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13 ago 2017

Reconoce Naciones Unidas los 23 años de labor del centro de derechos Tlachinollan


Es un trabajo de muy alto nivel en la defensa de los derechos humanos, señala

Foto
Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, elogió la labor de los padres de los 43 normalistas desaparecidos

Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hizo un reconocimiento a la labor realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan durante los 23 años de labor que hoy se conmemoraron en esta ciudad, el corazón de la Montaña Alta de Guerrero.
El representante de la ONU asistió como invitado especial a la presentación del informe del organismo no gubernamental: Guerrero: Mar de luchas, montaña de ilusiones.
El de Tlachinollan, dijo, es un trabajo de muy alto nivel, muy profesional en la defensa de los derechos humanos, como lo testimonian los informes. El de ahora lo veremos con mucho interés, porque es más ambicioso y más innovador quizá que los precedentes.
Eso significa que todavía los temas de violencia e impunidad están presentes. Desde los años 90 no se resuelven, permanecen con nosotros y ahora algunos, como son el ataque a las tierras y el territorio (en referencia a la lucha de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, contra las empresas mineras), son más dramáticos.
Sostuvo que la labor de Tlachinollan es importante, porque se dedica a muchas áreas relevantes de los derechos humanos, como es el caso emblemático de los 43 (estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa), pasando por los temas de impunidad y violencia, hasta los derechos económicos y sociales, como es la garantía a la consulta, al agua, a la alimentación y a una vivienda digna.
Insistió en que lo importante es que se está creando una tradición de un trabajo comprometido y profesional que es reconocido a escala nacional e internacional, porque incluso esta labor de Tlachinollan ya ha sido premiada mundialmente varias veces. Les deseamos mucho apoyo y quiero reiterar nuestro apoyo y admiración.
Miguel Nieva, consultor forense internacional y parte del Equipo Argentino de Antropologías Forense, expresó: Sólo tengo palabras de agradecimiento para los compañeros de Tlachinollan y las organizaciones que trabajaron en esto, pero en especial para los papás (de los 43 desaparecidos), que sin la confianza de ellos no se hubiera podido sacar este trabajo. Su confianza fue fundamental para realizar nuestra labor.
Bernabé Abraham Gaspar, en nombre de los padres de los 43 estudiantes, pidió a los asistentes que se unan a la lucha por la presentación de sus hijos. A tres años de su desaparición, el gobierno no ha dado una solución satisfactoria. Por eso del 15 al 26 de septiembre llevaremos una jornada nacional de lucha por los miles de desaparecidos en el país.
Desaparecen a los maestros
Abel Barrera Hernández, presidente de Tlachinollan, se refirió al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No llegan los maestros porque los desaparece el gobierno. Porque los ejecuta el gobierno en la Autopista del Sol, porque son los hijos de la lumbre y del fuego; somos rayo, maíz, cultura y resistencia. Somos dignidad y el orgullo de un país pisoteado por la sangre de jóvenes que quisieron germinar como la milpa.
Ustedes, dijo Barrera Hernández a los familiares de los 43 desaparecidos, que han soñado con sus hijos maestros, sin pretenderlo, son ahora los maestros de los derechos humanos. En su clamor de justicia ahora está la gran trinchera de México de pelea por los derechos humanos, así con el emblema de sus hijos en el pecho, encarando el poder, desde (Enrique) Peña Nieto hasta el procurador, y allá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Son ustedes, recalcó, los que abrieron ese camino para que la asistencia jurídica llegue a México y sea luz para poder iluminar esta sombra, donde gobierna el Estado, con verdades solamente para decir que existe muerte, que existe silencio, penumbra, la nada, que domina el caos y que gobierna la delincuencia.
Al acto asistieron representantes de Amnistía Internacional y de organizaciones no gubernamentales y sociales, quienes al término del evento llevaron a cabo una marcha que culminó en el zócalo de Tlapa.

Foto Sergio Ocampo, Sergio Ocampo Arista
Corresponsal ,Periódico La Jornada
Domingo 13 de agosto de 2017, p. 14, Tlapa de Comonfort, Gro.

30 abr 2014

El nuevo alzamiento indígena




En las entrañas de la Huasteca potosina se reconstituye la nación Xi’iuy, que significa indígena, y son conocidos como pames. Un pueblo originario que se creía en proceso de desaparición se ha encontrado consigo mismo.
  Su bandera simboliza esta recreación de su propio orden, en la que se recupera y reinterpreta su historia. Tiene franjas de tres colores: rojo, negro y amarillo. Rojo, porque cuando los Xi’iuy combatieron desnudos contra la invasión española en la guerra chichimeca, se pintaban el cuerpo de ese color. En el centro hay una palma, abajo de ésta una flecha y arriba un rifle. Junto a ellos hay varios cucuruchos, por los primeros frailes.

Esta reconstitución de la nación Xi’iuy, en la que los maestros bilingües han desempeñado un papel relevante, tiene expresas distintas y complementarias nociones: la defensa del carácter colectivo de sus tierras (se niegan a la parcelación) y territorio, la recuperación de sus sistemas normativos, sus instituciones y su lengua, y, también, la formación de sus guardias comunitarias.

Sebastián de la Cruz es indígena Xi’iuy. Vive y trabaja en la comunidad La Nueva Palma. Desde el pasado 16 de febrero es guardia comunitario. Hace unos meses fue arrestado por policías ministeriales sin orden de aprehensión. Primero lo acusaron de un robo que nunca cometió.

 Luego lo extorsionaron. Finalmente lo encarcelaron cinco días, a pesar de ser inocente.

Cometieron con él un atropello y una humillación (Noticieros Televisa, 9/4/14).

Para evitar ser detenidos, los indígenas de La Palma deben pagar una cuota a la policía, e incluso, necesitan empeñar sus herramientas de trabajo. Los que se niegan son golpeados, amenazados y conducidos a las barandillas. Los atropellos son constantes y la justicia nula. Aunque muchos indígenas no hablan español, no hay traductores en el Ministerio Público.
“La policía de San Luis Potosí está infiltrada –me dijo en entrevista Miguel Ángel Guzmán, el profesor y licenciado que los asesora legalmente–, tanto la estatal como la municipal. Trabajan dos turnos: en uno son los buenos, en el otro los malos. Son asaltantes. ¡Extorsionan hasta las tienditas!”

Por si fuera poco, a los Xi’iuy les llueve sobre mojado. A los atropellos policiales que sufren hay que añadir la acción de delincuencia. La situación es muy grave. Desde 2010 son extorsionados también por criminales. Si rechazan pagar o dejar sus tierras, son asesinados. Los homicidios quedan impunes. Los delincuentes se arreglan con los agentes del Ministerio Público sin grandes problemas.

“Muchas bandas y grupos delictivos comenzaron a crecer a la sombra del crimen organizado –explica Miguel Ángel– y empezaron a tomar control de las comunidades; hasta las puertas de estos lugares tan distantes han llegado las extorsiones y las amenazas.”

Las autoridades gubernamentales locales niegan los hechos. No hay denuncias por abusos o actos de extorsión en contra de elementos ni estatales ni municipales, aseguran el comandante en la región de la Dirección de Seguridad Pública del Estado y el presidente municipal de Tamasopo, Vicente Segura Ortega.

Martín Hernández Martínez es también guardia comunitario de La Nueva Palma. Harto de estar harto, asegura: Ya estamos cansados de tantos abusos. Por eso, para protegerse a sí mismos de la delincuencia, los abusos policiacos y el despojo de sus tierras, 2 mil cabezas de familia acordaron formar sus guardias comunitarias.

Los nuevos encargados de seguridad son 100 personas, nombradas en asamblea, armadas con varas y machetes. El año pasado eran 30. Algunos van embozados. Se proponen cuidar el orden en sus pueblos. Montan guardias y alertan sobre la presencia de extraños. Se han adiestrado para aprender procedimientos de detención. De las autodefensas a las guardias comunitarias es el nombre de su manual de formación que elaboraron. Allí se asienta: La gente noble tiene derecho a portar armas y defender su comunidad.

Propusieron al Congreso de San Luis Potosí una iniciativa de proyecto de Ley para la Operación de las Guardias Comunitarias en la entidad, con el objetivo de ser reconocidos legalmente y contar con el aval de las autoridades estatales.

Ven en la experiencia de Cherán un modelo a seguir, tanto en términos de justicia comunitaria, como en que la comunidad se rija a partir de sus usos y costumbres. No van a impedir que la policía entre en sus localidades, pero, con el fin de evitar más abusos, exigirán que antes de que se detenga a un miembro del ejido, debe exponerse a la comunidad.

Justifican la formación de sus servicios de seguridad en el artículo 9 de la Constitución estatal. Las guardias comunitarias, asegura Miguel Ángel Guzmán, han existido desde hace mucho y actualmente en las comunidades indígenas hay una figura donde los jueces auxiliares cuentan con colaboradores que son llamados de diferente forma, pero cumplen con esa función.

A raíz de la formación de las policías comunitarias disminuyeron los índices delictivos. La policía limitó su presencia y el Ejército entró a realizar patrullajes regulares. Aunque van con tanquetas, asumen un perfil bajo. Los oficiales dicen: la bronca no es con nosotros, es con las policías.

El surgimiento de autodefensas y guardias comunitarias en el estado no se limita a los municipios de Tamasopo y Rayón. Han hecho su aparición grupos organizados en Ciudad Valles, Tamazunchale (nahuas), Tampamolón y en Aquismón (nación Tenek), donde el comisario ejidal fue nombrado primer comandante.

En febrero de 2013, Víctor Ramírez, dirigente del Frente Campesino de Ciudad Valles, anunció que el ejido Adolfo López Mateos se organizó para hacerse cargo de su vigilancia. No permiten el acceso a personas extrañas a la comunidad y sus pobladores se van relevando.

Como sucede en la Huasteca potosina, hay hartazgo en muchas comunidades indígenas. En más de dos estados, grupos de ciudadanos han tomado la seguridad en sus manos o se disponen a hacerlo. Silencioso o silenciado, hay en marcha un nuevo levantamiento indígena en el país.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

22 ene 2014

Reporte Centro ProDH


SIDIDH 2.0
Jan 22, 2014 08:45 am | Analisis_Prodh_NSA

Imagen retomada de Internet
México, DF.- Human Rights Watch (HRW) en su informe anual, capítulo México, elaboró 14 temáticas que enmarca las principales violaciones a derechos humanos durante el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto.
La organización señaló que el Gobierno mexicano ha obtenido pocos avances, comparado con los pendientes que dejó la administración pasada de Felipe Calderón, en el contexto de la llamada "guerra contra el narcotráfico",  pues persisten  los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías; el sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos; las disposiciones sobre arraigo permiten que algunas personas presuntamente implicadas en delitos penales sean detenidas durante períodos de 80 días sin ser consignadas.
 En cuanto a la militarización y el abuso de militares, el informe detalla que México ha delegado mayormente a las Fuerzas Armadas la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y esto ha provocado violaciones de derechos humanos generalizadas.
Entre diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),  recibió 8 mil 150 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y emitió recomendaciones sobre 116.
Asimismo, HRW señala que es común que en el país se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. Las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, y en el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos. Los funcionarios judiciales casi nunca aplican el Protocolo de Estambul. Entre enero y septiembre de 2013, la CNDH recibió más de 860 denuncias de tortura y trato cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios federales.
Impunidad por abusos militares y policiacos tanto del sexenio pasado como de hoy: "el gobierno ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto."
En cuanto a migrantes el texto señala que cientos de miles de migrantes indocumentados cruzan el territorio de México cada año, y durante el trayecto muchos de ellos sufren graves abusos por parte de la delincuencia organizada, autoridades migratorias y miembros de las fuerzas de seguridad,  sin embargo, las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para protegerles, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos.
Sobre las y los defensores de derechos humanos, se destaca la persecución y las agresiones, las cuales a menudo están asociadas con su oposición a "megaproyectos" de infraestructura o extracción de recursos. En muchos casos, existen evidencias, incluido el testimonio de testigos o el rastreo de comunicaciones de teléfonos celulares, de que agentes del estado están involucrados en agresiones contra defensores de derechos humanos. De las 89 agresiones contra defensores de derechos humanos registradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, no se dictaron condenas en ninguno de estos casos".
Respecto a la desaparición forzada, el informe detalla que a comienzos de 2013, el gobierno indicó que más de 26 mil personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007 —un problema que calificó como una 'grave crisis humanitaria'— y promulgó una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas.
En junio de 2013, la CNDH indicó que estaba investigando 2 mil 443 desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de agentes del estado.
Ante ello, la organización enfatiza que "es común que policías y agentes del Ministerio Público no adopten medidas básicas de investigación para buscar a personas desaparecidas o identificar a los responsables de su desaparición, y frecuentemente se culpa a las propias víctimas o se indica a los familiares que deben investigar ellos mismos".
"En mayo, el gobierno creó en el ámbito de la Procuraduría General de la República (PGR) una unidad dedicada a investigar desapariciones, si bien al momento de la redacción de este informe no había demostrado adelantos significativos en las investigaciones penales o la búsqueda de víctimas. México todavía no cuenta con una base de datos nacional de personas desaparecidas…", puntualiza la publicación.
El informe también incluye los apartados: libertad de expresión/agresiones a periodistas, violencia de género, condiciones carcelarias, discriminación, derechos laborales, entre otros.

CDH Paso del Norte exige liberación de detenidos torturados por caso "coche bomba"

Jan 22, 2014 08:35 am | Analisis_Prodh_NSA

Imagen retomada de Internet
Chihuahua, Ciudad Juárez.- En carta abierta dirigida al titular de la Procuraduría General de la República (PGR),  el Centro de Derechos Humanos (CDH) Paso del Norte exige el cumplimiento de un acuerdo (de octubre de 2013) en relación a la liberación y la tortura contra los acusados por el caso "coche bomba".
Las y los  derechohumanistas refieren el compromiso asumido por la PGR: "con uno de estos peritajes que saliera positivo, sería suficiente para reconocer si el resto de los acusados fueron torturados, por lo tanto estaríamos en la posibilidad de un desistimiento de la acción penal por parte de la institución que usted dirige, o en su caso, conclusiones no acusatorias."
En su parte más sustancial, el comunicado firmado por el director de esta organización, el Pbro. Oscar Enríquez Pérez, informó que "el día 8 de enero del 2014 fuimos notificados a través del juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco, del resultado del peritaje practicado a Víctor Manuel Rentería, el cual salió positivo".
Esto implica un nuevo caso en donde la justicia en Chihuahua es cuestionada por un caso de tortura documentado incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esta vez cometido por policías federales. Cabe destacar que la recomendación 75/2011 fue aceptada por el entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Ahí el origen del acuerdo que ahora debe de ser cumplido por la autoridad federal.
La carta puntualiza una serie de exigencias, entre las que destaca la petición para establecer fechas para la libertad de los hoy procesados.

Este 22 de enero los medios destacan
Jan 22, 2014 08:30 am | Analisis_Prodh_NSA
Medios convencionales
El juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, David Rodríguez Matha, desechó  "por notoria improcedencia" el amparo que promovió un grupo de 23 ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes contra la Reforma Energética. De acuerdo con fuentes judiciales, la demanda contra la Reforma Energética fue desechada porque la nueva Ley de Amparo, vigente desde abril, señala que este recurso "es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución".
"Resultados graduales" y 56 detenciones. Ese era el anuncio que daban en Morelia, Michoacán el gobierno federal y estatal justo a las 7:00 de la noche del martes. Pero casi tres horas antes, las comunidades de Cancita, El Carrizo y la Cofradía eran testigos de un enfrentamiento entre autodefensas y presuntos miembros de Los Caballeros Templarios.El enfrentamiento se dio en la carretera que va de Parácuaro a Apatzingán.
Este miércoles se cumplen cinco días del retorno (temporal, según los indígenas desplazados) al ejido Puebla, municipio de Chenalhó, pero aún no existen condiciones de seguridad para volver definitivamente. Las familias desplazadas abandonaron el poblado hace seis meses por agresiones y falsas acusaciones de las autoridades priístas del ejido.
El Gobierno del Distrito Federal vigilará los espacios públicos, dijo Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno, al referirse a la llegada de más integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al campamento del lado poniente del Monumento a la Revolución. "Esperamos que respeten lo acordado de no invadir espacios que se han ganado y se mantendrá la vigilancia policiaca en el lugar para que no extiendan su bloqueo", dijo Serrano.


Porque la represión es el fantasma que acompaña a Enrique Peña Nieto y parece perseguirlo más allá de su mandato, siendo uno de los elementos más grandes que indignaron a la oleada juvenil que en 2012 tomo las calles, recordando ese viernes negro en la Universidad Iberoamericana donde el entonces candidato declaraba que asumía plenamente la responsabilidad de lo sucedido en Atenco, el amplio rechazo de la sociedad mexicana a ese personaje y el surgimiento de #YoSoy132 parecen ser la antesala de diversos procesos sociales que pueden dar un paso más allá de la resistencia.
A poco más de un año de que la Cámara de Diputados instaló la Comisión Especial del Feminicidio, esta instancia no ha realizado acciones parlamentarias para revertir los asesinatos de mujeres en México. Tras la demanda de grupos civiles que pidieron que desde el Legislativo se creara una comisión investigadora, el 21 de diciembre de 2012 se creó la Comisión Especial del Feminicidio pero desde su instalación, con tres meses de retraso y con sólo cinco integrantes, no ha tomado medidas contra este flagelo.
El Tribunal Permanente de los Pueblos y la guerra de contrainsurgencia en Chiapas/Kaos en la red Minerva Guadalupe Pérez López tenía 19 años cuando, el 20 junio de 1996, fue detenida en la comunidad de Miguel Alemán (Chiapas), mientras iba a visitar a su padre enfermo. Según testimonios, fue encerrada en una casa donde durante tres días fue golpeada y violada repetidamente por más de treinta hombres, que luego la llevaron al campo para descuartizarla. Minerva sigue desaparecida, al igual que otras 36 personas de las comunidades alrededor de los poblados de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, víctimas de la violencia del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia entre 1995 y 1999.

Jan 22, 2014 08:20 am | Analisis_Prodh_NSA

Javier Sicilia pide que se desarme a criminales no a autodefensas. Foto: Francisco Cañedo
"Es un mal necesario, es una paradoja. Yo estoy en contra de las armas, pero estoy más en contra de la indefensión. Yo estoy de acuerdo que la gente se arme para defenderse, no se puede tolerar que el gobierno permita que la gente tenga que padecer que le maten a sus hijos, les secuestren a sus hijas, que se las descuarticen, ni modo. Ojalá pidiéramos desarmar no a las autodefensas, sino a los criminales. Ojalá detrás de esto pudiéramos hacer un control absoluto de las armas, ese es el tema, ahí está la solución del problema", dijo Sicilia líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), durante la presentación del informe #No+Armas #NoMoreGuns. Sin embargo

Jan 22, 2014 08:10 am | Analisis_Prodh_NSA
Imagen del día
Autodefensas anuncian más decomisos a los templarios en Antúnez. Unos 80 integrantes de las autodefensas irrumpieron en el poblado La Huerta, de unos 500 habitantes. En la incursión, que duró unas tres horas, retuvieron a dos hombres a los que acusaron de pertenecer al cártel enemigo de Los Caballeros Templarios y decomisaron fusiles, chalecos, radios y otros materiales en viviendas. 24 horas

Foto: Proceso

Jan 22, 2014 08:00 am | Analisis_Prodh_NSA

  

Campaña
Convoca: Tochan Nuesta Casa
¿Qué es lo que más extrañas cuando estás fuera de casa?
Colabora con alguna donación en especie ¡Construyamos una hogar sin fronteras!
Alimentos: leche en polvo, azúcar, café, aceite, alimentos no perecederos (un extractor de jugo)
Higiene: rastrillos, jabón, detergente y artículos de higiene personal.
Contacto: Raquel Johnson | johnsorh2214@gmail.com | 55-15-8600 y 04455-4874-9475

Convocatoria: Escuela para defensoras y defensores jóvenes de derechos humanos

Invitación
Convoca: Centro de Dderechos Humanos Fray Vitoria
La Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos es un espacio colectivo generado por las juventudes, donde se intercambian saberes y se entretejen esfuerzos para defender la dignidad de las personas y los pueblos.
Registrarse antes del 26 de febrero de 2014 | Tener entre 18 y 29 años.
Contacto: edupromo1@derechoshumanos.org.mx | edupromo2@derechoshumanos.org.mx | 56596797 ext.227
Más información

El IMDHD invita a lanzamiento de campaña "Artículo 1 constitucional" 

Campaña
Desde finales de 2012 el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia inició un proyecto a tres años en torno a la Reforma Constitucional en materia de DH, que tuvo lugar en el Congreso Mexicano, en junio de 2011.
Con siete organizaciones más en varios estados del país, el proyecto ha representado una serie de acciones como la realización de un Seminario con expertos internacionales, capacitación a organizaciones, estudiantes y servidores públicos, análisis de las legislaciones locales, entre otras.
La presentación pública de la campaña será el 27 de febrero en el Museo Memoria y Tolerancia.
Contacto: (55) 5271-7226 | www.imdhd.org | Más información

Defiende tus derechos humanos, diseña un cartel

Imagen de convocatoria

Convoca: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC.
Apertura de convocatoria: 1 de febrero de 2014.
Puntos para participar: Registro|brief y marco referencial|Diseño 50X70 en RGB y JPG

Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez

Estamos ubicados en:
Serapio Rendón 57b
Col. San Rafael
Del. Cuauhtemoc




8 oct 2013

EL ABOGADO EDUARDO MIRANDA PARA OMBUDSMAN DEL DISTRITO FEDERAL





Hace 10, 20 o 30 años lo conocimos. Fue en el movimiento social por la defensa de los derechos humanos o en la lucha por las libertades y la transformación democrática, o cuando nos auxilió en algún problema legal, en el que nuestros derechos se vieron perjudicados por actos de injusticia privada o gubernamental. En la década de los setentas apoyó a obreros y trabajadores de la educación por mejoras salariales y libre sindicalización. En esos años, apoyó la constitución del Frente Nacional de Abogados Democráticos, espacio desde el cual promovió la defensa de los derechos humanos.

En los ochentas, siendo asesor en el Bufete Jurídico de la UAM- Azcapotzalco, protegió a grupos de colonos y vecinos de la colonia Guerrero, Morelos y otros barrios de la ciudad, contra los abusos de los caseros y por mejoras en los servicios públicos, época en la que se inició en la impartición de cursos sobre derechos humanos, a nivel nacional e internacional. En los noventas defendió a los barrenderos de Tabasco, presos políticos de Oaxaca, Guanajuato y DF; y, asistió a jóvenes que viven y trabajan en la calle, además de la asesoría a ONG, como: FNAD, Alianza Cívica, AMDH, ACAT.

En 1994, fue fiscal en Oaxaca, para investigar crímenes contra maestros, por intermediación de la CNDH; y, como Procurador General de la Defensa del Trabajo del DF, en 1997, pugnó por la profesionalización y honradez del servicio, la protección de los derechos de la mujer y de las y los menores contra la explotación infantil y contra el coyotaje en las instituciones públicas. Más tarde, como coordinador de proyectos y de asesores en el Gobierno del DF (2000 – 2012), promovió el empleo, el reconocimiento de los derechos laborales como derechos humanos, y la defensa de las cooperativas y pequeñas y medianas empresas, contribuyendo a que se convirtiera en política pública el cooperativismo, en 2004-2006; y, el seguro de desempleo en 2007-2008.

EDUARDO MIRANDA ESQUIVEL, cuenta con una experiencia de más de 30 años en la promoción de los derechos humanos, participando de manera personal y directa en la defensa y libertad de presos sociales; y, en la protección de los derechos políticos, sociales y laborales de la población, especialmente del DF, de tal modo, que como asociado del FNAD, secretario de derechos humanos de la ANAD (1991-1998); y, como presidente fundador de la Unión de Juristas de México (1999 – 2013), ha contribuido a generar una conciencia jurídica, crítica y propositiva, de la necesidad de un sistema de justicia penal y social democrático, basado en los derechos humanos.

Por ello, y considerando que está disponible el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF (2013–2017), es que los firmantes, APOYAMOS LA CANDIDATURA DE EDUARDO MIRANDA ESQUIVEL A OMBUDSMAN DEL DF, sabedores de que tiene el perfil, compromiso y capacidad para desempeñar con respetabilidad, autonomía y honestidad el cargo, al margen del gobierno y los partidos políticos. Para cuyo efecto, si es necesario, por sí y/o en representación de las sociedades y asociaciones en las que participamos, en tiempo y forma, haremos saber y comprobar a la Asamblea Legislativa del DF, la adhesión y apoyo conferidos.


Solidariamente.
Ciudad de México, Distrito Federal, octubre de 2013

Enrique González Ruiz, José Sotelo Marbán, Hilda Venegas Negrete, Benito Mirón Lince,Benito Bahena Lome, Carlos Cárdenas Márquez, Pablo Franco Hernández, Jesús Trápaga Reyes, Laura Villasana Anta, José de León Azúa, Georgina Rochin Bravo, Cesar de León,José Jacques Medina, Juan José Calixto Rodríguez, Paco Saucedo, Dulce Cerecedo Beltrán,José Luis Vega Núñez, Pedro Alcántara Castejón, José Luis Vargas Carreón, Ilvenef Moreno Tripp, Juan Rubio Gualito, Claudia Vázquez Ramos, Manuel de la Rosa Rivas, Darío Rojas Macías, Mario Rodríguez, Atenojenes Pineda Escamilla, Edgar Nava Vázquez, Silvia Sánchez,Daniel Ávila Chávez, Joaquín Medina, Mario Rechy Montiel, Daniel Trujillo Pedroza, José Alfonso Bouzas Ortiz, René Loyo Cárdenas, Enrique Penagos Córdova, Emilio Cortés Aguirre, Domingo Ramírez Martínez, Virginia Alvarado Martínez, Mario Padilla Becerra, Juan L. Cortés Aguirre, Benjamín Alvarado Torres, José Guadalupe Amaya, Fernando Cortés Alvarado, Carlos Quintanilla Yerena,  (Agrega tu nombre si estás de acuerdo).

POR LA PRESIDENCIA COLEGIADA DE LA
UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO: JESUS CERVANTES ESPARZA
Adhesiones: Av. Juárez 32, Despacho 506, Centro, DF.

30 ene 2013

Comité Cerezo realiza escuela de derechos humanos con tema sobre memoria, verdad y justicia



Adital
La tercera escuela de derechos humanos "Por la memoria, la verdad y la justicia”, del Comité Cerezo México, se realizará del 2 de marzo al 29 de junio de 2013 en la Ciudad de México, todos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
   
La escuela es un proyecto dirigido a aquellas organizaciones y personas que se encuentren interesadas en capacitarse en materia de derechos humanos y con respecto a otras herramientas que acompañan la defensa de los derechos humanos con el objetivo de fortalecer y nutrir los procesos organizativos y de lucha de las organizaciones sociales para hacer frente al contexto de guerra contra el pueblo y para potenciar la lucha por la verdad, la memoria y la justicia y así coadyuvar a hacer realidad el derecho humano a la Paz.

Por medio de este proyecto buscamos aumentar la capacidad de defensa y lucha por los derechos humanos del movimiento social en general.

20 oct 2011

Verificarán si son legales convenios firmados para explorar la zona, advierten

Veta de arbitrariedades

BC: ejidatarios dueños de yacimientos de oro y plata enuncian estafa de minera

La firma negocia compra de terrenos, pero el precio no satisface a propietarios

Foto
Mina a cielo abierto en Mexicali, Baja California, explotada por la empresa Frisco para obtener oro y plataFoto Francisco Olvera
Foto
Tubería para llevar agua del ejido Plan Nacional Agrario a la mina Real de ÁngelesFoto Francisco Olvera

Roberto Garduño
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 20 de octubre de 2011, p. 2

Mexicali, BC. El ejido Plan Nacional Agrario, el más extenso del país con 520 mil 784 hectáreas, contiene en sus montañas un filón de oro y plata que hoy divide a los dueños de esas tierras y la empresa que lo descubrió y explota. Cada uno de los ejidatarios recibe un pago por concepto de renta de 11 mil pesos al año de la minera Frisco. Ésta calcula las reservas probadas y probables de ambos metales en unas 295 toneladas en cinco zonas concesionadas a su favor, en la región norte de Baja California.

El Banco de México resguarda en sus bóvedas 100.15 toneladas del metal dorado. Los proyectos mineros de Frisco son un atractivo en la Bolsa Mexicana de Valores, principalmente por la volatilidad en el precio del oro y la plata, originada por la devaluación del dólar.

Paralelamente al éxito de las actividades mineras de Frisco, en el norte del país se escribe aún la historia de la Minera Real de Ángeles –integrante de Frisco–, a la que los propietarios del cerro Colorado y sus desérticos alrededores reclaman justicia a 20 años de firmados los convenios para que la empresa explorara la región.

A la fecha, la minera ha negociado la compra de importantes porciones de tierra que forman parte del área de explotación. La empresa ofrece a los ejidatarios un pago de 2 mil dólares por hectárea. La mayoría de esos propietarios decidieron demandar un pago –para cada uno de los 214 ejidatarios– de un millón de dólares.

La documentación oficial refiere que el 10 de junio de 1969 Gustavo Díaz Ordaz firmó la resolución presidencial por la que reconoció al ejido Plan Nacional Agrario con una superficie de 520 mil 784 hectáreas.

Años después, en septiembre de 1991, los ejidatarios aceptaron en asamblea negociar con la empresa Minera Real de Ángeles, a través del representante de ésta, Ernesto Camacho, un primer convenio de renta para explotar ocho lotes mineros con extensión de 63 hectáreas. La compañía erogó por concepto de compensación 12 millones 567 mil 210 de viejos pesos.

El 2 de agosto de 1996 la minera firmó con los ejidatarios un nuevo convenio para exploración, barrenación y obra directa en San Felipe. Solicitó y obtuvo autorización para ocupar 863 hectáreas más del ejido, por lo que pagó a los habitantes 225 mil pesos por renta anual.

Ese mismo día se firmó un convenio paralelo para la ocupación temporal de 329 hectáreas más, donde se construían caminos de acceso a obras mineras, campamentos, almacenes y plantas de beneficios. Por esa área se acordaron cinco pagos por un monto de 271 mil 993 cada uno.

Transcurrieron tres años más, y el 31 de octubre de 1999 la empresa y los ejidatarios firmaron un contrato de ocupación temporal por mil 585 hectáreas más. Se autorizó a la minera construir las servidumbres necesarias para las actividades de extracción. El contrato anual ascendió a un millón de pesos, más el impuesto al valor agregado (IVA). La duración de éste se estableció en 20 años.

La razón de esta ampliación de la minera obedeció a que el 30 de junio de 1994 la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) expidió a favor de la compañía San Felipe (propietaria de la mina Real de Ángeles) el título de concesión para explotar 50 mil hectáreas del lote San Felipe 6.

También otorgó a la misma empresa otra concesión para explotar 50 mil hectáreas más del lote San Felipe 14. Ese mismo día concedió otras 45 mil hectáreas para ser explotadas en el lote San Felipe 13. Y el 15 de julio de 1994 la SEMIP expidió la concesión para explotar el lote San Felipe 2, con superficie de 3 mil 289 hectáreas.

El 29 de marzo de 2000 la dirección general de minas de la Secretaría de Comercio recibió de la minera la solicitud de ocupación temporal de las mil 585 hectáreas referidas, pertenecientes al ejido Plan Nacional Agrario. Esta área fue evaluada por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales en 951 mil pesos.

La Secretaría de Comercio resolvió que los ejidatarios en su conjunto debían recibir una indemnización por 190 mil pesos, como lo firmó en su momento el director general de minas, Luis Raúl Escudero.

Diez años después, a raíz de la generosa explotación de oro en el proyecto Real de Ángeles, la empresa ofreció el pago de 2 mil dólares por hectárea a los ejidatarios. El 29 de octubre de 2010 el gerente de exploración de la firma, Atanasio Ibarra, envió al presidente del comisariado ejidal, Jorge Alberto Camacho, un oficio en el que le externó el interés por adquirir 2 mil 777 hectáreas de ocupación temporal y 5 mil 558 de terreno de uso común.

El comisariado ejidal, al informar la existencia de esa propuesta, fue objeto de repudio de la mayoría de los propietarios, quienes lo responsabilizan de haberse beneficiado de las negociaciones con la minera, y le imputaron la responsabilidad de haber vendido su porción de tierra a un precio de 3 millones de dólares.

El descontento llegó a tal nivel que se creó una mesa negociadora por parte de los ejidatarios, formada por Jesús Moreno, Alejandro Menchaca, Rafael Navarro y Francisco Sosa.

Los cuatro ejidatarios, que ya han sido facultados para negociar directamente con la minera, por encima del comisariado ejidal –que deberá firmar todos los documentos que la negociadora produzca–, respondieron que la postura de la empresa Real de Ángeles es un agravio, la forma en que se pretende tratarnos, y en función de la situación económica que prevalece actualmente, sentimos un insulto, por jugar con la necesidad de la gente, al bajar de forma considerable el número de hectáreas a tratar; por lo tanto, no queremos y no vamos a negociar absolutamente nada en los términos expresados por ustedes.

Al crecer la inconformidad en el núcleo ejidal, sus integrantes advierten que denunciarán la explotación a campo abierto de los terrenos arrendados, porque a decir de ellos podrían existir violaciones a las leyes de Equilibrio Ecológico, para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, de Sanidad Vegetal y de Vida Silvestre.

El ejido hace responsable a la minera por las operaciones que esté llevando a cabo en el terreno arrendado, por los materiales químicos que hayan dañado o pudieran dañar a las personas que hayan trabajado, trabajen o vayan a trabajar en la mina... a partir de este momento sepan perfectamente que buscaremos por todos los medios legales a nuestro alcance, cerciorarnos si los contratos firmados por el ejido están apegados a derecho, además verificar si los mismos no adolecen de alguna causante de rescisión o vicio que afecte la validez de los mismos.

Veta de arbitrariedades

No queremos hacer una revolución, sólo que se nos pague lo justoAlineación al centro

Ejidatarios de Plan Nacional Agrario acusan a Frisco de mentir durante 20 años

Prometieron hacer escuelas, una calle pavimentada y apoyos; nunca hubo nada

Roberto Garduño
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 20 de octubre de 2011, p. 3

Mexicali, BC. Por agarrar unos cuantos pesos firmamos y nos engañaron; los dueños de la mina no nos hablan con verdad, y ya nos cansamos de que nos estén chingando. Lo único que pedimos es justicia, que se nos pague lo justo por nuestra tierra, reclaman los ejidatarios de San Felipe. Son propietarios de tierras desérticas y agrestes en el litoral del Golfo de Cortés, donde la minera Real de los Ángeles descubrió un abundante filón de oro y plata.

¡Aquí, puras mentiras! En 20 años han mentido a los más ancianos porque hay mucha necesidad, ¡y eso no se vale!, reclama con enojo Alberto Piedra, fundador del ejido Plan Nacional Agrario hace 43 años.

Junto a él, Jesús Moreno y Rafael Sosa, que comparten la propiedad del ejido más grande del país con otras 211 personas, solicitan a la empresa Frisco –propietaria de la mina– que manifieste voluntad y satisfaga la demanda de campesinos y pescadores.

Que se nos haga justicia, que se nos pague lo justo, somos mexicanos y sólo reclamamos un derecho legitimo. No queremos pelear, no queremos hacer una revolución, simplemente que se nos pague lo que nos corresponde por ley, y que no anden abusando y no se digan mentiras, asevera Jesús Moreno.

Rafael Sosa recuerda la llegada de la minera a sus tierras en San Felipe, hace más de 20 años. Se presentaron diciendo que venían a explorar y de ahí se fueron agarrando. Llegaron hablando muy bonito porque prometieron muchos beneficios para el ejido, nos prometieron hacer escuelas, una calle pavimentada, apoyar a la gente adulta, y de eso nunca hubo nada.

Jesús Moreno completa en voz alta aquel recuerdo. No contábamos con un asesor jurídico, y nos hicieron creer con triquiñuelas que la mina era un beneficio para el ejido, para el pueblo de pescadores, que habría desarrollo empresarial, y nada sucedió. Mire cómo está San Felipe: pobre y abandonado.

Los ejidatarios de Plan Nacional Agrario, muchos de ellos hombres maduros, han atestiguado acontecimientos que los dejaron fuera de los frutos de la explotación minera.

Comenzaron a explotar la mina, y así se fueron dando los contratos del agua y de la luz. A mí me tocó estar dentro de la mesa directiva cuando se hizo el contrato de la luz, y nos pagaron 50 mil pesos por cruzar la línea de luz que viene de Rosarito a la mina. Y a cada uno de los ejidatarios nos dieron 225 pesos, recuerda Alberto Piedra mientras ríe con ironía.

Nos queda muy claro a lo que nos estamos enfrentando, pero les pedimos que nos vean como gentes con derechos. Se fueron adueñando, poco a poco, con dos o tres mentiras, porque estaban mal esos contratos que firmamos. Hoy todavía estamos dispuestos a negociar porque somos mexicanos, pero que les quede claro: no nos vamos a dejar. ¡Vamos a seguir terqueando!

–¿Ustedes insisten en que no tenían conciencia de lo que firmaban con la minera?

–Vivimos engañados todo el tiempo. Nunca nos dijeron la verdad, y ahora exigimos que no nos engañen, y que si quieren seguir explotando la mina, nos paguen lo justo porque se está escribiendo otra historia de engaño –responde Alberto Piedra.

–¿No temen que ahora la mina los acuse de intento de chantaje?

–¡Nooo! No, ni queremos chantajearlos, simplemente que se nos pague lo justo. Nosotros estamos en la mejor disposición porque sabemos que va a ser una derrama importante para el estado, para San Felipe. Cómo es posible que se nos quiera pagar a nosotros a 2 mil dólares la hectárea cuando en otros estados están pagando hasta 15 mil dólares por explotar la plata, y la relación plata-oro es 65 veces para el oro. Entonces no tiene lógica lo que están ofreciendo.

Criticaron la negativa del gobierno federal de rescatar los cuerpo sepultados en el yacimiento

Recuperaremos a nuestros parientes aun sin el apoyo de Calderón: Familia Pasta de Conchos

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El grupo Familia Pasta de Conchos realizó, como cada mes, una misa para recordar a sus parientes. En el acto litúrgico reclamaron al gobierno por no atender sus demandasFoto Jesús Villaseca

Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Jueves 20 de octubre de 2011, p. 18

La agrupación Familia Pasta de Conchos lamentó la negativa del gobierno federal a recuperar los cuerpos de los 63 mineros que permanecen en el socavón desde hace casi 70 meses meses y señaló que pese a la respuesta dada al Senado, los deudos tienen la certeza de que el rescate se hará tarde o temprano, sea o no con la anuencia del gobierno, y finalmente deba hacerlo obligado por alguna instancia internacional.

Al oficiar la misa mensual en recuerdo de los mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006, el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez expuso que Felipe Calderón ha perdido la oportunidad de aliviar el sufrimiento de los deudos. Ha decidido dar la espalda, defender los intereses del Grupo México. Tuvo ante sí la oportunidad de poner remedio a una violación de derechos humanos, pero la dejó pasar.

El también integrante del Centro de Reflexión y Acción Laboral agregó que “es una vergüenza que a un año del rescate en Chile de 33 mineros, a casi 700 metros de profundidad y ante el hecho de que el gobierno francés ha logrado rescatar desde 2009 –tras la caída de un avión de Air France– 127 cadáveres del océano Atlántico a 5 mil metros de profundidad, aquí no se atrevan a entrar 150 metros de profundidad, porque el gobierno se ha quedado en la apatía y la parálisis, pues es totalmente falso que no se pueda ingresar a la mina en forma segura”. Esta semana se supo que Calderón considera que la administración federal se encuentra imposibilitada de efectuar el rescate, porque conforme a un dictamen elaborado en 2007 por un panel internacional, las condiciones en el yacimiento son inestables e inseguras.

Sobre ello, el panista Ricardo García Cervantes indicó que es un insulto para la inteligencia nacional que se aluda a un dictamen basado en hechos que no fueron comprobados en el lugar, porque este panel no entró a la mina y no tiene el referente de todos los rescates que se han hecho en la región carbonífera desde 1902.

La Familia Pasta de Conchos indicó que el rescate se hará con Calderón, sin Calderón o contra Calderón, y criticó que prevalezcan las consideración del titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, quien obstinadamente se ha negado a la recuperación de los cuerpos.

7 oct 2011

Grupo de amistad México-Alemania



Emergencia en materia de derechos humanos en el país

José Antonio Román
Periódico La Jornada
Viernes 7 de octubre de 2011, p. 11

México vive una grave situación en materia de transgresión a los derechos humanos que resulta ya inaceptable, con impunidad casi generalizada y una opaca delimitación entre las jurisdicciones militar y civil, advirtió el presidente del Grupo de Amistad México-Alemania del Parlamento alemán, Jurgen Klimke.

Incluso, la parlamentaria Heiki Hansel, del partido La Izquierda, aseguró que ya no se puede hablar de un estado de derecho en México. Pidió a las instancias de gobierno tomar en serio los planteamientos y propuestas de las organizaciones en la materia y no criminizarlas.

En conferencia de prensa, siete parlamentarios alemanes, integrantes del grupo de amistad, presentaron algunas de las conclusiones de su visita de trabajo al país, en la que durante una semana fueron a varios estados y se reunieron con funcionarios del gobierno federal –entre ellos la procuradora general de la República, Marisela Morales–, legisladores mexicanos, cónsules alemanes y representantes de varios organismos civiles y de derechos humanos.

Klimke señaló que México es un socio muy importante para su país en todos los ámbitos y sectores, y que la situación de inseguridad, producto de la lucha contra el crimen organizado, no afectará las inversiones previstas por las empresas germanas.

Dijo que desde mayo pasado, cuando el presidente Christian Wulff visitó México, ambas naciones trabajan en la elaboración de un programa de transferencia de conocimiento en materia de seguridad interna, el cual espera que esté listo a finales de año.

Consideró que uno de los temas en que el país debe avanzar, en cumplimiento de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es en la delimitación entre las jurisdicciones civil y militar, tema vinculado directamente con el fuero castrense.

Derivado de los diversos encuentros, Klimke lamentó que en el país se den amenazas masivas contra los defensores de las garantías fundamentales y represalias contra las víctimas. Aquí se da una situación de impunidad casi generalizada, que en el caso de las violaciones a los derechos humanos asciende a 97 por ciento, confirmado por los mismos implicados. Esto es inaceptable.

Hansel se refirió a su encuentro con la procuradora Morales. Nos dijo que gran parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos forman parte de la esfera del crimen organizado. ¿Cómo puede decir que es gente involucrada con el crimen organizado, si 97 por ciento de los casos ni siquiera se persiguen y están sin esclarecer?, cuestionó.

Achacar todo al crimen organizado y criminalizar a las víctimas tampoco puede aceptarse. México –agregó– vive una emergencia nacional en materia de derechos humanos.