La clase trabajadora mexicana recibe este 7 de octubre, Día del Trabajo Decente, inmersa en el desempleo, en la pérdida de su poder adquisitivo, de su acceso a prestaciones y seguridad social, así como de su capacidad de negociación colectiva, panorama que se agrava con la reforma laboral aprobada en noviembre pasado que le arrebata casi en su totalidad sus derechos. Frente a la demagogia gubernamental que festinará supuestos avances en materia laboral, a las y los trabajadores de nuestro país sólo les queda el recurso de la organización auténtica y unitaria, proceso que hemos iniciado con la construcción de una Nueva Central de Trabajadores, cuyas organizaciones promotoras llamamos a celebrar este Día del Trabajo Decente, bajo el lema de “Organizar, organizar, organizar”.
De acuerdo con el concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y adoptado internacionalmente, el trabajo decente es un trabajo productivo para hombres y mujeres en condición de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Implica oportunidades de trabajo con un ingreso justo, proporciona seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las y los trabajadores y sus familias.
Ofrece, además, perspectivas para el desarrollo personal y favorece la integración social; da a las y los trabajadores libertad de expresar sus opiniones, organizarse y participar en la toma de decisiones que inciden en sus vidas y garantiza la igualdad de oportunidades y de trato para todas y todos.
México está cada vez más lejos de cumplir con los preceptos del Trabajo Decente. En su estrategia de entregar el país al poder económico, la actual administración federal ha reforzado la aplicación de políticas flexibilizadoras que, como la reforma apadrinada por Enrique Peña Nieto, permiten el pago por hora, el recorte a la indemnización en caso de despido, nuevas formas de contratación que dan pie a la inestabilidad laboral —contratos a prueba, de capacitación, etc.—; modificaciones a la reglamentación de la tercerización (eliminación de la responsabilidad del contratante del servicio u obra) y deja la justicia laboral en manos de autoridades amafiadas con empresarios y sindicatos charros.
El gobierno federal pretende hacernos creer que es promotor del trabajo decente, tal como lo hizo con el Programa para la Formalización del Empleo, que no es otra cosa que una simulación para maquillar las estadísticas de informalidad. Es claro que las personas eligen trabajar en la informalidad porque ahí ganan un poco más y tiene mayores posibilidades de resolver sus urgencias económicas. De trabajar por una paga muy baja, sin prestaciones, sin acceso a la seguridad social ni a un retiro digno, las y los trabajadores prefieren una opción que en lo inmediato le genera un mayor ingreso.
Lo cierto es que el grueso de las y los trabajadores se encuentran en el sector informal, sin seguridad social —sólo un tercio tiene acceso a ésta—; la media salarial se ubica en el rango de 1 a 3 salarios mínimos, un nivel salarial que apenas alcanza para lo elemental. El gobierno federal mantiene una política de contención salarial como base de la competitividad internacional. Apenas 34 por ciento de los ocupados tiene contrato por escrito y los empleos que se crearán en 2013 —400 mil de los casi 800 mil que se necesitan—, tienen un nivel salarial por debajo de la media; situación que se agrava en el caso de las mujeres que siguen recibiendo un sueldo mejor al de los hombres.
Especialmente dramático es el caso de las y los jóvenes mexicanos, en donde encontramos que dos de cada tres laboran en condiciones de informalidad, ya que aunque gozan de un empleo, carecen de un contrato y prestaciones, aun cuando se desempeñen en empresas formales, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); lo cual significa que el segmento de 15 y 24 años carece de seguridad social, contratos y prestaciones. El sistema los ha condenado a un futuro cuya expectativa es trabajar para cadenas de comida rápida o de cines, megatiendas, con contratos de uno a tres meses, cuando mucho.
Todavía peor, aunque el marco jurídico lo prohíbe 3.7 millones de niños de entre cinco y 12 años realizan alguna actividad laboral, Una cuarta parte de ellos gana hasta un salario mínimo, otro porcentaje similar entre uno y tres, mientras que 47 por ciento no obtiene ninguna remuneración.
Frente a los ataques frontales que contra algunos de los más importantes destacamentos del sindicalismo independiente ha lanzado la derecha, así como la constante reducción de la base de organización y contratación colectiva auténticas de las y los trabajadores, —hay que recordar que apenas 10 por ciento de las trabajadoras y trabajadores formales están sindicalizados— producto de décadas de aplicación de políticas neoliberales se ha puesto sobre la mesa de manera real y concreta la discusión sobre la necesidad de la unidad de todas las fuerzas independientes y, concretamente, de la construcción una Nueva Central de Trabajadores que además se proponga desarrollar nuevas estrategias para organizar a la gran mayoría no organizada.
El desafío es mayúsculo pero es necesario encararlo de inmediato. Es indispensable discutir y dar pasos concretos hacia la recomposición del sindicalismo independiente, un replanteamiento estratégico y una unidad que se antoja de vida o muerte. En este contexto el lanzamiento inédito de una Central unitaria, cobra nueva fuerza por lo que decenas de organizaciones sindicales están ya desde hace algún tiempo llevando adelante el proceso de construcción de esa nueva central.
Por lo anterior, y en paralelo con la iniciativa de la Central Sindical de las Américas, de celebrar este 7 de octubre la VI Jornada Mundial por el Trabajo Decente, con el lema Construyendo el poder de los/as trabajadores/as, que define como la necesidad de “Organizar, organizar, organizar”, exhortamos a las organizaciones sindicales independientes, a las y los trabajadores en general, a los no organizados y a la sociedad civil en general, a sumarse al esfuerzo de unificar todos los esfuerzos en un camino unitario
Como lo aconsejo el doctor Pablo González Casanova en su convocatoria a construir la nueva central: “Cambiar la correlación de fuerzas a nuestro favor requiere superar todo residuo de gremialismo, hegemonismo, sectarismo y las diferencias que nos han mantenido separados durante muchos años; nada es más importante en estos momentos que la Unidad. Esta unidad no es un fin en sí mismo, ni tampoco la continuación de lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora; se trata de emprender la tarea de refundar al sindicalismo mexicano. No se trata simplemente de reacomodar las piezas sobrevivientes bajo una nueva sigla, sino de construir una nueva casa para todas las organizaciones sindicales”.
