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7 dic 2011

PGR y procuraduría de NL fallaron que el casino cumplía con medidas de seguridad

Eximen a autoridades y a propietarios del Royale de responsabilidad en la tragedia

Una sobreviviente del atentado discrepa de las conclusiones; nunca declaramos, señala

De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de diciembre de 2011, p. 21

Monterrey NL, 6 de diciembre. Tras los peritajes de las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia del estado, así como declaraciones de testigos y los presuntos dichos de los implicados en el ataque al casino Royale, se concluyó que no hubo responsabilidad penal de autoridades ni de propietarios del inmueble por la muerte de 52 personas en el incendio provocado el pasado 25 de agosto.

En rueda de prensa conjunta, el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, y el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Cuitláhuac Salinas Martínez, afirmaron que el casino cumplía parcialmente con las medidas de seguridad requeridas para operar.

Detallaron que contaba con ocho puertas, 40 extintores de incendios, rutas de evacuación con las respectivas señalizaciones, y que muebles, telas y alfombras contenían material retardante del fuego.

Por lo anterior, puntualizaron, el factor determinante de la tragedia fue la participación de 36 integrantes del cártel de Los Zetas en el ataque –18 de manera directa, de los cuales 16 ya son procesados–, quienes realizaron disparos y amedrentaron a las personas para que se refugiaran en el interior de la casa de apuestas.

Posteriormente, agregaron, con el uso de 200 litros de gasolina, que llevaron en 10 garrafones, provocaron un incendio que se propagó a todo el inmueble en menos de 40 segundos.

De la Garza Santos señaló que el agente del Ministerio Público concluyó en sus indagatorias que aun y cuando hubiera existido cualquier medida de seguridad y de prevención de riesgos, no hubiera sido suficiente para evitar la tragedia, por la participación del grupo delictivo que realizó disparos y amenazó a los clientes, además del uso de un combustible altamente flamable.

No obstante, subrayó, dentro de la indagatoria y como resultado de pruebas periciales, se podría abrir otra averiguación por hechos diversos, por si de las solicitudes y otorgamiento de permisos de uso de suelo se desprende algún delito que se persiga de oficio.

Añadió que el Ministerio Público seguirá representando a las víctimas para la reparación del daño, sanción a los culpables y asesoría legal o sicológica que se requiera.

Asimismo, el procurador de Nuevo León declaró que las conclusiones no son determinantes en cuanto a responsabilidades civiles, administrativas o laborales en que pudiera haber incurrido cualquier autoridad o los particulares.

A su vez, José Cuitláhuac Salinas, titular de la Siedo, detalló que de las indagatorias realizadas por la PGR se desprende la participación de hasta 36 personas, de las cuales 18 tuvieron una intervención directa en el ataque y 16 de ellas ya están siendo procesadas.

Derivado de las investigaciones del caso se obtuvieron órdenes de aprehensión contra Heriberto Lazcano, El Lazca, que según la PGR es el jefe máximo de Los Zetas y por quien desde el 23 de marzo de 2009 la dependencia federal ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien proporcione información que permita su localización y captura.

También se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de Francisco Medina Mejía y Baltazar Saucedo Estrada, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos por cada uno, y que junto con El Lazca encabezan el grupo delictivo y dirigieron el atentado.

Sobre los resultados del peritaje, Samara Pérez Muñiz, sobreviviente del incendio y madre de Brad Javier Muraira Pérez, quien pereció en el casino Royale, dijo que el informe constituye una burla más a las víctimas y contradice lo que testigos como ella, que nunca fue citada a declarar, observaron el día del incendio.

Aseveró que había puertas bloqueadas con máquinas de juegos y con láminas. Prueba de ello, expresó, es que fue necesario el uso de una máquina mano de chango, para que hiciera horadaciones en las paredes y pudiera salir el humo.

Expuso que es inconcebible que no hayan encontrado responsabilidades de los propietarios del casino, quienes a sabiendas de que había amenazas del crimen organizado continuaron operando, sin importarles los riesgos para clientes y empleados.

En tanto, la bancada del PAN en el Congreso local criticó que no se haya determinado responsabilidad alguna de las autoridades de Protección Civil del estado, pese a que se ha comprobado que dicha dependencia, en su oportunidad, no supervisó adecuadamente las medidas de seguridad del inmueble, por lo cual solicitó una revisión a fondo del caso.

27 oct 2011

El profesor tzotzil es uno de los más importantes presos indígenas y de conciencia del país



Debe replantearse el caso Alberto Patishtán en un contexto de represión: defensores

Fue detenido en 2000 y sentenciado a 60 años de prisión acusado de dar muerte a siete policías; el único testigo fue inducido a declarar en su contra de manera inverosímil: Gabriela Martínez

Hermann Bellinghausen
Periódico La Jornada
Jueves 27 de octubre de 2011, p. 26

Esta es la historia del Alberto Patishtán Gómez, profesor tzotzil y miembro de la Voz del Amate, desde hace varios años uno de los más importantes presos indígenas y de conciencia en México. Se declaró en ayuno el pasado 29 de septiembre, como parte de una huelga de hambre de presos de la otra campaña que demandan su libertad.

Fue detenido en 2000 y luego sentenciado a 60 años de prisión, acusado de dar muerte a siete policías en el paraje Las Limas (El Bosque) en junio de aquel año. En la misma sentencia fue exonerado otro acusado, Salvador López González, base de apoyo zapatista, porque el juez consideró que el único sobreviviente, Rosemberg Gómez, no se condujo con verdad cuando lo señaló.

De acuerdo con su defensa, representada en el tiempo de su primera huelga de hambre, entre febrero y abril de 2008, por Gabriela Martínez López, el único testigo fue inducido a declarar de manera inverosímil contra López y Patishtán.

El juez ignoró las inconsistencias y dio la máxima pena al segundo, quien ofreció pruebas razonables de no haber participado en la emboscada. A pesar de la apelación y el amparo directo, fue sentenciado en mayo de 2003. Quienes lo conocen saben de su inocencia manifiesta y su fuerza moral. La condena es una venganza de las autoridades por tratarse de policías muertos. Necesitaban un chivo expiatorio, lo cual recuerda el célebre caso del líder lakota Leonard Peltier, preso de por vida en Estados Unidos porque alguien tenía que pagar la muerte de un agente de FBI.

Patishtán pertenecía a un grupo de comuneros inconformes con el entonces presidente municipal de El Bosque, el priísta Manuel Gómez Ruiz, que los tenía bajo amenaza. Un mes antes de la emboscada marcharon en la capital del estado. El día de los hechos, Patishtán se encontraba en el municipio de Huitiupan reunido con padres de familia, pues dirigía ahí un albergue. Las evidencias obran en el expediente.

Sus representantes han solicitado reiteradamente replantear el caso en el contexto de esos años, cuando la represalia política fue la regla.

Recuérdese que en la zona operaba, fuera de control, el grupo delincuencial-paramilitar Los Plátanos, unos 80 jóvenes entrenados por la policía y por el Ejercito federal establecidos en la comunidad Los Plátanos.

El periodo del gobernador Roberto Albores Guillén (1998-2000) fue de represión, muerte y acciones paramilitares. El 10 de junio de 1998, centenares de policías y soldados atacaron las comunidades Chavajeval, Unión Progreso y El Bosque, con un saldo de ocho muertos y más de 50 detenidos. Para 1999, la violencia en Chiapas se amparaba bajo el Ejército federal, que aumentó su presencia de 66 a 111 municipios. A finales de 2000 habían ocurrido ocho ejecuciones más, sólo en los Altos.

Las primeras investigaciones de la Procuraduría General de la República indicaban que los autores pudieron ser de uno de los grupos armados que investigaba la (a la postre inútil) Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos de Civiles Armados, que concluyó que el grupo agresor se apoderó de las siete armas que portaban los policías, de uso exclusivo del Ejército. ¿Cómo pudieron hacerlo sólo dos personas? ¿Cómo se unieron un priísta (Patishtán lo era en ese tiempo) y un zapatista (Salvador López) para emboscar policías? Ni siquiera se conocían. Nunca hubo explicación de ello, cuestionaba su defensa hace ya tres años.

Patishtán aduce una represalia del entonces alcalde Gómez Ruiz, quien obligó a su hijo Rosemberg a culparlo.

“Hoy sabemos por los familiares de Patishtán que el testimonio fue comprado con una camioneta Ford del año. Cada vez que Rosemberg echa trago confiesa haber sido obligado a ‘mandar a la cárcel’ a Patishtán”, abunda el informe de su defensa.

El profesor tzotzil fue trasladado injustificadamente a un penal federal en Guasave, Sinaloa, el pasado 20 de octubre, y hasta ahora nadie ha podido comunicarse con él.

20 oct 2011

Pretende determinar requisitos para identificar a sospechosos



Revisará la Corte caso de mazahua preso por plagio con pruebas ilegales

Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Jueves 20 de octubre de 2011, p. 10

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción para conocer dos amparos presentados por Hugo Sánchez Ramírez, mazahua acusado por la justicia del estado de México por portación de armas y secuestro. El quejoso argumenta que la causa penal en su contra está plagada de irregularidades y que se violó su derecho al debido proceso.

Con el voto adverso de Jorge Mario Pardo, los ministros consideraron que el asunto reviste interés y trascendencia para que la Corte determine los requisitos que deben cumplirse cuando se pretende identificar a sospechosos mediante fotografías y evitar identificaciones erróneas; el valor que debe otorgar el juez a las declaraciones de las víctimas cuando son contradictorias a lo declarado inicialmente y si las pruebas derivadas de una evidencia ilícita deben anularse.

El quejoso, de 23 años de edad, afirma que se violaron sus derechos porque después de ser detenido por policías municipales entre la comunidad Providencia y Villa Victoria estuvo privado de su libertad más de 12 horas antes de ser presentado ante el Ministerio Público (MP).

Entre las irregularidades señala que le tomaron fotografías antes de ser presentado al MP, las cuales mostraron a dos personas que habían sido secuestradas, quienes, presionadas por los policías, lo señalaron como autor del delito. Pero cuando comparecieron ante el juez se desdijeron y, a pesar de ello, el juzgador mantuvo el valor probatorio de sus declaraciones y sentenció al acusado.

Los abogados Leopoldo Maldonado y Simón Hernández declararon en entrevista que las principales violaciones a los derechos de su defendido son detención arbitraria, fabricación de pruebas, denegación del debido proceso y de la presunción de inocencia.

Señalaron que con base en los antecedentes del caso Acteal, en que la Corte ordenó la liberación de más de 30 indígenas acusados por la matanza porque se violó el derecho al debido proceso, ya que la autoridad fabricó pruebas en su contra, existen elementos para dejar libre a su defendido.

A las 20:30 horas del 21 de julio de 2007, Hugo Sánchez estaba en su taxi en la base La Providencia, en el municipio de San José del Rincón, estado de México. Un pasajero abordó el automóvil; después subieron otros dos e inició su recorrido. Al llegar a El Catorce, una comunidad entre Providencia y Villa Victoria, uno de los pasajeros le pidió que se detuviera, porque ahí bajaba. Hugo frenó y en ese momento una camioneta de la policía municipal de Villa Victoria le cerró el paso. Dos de los viajeros huyeron y dejaron una mochila en el taxi. Los agentes comenzaron a disparar contra el vehículo.

Los policías bajaron a Hugo y a los pasajeros Raúl Martínez y Manuel Mendoza; colocaron dos armas en el auto y le sembraron un cargador a Raúl. Después lo dejaron libre, pero con base en las fotos que le tomaron lo consignaron por secuestro y portación de arma de fuego.

Cumplen 7 indígenas 21 días en huelga total de hambre en Chiapas



Niegan visitas a los ayunantes presos en penal de San Cristóbal

Hermann Bellinghausen
Periódico La Jornada
Jueves 20 de octubre de 2011, p. 20

Pedro López Jiménez, de 31 años, tzeltal de Colonia Sibactel, municipio de Tenejapa, Chiapas, cumple 21 días en huelga total de hambre junto con otros seis presos indígenas en la cárcel de San Cristóbal de las Casas. Exige su libertad, pues sostiene que es inocente de los cargos –por los cuales está condenado a 14 años de prisión–, y que fue torturado y obligado a declararse culpable de secuestro y violación, delitos que no cometió.

Lo detuvieron agentes judiciales del estado el 10 de mayo de 2007, en San Cristóbal de las Casas. Según refiere el mismo López Jiménez, los agentes no se identificaron ni mostraron orden de aprehensión. Tampoco dijeron porqué lo detenían. En una casa lo asfixiaron en repetidas ocasiones con una bolsa de plástico, le sumergieron la cabeza en agua, le taparon los ojos con un trapo impregnado de picante y le aplicaron descargas eléctricas. Sus captores lo apalearon hasta que cayó desmayado.

López Jiménez ha referido que en la tortura participó un número indeterminado de policías, ya que eran muchos. La declaración la firmó en el lugar donde lo torturaron, en papeles en blanco. Al día siguiente la policía lo presentó al Ministerio Publico (MP). Ahí, mediante la intervención de alguien perteneciente al propio MP, se ratificó la declaración que entregaron los policías. No contó con defensor ni traductor tzeltal. Lo trasladaron a otra casa, y de ahí al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 5, en San Cristóbal.

Le dictaron auto formal de prisión 9 días después, con una sentencia de 14 años, que apeló y fue confirmada. Como sucede en los demás casos de presos en la actual huelga de hambre y ayuno, el abogado de oficio que lleva su caso no lo mantiene informado del proceso judicial.

Según los colectivos de la otra campaña que siguen su caso y lo han visitado en prisión, el estado de hacinamiento en el que viven los reclusos es preocupante. Dentro del sobrepoblado penal, en celdas de tres por tres y medio metros duermen mínimo 10 personas. López Jiménez es miembro de la organización Solidarios de La Voz del Amate, y ha efectuado ayunos como forma de denuncia y presión. También ha denunciado públicamente el hacinamiento en que viven los presos y la mala calidad de los alimentos, con frecuencia descompuestos, que reciben.

Al momento de su detención se desempeñaba como vocal presidente de educación en su comunidad. Tiene cinco hijos. Su esposa, siendo una mujer campesina, debió comenzar a trabajar asalariadamente. La familia se ha sumado a las acciones en defensa de los presos y participa en el plantón en la plaza de San Cristóbal, que hoy cumple 12 días.

Con López Jiménez participan en la huelga de hambre, desde el 29 de septiembre, Rosario Díaz Méndez, preso político de La voz del Amate; José Díaz López, Alfredo López Jiménez y Alejandro Díaz Sántiz, solidarios de La voz del Amate, y Juan Díaz López, de Voces Inocentes.

Cinco reclusos más participan con ayunos de 12 horas diarias: Alberto Patishtán Gómez, de La Voz del Amate, Andrés Núñez Hernández y Rosa López Díaz. Juan Collazo Jiménez (en Motozintla) y Enrique Gómez Hernández (en Cintalapa) se sumaron al ayuno el 3 de octubre.

Este lunes, un grupo de indígenas católicos de Huixtán intentó visitar a los ayunantes en el CERSS 5, pero les fue impedido el paso por el director, José Miguel Alarcón García, quien los emplazó a volver en 15 días. De acuerdo con Indymedia Chiapas, no es la primera visita a los huelguistas que prohíbe el director del penal.

30 jun 2011

Instituto de defensoría presenta informe de labores



Defensores públicos ganaron 68.5% de casos de 2010 a mayo pasado

Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 30 de junio de 2011, p. 14

Los defensores públicos lograron, entre 2010 y mayo de este año, sentencias favorables para sus defendidos en 68.5 por ciento de los casos que litigaron ante juzgados y tribunales federales, señala el informe de labores 2010-2011 presentado este miércoles por el magistrado Alejandro Roldán Velázquez, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

En los casos que han representado los asesores jurídicos de la institución ante juzgados y tribunales civiles, administrativos y fiscales, así como de algunos derivados de causas penales federales, lograron que 68.5 por ciento de las sentencias definitivas que obtuvieron fueran favorables para sus representados, lo que habla de un alto grado de efectividad en el derecho constitucional de justicia para los ciudadanos, puntualiza el informe.

El funcionario refirió que durante el periodo que abarca el informe, el IFDP otorgó más de 43 mil 731 servicios gratuitos de orientación, asesoría y defensoría de oficio en juicios de materia civil, penal, administrativa y laboral.

En su informe, presentado ante el Consejo de la Judicatura Federal, Roldán Velázquez destacó que la labor del IFDP desempeñó una labor especial en el nuevo servicio que se otorga en materia de secuestros, donde los asesores en materia penal se convierten en abogados que apoyan a víctimas y sus familiares durante todo el proceso legal, y coadyuvan con el Ministerio Público.

Esta función fue encomendada a personal del IFDP por el Congreso, mediante la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro, que entró en vigor el 28 de febrero de 2011.

El magistrado refirió que de abril a mayo de este año se atendió a 172 víctimas de plagio. Detalló que a la mayoría (169) se le proporcionó atención directa durante el proceso de averiguación previa, sin importar que un grupo importante de estas personas son de origen centroamericano e ingresaron al país sin documentación, y a tres más se les apoyó en la solicitud de la reparación del daño.

Agregó que con la entrada en vigor de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional, en el Distrito Federal se ha solicitado la intervención de asesores jurídicos en 11 casos, como representantes del demandado y/o de los terceros afectados en juicios de esa materia.

Explicó que los abogados del IFDP también están preparados para atender las demandas de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social bajo la ley de 1973 que busquen recuperar el dinero de sus ahorros de vivienda no ejercidos en el Infonavit.

Los asesores jurídicos, explicó, han ganado en favor de los usuarios de menores recursos 764 casos de forma definitiva y se espera sentencia favorable en otros 3 mil 575 juicios de amparo.

Roldán Velázquez dijo que se prevé que haya más solicitudes de juicios de amparo en este tema después de la jurisprudencia que asentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

21 jun 2011

Están desaparecidos 10 comunicadores; muchos reciben amenazas por realizar su labor



En lo que va de la actual administración al menos 42 periodistas han sido asesinados

De la Redacción
Periódico La Jornada
Martes 21 de junio de 2011, p. 10

En lo que va de la administración de Felipe Calderón al menos 42 periodistas han sido asesinados en 16 estados, 10 se encuentran desaparecidos luego de haber sido levantados por presuntos criminales y muchos otros han sido víctimas de diversas agresiones en represalia por su labor. La mayoría de los casos no han sido esclarecidos por las autoridadades.

Guerrero encabeza la lista, con nueve periodistas ultimados y la desaparición de Marco Antonio López, jefe de información del periódico Novedades de Acapulco, quien apenas el 7 de junio fue privado ilegalmente de la libertad por desconocidos en ese puerto.

Entre los informadores asesinados figuran Jorge Ochoa, director de los semanarios El Oportuno y El Sol de la Costa; Juan Rodríguez, corresponsal de El Sol de Acapulco, y su esposa María Hernández, directora del semanario Nueva Línea, así como Evaristo Pacheco, de Visión Informativa.

Además, Juan Martínez, del Grupo Radiorama Acapulco; Juan Hernández, editor del semanario El Quijote de Taxco; Jean Ibarra, del rotativo El Correo, de Iguala; Amado Ramírez, corresponsal de Televisa, y Misael Tamayo, director de El Despertar de la Costa.

Le sigue Chihuahua, con seis comunicadores asesinados: Luis Carlos Santiago, fotógrafo de El Diario de Juárez; María Isabella Cordero, encargada de relaciones públicas de la Cámara de Comercio; Norberto Miranda, director del medio digital Radio Visión.

También fueron ultimados Ernesto Montañez, editor de la revista Enfoque; José Armando Rodríguez, de El Diario de Juárez; David García, editorialista de El Diario de Chihuahua, y Gerardo Guevara, del semanario Siglo XXI.

En Veracruz, con el homicidio del columnista Miguel Ángel López Velasco, del diario Notiver, perpetrado ayer, suman cinco periodistas privados de la vida y cuatro más que están desaparecidos, aunque de estos últimos sólo se ha dado a conocer el caso de Evaristo Ortega, director de los periódicos Espacio y Diario de Misantla.

Los otros cuatro decesos corresponden a Hugo Barragán, colaborador del periódico La Crónica de la Cuenca; Roberto Marcos, de la revista Testimonio; Adolfo Sánchez, corresponsal de Televisa Veracruz; Luis Méndez, conductor de la radiodifusora La Poderosa en Tuxpan, y Noel López Olguín, reportero del rotativo La Verdad del Sureste.

En Michoacán cuatro periodistas han muerto: Israel García, del periódico La Opinión de Uruapan; Miguel Ángel Villagómez, director del diario La Noticia, en Lázaro Cárdenas; Martín Miranda, director de Panorama del Oriente, de Zitácuaro, y Hugo Olivera, corresponsal de La Voz de Michoacán, en Apatzingán.

Tres más se encuentran desaparecidos: Mauricio Estrada, reportero de La Opinión de Apatzingán; María Esther Aguilar, corresponsal de Cambio de Michoacán en Zamora, y Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal de Cambio de Michoacán en la región de la meseta purépecha.

En Durango cuatro comunicadores fueron ejecutados en 2009: Carlos Melo, corresponsal del periódico Tiempo de Durango; Eliseo Barrón, reportero de La Opinión; el camarógrafo Gerardo Esparza, y Bladimir Antuna, reportero del Tiempo de Durango.

En Sonora tres periodistas murieron a manos de presuntos sicarios: Pablo Aurelio Ruelas, quien laboró en el periódico Diario del Yaqui; Saúl Noé Martínez, del Diario de Agua Prieta, y Gustavo Alonso Acosta, del rotativo Interdiario.

En Coahuila, desconocidos mataron a dos informadores: Eliseo Barrón, reportero del periódico La Opinión Milenio, y Valentín Valdés, reportero del rotativo Zócalo de Saltillo.

De los 10 asesinatos restantes, dos se cometieron en Sinaloa: Óscar Rivera, vocero del área de seguridad del gobierno estatal, y José Luis Romero, del noticiero de radio Línea Directa. Dos en Tabasco: Rodolfo Rincón y Alejandro Zenón. Uno en Nuevo León: Luis Emanuel Ruiz, fotógrafo del periódico La Prensa.

En Quintana Roo, José Velázquez, de la revista Expresiones de Tulum. En Baja California, el fotógrafo Gerardo Martínez, de El Sol de Tijuana.

En Tamaulipas, Carlos Guajardo, del diario Expreso de Matamoros. En Jalisco, el director de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, José Galindo.

En Yucatán dos comunicadores se encuentran desaparecidos.

Asesinan también a su esposa y a su hijo menor, fotógrafo de Notiver

Matan en Veracruz al periodista Miguel Ángel López Velasco
Foto
Página electrónica de ayer del periódico NotiverFoto Ap /Notiver
Luz María Rivera y Alfredo Méndez
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Martes 21 de junio de 2011, p. 9

La madrugada de este lunes fue asesinado en su domicilio en el puerto de Veracruz el periodista de la fuente policiaca y columnista del periódico Notiver Miguel Ángel López Velasco, junto con su esposa y su hijo menor, fotógrafo del mismo diario.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se trasladó a las instalaciones del rotativo –el de mayor circulación en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río– y ordenó el inicio de las pesquisas en el domicilio del autor de la columna diaria Va de nuez, que el comunicador firmaba con el seudónimo de Milo Vela, espacio que el lunes apareció en las versiones impresa y digital del diario.

Miguel Ángel López documentó, en la década de los 90, lo que fueron las primeras escaramuzas del narcotráfico en el país, con su libro titulado Todos están adentro, que resumía un encuentro de militares con policías el 7 de noviembre de 1991, en el paraje conocido como Llano de la Víbora, del municipio de Tlalixcoyan, donde ambos grupos se acusaron de cuidar un cargamento de droga y murieron varios de ambos bandos.

Junto con Miguel Ángel fueron asesinados su esposa, Agustina Solana, jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social, y Misael López Solana, el hijo más joven de la familia, quien desde años atrás se especializó en fotografía política y policiaca. Misa, como era llamado, cubrió como fotógrafo especial la campaña de Miguel Ángel Yunes, candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Veracruz. Recientemente colaboraba para la sección policiaca de Notiver y acompañaba a su padre.

Las pesquisas del triple crimen se iniciaron en el domicilio del periodista, en la colonia Formando Hogar. Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense del puerto de Veracruz.

Peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) ya coadyuvan con las autoridades veracruzanas en las investigaciones abiertas por la Procuraduría General de Justicia de esta entidad, encaminadas a dar con el paradero de los homicidas de Miguel Ángel López, revelaron fuentes ministeriales.

Hasta ayer, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas estaba a la espera de que la procuraduría estatal abriera un triplicado de su indagatoria sobre el caso, pues de ese documento se desprenderá un informe para la PGR, en caso de que se haya configurado algún delito federal.

La indagatoria que abrieron las autoridades de Veracruz contempla, hasta ahora, la probable comisión de dos delitos: triple homicidio y portación de armas de alto calibre. Este segundo ilícito es de orden federal, por lo que dará pie a la PGR para ejercer su facultad de atracción del caso.

Lo que no está claro por ahora, según indicaron las fuentes consultadas por La Jornada, es si existen indicios probatorios que den cabida a la posibilidad de que el homicidio del periodista y su familia responda a una represalia de algún criminal, servidor público, político o empresario, a raíz de sus publicaciones en Notiver.

Condena de Gobernación

Por la noche, la Secretaría de Gobernación condenó el asesinato del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco y dos de sus familiares, al tiempo que anunció que por medio de la Procuraduría General de la República (PGR) coadyuvará con todos los instrumentos a su alcance en las investigación que realice la Procuraduría General de Justicia del estado.

Al mismo tiempo, la dependencia federal convocó al gremio periodístico y representantes de los medios de comunicación a construir un frente común para denunciar, prevenir y sancionar aquellos actos que atenten contra el libre ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Asimismo, la Secretaría de Gobernación planteó que está a disposición de los trabajadores de los medios de comunicación el Mecanismo de Protección a Periodistas.


El abogado contrario al obispo ratifica "concilio de intereses"

Niega la Corte vínculo de ministros en fallo a favor de Onésimo Cepeda

Alfredo Méndez y Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Martes 21 de junio de 2011, p. 19

El abogado de la empresa Arthinia Internacional, Xavier Olea Peláez, quien el pasado jueves perdió en última instancia un pleito judicial contra el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, insistió este lunes, en conferencia de prensa, en que hubo altos funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) que intercedieron en ese litigio para evitar que el prelado fuera a la cárcel.

Olea Peláez sumó a su acusación pública el nombre de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Margarita Beatriz Luna Ramos.

En este asunto, indicó, existe un concilio chiapaneco de intereses, opinión que dijo tener luego de que vio una imagen en un periódico de circulación nacional, donde aparece el obispo abrazado por Alejandro Luna (sobrino de la ministra Luna Ramos e hijo del magistrado del Tribunal Electoral del PJF, Alejandro Luna Ramos), quienes son oriundos del estado de Chiapas.

En respuesta a los señalamientos que hizo este lunes el abogado –lo mismo que ocurrió el pasado jueves, cuando Olea aseguró que el ministro Sergio Valls, también de origen chiapaneco, intercedió en favor de Cepeda Silva–, la Corte emitió un comunicado para desmentir nuevamente y desacreditar al penalista.

La SCJN señaló que reprueba y lamenta que el abogado, quien representa a la parte que acusó al obispo, recurra a litigar en los medios lo que en su momento no se pudo probar en los tribunales.

El texto sostiene que, basado en suposiciones, el abogado declaró de manera irresponsable y sin sustento en contra de Luna Ramos, por el simple hecho de ser originaria de Chiapas.

Además rechazó categóricamente que la ministra tenga vinculación o relación alguna con participantes, activos o indirectos en el juicio que involucra a Cepeda y a la parte defendida por Olea.

Es de lamentar que un profesional del derecho busque desprestigiar a integrantes del Poder Judicial de la Federación, como estrategia para justificar el no haberse visto beneficiado en dicho juicio, indicó la Corte.

Durante la conferencia de prensa, Olea Peláez aseguró que una vez que reciba copia de la sentencia judicial que favoreció a Cepeda Silva –lo que se prevé ocurra el próximo viernes–, preparará la denuncia penal que presentará a más tardar en dos semanas ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Mi intención no es desprestigiar a la Suprema Corte, pero ante estos indicios que quedan en el aire, la PGR deberá investigar e interrogar a los ministros para que se aclaren todas estas situaciones que tienen tufo a corrupción y tráfico de influencias, expuso.

Añadió que mantendrá esas acusaciones y que si el obispo decide demandarlo por la vía civil, para exigir la reparación del daño moral, pues lo enfrentamos, a mí no me amedrenta una sotana.

30 may 2011

También tienen responsabilidad la PGR, la SCJN y la CNDH por omisión, añaden

Juicio ciudadano declara culpables a la Presidencia y al IMSS por el caso ABC

Seguimos reclamando justicia porque a casi dos años de las muertes las autoridades no responden

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Los integrantes del jurado ciudadano muestran su veredicto luego de escuchar los argumentos de las partes en el juicio popular realizado a las autoridades por la muerte de 49 niños en la guardería ABCFoto María Meléndrez Parada

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Lunes 30 de mayo de 2011, p. 14

A una semana de que se cumpla el segundo aniversario del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 niños y 75 resultaron lesionados, padres de las víctimas, organizaciones civiles, juristas y activistas por la defensa de los derechos humanos realizaron en el Zócalo de la ciudad de México un juicio ciudadano al Estado mexicano. En el acto se recreó un juicio oral, en el que Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, quien fungió como juez, luego de escuchar las resoluciones del jurado y de los testigos de calidad, declaró responsabilidad de Estado a la Presidencia de la República, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Álvarez Icaza declaró responsable al Poder Judicial de la Federación, en caso concreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la denegación de acceso a la justicia a las víctimas e imponer el peligrosísimo criterio de que los niños y niñas no son sujetos de derechos, así como desatender de manera grave el principio del interés superior de la infancia.

Si la muerte de 49 niños y la lesión de 104 más no es suficiente para que la SCJN considere responsabilidades y actúe en consecuencia, cabe preguntarse ¿qué tendrá que pasar para que lo haga?

De igual forma, añadió, el Poder Legislativo es culpable por la omisión de legislar para proteger los derechos de niños y niñas, y en particular la Cámara de Diputados, por la falta de asignación presupuestaria para garantizar el ejercicio de los derechos de la primera infancia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también es culpable, sentenció Álvarez Icaza, por la negligencia y desatención a las víctimas, por no ejercer sus atribuciones para defenderlos y protegerlos, y por no exigir el cumplimiento de la recomendación que emitió sobre el caso de la guardería ABC 49/2009.

En su papel de juez, Álvarez Icaza condenó al Estado mexicano a modificar el esquema de subrogación de guarderías del IMSS por su clara contravención a los derechos humanos de los niños y niñas, así como de cualquier otro modelo de cuidado infantil que sea contrario a la Constitución y los tratados internacionales.

Condenó también al Estado mexicano a acatar, atender e implementar de inmediato las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño en lo que se refiere a servicios de privatización, así como en lo relativo a la garantía de los derechos durante la primera infancia.

Álvarez Icaza destacó que es indispensable remarcar la responsabilidad ética ineludible de Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, y de Daniel Karam, actual titular de ese instituto, con independencia de otro tipo de responsabilidades a las que haya lugar. Condenó a los funcionarios a presentar una auténtica disculpa pública a los niños, niñas, padres, madres, familiares y comunidad entera que se vieron afectados en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.

Y también condenó a cada funcionario referido a 153 meses de trabajo comunitario, equivalente a 12 años con nueve meses. Esto es, un mes por cada niño o niña que perdió la vida o resultó lesionado, y por la gravedad de los hechos, quedan inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público y/o de representación de los tres niveles de gobierno por un periodo de 20 años.

Mónica González Contró, abogada del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó: estamos aquí porque a casi dos años de la tragedia las autoridades no han podido dar respuesta al reclamo de justicia. Señaló que el Ejecutivo “es responsable en su doble calidad de jefe del Estado mexicano y jefe de los titulares del IMSS y de la PGR. La subrogación de las guarderías contraviene la obligación del Estado, privatizan el servicio.

El jurista Daniel Márquez, quien fungió como defensor, manifestó que no tenía la certeza de que se pueda enjuiciar al Estado mexicano por este hecho; sin embargo, sí hay responsabilidades de funcionarios públicos federales y del gobierno de Sonora. La subrogación de guarderías no tiene sustento constitucional y sólo 14 de mil 480 guarderías cumplen los requisitos legales.

El jurado estuvo integrado por 11 personas, entre ellos Elena Azaola, Lorenzo Córdova, Nasheli Ramírez, Édgar Cortez y Carlos Cruz.

Los testigos de calidad también fueron 11 personas, entre ellos: Sabina Berman, Javier Sicilia, Miguel Carbonell, Eduardo Gallo, Bruno Bichir y Pietro Ameglio.

22 abr 2011

La marcha nacional empezará el 5 de mayo en Cuernavaca y terminará el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Marcha Nacional por la Paz
Cencos | Cencos |

La marcha nacional empezará el 5 de mayo en Cuernavaca y terminará el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Para todos aquellos que no puedan venir, proponemos la organización de marchas paralelas en su ciudad tal y como se hizo el 6 de abril.

Si quieren publicar los datos de su ciudad (en México o el extranjero) les rogamos que nos manden los datos a las cuentas de twitter @rjchihuahua y @sarcle para subirlos a la tabla. Recuerden que este blog es de todos nosotros y su único propósito es coordinarnos mejor. La única cuenta oficial de Javier Sicilia en Twitter es @mxhastalamadre.

Contacto:

http://marchanacionalporlapaz.blogspot.com/2011/04/marchas-del-8-de-mayo.html

Convoca: Javier Sicilia y todos los integrantes de la Marcha Nacional por la Paz

http://www.cencos.org/node/26667

12 abr 2011

Es una medida sin precedente de la cúpula del Poder Judicial

Fiscalizarán cuentas bancarias y bienes de jueces para tratar de evitar la corrupción

Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Martes 12 de abril de 2011, p. 14

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) avaló una propuesta del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, que impone rigurosas medidas para fiscalizar el patrimonio de los funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF), en una acción que incluirá la revisión de las cuentas bancarias y la evolución patrimonial de jueces, magistrados y ministros, con el propósito de prevenir y detectar actos de corrupción que puedan derivar en el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.

El pleno del CJF –integrado por seis consejeros y el presidente de la Corte– aprobó el acuerdo 10/2011, mediante el que se determinó poner en marcha medidas de revisión y fiscalización para dar seguimiento a la situación financiera de todos los servidores públicos que forman parte de la institución, así como de los juzgados y tribunales federales del país, informó en un comunicado el órgano administrativo y disciplinario del PJF.

Es la primera ocasión en que la cúpula del Poder Judicial Federal toma medidas de esta índole para evitar el enriquecimiento ilícito de sus funcionarios, práctica que es difícil demostrar en los hechos, pero que ha sido un secreto a voces entre abogados que todos los días litigan en los más de 600 tribunales y juzgados federales habilitados en el país.

Hay varias quejas en el CJF contra jueces y magistrados que han sido acusados de corrupción, ya sea por recibir dinero o canonjías de algún despacho involucrado en un litigio, o por pedir dinero a cambio de solucionar un problema judicial. Pero la verdad es que se trata de acusaciones difíciles de comprobar por las partes acusadoras, porque aunque muchos han sido testigos de algún acto de extorsión o cohecho, no todos presentan las pruebas que lo demuestren, dijo a La Jornada un importante funcionario de la Judicatura Federal que pidió el anonimato.

Las medidas adoptadas por los consejeros contemplan, en caso de ser necesario, la revisión del patrimonio y situación bancaria de los juzgadores del PJF de parte de los consejeros y del ministro presidente del CJF y de la SCJN.

La finalidad de esta decisión es garantizar que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación cuenten con una situación financiera que corresponda al nivel de sus ingresos, además de detectar cualquier evidencia o indicio de un enriquecimiento ilícito o de ingresos cuyo origen no puedan comprobar, refirió el CJF.

Los consejeros argumentaron que estas medidas de fiscalización son muestra de la adhesión y solidaridad (del PJF) al programa de acciones tendentes a lograr la seguridad nacional que se requiere en el país.

Según el comunicado, estas medidas implican también un ejercicio de transparencia necesaria para brindar a la ciudadanía confianza en el actuar de los juzgadores federales, dada la alta responsabilidad que implica la función de impartición de justicia.

Tanto el ministro presidente de la Corte como los seis consejeros de la Judicatura Federal acordaron que bastará que el contralor del PJF dé aviso al pleno del CJF –sin que se requiera someter ese punto a votación– para iniciar una fiscalización específica contra algún juzgador.

El CJF añadió que las dependencias y entidades públicas, así como las instituciones financieras, están obligadas a proporcionar la información y datos que la Judicatura Federal les solicite, relacionada con los registros, operaciones y datos bancarios de los servidores públicos del PJF.

En todo caso la información recabada será confidencial y calificada como reservada, para efectos de impedir que sea abierta al público mediante las vías que la ley de transparencia indica.

Cuando el contralor o los consejeros de la judicatura consideren que de los datos, documentación e información bancaria proporcionada en relación con algún servidor público del PJF “se advierta la existencia de una probable causa de responsabilidad administrativa o de tipo penal, instruirán al área administrativa que corresponda, para que proceda en el ámbito de su competencia.

En su caso, el pleno del consejo ordenará dar vista al Ministerio Público de la Federación, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, así como para que se informe a la autoridad fiscal, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de la Función Pública, según corresponda, destaca el comunicado.

Las medidas de este acuerdo entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación, lo que aún no ha ocurrido.

7 abr 2011

En 21 estados, miles de personas exigen: "ni un muerto más"

Marchas contra la violencia
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Unas 800 personas participaron en la protesta realizada en Jalapa, VeracruzFoto Notimex

De la redacción
Periódico La Jornada
Jueves 7 de abril de 2011, p. 4

Miles de personas marcharon en 21 entidades para exigir un alto a la violencia, la corrupción y la impunidad, con la consigna de que ni un joven ni una persona más muera a manos del crimen organizado ante la pasividad y la complicidad de las autoridades.

Los manifestantes salieron a las calles en respuesta a la convocatoria del poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado junto a otras seis personas el pasado 28 de marzo en Morelos.

En Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, Yucatán, Puebla y Colima se concentró el mayor número de participantes, mientras en Michoacán, Durango, Tlaxcala, estado de México, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Jalisco decenas de estudiantes, académicos y activistas sociales portaron pancartas con mensajes como Queremos vivir en paz, No más sangre, Quiero caminar sin miedo y Ni un muerto más.

En Puebla, la mayor protesta

Entre dichas entidades, la manifestación más numerosa se realizó en Puebla, donde participaron al menos mil personas. El contingente que asistió a la marcha estuvo integrado por familias enteras, activistas, estudiantes, universitarios, intelectuales, artistas, periodistas y diputados locales.

Unas 800 personas participaron en Jalapa, Veracruz. Los manifestantes izaron una manta en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada con la leyenda ¡Justicia para tod@s!, y lanzaron consignas para exigir el retiro del Ejército de las calles.

En Guanajuato, cerca de 450 personas de la capital estatal y los municipios de Celaya y León salieron a manifestarse en apoyo a las familias de los jóvenes asesinados en Cuernavaca. Estamos hartos de tanta sangre. Seguro cuando termine el sexenio, Calderón se irá del país y dejará el avispero. Es increíble que todavía tenga el descaro de cobrar una compensación porque dice que su trabajo es de riesgo; ¡ya ni la chinga!, comentó Sandra Flores.

En Monterrey, Nuevo León, unas 300 personas se reunieron frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León, y corearon consignas como Felipe, tu guerra no me gusta y Pueblo, protesta, o no sales de ésta.

En Saltillo, Coahuila, se movilizaron unas 200 personas. Estamos a merced de la violencia criminal de los asesinos y de la violencia simbólica de aquellos a quienes indebidamente elegimos para que cuidaran de nosotros, consideró el historiador Carlos Valdés Dávila.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, dijo que la sombra de la violencia cada vez abarca más espacios de la sociedad, y el Estado mexicano se debilita al estar permeado por las organizaciones criminales.

En San Luis Potosí se contabilizaron 500 asistentes a la marcha, en Aguascalientes 200, en Querétaro la misma cantidad, en Yucatán 150, en Colima 100 y el mismo número en Chiapas.

En Oaxaca, unos 200 ciudadanos, entre ellos el pintor Francisco Toledo, marcharon de la plazuela del Carmen Alto al zócalo de la ciudad para exigir al gobierno federal modificar su estrategia de combate al crimen organizado.

Decenas de universitarios y activistas marcharon en el estado de México, Jalisco, Durango, Michoacán, Tlaxcala e Hidalgo.

En este último estado, el activista Alfredo Alcalá señaló que de acuerdo con cifras del propio gobierno federal de diciembre de 2006 a finales de 2010 se tenían contabilizadas 34 mil 612 ejecuciones, en el contexto de la llamada guerra contra la delincuencia organizada.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, decenas de maestros, luchadores sociales y estudiantes realizaron un plantón para exigir además el esclarecimiento de los homicidios de al menos 17 activistas, perpetrados en la entidad en los últimos tres años.

En Durango, estudiantes caminaron en silencio con pancartas en mano. Exigieron el esclarecimiento de la muerte de un estudiante de veterinaria, desaparecido el 24 de marzo y cuyo cuerpo fue encontrado horas antes de la manifestación.


El estamos hasta la madre se propaga en Argentina y España

Stella Calloni y Armando Tejeda
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 7 de abril de 2011, p. 4

Buenos Aires, 6 de abril. Estamos hasta la madre, fue la consigna que cientos gritaron hoy en Argentina y España para protestar por el asesinato del hijo del poeta mexicano, Javier Sicilia, Juan Francisco Sicilia, y seis personas más en Morelos.

Estamos hasta la madre. Si no pueden, renuncien se leía en un cartel frente a la embajada de México en Buenos Aires, adonde llegaron manifestantes autoconvocados en las últimas horas para protestar por el asesinato de Juan Francisco Sicilia, de 24 años, y otras seis personas. Fue la respuesta simbólica y conmovedora a la carta de Javier Sicilia, que da la vuelta al mundo y origina manifestaciones en varias ciudades.

En Buenos Aires, los manifestantes pusieron fin al acto al colocar flores y velas en la calle afuera de la sede diplomática. En otras se leía: México no es un rastro, Todos somos Sicilia, “Más educación, trabajo y prevención. Menos balas y muertes. Calderón párale a tu ‘guerra’”.

También se exhibieron textos impresos de diarios y revistas de México entre ellos La Jornada, donde se leían las cifras de los miles de muertos en la guerra (esta palabra siempre la entrecomillaron).

En Madrid, Barcelona y San Sebastián se repitió el grito de ¡Estamos hasta la madre! de la violencia, de los políticos, de los criminales y de la guerra iniciada por Felipe Calderón.

Cientos de mexicanos y ciudadanos españoles expresaron con veladoras encendidas, con poemas, con la palabra sentida de Sicilia, su profundo pesar por lo que ocurre en México, y lanzaron duras críticas al gobierno de Calderón, que ya no tiene ni autoridad moral ni credibilidad.

La concentración en Barcelona fue la más numerosa: unas 200 personas se desplegaron en la céntrica Plaza Sant Jaume, a un costado de los edificios de la Generalitat de Cataluña y del ayuntamiento de Barcelona. En una gran pancarta expresaron: Emergencia nacional. ¡Ni un muerto más! México, 40 mil muertos.

En los actos de protesta de Madrid, frente a la embajada de México, en Barcelona y en San Sebastián (País Vasco), en la plaza del ayuntamiento, se leyó la carta abierta de Sicilia y su proclama de ¡Estamos hasta la madre!, pero también se señaló y se denunció con cifras lo que está ocurriendo en el país: 40 mil muertos en lo que va del sexenio, 9 mil desapariciones, 11 mil secuestros y el dato escalofriante de que entre los fallecidos hay más de mil 100 menores de edad, muchos de ellos apenas unos niños.

En Los Ángeles, organizaciones civiles convocadas por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y del Frente Unido de los Pueblos Americanos realizaron una manifestación frente al consulado de México para protestar por “la guerra de Calderón en contra del narco”, informó Bertha Rodriguez, vocera de la FIOB.

Con información de agencias


Manifestaciones poéticas y de rabia de escritores, artistas, ciudadanos y abogados

Sí son nuestros muertos, no es nuestra guerra, expresaron en el mitin del DF

Fabiola Martínez y Fernando Camacho
Periódico La Jornada
Jueves 7 de abril de 2011, p. 3

Sí son nuestros muertos, no es nuestra guerra. Fue la frase que dio sustento a una marcha a la que le urgía despegar de la explanada del Palacio de Bellas Artes para dar inicio a lo que fue una catarsis ciudadana y poética. Las letras, el ensayo y los versos sustituyeron a la retórica política, al discurso partidista.

El destinatario de la exigencia fue quien en 2006 inició una estrategia para legitimarse. Y a más de cuatro años, con el recuento de casi 40 mil muertos de la guerra contra el narcotráfico, la gente salió ayer a las calles de la capital para decir No más sangre, fuera Calderón, Ni uno más ...¡Estamos hasta la madre!”

La de ayer no fue una protesta del silencio o de gente vestida de blanco que clamaba por un alto a la violencia, entendida como recuento de delitos; esta vez, se trató de reclamar al Presidente que pare su guerra, porque, como dijo Alejandro Martí, parafrasearon, si no puede, que renuncie.

La convocatoria del poeta y escritor Javier Sicilia, padre de uno de los siete ejecutados la semana pasada en Morelos, encontró un eco que se hizo oír en tan sólo un par de días a través de las redes sociales y algunos otros medios de comunicación.

Miércoles en la tarde. Eje Central. Una multitud se reúne sin necesidad de profesionales de las marchas, de aquellos que dicen dónde acomodarse; por dónde y a qué hora arranca la descubierta; quién carga el altavoz, o quién va a la vanguardia. Tampoco estaba el que distribuye las pancartas de plástico ni el que guía al contingente.

Esta vez, la espontaneidad tomó el lugar principal. Apenas, los más prevenidos, repartían al paso fotocopias de propuestas y exigencias; de poemas libres; o un machote de nuevas consignas para la marcha nacional: codo con codo/ Sicilia somos todos; este gobierno/ nos hunde en el infierno; Felipe, ya es hora/ legisla la droga; los cuernos de chivo/ a nadie dejan vivo; ¿quién dio su licencia/ a toda esta violencia?/ Felipe, tu pendencia.

En unos cuantos minutos, después de las cinco de la tarde, ya estaba colmada la calle de 5 de Mayo. Ahí iban artistas y muchos ciudadanos afectados por la violencia, como la señora que tuvo que salir huyendo de la pesadilla que trajeron a su vida los policías judiciales que la secuestraron en Cuernavaca.

También caminaban por el Centro Histórico estudiantes de universidades privadas que no daban crédito a las recientes declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de que en siete años disminuirá la violencia porque son perversas. La violencia generada aquí es consecuencia de una estrategia mal planteada, lamentaban estudiantes de ciencia política del ITAM.

Muchos jóvenes, múltiples propuestas que tenían como eje la cultura y la educación como antídoto de la desesperanza.

Entre poetas, pintores, estudiantes, actores, músicos, escritores, periodistas, escultores, abogados y ciudadanos procedentes de varios puntos de la capital y estados vecinos, se improvisaron las más variadas consignas, que pasaron, siempre, por la exigencia de un cambio profundo para acabar con la corrupción e impunidad tan características de la guerra.

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Una ofrenda, propuestas e indignación se observó en la marcha del Zócalo capitalinoFoto José Carlo González

Al llegar a la Plaza de la Constitución, conmovidos por el dolor no sólo de su colega o amigo Javier Sicilia, sino de todas las familias rotas, los artistas fueron dejando, uno a uno, pasajes, letras, imágenes, de lo que ya no quieren ver más en un país de casi 10 mil muertos por año, desde que empezó el sexenio calderonista.

A diferencia de otras manifestaciones, en ésta la impotencia, la rabia y la incredulidad se vertieron en gran medida mediante ensayos lúcidos y elocuentes, de versos y de metáforas. “La violencia proviene tanto de los narcos, de los criminales, como de las policías y el Ejército”, señaló María Rivera, tras dar lectura a su poema Los muertos, escrito por la masacre de los 72 migrantes en Tamaulipas.

Criminales mexicanos

Los que estuvieron en el Zócalo refutaron el discurso oficial, aquel que “responde con cinismo y a manera de consuelo de que la gran mayoría (de los muertos en esta guerra) son criminales, ‘los malos que están matándose entre sí’”. Gran sofisma –advierte el poeta Eduardo Hurtado– porque los muertos son mexicanos con derechos y obligaciones... hermanos y tíos de campesinos metidos a sicarios; cuñados y primos de tantos otros que hoy viven atados al temor; soldados de familias humildes metidos a ejercer funciones que no les corresponden”.

Durante el mitin, fue el discurso poético el que más concitó la atención de la gente. El que generó el silencio más respetuoso. El que resumió lo que los pronunciamientos políticos apenas sabrían rozar. El que materializó en un solo golpe la solidaridad de quienes sienten como propia la herida de los deudos.

Entre los convocantes y oradores estaban Paco Ignacio Taibo II, Daniel Giménez Cacho, Ofelia Medina, David Huerta, Ana García Bergua, Francisco Segovia, Eduardo Hurtado, María Baranda y Eduardo Vázquez, pero también miles (el gobierno capitalino calculó 10 mil) con la misma gana de que la sociedad civil sea la única interlocutora válida de sí misma.

Muchos artistas en el templete y abajo, como Eduardo y Ana, de los ciudadanos de a pie, fueron al Zócalo con la esperanza de entregarle a Sicilia –quien estaba en Cuernavaca– una carta con poemas de Torres Bodet. Uno de ellos, en especial, dedicado a los que ya no están: Yo soy tu verdadera fosa. Vives en lo que pienso, en lo que digo, y con vida tan honda que no hay hora y lugar en que no estés conmigo.

Por la noche, desde el Palacio de Covián, el subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez, dijo que todas las marchas le merecen respeto, porque es una expresión legítima de la sociedad, la cual debe sumarse al gobierno, para combatir el crimen.

El gobierno no ha logrado controlarla, sostiene Robert Mueller en la Cámara de Representantes

Niveles sin precedente de violencia en México, advierte el director de la FBI

David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 7 de abril de 2011, p. 11

Nueva York, 6 de abril. El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Robert Mueller, consideró hoy que la violencia en México ha llegado a niveles sin precedente y que el gobierno aún no ha logrado controlarla, mientras que por otro lado persiste la preocupación por presuntos terroristas extranjeros ingresando a Estados Unidos desde la frontera sur.

Al asistir a una audiencia ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, Mueller señaló que la violencia extrema a través de nuestra frontera suroeste continúa impactando a Estados Unidos, y dio como ejemplos el asesinato de una empleada del consulado estadunidense en Ciudad Juárez, Chihuahua, el de su esposo y otro trabajador de esa legación, y la agresión a balazos en una carretera de San Luis Potosí contra dos funcionarios de Inmigración y Aduanas (ICE), también ciudadanos de Estados Unidos, donde murió el agente Jaime Zapata y resultó herido su compañero Víctor Ávila.

Mueller fue interrogado sobre si lo que ocurría en México es una guerra. No la llamaría una guerra de gran escala; yo diría que hay facciones en guerra que emplean el homicidio como mecanismo de control de territorio, y eso ha contribuido sustancialmente al número de muertes en México, a pesar de que los militares y la policía han llevado a cabo esfuerzos sustanciales, respondió.

El representante republicano por Texas, John Culberson, dijo a Mueller que su equipo de asesores había calculado el número de muertes durante la Revolución Mexicana, hace un siglo, para compararlo con las cifras actuales y concluyó que el nivel de violencia hoy día es mucho más elevado que en el momento cumbre de la Revolución. Acto seguido preguntó a Mueller si él caracteriza el nivel de violencia actual como sin precedente.

Mueller respondió: Creo que las estadísticas de homicidios hablan por sí mismas. Es justo decir que es sin precedente. Los últimos dos años, pienso, han sido particularmente malos. Añadió que esta violencia ciertamente no está bajo control en este punto. Indicó que Estados Unidos está otorgando apoyo sustancial –particularmente en inteligencia– a sus contrapartes en México, y la esperanza de todo es que veremos reducciones (de violencia) más adelante.

El presidente del subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, el republicano Frank Wolf, comentó que aún recuerda cómo hace algunos años llevó de viaje a su familia a México en automóvil, pero uno no podría hacer eso hoy día. Y me preocupa que eso (la violencia) se está trasladando hacia el norte (el lado estadunidense).

En ese contexto, Wolf preguntó a Mueller sobre el asesinato de dos ciudadanos de Estados Unidos en un cruce fronterizo esta semana, y el director de la FBI le confirmó que ambos eran estadunidenses, y que el incidente –ocurrido en Tijuana– está en investigación.

A Mueller también se le preguntó sobre la actividad de bandas criminales de países latinoamericanos, y señaló que la FBI tiene como una de sus prioridades máximas la lucha contra esos grupos, sobre todo su presencia en Estados Unidos, y nombró entre ellas al MS-13, Nuestra Familia, la Mexican Mafia y los Latin Kings, entre otras.

El representante Wolf señaló que la DEA había afirmado que la mayoría de las bandas en México tienen operaciones en Estados Unidos, y Mueller lo confirmó: Creo que muchas de ellas sí. Dijo que el fenómeno de las bandas (o pandillas) había evolucionado de algo localizado a un problema internacional, ya que operan tanto en México y Centroamérica, como dentro de Estados Unidos, y por tanto la FBI está trabajando en colaboración con sus contrapartes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras sobre este fenómeno. Tenemos, indicó, más de 160 grupos de tarea enfocados sobre pandillas en este país.

Otro tema relacionado con México que se abordó fue el del ingreso –por la frontera sur– de extranjeros sospechosos de tener vínculos con el terrorismo. Un legislador comentó que el diario Houston Chronicle acaba de reportar que unos 900 extranjeros denominados de interés especial, provenientes de 35 países habían sido detenidos a lo largo de la frontera sur en los pasados17 meses –un incremento de 67 por ciento. Mueller dijo que no podía hablar en sesión abierta (pública) sobre casos particulares, y recordó que el hecho de que aun proviniendo de países vinculados al terrorismo ello no implicaba que los extranjeros estuvieran relacionados con eso. Pero subrayó que obviamente cunde esa preocupación sobre estos extranjeros de interés especial, tanto entre la FBI como otras agencias, y que no sólo en la frontera sur, sino también en la de Canadá.

Ésta, como una serie de audiencias legislativas recientes sobre asuntos relacionados con seguridad y amenazas internacionales, no necesariamente tenía como enfoque el tema de México. De hecho, casi todas las audiencias recientes para asuntos de seguridad tienen que ver con las operaciones y necesidades presupuestales de las diversas agencias federales, pero inevitablemente tanto los legisladores como los funcionarios han incluido al país vecino entre las preocupaciones de seguridad junto con el terrorismo, los ciberataques, las guerras en Medio Oriente o la seguridad pública dentro de Estados Unidos.

En todas estas reuniones se ha abordado la relación bilateral casi exclusivamente con la óptica de la amenaza que representa para Estados Unidos la actual violencia en México.

6 abr 2011

Los delitos se persiguen, asegura; omite mencionar vejaciones, secuestros y asesinatos

Maquilla México ante ONU situación de migrantes, denuncian en Ginebra

El comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, defiende avances para proteger la vida de estas personas

El informe decepciona a miembros de AI y al sacerdote Alejandro Solalinde

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Migrantes centroamericanos esperan el paso del tren cerca de LecheríaFoto José Carlo González /Archivo

Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de abril de 2011, p. 5

Madrid, 5 de abril. En Ginebra, ante el Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el gobierno mexicano maquilló la realidad sobre la situación de los secuestros, las vejaciones y los asesinatos que sufren los migrantes que pasan por el país, denunciaron diversas organizaciones que estuvieron presentes en las reuniones de trabajo a puerta cerrada.

La delegación mexicana, encabezada por el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, defendió los avances que se han alcanzado en la actual administración para proteger la vida de los migrantes y en el combate al crimen organizado, que señalaron como la principal amenaza para estos ciudadanos.

En el encuentro se constataron dos versiones antagónicas para un mismo fenómeno: por un lado, la delegación del gobierno de Felipe Calderón defendió que en México se cumple la ley, se respetan los derechos humanos de los migrantes, se persiguen los delitos y se garantiza el acceso a la justicia de los ciudadanos migratorios que sufren algún tipo de vejación o secuestro y en ningún caso prevalece la impunidad.

Pero por otro lado está la versión de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y del propio relator de la ONU, que denunciaron que en nuestro país la migración está siendo amenazada, se ha convertido en un negocio para los grupos criminales, que ha habido y hay en la actualidad algún tipo de connivencia de las autoridades de los tres niveles –municipal, estatal y federal, incluidos la Marina y el Ejército– y que prevalece la impunidad en la mayoría de los casos reportados, que tiene su aspecto más grave y dramático en los más de 11 mil secuestros forzados de migrantes, según la ONU.

Cada cuatro años, México tiene que ratificar ante la Organización de Naciones Unidas la Convención de los Trabajadores Migratorios, en la que como Estado se compromete a garantizar el respeto a la integridad y velar porque se respeten los derechos humanos de estas personas.

La delegación mexicana que viajó a Ginebra con este propósito, además de exponer la situación actual del fenómeno, defendió que se han logrado algunos avances legislativos, como la aprobación de los visados humanitarios para que los migrantes puedan presentar sus denuncias. El gobierno también dio datos sobre el flujo migratorio de ciudadanos centroamericanos en México, que en 2010 ascendió a 150 mil, de los cuales 63 mil 300 fueron detenidos y repatriados por las autoridades mexicanas.

Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional (AI) para México, explicó a La Jornada que “la delegación mexicana presentó una información débil, sin datos realmente contrastables y precisos, pero sobre todo nos preocupa que hasta ahora, y a pesar de la gravedad del asunto, no se han adoptado medidas concretas de protección ni de lucha contra la impunidad.

Nos vamos muy decepcionados y preocupados, pues la sociedad civil y la propia ONU hemos demostrado que los secuestros masivos de migrantes han aumentado de forma considerable en México en los últimos cuatro años, y junto con ello también hemos visto cómo aumentan los casos de funcionarios implicados en las tramas criminales, incluidos efectivos de la Marina y el Ejército, a lo que hay que sumar la parálisis de la justicia para investigar estos delitos.

Por su parte, el sacerdote Alejandro Solalinde, que puso en marcha el albergue Hermanos en el Camino para ayudar a los migrantes a su paso por Oaxaca, mostró su indignación y malestar: Creo que no era necesario venir hasta Suiza para constatar la incidencia en la misma actitud apologética. Para ver cómo 20 cosmetólogos intentan cuidar el cutis del gobierno federal sobre un problema que lo peor que se puede hacer es ignorar o soslayar.

Solalinde reconoció que en estos momentos existen dos visiones diferentes, antagónicas: la del gobierno y la del resto de la sociedad. Hablamos lenguajes diferentes, pero a pesar de esto nos hubiera gustado poder al menos dialogar sobre hechos reales, sobre lo que de verdad está ocurriendo, sobre los 11 mil secuestros forzados. Pero hemos visto que el gobierno mexicano está estancado en cuidar su imagen. Así que nos vamos de Ginebra muy desilusionados.

La delincuencia, principal enemigo: SG y SRE

Por otra parte, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado conjunto en el que aseguran que la principal amenaza para los migrantes que transitan por el país es la delincuencia organizada. Sobre el secuestro y homicidio colectivo de 72 migrantes centroamericanos, ocurrido el año pasado en un rancho de Tamaulipas, informó que hasta el momento hay ocho detenidos.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río, dijo en Ginebra que el gobierno federal ha detenido a 966 personas por el delito de tráfico de migrantes, que el Poder Judicial ha dictado 602 sentencias por tráfico de indocumentados y que las investigaciones por secuestro no prescriben ni pueden reservarse.

Fabiola Martínez


La delación puede poner en riesgo derechos humanos, advierten

El plan de la PGR refleja lo erróneo de la estrategia de seguridad: ONG

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de abril de 2011, p. 4

El programa de recompensas de la Procuraduría General de la República (PGR) para quien denuncie el lavado de dinero, demuestra la ineficiencia de las autoridades para combatir este ilícito y puede provocar una serie de delaciones por interés económico, en las que ni siquiera se garantice la seguridad de quienes participen, advirtieron activistas de derechos humanos.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que se trata de una medida que refleja lo erróneo de la estrategia de seguridad del gobierno y las deficiencias estructurales del sistema de justicia.

Este proyecto puede causar que la carga de la prueba la tenga la persona a quien se imputa el delito, y poner en riesgo la vigencia de los derechos humanos. Se vuelve una especie de populismo penal que cuestiona las acciones de inteligencia de la PGR, agregó.

Por su parte, Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que el programa de delaciones deja en claro la ineficacia de las autoridades al traspasar a los ciudadanos la responsabilidad de detectar ese crimen, un trabajo que corresponde directamente al gobierno federal.

Seguimos dando patadas de ahogado, porque no existe una estrategia integral de seguridad. Si bien es cierto que debe combatirse el lavado de dinero, esto demuestra que hay una gran carencia en los métodos de investigación de la PGR y las fiscalías especializadas, aseveró.

Además, existe el riesgo latente de que las denuncias sean filtradas a los grupos del crimen organizado, lo que puede generar acciones de represalia, como lo demuestra el asesinato de Juan Francisco Sicilia y otras seis personas en Cuernavaca, Morelos.

Por otro lado, agregó, no puede descartarse la posibilidad de que un ciudadano denuncie a otro por motivos personales o interés en la recompensa económica. No hay garantías de que no ocurra eso. Pueden señalar a quien tengan al lado y más tarde ser asesinados, porque los criminales saben bien quiénes son los que delatan, dónde están y cómo se mueven, advirtió.

Como ciudadanos queremos ayudar, pero ¿cómo hacerlo con la gran desconfianza que tenemos en las autoridades por la forma en que han actuado?, ¿cómo hacerlo con la impunidad que existe en tantas líneas y cuando han cometido tantas violaciones contra los derechos humanos?, se preguntó.