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11 dic 2011

Proponen el debate del tema, pues los cambios de residencia podrían agudizarse



La violencia en el país ha incrementado los desplazamientos internos: expertos

Señalan la elevada presencia de norteños en el Distrito Federal buscando trabajo y escuelas

Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Domingo 11 de diciembre de 2011, p. 10

Debido a la violencia en el país, cada vez mayor cantidad de habitantes de las zonas más golpeadas por la inseguridad dejan sus comunidades, por lo que tanto en congresos locales como en el ámbito federal debería empezar a discutirse la elaboración de una ley de desplazados internos forzados.

Lo anterior fue planteado durante la jornada académica realizada con motivo del Día de Acción Global Contra el Racismo y por los Derechos de los Migrantes, Refugiados y Desplazados, que se conmemorará el 18 de diciembre.

Guadalupe Chipole Ibáñez, directora de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, del Gobierno del Distrito Federal, Karina Arias Muñoz, integrante del grupo de trabajo sobre Política Migratoria, y Leticia Calderón, del Instituto Mora, coincidieron en que el tema es un pendiente que se debe trabajar, pues los cambios de residencia podrían agudizarse.

Arias Muñoz comentó que los desplazados internos es un tema que merece muchísimo debate en México; estamos viendo que cada vez es más necesario, aunque en el ámbito federal es muy difícil que se haga, pero es un tema que tenemos que empezar a debatir, y añadió que en este contexto de violencia, muchos tópicos se han abordado, entre ellos la pertinencia de que el Ejército esté en las calles y el concepto de seguridad, pero no el asunto de los desplazados. No es un debate que se esté dando.

Chipole especificó que en el caso del Distrito Federal ha llegado gente del norte, sobre todo de Monterrey y, en general, de Nuevo León, Chihuahua y Sinaloa, los cuales hablan con mucha reserva del asunto, pero es evidente que tienen miedo, y lo sabemos porque se acercan a las instancias del GDF; andan buscando trabajo, que sus hijos entren a la escuela, y añadió que desean ser parte de los beneficiarios de los programas del gobierno capitalino.

Agregó que de manera cotidiana llegan contingentes de población, y nos abocamos a darles atención y servicios; nos damos cuenta que cada vez es un número mayor de personas.

La funcionaria local reconoció que hasta el momento los gobiernos estatales no han mostrado mucho interés en el tema y menos promover alguna legislación. Quienes han expresado más preocupación en este tema son los medios de comunicación, eso nos ha llevado a integrar nuevas preguntas a quienes vienen, rpor qué residen ahora aquí; hemos incluido esa cuestión de la violencia. Remarcó en que en el Distrito Federal estamos abiertos a la apertura de ese debate.

Leticia Calderón consideró que el tema de los desplazados debe abordarse y calificó como excelenete propuesta la de elaborar legislación sobre la expulsión de población por motivos de violencia, la cual consideró no sólo se da dentro de México, sino que también desde las ciudades fronterizas mexicanas hacia Estados Unidos.

9 oct 2011

Mil 400 niños asesinados en la guerra al narco; desinterés oficial frente a la tragedia

Generaciones en riesgo

Descartado, aplicar protocolos de atención; Unicef no reconoce el conflicto

El Estado, incapaz de garantizar el derecho a la vida, señala el Redim

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La Redim demanda al Estado mexicano que genere un sistema de información que permita conocer el impacto real que tiene la guerra en los niñosFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 9 de octubre de 2011, p. 2

Alfredo tiene pesadillas porque vio morir a su hermana de 17 años en una balacera; Jorge (7 años), hijo de un desaparecido, dibuja un militar y un encapuchado apuntando al coche de la familia; César (10) perdió a sus padres en una balacera; se niega a ir a la escuela y no quiere salir a la calle; Jaime (12) observó cómo asesinaban a cuatro miembros de su familia y está herido en el hospital... Son los daños colaterales más pequeños de la guerra contra el narco que ha cobrado la vida de mil 400 menores de edad y ha generado múltiples trastornos sicológicos a miles de niños abandonados por el Estado.

No son considerados los impactos de la violencia armada en los niños. Son mil 400 homicidios y ninguna condena, dice Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que ha contabilizado 345 muertes de menores desde enero de 2010 y alerta sobre los estados con mayor número de homicidios infantiles, entre los que se encuentran Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Durango, Tamaulipas y Nuevo León.

Un total de 37 millones de niños viven en México, casi 37 por ciento de la población; de ellos, 20 millones padecen situación de pobreza y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 83 por ciento tienen algún tipo de carencia: En esta lógica se puede ver lo poco que hace el Estado mexicano con la infancia. Sólo destina menos de uno por ciento del PIB para proteger a los menores y permitir que cambie su situación. El Estado no ha sido capaz de garantizar el derecho de los niños a la vida, dice Pérez García.

Miedo y odio

No me dieron, dijo Wendy (17) a su primo que conducía el coche rafagueado con cuernos de chivo por un comando que salió de una vereda en la carretera a Cerralvo, rumbo a Doctor González, Nuevo León. Wendy viajaba también con una amiga, pero a los pocos minutos del ataque, notó una mancha de sangre que se extendía en su blusa: las balas le perforaron el estómago. Alcanzó a llegar a su casa, su madre la llevó al hospital más cercano en Monterrey, a 80 kilómetros, donde fue atendida, pero murió.

Como todos los días, Alfredo (9) le lleva flores al cementerio del pueblo. La tumba de tierra tiene una cruz de madera sin nombre. Está triste. No tiene ganas de comer. No llora, pero la extraña mucho; recuerda haberla visto sangrando en agonía y haberla visitado en el hospital donde estaba muy hinchada. Siente mucho coraje: Los malos le dispararon. Y repite: Los odio, los quiero matar. No ha recibido ayuda de ningún tipo. En la escuela rural donde estudia no saben cómo apoyarlo. Nadie le ha medido su nivel de estrés postraumático. El Unicef no reconoce que México viva en una guerra, por lo cual no hay organismos institucionales interesados en aplicar protocolos de atención; el DIF no se ha acercado a ofrecerle apoyo, las autoridades de Nuevo León ni siquiera han investigado el asesinato de su hermana, que tampoco ocupó un espacio en los medios de información.

Esa es la situación de miles de niños en las zonas rurales y urbanas. No están siendo atendidos, dice el sicólogo Rodolfo Salazar Gil, quien ha creado un programa de atención a menores víctimas de la violencia, en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, organización civil que también ofrece ayuda a las víctimas más pequeñas de la guerra contra el narco: A los niños y niñas de México les están quitando la infancia y los espacios para jugar. Esta guerra mete en su imaginario la violencia, el odio, la venganza, el rencor; y les desplaza la belleza y el disfrute de la vida, la solidaridad. Es el mundo al que han entrado a vivir, lamentablemente.

Los asesinatos de menores han aumentado vertiginosamente en el norte del país. Si antes el rango donde se registraban más homicidios era de 15 a 17 años, ahora el incremento se registra también en asesinatos de niños de cero a cuatro años.

El aumento de los homicidios y ataques a menores ha generado miedo y angustia en la población infantil: Los niños han perdido la seguridad, y cuando hay alguna agresión a la casa o algún familiar sienten que la seguridad que tenían ya no es real. Si además de la agresión a su entorno, le unimos toda la información que hay alrededor sobre la violencia y que está todo el tiempo y en todos lados, las fantasías se disparan. Los niños lo platican en las escuelas y eso les genera mucho miedo y una sensación de vulnerabilidad absoluta, dice Rodolfo Salazar.

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Durante una protesta para exigir la entrega de un jefe de familia desaparecidoFoto Sanjuana Martínez

Los niños atendidos en este programa son huérfanos, hijos de desaparecidos, víctimas de algún ataque o testigos de la violencia armada que ha afectado directamente a su familia. Las consecuencias inmediatas de los estragos de la guerra se observan de manera inmediata, comenta el especialista: Llegan con depresión, sentimiento de culpa, impulsos de agresividad, coraje, enojo, odio; sentimientos que hay que sacar de alguna manera a través del dibujo, de juegos y de una terapia narrativa que estamos aplicando.

Las últimas semanas fueron asesinados en Monterrey seis menores de edad en distintos ataques. La Facultad de Sicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un programa especial de respuesta de urgencia en la clínica de atención sicológica donde están atendiendo a adultos y niños: La guerra está provocando mucha desconfianza entre los niños, que están muy asustados y sienten que deben esconderse. Lo poco que se está haciendo es después de los sucesos; no se está haciendo nada a escala preventiva. Hemos visto que cuando hay víctimas de balaceras o de un robo con violencia y la familia pide atención sicológica, no se les atiende; les niegan la atención por temor y para evitar problemas. Y porque se les estigmatiza, dice el sicoanalista Guillermo Rocha, encargado del programa.

Los casos que atienden en esta institución educativa afectan incluso a los mismos sicólogos que prestan el apoyo: Estamos viendo cosas que antes no veíamos, el dolor de los pacientes impacta mucho. Vemos casos de secuestros, de gente que vio cómo mataron a sus familiares, de niños que sólo dibujan armas, gente disparando, hombres encapuchados, militares. Todo ha cambiado.

Incubar la violencia

Era la 1:30 de la mañana del 3 de octubre pasado. El silencio se rompió en el Cerro de la Campana, en el sur de Monterrey, una de las zonas más pobres de la ciudad. Un comando irrumpió en la humilde vivienda de madera y disparó a las camas donde dormía la familia. Mataron a cuatro miembros: Jaime García Hernández (44), Claudia Leticia García Hernández (18), Virginia García Hernández (38) y Eduardo Ruiz García (2). El comando dejó un narcomensaje en la escena del crimen y secuestró a Jesús García (16), un menor que al día siguiente fue colgado vivo de un puente y luego asesinado a balazos. Sobrevivieron al ataque una niña de cinco años y un niño de 13 que posteriormente fue identificado por la mayoría de los medios de información como halcón y narcomenudista.

En los últimos meses grupos del crimen organizado han encontrado en los menores una forma cruel de enviar mensajes a los rivales, asesinando, mutilando o secuestrando niñas y niños en diferentes estados de la República: “La estigmatización de los menores es una de las constantes en esta guerra. Se etiqueta a los heridos a quienes se les relaciona con el crimen organizado. Y la etiqueta de narcohuérfano se ha extendido mucho y se ha convertido en un estigma. Los fondos para niños en orfandad por el narco no tienen éxito porque se convierten en un blanco. El crimen organizado ha comenzado a ver en los niños un vehículo para mandar mensajes a grupos contrarios”, comenta Juan Martín Pérez García, director de Redim.

La desatención y desprotección del Estado es tanta, que cuenta que los niños sobrevivientes de ataques que quedan huérfanos y son entregados a instituciones gubernamentales no están seguros: En varios estados donde les llevan niños los grupos contrarios llegan exigiendo la entrega de los menores y los empleados los tienen que entregar, porque no tienen medidas de protección o seguridad.

En México, la atención a la infancia padece un rezago de 50 años y con la violencia la poca institucionalidad que existe en ese campo se ha colapsado, por tanto, la Redim está exigiendo al Estado que genere un sistema de información que permita conocer el impacto real que está teniendo la guerra en los niños.

Actualmente las instituciones gubernamentales se niegan a dar estadísticas y ocultan información: El Estado mexicano se está negando a dar información sobre el número de niños heridos, asesinados y detenidos. Sencillamente no nos contestan. No hay un reconocimiento oficial del impacto que está teniendo la guerra en niños y niñas, pero mil 400 niños y niñas asesinados no se pueden esconder debajo de la alfombra.

4 oct 2011

Las Mujeres son Iguales en la Montaña y Costa Chica de Guerrero

En la Montaña y Costa Chica de Guerrero, hombres y mujeres han entendido que la lucha es imposible sin la otra mitad del cielo, sin la otra mitad de la resistencia: Ellas.

(Artículo retomado del Colectivo Construyendo Resistencias, en Desinformémonos)

Hace tiempo, las mujeres de la Montaña y de la Costa Chica de Guerrero conocieron a las mujeres zapatistas y a su nuevo modo de organizarse. Se enteraron de la existencia de la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas y de que las mujeres, en ciertas zonas de Chiapas, ocupaban cargos de alto rango y su palabra era escuchada y respetada. Entonces, en Guerrero se preguntaron: “y nosotras, ¿cuándo hacemos nuestra ley de las mujeres?
Ahora, están por cumplirse casi dieciséis años de justicia comunitaria en la Montaña y en la Costa Chica de Guerrero, donde la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria es ejemplo de lucha, resistencia, constancia y congruencia. Sin embargo, su trabajo también les ha traído hostigamiento, acusaciones infundadas y marginación. Además, se encuentran luchando contra las mineras, que buscan apropiarse de su territorio y dañar así su forma de vida.
Desde 2008 hasta 2010, las mujeres discutieron en asambleas cómo dar forma a sus derechos. Después de terminar con sus labores, se reunían y conformaban diálogos que continuaron creciendo. También se encargaban de explicarles a los hombres que no querían ser mandadas, sino caminar juntos. Ellas decían: “tenemos pensamiento, ideas, y uno no es mejor que el otro, sino que los dos juntos son mejores para la familia, la comunidad (…)”.
De esta forma, en las comunidades de Zitlaltepec, San Marcos, Santa Cruz Cafetal, Llano de las Flores, Llano de las Flores I, Nuu Savi Kani, y Chilixtlahuaca del municipio de Metlatónoc, y Llano Perdido del municipio de Cochoapa el Grande, en la Montaña del estado de Guerrero, las mujeres se concentraban en las comisarías y discutían sus problemas. Fue así como decidieron formar comités de mujeres y así, seguir organizándose.
En el 2010 se realizó el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas de la Región de la Montaña, donde se aprobó la Carta de los Derechos de las Mujeres, resultado del trabajo organizativo de casi tres años. Ellas dijeron: “Pensamos que esta carta ayudará a fortalecer el proyecto comunitario y si alguien viola estos derechos será sancionado ente las autoridades comunitarias. Sabemos que sólo trabajando juntos, hombres y mujeres, nuestras comunidades y nuestro proceso de justicia comunitario se fortalecerá. Respetando los derechos de las mujeres también serán respetados nuestros derechos como pueblos”.
Las mujeres fueron enfáticas con los hombres de sus comunidades y señalaron: “Nosotras las mujeres nos organizamos para defender nuestros derechos, pero algunos hombres no están de acuerdo, porque creen que la carta es para que haya pelea entre marido y mujer. Les queremos decir que eso no es verdad, la Carta de Derechos de las Mujeres, es para que ellos, los hombres, nos respeten y reconozcan nuestros derechos”.
Un año después, las mujeres continúan trabajando en sus comunidades. Hay cambios en las responsabilidades y se han nombrado nuevas dirigentes. Ahora, la organización de mujeres en la Montaña ha tenido impacto en otras regiones; la CRAC sabe que es importante que en sus comunidades participen con respeto y equidad los hombres y las mujeres.
Para consultar el artículo completo y enterarte de los testimonios de lucha de las mujeres indígenas de la Montaña de Guerrero, ingresa a desinformémonos: Las mujeres en La Montaña de Guerrero: el otro brazo de la justicia comunitaria.
Familias desplazadas exigen al Estado seguridad
Distintas organizaciones campesinas e indígenas que participan en el Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria (PIDAASSA) y otras agrupaciones, expresaron ayer en rueda de prensa su preocupación por la situación de violencia que padecen numerosas familias del campo que, a causa del enfrentamiento entre grupos delincuenciales, de la militarización creciente por la fallida estrategia gubernamental y por la corrupción existente, se han visto forzados a abandonar sus pueblos y pertenencias para salvar sus vidas.
Estas familias, que cultivan y producen sus propios alimentos, se encuentran en regiones de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Cuando se ven obligadas a salir de sus tierras, llegan a refugiarse en lugares donde las condiciones de vida son adversas y donde no cuentan con los recursos necesarios para adaptarse y alimentarse. Por lo tanto, es necesario que el Estado brinde seguridad previniendo que la gente tenga que desplazarse y castigando efectivamente las agresiones contra estas personas: “Esta situación de familias desplazadas y del campo abandonado, jamás vista ni vivida antes, nos obliga a exigir al gobierno que garantice la seguridad de familias, comunidades y pueblos, en sus vidas y bienes, y los derechos a la alimentación, a la educación, a la tierra y el territorio, reconocidos en la Constitución”.
Por último, las organizaciones llamaron a los tres niveles de gobierno a garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y luchan porque se garantice la soberanía alimentaria: “Llamamos al gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales, a que asuman su responsabilidad y detengan la violencia en el país, con estrategias NO de guerra y SÍ de inclusión de las propuestas de la ciudadanía, a fin de hacer posible el regreso de los desplazados a sus lugares de origen y el trabajo cotidiano de las organizaciones. Es obligación del Estado garantizar los derechos de la ciudadanía”.



Cuenta la CDHDF con unidad de apoyo a afectados en sus derechos / La Jornada, Como parte de la celebración de los 18 años de la comisión, González Plascencia anunció que a partir de ayer funciona de manera oficial la Unidad de Apoyo a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, que acompañará a las víctimas durante los procesos que enfrentan.
Corte dará certidumbre a amparos / El Universal, El Poder Judicial de la Federación está preparado para aplicar la reforma en materia de amparo, que entra hoy en vigor. Esto, a pesar de que la ley reglamentaria se encuentre detenida en el Congreso.
Arraigan a los presuntos asesinos de las periodistas / El Financiero, Se autorizó un arraigo de 30 días en contra de dos personas que fueron detenidas por su presunta coparticipación en el secuestro y asesinato de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González.
Acusan a Pemex de contaminar con carcinógenos en Salamanca / La Jornada, Organizaciones ecologistas del estado de Guanajuato denunciaron ante la Profepa que, durante 17 días, Pemex quemó al aire libre en la refinería de Salamanca sustancias que contenían dioxinas y furanos, mismas que causan cáncer de piel y daños a los sistemas nervioso e inmunológico.


Sentencias de la Corte Interamericana a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo cumplen un año y México no avanza en su cumplimiento / Tlachinollan, Las sentencias impusieron al Estado Mexicano la ineludible obligación de reparar el daño causado a ambas mujeres y sus familiares, así como de asegurar que las violaciones a derechos humanos que sufrieron Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú no vuelvan a cometerse. Esto, al ordenar reformas de índole estructural.

Acción Urgente: Terrateniente de Lomas de Poleo amenaza a sus residentes / Amnistía Internacional, Cencos, Las personas que viven en Lomas de Poleo, un barrio de Ciudad Juárez, han sido amenazadas por guardias de seguridad que trabajan para la familia de un terrateniente local. La mayoría de estas personas han abandonado la zona, pero las que siguen viviendo allí corren peligro de sufrir ataques.
Zapatismo en Wall Street / Zapateando, La escritora mexicana Malú Huacuja del Toro, quien hace ya varios años vive en Nueva York, fue con cámara de video en mano a Wall Street para mostrar el fracaso de que hayan cerrado las calles, tratando de evitar que crezca la manifestación.



No se olvida / Sara Sefchovich, en El Universal. El 2 de octubre significó la búsqueda por opinar y discernir, oponerse al autoritarismo y al lenguaje oficial anquilosado y siempre triunfalista; los estudiantes querían la democracia. Cuarenta años después, con todo y democracia y globalización, la respuesta sigue siendo la misma: mano dura que pretende terminar con la violencia y otorgar seguridad.




“Hoy por hoy (…) la sociedad mexicana es más abierta, es más plural, es más crítica que en ninguna otra época del país, es más participativa, está mejor informada para responder a los intereses y las nuevas preocupaciones de los mexicanos. Es preciso que la radio y los medios en general reafirmen su compromiso con el país y con las mejores causas y los más altos ideales de la ciudadanía”, dijo Felipe Calderón en una comida con comunicadores. Olvidó el Presidente que, a la fecha, México es un país sumamente peligroso para los periodistas y que, desde el 2000, suman más de 80 muertes violentas por el ejercicio de esta labor.

30 Reunión del Congreso Nacional Indígena: “Por la defensa de nuestro territorio”
Este 14 y 15 de octubre, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias invita a las redes, organizaciones sociales y políticas, pueblos y comunidades, académicos, intelectuales progresistas, medios de comunicación libres y alternativos y al pueblo en general, a encontrarse en el marco del 16 Aniversario de la Policía Comunitaria. Este evento se llevará a cabo en la comunidad mephaa de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, Guerrero.


Ciclo de cine “Crímenes de Estado” presenta: Cementerio de Papel

En el marco de la Campaña Siguen Desapareciendo, el Centro Prodh te invita a la proyección de la película Cementerio de Papel (México, 2006), que contará con la presencia de Mario Hernández, director y de Fritz Glockner, guionista del filme. "Cementerio de Papel" narra la intriga en torno a unos archivos que documentan secretos de la guerra sucia de los años setenta en México, donde se ocultan amenazas que incriminan a un ex presidente y a un ex alto comandante policiaco. Es este jueves 20 de octubre, a las 7 de la noche, en las instalaciones del Centro Prodh (Serapio Rendón 57 b, Col. San Rafaél)


25 ago 2011

Desde 2006, han cambiado de residencia 120 mil para ponerse a salvo de la inseguridad, dicen



Legisladores piden al Ejecutivo informar sobre desplazados internos por la violencia

Plantean crear un fondo de restitución de daños para víctimas de la delincuencia organizada

Víctor Ballinas y Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Jueves 25 de agosto de 2011, p. 11

La Comisión Permanente solicitó al Ejecutivo federal elaborar un diagnóstico de la movilidad de personas en el país en función del fenómeno de la violencia, con el fin de diseñar y ejecutar una política pública de atención integral a las mismas.

Los legisladores destacan en el punto de acuerdo aprobado que el Observatorio de Desplazamiento Interno, organismo internacional dependiente del Consejo Noruego para Refugiados, destacó en su informe 2010 que en lo que va del sexenio 230 mil mexicanos cambiaron su lugar de residencia, y de ellos 120 mil lo hicieron para ponerse a salvo (de la violencia).

En otro punto de acuerdo aprobado en la penúltima reunión de la Permanente, los legisladores demandaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el diseño del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 se considere incluir un fondo de restitución de daños para las víctimas del combate a la delincuencia organizada, con los recursos necesarios para cubrir cabalmente con su objetivo.

Destacaron que el tema debe ser considerado en función de que todos los grupos parlamentarios asumieron diversos compromisos el pasado 28 de julio en el castillo de Chapultepec durante el encuentro con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Los legisladores subrayaron que hubo el compromiso de que sí habría una ley de atención a víctimas y una justa reparación del daño a quienes padecen el dolor de la pérdida de familiares.

En el dictamen se detalla que, según datos oficiales, el número anual de víctimas del crimen organizado se multiplicó por siete en sólo cuatro años, al pasar de 2 mil 119 en 2006 a 15 mil 273 en 2010.

El documento advierte que si continúa esta tendencia al finalizar el sexenio podría haber más de 70 mil víctimas mortales.

Durante la penúltima sesión de la Permanente, en la cual se agendaron 60 dictámenes, 49 de ellos se votaron en paquete sin discusión, entre ellos uno por el que se apremió al Ejecutivo a que a la brevedad, mediante la coordinación de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, se generen datos estadísticos e indicadores confiables, de acceso público, para conocer con precisión, oportunidad y regularidad el número de víctimas de la lucha contra el crimen organizado y los efectos de la violencia en el país.

En este punto de acuerdo se subraya que actualmente no existe un indicador que de manera oportuna y periódica ofrezca cifras sobre el número total de muertes relacionadas con el narcotráfico y mucho menos de otros efectos relacionados con la violencia que se ha desatado.

Por ejemplo, se precisa que, de acuerdo con datos oficiales, la cifra de víctimas llega de diciembre de 2006 a 2010 a 36 mil 400.

“En ese conteo se incluyen ejecuciones, muertes en tiroteos entre bandas criminales y los ataques contra las autoridades. Sin embargo, otros conteos, como el del semanario Zeta, señalan que hasta junio del presente año el número de víctimas ya llegaba a 50 mil”.

Los legisladores señalan que muchos ejercicios nacionales e internacionales de medición de indicadores, en términos del ejercicio democrático y de la paz, han insistido en que nuestro país sufre una grave crisis de violencia que nos coloca en una situación preocupante.

Ejemplo de lo anterior, resaltan, es el señalamiento que hizo el Índice de Paz Global 2010 del Instituto para la Economía y Paz, “donde nuestro país sufrió en el último año, junto con Guatemala, el peor deterioro en puntos del ranking, y se ubicó en el sitio 121 de 153 países.

Otra referencia es el Barómetro de Conflictos 2010, realizado por la Universidad de Heidelberg en Alemania, donde nuestro país se encuentra entre los seis más violentos del mundo, con niveles de inseguridad similares a los de Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán.

En el punto de acuerdo para elaborar el diagnóstico de la situación actual de la movilidad interna en función de la violencia, también aprobado sin discusión, se demandó al secretario de Gobernación que remita al Congreso un informe del objeto y alcance de los resultados del grupo de trabajo interinstitucional para atender la situación de quienes cambian su residencia en función del fenómeno de violencia.

Demanda que se diseñen criterios uniformes entre el gobierno federal, las entidades federativas y la sociedad civil en general con el fin de elaborar un diagnóstico nacional sobre la movilidad interna por la violencia.

31 may 2011

Pueblo Triqui regresa a San Juan Copala. Solicita protección a la Comisión Interamericana


  • Después de casi 9 meses del brutal desplazamiento por paramilitares de la región, el gobierno mexicano es incapaz de garantizar el acceso efectivo a sus territorios y respetar el Derecho a su Libre Determinación.
  • Se solicita la ampliación de las Medidas Cautelares para proteger a cientos de Triquis que no cuentan con la protección de la CIDH.
Diferentes barrios Triquis se unieron con los desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala el pasado 23 de mayo de 2011 para iniciar su cuarta caravana también denominada La Marcha del Color de la Sangre, la cual se dirigió en primera instancia hacia la Ciudad de México para agruparse con otras organizaciones solidarias, dar a conocer su lucha y retornar a San Juan Copala el 28 de mayo.
Dicha marcha forma parte de los acuerdos tomados por las autoridades de distintas Comunidades Indígenas Triquis del Municipio Autónomo de San Juan Copala llevada a cabo el pasado 10 de abril del 2011 como respuesta a la omisión del Estado mexicano de garantizar el retorno de los desplazados de San Juan Copala.
Así, después de casi nueve meses de desplazamiento, el Pueblo Triqui irá a recobrar el corazón de su comunidad, San Juan Copala, el Chuman´a, Centro Ceremonial y Político que fue tomado por la fuerza por grupos paramilitares del MULT y UBISORT el 20 de septiembre del año pasado, quienes luego de asesinar a mas de 20 personas y herir a decenas de habitantes, incluídos niños y mujeres, prendieron fuego a casas de la comunidad y amenazaron con colgar “como perros” a los que se quedaran.
En respuesta al desplazamiento y al ataque a la Caravana donde asesinaron a Betty Cariño y Jiry Jaakkola meses antes, el 07 de octubre del 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, DC, otorgó Medidas Cautelares a favor de 135 beneficiarios de la Comunidad de San Juan Copala, que para ese momento eran desplazados de su comunidad.
Sin embargo, pese a que el Estado mexicano se encuentra obligado por el derecho internacional a garantizar la protección de los beneficiarios de las Medidas Cautelares, capturando a los responsables del desplazamiento y asegurando el retorno de los desplazados, México ha fallado frente a la CIDH y frente al Pueblo Triqui y por ello regresan al corazón de su territorio ancestral, San Juan Copala, a recobrar su territorio de manos de los paramilitares.
Esta decisión fue tomada después de que el Gobernador de Oaxaca apareciera en prensa junto con líderes del MULT, señalados como responsables de la violencia paramilitar y responsables del desplazamiento, declarándose “uno más en la lucha” de esa organización, mientras en Marzo pasado el Gobierno Mexicano en una reunión de alto nivel de seguimiento de las Medidas Cautelares en Washington, DC, respondió que era imposible asegurar el retorno por la presencia de paramilitares.
El Estado Mexicano quiere silenciar al pueblo Triqui que lucha por su autonomía, aplazar las decisiones para resolver el problema y dejar que finalmente sean los paramilitares, los que por la vía del hecho y la aniquilación de la lucha autónoma, se presenten como los interlocutores reconocidos oficialmente.
Para asegurar la protección de más miembros del pueblo Triqui que se unen al RETORNO A SAN JUAN COPALA, el 20 de Mayo de este año se solicitó por el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y por el MASJC la ampliación de las Medidas Cautelares 197/2010 otorgadas por el órgano interamericano.
La nueva petición presentada a la CIDH la semana pasada busca que se amplíe la protección a todos los indígenas triquis de San Juan Copala que no residen en el Centro Ceremonial, pero forman parte de la comunidad, porque los efectos del desplazamiento ilegal y violento de los residentes de Copala repercuten no solo en los 135 beneficiarios de las actuales Medidas Cautelares, sino en todos aquellos miembros de la Comunidad Indígena de San Juan Copala, por ello, previo trabajo de identificación se incorpora a miembros de la Comunidad de San Juan Copala y habitantes de los barrios “Paraje Pérez”, “Guadalupe Tilapa”, “Santa Cruz Tilapa” y “Yosoyuxi”. La nueva petición también busca que el Estado Mexicano brinde protección a la Marcha del Caravana que la comunidad Triqui realizará para entrar a su territorio el 28 de mayo próximo, aseguró Priscila Rodríguez Bribiesca, abogada responsable de las Medidas Cautelares por parte del MASJC.
Anteriormente la Corte Interamericana ha determinado en casos de comunidades desplazadas la obligación del Estado de adoptar medidas urgentes para garantizar su acceso efectivo a los territorios que pertenecen. Por ejemplo, el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Sentencia del 29 de Marzo del 2006, según información proporcionada por la representante de la comunidad y abogada de SAKBE.


No más injusticia militar en México. Caso Inés y Valentina
  • Amnistía Internacional hace un llamado a responsabilizar a los culpables de violación a los derechos humanos en lugar de garantizar su protección.
Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas, fueron abusadas sexualmente a través de violación por miembros del ejército mexicano en 2002. Al no lograr obtener justicia en México, llevaron sus casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2010 resolvió a su favor. El suyo es uno de los cuatro casos en los que la Corte Interamericana ha dictado resoluciones contra México desde noviembre de 2009 por violaciones graves de derechos humanos cometidas por miembros del ejército en el estado de Guerrero.
La Corte ha ordenado a las autoridades mexicanas llevar a cabo investigaciones efectivas sobre estas violaciones y reformar el sistema de justicia militar, a fin de que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar queden fuera de la jurisdicción militar y sean competencia del sistema judicial civil.
Amnistía Internacional hace campaña junto con las sobrevivientes y sus familias para pedir a las autoridades mexicanas que eliminen la jurisdicción militar sobre los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.
Es hora de acabar con el círculo de impunidad que durante tanto tiempo ha negado la verdad, la justicia y la reparación tanto a quienes sobreviven a violaciones de derechos humanos como a sus familias.

En la Tierra Caliente de Guerrero hay un daño creciente a causa de la inseguridad: alcalde

La ola delictiva obliga al desplazamiento de cientos de personas y al cierre de negocios

Nadie quiere ser policía en el municipio sonorense de Tubutama, por temor a ser asesinado

Sergio Ocampo, Ulises Gutiérrez y Carlos Figueroa
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 31 de mayo de 2011, p. 10

Un centenar de negocios que incluyen clínicas privadas, tiendas de abarrotes y casas de materiales para construcción cerraron sus puertas en el municipio guerrerense de Ciudad Altamirano debido a la violencia que azota la Tierra Caliente, señaló el alcalde, Gustavo Adolfo Juanchi Quiñónez.

Entrevistado vía telefónica, el munícipe priísta dijo tener conocimiento de que mucha gente abandonó la cabecera municipal, extraoficialmente unas 500 personas; pero el fenómeno es extensivo a los demás municipios de la región enclavada entre Guerrero y Michoacán, donde los negocios ya no tienen afluencia y hay un daño creciente a causa de la inseguridad.

Juanchi Quiñónez añadió que por efecto de la misma crisis el desempleo se ha incrementado y hay éxodos de ciudadanos, aunque se ignora en qué proporción.

Sin policía

La misma situación impera en Tubutama, municipio fronterizo ubicado al noroeste de Sonora, donde al menos 400 de sus 900 habitantes abandonaron sus hogares en lo que va del año, y ya no queda ningún policía, pues de los 10 que había ocho se dieron de baja, uno falleció el mes pasado y el último fue asesinado, según relató el secretario del ayuntamiento, Jaime Rodríguez Morales.

Julio Adrián Paz Robles, de 34 años, era el comandante interino y único policía municipal, pero fue asesinado el pasado domingo en pleno centro de Hermosillo junto a un joven de 14 años, expresó.

Pero en Tubutama tampoco hay alcalde, pues el panista Santos Castañeda Barceló convalece de las lesiones que se causó al caer del caballo, mientras el éxodo de habitantes continúa por el terror que siembran diversos grupos delictivos en su disputa por controlar el trasiego de drogas e indocumentados hacia Estados Unidos.

Aunque Rodríguez Morales atribuye la disminución poblacional especialmente al desempleo, hay vacantes que nadie quiere ocupar, y menos las de policías, pese a que la cabecera municipal está en aparente calma. Sin embargo, en las brechas, caminos y carreteras y comunidades aledañas hay constantes operativos militares y policiales.

El secretario espera que se solicite al gobernador Guillermo Padrés Elías la solución al problema de la inseguridad, que en junio de 2010 incluyó entre sus víctimas a dos funcionarios municipales, uno de ellos dirigente del PAN.

Otro caso es el de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde el catastro municipal hizo una revisión y encontró más de 25 mil terrenos y casas deshabitados; la mayoría de los ocupantes emigró a Estados Unidos.

28 may 2011

Triquis piden a la CIDH que les otorgue medidas cautelares

Estamos dispuestos a morir por justicia para los indígenas


Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 14

Más de 300 familias del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, iniciaron ayer un nuevo intento por regresar a sus comunidades de origen, luego de haber sido desplazados por paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

La cuarta versión de la llamada Marcha del color de la sangre no sólo busca que los copaleños por fin regresen a sus hogares, tras dos años de éxodo forzado; también hará énfasis en la exigencia de justicia por los asesinatos y agresiones que han sufrido, afirmó en rueda de prensa Macario García Merino, representante de dicha comunidad.

La movilización, que comenzó ayer en el Ángel de la Independencia, también pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que conceda medidas cautelares a más de mil habitantes de San Juan Copala y los barrios aledaños de Paraje Pérez, Guadalupe Tilapa, Santa Cruz Tilapa y Yosoyuxi.

La petición ya fue realizada de manera formal ante esa comisión, el pasado 20 de mayo. En caso de ser aceptada se sumaría a las que ya fueron otorgadas para 135 personas más, sin que hasta el momento el Estado mexicano haya realmente cumplido con la medida, afirmó Claudia Gómez Portugal, de la organización civil Sakbé.

En videoconferencia desde Washington, sede de la CIDH, la abogada Priscila Rodríguez subrayó la incapacidad del gobierno para aplicar medidas elementales de protección en favor de las víctimas, y aseveró que si esta actitud persiste, muy pronto la justicia interamericana podría juzgar y sentenciar de nuevo a las autoridades del país.

Por su parte, Reyna Martínez, vocera de los desplazados de San Juan Copala, dijo: nuestras armas son seguir exigiendo justicia y respeto para todos los pueblos indígenas del país. Si nos quieren matar cuando lleguemos allá, ya va a ser más en público, y estamos dispuestos a morir si hace falta.


La caravana Del color de la sangre se reunirá hoy con el gobernador Gabino Cué

No queremos venganza, sólo estar en nuestro pueblo: desplazados de Copala

Opositores al municipio autónomo violan mujeres y disparan a pobladores, acusan

Foto
Integrantes de la caravana triqui marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, en demanda de solidaridad de organizaciones socialesFoto María Luisa Severiano

Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 14

Se acerca la temporada de lluvias. En el nudo serrano de la Mixteca, donde se ubica la región triqui, las laderas áridas se pondrán verdes. Los campesinos saben que de lo que siembren dependerá su sobrevivencia. Esta es una de las razones que empujan al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (Multi) para intentar, este fin de semana por cuarta ocasión, el retorno a San Juan Copala. Dice Rogelia López: Vamos a volver a nuestras casas, no a las de ellos. No queremos venganza, sólo estar en nuestro pueblo.

La caravana que llamaron Del color de la sangre –por el traje de sus mujeres, por la fratricida historia de su pueblo– tomó camino la tarde del viernes hacia Oaxaca en un convoy de siete autobuses. Este sábado, antes de seguir su ruta, tienen una cita con el gobernador Gabino Cué, quien los recibirá en la capital estatal. Ayer advirtió a los dirigentes que todavía no hay condiciones de seguridad en Copala, informó el vocero Jorge Albino. Tres caravanas previas organizadas por el Multi en 2009 y 2010 fueron emboscadas poco antes de llegar al pueblo por grupos armados de las organizaciones rivales, Mult y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

A lo largo de la pasada década el conflicto entre las organizaciones triquis ha provocado cientos de muertos, entre los que se incluyen a líderes históricos. La mayoría de las víctimas de uno y otro bando son mujeres. Finalmente, en septiembre del año pasado, luego de un prolongado sitio, las familias que quedaban en Copala fieles al Multi –que fundó el municipio autónomo en enero de 2007– fueron expulsadas a balazos.

Por eso, Naila Heidi Velasco, que tiene siete años y una mirada fiera, ha perdido dos años de escuela y vive desde hace ocho meses a la intemperie, en la plaza central oaxaqueña. En los dos plantones –el de Oaxaca y el del Distrito Federal– quedan todavía 400 desplazados de Copala. En su breve vida, Naila ha caminado docenas de marchas, entre ellas la de Cuernavaca-México que organizó recientemente el poeta Javier Sicilia. Añora la vida que dejó atrás, en su pueblo. Y tiene vivos recuerdos de la violencia. Esos señores que mandó Ulises (Ruiz) mataron a mis pollitos y a mi perro. Y también mataron a un niño.

Elías Fernández era de su edad. Iba en cuarto de primaria. Era noviembre de 2009. Estaba jugando con una pandilla alborotada de chamacos mientras los adultos preparaban una fiesta de bienvenida para los pobladores de San Salvador Atenco, que iban en otra caravana solidaria. Los hombres –los del Multi dicen que fueron del Mult, un eslabón más en la cadena de acusaciones mutuas– dispararon para echarles a perder la fiesta, una bala le dio en la cabeza a Elías.

Eso ocurrió durante el cerco.

Vivir sitiados

Desde 2009 el conflicto entre triquis se exacerbó. Hombres armados por las organizaciones opuestas al municipio autónomo de Copala ubicaron francotiradores en los cerros que rodean al pueblo e impusieron un estado de sitio que el gobierno del estado toleró. Marcelina de Jesús López cuenta: Como no pudimos sembrar había que comprar la despensa, pero los paramilitares tenían control de la carretera. Entonces formábamos grupos de seis, ocho mujeres para antes del amanecer salir por las veredas, cruzando el río. A veces desde el monte nos disparaban para asustarnos. Otro día fui en comisión a una reunión. Lo hicimos a escondidas, corriendo. Iba con Celestina. Una bala me atravesó el brazo y entró en mi pecho. Como ya era tarde no recibí atención médica en toda la noche, hasta el día siguiente que pudieron llevarme a Juxtlahuaca. Pero después la cosa se puso peor. Otro día atacaron a otro grupo de mujeres. A dos las violaron, a Francisa y a Natalia. A ella la dejaron ahí tirada, encuerada. Las balaceras eran todo el día, a cada rato. Así que un grupo grande (50 familias) decidimos salir. Fuimos a Yosoyuxi con los heridos y los ancianos. Pensábamos que era por pocos días, que el gobierno iba a solucionar. Eso fue el 10 de septiembre del año pasado.

Rogelia López, que tiene una tienda de abarrotes en el centro del pueblo y su casa en las orillas, recuerda que dejó bien cerrado con candado cuando se fue. Ahora, por versiones que ha escuchado, sabe que todas sus pertenencias han sido saqueadas.

María Agustina, de 60 años y su esposo Eugenio, también ya mayor, tienen miedo de volver. Pero igual está dispuesta. Ella fue de las últimas en salir. Ellos, los paramilitares, ya estaban en el pueblo; caminaban enseñando sus armas por la calle. A los independientes nos prohibieron salir de las casas, nos prohibieron ir por agua, prender lumbre. Pero yo cocí mi nixtamal, lo molí en el metate y encendí el fogón. Cuando vieron que salía el humo dispararon. La bala atravesó la lámina del techo y se encajó en el brasero. Entonces el miedo los paralizó. En tres días la pareja de ancianos no se atrevió ni a cruzar el patio por un balde de agua. Entonces decidieron huir de noche. Sólo quedaban ellos dos, Evangelina y su mamá, ya muy abuelita. La viejita no pudo avanzar y se quedó con su hija. Los otros dos ancianos llegaron con el último resuello a Yosoyuxi.

Detenidas por la gente armada de Ubisort, días después las dos últimas mujeres fueron evacuadas por la policía estatal. Y San Juan Copala quedó bajo control del Mult. Ahora ellos se niegan a recibir a sus vecinos y rivales. Y no es verdad, como dice Televisa, que en Copala ya se puede vivir en libertad. Nosotros ahí pertenecemos y no podemos ni volver, concluye Rogelia.