La Arquidiócesis de SLP defendió a cura acusado de violación y asesinato

Condenado a 33 años de prisión fue liberado por 

un amparo otorgado por la SCJN

El sacerdote salesiano José Carlos Contreras Rodríguez, sentenciado a 33 años de prisión, fue liberado por la SCJNFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para la La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 8 de junio de 2014, p. 14

San Luis Potosí, 7 de junio.

El abogado de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Armando Martínez Gómez, quien lleva el caso del sacerdote acusado de pederastia, Eduardo Córdova Bautista, suspendido definitivamente por el Vaticano, ha defendido a otros sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores, como el salesiano José Carlos Contreras Rodríguez, a quien incluso logró que se le liberara a pesar de estar condenado a 33 años de prisión por la violación y asesinato de una menor.

Con base en el expediente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este caso, al que ha tenido acceso La Jornada, la operación de la jerarquía católica potosina buscó siempre liberar al sacerdote Contreras Rodríguez, actuación coherente con la negativa de la institución a proporcionar información al Ministerio Público para localizar al sacerdote Córdova Bautista, investigado por el abuso sexual de más de 20 menores.

En aquella ocasión el sacerdote Contreras Rodríguez fue condenado a 33 años de prisión por la juez sexta del penal, Juana María Castillo, por violar y asesinar de manera brutal a Itzachel Shantal González López, de 16 años, alumna del Instituto Salesiano Carlos Gómez, lugar donde fue encontrado su cadáver el 20 de octubre de 2007.

El sacerdote defendido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí pasó sólo cuatro años en prisión, ya que el abogado Martínez Gómez, interpuso un recurso solicitando un amparo directo bajo el expediente 78/2012 para impugnar la sentencia definitiva y la eliminación de la sanción pecuniaria por el monto de 26 mil 180 pesos y 138 mil 992 pesos por concepto de reparación del daño.

Fueron el ministro ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y su secretario Javier Mijangos y González, los que finalmente liberaron al sacerdote acusado de violación y asesinato el 21 de agosto del año pasado. Ambos también determinaron la libertad de la francesa Florence Cassez.

Sin embargo, el ministro José Ramón Cossío Díaz, emitió un voto particular en contra por considerar errónea la decisión de la SCJN: No comparto la decisión de la mayoría, porque me parece que no se cumple con los parámetros determinados por esta primera sala para verificar con exhaustividad la legalidad de la sentencia penal que se reclama y, además, considero que no se realizó un estudio completo de todas las pruebas.

Crimen sin castigo

Itzachel Shantal era alumna de bachillerato del Instituto Salesiano y el día de su asesinato acudió al plantel para entrenar con el grupo de porristas al que pertenecía. No volvió a su casa.

La menor fue reportada extraviada por su familia y dos días después fue encontrada en el aula audiovisual del colegio que estaba en remodelación. Algunos albañiles y personal de intendencia encontraron el cuerpo de Itzachel Shantal oculto bajo una colchoneta cubierta de escombros. Los reportes forenses señalan que estaba sin vida desde hacía 42 horas. La autopsia determinó que fue violada y estrangulada.

La investigación del homicidio duró dos años y el sacerdote José Carlos Contreras Rodríguez, director de la primaria, fue detenido en 2009, ya que era el único que se encontraba en el edificio donde ocurrió el asesinato.

Durante la investigación el sacerdote contó con el apoyo no solo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, sino también de la Procuraduría General de Justicia del Estado, según denunció el investigador policial Julio Ceballos, quien acusó de encubrimiento al ex gobernador Marcelo de los Santos, al entonces director general de Seguridad Pública Municipal, Luis Gerardo Olvera, quien supuestamente maquilló la escena del crimen para retirar la evidencia; al entonces procurador del estado, Martín Camberos Hernández, y al ex director de averiguaciones previas, Héctor Vega Robles.

En cuanto el sacerdote fue detenido, la Arquidiócesis de San Luis Potosí y la orden Salesiana organizaron manifestaciones y actos públicos de apoyo, exigiendo su liberación, ya que consideraron que el proceso en su contra era sólo inventos con galimatías jurídicas.

Durante cuatro años de reclusión, el sacerdote Contreras Rodríguez recibió el apoyo permanente de la arquidiócesis y del abogado Martínez Gómez, quien inició una estrategia jurídica con el propósito de lograr su liberación.

El expediente judicial incluye más de 600 declaraciones recopiladas entre familiares, amigos, padres de familia y maestros del colegio y de la comunidad salesiana, pero el proceso de investigación no avanzaba y fue hasta la entrada de un nuevo gobierno cuando las cosas cambiaron, particularmente porque el abogado del Instituto Salesiano, Cándido Ochoa Rojas, se convirtió en procurador y dio a conocer que desde hacía meses tenían una orden de aprehensión contra el sacerdote Contreras Rodríguez, quien fue detenido, sometido a proceso y sentenciado.

Sin parámetro de exigencia

La defensa del abogado Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México y del Consejo de Analistas Católicos de México, al lado de Jorge Serrano Limón, dirigente de Provida, y Paola Villela, de la organización Yo Influyo, cuya labor en la promoción de la defensa de la jerarquía católica fue definitiva para la liberación del sacerdote salesiano.

La primera sala de la SCJN determinó finalmente que las pruebas que presentó la Procuraduría General de Justicia del Estado se basaron en indicios fuera de lógica y carentes de sentido común, y mantuvieron en prisión durante cuatro años al sacerdote en el Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila.

Sin embargo, el ministro José R. Cossío Díaz argumenta en su voto particular que el amparo concedido al acusado no cumplió con el referido parámetro de exigencia que la primera sala ha impuesto para la resolución de un juicio de amparo directo en materia penal.

El estudio de la legalidad es incompleto. Lo anterior porque en la sentencia no se reflejó la revisión integral y total de las pruebas incorporadas a la causa penal, dice el texto del voto particular al que ha tenido acceso La Jornada.

Y añade: En la sentencia, se realizó una narrativa parcial y segmentada de un conjunto de pruebas; sin embargo, no se narraron todos los elementos probatorios (mas de 50 elementos) que tuvo en cuenta la autoridad responsable para dictar la sentencia definitiva reclamada.

El ministro Cossío Díaz señala en su voto particular que para cumplir los requisitos de la legalidad indispensables en un juicio de amparo directo, en el que se advierte una violación a las reglas para valorar las pruebas, el tribunal de amparo debió analizar cada una de estas pruebas de forma individual e integra.

Me parece que en la sentencia de amparo no existe un análisis exhaustivo de los medios de prueba, pues de los 296 medios de prueba que se transcriben en la sentencia reclamada, sólo se confrontan alguno de ellos.

No es el único caso donde la jerarquía católica mexicana decide defender a sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores. El abogado Martínez Gómez también ha defendido al cura pederasta Nicolás Aguilar, por el cual se denunció al cardenal Norberto Rivera Carrera por conspiración a la pederastia ante la Corte Superior de California.

También defendió al sacerdote marista Carlos González González, acusado por cuatro niñas de la primaria del Instituto Potosino de abusos sexuales, y al sacerdote Noé Trujillo, adscrito a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, detenido por elementos de la Policía Ministerial por la denuncia de la madre de una adolescente de 14 años, a quien con engaños llevó a un despoblado y la violó.

Juez federal lo encuentra culpable de corrupción de menores y pornografía infantil

Condenan a Succar Kuri a 13 años de prisión y a reparar el daño moral

La sentencia no es definitiva; el procesado puede impugnarla

Deberá pagar 350 mil pesos a cada una de las menores afectadas

Aún enfrenta cargos por violación equiparada y estupro

El 15 de julio de 2006, Jean Succar Kuri arribó al hangar de la Procuraduría General de la República, en la ciudad de México, después que las autoridades de Estados Unidos aprobaron su extradiciónFoto José Antonio López

Alfredo Méndez y Hugo Martoccia

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2011, p. 13

El pederasta Jean Succar Kuri fue sentenciado este miércoles, en primera instancia, a 13 años de prisión por los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil, después de un proceso que lleva más de cinco años. La condena, que aún no es definitiva y puede ser impugnada por el procesado, fue dictada por el juez segundo de distrito de procesos penales federales en Cancún, Quintana Roo, Gabriel García Lanz.

Succar Kuri está internado en la cárcel de Cancún, donde aún enfrenta procesos del fuero común por violación equiparada y estupro.

Por la tarde, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el material probatorio que obra en el proceso penal se consideró suficiente para tener por demostrado plenamente en su comisión el delito de pornografía infantil, así como el de corrupción de menores, y la plena responsabilidad penal de Jean Touma Hanna Succar Kuri.

El órgano disciplinario y administrativo de jueces y magistrados agregó que “a lo anterior se suma la circunstancia de que obran agregadas al proceso copias certificadas de diversos procesos penales seguidos ante autoridades judiciales del fuero común contra el sentenciado Succar Kuri, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de violación, corrupción de menores y otros, cometidos en agravio de diversos menores de edad.

“En lo relativo a las penas que le fueron impuestas, se consideró que en el caso se actualizaba un concurso ideal de delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 del Código Penal Federal, por lo cual se le aplicó la pena correspondiente al delito que merece la mayor sanción, es decir, al de pornografía infantil; sanción que se aumentó en una mitad.

“Se consideró también que el grado de culpabilidad que le correspondía a Succar Kuri es el equidistante entre la media y la máxima, por lo cual se le impuso la sanción de 13 años un mes y 15 días de prisión, y multa de 85 mil 837 pesos.

Es así que se condenó a Jean Succar Kuri al pago de la reparación del daño moral ocasionado a las menores, por lo cual deberá pagar a cada una de las afectadas la cantidad de 350 mil pesos, puntualizó el CJF.

En entrevista con La Jornada, el abogado de las víctimas, Xavier Olea Peláez, dijo que la ampliación de la pena se debe a que existe la concurrencia de los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil. Comentó que la sentencia tiene que ver con el abuso cometido contra siete menores de edad (entre ellos un varón), a los cuales Succar Kuri manipuló para llevarlos a su casa, les mostró material pornográfico, los hizo posar desnudos o con trajes de baño, y compartió las imágenes con otras personas.

El abogado Olea Peláez explicó que el delito de corrupción de menores se generó porque el inculpado abordaba a infantes y adolescentes en lugares públicos, los llevaba a su casa, en la zona hotelera de Cancún, y les ofrecía dinero y regalos.

El delito de pornografía infantil se configuró porque se probó que Succar Kuri, junto con su esposa Gloria Pita, tomaba fotografías y videos de los menores, y además les hacían ver otros videos de contenido sexual. El empresario de origen libanés también distribuyó correos electrónicos con esas imágenes.

Por la noche, en conferencia de prensa en Cancún, Xavier Olea dijo que la sentencia contra Succar Kuri es ejemplar, porque se le pone un alto a las personas que practican el delito de la pederastia.

No obstante, Olea denunció que la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo está demorando el proceso y pretende desvirtuar las pruebas que presenta la defensa de los menores.

Agregó que el juez tercero de lo penal, Víctor Manuel Echeverría Tun, quien lleva los procesos contra Succar por violación equiparada, cerrará la etapa de instrucción de esos litigios el próximo 9 de mayo.

El caso contra Succar Kuri se inició en 2004, cuando Edith Encalada (en ese tiempo menor de edad) denunció las vejaciones a las que había sido sometida por el libanés desde que era niña.

En 2005 la periodista Lydia Cacho publicó Los demonios del edén, un reportaje en el que puso al descubierto la protección que Jean Succar Kuri recibía de políticos y empresarios, entre ellos Kamel Nacif Borge, conocido en el sector empresarial como El rey de la mezclilla.

En ese libro la comunicadora documentó la existencia de una red internacional de pederastas y de pornografía infantil que era liderada por Succar desde Cancún.

La publicación del libro le valió a Lydia Cacho múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, pero también una denuncia penal que se tramitó ante las autoridades del estado de Puebla, gobernado hasta hace dos meses por el priísta Mario Marín.

La grabación de una llamada telefónica privada entre el gobernador Marín y Kamel Nacif (divulgada por la periodista Blanche Petrich en 2006), reveló que entre el político y el empresario hubo colusión dolosa para afectar a Lydia Cacho como represalia por la publicación de su libro.

La comunicadora quintanarroense fue detenida por policías poblanos ese mismo año y después de permanecer varias horas en una cárcel municipal de Puebla recuperó su libertad, pero fue sometida a un largo proceso penal del que salió absuelta.

Tras causar una ola de indignación pública, el caso de la detención de Lydia Cacho llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que después de varios meses de analizar el asunto, y apenas con una mayoría de seis votos contra cinco, determinó (en noviembre de 2007) que no se violaron las garantías individuales de la periodista.

La de ayer fue la primera de varias sentencias condenatorias que se irán acumulando contra el pederasta Succar Kuri, advirtió el penalista Olea Peláez.

Explicó que no habrá pena corporal que resarza el grave daño que este sujeto causó a decenas de menores de edad.

Los escándalos de pederastia influyeron en el descenso de fieles, asegura el especialista

La caída en el número de católicos en el país, mayor a lo que reporta el Inegi: Masferrer

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Lunes 7 de marzo de 2011, p. 12

Los resultados sobre el porcentaje de católicos existentes en el país, dados a conocer esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el contexto de la presentación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, son complacientes con dicho credo, pues hubo un manejo amable de las cifras, pero no riguroso, aseguró Elio Masferrer Kan, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones.

En entrevista señaló que todo parece indicar que las amenazas de boicotear el censo, hechas el año pasado por la Iglesia católica, doblaron algunas manos, y dijo que el porcentaje de católicos en México no es de 83.9, sino de 82.72, lo que quiere decir que el descenso de seguidores de este credo bajó de 2000 al año pasado 5.3 por ciento, y no 4.1.

Luego de realizar un análisis de los datos –Masferrer tiene experiencia en demografía histórica y realización y análisis de censos–, indicó que para llegar a esos porcentajes el Inegi cambió el universo censal, no comtempló en el todo a quienes no especificaron su religión, y por tanto los resultados variaron, pero en beneficio de la Iglesia católica.

Además resaltó que aun tomando en cuenta las cifras del Inegi como las presentaron, el descenso de católicos es significativo y generalizado en todos los estados del país, pues en 2000 se asumía como tal 88 por ciento de la población.

Añadió que el descenso en entidades como Quintana Roo, Distrito Federal, Chiapas y Yucatán indica que la Iglesia católica pierde adeptos de forma constante, y consideró que algunas de la razones que han contribuido a ello son los escándalos de pederastia y la aplicación de una propuesta pastoral alejada de la vida de la gente.

Masferrer Kan indicó que además se evidencia que los feligreses no siguen el discurso del credo respecto del no uso de anticonceptivos. Los católicos se divorcian, viven en unión libre y además usan condones y otros métodos anticonceptivos; el discurso de la institución está alejado de las prácticas sociales de los feligreses. En el apartado de tasa de natalidad por grupo religioso, los católicos están entre los que tienen menos hijos.

Esta semana Manuel Corral, secretario ejecutivo de relaciones institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), minimizó el descenso de católicos en el país. Precisó que lo que más importa a la Iglesia católica es la calidad de los feligreses y no tanto la cantidad.