Denuncian malversación de fondos en los pagos a jubilados y pensionados del Issste

Desde 2011, unos 800 mil afectados no han recibido aumento a bonos de despensa

Patricia Muñoz Ríos

 Periódico La Jornada

Jueves 13 de marzo de 2014, p. 18

Jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) realizaron ayer una movilización frente a las oficinas generales de la institución en esta ciudad, para demandar el pago de los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple, los cuales, según señalaron, no se les paga desde 2011.

Esta movilización se realizó paralelamente en varios estados, ya que los jubilados señalan que en todo el país no les han pagado los aumentos que han tenido los conceptos 002 y 003 que corresponden a despensa y previsión.

Por ello, se llevaron a cabo acciones conjuntas en entidades como Veracruz y Oaxaca, ya que se estima que a escala nacional se les adeuda a 800 mil empleados.

Exigieron el pago retroactivo de dichas prestaciones, así como la adecuación al artículo 57 de la Ley del Issste para que los jubilados y pensionados reciban los mismos incrementos a las prestaciones, que tienen los activos.

Esto es debido a que sus prestaciones se están reduciendo cada vez más, porque no son revisadas desde hace más de dos años, lo que es ilegal, ya que tienen derecho a las mismas actualizaciones que los trabajadores activos.

Documentos y oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecen que sí se tienen que pagar los incrementos a los conceptos 02 y 03, lo que significa que dichos recursos están y estuvieron programados, que no se canalizaron a los trabajadores y que tampoco se sabe a dónde se fueron, según indicaron los jubilados.

En algunos estados se han presentado demandas de los ex trabajadores ante tribunales laborales, las cuales se podrían multiplicar en los próximos meses, según advirtieron en esta protesta.

Han muerto 75 mineros después del crimen en Pasta de Conchos

Junto con Cereal y el Centro Pro denuncian la inseguridad laboral

La Familia Pasta de Conchos realizó su misa mensual en memoria de los mineros fallecidosFoto María Luisa Severiano

Patricia Muñoz Ríos

 

Periódico La Jornada

Lunes 20 de enero de 2014, p. 17

Suman ya 75 los mineros muertos después del homicidio industrial de Pasta de Conchos, la mayoría de estos fallecimientos fueron en minas de carbón, en los llamados pocitos y cuevas, incluso este fin de semana, cerca del poblado de Cloete, municipio de Sabinas, Coahuila, murió de asfixia provocada por aplastamiento el trabajador Jesús Castro Vázquez, de 37 años, en una cueva de carbón.

En la misa mensual que desde hace casi ocho años se realiza frente a la sede de Grupo México, la organización Familia Pasta de Conchos, acompañada del Centro Pro de Derechos Humanos y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), informó de este nuevo deceso y denunció que Castro Vázquez laboraba para la familia Los Lares, quienes no afilian a sus empleados en al Seguro Social, no cuentan con registro ante la Secretaría de Hacienda, ni están dados de alta ante ninguna autoridad.

La organización indicó que Jesús Castro Vázquez, “originario de Zacatecas, fue trasladado grave al hospital civil, donde perdió la vida, mientras que el Ministerio Público se limitó a tomar el nombre de los dueños de la cueva, pero no hizo nada, no fueron llamados y tampoco inició investigación alguna”.

La organización planteó que esta muerte se suma a las más de 75 posteriores a Pasta de Conchos. En 2013, dos de las cuatro muertes en la minería del carbón ocurrieron en cuevas y la de este fin de semana, es la tercera, después de que se prohibieran los pozos.

Demandaron que, de frente al octavo Memorial del Siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, el gobierno de Rubén Moreira investigue y sancione a los responsables de la muerte de Jesús Castro Vázquez y de todos los mineros fallecidos por la operación ilegal de minas, pozos y cuevas en la región carbonífera.

En tanto, la Familia Pasta de Conchos relanzará su campaña Por una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias. Además, los próximos 18 y 19 de febrero acudirá a la ciudad de México una delegación integrada por los familiares de Pasta de Conchos, mineros sobrevivientes, trabajadores en activo y huérfanos de los caídos.

Esta organización también se entrevistará con diputados y senadores de la 62 Legislatura el 18 de febrero próximo y tomarán acciones para dar seguimiento al oficio enviado por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, a la Procuraduría General de la República, sobre la realización de un nuevo peritaje que dé mayor certidumbre sobre las posibilidades técnicas de realizar la recuperación de los cuerpos de los mineros, sin poner en riesgo la integridad física o la vida de los rescatistas o en su caso dar continuidad a la averiguación previa correspondiente.

Trabajadores de mantenimiento de Mexicana exigen pago de prestaciones

Desde hace dos años y medio no cobran vacaciones ni horas extra

César Arellano

 

Periódico La Jornada

Viernes 11 de enero de 2013, p. 18

Trabajadores de la Base de Mantenimiento de Mexicana MRO, denunciaron que no han recibido parte de su salario ni prestaciones que por ley les corresponde, ni tampoco el pago de horas extras y vacaciones. Además, se quejaron de algunas irregularidades, entre ellas, que ha disminuido el salario reportado por la empresa al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Señalaron que desde que la aerolínea entró a concurso mercantil hace dos años y medio, varios de sus compañeros no han sido recategorizados debido a que no se han llevado a cabo los exámenes que quedaron pendientes desde 2010.
Además, manifestaron que desde esa fecha tampoco les han pagado por tiempo extra, descansos trabajados ni vacaciones.
Martín Tovar, secretario de prensa y propaganda del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), dijo que son aproximadamente unos 600 trabajadores los afectados.

Recordó que hace dos días dirigieron una carta al apoderado de Tenedora K, Jorge Gastélum y al director del NGA, Fernando Perfecto, denunciando que sus compañeros no han recibido pago de varias prestaciones y que no se han cumplido los puntos pendientes en el área de mantenimiento que surgieron a partir de que la aerolínea entró a concurso mercantil, por lo que solicitaron el apoyo de ambas personas para que se les brinde una pronta solución.
Tovar explicó que como Mexicana se encuentra en concurso mercantil, la empresa no ha pagado ni dado vacaciones, lo que ha generado desgaste físico y mental de sus compañeros de todas las áreas de mantenimiento.

Índice de percepción de la corrupción

México, al nivel de Surinam en evaluación internacional

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Jueves 1º de diciembre de 2011, p. 20

El índice de percepción de la corrupción (IPC) 2011 ubica a México por debajo de Trinidad y Tobago y en el mismo nivel de República de Surinam, con 3 puntos de evaluación en lo que corresponde al continente americano, reveló anoche Transparencia Internacional (TI).

En este año el IPC –que califica a 183 países y territorios– evaluó a dos terceras partes de los países con una calificación inferior a 5, debido a una profunda crisis de gobernabilidad en todo el mundo, según informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En el IPC, que ayer presentó TI en Europa, Haití obtuvo la calificación más baja en el continente americano, con 1.8 puntos, mientras que Canadá la más alta, con 8.7; y Estados Unidos tuvo 7.1. En el oeste de Europa, Dinamarca obtuvo 9.4 y Bulgaria 3.3. En Asia Pacífico, Nueva Zelanda obtuvo 9.5 y Corea del Norte 1. En el este de Europa y Asia Central, Turquía tuvo la más alta, con 4.2, y Uzbekistán, 1.6, por citar algunos casos.

Respecto de México, la SFP afirmó que no elude su responsabilidad en lo relativo al combate a la corrupción, y para ello prometió impulsar más acciones con ese objetivo.

Desde 2009 reclutan 800 adolescentes como esclavas sexuales: ONG

La denuncia fue realizada por la ONG Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac) y el hecho es considerado por la organización como "una nueva modalidad de trata" de personas. "Las jovencitas creen que es mucho dinero, sobre todo cuando la familia tiene necesidad", dijo directora regional de Catwlac, Teresa Ulloa Ziáurriz. Desde 2009 narcotraficantes mexicanos reclutaron alrededor de 800 adolescentes de 12 a 17 años para usarlas como espías contra las autoridades o como esclavas sexuales

Por: Redacción / Sinembargo

Desde 2009 narcotraficantes mexicanos reclutaron alrededor de 800 adolescentes de 12 a 17 años para usarlas como espías contra las autoridades o como esclavas sexuales, señala la Agencia de Noticias Telám de Argentina.

La denuncia fue realizada por la ONG Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC) y el hecho es considerado por la organización como “una nueva modalidad de trata” de personas, refiere la Agencia.

La directora regional de CATWLAC, Teresa Ulloa Ziáurriz, dijo que los grupos delictivos aprovechan las condiciones de pobreza en las que viven las jovencitas para lograr que les sirvan de “halcones” (espías) para informar la ubicación de los diferentes cuerpos policíacos por un sueldo de 1, 200 pesos semanales (unos 92 dólares).

“Las jovencitas creen que es mucho dinero, sobre todo cuando la familia tiene necesidad”, señaló.

Ulloa aseguró que las mujeres además fueron entrenadas para ser sicarias o “son esclavas sexuales de los jefes de las plazas, quienes llegan a cometer feminicidio contra ellas cuando se aburren de su compañía”, según despacho de DPA.

“Están apareciendo los cuerpos tres meses después de matarlas. Los criminales las llevan a granjas en las afueras de los estados para entrenarlas”, manifestó la también ganadora del premio de activismo internacional Gleitsman 2011.

Según la representante de la organización, en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ocurrieron los primeros casos, pero la táctica se extendió después a Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Estado de México.

Ulloa consideró que para combatir eficazmente este delito debe ser aprobada la nueva ley general para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas y delitos relacionados.

“Mientras en México 500.000 personas son víctimas del delito de trata, la ley vigente para enfrentar este ilícito no es eficiente para perseguirlo y deja en desamparo total a todas las víctimas de la trata interna y con muy deficientes instrumentos para su asistencia y protección”, señaló.

Tapan ‘moreirazo’ hasta el año 2019

Las condiciones en que se fraguó el denominado “moreirazo”, que disparó la deuda de Coahuila hasta un 19 mil 270 por ciento a través de la falsificación de documentos oficiales y prácticas irregulares, podrán conocerse hasta el año 2019.

Sin citar un argumento legal directo, la Auditoría Superior del Estado reservó por ocho años la información contenida en la cuenta pública de 2010 al responder a una solicitud de información vía transparencia presentada por Grupo REFORMA el 31 de octubre pasado.

De este modo, las cuentas del último año de Humberto Moreira como Gobernador de Coahuila, hoy presidente nacional del PRI, permanecerán blindadas hasta más de un año después de que concluya el mandato de su hermano Rubén, quien mañana toma posesión de la Gubernatura.

Para cuando la información esté disponible, algunos de los posibles delitos cometidos en el caso podrían haber prescrito, debido a que en Coahuila se dejan de perseguir en un año aquellos ilícitos que no ameritan prisión y en mínimo tres años los que sí contemplan cárcel.

La reserva de los documentos de los créditos que elevaron de 184 millones de pesos a 35 mil 457 millones la deuda estatal durante la Administración de Moreira fue decidida por el organismo que preside Armando Plata Sandoval, designado por el Congreso como Auditor Superior en 2007, precisamente a propuesta de Humberto Moreira.

La solicitud de acceso a la información presentada por Grupo REFORMA pidió a la Auditoría estatal copia simple de todos y cada uno de los documentos que integran la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Coahuila correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010.

“La información por usted solicitada fue clasificada como información reservada”, expresa la Auditoría en su respuesta, “siendo información reservada en su totalidad la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010.

“Dicha reserva podrá durar hasta por el periodo de ocho años y dejará de tener dicho carácter cuando venza el plazo de reserva, cesen las causas que dieron origen a su clasificación o por resolución del instituto que revoque o modifique la clasificación de reserva de información”.

Sin embargo, en su escrito, el organismo no da una causa explícita para la reserva y sólo invoca artículos de la Ley de Acceso a la Información del Estado que incluyen las reglas para reservar los datos, pero no mencionan la cuenta pública.

Por el contrario, la fracción XVII del artículo 19 de la misma ley establece como información pública mínima la cuenta pública anual una vez que se presente ante el Congreso del Estado.

Y otra vez: notarías para los cuates

Por segunda ocasión, y a unas horas de que concluya la actual Administración estatal, se entregaron ayer notarías públicas a amigos y funcionarios cercanos al Gobernador de Coahuila con licencia Humberto Moreira.

Esta vez fueron aprobadas 43 fíats o patentes notariales a servidores públicos estatales, ex funcionarios y abogados cercanos al Gobierno del Estado.

Previamente, el 16 de diciembre de 2008, ya se habían autorizado 19 notarías públicas a personas allegadas a Humberto Moreira, entonces Mandatario en funciones.

Entre los beneficiados de ayer están Sergio Sisbeles, secretario particular del actual Gobernador Jorge Torres; Fausto Destenave Kuri, director de la Comisión Estatal de Aguas; Ricardo Treviño Torres, subsecretario de Gobierno, y Sergio Antonio Almaguer, subsecretario de Asuntos Jurídicos.

También Blanca Nelly Guajardo Villarreal, dirigente municipal del PRD y hermana de la diputada federal perredista Mary Telma Guajardo, quien es comadre de Humberto y Rubén Moreira.

Agencia
Reforma

Oliva compró a su consuegra 1.8 mdp en miel sin licitar

El gobernador panista cambió el reglamento de comedores comunitarios para incluir ese alimento Además le dio contratos por 150 mdp a empresas ligadas a parientes de panistas locales

El gobierno de Guanajuato, a través de su DIF estatal, adjudicó sin licitar un contrato de compra de miel por un millón 807 mil 651 pesos a la consuegra del gobernador Juan Manuel Oliva, luego de que se modificaran los lineamientos de los comedores comunitarios, a fin de que se incluyera este alimento. Así lo revela la auditoría realizada a los gastos del DIF del estado de Guanajuato realizados entre 2009 y 2010, que además incluyó la revisión de otras anomalías; entre ellas, la entrega de contratos hasta por 150 millones de pesos a dos empresas ligadas a dirigentes panistas locales. Éstas son: Impulsora Comercial Estrella e Impulsora Comercial la Espiga y en ellas figuran como accionistas familiares de la diputada panista Leticia Villegas Nava, hija del jerarca panista Elías Villegas Torres. La revisión a los gastos del DIF, cuyo patronato preside la esposa del gobernador, Marta Martínez Castro, se efectuó a exigencia del Congreso local luego de que se revelaran en medios locales presuntos actos de corrupción y malos manejos. Ello ocasionó la salida de la directora del DIF, Angélica Silva Castillo, y siete personas más del órgano descentralizado y en su lugar, se nombró a Adriana Rodríguez. Realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado, la auditoría señala, en el caso del contrato 4580000566 del 13 de abril de 2010, entregado a la suegra de la hija del gobernador, Elia Margarita Lona Calvo, que ni siquiera se buscó a otros proveedores para hacer el concurso correspondiente. El Informe destaca también que la empresa Impulsora Comercial Estrella, cuya socia mayoritaria es Bárbara Elena Martínez, quien es cuñada de la diputada Villegas Nava, vendió al DIF 940 mil 281 latas de atún que resultó en estado de putrefacción. El contrato fue otorgado también sin licitación y en el caso de las latas de atún resultó que más de 92 mil estaban en mal estado. En ese caso, en lugar de exigir la restitución con cargo al proveedor, el DIF pagó un millón 278 mil pesos adicionales y las cambió por pollo en agua. También reporta irregularidades en el contrato 4580000576 por la compra de paquetes de útiles escolares en 2009 y 2010, a la empresa “Impulsora Comercial La Espiga”, que también tiene como accionista mayoritaria a Bárbara Elena Martínez, por un monto de 40 millones 711 mil 143.51 pesos. La auditoría destaca que por ese contrato, suscrito el 16 de abril del 2010, se abonaron pagos irregulares por un millón 947 mil 751 pesos sin que se hallara evidencia de la recepción de los insumos por parte del DIF. En la revisión aparecen también contratos por 277 mil 262 pesos, con la empresa Operadora Gastronómica A Fuego, de la que es accionista la hija del gobernador, Monserrat Oliva, quien al final devolvió ese monto y con ello evitara la sanción administrativa. Lo que estipula la legislación La ley del Presupuesto General de Egresos del estado de Guanajuato, aprobada por el Congreso local en el transcurso del año 2009, establece que las dependencias de la entidad federativa solamente podrán hacer compras directas —esto es sin concurso o licitación— cuando los montos resulten inferiores a 190 mil pesos. Sin embargo, en el caso de los contratos que asignó de manera directa el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que preside Marta Martínez Castro, esposa del mandatario Juan Manuel Oliva, superan casi 80 veces los límites establecidos en la legislación local.

Utilizaron el Fondo para la Educación Básica y Normal para ese fin en 10 entidades

Recursos de la SEP, desviados para pago a comisionados, y hasta funcionarios locales

Alumnos de la primaria José María Lafragua, de la colonia Paraje Zacatepec, en IztapalapaFoto Jesús Villaseca

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Domingo 27 de noviembre de 2011, p. 34

El gobierno federal erogó, a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), 525 millones 373 mil pesos al pago de salarios para docentes comisionados en todo el país durante el tercer trimestre del año. De estos recursos, al menos 76 millones 872 mil 498 pesos fueron canalizados en su totalidad para cubrir actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 10 entidades, mientras que en Zacatecas, 311 mil 177 pesos se destinaron para remunerar a 21 funcionarios estatales y municipales, entre ellos regidores.

Cifras publicadas en el portal electrónico de cumplimiento al artículo 9 del Presupuesto de Egresos de las Federación 2011, actualizado para el periodo de julio a septiembre de 2011 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), revelan que sólo 24 de las 32 entidades reportaron personal comisionado en el citado periodo, mientras que en Aguascalientes, Guerrro, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz, no existe información sobre ese rubro.

Otras 11 entidades, con una inversión de poco más de 448 millones de pesos tienen personal comisionado tanto en actividades de representación sindical (sin especificar el porcentaje), pero también en tareas de apoyo técnico pedagógico, unidades administrativas o en funciones distintas a las que corresponden a su clave presupuestal.

Los estados que destinaron en su totalidad los recursos del FAEB para el pago de actividades sindicales son Coahuila, Chiapas, Colima, Durango, estado de México, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.

En Zacatecas se incluyeron erogaciones a regidores y personal de las secretarías de Planeación y Desarrollo Regional; y de Desarrollo Agropecuario, además del ISSSTEZAC, donde, de acuerdo con el reporte actualizado por la SEP, Alejandro Valdés Díaz, jefe del departamento de Comunicación Social, recibió 8 mil 790 pesos del FAEB, con clave presupuestal 1103079912 E278131.0007458.

En Jalisco, donde tiene asignadas dos plazas docentes el secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, con recursos por 41 mil 830 pesos en el tercer trimestre del año, hay personal comisionado, pero sin que se pueda consultar el total de recursos erogados.

El caso de Zacatecas

En cuanto al pago de salarios a funcionarios estatales y municipales, en Zacatecas existen 21 trabajadores comisionados. Sin embargo, todos realizan labores fuera de sus centros educativos. Cinco de ellos en secretarías de gobierno e instituciones de la entidad, y otros 16 en los municipios de Villa Nueva, Villa Hidalgo, Sombrerete, Pinos, General Pánfilo Natera, Villa García, Ojo Caliente, Fresnillo y Nochistlán.

En Fresnillo se pagaron con recursos federales los salarios de los regidores Juan Antonio Rangel Trujillo, con clave 1103079912 E278130.0061496, por 13 mil 998 pesos, y Adolfo Ruvalcaba de la Cruz –quien tiene la clave 1103079912 E278130.0006671– con 15 mil 283 pesos.

En Nochistlán, Sebastián Tachiquin Torres, quien se desempeña como regidor de aseo público, cobró 19 mil 70 pesos, con la clave presupuestal 1103079912 E278131.0006803.

En el municipio de Pinos, Bernardo Rangel Silva, quien también fue elegido regidor, obtuvo del FAEB 15 mil 825 pesos, con clave 1103079912 E278131.0006467.

En la alcaldía de Villa Hidalgo, Zacatecas, se pagaron con recursos federales un total de 14 mil 279 pesos a Antonio Cárdenas Rodríguez –con la clave presupuestal 1103079912 E278130.0029559– y quien se desempeña como director de obras públicas.

Otros funcionarios beneficiados son Jesús Castrejón, quien labora en la contraloría del municipio de Sombrerete, con 14 mil 873 pesos, y María Elia Reyes Hidalgo, directora del DIF municipal, con pago de 7 mil 277 pesos, con las claves 1103079912 E278131.0029283 y 1103079912 A0180300.0028323, respectivamente.

En el ayuntamiento de General Pánfilo Natera, Antonio Díaz Nava, quien es de secretario de la alcaldía, recibió 17 mil 763 pesos. María de la Luz Gallegos Torres, directora del DIF municipal en Pinos, Zacatecas, percibió 19 mil 73 pesos, mientras que Pedro Pérez Espino, tesorero de Ojo Caliente, tuvo ingresos por 14 mil 69 pesos.

Asoma la participación de inmobiliarias, financieras, líderes sindicales y hasta notarios

Muchos burócratas imputados de fraude en préstamos más bien serían víctimas

No se ha informado del monto comprometido; trabajadores afectados se unen para defenderse

Unidad habitacional del Fovissste, organismo del que recientemente se ha conocido un fraude con el otorgamiento irregular de préstamos para viviendaFoto La Jornada

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 27 de noviembre de 2011, p. 33

Empresas inmobiliarias, instituciones financieras, representantes sindicales y algunos notarios podrían estar involucrados en el fraude que durante al menos seis años –2003 a 2008– se cometió en contra del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y que ahora se pretende reparar con cobros ilegales y demandas penales contra los asalariados beneficiarios de créditos hipotecarios obtenidos en ese periodo.

Las irregularidades en el manejo de los recursos del Fovissste fueron detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que ordenó al organismo la recuperación del dinero otorgado en exceso, por un monto que hasta ahora no se ha dado a conocer, pero que para los trabajadores afectados por el fraude representa la pérdida de su patrimonio y hasta de su libertad.

Y es que la amenaza del Fovissste es clara: o pagan antes del 30 de enero de 2012 la totalidad del dinero que se les otorgó de más, o el instituto procederá penalmente en su contra. Muchos de ellos, sin embargo, ni siquiera han podido contar con ese plazo, pues ya existen averiguaciones previas en contra de mil 200 individuos –según les informó la SFP– e incluso varios de ellos ya están en el reclusorio.

Un grupo de afectados desmintió así las declaraciones del ex director del Issste, Jesús Villalobos López, quien en días pasados aseguró que el Fovissste ya había otorgado el perdón a los servidores públicos que de manera voluntaria se presentaron para restructurar su deuda, y quienes en realidad son víctimas, pues obtuvieron préstamos hipotecarios calculados por encima de su capacidad de pago.

Los trabajadores dicen que pueden continuar con el pago de su deuda en los términos contratados originalmente. Algunos sí tuvieron conocimiento de la ampliación del monto del crédito, porque así se los ofreció la inmobiliaria o sus representantes sindicales. En otros casos, fue el notario el que se hizo cargo de realizar los trámites.

Ninguno de los beneficiarios realizó trámite alguno, más allá de entregar sus documentos y sólo les llamaron para informarles de la fecha y lugar al que acudirían para la firma de escrituras. Coinciden también en que este trámite, que normalmente puede durar varias horas, para ellos tardó, quizá, 15 minutos, porque nos leyeron sólo lo más importante y firmamos.

En todos los casos, los servidores públicos tuvieron conocimiento del monto del préstamo y de que lo pagarían mediante descuentos de 30 por ciento de su salario en un plazo de 30 años, pero nosotros ni hicimos las cuentas ni llevamos los documentos al Fovissste. Eso lo hizo la notaría o la inmobiliaria o a saber quién.

Lo cierto es que aunque han estado cubriendo el adeudo, el pasado julio el Fovissste envió notificaciones a los derechohabientes en los que les comunica que obtuvieron un crédito por un monto mayor al que les correspondía y que con los niveles de descuento a su salario no alcanzarán a cubrir la deuda en el plazo previsto, lo cual afecta el patrimonio del fondo.

Esa es la razón de que algunos estados de cuenta aparecen con datos nuevos: el saldo de la deuda y otro concepto denominado demasía, el cual va de 200 mil a 500 mil pesos aproximadamente. Para otros empleados esto se tradujo en el incremento del descuento que el Fovissste aplica a sus salarios y de 30 pasaron a 50 por ciento.

Todavía más raro resulta que haya otros servidores públicos que saben que obtuvieron uno de esos créditos irregulares pero no están todavía en el grupo de los perseguidos por el fondo.

En agosto de 2011 surgió la Unión de Trabajadores Afectados por Fovissste, que agrupa a unas 500 personas con el mismo problema y sobre las cuales pesa la misma amenaza. Para todos ha sido una sorpresa su involucramiento en el fraude, pero sobre todo que se les pretenda acusar de un delito que no cometieron.

Los que les ha tocado presentarse ante el Ministerio Público y tener acceso a su expediente constataron que las pruebas en su contra son comprobantes de ingresos alterados, avalúos de la propiedad adquirida diferentes a los que ellos tuvieron conocimiento. Y subrayan: No existe posibilidad alguna de que yo haya cometido el fraude. Yo no entregué documentos a Fovissste ni ingresé los datos al sistema.

En 2008 se firmó el pacto Huauxca Manaka para la preservación de la cultura huichol

Otorgó el gobierno 22 concesiones mineras en Wirikuta, sitio sagrado

La canadiense First Majestic obtuvo 6 mil 326 hectáreas que incluyen 70% de la superficie de Wirikuta

La Semarnat aún no ha recibido solicitud de impacto ambiental de esa empresa

En Wirikuta están nuestros guardianes. Es nuestra catedral y adentro hay varias capillas. También es una universidad. Ahí está nuestro hermano el venado y el padre Sol para dar luz al mundoFoto Jesús Villaseca

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Lunes 21 de noviembre de 2011, p. 39

Wirikuta, territorio sagrado del pueblo huichol (wixárica), en San Luis Potosí, está incluido desde 1988 en la red mundial de sitios sagrados naturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); es reserva ecológica natural y cultural estatal, además, el 28 de abril de 2008, en presencia del presidente Felipe Calderón, cuatro gobernadores firmaron el pacto Huauxa Manaka para la preservación y desarrollo de la cultura de este pueblo, pese a todo ello el gobierno federal otorgó 22 concesiones para explotación minera a la empresa canadiense First Majestic.

En un caso similar al de Minera San Xavier, en el mismo estado, que opera sin permisos ambientales en Cerro San Pedro, y que se estableció en un área natural protegida a escala estatal, First Majestic obtuvo las concesiones de 6 mil 326 hectáreas que incluyen 70 por ciento de la superficie de Wirikuta y la antigua mina Real de Catorce, que dejó de operar en 1990. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aún no recibe solicitud de impacto ambiental de la empresa.

Según información de la página web de la compañía, los métodos de minería subterránea que se han usado allí en el pasado son la única forma económica de mirar esta mina. Cabe señalar que la minería subterránea es totalmente indetectable por los asentamientos humanos en la superficie de la zona. Menciona que el trabajo en el proyecto denominado La Luz Silver se atendrá a normas estrictas y reglamentos ambientales.

El gobierno federal ya otorgó concesiones para otros 30 proyectos mineros en la región desértica que se extiende desde Real de Catorce, San Luis Potosí, hacia municipios como Bernalejo, que forman parte del territorio sagrado de los wixárica, informan los afectados.

Wirikuta abarca la sierra de Catorce y parte del Bajío; es parte de la declaratoria de reserva Ecológica Natural y Cultural –donde se prohíben actividades extractivas– que abarca 140 mil hectáreas entre los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz y Villa de Ramos. Fue incorporada en 1988 por la Unesco a la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales.

La Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio) cataloga la sierra de los huicholes como una de las regiones terrestres prioritarias de México. Se trata de la superficie que se halla entre Jalisco y Nayarit, en los municipios Bolaños, Chimaltitán, La Yesca, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Villa Guerrero. Es una zona con alta concentración de especies en riesgo de extinción, como la guacamaya enana, una especie de ardilla y el guajolote silvestre, y donde está el último registro del lobo mexicano.

Los huicholes recuerdan que en abril de hace tres años, el presidente Calderón, vestido con indumentaria huichol, atestiguó la firma del pacto de los gobernadores de San Luis Potosí, Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas –estados donde hay comunidades huicholas–, y el presidente de la Unión Wixarica de Centros Ceremoniales.

La defensa de Wirikuta

En Wirikuta culmina el recorrido de los antepasados, incluye Real de Catorce y el Bajío. Lo que más nos duele es que Wirikuta está amenazada por First Majestic y otras empresas. El gobierno mexicano les da concesiones y para nosotros es un dolor fuerte, dice Santos de la Cruz, uno de los voceros de las comunidades huicholas organizadas.

Afirma que está en riesgo la existencia del pueblo huichol, que en la actualidad cuenta con alrededor de 45 mil miembros. En Wirikuta están nuestros guardianes. Es nuestra catedral y dentro de ella hay varias capillas. También es una universidad. Ahí esta nuestro hermano el venado y el padre Sol para dar luz en el mundo. Nosotros somos sus discípulos. Esto es lo que defendemos.

Dice que así como para otras religiones sus templos son importantes, es el caso de La Villa para los católicos, para ellos es Wirikuta. No creo que estuvieran de acuerdo que en La Villa se hiciera una gasolinera, algo que va a alterar el santuario. De ese tamaño es el problema. Incluso más fuerte. Porque allí están las energías, no sólo para nuestro pueblo, sino para todo el planeta. Además de este lugar, los wixárika tiene otros centros ceremoniales en San Blas y al sur del lago de Chapala. Este año, además del agobio por el proyecto minero, sufrieron por la baja producción del maíz, otro de sus bienes preciados.

Nosotros vivimos del maíz, somos los guardianes de conservar los cinco colores que nos heredaron nuestros antepasados. El blanco, azul o prieto, amarillo, pinto y rosita. El pueblo vive de ese maíz. No negociamos con él, no vendemos. Lo sembramos para la subsistencia de las familias, esa es la base de la alimentación fundamental.

Aniceto Torres, de Santa Catarina, explica que hay cuatro comunidades wixárikas unidas de cuatro estados, Santa Catarina, San Sebastián, San Andrés, y San Hipólito. Dice que la religión es fundamental en su vida cotidiana. Los niños, desde los cinco o siete años, se inician en las prácticas con los dioses fuego, lluvia y la madre tierra.

Algunos van a la peregrinación desde los cinco años, esto es una buena oportunidad con la intención de que sea un buen estudiante, todo lo que es bueno. Si uno va mayor no tiene caso, sólo va a pedir por la salud y sus familias.

El derecho a su territorio

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Lunes 21 de noviembre de 2011, p. 39

Alfredo López Austin, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, historiador experto en culturas indígenas y mesoamericanas, señala en entrevista: “Debemos tomar en cuenta que hay una gran distancia entre el territorio sagrado y la tierra como propiedad privada o comunal. Hay una parte de los mexicanos que tienen derecho a su territorio en sentido amplio, porque en él han formado su cultura, su religión; la percepción de su subsistencia, una fuente de riqueza y entrega. Esto es clarísimo entre los huicholes.

“Su concepción del mundo implica penetrar en territorio sagrado. Una entrega de todo el grupo peregrinante frente a lo divino y que esperan sea el móvil de lo divino hacia ellos. Quitarles esta oportunidad a estos grupos humanos, apropiarse indebidamente de su territorio, es troncharles sus esperanzas de vida. No es cuestión de fe. Es toda una forma de ser cultural, a la que tienen derecho.

“Los indígenas han ido quedando en el territorio menos productivo y la empresa avanza. A lo largo de toda su historia el pueblo huichol ha sido relegado; la diferencia con otros pueblos es que se había mantenido en territorios más inaccesibles, pero ya le tocó. Y en una época en que la aceleración de la explotación es mayor.

“Una religión como la huichola relaciona toda su vida íntima, cotidiana y social con la presencia de lo divino. No es ir a misa los domingos. Es vivir religiosamente. Para ellos, los dioses están presentes en todas partes, ¿no tienen derecho a eso?

Vivimos en una concepción absurda, que no corresponde a la realidad nacional; simplemente se da todo a la empresa, sin tomar en cuenta que México pertenece a los mexicanos. No nada más son lotes de tierra que pueden vender. El gobierno ni siquiera tiene conciencia de todo esto, tiene una mentalidad tan cerrada que no se da cuenta del mosaico cultural que significa México y ve al país como una fuente de ganancias, con la idea de que sólo funciona con capital extranjero y sacrifica todo en función de este dogma.

Enviaron cartas al Ejecutivo, han ido a la ONU y se preparan para demandar al Estado

Los huicholes no van a ceder, porque su historia es de resistencia: Neurath

El gobierno no ha respetado el derecho a su existencia ni el de la consulta: López Bárcenas

Representantes de comunidades huicholas realizaron una ceremonia en la pirámide de Cuicuilco, durante su estancia en la ciudad de México, donde demandaron la cancelación de las concesiones minerasFoto Carlos Cisneros

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Lunes 21 de noviembre de 2011, p. 40

Johannes Neurath, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), adscrito al museo de Antropología, curador de la Sala Cora Huichol y con 20 años de estudio sobre los huicholes, explica que “los huicholes son un grupo que no ha sido conquistado. Tienen una historia de resistencia, nunca se han dejado someter, son conscientes de su importancia. Y en este caso no van a ceder. Es una cultura muy viva; todos hablan la lengua, muchos practican la religión con alta dedicación, defienden su autonomía y tienen un complejo sistema de gobierno. Llevan una vida ritual muy intensa, son los menos cristianizados. A escala internacional es uno de los grupos indígenas más conocidos y paradigmáticos.

“En Wirikuta culminan un viaje de iniciación; no lo hacen todos los miembros del pueblo. Son unos elegidos por la comunidad para ser los dioses. El rito requiere mucho sacrificio: casi no duermen, una dieta limitada, caminatas, abstinencia sexual. Son toda una serie de reglas a las que se someten y se purifican para lograr el estado que les permita tener las visiones del peyote y se convierten en él. Los dioses huicholes no existen independientemente de los humanos.

“Lo que hacen allí es tratar de convertirse en sus propios ancestros. La experiencia es volver a ser, regresar al origen y convertirse en dioses; éstos nacen en estas experiencias visionarias. En el viaje recrean la comunidad original y todas las cosas importantes. La luz, en primer lugar, es el cerro del Amanecer (el cerro Quemado) y es donde los ancestros la encuentran. La lluvia, el peyote. Es un rito muy fuerte, no todos logran llegar a esas experiencias. Quienes lo logran serán los chamanes.

“Para el arte es importante, porque cuando van a Wirikuta obtienen inspiración. El arte huichol es una reflexión sobre la experiencia iniciática. La ceremonia que hacen aquí es diferente a la de otros de sus sitios sagrados porque hay énfasis en la experiencia visionaria. Hay un viaje iniciático del mar –el lugar de origen– al desierto, de abajo arriba, de la oscuridad a la luz. Todo culmina allí. Los que quieren ser artistas participan en los ritos tradicionales. Lo más representativo del arte es el concepto nierica. Esto significa, entre otras cosas, el don de dar; es lo que se ve, las visiones que se obtienen y las que se inventan. Es una capacidad creadora, generativa que tiene el chamán y el artista, y éstos son similares porque crean imágenes y seres poderosos. Se plasma en objetos circulares: los rombos con el ojo de Dios, jícaras, cuadros. Esto solamente se entiende participando en el rito que culmina en Wirikuta y no es un conocimiento acabado; cada vez que acuden es la primera. Son los dioses en su primer viaje.”

Angélica Enciso L.

Francisco López Barcenas, abogado especialista en temas indígenas, da su punto de vista.

“Los derechos de los pueblos indígenas vienen de la diferencia cultural y existen porque éstos tienen una cultura distinta a la dominante. En este caso les pueden decir que les construyen su centro ceremonial en otro lado, como si fuera una iglesia, pero no es posible. Para mantenerse como pueblo, mantienen sus prácticas en Wirikuta. Atentar contra esto es atentar contra su existencia.

“Los huicholes se han movilizado, han mandando cartas al presidente Felipe Calderón y han ido a la Organización de Naciones Unidas. También es importante demandar legalmente al Estado mexicano por no respetar el derecho a su existencia ni el derecho a la consulta. Pueden hacerlo por varias vías. Una es el amparo: pedir al Poder Judicial que los ampare contra estos actos. Otra es por medio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y fincar responsabilidad a la Secretaría de Economía y al Presidente de la República por violar sus derechos. Y pueden ir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). Las acciones políticas quedan cortas sin la parte jurídica.

“Una de las herramientas es el artículo primero constitucional, reformado el 10 de junio por el Congreso de la Unión, con lo que ahora todos los tratados de derechos humanos ratificados por México pasaron a formar parte de la Constitución y todas las autoridades están obligadas a aplicarlo. Con esta reforma ya ni siquiera tiene sentido la discusión de si la ley Cocopa quedó corta, porque lo que era el sustento de los acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya están dentro de la Carta Magna.

“También está el segundo constitucional, que habla del derecho preferente: si hay dos postores sobre un territorio, la Secretaría de Economía debe decir al pueblo si quiere la concesión. Deberían ser avisados. Y otra regulación, en este caso internacional, es el Convenio 169 de la OIT y su jurisprudencia, así como la Declaración Universal de los pueblos indígenas.

La jurisprudencia del Convenio 169 de la OIT, integrada por la CIDH, hace referencia a que el Estado debe proveer las condiciones para que los pueblos indígenas existan. Estos instrumentos son fundamentales para emprender la defensa de Wirikuta.

Oculta Grupo México dos explosiones en planta de cobre de SLP

Persisten irregularidades en las mineras, denuncia la Familia Pasta de Conchos

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Lunes 21 de noviembre de 2011, p. 40

Continúan los accidentes en empresas mineras sin que haya sanciones adecuadas contra los responsables. Hace unos días, en una mina de Grupo México ocurrieron dos explosiones que la compañía ocultó, según denunció la Familia Pasta de Conchos, la cual puntualizó que la explosión ocurrió en la planta de cobre de Industrial Minero México, localizada en la zona poniente de San Luis Potosí.

En la misma planta hubo otra explosión, provocada por una enorme fuga de vapor que causó alarma no sólo de los trabajadores, sino incluso de los habitantes, lo que ejemplifica las graves irregularidades que continúan en las mineras.

La empresa fue multada únicamente con 90 mil pesos, según informó la delegación de la Secretaria del Trabajo.

La Familia Pasta de Conchos indicó que en esta planta la organización ciudadana Ni un Día Más advirtió sobre la inseguridad que viven miles de potosinos vecinos de IMMSA, donde hay enormes irregularidades. La mina y dos plantas, que operan desde 1925, así como una refinería de zinc, construida en 1982, no cuentan con las medidas de seguridad e higiene mínimas para operar por lo que se teme que pudiera repetirse lo mismo que en Pasta de Conchos.

Según la organización ciudadana, mientras Grupo México reporta un incremento de 74 por ciento de la tasa anual en sus ganancias del tercer trimestre de 2011, una utilidad neta de 693 millones de dólares y aumento en las ventas de casi 32 por ciento, el 17 de noviembre la delegación de la Secretaría del Trabajo en San Luis Potosí multó con 90 mil pesos a Minera México debido a las dos explosiones de la planta, denunciadas por la ciudadanía y, sin embargo, sigue incumpliendo con las obligaciones de higiene y seguridad, así como con la falta de mantenimiento.

El caso potosino, señala la Familia Pasta de Conchos, patentiza la irresponsabilidad social de una empresa que se ostenta como líder de la producción a bajo costo, multiplica sus ganancias y no invierte en seguridad.

Asimismo, planteó que el 16 de noviembre, por orden del juez federal tercero de distrito, Edmundo Adame, agentes de la policía federal ministerial dependientes de la Procuraduría General de la República, aprehendieron a los dos concesionarios de la mina de Beneficios Internacionales (BINSA) del municipio de Sabinas, Coahuila, siniestrada el 3 de mayo.

Melchor González e Hilda Graciela Montemayor fueron trasladados al Cereso de Piedras Negras, acusados como presuntos culpables de varios delitos, como homicidio culposo de 14 mineros, lesiones graves del menor Jesús Fernando Lara, de 14 años de edad, quien perdió un brazo en el accidente, ocurrido en el pocito 3, y tentativa de fraude

Esto último porque los concesionarios intentaron dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores, cuando estaban atrapados en el pocito. En el caso de BINSA, intentaron lo mismo cuando el niño Jesús Fernando ya estaba en el IMSS con el brazo desgarrado, indicó esta organización y sostuvo que es la primera vez que las autoridades actúan contra los responsables de los siniestros.

Urge una ley general que combata ese crimen, dicen diputada y el titular de la CDI

Generaciones en riesgo

Niñas indígenas, 45% de las víctimas de trata

Focos rojos en Tijuana, Acapulco y Cancún; cunden giros negros en Edomex, alertan

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Domingo 9 de octubre de 2011, p. 3

En México 45 por ciento de las víctimas de trata son niñas indígenas, informaron Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas y Xavier Abreu Sierra, director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quienes expresaron la urgencia de contar con una ley general que combata este crimen que cada año arrebata la infancia a 20 mil niños mexicanos que son enganchados para el comercio sexual.

En el contexto de la vigésima séptima sesión ordinaria del Consejo Consultivo de la CDI, la diputada señaló que, aunque en 2007 se promulgó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, existen importantes vacíos, sobre todo que en las indagatorias no se revictimice a las niñas, se sancione no sólo a los tratantes, sino también a los clientes y se atienda a las víctimas desde que son liberadas hasta su reinserción social.

Nos preocupa que no se legislen temas importantes, que se le quiten partes medulares, pues la atención y protección a las víctimas debe ser desde el operativo hasta la reinserción social; no se vale dejar a las víctimas a medio camino; la tipificación penal debe evitar que se les revictimice: ellas están destruidas; en el caso de explotación sexual son violadas y torturadas, entonces no tienen la capacidad para confrontar a los tratantes, así que la carga de la prueba debe ser trabajo del MP, y otra cosa importante es castigar el consumo, a los explotadores finales, que son unos criminales.

Indicó que leyes con estas características son las que han funcionado en otras latitudes y advirtió que, de no aprobarse una ley general contra este ilícito en esos términos, no vamos a bajar la tasa que está creciendo en el país.

Recordó que el 13 de julio pasado el presidente Felipe Calderón promulgó un decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución, sobre la trata, y que en específico la modificación al artículo 73 faculta al Congreso a expedir una ley general en la materia.

Agregó que 104 legisladores de los siete partidos presentaron una iniciativa el 3 de agosto pasado y precisó que sólo se tiene un plazo de 180 días (que comenzaron a correr tras la promulgación del decreto) para expedir la Ley General contra la Trata de Personas, por lo que ésta forzosamente debe ser aprobada en este periodo de sesiones.

La legisladora llamó a crear conciencia y advertir a las familias de los pueblos originarios a no dejarse engañar por los tratantes, pues las formas para enganchar a las menores no sólo son múltiples, sino también muy efectivas y alertó sobre lo fácil que es a estos criminales convencerlas por Internet, con engaños, a dejar sus hogares. Apuntó que muchas familias no distinguen lo que es la trata, comercio que también se da con fines de explotación laboral.

Orozco indicó que no sólo niñas indígenas mexicanas son víctimas, pues con las agrupaciones civiles que labora ha conocido casos de menores centroamericanas, algunas ni siquiera hablaban español, y eran hasta de siete años de edad.

Detalló que Tijuana, Acapulco y Cancún es donde más explotación sexual de niños hay y alertó que en el “estado de México tenemos problemas grandes, pues han crecido los giros negros”. Sostuvo que en México hay 21 puntos turísticos donde se vende a turistas el servicio de niños y niñas.

Comentó que la única cifra que se tiene sobre menores explotados sexualmente data de 2000, e indicó que va de 16 mil a 20 mil infantes, pero dijo que pronto habrá nuevos datos, ya que la Secretaría de Gobernación y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito elaboran un diagnóstico actualizado.

En peligro, los derechos de autor de los cineastas mexicanos

Víctor Ugalde*

Imagínese, lector, que usted escribe un texto, lo entrega para su publicación y difusión y aparece mutilado, lo que cambia el sentido de lo que usted quería expresar, pero además aparece sin su nombre al calce, donde se le reconozca a usted como el responsable del dicho o como su autor, lo que en materia de derechos de autor se conoce como derechos morales irrenunciables en materia de paternidad y respeto a la obra.

Ahora, imagínense que usted quiere reclamar sus derechos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor y diversos tratados internacionales y el más alto tribunal colegiado de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decide que la publicación o persona que lo hizo no fue responsable del acto, ya que adquirió de un tercero la información, en la que, sin tener derecho alguno, los autorizó. Si yo le vendo el Monumento a la Revolución, ¿me la compraría?

Esto es lo que está a punto de suceder en nuestro país, en el supuesto caso de que se apruebe en los próximos días el proyecto de sentencia del ministro Pardo Rebolledo que pretende absolver a Tv Azteca de su responsabilidad por mutilar filmes mexicanos y eliminar el nombre de los autores que los crearon para disfrute del público y enriquecimiento del arte y la cultura nacional, lo cual es un despropósito jurídico en atención a que:

La Ley Federal del Derecho de Autor y los tratados internacionales (incluso en materia de derechos humanos) imponen la obligación de toda persona física o moral de no mutilar obras y no suprimir créditos autorales. Además, en todos los países donde se ha planteado la misma cuestión (Francia, Italia y Suecia) los tribunales han condenado, invariablemente, a las televisoras por violación a los derechos morales de autor. México sería el único –y penoso– caso de excepción en el mundo, a pesar de estar regido por los mismos textos jurídicos en la materia.

De resolverse el juicio a favor de Tv Azteca, se volverían nugatorios los derechos morales, pues cualquiera podría ignorar su deber legal de observarlos, alegando que, contra la voluntad del autor, cualquier particular puede autorizar a alguien para ignorar derechos de autor por medio de un mero contrato. De hecho, el Comité DESC de la ONU, en su observación general 17, señaló: Los estados deben impedir que terceros infrinjan el derecho de los autores de reivindicar la autoría de sus producciones científicas, literarias o artísticas, y que deformen, mutilen o modifiquen dichas producciones, por lo que, ante la interferencia de Tv Azteca con los derechos morales de los directores de cine, la SCJN debe proteger a los autores y no dejar impune la violación a esa ley.

En caso de que se pruebe el despropósito, a partir de hoy los editores de libros podrán suprimir el nombre del autor y así las nuevas generaciones ya no sabrán quién escribió La Odisea, Visión de los vencidos o Cien años de soledad, sólo por citar algunos nombres. Tampoco sabrán si la obra es la versión original o si fue cortada o mutilada con fines estrictamente de no gastar más hojas que incrementen el precio de venta. Así empezarían las confusiones a favor de los pillos, ya que al publicar Veinte poemas de amor o Algo sobre la muerte del mayor Sabines no importaría citar al autor original y así podría pensarse que quien lo lee fue su autor y nadie más. El ejemplo les parecerá burdo, pero es lo que actualmente realiza Tv Azteca, la que sí quita escenas, suprime minutos de la secuencias y al final nadie sabe quién la dirigió, la escribió o la interpretó.

¿La mujer de Benjamín se hizo sola? ¿Bienvenido Wellcome fue ideada por alguien, o sólo apareció por televisión sin importar quién la realizó?

Con el debido respeto, solicitamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analicen bien el caso y no nos conviertan en un ejemplo de país pirata, donde las obras se pueden utilizar sin respeto a las leyes nacionales y convenciones internacionales.

* Presidente de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales

Añadir un comentario

Cine

Turbulencia financiera

La violencia, grave lastre que coloca a México a la zaga de AL, advierte el Banco Mundial

El crecimiento del país, por debajo del de Guyana o Surinam, diagnostica el organismo internacional

Alaba la contención fiscal, pese a que es la única nación de la zona en la que aumenta la pobreza

La pobreza aumentó en México en 3.2 millones de personas entre 2008 y 2010. Es el caso de músicos oaxaqueños que actúan en el Metro Eugenia de la ciudad de México, a cambio de unas monedasFoto Yazmín Ortega Cortés

Roberto González Amador

Enviado

Periódico La Jornada
Miércoles 21 de septiembre de 2011, p. 2

Washington, 20 de septiembre. La incapacidad para generar crecimiento económico se convirtió en el talón de Aquiles de México. El país marcha a la zaga de América Latina y el Caribe en actividad productiva y reducción de la pobreza. En ese marco, destacó este martes el Banco Mundial, la violencia que padece el país se convirtió en un obstáculo importante para el desarrollo.

En los grandes números macroeconómicos, los relacionados con la contención del déficit fiscal y de la inflación, México es uno de los países mejor comportados de la región, expresó Augusto de la Torre, economista en jefe para América Latina del Banco Mundial (BM).

El tema del crecimiento de largo plazo de México sigue siendo la gran pregunta, añadió. Sí quiero dejar sentada la preocupación de que la insuficiencia de crecimiento de México es un problema no sólo para el país y su población, sino también para toda la región, por el hecho de que la economía mexicana representa una quinta parte del producto interno bruto latinoamericano.

México también ha mostrado mayor lentitud que la mayoría de naciones latinoamericanas para salir de la recesión de 2009. Y a esas complicaciones, relacionadas con la dependencia de la economía estadunidense, se ha sumado la violencia como freno al desarrollo del país.

Cada vez hay más conciencia entre los estudiosos del desarrollo latinoamericano de que los problemas de violencia asociados con el crimen organizado y el tráfico de drogas se están volviendo una cortapisa importante para el desarrollo económico y social de los países de Centroamérica y México, expresó De la Torre, en una reunión con medios de prensa latinoamericanos este martes.

Para el especialista, la relación entre violencia y freno al desarrollo es cada vez más relevante. No es un problema trivial, es un problema de enorme importancia que requiere respuestas de política coordinadas, decisivas y muy complicadas. Cada vez hay menos duda de que (la violencia) se está volviendo un factor adverso para el desarrollo de esa subregión.

El lastre que representa la violencia para el crecimiento se ha añadido a problemas que ya arrastraba la economía mexicana, una de las de más bajo desempeño en la región, como mostraron este martes el BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al inicio de una semana de trabajos de su reunión anual.

México ha marcado diferencia en cuanto a la reducción de la pobreza. De la Torre presentó hoy un reporte sobre la región en el que el Banco Mundial documenta que en los años recientes Latinoamérica en promedio ha tenido desempeño económico que ha logrado disminuir el número de pobres.

Entre 2009 y 2010, por lo menos 5 millones de latinoamericanos dejaron la pobreza, como lo hicieron otros 50 millones de habitantes de la región entre 2002 y 2008. En lo que toca a los pasados años, México ha ido a la inversa de esa tendencia regional.

La pobreza aumentó en México en 3.2 millones de personas entre 2008 y 2010, hasta llevar a 52 millones de mexicanos a esa condición, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el organismo público encargado de la medición de la pobreza en México.

En este año y el siguiente, México crecerá menos que el promedio latinoamericano, mostraron este martes reportes del BM y el FMI.

El FMI anticipó que el producto interno bruto (PIB) aumentará este año 3.8 por ciento, dos décimas menos que lo calculado por el gobierno mexicano, inferior a la media regional, de 4.5 por ciento. En 2012, el PIB mexicano crecerá 3.6 por ciento (el gobierno calcula 4.5), mientras, en el plano regional, el avance será de 4 por ciento, según el FMI.

En México, ubicado por el Banco Mundial en el grupo latinoamericano de países de bajo crecimiento, la población tiene en 2011 un ingreso 18 por ciento más bajo que el nivel previo a la crisis. Para este conjunto de naciones el crecimiento promedio del producto interno bruto será de 0.3 por ciento entre 2008 y 2012, una novena parte del 2.7 por ciento que el organismo anticipa para la región en conjunto.

El grupo de lo que el organismo clasifica como países de bajo crecimiento en la región está formado por: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, El Salvador, Granada, Jamaica, México, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Venezuela.

En contraste, las naciones de crecimiento alto –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay– reportan un crecimiento que este año regresó a la dinámica previa a la crisis de 2009. Para el periodo de 2008 a 2012 el Banco Mundial calcula que su economía crecerá 5.1 por ciento en promedio, el doble del esperado para la región.

La serie televisiva Drenaje Profundo también fue financiada por SSP

Pide el Ifai sancionar a quienes ocultaron datos de El Equipo

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 21 de septiembre de 2011, p. 9

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que investigue e inicie un procedimiento administrativo en contra de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que dirige Genaro García Luna, por el posible ocultamiento de información relacionada con el financiamiento y autorizaciones para el uso de insignias, naves y uniformes de la Policía Federal (PF) para la grabación de las series televisivas Drenaje Profundo y El Equipo.

En el caso de esta última, la SSP pagó 118 millones 116 mil 880 pesos a Televisa para su producción y transmisión.

El asunto se inició a partir de una ponencia emitida por la comisionada del Ifai, María Marván Laborde, ante un recurso de inconformidad por la declaración de inexistencia de contratos y acuerdos signados por la SSP federal para la filmación y desarrollo de las dos series televisivas; ante ello, el pleno del Ifai determinó dar la razón al solicitante y considerar que deben ser investigados y sancionados funcionarios de las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto, de Comunicación Social y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, por tratar de ocultar los datos respectivos.

El Ifai consideró inadmisible que la SSP haya entregado a varios solicitantes copia del contrato de la serie El Equipo y días más tarde declarara la inexistencia de los contratos y documentos que se elaboraron, entre otras cosas, para el uso de instalaciones, insignias, vehículos y objetos de la Policía Federal para su filmación.

La decisión del instituto señala que es posible observar que existe una causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la SSP federal, ya que trataron de ocultar información total o parcialmente y de manera indebida. Por ello, se solicitó “hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control en la dependencia o entidad responsable (SSP federal) para que inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad que corresponda; asimismo, se ordena dar vista a la Secretaría de la Función Pública para que investigue las posibles causas de responsabilidad administrativa que se deriven del ocultamiento de los documentos solicitados en relación con la serie de televisión El Equipo”.

La decisión del Ifai obliga a la SSP a entregar la información relacionada con solicitudes de autorización, permisos concedidos, acuerdos y compromisos a los que llegó la dependencia con Tv Azteca y Televisa para producir y grabar las series de televisión Drenaje Profundo y El Equipo, así como el monto o montos que la dependencia haya aportado para su realización.

De igual manera, el organismo de transparencia ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública federal entregar copia de todos los documentos que amparan el uso de instalaciones, los horarios y sitios donde se grabaría la serie televisiva, así como las carátulas de las pólizas de garantía que la empresa Televisa debía entregar por el uso de equipo técnico, bienes muebles, bienes inmuebles, y personal que se usara en la producción de la serie de televisión, mismas que obran en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Presuntamente Jerezano Treviño benefició a Atracciones y Emociones Vallarta

Suspenden a juez de distrito y secretario mientras los investigan por corrupción

El CJF indaga posibles sobornos en el otorgamiento de amparos a casas de apuestas

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 21 de septiembre de 2011, p. 13

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió este martes, de manera provisional, al juez primero de distrito del centro auxiliar de la décima región, con sede en el estado de Coahuila, Luis Armando Jerezano Treviño, para que sea investigado por presuntos actos de corrupción que beneficiaron a establecimientos de juegos y sorteos, como la empresa Atracciones y Emociones Vallarta.

El órgano disciplinario y administrativo del Poder Judicial de la Federación informó que también fue suspendido en forma temporal Gerardo Tiscareño Mercado, secretario del juzgado cuarto del distrito con sede en la región de La Laguna, Coahuila, por los mismos hechos.

Las suspensiones temporales forman parte de la investigación que realiza el CJF contra varios jueces de distrito y secretarios de acuerdos vinculados a presuntos sobornos de empresarios que operan casas de apuestas.

En 2008, Jerezano concedió un amparo que obligó a la Secretaría de Gobernación a ampliar el permiso de Atracciones y Emociones Vallarta para operar y explotar 41 centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números.

Esta compañía ha sido vinculada en notas periodísticas con el casino Royale de Monterrey, Nuevo León, aunque la permisionaria ha negado públicamente tener cualquier relación con el negocio incendiado por un grupo armado en agosto pasado.

En un comunicado, el CJF indicó que “el pleno de esa institución resolvió suspenderlos (al juez y al secretario) temporalmente de su cargo, a fin de facilitar las indagatorias que lleva a cabo en torno a distintos señalamientos relacionados con acciones que habrían beneficiado, de manera indebida, la operación de establecimientos de juegos y sorteos.

La investigación del juez Jerezano y del secretario Tiscareño se encuentra vinculada con el caso que, desde mayo pasado, propició la suspensión del juez tercero de distrito en materia administrativa en el estado de Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, puntualizó el CJF.

Agregó que la Procuraduría General de la República también tiene una línea de investigación relacionada con los casinos de Nuevo León en la averiguación que emprendió contra el secretario del juzgado noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Esiquio Martínez Hernández, preso por enriquecimiento ilícito, quien habría recibido sobornos de propietarios de casas de juegos y sorteos.

El CJF recordó que al igual que los dos funcionarios suspendidos ayer, el juez federal Álvaro Tovilla León, superior de Esiquio Martínez, fue separado de su cargo temporalmente.

Congelarán a funcionaria de Guanajuato por obstruir pesquisa sobre permiso al Grand Casino

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 21 de septiembre de 2011, p. 13

León, Gto., 20 de septiembre. La directora estatal de Desarrollo Urbano, Georgina Morfín, otorgó un permiso de uso de suelo para espacios con apuestas a los propietarios del Grand Casino, a pesar de que carecen del permiso de la Secretaría de Gobernación, denunció el titular de la contraloría, José Cruz Hernández Moreno.

La funcionaria será suspendida 30 días por obstaculizar las investigaciones que se realizan por supuesto tráfico de influencias y el otorgamiento irregular del permiso del municipio para el Grand Casino, el cual ofrece póquer, black jack y ruleta, sostuvo el auditor.

Los artículos primero y segundo de la Ley de Juegos y Sorteos señalan que están prohibidos los juegos de azar con apuesta y sólo pueden autorizarse partidas de ajedrez, damas, dominó, dados, boliche, bolos y billar, así como juegos de pelota, carreras de todo tipo y deportes.

Los juegos no señalados se considerarán prohibidos para los efectos de esta ley y la Secretaría de Gobernación clausurará todo local abierto o cerrado en el que se efectúen juegos prohibidos, señalan los artículos segundo y octavo de la normatividad.