Completo, el consejo consultivo de la CNDH con la elección de cuatro integrantes

Cita el Senado a Luege Tamargo con base en la reforma sobre derechos humanos

Deberá explicar por qué se niega a atender la recomendación en torno a inundaciones de Tabasco

Más de mil 500 habitantes de la comunidad Boca de Chilapa, municipio de Centla, Tabasco, permanecieron anegados más de 15 días sin recibir ayuda de ninguna autoridadFoto Alfredo Domínguez

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Viernes 9 de diciembre de 2011, p. 45

Con base en la reforma constitucional sobre derechos humanos, el Senado citó a comparecer al director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege, a fin de que explique a ese órgano legislativo por qué su negativa a cumplir con la recomendación 61/22011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en torno a los damnificados en Tabasco por las inundaciones de 2010.

Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, solicitó en un escrito dirigido al presidente del Senado, el panista José González Morfín, que se llamara a comparecer al director de Conagua por no acatar la recomendación referida, y dijo a dicha cámaraa que en dos ocasiones anteriores Luege tampoco aceptó las recomendaciones 54/2011, referida a la contaminación del río Usumacinta, y la 12/2010, relativa a la descarga de residuos químicos en el río Santiago, en Jalisco, que provocó la muerte de un menor.

Luege Tamargo es el primer funcionario citado por el Senado para que explique su negativa a aceptar la recomendación de la CNDH, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

El ombudsman nacional sostiene en el escrito enviado al Senado que servidores públicos de Conagua vulneraron en agravio de las 5 mil 710 víctimas, los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, propiedad, posesión, trato digno, vivienda adecuada y desarrollo, porque existieron irregularidades en cuanto a la actuación de esa comisión en relación a las evacuaciones y demoliciones de viviendas en las que su personal participó.

El documento señala que la Conagua no logró demostrar fehacientemente que todas las personas que resultaron afectadas con motivo de la construcción de canales de alivio, fueron notificados oportunamente y se advirtió la posible existencia de prácticas que no han estado encaminadas a prevenir la corrupción dentro de dicha institución.

Por otra parte, durante una reunión de trabajo de la comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside Rosario Ibarra, se eligió ayer a los cuatro integrantes del consejo consultivo de la CNDH que faltaban.

Se trata de los empresarios Alfredo Achar Tussie y Marcos Fastlich –suegro de Emilio Azcárraga–; Jorge Bustamante, relator de la Organización de las Naciones Unidas para migrantes e investigador de El Colegio de la Frontera Norte, y la embajadora y consultora internacional, Carmen Moreno Toscano.

Con los nuevos nombramientos el Senado renovó en su totalidad a los integrantes de dicho consejo. El consejero Miguel Carbonell, jurista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México no fue ratificado, con el argumento de que llevaba cinco años en el cargo.

La elección de los cuatro integrantes del consejo dejó sin efecto la elección que el año pasado realizó esta comisión en favor de Itzel Checa y José Antonio Ortega, este último muy cuestionado por su militancia en organismos de ultraderecha.

Los senadores Cleominio Zoreda (PRI) y José Luis García Zalvidea (PRD) comentaron que fue una elección difícil, ya que la mayoría de los 30 aspirantes reunía los requisitos pedidos.

Tapan ‘moreirazo’ hasta el año 2019

Las condiciones en que se fraguó el denominado “moreirazo”, que disparó la deuda de Coahuila hasta un 19 mil 270 por ciento a través de la falsificación de documentos oficiales y prácticas irregulares, podrán conocerse hasta el año 2019.

Sin citar un argumento legal directo, la Auditoría Superior del Estado reservó por ocho años la información contenida en la cuenta pública de 2010 al responder a una solicitud de información vía transparencia presentada por Grupo REFORMA el 31 de octubre pasado.

De este modo, las cuentas del último año de Humberto Moreira como Gobernador de Coahuila, hoy presidente nacional del PRI, permanecerán blindadas hasta más de un año después de que concluya el mandato de su hermano Rubén, quien mañana toma posesión de la Gubernatura.

Para cuando la información esté disponible, algunos de los posibles delitos cometidos en el caso podrían haber prescrito, debido a que en Coahuila se dejan de perseguir en un año aquellos ilícitos que no ameritan prisión y en mínimo tres años los que sí contemplan cárcel.

La reserva de los documentos de los créditos que elevaron de 184 millones de pesos a 35 mil 457 millones la deuda estatal durante la Administración de Moreira fue decidida por el organismo que preside Armando Plata Sandoval, designado por el Congreso como Auditor Superior en 2007, precisamente a propuesta de Humberto Moreira.

La solicitud de acceso a la información presentada por Grupo REFORMA pidió a la Auditoría estatal copia simple de todos y cada uno de los documentos que integran la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Coahuila correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010.

“La información por usted solicitada fue clasificada como información reservada”, expresa la Auditoría en su respuesta, “siendo información reservada en su totalidad la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010.

“Dicha reserva podrá durar hasta por el periodo de ocho años y dejará de tener dicho carácter cuando venza el plazo de reserva, cesen las causas que dieron origen a su clasificación o por resolución del instituto que revoque o modifique la clasificación de reserva de información”.

Sin embargo, en su escrito, el organismo no da una causa explícita para la reserva y sólo invoca artículos de la Ley de Acceso a la Información del Estado que incluyen las reglas para reservar los datos, pero no mencionan la cuenta pública.

Por el contrario, la fracción XVII del artículo 19 de la misma ley establece como información pública mínima la cuenta pública anual una vez que se presente ante el Congreso del Estado.

Y otra vez: notarías para los cuates

Por segunda ocasión, y a unas horas de que concluya la actual Administración estatal, se entregaron ayer notarías públicas a amigos y funcionarios cercanos al Gobernador de Coahuila con licencia Humberto Moreira.

Esta vez fueron aprobadas 43 fíats o patentes notariales a servidores públicos estatales, ex funcionarios y abogados cercanos al Gobierno del Estado.

Previamente, el 16 de diciembre de 2008, ya se habían autorizado 19 notarías públicas a personas allegadas a Humberto Moreira, entonces Mandatario en funciones.

Entre los beneficiados de ayer están Sergio Sisbeles, secretario particular del actual Gobernador Jorge Torres; Fausto Destenave Kuri, director de la Comisión Estatal de Aguas; Ricardo Treviño Torres, subsecretario de Gobierno, y Sergio Antonio Almaguer, subsecretario de Asuntos Jurídicos.

También Blanca Nelly Guajardo Villarreal, dirigente municipal del PRD y hermana de la diputada federal perredista Mary Telma Guajardo, quien es comadre de Humberto y Rubén Moreira.

Agencia
Reforma

Avalan decreto y anexos, a pesar de que no los conocen la mayoría de legisladores

Comisión de la Cámara de Diputados avala fast track el presupuesto 2012 en lo general

Aumentan recursos para universidades, agro y prevención del delitos, asegura Navarrete

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Martes 15 de noviembre de 2011, p. 13

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados evidenció la opacidad en que se desenvuelve el Poder Legislativo federal cuando soluciona sus problemas y conflictos internos. Anoche, sin presentar el dictamen de gasto público para el año próximo, la mayoría de los legisladores presentes en la sesión de ese órgano camaral aprobó en lo general el decreto y sus anexos, a pesar de que desconocían los documentos.

Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Presupuesto, convocó a reunión de ese grupo de trabajo.

En punto de las nueve de la noche anunció que el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012 era suscrito por todos los grupos políticos en la junta directiva de la comisión, que avalaban el dictamen, a pesar de que la mayoría de los 42 integrantes ignoraban su contenido.

“Han conocido el dictamen los integrantes de la misma junta directiva, el decreto, y sabiendo que este tipo de cosas se ventilan directamente en el pleno, pudiéramos tener la confianza de ustedes de que un documento firmado por todos los miembros de cada fracción parlamentaria y sus representantes pudiera ser el entregado a la mesa directiva.

Todas las reservas pudieran ser llevadas de una vez al pleno, sabiendo que estamos desafortunadamente cerca del cumplimiento del plazo legal.

La votación de ayer –inédita en la historia de las sesiones aprobatorias del gasto público– fue casi unánime, y la única postura en contra fue la de María Esther Sherman, quien la víspera se había dedicado a ordenar un legajo de anexos, pero rechazó el procedimiento expuesto ayer.

Priísta ignora por qué levantó la mano

Incluso cuando preguntó a Roberto Albores –uno de los precandidatos priístas al gobierno de Chiapas– por qué había levantado la mano, éste le respondió con un lacónico: ¡no sé!

El argumento de los integrantes de la mesa directiva de la comisión para impulsar, en más de tres minutos, el voto fast track del dictamen redundó en que se había agotado el tiempo legal para dar trámite al proceso de aprobación en el pleno.

Es decir, el documento se entregará a la brevedad a la mesa directiva para cumplir con el acuerdo. Éste señala que por lo menos tres horas antes de la sesión los diputados puedan conocer el dictamen para poder hacer las reservas correspondientes.

De esa forma, se espera que los trabajos en el salón de sesiones se inicien a las 10 de la mañana, una vez que a las siete se publique –vía Internet– en la Gaceta Parlamentaria.

El mismo Alfonso Navarrete Prida desglosó el contenido del dictamen, del que no se supo nada a causa de la consigna a la que se comprometieron los mismos diputados.

“Se le dio un ajuste de fondo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Contenía castigo al campo, a la educación media superior, a la salud; un enfoque inercial a los temas de seguridad. Le dimos un ajuste en la ruta que nos parece que la sociedad está demandando.

Para los programas de prevención del delito venía 10 por ciento, hoy queda 20 por ciento; para las universidades públicas venía una disminución, hoy viene un incremento; para los temas del campo venía un castigo brutal y se compensa en términos reales con el 2011 con apoyos adicionales a ciertos rubros. La parte de infraestructura venía con una tendencia a la baja y se compensa para impulsar el desarrollo regional, en fin...

La resolución presupuestaria discurrió en el conflicto que enfrentó al sector campesino de los diputados con la Comisión de Presupuesto e involucró a la coordinación priísta en San Lázaro porque el gobierno federal proyectó un gasto a la baja en ese sector por un monto de 260 mil millones de pesos.

Los diputados habían proyectado 294 mil millones para el agro, y la Secretaría de Hacienda sólo pretendía subsanar ese hueco con 14 mil millones sumados a los 260 mil.

Cruz López, ex secretario de la CNC, calificó de inadmisible la oferta: “yo digo que a espaldas de sus representados, que somos los demás diputados federales, acordaron que no se tocaran los incrementos desmedidos del Presidente de la República en una serie de programas.

En esas circunstancias, si además nos hacen un ajuste del tamaño que comento, y aparte de eso quieren únicamente darnos 14 mil millones de pesos, entonces nos están metiendo en un problema. Estamos configurando lo que se llama una crisis alimentaria, o sea, que esto no nada más nos daña a nosotros, estas decisiones que están tomando, decisiones verdaderamente irracionales, sino que también, cuando se den cuenta de que el kilo de tortilla va a andar en 20 pesos, entonces se van a dan cuenta de que también estamos haciendo daño a todos los mexicanos, y eso es verdaderamente grave.

Por la noche el escenario cambió en torno al diferendo relacionado con el campo. El diputado López confió que Alfonso Navarrete Prida le había informado que la solicitud de los dirigentes campesinos por ubicar el gasto en 304 mil millones de pesos se había cumplido, y aún más satisfecho sonrió al añadir que a ese monto se sumaron 21 mil millones de pesos más al rubro de recursos potenciados.

Con el perdón se borran antedecedentes, se sobresee el juicio y se archiva el caso

Liberan a Jonás Larrazabal; desisten de la acusación de chantaje en su contra

No hubo reparación del daño por un millón 135 mil pesos y 30 mil dólares que reclamaban

Jonás Larrazabal, el día en que lo trasladaron al penal de Cadereyta, Nuevo León, por el delito de chantajeFoto Notimex

María Alejandra Arroyo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 15 de noviembre de 2011, p. 16

Monterrey NL, 14 de noviembre. Unas horas después de que los dueños del casino Red desistieron voluntariamente de su denuncia por el presunto delito de chantaje en contra de Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón, el primero fue notificado de su liberación del Centro de Desarrollo Comunitario (Cedeco) del municipio de San Nicolás, donde se le recluyó mientras se desarrollaba el proceso en el juzgado segundo de lo penal, con sede en esta capital.

Yo no he hablado con él, pero entiendo que ya está fuera de la cárcel, dijo Fernando Larrazabal, entrevistado respecto de la excarcelación de su consanguíneo.

El apoderado del casino y socio del mismo, Víctor Aldo García Gómez, se presentó ante el juez José Luis Pesina y desistió en nombre de los dueños del establecimiento, quedando en el expediente 197-2011 constancia de que no hubo reparación del daño por un millón 135 mil pesos y 30 mil dólares que le reclamaron a Jonás en septiembre anterior, cuando presentaron su denuncia ante la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.

El desistimiento dejó a Jonás Larrazabal en la posibilidad de recuperar su libertad y abandonar el Cedeco de San Nicolás, donde se le recluyó el 20 de octubre. El perdón también permitirá borrar sus antecedentes penales por el supuesto crimen que se le imputó, además de que el juicio quedará sobreseído y archivado el proceso criminal en su contra.

Durante la diligencia, el abogado Víctor Aldo García dijo ante el personal del recinto judicial que recibió instrucciones de los socios del casino Red de desistir del juicio en contra del hermano del edil capitalino.

García Gómez fue quien presentó la denuncia por chantaje contra Jonás, a quien en su momento acusó de exigir dinero al casino, a cambio de dejarlo operar. Luego del desistimiento, no podrá haber ninguna reclamación posterior.

El juez segundo penal de Monterrey, José Luis Pesina, dictó el sobreseimiento del expediente y ordenó la inmediata libertad de Larrazabal Bretón. El secretario de primera instancia del juzgado, Jorge Gisifredo Yáñez Alemán, arribó al Cedeco poco antes de las 16 horas para notificar el auto de libertad a Jonás Larrazabal.

Poco después el defensor de Jonás, Carlos Soto, argumentó que los dueños del casino desistieron porque no pudieron comprobar las cantidades de dinero que aseguraron haber entregado al detenido, y decidieron hacerlo para no incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad.

Sin embargo, el defensor recordó que Jonás Larrazabal, antes de ser aprehendido, levantó una denuncia por difamación contra quien resulte responsable, y la procuraduría tendrá que continuarla.

Por su parte, el vocero de seguridad estatal, Jorge Domene, dijo que Sergio Gil fue invitado a declarar en diversas ocasiones, en su calidad de parte afectada, sin que hubiera acudido. El funcionario descartó que la liberación de Larrazabal Bretón fuera producto de una falla en el proceso penal, y aclaró que la averiguación por cohecho en contra de Jonás sigue abierta por parte de la procuraduría estatal.

Fernando Larrazabal confirmó que el procedimiento contra su hermano no ha concluido, y confió en que sea liberado del juicio de cohecho y delincuencia organizada.

Dar resultados sesgados sobre comicios internos "es muy temerario", asegura Adrián Varela

Irresponsable, titular de comisión electoral del PRD por adelantar triunfo de los chuchos

Aún no sesionan para validar el cómputo en aquellas entidades donde concluyó el proceso

José Antonio Román

Periódico La Jornada
Lunes 31 de octubre de 2011, p. 9

A pesar de que varios estados han concluido el cómputo de la elección interna del PRD para sus órganos de gobierno, hasta el anochecer de ayer la comisión nacional electoral del partido no había comenzado la sesión para dar validez a los resultados de los comicios realizados hace una semana.

En 25 estados donde se llevó a cabo el proceso los resultados preliminares apuntan a un fortalecimiento de las corrientes Nueva Izquierda (NI) y Alternativa Democrática Nacional (ADN), en detrimento de Izquierda Democrática Nacional (IDN).

Sin embargo, hay que recordar que están pendientes las elecciones internas en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas y Distrito Federal, cinco entidades que representan más de 45 por ciento de los resultados del proceso para elegir consejos estatales y nacional, y delegados al Congreso Nacional del sol azteca.

En medio de serios cuestionamientos sobre la calidad de los comicios en los 25 estados el pasado domingo, el presidente de la comisión nacional electoral, Iván Texta Solís, fue blanco de duras críticas por declaraciones hechas la víspera, cuando informó de manera extraoficial sobre el triunfo electoral de la corriente NI –conocida como los chuchos–, que encabezan el presidente del PRD, Jesús Zambrano, y Jesús Ortega, así como de ADN, del senador Héctor Bautista y el dirigente mexiquense Luis Sánchez, en detrimento de IDN, de la secretaria general del partido, Dolores Padierna, y René Bejarano.

El comisionado Adrián Varela Mendoza calificó de irresponsable a Texta por haber declarado triunfadora a una corriente sobre otra.

Varela Mendoza aseguró que hacer manifestaciones respecto de si hay corrientes mayoritarias o minoritarias lo único que genera es un ambiente de hostilidad entre las diferentes expresiones del partido.

No es correcto que un presidente de un órgano electoral, que se debe caracterizar por ser institucional, esté dando resultados que, en primera, no están validados y, en segundo lugar, los maneje o los diferencie por expresión, añadió uno de los cuatro comisionados que tiene el órgano electoral, además del presidente.

En un posicionamiento, Varela dijo que plantear que una expresión tiene más o menos consejeros es caer en lo absurdo, y más aún cuando faltan elecciones en cinco estados –que se llevarán a cabo el 6 de noviembre–, las cuales representan casi la mitad de los puestos que están en juego.

Dar resultados sesgados es muy temerario y muy irresponsable. La comisión nacional electoral no debe representar a corriente o expresión alguna, por lo que es una irresponsabilidad que Iván Texta se ponga los zapatos de su corriente para declarar lo que le conviene a ésta, aun siendo falso, dijo.

Los resultados, para hacerlos válidos, tienen que ser publicados por la citada comisión en una sesión de cómputo nacional. En dicha reunión se dará validez definitiva a los resultados.

En la víspera, el presidente de la comisión electoral informó que, de acuerdo con datos preliminares, NI tenía 35 por ciento de las preferencias, con lo que los chuchos seguirían como la fuerza más importante en el Consejo y Congreso nacionales de ese partido. En tanto, ADN alcanzaba 26 por ciento de los votos y se ubicaba en el segundo sitio, mientras IDN caía del segundo al tercer lugar, con 18 por ciento de las preferencias, seguida por Foro Nuevo Sol.

Por otra parte, este fin de semana la comisión electoral acordó también el calendario de actividades previas a la jornada del próximo 6 de noviembre en las cinco entidades que quedaron pendientes debido a la toma de edificios, robo de papelería (en Guerrero incluso se presentó una denuncia ante el Ministerio Público del fuero común por la sustracción de paquetería electoral) y riñas entre grupos rivales.

El acuerdo prevé revisar todo el material electoral y, en el caso de Chiapas, imprimir nueva paquetería con diseño distinto al anterior, además de la publicación en Internet del número y ubicación de casillas, y realizar el procedimiento de insaculación de los funcionarios de casilla, así como la integración de las mesas directivas.

Trascendió que el presidente del partido, Jesús Zambrano, en nombre de la Comisión Política Nacional –donde están representadas todas las corrientes del sol azteca–, solicitó a Marcelo Ebrard una reunión para dar garantías a la realización de los comicios el próximo domingo en la capital. Hasta el momento, el jefe de Gobierno del Distrito Federal no ha respondido.

El PRD tiene que concluir todo este proceso electoral, incluida su calificación, antes del 15 de noviembre, fecha establecida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Inicia procedimientos a actores políticos y medios de comunicación reticentes a informar

Este año han aumentado las quejas ante el IFE en contra de funcionarios públicos

El rezago en la resolución de los recursos promovidos en años anteriores es relativamente menor, asegura el instituto

Los demandantes han optado por procesos especiales sancionadores, informa

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Lunes 31 de octubre de 2011, p. 6

Durante 2011, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha iniciado 149 expedientes por diversas irregularidades a la legislación, aunque sobresalen las promovidas por la presunta violación al artículo 134 constitucional, relacionado con la imparcialidad que deben asumir los funcionarios públicos. En otros diez casos, la autoridad inició procedimientos ante la reticencia de diversos actores políticos a entregarle información requerida, incluidos medios de comunicación.

El informe de la Secretaría Ejecutiva del IFE, relacionado con el estado que guardan las quejas presentadas, refiere que el rezago en la resolución de recursos promovidos en años anteriores es relativamente menor.

De 2009, de las 206 quejas interpuestas, la autoridad electoral ya ha dado por concluidas 195, por lo que solamente restan 11, en tanto de 2010, de 56 recursos iniciados sólo quedan por resolver 21, esto es, en total faltan 32 recursos correspondientes a años pasados.

Del informe destaca que entre las denuncias que se encuentran en trámite, correspondientes a 2011 por la vía ordinaria, diez fueron presentadas por ciudadanos en contra de servidores públicos y dos más involucran a partidos políticos. Al mismo tiempo, el instituto ha abierto 31 expedientes de oficio, de los cuales ocho son en contra de medios de comunicación.

Del informe se desprende que en 2011, inicio del año electoral, los partidos y ciudadanos denunciantes han optado preferentemente (94 casos) por promover recursos para que sean desahogados mediante procedimientos especiales sancionadores, y en 55 se optó por la vía ordinaria.

En teoría, bajo el primero de los esquemas el IFE debería resolver en cinco días, una vez iniciada la investigación, según lo dispone la legislación. Sin embargo, amparados en criterios ordenados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estos cinco días comienzan a correr después de una investigación previa que confirme indicios de la irregularidad cometida, lo que ha supuesto que los cinco días sólo sean mera referencia recurrentemente incumplida.

Del total de procedimientos especiales sancionadores, poco más de la mitad (49) los promovieron los partidos políticos y 20 fueron interpuestos por ciudadanos; en diez casos se denuncian presuntas irregularidades de servidores públicos.

A raíz de estos procedimientos especiales, en 57 casos los promoventes han solicitado la imposición de medidas cautelares a fin de interrumpir la presunta conducta irregular, en su mayoría relacionada con la hipotética contratación de espacios en radio y televisión, violaciones al artículo 134 constitucional, que regula a los funcionarios públicos, y por la difusión ilegal de propaganda gubernamental en periodos prohibidos por la legislación electoral.

Conforme a la dinámica de procedimiento, de las 57 solicitudes de medidas cautelares que recibió la Secretaría Ejecutiva del instituto, en 44 casos se turnó a la Comisión de Quejas y Denuncias para su análisis y decisión. Sin embargo, sólo en 15 casos los consejeros que la integran consideraron procedente la aplicación de las medidas cautelares y ordenaron su instrumentación.

Por otro lado, de las 195 quejas que fueron resueltas de 2009 –año de elección federal–, poco más de 10 por ciento (22) fueron consideradas fundadas, pues el resto fueron calificadas de infundadas, sobreseídas, desechadas o se tomaron por no presentadas. En cuanto a 2010, de los 35 recursos promovidos, siete fueron considerados fundados y el resto no procedieron por diversas razones.

Es terrorismo laboral ante la amenaza de despidos, dice abogado

Demandarán docentes a Lujambio y a Gordillo por evaluación ilegal

Karina Avilés

Periódico La Jornada
Lunes 31 de octubre de 2011, p. 13

El Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del sindicato magisterial presentará una denuncia contra el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, y la lideresa del gremio, Elba Esther Gordillo, por imponer la evaluación universal a los docentes que no está prevista en la ley y que se traduce en acciones de terrorismo laboral por la pérdida de derechos y la amenaza latente de despidos.

La acción será interpuesta por unos 50 mil querellantes de 20 entidades de la República el próximo 18 de noviembre ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con el apoyo de la Unión de Juristas de México.

Eduardo Miranda, de la organización de abogados, señaló que prevén interponer amparos para lograr, primero, una suspensión provisional, y luego la definitiva, de la evaluación que se aplicará en junio próximo a unos 600 mil maestros de primaria.

El secretario general del CEND, Sergio Espinal, anunció movilizaciones para los días 4, 8, 10, 15 y 18 de noviembre. El 15 del próximo mes realizarán una marcha del Palacio de Bellas Artes a la Cámara de Diputados.

El fondo, añadió, se encuentra en el acuerdo PAN-PRI para hacer reformas que implican un retroceso a las garantías de los trabajadores como la estabilidad laboral, la contratación, la promoción y la permanencia en el empleo.

José González Figueroa, fundador de la agrupación de maestros disidentes, expresó que la SEP busca desaparecer los turnos vespertinos para reducir la lista de trabajadores, cuando en la capital del país, las autoridades informaron que al menos debe haber 15 alumnos en por grupo.

Es corresponsable de violaciones a derechos, dicen PRD y PT

Presentan diputados solicitud de juicio político contra García Luna

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 12 de octubre de 2011, p. 13

Los grupos legislativos de PRD y PT en la Cámara de Diputados presentaron ayer una solicitud de juicio político contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien es uno de los autores intelectuales de la guerra contra el narcotráfico, la cual, señalaron, ha provocado violaciones a derechos fundamentales y la muerte de más de 50 mil mexicanos.

La petición, que se entregó en la Secretaría General de la Cámara, sostiene que García Luna es copartícipe de una situación de violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales, que han comprometido el normal funcionamiento de las instituciones del país, su paz y la vida de sus habitantes.

También le atribuyen el desvío de recursos públicos con fines de promoción personal y apología de la política que enfrenta al gobierno de Felipe Calderón con la delincuencia organizada.

El texto del documento resalta: A la fecha, el servidor público enfrenta serias acusaciones de corrupción, mismas que son del dominio público; señalamientos de tener supuestos vínculos con un sector del narcotráfico; acusaciones de opacidad en la administración de los recursos públicos; denuncias públicas de enriquecimiento ilegítimo, y entrega de recursos cuantiosos a empresas privadas, entre ellas Televisa, para la producción del programa El Equipo.

Los legisladores que suscriben la solicitud, entre ellos los perredistas Alejandro Encinas y Leticia Quezada, así como la diputada del PT Laura Itzel Castillo, afirmaron que García Luna habría violado la Constitución al recibir una condecoración de un gobierno extranjero sin la autorización del Congreso de la Unión y ser, entre otros, el autor intelectual de la política de seguridad pública que ha generado la muerte violenta de más de 50 mil mexicanos, quienes gozaban del principio de presunción de inocencia.

Los diputados expresan que la política puesta en marcha contra la delincuencia organizada ha violado el artículo primero constitucional, sobre la inviolabilidad de los derechos humanos y la garantía de protección más amplia a los ciudadanos mexicanos.

Además, consideraron que la falta de planeación, coordinación y enlace institucional de García Luna con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina ha generado una evidente invasión de funciones y competencias entre las tres dependencias.

También se le atribuyen omisiones en las labores ordinarias de investigación y acción, que han causado trastornos graves en el funcionamiento normal de las instituciones y ha acarreado el encarcelamiento y muerte de miles de personas que gozaban del principio de presunción de inocencia, y en general un agravamiento del fenómeno delincuencial ante la existencia de una política de seguridad mal ideada y ejecutada.

Las Mendocinas será administrado por la coordinación de Veracruz

Transfieren al SAE rancho incautado a Raúl Salinas por enriquecimiento ilícito

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2011, p. 18

El juzgado 13 de distrito de procesos penales federales acordó transferir al Servicio de Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la administración del rancho Las Mendocinas, asegurado hace 15 años por los juicios penales que se iniciaron contra Raúl Salinas de Gortari.

Se trata de una hacienda localizada en Puebla, cuyo destino final aún es incierto, pues está vigente el proceso contra el hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari por presunto enriquecimiento ilícito. Este juicio es uno de los más añejos del caso que aún no se resuelve ni siquiera en primera instancia.

El impartidor de justicia indicó que se deja a disposición de la coordinación regional de Veracruz, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda, para que administre el rancho denominado ex hacienda Guadalupe Mendocinas.

Según la norma en la materia, el SAE deberá entregar en depósito este inmueble a un administrador, el cual tendrá la obligación de rendir al órgano hacendario un informe mensual sobre este bien y dar todas las facilidades a la autoridad para su supervisión y vigilancia.

En abril de 1996, la PGR acusó a Juan Gómez Caro de ser presunto prestanombres de Raúl Salinas de Gortari en la adquisición del rancho.

En 2006, un tribunal federal ordenó que se admita una prueba a Raúl Salinas de Gortari con la que pretende demostrar que los ingresos que obtuvo durante su gestión pública en el sexenio de su hermano fueron lícitos.

Raúl solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que emitiera un informe sobre sus fondos y cuentas que manejó en los años 90, a fin de presentarlo al juzgado 13 de distrito del Reclusorio Sur, donde se desahoga en su contra un proceso por enriquecimiento ilícito, el último cargo penal que enfrenta en tribunales mexicanos.

Sin embargo, la PGR se opuso a que fuera admitida dicha prueba, pero el segundo tribunal unitario dio la razón a Salinas.

La cifra casi duplica a los inscritos en el nivel, que es de 3.9 millones

Sin cursar educación media superior, 7.3 millones de jóvenes, revela el INEE

Karina Avilés

Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 27

El número de jóvenes que hace tres años no asistían a la educación media superior alcanzó 7.3 millones, lo que sobrepasó de manera importante la cifra de alumnos contabilizados en los registros de este nivel, esto es, 3.9 millones, de acuerdo con el más reciente estudio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el bachillerato.

El organismo señala que los estados que enfrentarán mayores retos por la población que no asiste a la preparatoria son Sonora, Morelos y Nayarit, entidades que obtuvieron tasas de crecimiento negativas en su matrícula.

En Sonora se registraron los peores índices, ya que la tasa de crecimiento anual cayó de 5.3 por ciento en el ciclo escolar 2007/2008 a menos 6.4 por ciento en el 2008/2009.

Lo anterior se traduce en que de 97 mil 479 estudiantes sonorenses inscritos en el bachillerato ahora son 91 mil 210 jóvenes.

Aunque el estudio editado este año no aborda el problema de la inseguridad y la violencia que afecta a este sector poblacional, precisa entre las principales causas de dicha disminución la deserción y el cierre de escuelas por efecto de la aplicación del acuerdo 450, por el que se regulan los servicios educativos privados en este nivel.

Según las estimaciones, en 2008 dejaron de funcionar a nivel nacional 526 escuelas privadas, de las cuales 60 se encontraban en Sonora y brindaban atención a 7 mil 140 alumnos.

Por el contrario, las entidades que registraron mayor crecimiento en su población estudiantil de este nivel educativo fueron Jalisco y Colima, con 7.3 por ciento y 5.3 por ciento, respectivamente.

El instituto estima que una tasa de crecimiento constante de 3.5 por ciento duplicaría la matrícula cada dos décadas. De este modo, si en Jalisco se mantuviera invariable el aumento de la población de alumnos, hasta 2018 contaría con una matrícula de 476 mil estudiantes, superior al número de lugares requeridos para atender a toda la población en edad típica, ya que las proyecciones señalan que el tamaño de este grupo será de 380 mil jóvenes.

En la capital del país, la matrícula no creció y se mantuvo prácticamente igual de un ciclo a otro. En 2007/2008, el número de alumnos en bachillerato fue de 423 mil 931, y para el periodo 2008/2009 la cifra fue de 423 mil 849.

Entre los retos del sistema educativo en educación media superior, enfatiza el INEE, se encuentran captar la mayor cantidad de jóvenes que concluyeron la educación básica y mantener a los que cursan este nivel de estudios.

NL: exigen castigar al “cártel de Larrazabal”

David Carrizales, corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 17 de septiembre de 2011, p. 10

Monterrey, NL. Dirigentes y militantes de Movimiento Ciudadano —antes Convergencia— exigieron frenar la impunidad que beneficia a un grupo de panistas locales a los que denominaron “el cártel de Larrazabal”.

Señalaron que desde hace años esos panistas han incurrido en delitos no sólo relacionados con los casinos, sino también con el manejo de recursos públicos, además de incurrir en tráfico de influencias. Dicho cártel, expuso Ernesto Cerda Serna, dirigente de Movimiento Ciudadano, está liderado por el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón.

Lo integran además su hermano Jonás, los ex alcaldes Dionisio Herrera Duque, de Santa Catarina, y Zeferino Salgado, de San Nicolás de los Garza, así como el ex director de alcoholes de Monterrey Rogelio González Heredia, entre otros.

Mencionó que Herrera Duque fue expulsado por el PAN en agosto pasado, porque supuestamente dañaba la imagen del partido tras ser acusado por el desvío de 90 millones de pesos cuando fue alcalde de Santa Catarina (2006-2009), y después tuvo que renunciar a su cargo en la administración de Larrazabal, aunque éste le reiteró su amistad.

En tanto, expuso el dirigente partidista, Zeferino Salgado, a su paso por la alcaldía de San Nicolás de los Garza recibió del denominado zar de los casinos, José Rojas Cardona, un helicóptero valuado en más de 4 millones de pesos, supuestamente para la vigilancia de la ciudad, que tuvo que devolver al ser evidenciado por la prensa. A su vez, expresó, González Heredia fue detenido hace unos meses durante un operativo de la Marina, y fue relacionado con un grupo de la delincuencia organizada.

Se le atribuye enriquecimiento ilícito en complicidad con su secretario de acuerdos

Presentará el CJF querella ante la PGR contra el ex juez Álvaro Tovilla León

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de septiembre de 2011, p. 10

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentará en los próximos días una querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del ex juez noveno de distrito en materia administrativa con sede en la ciudad de México, Álvaro Tovilla León, debido a que tras la fiscalización de sus finanzas se detectó que existen registros de que actuó en complicidad con quien fuera secretario de acuerdos en su juzgado, Esiquio Martínez Hernández, acusado de obtener ingresos superiores a sus percepciones como servidor público.

Estamos por presentar la querella contra el licenciado (Álvaro) Tovilla, para que se le investigue en la PGR por presunto enriquecimiento ilícito, pues existen inconsistencias en los movimientos de sus finanzas particulares que no concuerdan con los ingresos que obtenía por su labor de juzgador, indicó un funcionario de la Judicatura.

Las fuentes consultadas revelaron que el Consejo de la Judicatura encontró inconsistencias en la evolución patrimonial del juez de distrito en materia administrativa, quien tiene al menos cinco cuentas bancarias a su nombre a las que se han transferido en los dos años recientes recursos por al menos 20 millones de pesos, lo que no corresponde a su nivel de salario mensual, que asciende a 129 mil pesos.

El juzgador –quien en 2005 resolvió que Andrés Manuel López Obrador violó una suspensión concedida en vía de amparo por el caso del predio El Encino– fue suspendido temporalmente del cargo mientras la Judicatura lo investiga por presunta falta de probidad en su actuar como impartidor de justicia.

Una de las líneas de investigación que se desahogan tiene que ver con la posibilidad de que el juez haya recibido sobornos de los abogados y el grupo empresarial a los que un amparo concedido por Tovilla permitió continuar con la construcción –en el Distrito Federal– de la Torre Lomas, en Pedregal 24.

El pasado 28 de enero, el Consejo de la Judicatura presentó una querella ante la PGR en contra de Esiquio Martínez Hernández. Derivado de esa denuncia el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en su contra y obtuvo una orden de aprehensión por de enriquecimiento ilícito, misma que fue cumplimentada el 27 de mayo pasado.

Esiquio Martínez manejaba una cuenta del banco HSBC, donde acumuló 39 millones de pesos durante la última década, sin que lo reportara en sus declaraciones ni lo detectara el Poder Judicial.

El secretario de juzgado quizá no habría sido descubierto en su patrimonio paralelo de no ser porque en 2010 desde esa cuenta transfirió 14 millones de pesos a Nehmías Cruz Hernández, presunto empleado del CJF, quien también está sujeto a investigación por autoridades disciplinarias de la Judicatura.

Martínez tenía 12 cuentas: siete en HSBC, dos en Banamex, una en Ixe, otra en Santander y una de American Express Bank. Pero la del problema fue la cuenta 4044163111 de HSBC.

Lo que llamó la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera es que los 14 millones que transfirió desde esta cuenta a Cruz fueron triangulados a José Daniel Martínez Vasconcelos, por un total de 14 millones 500 mil pesos.

El 8 de abril de 2010 se generó una primera alerta en el sistema financiero, porque Martínez hizo 13 operaciones de retiro por 29 millones 792 mil 186 pesos en la cuenta de la que había transferido los recursos a Cruz Hernández.

Los 432 millones detectados en movimientos de las cuentas bancarias de Esiquio (en dos años) derivan precisamente de esa cuenta, donde se acumularon 39 millones 919 mil 855 pesos entre mayo de 2000 y noviembre de 2010. Esta cantidad, sumada a la que tenía Martínez en sus 11 cuentas restantes –además de un inmueble y dos vehículos automotores–, dan un total de 50 millones 707 mil 633 pesos, que es el patrimonio ajeno a sus ingresos como funcionario del CJF.

El proyecto de PEF plantea un alza de 21 mil millones, que casi duplica a la de educación

Pide el Ejecutivo $147 mil 270 millones para gasto militar y de seguridad pública

Propone presupuesto de 115 mil 824 millones de pesos para Sedena, Marina y SSP federal

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Viernes 9 de septiembre de 2011, p. 10

El gobierno de Felipe Calderón pretende incrementar en 21 mil 982 millones de pesos el gasto militar y de seguridad pública, monto que casi duplica el aumento para todo el sector educativo, que incluye el presupuesto para enseñanza básica, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la investigación científica y tecnológica, el subsector cultura y la promoción del deporte.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, Calderón propuso a la Cámara de Diputados erogaciones por 243 mil 311 millones 232 mil 872 pesos para el ramo 11, Educación Pública, es decir, sólo 12 mil 626 millones 682 mil 150 más que el autorizado para el ejercicio vigente.

En total, para el próximo año, con el aumento de 11 mil 955 millones, el gobierno federal pretende gastar 147 mil 270 millones en el combate a la delincuencia, de los cuales 115 mil 824 millones serán ejercidos por las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina y de Seguridad Pública (SSP) federal, que en conjunto verán incrementado su presupuesto en la cifra señalada.

El proyecto incluye un gasto adicional de 4 mil 453 millones 900 mil pesos de subsidios para la seguridad pública de estados y municipios, con la finalidad de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Prevé un bono de seguridad pública por 3 mil millones de pesos para los estados que cumplan los lineamientos que emita el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Gobernación, y otro de 2 mil 484 millones en subsidios para las entidades que cuenten con programa de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial. Esto es, 10 mil 27 millones de pesos adicionales para actividades policiacas en estados y municipios.

El presupuesto de la Sedena se incrementará en 5 mil 571 millones de pesos; entre sus proyectos están continuar el arrendamiento de radares para vigilancia y control del espacio aéreo; la compra de helicópteros nuevos para apoyo de operaciones de alto impacto y del plan DN-III de emergencia; la adquisición de aviones C-295 y C-27J, equipos de radiocomunicación de última tecnología; adiestramiento militar; material de guerra y la instalación de estaciones móviles de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia Militar, entre otros.

En el proyecto, aumenta el gasto de la SSP, que sigue siendo superior al de la Marina, al pasar de 35 mil 519 millones de pesos a 40 mil 536 millones, esto es, 5 mil 17 millones más, en contraste con el aumento marginal de mil 406 millones de pesos para la Armada, que pasa de 18 mil 270 millones a 19 mil 76 millones. Entre los proyectos previstos por la SSP están un centro estratégico y un cuartel en la carretera a Toluca, por 755 millones de pesos; la construcción de un hangar para la flota de aviones Boeing 727-200 de la Policía Federal, por 417 millones 838 mil pesos, y la rehabilitación de cuarteles y cárceles federales.

Para la Marina se propone la creación de cinco batallones de infantería; una unidad de inteligencia naval en el Distrito Federal; la adquisición de aviones Casa para vigilancia marítima y transporte militar; la compra de helicópteros y vehículos para transporte de personal, de infantes de marina y de carga; la construcción de embarcaciones interceptoras y buques patrulla, y la sustitución de equipos y pertrechos de armamento, entre otros rubros.

El ex funcionario, acusado de corrupción

Piden otra vez a Interpol detener a Néstor Moreno

Gustavo Castillo y Elizabeth Velasco

Periódico La Jornada
Jueves 8 de septiembre de 2011, p. 10

Autoridades mexicanas informaron a la Policía Internacional (Interpol) que Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de nuevo es prófugo de la justicia y debe ser detenido, afirmó el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

En conferencia de prensa realizada con motivo de la primera reunión conjunta de los secretarios de seguridad pública y de encargados de los sistemas penitenciarios del país, señaló que la Policía Federal (PF) ha puesto en marcha nuevas acciones para localizar al funcionario acusado de enriquecimiento ilícito.

Moreno fue detenido el sábado pasado por elementos de la PF en el aeropuerto de Toluca cuando pretendía abordar un vuelo. Pero sólo estuvo unas horas encarcelado, pues un juez federal consideró que su aprehensión no debió realizarse por contar con una suspensión judicial en vías de amparo.

García Luna refirió que ya se activaron todos los sistemas de inteligencia de la PF para tener información del paradero del ex funcionario acusado de haber recibido sobornos (incluido un yate) de empresas extranjeras a cambio de la adjudicación de contratos de la CFE.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que Moreno Díaz está relacionado con la obtención ilegal de más de 33 millones de pesos, y es investigado por otros delitos.

El titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega, indicó que la dependencia coadyuva con la PGR para la detención del ex funcionario, pero también se han abierto otras líneas de investigación sobre el caso.

–¿Moreno habría actuado en grupo?

–Sí. Tenemos varias líneas de investigación.

Es necesario modificar la ley, porque el enriquecimiento patrimonial de los servidores públicos no es delito grave, agregó.

El presidente del Senado, José González Morfín, descartó que por errores de la PGR el ex funcionario haya sido liberado.

El endeudamiento del estado, una operación de "crimen organizado", afirman

Empresarios de Coahuila piden que el líder priísta Humberto Moreira sea investigado

Acusan al ex gobernador de mentir a los coahuilenses y falsificar documentos para contratar créditos

Ciro Pérez

Periódico La Jornada
Jueves 8 de septiembre de 2011, p. 16

La única explicación que se le puede dar al endeudamiento que por más de 30 mil millones de pesos tiene el estado de Coahuila, es que forma parte de una operación de crimen organizado, en la que el ex gobernador Humberto Moreira mintió a los coahuilenses y falsificó documentos para contratar créditos, con la complicidad de diputados locales, autoridades federales y de las propias instituciones bancarias, que por negligencia o complicidad otorgaron créditos o préstamos con base en documentos falsificados, denunciaron empresarios de la entidad.

En rueda de prensa, los empresarios mostraron documentos que sustentan sus dichos y que ayer mismo fueron entregados a la diputada del PRD Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Entre los documentos se encuentra una auditoría realizada por el despacho Leal, Adame y Asociados, en la que se subrayan ingresos reportados por el estado que pasan de 350 millones a más de mil 500 millones de pesos en apenas tres meses y otros derivados de organismos inexistentes que suman más de 3 mil millones de pesos.

Miguel Wheelock Aguayo, Fernando Mendoza Bernal, Juan Pablo Rodríguez Galindo, Mario Dávila Longoria, Alejandro Gursa Obregón, Armando Guadiana Tijerina y Jorge Kalionchiz de la Fuente demandaron la intervención del gobierno del presidente Felipe Calderón y de la ASF; una auditoría del uso que se dio a los fondos federales desde 2006 a la fecha; una compulsa de los proveedores de los servicios del gobierno del estado en ese mismo periodo y una auditoría a las cuentas públicas de 2006 a 2010.

Exigen también la integración de una comisión que investigue el endeudamiento del estado de Coahuila ante la presunción de que existen actos ilegales tan graves como la falsificación de documentos y el enriquecimiento inexplicable del gobernador con licencia Humberto Moreira y otros servidores públicos.

No es posible que un defraudador como Moreira destaque ahora en el plano político nacional, cuando parte de esos 30 mil millones de pesos los usó para convencer a gobernadores como Enrique Peña Nieto y otros y quedarse de líder del PRI, aseveraron los empresarios. Consideramos que esta cadena de abusos y mentiras no puede quedar olvidada ante el silencio y la complicidad de las autoridades del estado.

Durante la conferencia de prensa advirtieron que si a los 32 millones de pesos de deuda se les suman lo que se debe a proveedores, se alcanza una cifra de 50 mil millones de pesos, lo que deja al estado sin dinero para inversión pública ni proyectos sociales en 15 años. Exigimos cárcel para los ladrones, por qué los ciudadanos sí vamos a la cárcel y los funcionarios no, ésta es una vergüenza para México.

Según los empresarios coahuilenses, quienes ayer constituyeron un grupo denominado Claridad y Participación Ciudadana, algunos de ellos miembros del PRI, lamentaron que también en otras entidades del país se maquillen cifras para engañar a la sociedad, para robar dinero público, y no haya autoridad alguna que por lo menos intente poner orden. Reconocieron que si bien ha habido pronunciamientos de la dirigencia del PRD y del PAN, éstos han quedado en meros enunciados que ni siquiera son publicados por todos los medios de comunicación.

Muñoz Ledo critica impuntualidad de diputados para la sesión de apertura

Viola la Constitución y la ley del Congreso dividir el año legislativo en 3 periodos: PT

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Miércoles 7 de septiembre de 2011, p. 15

La Cámara de Diputados violó el principio de legalidad contenido en los artículos 16 y 17 de la Constitución al autorizar la división del año legislativo en tres periodos de cuatro meses cada uno, cuando el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso establece que el periodo de mandato deberá extenderse un año, no cuatro meses, como establecieron los coordinadores de PRI, PAN y PRD, Francisco Rojas, Josefina Vázquez Mota y Armando Ríos Piter.

Jaime Cárdenas Gracia (PT) expuso que es improbable controvertir la decisión asumida la semana pasada, pero genera un pésimo precedente porque, ante la opinión pública, el cuarto poder pasó a manos de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

Al iniciar formalmente el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la 61 Legislatura, se mantuvo la costumbre de empezar con retardo los trabajos, porque 10 minutos antes del mediodía se alcanzó quórum, con 277 representantes.

El nuevo presidente de la Cámara, Emilio Chuayffet, dio por iniciada la sesión, y el coordinador de la bancada del Partido Verde, Juan José Guerra, ponderó la formalidad de la mesa directiva: es la primera vez en dos años que está puntual. Lo felicito, porque no sólo es muestra de respeto a sus pares, sino sobre todo es una muestra de eficiencia para que no estemos con tiempos ociosos.

Con ironía, Porfirio Muñoz Ledo recriminó la impuntualidad, porque no es un vicio menor, es una falta de respeto a la ley y a los demás. Ojalá a partir de la próxima sesión pudiéramos comenzar a las 11 en punto de la mañana, con un margen de tolerancia de 15 minutos. Para eso usted tiene el poder del mazo que se pega en la mesa, que es la autoridad del presidente en una asamblea.

Jaime Cárdenas también solicitó una explicación a Chuyaffet, porque en el orden del día no apareció publicada la designación de los consejeros electorales, porque en octubre próximo comenzará el proceso federal de 2012.

Chuyaffet respondió: es correcta la llamada de atención, en el sentido de que la primera semana de octubre empieza el proceso electoral y todos, los 500 diputados, deseamos que el Instituto Federal Electoral esté debidamente integrado para que pueda hacer frente a esa mayúscula responsabilidad, que es la que le da origen.

Una vez que Jaime Cárdenas señaló las suspicacias generadas por la división de la mesa directiva, como si no pasara nada, el trabajo en el pleno prosiguió. Jaime Cárdenas adujo que en el cuerpo del postulado constitucional se determina que el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos mecanismos.

La orden, de la misma juez que mandó detener a Néstor Moreno Díaz

Libre, ex jefe de CFE detenido el sábado cuando iba a huir del país

Corrupción y enriquecimiento ilícito, cargos contra el ex directivo

Néstor Moreno Díaz, entonces director de Operaciones de la CFE, recibe en 2005 el premio nacional de calidad y tecnología de manos de Vicente Fox Quesada, en Los PinosFoto Cuartoscuro

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 13

Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusado de uno de los casos más importantes de corrupción en los años recientes dentro de la paraestatal, fue liberado la madrugada de este domingo del Reclusorio Oriente por orden de la juez federal Taisa Cruz Parcero.

La juzgadora es la misma que libró contra Moreno la orden de aprehensión, pero decretó la inmediata libertad del detenido porque obtuvo información de otro juez federal de que el inculpado contaba con una suspensión definitiva vigente que impedía su detención.

La Procuraduría General de la República (PGR) indicó ayer en un comunicado que no comparte la interpretación hecha por Cruz Parcero, pues la institución interpreta que la suspensión de amparo no estaba vigente.

Moreno deberá presentarse en los próximos cuatro días hábiles al juzgado cuarto de distrito del Reclusorio Oriente para defenderse de la acusación que le imputaron los fiscales de la PGR y presentar pruebas en su defensa.

El ex funcionario de la CFE fue detenido el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de Toluca, cuando pretendía huir del país en un avión privado.

Aunque la PGR presentó un escrito durante la madrugada del domingo para pedir a la autoridad judicial que negara la libertad condicionada a Moreno Díaz, ante la posibilidad de que evadiera la acción de la ley, la juez décima de distrito optó por conceder la solicitud del inculpado, quien en los próximos seis días deberá aportar pruebas si quiere evitar el auto de formal prisión.

En un comunicado, la PGR explicó que Taisa Cruz, titular del juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales, no tuvo por cumplida la aprehensión (de Moreno), porque estimó que la suspensión provisional que dictó otro juez federal en Monterrey seguía vigente, y por ello ordenó su libertad para que saliera del Reclusorio Oriente de la ciudad de México.

Lo anterior, con base en que el pasado 3 de agosto Moreno Díaz presentó una demanda de amparo en el juzgado quinto de distrito en materia penal, con sede en Nuevo León, contra cualquier orden de aprehensión dictada en su contra.

Según la PGR, el ex funcionario de CFE debió presentarse en menos de una semana ante Cruz Parcero y, como no lo hizo, los efectos de la suspensión debieron cancelarse.

Sin embargo, la juez cuarta de distrito “no tuvo por cumplida la orden de aprehensión, porque adujo que seguía vigente la suspensión otorgada por el juez quinto y ordenó su libertad.

El agente del Ministerio Público Federal interpondrá los recursos que correspondan y hará valer las acciones legales procedentes para que se niegue la suspensión definitiva a Moreno Díaz y se declare improcedente el juicio de amparo, para que enfrente el proceso penal por el delito que cometió, destacó la PGR.

A Moreno se le acusa de enriquecimiento ilícito por 33 millones 99 mil 293 pesos, pues los señalamientos en su contra refieren que es responsable de otorgar contratos de arrendamiento de plantas eléctricas de emergencia a empresas estadunidenses a cambio de sobornos millonarios.

De al menos 2 mil quejas presentadas en 5 años, destituyó a ocho

Poco común que el CJF corra a jueces; aplica castigos menores

Incluso en conductas graves se opta por sanciones leves, dicen en la Judicatura

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 14

En los cinco años recientes, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sólo ha destituido de manera definitiva a seis jueces de distrito y a dos magistrados de circuito por conductas indebidas, aunque en ese periodo se han presentado ante el órgano administrativo del Poder Judicial Federal (PJF) al menos 2 mil 300 quejas contra juzgadores de primera y segunda instancias, revelaron funcionarios del CJF.

La gran mayoría de las quejas administrativas son desechadas desde un principio por notoria improcedencia, debido a que únicamente se presentan con el propósito de modificar el sentido de alguna resolución que no haya favorecido a la parte quejosa.

No obstante, incluso cuando se han comprobado conductas graves, el órgano regulador de jueces y magistrados ha optado por sanciones más leves, como suspensión o cambio de adscripción.

La destitución definitiva más reciente ocurrió en julio pasado contra el juez Luis Alberto Ibarra Navarrete, por usar a sus subordinados para litigar en favor de su hermana –quien es magistrada–, así como por nepotismo y maltrato al personal.

El caso anterior fue el del magistrado Miguel Ángel Ramos Pérez, quien formaba parte de un tribunal colegiado de circuito en el estado de México, pero no fue ratificado en el cargo debido a que fue acusado y se demostró que hostigaba a una de sus subordinadas, quien se negó a sostener una relación sentimental con él.

El 12 de noviembre de 2008 fue destituido Francisco Salvador Pérez, quien era magistrado del primer tribunal unitario del decimotercer circuito, en Oaxaca, por diversas irregularidades.

De enero de 2006 y hasta el jueves pasado, cuando se notificó a Ibarra Navarrete su remoción como juez primero de distrito en materia administrativa en Guadalajara, Jalisco, el CJF sólo había destituido a los magistrados Ramos y Pérez, así como a otros cinco jueces de distrito, aunque el universo de juzgadores federales ha crecido año tras año y actualmente hay casi mil 200 en funciones.

El actual lustro (2006-2011) es el más bajo en cuanto a sanciones de juzgadores respecto del mismo periodo anterior, pues de 2000 a 2005 la destitución se aplicó contra cuatro magistrados y seis jueces. En tanto, entre 1995 y 2000 la Judicatura sancionó con suspensión definitiva a 16 juzgadores.

Información estadística elaborada por el CJF revela que de 1995 a 2007 nueve de los 22 jueces y magistrados destituidos en esos años ganaron su reinstalación litigando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluidos cuatro juzgadores que habían sido sancionados por dictar fallos favorables a narcotraficantes.

Es poco común la suspensión definitiva de juzgadores; el CJF recurre más a las sanciones menores, que van desde apercibimientos por escrito hasta destituciones temporales de entre tres meses y un año sin goce de sueldo, dijo a La Jornada uno de los funcionarios del PJF que proporcionaron la información.

Entre las suspensiones temporales más recientes está la de Ricardo Hiram Barbosa Alanís, juez tercero de distrito en materia administrativa del cuarto circuito de Monterrey, Nuevo León, en tanto se investigan denuncias por presuntamente favorecer a casinos y otras irregularidades. Caso similar es el del juez noveno de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Álvaro Tovilla León, por la investigación que empezó a su juzgado tras el encarcelamiento del secretario Esiquio Martínez Hernández, acusado de tener un patrimonio ilícito de 50 millones de pesos.

En octubre de 2010, el juez Felipe Sifuentes fue suspendido un año por haber permitido a la aerolínea Aviacsa mantener sus operaciones, pese a que despachaba en un juzgado de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y carecía de competencia para conocer del caso.

El 17 de enero de 2009 fue suspendido tres meses el magistrado de circuito Jesús Guadalupe Luna Altamirano (uno de los pocos que transparentan sus resoluciones y ofrecen conferencias de prensa para dar a conocer sus fallos) por haber cuestionado públicamente a la juez Silvia Carrasco, quien en 2008 consignó a cinco años de cárcel a un hijo del presunto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

Luna Altamirano, magistrado del tercer tribunal unitario en materia penal del DF, revocó la sentencia condenatoria de Carrasco y exculpó a Archibaldo Guzmán, cono- cido como El Chapito.

En la Cámara de Diputados entregaron una carta en la que advierten que "el país no aguanta más"

Decenas de sindicatos y organismos sociales participaron en la jornada de los indignados mexicanos

Miles acudieron al Zócalo en repudio al informe perverso de Felipe Calderón

Consignas en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas y de los trabajadores de Mexicana de Aviación se dejaron oir durante el mitin que organizaciones sociales y sindicales realizaron ayer en el Zócalo capitalinoFoto Yazmín Ortega Cortés

En la manifestación participaron electricistas, mineros, pilotos, telefonistas, atencos, maestros, jubilados, ferrocarrileros e integrantes de Morena, entre otrosFoto Yazmín Ortega Cortés

Patricia Muñoz y Ciro Pérez

Periódico La Jornada
Viernes 2 de septiembre de 2011, p. 15

En el Zócalo capitalino, más de un centenar de organizaciones sindicales y movimientos sociales concluyeron que, lejos del optimismo oficial, el verdadero estado que guarda el país es de desastre general, y reunidos en la llamada Jornada Nacional de los Mexicanos Indignados realizaron un contrainforme popular, diamentralmente opuesto al informe perverso que el ilegitimo presidente Felipe Calderón envió al Congreso.

La jornada de movilización de este 1º de septiembre comenzó desde temprano con la realización de cinco mesas de análisis, en las que se condenó la guerra absurda del gobierno de Felipe Calderón, que ha dejado 50 mil muertos y desaparecidos, y una crisis interminable que cancela las posibilidades de desarrollo de millones de mexicanos. En cinco años, dijeron, el panorama es desolador: el número de pobres creció en 10 millones; los ingresos de los trabajadores y capas medias disminuyeron en casi un tercio; el desempleo aumentó en 3 millones y más de 7 millones de jóvenes carecen de empleo y de una oportunidad para estudiar.

La indignación recorre el país y tiene muchos nombres, sostuvo el mosaico de organizaciones, y sintetizó en un pegote de los muchos que se distribuían en el Zócalo el sentir sobre este régimen: Ya no necesito sexo, el gobierno me coge todos los días, con el IVA, la inseguridad, el desempleo, los cobros por la luz, el agua, el predial.

Estamos hasta la madre

De 9 de la mañana a 8 de la noche duró la jornada de manifestaciones, tras las cuales todos los grupos y corrientes políticas y sociales representados dieron a conocer un manifiesto en el que señalan: La verdad es que el país no aguanta más. Se precipita en el desastre de la violencia cotidiana y generalizada, en el desempleo y el hambre, en la violación de los derechos más elementales, en la destrucción del tejido social, en la pérdida de los valores humanos.

Las banderas que enarbolaron demandaban ¡no más sangre!, ¡no más hambre!, ¡trabajo y vida digna! ¡respeto a los derechos humanos y sociales!; en cientos de carteles se exigía el regreso del Ejército a los cuarteles; las consignas también fueron en apoyo a los electricistas y a los trabajadores de Mexicana de Aviación.

Estamos hasta la madre, coincidieron electricistas, trabajadores de la UNAM, mineros, pilotos, telefonistas, la Coordinadora Metropolitana de Movimientos Populares, la Organización Nacional del Poder Popular, los atencos, el amplio contingente de trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación, diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como integrantes de Morena, jubilados ferrocarrileros, mujeres de izquierda y miembros del Partido del Trabajo, que conformaron un mosaico multisectorial de alrededor de 40 mil personas que ocuparon la plancha del Zócalo y se fundieron con el campamento instalado por el SME, respaldando su lucha.

La jornada de los Indignados Mexicanos, que se inició en el Zócalo y que incluso instaló una tribuna abierta para todos los ciudadanos, se extendió hasta las inmediaciones de la Cámara de Diputados, donde todos los gremios se reunieron en una manifestación para decir a los legisladores que ya no aguanta más el país: o toman medidas para corregir el rumbo o el pueblo las tomará por su propia mano, porque está cansado de tanta injusticia y crisis.

Los gremios entregaron una carta a los legisladores y tomaron la palabra Martín Esparza, del SME; Agustín Rodríguez, del STUNAM, y Jorge Cázares, de la CNTE de Michoacán, para hacer el mismo reclamo: cambio de rumbo; que el gobierno deje de entrometerse y perseguir a las organizaciones independientes, ya que ha criminalizado la protesta social, así como el rechazo unánime a las reformas de seguridad y laboral.

Todos los contingentes, en los que también participaron tranviarios, estudiantes de la FES Zaragoza y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como miembros de las organizaciones de usuarios de la energía eléctrica, marcharon de San Lázaro al Zócalo, a donde llegaron a las 18:20 horas, y concluyeron la jornada con una declaración final en la que llamaron a la unidad de todas las luchas y las protestas, se constituyeron en asamblea permanente y convocaron a una marcha el próximo 8 de septiembre con los gremios inconformes por los cobros de luz, y a las jornadas de movilización del 12 al 15 de octubre en coincidencia con protestas obreras que se realizarán en otros países.

Ya caía la noche cuando Martín Esparza tomó el micrófono para plantear a los electricistas ahí reunidos que la Secretaría de Gobernación propuso instalar una mesa de diálogo a cambio de que levantaran el plantón, instalado desde marzo pasado. La respuesta fue unánime: Nooo. Aquí nos quedamos hasta que nos resuelvan.