitó un taco a quienes lo detuvieron, miembros de la Fuerza Ciudadana, acompañados de militares. Estaban ahí platicando y nomás, de repente, sintieron las armas y se lo caminaron.

Una de las primeras respuestas de la comunidad de Ostula fue realizar una asamblea para nombrar un nuevo comandante, cargo que recayó en Germán Ramírez.

Remata Vera: Pensaron que matando a los líderes la comunidad se iba a acabar. Pero no nos han derrotado. Es lo mismo ahora con la detención del compañero Cemeí. Nos queda claro que debemos estar más organizados y unidos que nunca. Somos muchos.

Aguarda Rosalinda justicia para su hija agredida por militares

NACIONAL
Acceso a la justicia para las mujeres
   Venció el miedo para denunciar; espera haya castigo

CIMACFoto: Sandra Torres

Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.- 

La tarde del pasado 10 de julio una camioneta se paró frente a la casa de Rosalinda, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Del vehículo bajó su hija de 15 años de edad.

La joven estaba descalza, iba con la blusa rota, el cabello alborotado, y el rostro devastado por un asfixiante sol y abrumada por el calor del desierto.

La adolescente se acercó a Rosalinda, la abrazó y soltó el llanto. Todavía con la impresión de verla, la mujer alcanzó a preguntar “¿Qué tienes, qué te pasó, por qué vienes descalza?”. Las preguntas continuaron en su mente “¿Qué le hicieron a mi niña, qué le pasó?”.

La respuesta fue un susurro al oído: “Me violaron”. Rosalinda no escuchó esas palabras, repitió la pregunta, y la respuesta fue la misma. Pasmada por la impresión, le limpió la cara con la mano, la miró y le pidió que no siguiera llorando. “¿Quién te violó?”. De nuevo una respuesta simple: “Los soldados”.

Así es como Rosalinda, madre de la joven de 15 años ultrajada por elementos del Ejército, narra a Cimacnoticias lo que sucedió ese 10 de julio. Su intención –dice– es que alguien se atreva a alzar la voz por ellas y se castigue a los soldados que vejaron a su hija.

Ahora Rosalinda y su familia se encuentran sin mayor apoyo. No tienen abogado ni una red que los ayude a continuar con la denuncia que iniciaron ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con la rabia de saber que su hija fue violada sexualmente por efectivos militares –cuenta Rosalinda– le pidió a su hija que fueran a denunciar. “Quiero ir al cuartel para hablar con el General para demostrarle la clase de criminales que tienen y que portan placa”, dijo en ese momento, pero la joven se negó.

LOS HECHOS

Ese día la joven se encontraba con su novio en un hotel de Nuevo Laredo. Poco antes del mediodía él salió de la habitación. Luego la adolescente escuchó que tocaron la puerta. Ella abrió pensando que se trataba del sujeto, pero al instante un grupo de soldados uniformados, armados y con pasamontañas entró al cuarto. Eran varios.

La presencia de los militares en Nuevo Laredo es común, por lo que la joven pensó que quizás se trataba de un operativo. No fue así. Un soldado le quitó el celular, otro le revisó la bolsa. Uno más le ordenó que se quitara el pantalón.

Lo que siguió fue breve interrogatorio y un cúmulo de golpes en el vientre. Como un mecanismo de defensa para que no le siguieran pegando ella dijo que estaba embarazada. No sirvió de nada y fue violada sexualmente.

Después de varios minutos, los soldados la dejaron y se fueron. Ella salió del hotel, caminó a la calle, encontró a una persona y le pidió prestado su teléfono celular. Llamó a su madre y serena le pidió que fuera a recogerla a la gasolinería cercana a su casa.

En casa, Rosalinda tenía que atender el negocio familiar, una tienda de abarrotes, así que su papá fue por ella. Cuando llegó a la gasolinería ella no estaba. Preguntó a un señor por una joven alta y de cabello largo. El sujeto le respondió que se la acababan de llevar los soldados; eran los mismos que la agredieron en el hotel.

De lo siguiente que pasó, sólo la joven sabe. Los militares la subieron a un vehículo y la llevaron a un paraje lejano, ahí le quitaron los zapatos y la abandonaron. Ella caminó hasta que encontró una casa donde le prestaron auxilio y la llevaron en una camioneta con su madre.

ACOSO

Cuando la adolescente llegó a casa, lo último que quería hacer era denunciar. Sus padres la apoyaron. “Se hará lo que tú quieras, pero para mí esto es como quedarse callados ante tanta injusticia, pero está bien, te voy a respetar”, le dijo Rosalinda.

Sin saber que hacer cuando ocurre una violación sexual, la familia creyó que habría que olvidar lo sucedido; sin embargo la vida nunca volvió a ser la misma. La joven ya no salía de casa, comía poco y tenía trastornos de sueño. Así pasaron los días.

El hecho que hizo reaccionar a la familia fue el hostigamiento militar. Camionetas del Ejército comenzaron a pasar de manera frecuente frente a la tienda de abarrotes. Cada vez que circulaban por ahí, los vehículos bajaban la velocidad sin detenerse.

Rosalinda no dijo nada pese a que su hija estaba encargada de atender la tienda. En ocasiones un par de camionetas militares se paraban frente al lugar; dos, tres o cinco soldados iban a comprar, veían a la joven, a veces susurraban entre ellos, otras tantas se reían.

“Yo dije, bueno, estos personajes ya saben –o ella les dijo donde vivíamos– y es una manera que están utilizando de hostigarla, darle miedo, burlarse de ella. Es una forma de decirle ‘o te callas o les va a ir mal’”, narra Rosalinda.

Así pasaron unas dos semanas hasta que un día Rosalinda no pudo más, rompió en llanto y decidió que no podía seguir callando. Convencida de que quería justicia y de que no permitiría que volvieran a vejar a su hija, sintió que tenía que hacer algo.

Con el temor de enfrentarse al Ejército y de que la puedan matar, la mujer dice a esta agencia: “El miedo me impulsa a defender lo que yo más amo en esta vida que es mi hija”. El primer paso fue dejar constancia del caso, así que a fines de julio convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa.

Rosalinda contó su historia y el 29 de julio acudió ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para presentar una queja por el hostigamiento del que era víctima. Así comenzó su lucha por lograr justicia para su hija.

La estrategia de la familia de informar a los medios dio frutos y el pasado 5 de agosto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el comunicado 223/13, para informar que iniciaría una investigación de oficio a fin de recabar evidencias y pronunciarse al respecto.

DENUNCIA

Rosalinda no sabe nada de averiguaciones previas ni expedientes judiciales, pero está segura de que alguien tiene que investigar y sancionar a los soldados.

También el 29 de julio la mujer acudió a la PGR a denunciar los hechos; allí le tomaron la denuncia. El 3 de agosto fue con su hija a la guarnición del Ejército en Nuevo Laredo y las recibió un General, quien –destaca– las atendió amablemente.

El mando militar, cuyo nombre no recuerda, escuchó todo el relato y se comprometió a investigar los hechos, además le pidió que al día siguiente, 4 de agosto, fuera al cuartel a reconocer a los agresores.

Así lo hizo Rosalinda: fue y llevó un video del hotel que consiguió donde se ve a los soldados entrar y salir del lugar. Además llevó la blusa rota de su hija. Entregó todas las pruebas a los soldados en espera de que sirvan para que se acredite la violación sexual.

En el cuartel la adolescente identificó a por lo menos cuatro de sus agresores; firme y sin titubeos dio detalles significativos para ella. Por ejemplo, que le pidieron la contraseña del celular, que le robaron la bolsa, que la obligaron a fumar mariguana, le rompieron la blusa y que la golpearon con sus armas.

“A cada uno de ellos les estuvo diciendo, delante de todos los demás, lo que le hicieron”, relata Rosalinda, quien además acota que ellos, los generales, le prometieron justicia, por lo que confía en la palabra del Ejército.

“Ojalá que la Sedena se dé cuenta de la clase delincuentes que tiene adentro de sus filas. Yo creo que los altos mandos no se dan cuenta  de lo que andan haciendo esos delincuentes, porque si se dieran cuenta no hubiera delincuentes como ellos aquí”, apunta Rosalinda.

Al final, ella reconoce que esta denuncia le ha traído a su hija estigma, críticas y una férrea acusación de que ella “tuvo la culpa”, porque se encontraba en un hotel, lo cual –asegura la mamá– no justifica que dos o más soldados cometan una violación sexual.

En Malinaltepec exigen al gobierno cumplir sentencia de la CIDH sobre Rosendo Cantú

Mujeres indígenas de Guerrero organizan defensa de género y de sus comunidades

Acusan de acoso a elementos del Ejército; soldados se llevan a los hijos para interrogarlos

Participantes en la conmemoración del decimosexto aniversario de la policía comunitaria en Paraje MonteroFoto Rosa Rojas

Rosa Rojas

Enviada

Periódico La Jornada
Martes 18 de octubre de 2011, p. 21

Paraje Montero, Malinaltepec, Gro., 17 de octubre. La defensa de nuestro territorio empieza con la defensa de nuestros cuerpos como mujeres, e incluye nuestras relaciones familiares y comunitarias, señalaron unas 50 indígenas participantes en la conmemoración del decimosexto aniversario de la policía comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, quienes exigieron la desmilitarización de los territorios indígenas, ya que ello conlleva acoso, violencia e impunidad.

Aunque no estaba prevista la realización de una mesa de mujeres, éstas vencieron la resistencia, incluso la de sus propios compañeros, para realizarla. Levantaron la voz para reclamar al gobierno que cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de agosto de 2010, relativa al caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, del pueblo me’phaa (tlapaneco), violadas y torturadas en 2002 por efectivos del Ejército. Acordaron luchar y apoyarse entre mujeres, para que se haga justicia en éstos y otros casos en los que sufren violencia de los militares.

A casi 10 años de los hechos, los expedientes del caso de Inés y Valentina siguen sin consignarse ante un juez civil, de forma que los militares que atentaron contra ellas siguen impunes, denunciaron en días pasados la Red Todos los Derechos para Todos (TDT) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En el pasillo de la ayudantía municipal de esta comunidad se efectuaron los trabajos de la mesa de mujeres, donde al atardecer una intensa neblina fue desdibujando los rostros de las participantes.

Se escuchó otra vez el relato de cómo Inés y Valentina, en diferentes circunstancias, sufrieron la violación tumultuaria de los soldados, así como el calvario que han padecido en busca de la elusiva justicia mexicana.

No se denuncia porque no se investiga

Las mujeres de Ayutla de los Libres, Guerrero, de donde es originaria Inés Fernández, denunciaron que los militares se meten en las comunidades hasta donde lavan la ropa, en el monte; las molestan, se llevan a sus hijos para interrogarlos. Asimismo, han ocurrido violaciones en muchos casos, las cuales no se denuncian por miedo y porque el gobierno nunca investiga.

Incluso, han asesinado a hombres de sus familias, y ellas son las que deben hacerse cargo, indicaron.

Las mujeres de Citlaltépetl y las de San Luis Acatlán, guerrerenses también, destacaron que han logrado formar un comité femenino. Las segundas incluso participan como representantes ante la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.

Ahora exigen que en la vigilancia comunitaria haya policías y comandantes mujeres, así como que se aumente el número de coordinadoras, además de espacio físico para mujeres en la coordinadora.

Asimismo, plantearon la necesidad de crear mecanismos de vigilancia en las propias comunidades para prevenir y enfrentar la violación de los derechos de las mujeres, así como organizaciones y espacio para denunciar los hechos y vigilar el cumplimiento de las sanciones, con el fin de que no se repitan hechos violatorios.

Subrayaron que deben encontrar su propia fuerza y que la justicia empieza con el apoyo de la pareja; de lo contrario no podrán avanzar.

No importa que seamos de diferentes regiones y de diferentes colores y que hablemos diferentes lenguas; los problemas de las mujeres son los mismos, añadieron.

Representantes del Comité de Desaparecidos de Guerrero señalaron que a aquellas que denuncian la desaparición de parientes no les hacen caso “porque echan la culpa al familiar, diciendo que estuvo metido en algo o se fue con otra mujer.

Hay mucho aislamiento de la comunidad porque tienen miedo de que les pase lo mismo, apuntaron.

Enfatizaron la importancia de tejer redes entre las organizaciones femeninas porque hay muchas leyes que se aprueban para proteger los derechos de las mujeres, pero las instituciones no las aplican y la violencia continúa en todo el estado y el país.

NI VENCEDORES NI VENCIDOS

INVESTIGACIONES

Aunque Felipe Calderón lanzó una guerra confiado en el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas es evidente que nunca consideró el alto grado de corrupción que existe en estos cuerpos de seguridad y su enorme involucramiento con el narcotráfico, expone Silvia Longmire, ex capitana de la Fuerza Área de EU, consultora independiente sobre seguridad y escritora. Desafortunadamente, afirma, la estrategia del presidente de México está dando como resultado la fractura de los cárteles y el aumento de la violencia, a pesar de las detenciones y decomisos importantes que se han hecho. Otro efecto es que esa violencia se ha traslado a las calles de EU y comienzan a verse ejecuciones, al estilo de los cárteles mexicanos, lo que nunca había pasado antes, comenta para SinEmbargo.mx la autora del libro “El Cartel: La próxima invasión de la guerra contra las drogas de México” (Palgrave Macmillan, 2011)

Por: Redacción / Sinembargo

Sylvia Longmire cree que el presidente de México, Felipe Calderón, está haciendo lo que piensa que es lo mejor con los recursos que tiene, pero que “desafortunadamente su estrategia está dando como resultado la fractura de los cárteles y el aumento de la violencia”, dice.

También cree que el gobierno mexicano debe dejar de tratar a los cárteles como si fueran delincuentes. “No son terroristas puros o una insurgencia pura, pero han ido evolucionando más allá de la sola delincuencia organizada”, añade.

Capitana retirada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ex agente de la Oficina de Investigaciones Especiales, durante ocho años llevó a cabo numerosas investigaciones penales dentro del Ejército estadounidense y trabajó en el campo de protección a la contrainteligencia, al contraespionaje y a la fuerza de trabajo.

Longmire es actualmente consultora independiente y escritora. También ofrece servicios como perito de inmigración mexicana y de los casos sobre solicitud de asilo. Su primer libro es “El Cartel: La próxima invasión de la guerra contra las drogas de México” (Palgrave Macmillan, 2011).

En entrevista con SinEmbargo.mx dice que a menos de que haya un cambio dramático en la política y estrategia, la guerra no terminará en México.

Durante su última misión, Longmire trabajó en la sede de la Fuerza Aérea como oficial de servicio para América Latina en el análisis de los problemas del Comando Sur de Estados Unidos, específicamente en la seguridad del personal desplegado allí. Tiene una Maestría en Artes de la Universidad de Florida del Sur en América Latina y el Caribe, así como estudios con un enfoque en las revoluciones cubana y de Guatemala.

–¿Cree que la estrategia del presidente Felipe Calderón fue apropiada?

Creo que Calderón está haciendo lo que él piensa que es mejor con los recursos que tiene, y también lo que es práctico para su gobierno. No puede confiar en la policía estatal y local, e incluso en la Policía Federal son corruptos hasta cierto punto. Sentía que usando al Ejército era su mejor oportunidad de tener un impacto en los cárteles. Desafortunadamente, su estrategia está dando como resultado la fractura de los cárteles y el aumento de la violencia, a pesar de las detenciones y decomisos importantes que se han hecho.

–¿Cuáles son los principales errores de México en la guerra contra las drogas?

Creo que uno de los mayores errores es que no va tras el dinero, es decir, no hacer un esfuerzo concertado para fortalecer las leyes contra el lavado de dinero. Entiendo que esto es políticamente difícil; muchos de los flujos de dinero en la economía mexicana vienen desde el comercio ilegal de drogas, y en tiempos económicos difíciles, es complicado para muchos políticos hacer el esfuerzo para cortar ese flujo. También creo que el gobierno mexicano debe dejar de tratar a los cárteles como si fueran delincuentes. No son terroristas puros o una insurgencia pura, pero han ido evolucionando más allá de la sola delincuencia organizada.

–¿Considera suficiente el apoyo que Estados Unidos da las drogas en México?

Creo que Estados Unidos está dando a México el apoyo que México le permite. Probablemente hay algunos apoyos “tras bambalinas” que el gobierno mexicano no quiere admitir por temor a que los ciudadanos mexicanos los crean una violación a la soberanía nacional. Pero es frustrante ver que Calderón señala con el dedo a Estados Unidos por ser la causa de la guerra contra las drogas y luego vacila cuando el país norteamericano ofrece más ayuda.

–El gobierno mexicano ha atacado a todos los cárteles, o siente que algunos más que otros?

Desde una perspectiva estadística, la Federación de Sinaloa (el cártel de Sinaloa) ha sido, sin duda, menos afectado que otros cárteles. Pero no sabemos si esto se debe a algún tipo de acuerdo clandestino, o porque tiene buen sentido estratégico. “El Chapo” es un buen hombre de negocios que se encarga de los negocios con calma, y ​​se ocupa de sus problemas de manera que no llama demasiado la atención. La Federación también es un cártel monstruo, por lo que es más fácil para el gobierno mexicano perseguir a los cárteles más pequeños y débiles para mostrar resultados rápidos.

–¿Cuál es su pronóstico para la guerra en México? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo detenerla?

Esta es una guerra que nunca se detendrá. Es una cuestión de qué tan bien el gobierno mexicano puede llevar la violencia a niveles manejables. La demanda de drogas en los Estados Unidos no tendrá fin, y por lo tanto el tráfico de drogas no tendrá fin. Como el doctor Sanho Tree dijo en un discurso en la Universidad de Harvard el año pasado, esta no es una guerra donde hay un lado que puede decir: “me rindo”. No hay vencedores ni vencidos, aquí. Yo veo que esto seguirá sucediendo por muchos años, a menos que haya un cambio dramático en la política y estrategia.

–¿Qué piensa del avance de la corrupción en ciudades fronterizas de Estados Unidos?

Estoy preocupada por el aumento de casos de corrupción en el lado de Estados Unidos, pero era de esperarse. En tanto los cárteles se vuelven más agresivos en su deseo de pasar drogas por la frontera, necesitan un comportamiento más arriesgado que incluye tratar de sobornar a funcionarios de Estados Unidos en la frontera o contratarlos para que les ayuden de manera activa. La cantidad de dinero involucrado en este negocio es asombroso, por lo que no es de extrañar que cada vez más agentes norteamericanos están siendo tentados.

–¿Cree usted que una guerra sangrienta es posible en las calles de Estados Unidos?

Creo que ya la tiene; obviamente, no con la frecuencia con la que ocurre en México, pero estamos viendo señales. Hubo un tiroteo en una semana en McAllen, Texas; hubo una decapitación en Arizona el año pasado; cinco asesinatos en el norte de Alabama hace un par de años, un secuestro de un niño de 6 años de edad; el plagio fue en su casa,en Las Vegas, en 2008. Todos estos eventos se conectan directamente a la guerra contra las drogas. A medida que la presión sobre los cárteles remonte, en el siguiente año o tal vez, en los próximos dos años, se pondrán más desesperados por mantener los beneficios, y creo que van a ser más propensos a involucrarse en comportamientos violentos aquí, en Estados Unidos.

Compartir esta publicación

El Proyecto de Seguridad de Felipe Calderón

Propicia un Estado policiaco militar y pone en riesgo derechos humanos

Critican juristas el proyecto de reformas al Código Penal

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 26 de septiembre de 2011, p. 6

Dos organizaciones nacionales de juristas criticaron el proyecto del presidente Felipe Calderón para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales, por considerar que propicia incompatibilidad con el respeto a los derechos humanos y establece un Estado policiaco militar.

El presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, refirió que esta propuesta de ley es inviable porque propiciará arbitrariedades de los encargados de las corporaciones policiacas.

De su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes, sostuvo que esta propuesta de ley que propone la detención de personas sin orden judicial en casos de urgencia, cancela la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 de la Constitución.

A su vez, Miranda Esquivel añadió que por su contenido, forma y alcances es insostenible que la iniciativa de reforma calderonista de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales alcance su propósito de mejorar el sistema de justicia y seguridad pública en el país, por ser incompatible con los derechos humanos de seguridad jurídica y debido proceso de los ciudadanos en general y en particular de los acusados de algún delito, así como por ser previsiblemente contraria a la garantías de legalidad y presunción de inocencia que deben prevalecer en un Estado de derecho.

Añadió que esta reforma, que busca consolidar el sistema oral en los procesos penales, prevista en las reformas constitucionales del 18 de junio de 2008, es inviable porque revuelve aún más el confuso estado en que se encuentra el sistema penal mexicano, al insistir el gobierno federal en un cambio autoritario de la ley procesal penal federal, cuando ha sido cuestionada por litigantes, jueces, defensores de derechos humanos y académicos la factibilidad de los juicios orales, por nuestra idiosincrasia, la falta de presupuesto, el poco avance que se tiene en la materia y la elevada corrupción e impunidad imperantes en el país.

Especialistas, inconsultos

Dijo que “el nuevo código propuesto por Calderón fija 595 artículos y abroga el Código Federal de Procedimientos Penales anterior, publicado el 30 de agosto de 1934, y si bien sistematiza el articulado con mejor técnica jurídica, su aprobación se pretende sin la intervención del foro jurídico, de los especialistas, académicos y de la sociedad.

Asimismo, construye un sistema penal autoritario, vertical y con mayores atribuciones y libertades a la policía judicial de investigación, complementando el proyecto de Estado policiaco militar que promueve la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, pendiente de aprobación.

Sobre la detención en caso de urgencia, Fuentes Muñiz dijo que la reforma representa la extinción en este régimen de las garantías de seguridad jurídica de las personas en México.

Refirió que con la detención por casos de urgencia, sin ser necesaria la autorización de un juez, se deja al arbitrio de cualquier policía o agente del Ministerio Público la anulación de la garantía de libertad.

Los casos de urgencia son tan extensos que permiten que se pueda imponer una detención en más de 60 tipos de delitos, lo que propicia que haya una amplia gama de discrecionalidad del Ministerio Público.

Se facilita la intervención castrense

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Lunes 26 de septiembre de 2011, p. 6

El proyecto de Ley de Seguridad Nacional plantea un esquema administrativo de intervención militar, al margen de la previsión del estado de excepción del artículo 29 constitucional, que pone las bases de un derecho represivo bajo criterios discrecionales de la fuerza armada permanente (FAP) –fundamentalmente Ejército y Fuerza Aérea– y del Ejecutivo federal.

Sostiene lo anterior Erubiel Tirado, especialista en seguridad nacional, quien sostiene que la propuesta contiene una omisión deliberada de la supremacía civil sobre el estamento militar, particularmente en las acciones operativas y de inteligencia.

Hay regulaciones específicas sin definir bajo el esquema de protocolos de actuación, que no son otra cosa que “reglamentaciones ad hoc”.

Piden investigación multidisciplinaria de los feminicidios

Miroslava Breach Velducea

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 22 de agosto de 2011, p. 15

Chihuahua, Chih., 21 de agosto. Ema Saldaña, directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu), dijo que hacen falta una exhaustiva investigación especial y diversos estudios correlativos para lograr un diagnóstico veraz y dimensionar el problema del feminicidio. La fiscalía general del estado investiga para esclarecer los crímenes, pero al mismo tiempo es necesario que todas las instituciones públicas, universidades y organizaciones civiles participemos en el examen del fenómeno, que también abarca la nueva ola de crímenes contra mujeres aparentemente ligadas al crimen organizado, expresó la funcionaria.

“Pronto se realizará en la ciudad un foro internacional a fin de valorar las causas del feminicidio en las diferentes épocas, y ahora mismo nosotros trabajamos con organizaciones civiles e instituciones gubernamentales en la capacitación para erradicar la violencia de género, tal como reclama la sociedad chihuahuense”, indico Saldaña.

Otros avances logrados para resolver esta problemática –dijo– son la reciente creación del Centro de Justicia para Mujeres de la capital chihuahuense y el que se instalará en Ciudad Juárez a fin de año.

El mensaje de Calderón muestra un gobierno débil, "su guerra no tiene respaldo"

Marcha por la Paz

El país está sin cabeza: Vera López

Encabezada por el escritor Javier Sicilia, la Caminata-Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad arriba al poblado Cuajomulco, en el estado de Morelos. El contingente pernocta en ese lugar y este viernes continúa su camino hacia la ciudad de MéxicoFoto Francisco Olvera

Alonso Urrutia y Rubicela Morelos

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 6 de mayo de 2011, p. 3

Autopista México-Cuernavaca, 5 de mayo. Sostiene que está convencido de que su deber pastoral es estar aquí y participar en la movilización, porque el país se está desbaratando de tanta violencia. Enfundado en ropa deportiva, sólo un enorme crucifijo sobre el pecho identifica a Raúl Vera López como obispo de Saltillo, quien, sin matices, afirma: Este país cada día se desarticula más, la impunidad y la inseguridad crecen; aunque no, no es un país de cabeza, es un país sin cabeza.

Al paso que lleva la caravana, el obispo alude al mensaje presidencial emitido en cadena nacional la víspera del inicio de la Caminata-Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad.

Asevera que ese mensaje mostró al presidente Felipe Calderón con una gran debilidad, porque su sistema, aunque lo está imponiendo a la fuerza, no tiene aceptación: su guerra no tiene respaldo. No veo una mentalidad democrática en quien gobierna, porque la democracia consiste en escuchar al pueblo.

–¿Hay obstinación presidencial en su estrategia?

–No sólo obstinación, sino también incapacidad de la estructura que ha creado y de las personas que colaboran con él. Hay mucha corrupción dentro de la estructura del Estado y su colaboración política.

La ley de seguridad, con tintes dictatoriales

Vera López tiene claro su diagnóstico sobre la situación del país y por eso lamenta que ante la creciente inconformidad social la respuesta sea la promoción de una Ley de Seguridad Nacional con visiones dictatoriales, cuya pretensión principal no es defender a la sociedad sino defender al Estado de los ciudadanos.

Quieren suplir la indignación e inconformidad con el endurecimiento de una legislación que autorice el uso discrecional del Ejército, subraya.

Vera señala que el reclamo social empuja a recomponer esa estrategia, “porque la violencia nos está desbaratando, amenaza a la ciudadanía, pero no, no se quiere escuchar. No le estamos pidiendo cauces fuera de la Constitución, le estamos pidiendo que regrese a la Constitución porque es presidente de una República democrática que tiene cauces legales para resolver los problemas, para desarticular el crimen organizado, para llevar ante los jueces a los criminales, para desmontar las complicidades.

Y si esos cauces legales no son suficientes, por ejemplo, para detener el lavado de dinero, se deben fortalecer con una nueva legislación. Pero aquí se junta todo: no querer enfrentar la corrupción que hay en las estructuras políticas y no frenar el dinero sucio en las elecciones, porque desde ahí empiezan a nacer los compromisos de entregarles las policías.

Acerca del otro lado, el de la gente, indica: Lo que en un momento hubiera podido ser desorientación, cobardía o miedo, ya se convirtió en indignación, en conciencia de que los que realmente llevamos el país somos los ciudadanos. Ya son concientes de la ineficiencia de la estructura del Estado, cuya respuesta a sus reclamos de justicia es sencillamente impunidad y más impunidad.

–Es raro ver a un obispo marchando…

–Siempre he trabajado en generar conciencia, es mi trabajo pastoral. Y la conciencia es que la sociedad no funciona si sólo hay cabeza y no hay cuerpo. Digámoslo así: el Estado mexicano no sólo lo forman las cabezas estúpidas, la conformamos todos los ciudadanos que tenemos una responsabilidad con el país y ahora tienen que cuestionar la correcta aplicación de la ley para hacer justicia, para acabar con este desorden espantoso.

Marcha por la Paz

Critican el mensaje presidencial para anunciar la continuidad de su plan

Calderón no escucha, sólo busca desvirtuar a quienes no lo apoyan

La marcha de la paz que avanza rumbo al Zócalo de la ciudad de México busca concentrar el clamor de justicia que crece en el paísFoto Francisco Olvera

De la Redacción

Periódico La Jornada
Viernes 6 de mayo de 2011, p. 6

En los círculos de la política, de las organizaciones sociales y de la academia surgieron voces para criticar el discurso del presidente Felipe Calderón Hinojosa con la reiteración de que mantendrá la estrategia seguida hasta hoy en la lucha contra el crimen organizado e informando, como gran prenda, la captura de los presuntos asesinos del hijo del poeta Javier Sicilia y seis personas más.

Esos mismos estratos respaldaron la marcha de ciudadanos iniciada en Cuernavaca, porque tienen todo el derecho a manifestarse y a exigir cambios en la estrategia de seguridad. Expresaron que el mensaje presidencial contenía una velada acusación, pues supone que aquellos le han pedido rendirse, cuando no es así.

No fue lo único, también se le insistió al Ejecutivo plantearse un nuevo camino, más eficaz y preventivo, ante la situación de inseguridad, especialmente para desmantelar los activos económicos de las redes criminales, en un contexto en el que las instituciones del Estado mexicano están atrofiadas.

Así, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados censuraron la política gubernamental para enfrentar al crimen organizado. Francisco Rojas Gutiérrez y Porfirio Muñoz Ledo expresaron sendas críticas a Calderón, porque no atiende la descomposición generada por la expansión de ese tipo de delincuencia y pretende imponer a las fuerzas armadas como garantes de la seguridad pública y la seguridad nacional.

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Pablo Gómez aseveró que el presidente Felipe Calderón dijo (en su mensaje por televisión): no hay que oír el planteamiento de rendirse (y) lo que está haciendo el Ejecutivo es acusar a los marchistas de querer que el gobierno se rinda, y esa es una acusación falsa.

Lo que piden los manifestantes, precisó, es que ante la crisis de violencia, el gobierno encare el problema con otra política que sea más efectiva, porque la violencia en lugar de disminuir aumenta.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos consideraron ese texto –transmitido por televisión la noche del miércoles, y refrendado en Puebla ayer jueves– como un gesto dirigido a desvirtuar la movilización social, cuando la única exigencia de quienes vienen en la marcha es un cambio de política en el combate al crimen organizado, porque la actual no funciona.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, indicó que la política de Calderón a lo largo de su sexenio luctuoso, ha pretextado el derecho de Estado y no el estado de derecho. Él no puede acusarnos de ingenuos o cómplices por pedir que cese este modelo de represión.

Por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), José Rosario Marroquí subrayó que con su mensaje, el presidente Calderón trató de desvirtuar la movilización ciudadana, sobre todo la marcha que viene de Morelos y que demanda un cambio de estrategia en materia de seguridad, porque la que se está instrumentando no sirve, no da resultados.

Pedro Joaquín Coldwell (PRI), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, apuntó que los ciudadanos tienen todo el derecho a manifestarse y exigir cambios en la estrategia de seguridad.

“El país afronta la mayor crisis de inseguridad que recordemos (…) mientras hay quienes se quieren tomar el camino fácil e irreflexivo de apostar a la militarización del país como la gran panacea para resolver los problemas”, advirtió.

El senador Carlos Jiménez Macías (PRI) aseveró: el mensaje de Calderón fue muy desafortunado. La convocatoria tendría que haber sido a que todos nos sumemos a combatir este mal, pero especialmente él debería asumir ante los mexicanos el compromiso de una estrategia mucho más eficiente.

Y el PRD, por medio de su secretaria general, Dolores Padierna, exigió escuchar y atender las voces de quienes desde hace mucho tiempo han pedido que pare esta grave situación y a los expertos que le han presentado alternativa para combatir el narcotráfico, pero parece que está empecinado en continuar en este mismo camino, dijo.

Los integrantes de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosas y Religiosos de México expusieron: invitamos a los miembros de la Iglesia católica y de las demás comunidades cristianas, en particular a los integrantes de nuestras congregaciones, a participar dondequiera que estemos, en la marcha silenciosa que culmina el 8 de mayo en el Distrito Federal.

Académicos especialistas en movimientos sociales indicaron por su parte que la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad puede convertirse en el movimiento ciudadano que siente las bases para una discusión integral del sistema político y de justicia, si mantiene la claridad de su propuesta y se aleja de cualquier tentación de caer en la disputa político-electoral.

Otto Fernández Reyes, Telésforo Nava y Alvaro López Lara, catedráticos de la Universidad Autónoma Metropolitana, coincidieron en que no es la primera vez que los ciudadanos demuestran que es posible cambiar el rumbo de una nación, pues frente a tanta violencia y a los más de 40 mil muertos por la guerra contra la delincuencia organizada, es evidente que la solución no va a venir de las instituciones del Estado, sino de una ciudadanía organizada y cada vez más consciente de su poder de transformación.

En Michoacán, el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, declaró que el Poder Ejecutivo federal debe ser sensible, escuchar la opinión de los ciudadanos en torno al combate al crimen organizado y, en su caso, modificar las políticas públicas para obtener mejores.

El único que defendió el texto de Calderón fue el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González, señalando al mandatario como poseedor de la voluntad de combatir al crimen, y eso no va a cambiar; habrá algunos que pidan que salga el Ejército, pero no hay que bajar la guardia y no dejar solo al Presidente.

Teniente lleva a la SCJN una querella contra el Ejército

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Viernes 6 de mayo de 2011, p. 11

El Ejército está en el banquillo de los acusados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la violación a la libertad de expresión de un oficial, quien hizo comentarios en su cuartel sobre la necesidad de que se incrementaran los sueldos de los soldados.

Es la primera vez que el máximo tribunal conoce un asunto en el que analizarán los alcances de la libertad de expresión en las fuerzas armadas y, en consecuencia, si un militar puede ser acusado de insubordinación, indisciplina o de faltar a sus deberes castrenses por externar su opinión sobre temas de la milicia.

Su jefe inmediato tuvo conocimiento de los comentarios del oficial y lo puso a disposición de los órganos de disciplina correspondientes, por considerar que las opiniones del militar son violatorias de la disciplina que debe imperar en los cuarteles.

El teniente Manuel Álvarez Domínguez fue procesado en el fuero de guerra, acusado de violar el artículo 407, fracción IV del Código de Justicia Militar, y verter especies que puedan causar tibieza o desagrado en el servicio. En junio de 2009, la justicia castrense le dictó auto de formal prisión por violar el artículo referido, lo cual se castiga con cuatro meses de cárcel.

Se le concedió amparo

Posteriormente, el juzgado quinto en materia penal del Distrito Federal concedió un amparo al militar en contra de la decisión del juzgado castrense, por considerar que la redacción del tipo penal es ambigua, lo que genera inseguridad jurídica en su contra y en general de los militares.

Ante la importancia del asunto, la consejería jurídica de la Presidencia de la República, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por medio de la Procuraduría General de Justicia Militar, interpusieron un recurso de revisión que fue turnado inicialmente a un tribunal colegiado de circuito, el cual lo envía a la Suprema Corte para que resuelva –al menos– lo relativo a la presunta inconstitucionalidad del artículo impugnado.

Fuentes judiciales subrayaron que, por primera vez, la SCJN resolverá un asunto en el que se abordan los límites de la libertad de expresión en las fuerzas armadas mexicanas.

De acuerdo con los funcionarios consultados, los ministros tendrán que especificar si los comentarios hechos por el oficial son suficientes para ser considerados como insubordinación a la disciplina y honor castrense.

Los soldados no están entrenados para trabajar en conjunto con las comunidades indígenas

El Ejército no debería aceptar que en sus filas existan asesinos y violadores, dice

No comprenden en EU cómo México permite la impunidad de militares: Kerry Kennedy

Abel Barrera, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y la activista estadunidense Kerry KennedyFoto Yazmín Ortega Cortés

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Sábado 6 de agosto de 2011, p. 16

En Estados Unidos resulta incomprensible que las autoridades mexicanas permitan que quienes han violado los derechos humanos de la ciudadanía –en particular militares– continúen sin castigo. Con esto México vulnera tanto sus normas propias como el derecho internacional, subrayó Kerry Kennedy, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Centro RFK).

En entrevista con La Jornada, durante una visita de trabajo a comunidades de la montaña de Guerrero, junto al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Kennedy calificó de incomprensible que el Ejército Mexicano, que debería ser una de las instituciones de mayor reputación en el país, permita que en sus filas existan asesinos y violadores.

También lamentó las sistemáticas violaciones a los derechos que sufren en el país los defensores de garantías fundamentales y comunidades indígenas, así como el que México no haya cumplido a cabalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su contra.

–¿Cuál es la percepción en Washington sobre la respuesta que las autoridades mexicanas ha dado a las sentencias de la CIDH?

–Es un tema que afecta la reputación del gobierno de México. En Estados Unidos se piensa en México como un país hermano y para mucha gente es increíble lo que está pasando. Es una especie de confusión, en especial porque no se entiende como es que el Ejército –que debe ser una institución de la cual la población se sienta orgullosa– quiera proteger a asesinos y violadores en lugar de sancionarlos por los crímenes que han cometido. Ese no es el tipo de soldado para una institución profesional.

Para la activista el contexto de violencia que enfrenta México y la estrategia contra la delincuencia organizada propicia que en el país se enfrenten serias violaciones de garantías.

Indicó que el hecho de que abusos perpetrados por elementos de las fuerzas armadas contra la población permanezcan impunes y que éstos continúen siendo juzgados por tribunales militares representan una franca violación al derecho mexicano, al internacional, a las sentencias de la CIDH y a los compromisos acordados en la Iniciativa Mérida.

Kennedy (hija de Robert F. Kennedy –asesinado en 1968–, quien fuera fiscal general, senador y candidato presidencial de Estados Unidos) consideró como fracasos del Estado mexicano, en particular de la Procuraduría General de la República, que aún no se cumplan en toda su extensión las sentencias de la CIDH –sobre todo la referente al caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas de Guerrero violadas sexualmente por militares en 2002–, que exista impunidad en sus casos e inobservancia de las garantías fundamentales y que los abusos de militares aún no sean transferidos a la justicia civil.

Durante su recorrido de una semana por municipios de la Montaña de Guerrero, la activista estadunidense pudo percatarse que los indígenas sufren abusos de los soldados.

Fui testigo en esta última semana que en estas comunidades hay una presencia militar muy fuerte. Los soldados no están bien entrenados ni preparados para trabajar en conjunto con las comunidades indígenas. Escuché muchas historias de incursiones donde toman posesión de sus tierras, roban su comida, entran a sus hogares y faltan al respeto a hombres y mujeres.

Sobre la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en México, Kennedy sostuvo que existen cientos de casos de abusos, amenazas de muerte, atentados, asesinatos y violación. Es la cultura de la impunidad lo que permite que esto continúe.

Al respecto, Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan, que en noviembre pasado ganó el premio de derechos humanos del Centro RFK, señaló que no garantizar seguridad a un activista es negarle la garantía de acceder a sus derechos y a la justicia a centenares de comunidades.

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy es una organización con sede en Washington fundada en 1968 con el propósito de continuar con el legado del político del cual lleva su nombre y para apoyar a quienes trabajan en la defensa de garantías fundamentales. Después de otorgar el premio a la ONG mexicana ambas agrupaciones trabajarán conjuntamente durante seis años.

Destaca el organismo la discriminación histórica hacia nativos

Impunidad y militarización tornan más compleja la situación en México

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 5 de agosto de 2011, p. 18

Madrid, 4 de agosto. La discriminación histórica de los pueblos indígenas en México persiste, pero se han sumado factores que hacen que sus condiciones de vida sean más duras y complejas: la proliferación de proyectos de extracción de recursos naturales y turísticos en sus territorios, la criminalización de movimientos sociales de base y la militarización. Según el informe de Amnistía Internacional, Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo, en “numerosas partes del país dichas comunidades sufren violencia.

En México se vive una situación muy compleja, y es difícil decir que los indígenas sean más vulnerables ante la violencia que enfrenta el país. Lo que está claro es que la impunidad hacia abusos que protagonizan tanto integrantes del Ejército mexicano como organismos oficiales es tan alta, que se ha convertido en un patrón que dificulta más la salida de esta situación, explicó Fernanda Daz Costa, redactora del informe de AI.

En el documento se explica que los pueblos indígenas, y en particular las mujeres, sufren violencia y discriminación. Incluso cita los casos resueltos en 2010, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que falló en favor de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega por una violación múltiple perpetrada por militares.

Hasta la fecha las autoridades no han aplicado las sentencias. Estos emblemáticos casos permanecen bajo jurisdicción militar, mientras los perpetradores siguen en libertad y Rosendo y Fernández continúan sin recibir reparaciones.

Daz Costa advirtió que la impunidad generalizada hace aún más difícil que la víctima denuncie los abusos, que según los indicios y las quejas han aumentado con la salida del Ejército a las calles del país. Las indígenas violadas por efectivos del Ejército mexicano hablan muchas veces en nombre de tantas mujeres que no se atreven a denunciar. Y de nuevo nos encontramos con el patrón de impunidad, que además convierte a la víctima en doble víctima, pues en repetidas ocasiones son sometidas a procesos judiciales injustos, al escarnio social y a actuaciones denigrantes que no respetan estándares mínimos de un proceso judicial. Así que no sabemos el alcance de la tragedia, ni cuántas víctimas más hay. De hecho las indígenas mexicanas han manifestado que además de ser violadas por agentes del Estado, cuando denuncian sufren un maltrato permanente de otras instituciones del Estado, señaló Daz Costa

En el informe se cita el caso de La Parota, en el cual comunidades locales de campesinos e indígenas afectadas por el proyecto construcción de la hidroeléctrica ganaron un importante juicio. Los jueces resolvieron que la asamblea comunitaria organizada por el gobierno local para aprobar la expropiación de tierras obró al margen de la ley. Las comunidades han pedido que se abandone el proyecto.

Otros problemas en México es el hostigamiento permanente y la persecución policial a líderes indígenas. Eso es una constante, sobre todo cuando hay de por medio algún proyecto de desarrollo o de extracción de recursos naturales. El caso de La Parota es uno de ellos, que aún estamos documentando, dijo la relatora.

El precandidato presidencial de AN lamenta ruptura del diálgo de legisladores con Javier Sicilia

Debe buscarse ya un régimen para que el Ejército regrese a los cuarteles: Creel

Delegados federales forman en Hidalgo un movimiento en apoyo a la postulación de Cordero en 2012

Javier Salinas y Carlos Camacho

Corresponsales

Periódico La Jornada
Viernes 5 de agosto de 2011, p. 16

El precandidato presidencial panista Santiago Creel Miranda consideró que debe buscarse ya un régimen de transición para que el Ejército regrese a sus cuarteles y no esté permanentemente en las calles.

He propuesto que se cree una instancia especializada para combatir el crimen organizado, y que esa instancia esté en manos de un civil; creo que se puede hacer perfectamente, lo que permitiría un régimen de tránsito para el regreso del Ejército y de las fuerzas armadas a los cuarteles, dijo Creel luego de encabezar una reunión con aproximadamente 300 panistas en un restaurante de Ecatepec, estado de México.

En la medida en que las policías municipales, estatales y la federal puedan suplir lo que hoy hace el Ejército, sobre todo el combate a la delincuencia organizada, éste deberá regresar a los cuarteles, insistió.

El también ex secretario de Gobernación se refirió a la ruptura del diálogo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con los diputados federales por la aprobación en lo general del dictamen de ley de seguridad nacional.

Yo pienso que el diálogo nunca debe romperse porque no hay manera de entendernos si no lo hay, dijo. Asimismo, explicó que la mencionada ley es necesaria porque se puede lograr un doble objetivo: el respeto a los derechos humanos y que las fuerzas armadas tengan un cuerpo jurídico, una base, un sustento para su actuación.

Durante el acto, Creel Miranda dijo no temer que el presidente Felipe Calderón haga cargada en favor de algún precandidato, porque mi partido es democrático y cualquier intento de esa naturaleza va a ser ampliamente rechazado y, al contrario, me daría más puntos y tendría más apoyo.

En tanto, en Hidalgo, los delegados de las secretarías de Economía y de Gobernación, igual que el de la Procuraduría Federal del Consumidor, además de alcaldes electos y en funciones, formaron un grupo de apoyo a Ernesto Javier Cordero Arroyo, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien aspira a obtener la candidatura panista para contender en por la Presidencia de la República en 2012.

Hidalgo Unido con Ernesto Cordero se llama el grupo que encabeza Cornelio García Villanueva, delegado de la Secretaría de Economía, quien entregó una lista de 600 firmas a Julián Hernández Santillán, coordinador operativo del grupo que impulsa al titular de Hacienda.

Es la mejor propuesta que tiene el PAN en la lucha por mantener el Poder Ejecutivo en 2012, dijo García Villanueva, quien precisó que los integrantes de este equipo se propusieron convencer a más de 30 mil simpatizantes y miembros adherentes al blanquiazul en pro de Cordero Arroyo.

En favor de que Josefina Vázquez Mota alcance la candidatura presidencial panista realiza trabajo Gloria Romero León, diputada federal y ex candidata a la alcaldía de Pachuca, mientras Roxana Montealegre, ex candidata a diputada local, lo hace por Alonso Lujambio Irazábal, titular de la Secretaría de Educación Pública.

Francisco Cárdenas Courtade, ex regidor de Pachuca, trabaja en favor del senador Santiago Creel Miranda.

Involucra a marinos, soldados y policías

Documenta Cadhac más casos de desaparición forzada en Nuevo León

David Carrizales

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 5 de agosto de 2011, p. 20

Monterrey NL, 4 de agosto. Elementos de la Marina, del Ejército y de las policías estatales y municipales están involucrados en aproximadamente 30 por ciento de 72 casos de desaparición forzada, que suman 320 personas privadas de su libertad, en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada, informó Consuelo Morales Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), basada en denuncias de familiares de las víctimas.

Morales Elizondo comentó que el 10 de agosto se celebrará la tercera reunión de seguimiento que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad sostendrá con la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) para conocer los avances que se tienen sobre 13 casos de personas desaparecidas en la entidad.

En esa reunión, dijo, Cadhac presentará siete nuevos casos documentados de detenciones ilegales. Los familiares han acudido al Ejército, la Marina, a instancias estatales y municipales, sin encontrar a las víctimas, dijo.

Recordó que el 7 de julio, mientras el poeta Javier Sicilia dialogaba con el procurador general de Justicia de Nuevo León, tres hermanas del joven Jehú Abraham Sepúlveda Garza, de San Pedro Garza García, denunciaron que su pariente fue detenido el 12 de noviembre de 2010 por un policía de Tránsito de dicho municipio que lo consideró sospechoso, porque no portaba su licencia de manejo, solamente una credencial de la constructora MGM, donde laboraba.

La corporación lo entregó para investigación al comandante Miguel Ángel Escobedo y al agente Javier Rangel, de la Policía Ministerial del Estado. Jehú estuvo tres días en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones de Monterrey, donde lo visitaron diariamente sus hermanas Blanca, Verónica y Yadira, a quienes les pidió estar tranquilas ya que sentía próxima su libertad.

Al cuarto día, a las hermanas les dijeron que la Marina se lo había llevado. Acudieron al campamento que ésta tiene en San Nicolás de los Garza, donde negaron la versión.

A raíz de una denuncia presentada por desaparición, 15 días después dos marinos declararon ante una fiscalía de la PGJE y aceptaron que tuvieron a Sepúlveda Garza, pero sólo por 15 minutos, y como no hubo delito que perseguir, lo liberaron y abordó un taxi. En interrogatorios posteriores, los oficiales negaron su dicho.

Otro caso: el 7 de junio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 34/2011, dirigida a la Secretaría de Marina (Semar), por la desaparición forzada, tortura y privación de la vida de Humberto Márquez, un presunto narcotraficante que tras resultar herido en un enfrentamiento ocurrido el 21 de marzo anterior con policías municipales de Santa Catarina, fue trasladado por marinos al Hospital Universitario en Monterrey, sin que se registrara su ingreso al nosocomio.

La CNDH documentó que el 22 de marzo de 2010 el hombre fue encontrado muerto en un baldío del municipio de San Nicolás de los Garza, por lo que recomendó a la Semar indemnizar y reparar los daños de la víctima e iniciar una amplia averiguación sobre el caso.

La directora de Cadhac anunció la campaña nacional Un peso por la paz, que se realizará este domingo en el centro de Monterrey, en apoyo a las víctimas de la violencia. Habrá música, lectura de poesía y obras de teatro callejero.

Exige al Congreso una ley compatible con los derechos humanos y las libertades

Diálogos por la Paz

Demanda Miguel Concha rechazar la minuta del Senado sobre seguridad

Durante la reunión del Movimiento por la Paz con representantes del Congreso, familiares de desaparecidos protestaron por la incapacidad del gobierno para investigar miles de casosFoto José Carlo González

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 4

En el alcázar de Chapultepec, ante integrantes de las dos cámaras del Congreso, el sacerdote Miguel Concha exigió a los diputados, en nombre del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que dictaminen en sentido negativo la ley de seguridad nacional que aprobó el Senado, porque con ella se avanza en la militarización del país y en la violación de los derechos humanos, ya que se garantiza la seguridad del Estado, no la de los ciudadanos.

También presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el religioso dominico hizo un enérgico llamado al Congreso “a que sea congruente consigo mismo y se comprometa con la sociedad, con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con el movimiento de derechos humanos, a construir una legislación que se fundamente en la seguridad humana y ciudadana.

Que sea compatible con los derechos humanos, con las libertades públicas y que sentemos las bases para terminar con la violencia que tanto está lastimando y haciendo sufrir a nuestro pueblo, y que juntos alcancemos la paz, subrayó.

Concha afirmó que son los ciudadanos, en todos los ámbitos de su desarrollo colectivo y nacional, los verdaderos sujetos de la seguridad. Y en este sentido las instituciones y el Estado cobran significado como garantes de la protección de la vida, la libertad, los derechos, el bienestar económico, la salud, la educación, el desarrollo cultural y social, la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos.

A su vez, el investigador Ernesto López Portillo propuso la creación de un auditor especial de las policías federales, con la finalidad de mejorar las plataformas de rendición de cuentas de esas instituciones.

La investigadora Elena Azaola propuso incluir a cinco ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de construir una agenda de seguridad con transparencia y rendición de cuentas, donde los ciudadanos podamos ser corresponsables del diseño y de las medidas de seguridad.

En su oportunidad, Emilio Álvarez Icaza demandó a senadores y diputados trabajar en conjunto para aprobar una ley general de atención integral a las víctimas, porque es inadmisible que después de ser víctimas de la delincuencia, el Estado tenga la incapacidad de responder; que tenga ineficiencia e incluso complicidad en algunos casos.

¿Qué hacemos con los miles de desaparecidos? ¿Qué hacemos con los huérfanos de la guerra? ¿Qué hacemos con los niños y niñas que han perdido un padre? ¿A dónde van a ir esos niños y niñas? ¿Qué vamos a hacer con esa juventud, cuando hay miles de rechazados?

Exigió además que se elabore un registro nacional de desaparecidos, impugnó lo que está pasando con los migrantes e insistió en la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación o algo que se le asemeje.

Fabián Sánchez, de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, demandó que se legisle de manera adecuada en todo el país sobre la desaparición forzada de personas y que ese delito se tipifique como federal.

Explicó que aunque en 10 entidades ya se cuenta con legislaciones en esa materia, la única que más se apega a los estándares internacionales es la de Guerrero, por lo cual pidió tomarla como ejemplo.

También planteó la creación de un registro nacional de detenidos, en el que participen todas las instituciones “capaces de generar una detención: policías municipales, estatales y federal; el Instituto Nacional de Migración, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y las procuradurías General de la República y de los estados.

En ese registro se debe indicar qué autoridad efectuó la detención, quién la ordenó y dónde se encuentra el detenido.

Los legisladores escucharon y tomaron nota de los testimonios de las víctimas: Julio César Márquez, padre del niño Julio César, quien falleció en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009, dijo que a más de dos años del siniestro, no ha llegado la justicia para los 49 padres que perdieron a sus hijos en ese accidente.

Exigió a los diputados la aprobación de la ley general de prestación de servicios para la atención, cuidado y aprendizaje, y desarrollo integral infantil, mejor conocida como ley 5 de junio, ya aprobada por el Senado.

Jesús Lara Chivarra señaló que hablaba en nombre de los indígenas y demandó que se respete Wirikuta como sitio sagrado, ya que es un área cultural protegida y está amenazada por la actividad que realizan empresas mineras.

No estamos en los años 70, sostiene el subsecretario Fernández

Niega Gobernación que el país necesite comisión de la verdad

Propone revisar los sistemas de investigación y rendición de cuentas

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 7

Ante las miles de muertes vinculadas a la lucha contra la delincuencia organizada el país no requiere de una comisión de la verdad, sino de una revisión de los sistemas de investigación y de rendición de cuentas que posee el Estado mexicano, advirtió Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

“En principio, no estamos de acuerdo con que ése sea el camino (…) No estamos en los sesenta. Estas comisiones de la verdad las vemos más para atender asuntos viejos, de aquellos tiempos: Chile, Argentina, España, las dictaduras y demás. Lo que tenemos en México es muy distinto”, aseveró.

Con esas palabras dio respuesta a uno de los planteamientos que presentó la semana pasada el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, con quien el gobierno federal inicia este jueves diálogos temáticos de los que se pretende surjan iniciativas de ley.

Estoy de acuerdo en que varias de nuestras instituciones tienen puntos débiles, pero de eso a pensar que, como en los años sesenta o setenta, no tenemos instituciones que procuren la verdad y que necesitamos una comisión porque no funciona lo que tenemos, hay una gran distancia, sostuvo en entrevista con La Jornada.

Fernández es el coordinador de la mesa sobre atención a víctimas, para lo cual el gobierno asegura que llega al diálogo sin proyectos predeterminados. Nos sentaremos con la hoja en blanco”, dijo, aunque adelantó que considera impulsar la construcción de un memorial para los afectados.

Al preguntarle sobre las expectativas del Ejecutivo ante la nueva ronda de diálogo, el funcionario se mostró optimista: Vamos a dialogar, a comprender, éste es un asunto bilateral.

Expresó su confianza en avanzar, a pesar de que existen aspectos discrepantes, como la insistencia de Javier Sicilia de que el presidente Calderón pida perdón por los saldos de su estrategia contra el crimen.

El perdón del Estado no es el perdón del Presidente de la República, consideró el subsecretario, y reconoció la gestión de Sicilia: No vemos en él otra cosa que no sea defensa de las víctimas.

Dijo que en el fondo Sicilia y el jefe del Ejecutivo federal tienen la misma visión acerca de la necesidad de dar visibilidad a las víctimas, por lo que hace falta definir el modelo y ver qué tuercas tenemos qué apretar para que funcionen las instituciones.

Indicó que si bien puede existir, por ejemplo, una fiscalía especial, es imprescindible tener mucho cuidado para que “no nos pase dentro de 10 años lo que está ocurriendo ahora: que pidamos una comisión de la verdad porque la fiscalía que inventamos no funcionó. Tenemos que ser muy creativos e innovadores, porque si nos ajustamos a los ‘modelitos’ de siempre no vamos a llegar a ningún lado”.

El asunto de la comisión de la verdad, agregó, es una discusión que tenemos que realizar porque eso supondría que en México no tenemos instituciones que trabajen en torno a la verdad o que no nos sirven de nada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Procuraduría General de la República.

–Los integrantes del Movimiento por la Paz afirman que la estrategia que se aplica fracasó, porque derivó en una guerra en la que ha habido miles de muertos y puntualizan que las instituciones han sido omisas o se han coludido con el crimen.

–El tema es: sí hay elementos para buscar la verdad, pero no estamos en los sesenta. Tenemos organismos internacionales en México; observadores de derechos humanos de chile, dulce y manteca; comisiones de derechos humanos a escala nacional y estatal, y organismos sociales, como el movimiento, con enorme activismo que se meten hasta en la cocina, en el buen sentido de la palabra.