- México fue considerado culpable en los casos de desaparición de Rosendo Radilla; los asesinatos de tres mujeres en el campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua y las violaciones sexuales cometidas por elementos del Ejército en contra de las mujeres indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú.
- A 37 años de distancia de la desaparición de Rosendo Radilla no hay muestras claras por parte del gobierno federal para avanzar en las investigaciones sobre este caso en particular ni en ningún otro ocurrido durante la guerra sucia.
La CoIDH recordó al gobierno mexicano que el cumplimiento de sentencias es una obligación moral de los Estados. Por lo tanto, le exigió un mayor compromiso para cumplir con su deber de investigar el paradero de Rosendo Radilla, conducir con eficacia las investigaciones a fin de juzgar y sancionar a los civiles y militares responsables de la desaparición y restringir el fuero castrense, así como organizar un evento público en el que el gobierno ofrezca una disculpa pública por el daño causado e indemnizar a los familiares de la víctima. Señaló que la iniciativa del gobierno federal para reformar el artículo 27 del Código de Justicia Militar es insuficiente, pues insistió en que, por ningún motivo, se debe permitir la intervención de la jurisdicción militar en la investigación de violaciones a los derechos humanos.
Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aceptó la responsabilidad del Estado en este caso y aseguró que han hecho las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia. Señaló que pese a las excavaciones hechas en el ex campo militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, no se ha podido conocer su paradero y aseveró que la jurisdicción militar no ha sido tema de discrepancias entre las dependencias del gobierno federal.
El funcionario dijo que ofreció el pago de la indemnización a los familiares de Rosendo Radilla y una fecha para emitir la disculpa pública, pero que lo rechazaron hasta en tanto no se avance en las investigaciones judiciales.
Familiares y abogados señalaron que el sentido de la sentencia es el de garantizar la justicia, reparar el daño a la víctima y a su familia y tomar las acciones necesarias para evitar que casos como el de Radilla se vuelvan a repetir.
“El Estado, hasta ahora, ha sido insensible porque quiere dar cumplimiento a las sentencias como si se tratara de un asunto burocrático y mecánico. Lo que piden las víctimas, sus familiares y la corte es que se cumplan de buena fe, que haya una muestra real de arrepentimiento y se respeten los principios humanistas”, insistió Sergio Méndez, abogado que lleva el caso.
Justicia pendiente
Pero éste no es el único caso pendiente de cumplimiento ante la Corte. A partir de 2009, México ha sido sentado en el banquillo de los acusados y sometido a cinco juicios internacionales, después de los cuales ha sido considerado culpable de cometer graves violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con el orden de las audiencias, este tribunal internacional, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), responsabilizó al Estado mexicano de las desapariciones y homicidios de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monarrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en el campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre del 2001.
Luego, lo culpó de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y posteriormente, en juicios por separado, lo responsabilizó de la violación sexual cometida en contra de las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo e Inés Fernández, sucedidas el 16 de febrero y el 22 de marzo de 2002, respectivamente, en sierra de Guerrero.
De acuerdo con las respectivas resoluciones, la corte determinó el pago de una indemnización que, en suma, por los cuatro casos, representa la cantidad de 24 millones 717 mil 500 pesos.
La última de las sentencias condenatorias de la corte en contra del Estado mexicano se emitió el pasado 26 de noviembre del 2010 al considerarlo responsable de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, al ser detenidos por el Ejército el 2 de mayo de 1999, en Pizotla, Guerrero. Por este caso, México fue condenado a pagar 33 mil dólares. A fin de cumplir con el pago de esos montos, informó Luis Arriaga, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Congreso de la Unión aprobó, por primera vez, para el ejercicio de 2011 una partida presupuestal de 30 millones de pesos. El pago de los mismos es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, pero, dijo, nunca quedaron claros los criterios que emplearía el gobierno federal para su entrega.
Tita Radilla, hija del desaparecido, señaló que no aceptan ese pago porque ello implicaría que tendrían que reconocer la muerte de su familiar y exigió un avance en investigaciones que determinen a los responsables. Sergio Méndez, abogado del caso, aseguró que el gobierno federal no tiene intenciones de avanzar en las indagatorias pues se ha limitado a hacer excavaciones, pero no las ha orientado a investigar a los mandos civiles y militares que han sido señalados de intervenir en dicha desaparición.
Alejandra Nuño, directora del Programa para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, señaló que México viola los derechos humanos de las víctimas al incumplir con las sentencias de la corte y recalcó que no habrá mayores avances en la materia mientras no se restrinja el fuero militar.
Luis Arriaga, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó su preocupación porque a 37 años de distancia de la desaparición de Rosendo Radilla no hay muestras claras por parte del gobierno federal para avanzar en las investigaciones sobre este caso en particular ni en ningún otro ocurrido durante la guerra sucia.
Para cumplir con la sentencia, el Congreso de la Unión aprobó para 2011 una partida presupuestal de 30 millones de pesos a fin de cumplir con las sentencias de la CoIDH en los casos en los que encontró responsabilidad del Estado mexicano en violaciones graves a los derechos humanos.
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