"Abriría el camino" a grupos religiosos para exigir concesiones en medios

Presiona AN para que el 24 constitucional señale también libertad de conciencia

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de diciembre de 2011, p. 17

Por segunda ocasión consecutiva, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados no logró el quórum necesario para sesionar, y el PAN presionó a PRI y PRD para que se convoque a una nueva reunión –este miércoles–, con el único objetivo de aprobar un dictamen de reforma al artículo 24 constitucional, para agregar la libertad de conciencia a las de creencia y culto, ya incluidas en dicho apartado.

La reforma, como han denunciado ONG y diputados de PRI, PRD y PT, abriría el camino no sólo para que los ministros de culto ejerzan su ministerio fuera de los templos, sino también para que las asociaciones religiosas, sobre todo la católica, puedan exigir posteriormente concesiones de radio y televisión.

La iniciativa es impulsada por el vicecoordinador del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas –quien forma parte del equipo de precampaña de Josefina Vázquez Mota– y el priísta Ricardo López Pescador, cercano a la arquidiócesis de Durango, entre otros.

Pérez Cuevas, quien es secretario de la comisión, pidió que se convocara a la reunión de ayer, pero no se presentó. Más tarde, en el pleno de la sesión ordinaria, se acercó al coordinador del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, para demandarle que convenciera a la diputación perredista de que convocara a una reunión extraordinaria, donde sólo se aborde el cambio al citado artículo 24.

Enseguida, tanto Rojas como Pérez Cuevas se acercaron al ex coordinador perredista Alejandro Encinas, para que éste a su vez llamara al presidente de la comisión, Juventino Castro y Castro (PRD), para convencerlo de citar nuevamente para hoy.

Desde el jueves, fuera de la agenda del encuentro de la Comisión de Puntos Constitucionales, PRI y PAN pretendieron incluir el tema. Sin embargo, el diputado Jaime Cárdenas (PT) cuestionó la irregularidad y después abandonó el encuentro, con lo cual se rompió el quórum.

Ante las presiones de Pérez Cuevas, la comisión volvió a convocar a sesión extraordinaria, para las 15:30 horas de ayer, pero ésta no se llevó a cabo debido a que a las 4 de la tarde sólo habían llegado ocho de los 30 integrantes: los panistas Maricarmen Valls, Camilo Ramírez Puente y Gustavo González; los priístas Jorge Rojo García de Alba, Ricardo López Pescador, Fernando Ferreyra Olivares y Reginaldo Rivera, y el perredista Rosendo Marín, quien temporalmente suple al ministro Castro y Castro.

Ayer, Jaime Cárdenas anticipó que no se presentaría a la reunión, debido a que fue citada de manera irregular y fuera de las disposiciones del reglamento de la Cámara, el cual dispone que no se citará a comisiones en día de trabajo en el pleno parlamentario.

Además, la semana pasada el orden del día incluía el proyecto de dictamen en el cuarto lugar, después de otros tres puntos, pero en el de ayer PAN y PRI lo cambiaron al primer sitio.

La propuesta de López Pescador pretende que la Constitución garantice la libertad de conciencia, y que para ello debe suprimirse el contenido del tercer párrafo del artículo 24, para eliminar que sólo en casos extraordinarios se celebren actos religiosos o de culto fuera de los templos.

El Estado debe garantizar el pleno uso de los derechos: Dilcya García

Reprueba la Conavim que se criminalice a mujeres

Ariane Díaz

Periódico La Jornada
Lunes 3 de octubre de 2011, p. 12

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Dilcya García, reprobó que se criminalice a las mujeres por abortar. Como Estado tenemos que garantizar todas las formas de prevención y opción para que las mujeres y los niños puedan vivir de manera plena todos sus derechos. Es un falso cliché que haya mujeres a las que les guste abortar o tener un embarazo no deseado, señaló en entrevista, luego de la inauguración de la sección Mujeres a cuadro, del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.

La Conavim y el festival seleccionaron una serie de trabajos fílmicos en los cuales se abordan historias de injusticia, discriminación y violencia contra las mujeres acentuadas por su condición de género.

Al término de la primera función se llevó a cabo una mesa redonda con la participación de la funcionaria y de María de la Paz López, representante de ONU Mujeres; Irma Saucedo, miembro de la agrupación Ni uno más, ni una más; e Inti Cordera, director ejecutivo de festival.

María de la Paz López expresó que mucho de lo que se considera tradición no lo es. Es más una forma de mantener una dominación o un ejercicio de poder y eso lleva a institucionalizar la violencia, no sólo en términos culturales, sino también jurídicos.

Ello hace que persistan en algunas entidades federativas figuras como el rapto, la tutela o el homicidio por razones de honor, y quienes trabajamos por los derechos humanos debemos identificarlo para poder cambiar los entornos, agregó.

Irma Saucedo, por su parte, llamó a defender nuestro desarrollo, nuestra capacidad creativa y nuestros derechos por encima de cualquier mandato cultural o dominante. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, seis de cada diez mujeres en el mundo han vivido, viven o vivirán un episodio de violencia verbal, emocional, física, sexual o familiar en su vida.

El fallo de la SCJN, golpe al Estado laico

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Domingo 2 de octubre de 2011, p. 13

Al dejar vigentes las reformas legislativas de Baja California y San Luis Potosí que protegen la vida desde la concepción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentencia que la maternidad sea considerada constitucionalmente una obligación y no un derecho, aseguró Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En entrevista, el ex ministro subrayó que lo más grave es que al no declarar inválidas esas normas se da un golpe al Estado laico. Con esa decisión en México ya es constitucional la encíclica papal que en 1869 declaró que el cigoto tiene derechos desde la concepción, la cual fue emitida por Pío IX, papa que declaró sin efectos las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857.

El investigador lamentó la injerencia sin precedentes del Poder Ejecutivo en el debate de la SCJN sobre dichas leyes. En particular se refirió al proceder del Presidente, quien se pronunció en favor de la vida desde la concepción, y del subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, quien en un desplegado criticó el proyecto del ministro Fernando Franco, quien se pronunciaba por invalidar las modificaciones. Con ello se vulneró el principio de separación de poderes, aseveró.

El también ex procurador general de la República resaltó que si bien en algunos estados todos los partidos avalaron las leyes antiaborto, la responsabilidad directa para que éstas existan en 17 entidades es del PRI y del PAN.

La importancia de los cambios tiene muchas implicaciones, comentó. Una es que por vez primera se da una grave restricción a los derechos fundamentales en México. La Corte aprobó el derecho del cigoto y estableció un deber para las madres. Esto es una regresión a la libertad de las mujeres y hoy, en el país, podemos decir que la maternidad es obligatoria.

No sólo se verán afectados los derechos de las mexicanas. Al trastocar la naturaleza del Estado secular mexicano se perjudica al total de los ciudadanos.

Otra implicación es que en los estados donde se han aprobado esas reformas el uso del dispositivo intrauterino o la píldora del día siguiente puede ser motivo de persecución penal y quienes usen esos métodos de planificación familiar podrían ir a la cárcel.

Una cosa es la fecundación del óvulo y otra la implantación de éste en el útero (lo que evitan los métodos anticonceptivos). Como estas leyes protegen al cigoto desde la fecundación, el uso de éstos implicaría homicidio. Entonces, las mujeres que tomen la pastilla son susceptibles de ser acusadas de ese delito.

Pide la CEM a religiosos defender la vida en misas

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Domingo 2 de octubre de 2011, p. 14

Francisco Chavolla Ramos y Rodrigo Aguilar Martínez, responsables de las dimensiones Familia y Vida, respectivamente, dependientes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), invitaron a cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes, consagrados y laicos a defender la vida desde la concepción-fecundación en todos los espacios en que les sea posible.

En un escrito les recomiendan ofrecer la intención de la misa por este trabajo en favor del reconocimiento de la existencia de un ser humano desde el momento de su concepción, y en este sentido sugieren que los señores sacerdotes exhorten en todas las misas, especialmente la dominical, a hacer oración por la vida e integrar en la homilía la enseñanza de la Iglesia sobre el evangelio de la vida.

También los instan a orar por todos aquellos a quienes Dios ha llamado para servir al pueblo mexicano: por los gobernantes en sus diversos niveles y poderes, para que estén llenos de sabiduría, paz y fortaleza en el servicio en favor de la vida de todos los mexicanos, así como a rezar el rosario encomendando a la Virgen María de Guadalupe su intercesión para que sepamos llevar a cabo el anuncio, la celebración y el servicio del Evangelio de la vida como un proceso permanente.

En el texto expresan que el escrito se emitió con motivo de la discusión que hubo esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las reformas constitucionales en Baja California y San Luis Potosí en favor del reconocimiento y protección de la vida de un ser humano desde el momento de la concepción-fecundación.

Agregan: Sólo siguiendo este camino se podrá alcanzar la justicia, un desarrollo con rostro humano, la libertad verdadera y la paz y felicidad que tanto necesitamos como nación, y recuerdan que la vida es central en el mensaje de Jesús y en el Concilio Vaticano II se enseñó que la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado; el aborto y el infanticidio son crímenes abominables.

Explican que por esa razón todo lo relacionado con la vida digna del hombre es un asunto de importancia fundamental para los discípulos de Jesucristo y por ello todo bautizado debe empeñarse con decisión en el trabajo de respetar, defender, amar y servir a la vida, a toda vida humana.

Añaden que salvaguardar la vida es una tarea que corresponde en particular a los responsables de la vida pública, llamados a servir al hombre y al bien común. Tienen el deber de tomar decisiones valientes en favor de la vida.

El vocero de la Corte lo niega, pero el religioso dice que Calderón y el Vaticano decidieron el fallo

Una llamada del Papa logró que la SCJN avalara la ley antiaborto: obispo de Mexicali

Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 30 de septiembre de 2011, p. 17

Una llamada del papa Benedicto XVI determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara, el pasado miércoles, la reforma antiaborto de Baja California, aseguró el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías. El religioso aseguró: Casi perdíamos ayer (el miércoles), pero una llamada del Papa, no sé a quien, no me pregunten, cambió todo.

Por la noche, el vocero de la Suprema Corte, Jorge Camargo, rechazó los señalamientos del religioso, en el sentido de que los ministros del máximo tribunal hayan recibido llamada alguna que influyera en su decisión en torno a la decisión del pleno de validar las reformas a las constituciones de Baja California y San Luis Potosí que reconocen derecho a la vida desde la concepción.

Los ministros, sostuvo el funcionario, resolvieron guiados únicamente por sus criterios jurídicos y absoluta independencia.

Por la mañana, en declaraciones a un periódico local, el obispo Guerrero Macías calificó de éxito la resolución de la SCJN, en un hecho donde el Papa participó, el gobernador participó, los gobernadores participaron, y el Presidente de la República participó en esta ley en favor de la vida que ha sido maravillosa, una noticia muy hermosa.

Invitado a bendecir las fiestas por el alcalde priísta Francisco Pérez Tejada Padilla, el religioso también reconoció que hubo mucha presión para quienes piensan diferente. (Para ellos ) mis respeto y mi admiración, pero Baja California no sólo es pionero en política, sino también en la vida y en la familia.

La afirmación del jerarca religioso se dio horas después de conocerse la resolución de la SCJN, luego de que fueron insuficientes los votos de siete ministros que se pronunciaron por la invalidez del artículo séptimo, párrafo primero, de la Constitución de la entidad fronteriza, el cual señala que desde el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le considera como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida.

Al asegurar que Baja California tiene 15 años luchando en favor de la vida y defiendo al no nacido, reiteró que la entidad es un modelo de familia y de vida a escala nacional reconocido en todos los rincones.

En tanto, la noche de este jueves los Grupos en Favor de la Vida de Mexicali realizaron una caravana por la calzada Justo Sierra, una de las más transitadas de esta ciudad fronteriza, para celebrar la decisión de la Corte que avaló la reforma constitucional de Baja California.

Es un hecho grave de violación a las garantías individuales: Red por los Derechos Sexuales

ONG de Morelos protestan por el proceso a una joven de 15 años acusada de aborto

En Baja Californa la despenalización de esa práctica sería una mala decisión, asegura obispo

Rubicela Morelos, Mariana Chávez y Antonio Heras

Corresponsales

Periódico La Jornada
Martes 27 de septiembre de 2011, p. 7

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, el Observatorio Nacional contra el Aborto y la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos consideraron que se violaron los derechos de una menor de 15 años de edad a quien se procesó por el delito de aborto.

En un comunicado, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos calificó este hecho de grave violación a los derechos de la joven, y en general para todas las mujeres morelenses.

Este lunes comenzó una discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de las reformas que protegen la vida desde el momento de la concepción en Baja California y San Luis Potosí.

Ponentes en el foro sobre el Derecho a la vida, realizado en Querétaro, criticaron que algunos ministros de la SCJN pretendan invalidar las reformas a la Constitución de Baja California y San Luis Potosí –que penalizan el aborto–, al considerar que con ello violarían la soberanía de las entidades federativas y promoverían la ingobernabilidad en el país.

En conferencia, José Antonio Sánchez Barroso, doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ponente del foro, consideró que la SCJN podría incurrir en actos incongruentes si invalida las reformas en la materia realizadas en Baja California y San Luis Potosí.

Sánchez Barroso explicó que cuando fue interpuesta la acción de anticonstitucionalidad por la reforma legal en el Distrito Federal, que permite la interrupción del embarazo durante las primeras semanas de gestación, los ministros argumentaron la improcedencia del recurso porque no podían atentar contra la soberanía de la capital del país.

En ese sentido, señaló que si el Distrito Federal tiene facultades para permitir la interrupción del embarazo, de esa misma forma se deben reconocer las facultades que tienen las entidades federativas de proteger la vida.

El arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, consideró que la despenalización del aborto en Baja California sería una muy mala decisión para los ciudadanos, y advirtió que el ser que está dentro del vientre de la mujer también tiene derecho a gritar que tiene derechos.

A su vez, el diputado local perredista Francisco Javier Sánchez Corona, quien presentó el recurso de inconstitucionalidad que se resuelve en la SCJN, confió en que los ministros restituirán los derechos de las mujeres, los cuales fueron afectados por la reforma del artículo séptimo constitucional del estado para proteger al producto desde su concepción.

En el Código Penal de Baja California se mantuvo la consideración de la interrupción del embarazo cuando se trate de violaciones o malformaciones, o se encuentre en peligro la vida de la mujer o del producto.

En las comunidades indígenas la sexualidad es tema prohibido

ONG: insuficientes, esfuerzos para reducir los embarazos no deseados en adolescentes

Matilde Pérez U.

Periódico La Jornada
Martes 27 de septiembre de 2011, p. 7

Los esfuerzos realizados para disminuir los embarazos no deseados en las adolescentes no han sido suficientes. Actualmente 25 por ciento de ese sector de la población ejerce su sexualidad sin la protección de algún método anticonceptivo, señaló Juan Carlos Hinojosa Cruz, presidente del Centro Latinoamericano Salud y Mujer.

Durante un seminario en el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, expuso que la mayoría de las jóvenes que tienen un hijo son madres solteras, y por ello sufren discriminación y desigualdad social.

Félix Vélez Fernández, secretario general del Consejo Nacional de Población y Vivienda (Conapo), comentó que de acuerdo con los datos del censo de 2010, 686 mil 511 adolescentes tenían al menos un hijo. Seis de cada 10 mujeres adolescentes reportaron no haber utilizado ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual, lo que aumenta el riesgo de un embarazo no planeado y de adquirir alguna infección de transmisión sexual.

Los jóvenes siguen siendo un grupo vulnerable que requiere atención especial; es importante promover entre ellos los servicios de planificación familiar y la provisión de métodos anticonceptivos, indicó. Anunció que en octubre el Conapo iniciará una campaña de salud reproductiva entre adolescentes, la cual llegará también a zonas indígenas.

Oriana López Uribe, de la Coalición de Jóvenes por la Salud Sexual, sostuvo que las mujeres deben tener a su disposición toda la información para decidir si quieren o no embarazarse. Las legislaciones no deben ir en contra del derecho a la salud reproductiva de las mujeres.

Respecto de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el proyecto del ministro Fernando Franco para invalidar las reformas a las constituciones de Baja California y San Luis Potosí que penalizan el aborto, apuntó que éstas van en contra de los derechos de las mujeres. Es a ellas a quienes les corresponde decidir cuándo y cuántos hijos tener, expuso.

Falta servicio médico respetuoso

La legislación tiene que ir encaminada con lo que está sucediendo en la realidad. Las mujeres que quieran interrumpir su embarazo lo harán, y si la ley no las apoya lo que se provoca son los abortos clandestinos e inseguros, la mayoría de ellos practicados por jóvenes, porque no conocen como debería ser un servicio médico respetuoso y profesional.

Rosalinda Morales Garza, directora general de Educación Indígena, pidió a los directores de las escuelas que no rechacen a las jóvenes embarazadas bajo el argumento de que son un mal ejemplo. Asentó que en Chiapas, Veracruz, Puebla, Jalisco y estado de México se registra la demanda más alta entre los adolescentes para acceder a una beca para continuar sus estudios.

Bertha Martínez Sebastián, indígena mixe, expuso que en las comunidades indígenas persisten mitos y creencias erróneas en torno a la sexualidad, la cual es un tema prohibido. Es necesario que en las escuelas y en los libros de texto se incluya el tema, y además se otorgue mayor presupuesto para la educación sexual y reproductiva.

Frenar a López Obrador, pidió Sandoval Íñiguez a Estados Unidos en 2006

Wikileaks

El cardenal calificó de peligroso el avance de la izquierda en América Latina, de acuerdo con un cable de la embajada de Washington en el Vaticano

El cardenal Juan Sandoval señaló que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentó la violencia en la ciudad de México, de acuerdo con un cable filtrado por Wikileaks. En la imagen, asamblea del Morena en Yautepec, MorelosFoto Carlos Ramos Mamahua

De la redacción

Periódico La Jornada
Viernes 22 de julio de 2011, p. 2

El cardenal Juan Sandoval Íñiguez pidió ayuda a Washington para frenar el avance de Andrés Manuel López Obrador en 2006, de acuerdo con el cable 06VATICAN61 de Wikileaks, redactado por la embajada de Estados Unidos en el Vaticano.

La representación estadunidense afirmó en dicho cable que a Sandoval Íñiguez le preocupaba el avance de la izquierda en Latinoamérica, y señaló que aumentaba el poder de Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet y López Obrador.

El prelado se reunió en Roma el 28 de marzo de 2006 con Francis Rooney, embajador de Estados Unidos en el Vaticano, cartera que ocupó de 2005 a 2008.

El cardenal Sandoval dijo a Rooney que el avance de la izquierda representaba una tendencia peligrosa, señaló la embajada en el Vaticano.

De acuerdo con el cable de Wikileaks, el prelado preguntó si el presidente (George W.) Bush podría ayudar. Sandoval afirmó que durante el gobierno de López Obrador el crimen y la violencia habían aumentado en la ciudad de México.

El embajador concordó con la importancia del mensaje, y agregó que durante una visita al Vaticano el entonces subsecretario de Estado, Thomas A. Shannon –ahora embajador de Estados Unidos en Brasil–, ya había tratado el tema de la ola izquierdista latinoamericana.

Agregó que el presidente Bush había tocado en tiempo y forma el tema con el nuevo nuncio papal en Washington, señala el cable.

Los cardenales sienten que los pobres de Latinoamérica no entienden los beneficios potenciales que les puede traer el mercado libre, por lo que apremiaron al gobierno de Estados Unidos a ayudar (a concretar tratados de libre comercio), reconociendo que la Iglesia, aunque cautelosa, también puede jugar un papel más importante en la materia, resume el texto difundido por Wikileaks.

El prelado había viajado a Roma para asistir al consistorio católico llevado a cabo el 24 de marzo de 2006.

Allí Rooney solicitó reunirse con Sandoval Íñiguez y otro religioso, el cardenal brasileño Claudio Hummes, con quien habló un día después de hacerlo con el primero.

Sandoval mencionó a Rooney su sueño de construir un santuario en Guadalajara para conmemorar a los mártires mexicanos, pero la plática fue principalmente sobre asuntos políticos.

El texto fue difundido en: http://wikileaks.org/cable/2006/04/06VATICAN61.html

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

Es infundado que se vulnere la libertad de expresión del religioso, resuelven ministros

Por violar ley electoral, ordena el TEPJF a Gobernación sancionar a Valdemar

La Arquidiócesis de México también será castigada por llamado a no sufragar por el PRD

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 2 de julio de 2011, p. 12

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Secretaría de Gobernación sancionar al vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero, por violaciones a la ley electoral, al haber llamado a no votar por el PRD.

Los ministros de culto no pueden realizar proselitismo, de ahí que los magistrados concluyeron que el sacerdote debe ser sancionado y, al mismo tiempo, acreditaron responsabilidad a la asociación religiosa encabezada por Norberto Rivera.

El argumento de Valdemar, en el sentido de que se agrede su libertad de expresión se estimó infundado porque este derecho y los principios y valores en que se sustenta la democracia representativa deben convivir armónicamente, de manera que la manifestación de ideas u opiniones que atenten contra los valores democráticos no encuentran amparo en el mencionado derecho fundamental.

El máximo tribunal electoral resolvió el caso que está por cumplir un año de trámites y denuncias, así como la devolución de expediente entre Gobernación y el Instituto Federal Electoral (IFE); es decir, aunque ambas instancias coincidieron en que Valdemar Romero había violado la ley, enfocaban la responsabilidad de sanción en su contraparte.

En agosto de 2010, tras las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la confirmación de la Suprema Corte de una iniciativa promovida por el PRD para legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo, Romero llamó a no sufragar por este partido.

Mientras que en el IFE se procesaba la queja –que en principio la declaró infundada, pero que tras una orden del tribunal tuvo que resolver de fondo–, en Gobernación hacían lo propio con una demanda que, por los mismos hechos, promovieron el PRD y el gobierno capitalino, por violación a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Tras varios meses, el gobierno, a través de la comisión sancionadora, emitió una resolución administrativa consistente sólo en un apercibimiento; esto es, el castigo menor para casos comprobados de infracción al artículo 29 de esa ley.

Conclusión legal

En el IFE se concluyó que no tenía atribuciones para sancionar a ministros de culto y regresó el expediente a Gobernación, la cual hizo lo propio. El caso llegó a la sala superior del TEPJF que anoche resolvió por unanimidad que la libertad de expresión de Romero no puede contravenir valores democráticos, además de que emitió las declaraciones contra el PRD como ministro de culto en sitios oficiales de difusión del Arzobispado de México –no a título personal–, lo cual está prohibido por la Constitución.

El tribunal resolvió que Gobernación debió aplicar sanción a la Arquidiócesis Primada de México y a su vocero por violar el artículo 353 del Código Federal Electoral. En consecuencia, le dio la razón al IFE.

Se estima legal la conclusión a la que arribó la autoridad electoral, al afirmar colmada la acción o verbo rector de tipo administrativo, consistente en inducir el voto, al demostrarse que en diversos comunicados y entrevistas periodísticas que concedió Hugo Valdemar, emitió expresiones dirigidas a la ciudadanía, para que asumiera una concreta posición electoral de no votar por el Partido de la Revolución Democrática.

Los cargos: cohecho, tráfico de influencias y delito contra la administración de justicia

Presentan denuncia penal contra Onésimo Cepeda, un ministro y tres magistrados

El abogado Xavier Olea cumple su advertencia de llevar a tribunales a funcionarios del PJF

En imagen de archivo, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, enfrenta una acusación por un presunto fraude de 130 millones de dólaresFoto José Antonio López

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 30 de junio de 2011, p. 21

El abogado Xavier Olea Peláez cumplió este miércoles su advertencia de presentar ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal en contra del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva; del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls, y de los tres magistrados que integran el octavo tribunal colegiado en materia penal en la ciudad de México.

Según consta en la querella a la que tuvo acceso La Jornada, los servidores públicos del Poder Judicial Federal (PJF) y el prelado fueron acusados de incurrir presuntamente en los delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la administración de justicia.

El lunes de la semana pasada, en conferencia, cuatro días después de que el octavo tribunal colegiado penal emitió una sentencia que cerró cualquier posibilidad de llevar a prisión a Cepeda por el caso del presunto fraude de 130 millones de dólares, Olea insistió en que altos funcionarios del PJF intercedieron en ese litigio para evitar que el prelado fuera a la cárcel.

Olea sostuvo entonces que denunciaría penalmente a altos funcionarios del PJF. Además, el penalista sumó en ese momento a su acusación pública el nombre de Margarita Beatriz Luna Ramos. Sin embargo, en la querella que presentó anoche excluyó a la ministra entre los inculpados, y sólo la mencionó a manera de contexto de la denuncia.

En aquella conferencia, Olea sostuvo que en este asunto existe un concilio chiapaneco de intereses, opinión que dijo tener luego de que vio una imagen en un periódico de circulación nacional donde aparece el obispo abrazado por Alejandro Luna (sobrino de la ministra Luna Ramos e hijo del magistrado del Tribunal Electoral Alejandro Luna Ramos), oriundos del estado de Chiapas.

También, ese mismo lunes, en respuesta a los señalamientos que hizo el abogado –lo mismo que había ocurrido cuatro días antes, cuando Olea aseguró que el ministro Sergio Valls, también de origen chiapaneco, intercedió en favor de Cepeda–, la SCJN emitió un comunicado para desmentir y desacreditar al penalista.

La Corte señaló que reprueba y lamenta que el abogado, quien representa a la parte que acusó al obispo, recurra a litigar en los medios lo que en su momento no se pudo probar en los tribunales.

En ese contexto Olea acudió ayer a la PGR para interponer la denuncia penal, que en los próximos días deberá ser ratificada ante los fiscales del caso.

En entrevista, Olea Peláez dijo que no pretende desprestigiar a la Corte, pero la PGR deberá investigar e interrogar a los ministros para que se aclaren estas situaciones que tienen tufo a corrupción y tráfico de influencias.

El abogado contrario al obispo ratifica "concilio de intereses"

Niega la Corte vínculo de ministros en fallo a favor de Onésimo Cepeda

Alfredo Méndez y Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Martes 21 de junio de 2011, p. 19

El abogado de la empresa Arthinia Internacional, Xavier Olea Peláez, quien el pasado jueves perdió en última instancia un pleito judicial contra el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, insistió este lunes, en conferencia de prensa, en que hubo altos funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) que intercedieron en ese litigio para evitar que el prelado fuera a la cárcel.

Olea Peláez sumó a su acusación pública el nombre de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Margarita Beatriz Luna Ramos.

En este asunto, indicó, existe un concilio chiapaneco de intereses, opinión que dijo tener luego de que vio una imagen en un periódico de circulación nacional, donde aparece el obispo abrazado por Alejandro Luna (sobrino de la ministra Luna Ramos e hijo del magistrado del Tribunal Electoral del PJF, Alejandro Luna Ramos), quienes son oriundos del estado de Chiapas.

En respuesta a los señalamientos que hizo este lunes el abogado –lo mismo que ocurrió el pasado jueves, cuando Olea aseguró que el ministro Sergio Valls, también de origen chiapaneco, intercedió en favor de Cepeda Silva–, la Corte emitió un comunicado para desmentir nuevamente y desacreditar al penalista.

La SCJN señaló que reprueba y lamenta que el abogado, quien representa a la parte que acusó al obispo, recurra a litigar en los medios lo que en su momento no se pudo probar en los tribunales.

El texto sostiene que, basado en suposiciones, el abogado declaró de manera irresponsable y sin sustento en contra de Luna Ramos, por el simple hecho de ser originaria de Chiapas.

Además rechazó categóricamente que la ministra tenga vinculación o relación alguna con participantes, activos o indirectos en el juicio que involucra a Cepeda y a la parte defendida por Olea.

Es de lamentar que un profesional del derecho busque desprestigiar a integrantes del Poder Judicial de la Federación, como estrategia para justificar el no haberse visto beneficiado en dicho juicio, indicó la Corte.

Durante la conferencia de prensa, Olea Peláez aseguró que una vez que reciba copia de la sentencia judicial que favoreció a Cepeda Silva –lo que se prevé ocurra el próximo viernes–, preparará la denuncia penal que presentará a más tardar en dos semanas ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Mi intención no es desprestigiar a la Suprema Corte, pero ante estos indicios que quedan en el aire, la PGR deberá investigar e interrogar a los ministros para que se aclaren todas estas situaciones que tienen tufo a corrupción y tráfico de influencias, expuso.

Añadió que mantendrá esas acusaciones y que si el obispo decide demandarlo por la vía civil, para exigir la reparación del daño moral, pues lo enfrentamos, a mí no me amedrenta una sotana.

Las curias no ayudan a localizarlos y los feligreses los solapan: "si algo debe, pagará ante Dios"

Pederastas probados podrían ser aún sacerdotes en ejercicio

Incompleta, la lista que elaboró la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual de Sacerdotes Católicos

En Estados Unidos buscan un acuerdo económico con la víctima, es más barato

Alma E. Muñoz/ III

Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2011, p. 33

En México, rastrear sacerdotes presuntamente involucrados en casos de pederastia encuentra como principal obstáculo que la Iglesia católica oculta información sobre mexicanos y extranjeros que podrían estar ejerciendo su ministerio en diversas partes del país.

A ello se aúna que una lista integrada desde hace varios años por la la Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abuso Sexual de Sacerdotes Católicos (SNAP, por su siglas en inglés), con casi un centenar de religiosos señalados responsables de este delito, carece de datos pormenorizados sobre los presuntos implicados, pues frecuentemente sólo contiene nombre y un apellido, sin fotografía ni más detalles.

Está el caso, por ejemplo, del sacerdote Mario Cimarrusti. Se dice que es franciscano, acusado de abuso sexual violento de por lo menos 12 jóvenes en el seminario de San Antonio entre los años de 1962 a 1969, en Santa Bárbara, California. Ese nombre aparece en la historia de la Casa Franciscana Guaymas AC, fundada en 1969, por el entonces obispo de la diócesis de Ciudad Obregón para brindar ayuda a los pobres del municipio de Guaymas, Sonora. No se sabe si se trata de la misma persona o es sacerdote homónimo.

En otros, las curias no ayudan a localizarlos: o los ocultan o los desconocen. Así ocurrió con el cura Lucas Antonio Galván Valdez, de la Congregación Religiosa de los Clérigos Regulares, quien en 1989 se declaró culpable de asalto sexual a una niña de 11 años en Pueblo, Colorado, Estados Unidos. Obtuvo libertad condicional, mientras la diócesis del lugar llegó a un arreglo económico con la familia de la víctima. El caso fue divulgado por la SNAP en cuanto descubrió que el religioso continuaba activo en la ciudad de México como vicario en la parroquia del Sagrado Corazón y San Cayetano, en la delegación Gustavo A. Madero.

El 21 de abril del año pasado fue suspendido de su ministerio sacerdotal por el cardenal Norberto Rivera Carrera, y se informó que su congregación lo investigaría. Este diario intentó conocer qué sucedió después de esa determinación, pero en la iglesia de San Cayetano, ubicada en Lindavista, en el Distrito Federal, donde se supo que se encontraría al superior de la orden, Felipe de Jesús Romero Ramírez, se negaron a dar cualquier información.

Otro más es Theodore Baquedano Peck, quien tendrá alrededor de 70 años de edad. En 1973 fue denunciado ante la justicia estadunidense por una mujer que dijo haber sido su víctima a la edad de 11 años, mientras era visitador perteneciente a los Misioneros de Guadalupe en la arquidiócesis de San Francisco. La curia también llegó a un acuerdo económico con la víctima, a quien pagó 300 mil dólares sin siquiera tener la certeza de que el clérigo era culpable, según explicó el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez, quien estudia el caso por solicitud del arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié, el cual decidió dar de baja del ministerio sacerdotal a Baquedano, porque su nombre fue incluido en la lista de presuntos pederastas.

Martínez explicó que para la Iglesia de Estados Unidos es más fácil buscar un acuerdo económico con quien dice ser víctima de abuso sexual de un sacerdote que mantener un pleito legal durante varios años.

Manifestantes protestan contra la juez Beatriz Moreno, quien dejó libre por falta de pruebas, en 2006, a Ramón Salvador Gómez, acusado de violar a menores de edadFoto Cristina Rodríguez

En aquel país, dijo, los honorarios de un abogado de medio pelo son de 550 dólares la hora, más lo que implica un juicio. Un caso como el de Baquedano pudo costar a la arquidiócesis de San Francisco un millón y medio de dólares, por lo menos.

Preguntar a los feligreses sobre el pasado de sus párrocos es acusar a quien indaga de querer destruir la Iglesia católica. Así ocurrió en San Andrés Mixquic, delegación Tláhuac, donde se encuentra el sacerdote Rolando Blasi Villatorio, quien se vio involucrado en el asesinato de un joven de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado en un cuarto de la parroquia Jesucristo Obrero, en Tlalpan, de la cual era titular en 2007. Estuvo detenido entre 48 y 72 horas como presunto responsable de homicidio, hasta que el Ministerio Público declaró su inocencia. Las investigaciones arrojaron que otras dos personas cometieron el crimen y hoy purgan condena.

Tres mujeres que dijeron pertenecer a grupos religiosos de la parroquia, y optaron por omitir sus nombres, cuestionaron que se indague sobre los antecedentes de su párroco. Es una tristeza que pregunten. ¿Por qué contra los católicos? No somos nadie para juzgarlo; si algo debe, va a pagar ante Dios. Tenemos a nuestro pastor y está bien lo que está haciendo, señaló una de ellas.

Al padre Loreto Ramos Roldán, antecesor de Blasi en el templo, también se le preguntó. Mencionó no saber nada y aseguró que el clérigo es bien aceptado por su comunidad.

En la búsqueda de Ángel Torres Estrada, párroco en María Madre de la Iglesia, ciudad de México, el mismo sacerdote respondió a las imputaciones en su contra por intento de violación. Eso pasó hace mucho tiempo. Yo no estaría en el ministerio ni, lógicamente, hablando contigo. Una revista publicó mi nombre cuando debió ser el del sacerdote inculpado, Miguel Ángel Alvarado. Vino una fe de errata (en la publicación) a los ocho días, y ya me cansé de cargar la revista bajo el brazo para explicar que lo de mi nombre es un error, expresó.

Charles Theodore Murr Letourneau fue acusado de haber abusado de niños huérfanos en una casa hogar que fundó en 1987, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Sin embargo, vecinos señalaron que el sacerdote, de origen estadunidense, fue inculpado injustamente porque la diócesis de San Juan de los Lagos quiso apropiarse del lugar para que lo administraran las monjas de la Congregación de las Madres Pías de la Dolorosa.

Según las fuentes, se le obligó a salir del país bajo el argumento de que no estaban en regla sus papeles. El padre Murr habría construido la Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño, ubicada en la calle Marcelino Champagnat 23, más una panadería, con dinero que le fue heredado. Las propiedades aún se encuentran en litigio.

Un vecino contó que historias como ésas hay más. Citó, sin dar nombres, el caso de una monja italiana que hace años arribó a Tepatitlán para fundar un asilo de ancianos que después convirtió en una escuela privada de las más caras de la zona. Hoy es una próspera mujer casada.

El cardenal aclara que el cura castigado no es vocero de la arquidiócesis de México; "soy yo"

Tibia, sanción de SG a Valdemar Romero, dice el PRD; es injusta: Norberto Rivera

El apercibimiento por llamar a votar contra el partido del sol azteca, amonestación mínima

Carolina Gómez y Alma Muñoz

Periódico La Jornada
Viernes 22 de abril de 2011, p. 12

Mientras la dirigencia del PRD consideró tibia la amonestación impuesta por la Secretaría de Gobernación al vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero –por llamar a no votar por ese partido–, el cardenal Norberto Rivera se solidarizó con él.

Al término de la misa de Jueves Santo en la Catedral Metropolitana, el jerarca católico contó una anécdota a los feligreses: 28 veces vinieron sacrílegamente a interrumpir las celebraciones santas, y por una vez que un sacerdote atinadamente protesta recibe una amonestación, mientras los que por 28 veces sacrílegamente incursionaron aquí no recibieron ninguna.

Esta semana, Gobernación informó que concluyó que el sacerdote violó la fracción primera del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, por lo cual le aplicó un apercibimiento, que es la sanción administrativa mínima. La determinación se refiere a la queja presentada por el PRD contra el sacerdote debido a que en agosto de 2010 llamó a no votar por ese partido, luego de que se aprobaron los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Rivera Carrera dijo no saber si este apercibimiento es legal, pero dijo tener certeza de que es muy injusto, por lo cual nos solidarizamos con este sacerdote. Sin mencionar el nombre de Romero Ascención, remarcó: este sacerdote, que por cierto los medios de comunicación le dieron el nombramiento de mi vocero, pero en los 15 años que tengo aquí a nadie se lo he dado, porque el vocero de esta arquidiócesis es su servidor, está recibiendo una amonestación, yo no sé si sea legal, pero es muy injusta. Creemos que la Iglesia siempre debe defender sus derechos.

A su vez, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, dijo que aun cuando la sanción es tibia, demuestra quién tiene razón y queda el antecedente para cualquier ministro de culto de que si bien tienen capacidad de generar un discurso moral y ético, la Constitución les restringe promover la participación en favor o en contra de un candidato o de un partido, y eso es justo lo que Valdemar no entiende.

Sostuvo que no es de extrañar la actitud que Gobernación ha asumido durante la última década en favor de los representantes de la Iglesia católica, pues de 2000 a mayo de 2009, la Dirección General de Asociaciones Religiosas ha multado sólo a 36 ministros de culto con 125 días de salario mínimo; a otro con 500, y cuatro más recibieron apercibimientos por realizar proselitismo político, además de que sólo clausuró un templo. Recordó que sigue pendiente el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la arquidiócesis de México, que también incurrió en violaciones al artículo 130 constitucional y a la Ley de Asociaciones Religiosas al haber dado su respaldo a Valdemar, aunque no descartamos que ocurra lo mismo que en otras ocasiones, donde ya se ha exonerado a prelados de alta envergadura.

La Secretaría de Gobernación determinó que el sacerdote es responsable de los hechos

Sólo apercibimiento, la sanción a Hugo Valdemar Romero por violar ley electoral

La resolución, por la queja que directamente presentó el PRD; falta por dictaminar una más

Fabiola Martínez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Jueves 21 de abril de 2011, p. 9

La Secretaría de Gobernación (SG) determinó imponer al vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero, la sanción administrativa mínima que prevé la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: un apercibimiento. Ello pese a que concluyó que el sacerdote violó la fracción primera del artículo 29 de la citada normatividad, de acuerdo con la Dirección General de Asociaciones Religiosas.

Esa resolución compete sólo a la queja que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó directamente ante la dependencia responsabilizando al religioso de infracciones a la Ley de Asociaciones Religiosas. Sin embargo, en torno al expediente que el Instituto Federal Electoral (IFE) le turnó, relacionado con otra queja del PRD contra el propio Valdemar Romero por violaciones a la legislación electoral, ayer continuó el diferendo entre las partes, ya que el IFE asume que, en este caso, no ha habido sanción alguna no obstante que también se le encontró responsable.

Al respecto, el consejero Alfredo Figueroa anunció que en esa queja el IFE acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que determine la ruta a seguir en un caso en el que la autoridad electoral ya consideró responsable al presbítero. Subrayó que el IFE tiene muy claro de que la sentencia de los magistrados determina que es Gobernación la única instancia facultada para hacerlo y no, como señala la dependencia, responsabilidad del IFE.

Calificó de confuso el comunicado emitido la víspera por la SG, en el que se refiere a una sanción aplicada a Romero, sin precisar de qué tipo es, los motivos, las causas y qué hechos fueron sancionados por violar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Lo único claro para el IFE es que el comunicado no tiene validez jurídica para que se tome como respuesta al expediente que les fue turnado.

La sanción se difundió casi una semana después de haber sido impuesta contra Romero –vocero de la arquidiócesis de México– con base en violaciones al artículo 29, fracción primera de la ley referida que señala: constituyen infracciones (...) asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos.

Presentada desde agosto, después de varios meses, la comisión sancionadora de la SG resolvió imponer una sanción (artículo 32 de la citada ley) pese a que a esta cláusula precisa que a los infractores se les podrá imponer una o varias de las siguientes sanciones: I. Apercibimiento; II. Multa de hasta 20 mil días de salario mínimo; III. Clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público; IV. Suspensión temporal de los derechos de la asociación religiosa, y V. Cancelación del registro de la asociación religiosa.

De acuerdo con el expediente del caso, la resolución de la comisión sancionadora puede ser impugnada y ahora corresponde al IFE determinar lo que corresponda según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Al respecto, el PRD destacó que la sanción impuesta fue por hacer proselitismo en contra de ese partido, lo que constituye una violación a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Si bien el PRD valora esta sanción como consecuencia de la violación a la referida ley, también dejamos en claro que la SG debe revisar el expediente que regresó al IFE correspondiente a la queja interpuesta por violar el artículo 130 de la Constitución, y debe dictar la sanción que corresponda, pues el TEJPF determinó que la autoridad facultada para sancionar es la SG.

Al respecto, en rueda de prensa, Figueroa advirtió que el IFE emprenderá acciones legales para evitar que la resolución que ya adoptó el consejo general, imputando responsabilidad al ministro de culto por llamar a sus fieles a no votar por el PRD, terminen en la nada jurídica.

Subrayó que cada una de las instituciones de la República debe actuar, en el marco de sus atribuciones, para garantizar el cumplimiento de la normatividad. Anunció que ayer miércoles el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina notificaría formalmente al TEPJF sobre el oficio de respuesta que envió Gobernación al IFE y en el que determina devolver el expediente que en su momento le remitió la autoridad electoral, con el argumento de que no le compete aplicar el Cofipe.

Dijo que, oficialmente, la única respuesta que tiene el IFE de la imputación a Romero por infringir la legislación electoral, es el oficio de la Dirección de Asociaciones Religiosas, donde menciona expresamente que la SG no es competente para aplicar el Cofipe y, por tanto, devuelve el expediente.

Por ello, el IFE acudirá al TEPJF para que determine si esa decisión de Gobernación se analiza, y si su respuesta implica un desacato a la resolución de los magistrados y es contraria a la tesis que emitió.

Los escándalos de pederastia influyeron en el descenso de fieles, asegura el especialista

La caída en el número de católicos en el país, mayor a lo que reporta el Inegi: Masferrer

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Lunes 7 de marzo de 2011, p. 12

Los resultados sobre el porcentaje de católicos existentes en el país, dados a conocer esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el contexto de la presentación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, son complacientes con dicho credo, pues hubo un manejo amable de las cifras, pero no riguroso, aseguró Elio Masferrer Kan, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones.

En entrevista señaló que todo parece indicar que las amenazas de boicotear el censo, hechas el año pasado por la Iglesia católica, doblaron algunas manos, y dijo que el porcentaje de católicos en México no es de 83.9, sino de 82.72, lo que quiere decir que el descenso de seguidores de este credo bajó de 2000 al año pasado 5.3 por ciento, y no 4.1.

Luego de realizar un análisis de los datos –Masferrer tiene experiencia en demografía histórica y realización y análisis de censos–, indicó que para llegar a esos porcentajes el Inegi cambió el universo censal, no comtempló en el todo a quienes no especificaron su religión, y por tanto los resultados variaron, pero en beneficio de la Iglesia católica.

Además resaltó que aun tomando en cuenta las cifras del Inegi como las presentaron, el descenso de católicos es significativo y generalizado en todos los estados del país, pues en 2000 se asumía como tal 88 por ciento de la población.

Añadió que el descenso en entidades como Quintana Roo, Distrito Federal, Chiapas y Yucatán indica que la Iglesia católica pierde adeptos de forma constante, y consideró que algunas de la razones que han contribuido a ello son los escándalos de pederastia y la aplicación de una propuesta pastoral alejada de la vida de la gente.

Masferrer Kan indicó que además se evidencia que los feligreses no siguen el discurso del credo respecto del no uso de anticonceptivos. Los católicos se divorcian, viven en unión libre y además usan condones y otros métodos anticonceptivos; el discurso de la institución está alejado de las prácticas sociales de los feligreses. En el apartado de tasa de natalidad por grupo religioso, los católicos están entre los que tienen menos hijos.

Esta semana Manuel Corral, secretario ejecutivo de relaciones institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), minimizó el descenso de católicos en el país. Precisó que lo que más importa a la Iglesia católica es la calidad de los feligreses y no tanto la cantidad.