Las diligencias, en terrenos del ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, informó

Realizará la PGR nuevas excavaciones para buscar restos de Rosendo Radilla

La CIDH sentenció al Estado mexicano por la desaparición forzada del activista social

Alfredo Méndez y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Lunes 31 de octubre de 2011, p. 14

A casi dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en 1974, la Procuraduría General de la República (PGR) realizará nuevas diligencias de excavación en Atoyac de Álvarez, Guerrero, tendientes a la búsqueda de los restos de Pacheco, informó este domingo la dependencia.

“Estas nuevas diligencias se llevarán a cabo del 31 de octubre al 12 de noviembre en el terreno aledaño al campo de tiro, que corresponde al lugar en el que se encontraba, en la década de los 70, el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, y donde diversos testimonios señalan que varios desaparecidos de aquel tiempo fueron enterrados clandestinamente; esta diligencia obedece a la información obtenida en la exploración que se realizó del 16 al 22 de mayo del presente año en la que se estudió el terreno con aparatos de georradar que delimitaron posibles zonas que podrían constituir fosas clandestinas usadas durante la llamada guerra sucia en Guerrero”, indicó la PGR en un comunicado.

Asimismo destacó que peritos del Instituto Nacional de Antropología e Historia presentarán una explicación pública, relativa a las excavaciones, en el auditorio de la Ciudad de los Servicios de Atoyac de Álvarez, y al terminar el acto comenzarán las diligencias.

En esta ocasión, el perito Edgar Telón del Cid, especialista en arqueología forense de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, acompañará las diligencias por parte de la coadyuvancia.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México observan de manera positiva este avance para continuar con la investigación sobre el paradero de Radilla Pacheco.

Este caso ha dado pauta a modificaciones importantes en la manera de aplicar el derecho penal en los tribunales mexicanos.

En octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suscribió en la ciudad de Washington un acuerdo de cooperación con la Organización de Estados Americanos para actualizar y capacitar permanentemente a los jueces y magistrados federales mexicanos sobre temas de derechos humanos.

El acuerdo fue firmado por conducto de la CIDH, cuyo actual vicepresidente es el mexicano José de Jesús Orozco, ex magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, afirmó en el acto protocolario que este convenio es el primer paso para dar carta de naturalización a las relaciones entre el alto tribunal de México y la CIDH, además de que se honran los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado mexicano al adherirse a tratados en la materia.

Destacó las reformas en derechos humanos y juicio de amparo y el fallo en el caso Rosendo Radilla, derivado de una condena de la CIDH.

Por otra parte, Julio Mata, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), se refirió a las diligencias que realizará la PGR.

Resaltó que ésta es la tercera vez que la PGR realiza excavaciones en la búsqueda de fosas clandestinas –en el ex cuartel– en las que hubiera sido enterrado Radilla Pacheco, debido a que fue detenido en un retén militar y trasladado al cuartel militar de Atoyac, donde fue desaparecido.

En cumplimiento a la sentencia de la CIDH, la PGR realizará nuevas excavaciones; sin embargo, destacó Mata, la verdad es que el Estado mexicano no ha hecho las investigaciones necesarias para dar con el paradero de Radilla Pacheco. Las excavaciones se van a hacer en los lugares que los familiares han pedido.

Añadió que tanto a la CMDPDH como a Afadem nos preocupa que las autoridades responsables no hayan citado a militares para que ellos digan dónde puede haber restos de personas enterradas en el ex cuartel. Hasta ahora las excavaciones se han hecho en los lugares donde personas que estuvieron detenidas han señalado que ahí estaban, y que había decenas de personas incomunicadas, de las que después ya no se supo nada.

Precisó que las nuevas excavaciones se dan en el contexto en que el Estado mexicano ha informado tanto a la CIDH como a la Cámara de Senadores que está en proceso de cumplimiento la sentencia del caso Rosendo Radilla: Pero sólo es una simulación porque no se ha citado al militar, teniente o general que fue responsable de ese cuartel en el momento en que ocurrió la detención y desaparición de Radilla Pacheco. Tampoco al soldado o militar que estaba al frente del retén donde se le detuvo.

La Afadem abundó: Se dice que el 14 de noviembre el gobierno federal prepara una ceremonia en Atoyac de Álvarez para reconocer su responsabilidad en las desapariciones forzadas, y que también se prepara la develación de una placa alusiva a esos hechos.

Boletín de Prensa:COMED

Para su Conocimiento y Difusión!!

Familiares de los Detenidos Desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez acompañados de la COMED solicitarán ante la SIEDO acceso a la averiguación previa y avances en las investigaciones.

El 25 de mayo del 2007 fueron detenidos y posteriormente desaparecidos en la ciudad de Oaxaca, los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Hoy a más de 4 años de su desaparición forzada, no se ha tenido ningún avance en las investigaciones que tanto el gobierno federal como estatal dicen estar realizando. Así como tampoco se nos ha permitido tener acceso a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/208/2007 que fue radicada en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en delincuencia Organizada (SIEDO) por el delito de Privación Ilegal de la Libertad en su modalidad de Plagio o secuestro, delito que valga decir, no es por el cual se levanto dicha denuncia, y que es menor que el Crimen que conlleva la Desaparición Forzada, pero que sin embargo, se logro interponer en la ciudad de México el 30 de julio del 2007, luego de la negativa del gobierno de Oaxaca de no levantar ninguna denuncia por este caso.

Es importante destacar que desde hace más de cuatro años y luego de diversos esfuerzos tanto de los familiares como de la Comisión de Intermediación (COMED), en ningún momento se nos ha permitido conocer nada de lo actuado en dicha averiguación, pero si se ha filtrado información sobre la aparición de algunos cuerpos que dicen pueden ser de nuestros familiares y se ha insistido para entregar pruebas de ADN, cuando no existe el más mínimo conocimiento de nuestra parte sobre las investigaciones.

Hoy que es un momento importante en el que nos replanteamos el nuevo cauce que debe dársele al caso de nuestros familiares, convocamos a todos los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, sociales, y organizaciones solidarias a que nos acompañen el jueves 22 de octubre a las 12:00 p.m en las instalaciones de la SIEDO, ubicada en Av. Paseo de la Reforma numero 75, en la Colonia Guerrero donde Familiares de Edmundo y Gabriel acompañados de Integrantes de la COMED estaremos presentes para solicitar formalmente el acceso a las indagatorias que se han realizado durante todo este tiempo entorno a la Desaparición Forzada de nuestros Familiares. Así también solicitaremos una audiencia con el fiscal encargado de llevar la averiguación previa para que nos informe sobre las investigaciones.

Por lo que los invitamos a que nos acompañen y permanezcan atentos, ya que al término de la audiencia haremos las declaraciones pertinentes.

Agradecemos a todas las organizaciones sociales solidarias y a todos los medios de comunicación que nos han acompañado en esta dura y difícil, pero no declinable lucha, por la verdad y la justicia. Y los instamos a seguir realizando esfuerzos por la articulación y la unidad en torno a la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en México.

Esperamos contar con su asistencia.

¡Por la Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y la de todos los detenidos desaparecidos del país!

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”: Nadín Reyes Maldonado y Margarita Cruz Sánchez

Comisión de Mediación: Gilberto López y Rivas, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González, Pablo Romo Cedano, Rosario Ibarra, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monje, Jorge Fernández Souza, Gonzalo Ituarte, Carlos Montemayor (+), Samuel Ruiz (+), y Miguel Ángel Granados Chapa (+)

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Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos"Hasta Encontrarlos"
http://espora.org/desaparecidos/

Soslaya peticiones de indagación y sentencias de la CIDH, destacan

Hace muy poco el gobierno para resolver desapariciones forzadas en el país: ONG

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Domingo 2 de octubre de 2011, p. 7

A pesar de la gravedad del fenómeno de las desapariciones forzadas en México, como advirtió el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Escobar Gil, las autoridades han hecho muy poco para resolver estos crímenes, encontrar a las víctimas y sancionar a los responsables, deploraron activistas especializados en el tema.

Julio Mata, coordinador de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), señaló que el gobierno ha ignorado las peticiones de que ponga en marcha un sistema integral de investigación y búsqueda en casos de desaparición forzada, a pesar incluso de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Es falso que realmente estén buscando a Rosendo Radilla (luchador social de Guerrero desaparecido por elementos del Ejército en agosto de 1974). Las autoridades están excavando en sitios marcados por las víctimas, pero no piden el testimonio de los represores, que son quienes saben dónde pueden estar los restos, denunció.

Las desapariciones ocurridas en la actualidad –dijo– tampoco están siendo objeto de ninguna investigación seria, e incluso en muchas ocasiones el Ministerio Público ni siquiera acepta las denuncias al respecto, lo cual alimenta el círculo vicioso de la impunidad desde los años 70.

A pesar de la cerrazón oficial, los organismos de la sociedad civil deben seguir recordando a los tres poderes de la Unión su responsabilidad de crear una ley general contra la desaparición forzada, capacitar a jueces y magistrados para la atención de víctimas y diseñar protocolos adecuados de ayuda.

Blanca Hernández, integrante de la Fundación Diego Lucero, indicó por su parte que la indolencia del gobierno es de tal magnitud que la sentencia de la CIDH sobre el caso Radilla tiene ya dos años, sin que las autoridades se hayan comprometido en una búsqueda real.

Como no hay castigo para los crímenes ocurridos hace más de 30 años, los represores siguen cometiéndolos, de ahí la importancia de que los organismos internacionales de derechos humanos sigan visitando el país y documentando esta situación, advirtió.

Aunque manifestó dudas de que el gobierno le dé cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, Hernández apuntó que las organizaciones civiles deben seguir su trabajo de denuncia, y consideró que la propuesta de crear una fiscalía especial para el tema no es desdeñable, siempre y cuando dicha instancia esté conformada por especialistas sensibles, no sólo por funcionarios judiciales sin una perspectiva completa del asunto

Apuntes sobre la desaparición forzada y la necesaria modificación al marco jurídico interno El Estado mexicano ha firmado varios tratados en materia

El Estado mexicano ha firmado varios tratados en materia de derechos humanos; por lo tanto, tiene pendiente adecuar la legislación vigente a las normas internacionales que, tratan específicamente la desaparición forzada. Ante la grave situación de violencia que vive el país, es imperante proteger a las víctimas y evitar la perpetuación de este delito.


México tiene obligaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos respecto a la desaparición forzada; sin embargo, necesita un marco normativo explícito y la creación de prácticas que permitan lograr los avances necesarios para la protección de las personas contra la desaparición forzada.

Prueba de ello es la cifra de más de mil casos de desaparición forzada cometidos durante los años sesenta, setenta y ochenta. Esta cifra se ha incrementado de manera exponencial en este tiempo de guerra contra el crimen organizado: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde tiene documentados 5,397 casos de hombres y mujeres desaparecidas. En ningún caso ha existido una investigación exhaustiva que determine quiénes son los autores materiales e intelectuales de la desaparición.

Uno de los elementos que impiden alcanzar justicia en este tema consiste en que las denuncias no son investigadas como desaparición, pues se dice que el delito no está tipificado o que no hay elementos para establecer una línea de investigación al respecto. En este sentido, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas se pronunció señalando que las inconsistencias en la definición del delito de desaparición forzada y el hecho de que las entidades federativas no lo hayan tipificado aún, son acciones que contribuyen a la impunidad. Sin embargo, desde el Centro Prodh entendemos que la tipificación no es suficiente, sino que se necesita la inclusión de disposiciones complementarias y de carácter procesal para poner alto a este tipo de graves violaciones a los derechos humanos.

Como se mencionó anteriormente, el tema de la desaparición forzada toma especial relevancia en el contexto de combate a la delincuencia organizada, pues ante la falta de un marco normativo regulatorio, los funcionarios públicos intimidan o disuaden a las víctimas o a sus familias de presentar las denuncias, no abren líneas eficaces de investigación y se deslindan de los casos justificándose en que no son de su competencia.

Por esto, es importante tener en cuenta algunos elementos que permitan una mayor protección a las víctimas. Entre ellos, que no debe prescribir el delito mientras no se establezca el destino o paradero de la persona desaparecida; asimismo, que procurando mecanismos de justicia, verdad y reparación, no se admitan excluyentes de responsabilidad penal. Por otra parte, es necesario prever una forma de probar la responsabilidad de los autores intelectuales; es decir, en el caso de los superiores jerárquicos, conocer quién dio la orden o, al menos, toleró la desaparición.

Finalmente, es necesario resaltar que, en concordancia con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada debe ser tratada exclusivamente por autoridades civiles. Por lo tanto, los militares deben estar excluidos de la investigación, procesamiento y sanción de casos cometidos por ellos mismos.

Vendedores sufren desalojo en Tabasco

El pasado 4 de agosto, el señor Pedro Manuel Olivé González y 19 vendedores más, que se desempeñan como comerciantes fijos y semifijos en las calles de Villahermosa, Tabasco, fueron desalojados por personal de la Coordinación de Fiscalización y Normatividad del Ayuntamiento de Centro, a cargo del licenciado Jorge Broca Morales. De hecho, 90 vendedores más recibieron la amenaza de que puede ocurrirles lo mismo. Según información de las víctimas, los gobiernos estatal y municipal están remodelando los edificios de esta zona y lo que se pretende es querer posesionar ahí a otros vendedores afines a sus intereses.
Esta situación es del todo discriminatorio y viola las garantías constitucionales del derecho al trabajo y a una vida digna.
Ante el temor que provoca esta situación, te pedimos entres a la página de la Red TDTT y firmes la acción urgente para que se establezca de manera inmediata el diálogo con los afectados; se respete la manifestación libre y pacífica del plantón solidario y las autoridades se abstengan de usar la fuerza pública para desalojarlos violentamente. Asimismo, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté atenta a los hechos.

Desaparecidos, más de 5 mil en este sexenio con pretexto de la lucha antinarco: activistas / La Jornada, Familiares de personas desaparecidas se manifiestan en varios estados con motivo del día internacional contra ese delito. Señalaron que paramilitares arremeten por igual contra delincuentes y líderes sociales.

Durango: viudas por decreto / Milenio Diario, El gobierno del estado precisó que las mujeres viudas de policías, cuyos esposos murieron frente al crimen organizado, perderán la ayuda si comprueban que tienen ingresos propios; algunas han presentado quejas ante la Comisión de Derechos Humanos local.

Ley de seguridad, licencia para violar derechos de presuntos criminales, afirma Ruperto Patiño / La Jornada, El director de la Facultad de Derecho de la UNAM señaló que la ley de seguridad nacional no respetará los derechos humanos. La fiscal de la Audiencia Nacional de España expresó que cuando se utiliza el concepto guerra contra la delincuencia, el Estado entra en un espiral de violencia.

Analizan situación de migrantes y activistas / El Universal, 120 agentes de la Pastoral de la Movilidad Humana de México, Estados Unidos y Colombia están reunidos en Salina Cruz, Oaxaca, para intercambiar experiencias sobre la violencia que enfrentan los migrantes en tránsito y los riesgos de los defensores.

“Tuiteros” detenidos en Veracruz por “terrorismo” se dicen víctimas de tortura / Kaos en la Red, Al rendir declaración previa ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia, los detenidos denunciaron haber sido “torturados y privados de su libertad de manera ilegal”.

El seguro popular y la atención especializada a los beneficiarios del programa / CENCOS, En 2010 el número de usuarios se incrementó a 26.2 millones, lo que se traduce en un aumento del 250%. Sin embargo, la disponibilidad de personal para la atención de los asegurados es muy escasa.

Ley de seguridad nacional quiere legalizar el Estado policiaco militar: FDOMEZ / Zapateando, Integrantes de esta organización señalaron que México es ahora un país lleno de un terror impulsado por los propios gobiernos, que tiene a la gente atemorizada y sin capacidad de organizarse.

Hace 5 años / Helguera, en La Jornada (Tan sólo una muestra del sentimiento general

“Y por eso quiero explicarles qué es lo que está pasando. Hay gente muy buena, y les voy a decir, que la mayoría de los mexicanos lo son, pero hay gente mala y esa gente mala debemos combatirla”, les dijo el presidente Calderón a los niños, al hablarles sobre la guerra contra el crimen organizado.

Presentación del Documento: De la descalificación de la crítica a la manipulación de las cifras. 10 Mitos para Justificar una Estrategia Equivocada frente a la Violencia

El día de hoy, miércoles 31 de agosto, a las 12 de la mañana, el Centro Prodh, en conjunto con otras organizaciones, presenta este documento, en el que se refutan los argumentos de Alejandro Poiré y se realiza una crítica de la política actual de seguridad pública.
El Centro Prodh está ubicado en la calle Serapio Rendón 57b, Colonia San Rafael, México, D.F.

Taller de Fortalecimiento Organizacional y Recaudación de Fondos

El Centro Prodh te invita este 9 y 10 de septiembre a intercambiar herramientas y elementos prácticos para el fortalecimiento organizacional, la elaboración de proyectos y la incorporación de la perspectiva de género. El taller está dirigido a responsables de la coordinación y/o elaboración y monitoreo de proyectos de organizaciones civiles, grupos, movimientos y colectivos sociales de derechos humanos en proceso de constitución y/o fortalecimiento. Para mayores informes e inscripciones, escribe a educacion@centroprodh.org.mx

Cartas a las y los lectores

En esta nueva sección del Sididh, buscamos dar un espacio a todas aquellas voces que necesiten expresarse sobre una problemática específica en el tema de derechos humanos. Te pedimos que envíes tu carta al correo analisis@centroprodh.org.mx, en una extensión no mayor a los 250 caracteres, de tal forma que la podamos publicar íntegra. (Los contenidos de esta sección no necesariamente reflejarán la postura y criterios del Centro Prodh).

"Abrumadora y dramática realidad del terror"

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Miércoles 31 de agosto de 2011, p. 16

Con ocasión del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad denunció la recurrencia de este delito en México.

Enfatizó que hay entidades, como Coahuila, donde ha tenido mayor incidencia, pues en ese estado se reportan al menos 194 casos, sin que la autoridad local haga algo por buscarlos o esclarecer los sucesos. En sus demandas, ante el alarmante crecimiento de este delito, pidieron al gobierno federal atraer los casos y crear una subprocuraduría especial que les dé atención y seguimiento.

En una carta abierta, el Movimiento recuerda que el 30 de agosto es considerado el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, condena el “aumento en las ejecuciones, secuestros, extorsiones, desplazamientos, trabajo y desapariciones forzadas, y que a pesar de que sigue aumentando de forma abrumadora esta dramática realidad de terror, la actitud de los gobiernos federal y estatal se enfoca en cubrir su mala administración”.

Sobre al tratamiento de las desapariciones forzadas en Coahuila, sostiene que los 194 casos reportados se mantienen en la impunidad, generada por la indolencia, corrupción, colusión y comisión de los gobernadores y de la procuraduría del estado.

A 37 años de la Desaparición Forzada de Rosendo Radilla

El 30 de agosto se conmemorará el día del Detenido-Desaparecido. Durante la Guerra Sucia; elementos del Estado mexicano cometieron desaparición forzada contra miles de personas, entre ellas, contra Rosendo Radilla. Hoy en día, cientos más están detenidos injustamente o desaparecidos, como consecuencia de una guerra contra el narcotráfico que urge cambiar de estrategia.

El 30 de agosto es el día del Detenido-Desaparecido, en el cual se trae a la memoria a las personas que desaparecieron durante la guerra sucia de México. El jueves 25 de agosto se cumplieron 37 años de la desaparición de Rosendo Radilla. A continuación reproducimos un texto de Julio Mata Montiel, Secretario Ejecutivo de AFADEM y vocal de comunicaciones de FEDEFA, publicado en Zapateando.

Hoy se cumplen treinta y siete (37) años de la Desaparición Forzada de don Rosendo Radilla Pacheco a manos del ejército mexicano en ese periodo de “Terror de Estado” aplicado contra los disidentes del estado de Guerrero. Rosendo Radilla, es uno de los más de 450 detenidos desaparecidos del municipio de Atoyac de Álvarez y más de 650 en todo el territorio de Guerrero.

En todo el país se llevaron -la Brigada Blanca y el ejército federal mexicano- a más de 810 ciudadanos, campesinos la mayoría de Guerrero y otros, muchos de ellos, jóvenes estudiantes de todas las universidades del país, que vieron cerradas las opciones democráticas para lograr cambios estructurales.

Rosendo, fue presidente municipal en Atoyac, promotor de centrales campesinas y de cafeticultores, fue ganadero y muy sensible ante las injusticias. La población de Atoyac le estimaba y respetaba por su gran solidaridad. Cuentan los cronistas del lugar que “fue el único presidente municipal que salió más pobre de como entro”. Promovió el primer hospital, el primer camión de basura, el primer edificio de la primera escuela primaria del lugar y otras obras sociales. Pero también componía corridos y los cantaba. Le cantaba a las condiciones de pobreza y miseria, a los movimientos sociales, a Genaro Vázquez, a Lucio Cabañas.

Cuando el ejército lo bajo del autobús, donde iba acompañado de uno de sus hijos, Rosendo pregunto, “¿por qué me detienen?” solo le dijeron que “por componer corridos” y el pregunto que si eso era delito, nuevamente le contestaron “pus no, pero mientras, ya te chingaste”.

AFADEM, después de veinte años de promover por todos los medios políticos y jurídicos la búsqueda de Rosendo y todos los desaparecidos del país, junto con la familia Radilla Martínez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, promovieron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y ésta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CoIDH por no haber acceso a la justicia en México.

En meses próximos, octubre-noviembre la PGR, realizara por tercera vez excavaciones en la zona del ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez Rosendo y donde fueron desaparecidos más de cuatrocientos cincuenta (450) ciudadanos de Atoyac por el ejército mexicano.

La búsqueda de Rosendo es, la búsqueda de todos los detenidos desaparecidos de Atoyac; a Rosendo y a todos los desaparecidos, se les llevaron vendados de los ojos y amarrados de pies y manos al interior del cuartel militar y ahí pueden estar, en algún lugar que solo los militares saben con certeza. Las próximas excavaciones dan muestra de la nula voluntad política del ejecutivo federal de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, conocer la verdad y llevar a juicio a los responsables, como lo ordena la sentencia, pues el Ministerio Publico de la Federación, la Procuraduría General de la Republica, PGR no ha citado a declarar a nadie de los involucrados en las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de personas, protegiendo a los criminales, manteniéndose en la impunidad. Los puntos de excavación son a partir de testimonios de víctimas de desaparición forzada temporal, que narran por donde los llevaron maniatados y vendados de los ojos.

El Estado mexicano, aparenta que cumple con la sentencia de la Corte Interamericana, pero en la práctica no hay verdadera investigación del paradero de Rosendo y los más de cuatrocientos cincuenta (450) Detenidos Desaparecidos de Atoyac. El actual gobierno de Felipe Calderón, es cómplice de los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos por los gobiernos anteriores. Rosendo Radilla Pacheco, ha logrado, aun detenido desaparecido, cambios muy importantes en las leyes mexicanas.

Rosendo Radilla Pacheco y los más de 810 detenidos desaparecidos son los constructores de la democracia insípida que hoy disfrutamos millones de mexicanos y que poco a poco nos van intentando quitar. Rosendo Radilla Pacheco, vive en los ideales democráticos de todo el pueblo de México.

Desde el Centro Prodh continuamos luchando por el esclarecimiento de los delitos del pasado, pero también denunciamos a quienes, hoy en día, son víctimas de desaparición forzada. Invitamos a entrar a la página siguendesapareciendo.org y conocer más profundamente nuestro trabajo y pensamiento.

Amnistía Internacional condena el ataque en Monterrey

El viernes 26 de agosto, Amnistía Internacional emitió un boletín en el que condenó el ataque contra el Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y que causó la muerte de al menos 52 personas.
Amnistía Internacional expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la población de Monterrey, quien se encuentra viviendo una situación de alta inseguridad debido a la violencia criminal. De esta forma, señaló que es esencial que las autoridades federales y estatales realicen una investigación exhaustiva de este crimen, que los responsables sean llevados ante la justicia y que las víctimas y sus familiares reciban la atención debida. Asimismo, recalcó que la reparación del daño depende una justicia imparcial, efectiva y completa.
Esta organización internacional expresó que la tragedia del Casino Royale demuestra el reto al que se enfrenta México para garantizar la seguridad a la población en medio de la violencia extendida, en donde el respeto y protección de los derechos humanos debe ser elemento fundamental para superar la crisis y garantizar que la población viva con seguridad.

“Urge coordinación efectiva entre estructuras de combate al crimen” / El Universal El juez Garzón señaló que las medidas para vencer al crimen organizado deben ser: coordinación entre las instituciones del Estado, participación en sociedad civil y la lucha contra la corrupción.

Familiares de desaparecidos en Torreón suplican a los sin rostro que los liberen / La Jornada Cansados de hablar con autoridades, miembros de Fuundec leyeron este domingo una carta abierta dirigida “a los sin rostro”, como llamaron a quienes han levantado a personas en la entidad, para suplicarles que les permitan regresar a sus hogares.

Ayuntamiento de Guanajuato, en vías de privatizar el agua potable / La Jornada El ayuntamiento priista de la capital de Guanajuato promueve un contrato para comprar durante 30 años agua en bloque a la empresa Pro Activa México.

Prosigue arribo de fuerzas federales a Nuevo León / La Crónica Tras la instrucción del presidente Felipe Calderón de reforzar la presencia en Nuevo León, desde ayer inició el arribo de mil 500 militares y otro tanto de federales.

La violencia en Monterrey es insostenible: CADHAC / CENCOS La organización civil CADHAC expresó que es necesario construir y mantener la paz, una paz auténtica y activa que no se base en estrategias mediáticas o a mediano plazo.

La Tribu Yaqui denuncia que el mal gobierno quiere cometer el despojo más descomunal de la historia / Zapateando En tierras sonorenses, se sigue perpetrando un atraco criminal contra la tribu yaqui y la producción de alimentos.

VIH/sida, primera causa de mortalidad materna en el mundo / CIMAC Según estimaciones científicas, en 2008 causó 61 mil 400 muertes maternas, por lo que es necesario realizar más investigación para revertir esta situación.

Somos nosotros, no “los zetas” / Lydia Cacho En tiempos de violencia, corrupción e impunidad, la ciudadanía tiene un compromiso y una responsabilidad de construcción de confianza y pactos de civilidad.

“Así como el dolor hacer crecer a los seres humanos, estos hechos han de hacernos más fuertes y decididos en la corresponsabilidad por recuperar la seguridad y la tranquilidad de nuestras familias, a la que tenemos pleno derecho como ciudadanos. Repudiamos enérgicamente la violencia. Queremos paz y justicia”, declararon las organizaciones del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, en relación al incendio del Casino Royale en Monterrey.

Foro: de las promesas a los hechos

Este 30 de agosto a las 18.30 horas en el Centro Cultural Bella Época, Amnistía Internacional invita a este foro, en donde se abordarán las perspectivas indígenas sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Participarán mujeres de varias comunidades indígenas. Para mayor información, ingresa a www.amnistia.org.mx

Jornadas: El Rescate de la memoria colectiva sobre la desaparición forzada

En el marco del día internacional de los desaparecidos, invitan a este evento la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), AFADEM-FEDEFAM, ANAD, el Centro Prodh, la CMDPDH, el Comité “Hasta encontrarlos”, Documenta, A.C, la Fundación Diego Lucero, H.I.J.O.S. México, I(dh)eas, el Posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (DHUACM) y Serapaz. Se llevará a cabo los días miércoles 31 de agosto y jueves 1 de septiembre de 9:30 a 14:00 hrs en el Salón Digna Ochoa 1 de la CDHDF. Ambos días se proyectarán películas referentes a la desaparición forzada a las 16 hrs.

Secretaría de Marina niega desaparición forzada en Nuevo León.

Se teme otra en Nuevo Laredo. En Guerrero no aparece un periodista

• Esta semana inició con las declaraciones de la Secretaría de Marina quien cometió actos violatorios a los derechos humanos de José Humberto Márquez Compeán, detenido y luego encontrado muerto. En Nuevo Laredo fue detenido José Fortino Martínez por elementos de la Marina; sus familiares y amigos temen sea un caso de desaparición forzada. En Guerrero no hay noticias de Antonio López Ortíz, jefe de información del Periódico Novedades.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostiene la postura de que la Secretaría de Marina (Semar) cometió actos violatorios de los derechos humanos en el caso del presunto narcomenudista detenido el 21 de marzo de 2010 en Nuevo León y un día después encontrado muerto.

La reiteración se da en referencia al comunicado emitido por Semar el lunes pasado en el que explica que el personal naval limitó su actuación a brindar apoyo a la autoridad municipal de Santa Catarina, Nuevo León, para transportar personas heridas y a un detenido, que fueron trasladados bajo la custodia del director de la Policía de esa localidad.

Pese a ello, la CNDH no ha recibido ninguna respuesta oficial de la Semar en torno a la aceptación o no de la recomendación 34/2011, en la que se señala como probables responsables de actos contra los derechos humanos, incluso de tortura, a elementos de la Marina.

Marat Paredes, segundo visitador de la CNDH, explicó las contradicciones con las evidencias que ellos tienen y lo que señala Semar. Dijo que el organismo basó su investigación en los testimonios de los policías que participaron, así como en el del otro detenido, quienes estuvieron en el lugar de los acontecimientos.

El 21 de marzo de 2010, un presunto narcomenudista y su comprador iban a ser trasladados, bajo el mando del secretario de Seguridad Pública Municipal, a la Procuraduría General de la República. El convoy sufrió un atentado que los obligó a regresar a la base de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina, para solicitar apoyo a los marinos.

Éstos llegaron con un helicóptero y en un video se observa claramente cómo el presunto narcomenudista va esposado, transportado y custodiado por elementos del personal naval. Según los datos de la CNDH, del helicóptero no baja al narcomenudista.

Al siguiente día, a las 07:00 de la mañana, en San Nicolás de los Garza, en la colonia Palmas Diamante, dicha hombre aparece muerto, golpeado, pero, además, según la CNDH, con lesiones en cara y glúteos similares a las de las personas que reciben tortura, y golpes en el abdomen que le provocaron lesiones muy fuertes en los riñones; tenía signos de asfixia. “Un trato cruel del que fue objeto y que fue el que le ocasionó la privación de la vida”, dijo Marat Paredes.

De acuerdo con la Semar, con oportunidad y antes de cualquier requerimiento de información o recomendación, se dio vista al agente del Ministerio Publico Militar para que iniciara la averiguación correspondiente y se dio aviso al Órgano Interno de Control.

La recomendación 34 2011 de la CNDH establece que aunque no se sabe quién torturó y privó de la vida a Márquez Compeán los elementos de la Marina son responsables pues ellos tenían que haber sido los garantes de su seguridad al haberlo transportado en un helicóptero de la Institución. La Marina señaló que en su momento ofreció información de lo ocurrido en el sentido de que sólo se apoyó a las autoridades lo cales en el traslado y nunca tuvo al detenido bajo su custodia.

Temen desaparición forzada en Nuevo Laredo

José Fortino Martínez Martínez fue detenido el 5 de junio de 2011 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, por miembros de la Marina mexicana. Ni su familia ni una organización local de derechos humanos saben dónde se encuentra, y temen que sea víctima de desaparición forzada.

Según varios testigos presenciales, el 5 de junio de 2011 José Fortino Martínez Martínez fue detenido por miembros de la Marina mexicana, que llevaron a cabo un asalto nocturno sin orden judicial a su casa del barrio de Arturo Cortés Villada, en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos. Los marinos lo obligaron a entrar en un vehículo militar y se lo llevaron.

Su esposa, Oralia Guadalupe Villaseñor, y otros familiares han tratado de obtener información sobre su paradero, pero las autoridades han negado tener conocimiento de su detención o del lugar donde se encuentra recluido. Con la ayuda de una organización local de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la familia presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con sede en Ciudad de México, y ante la Procuraduría General de la República (PGR). También pidió información a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR en Ciudad de México, que también negó todo conocimiento de la detención de José Fortino Martínez Martínez. Los familiares, acompañados por algunas autoridades municipales y de la PGR, visitaron la base de la Marina situada a las afueras de Nuevo Laredo, en Villa Hidalgo, estado de Coahuila. Allí, un miembro de la Marina se negó a recibir la notificación de la denuncia penal o a facilitar información sobre el paradero de José Fortino Martínez Martínez.

La policía y las fuerzas de seguridad, incluidas unidades del ejército y la marina, detienen habitualmente, sin orden judicial, en las zonas más violentas del país, a sospechosos de estar relacionados con organizaciones delictivas. Sin embargo, según la información recibida por Amnistía Internacional, no parece haber una razón clara para la detención de José Fortino Martínez Martínez. (Haz clickaquí para firmar la Acción Urgente)

Periodista desparecido en Guerrero

Marco Antonio López Ortíz se desempeña como jefe de información del periódico Novedades que se distribuye en el estado de Guerrero (Sureste). El medio confirmó que López Ortíz se encontraba en un bar de aquella ciudad, cuando alrededor de las 11:30 un grupo de personas desconocidas lo capturó. Desde entonces no hay noticias sobre su paradero. Los familiares han interpuesto una denuncia formal ante la Ministerio Público de aquel estado. El caso se suma a la larga lista de agravios en contra de periodistas y medios de comunicación en Guerrero.

Guerrero se ha convertido en uno de los estados más peligrosos para ejercer la libertad de prensa. En 2009 se registró el asesinato de dos periodistas, Jean Paul Ibarra Ramírez y Juan Daniel Martínez Gil. Durante 2010 fueron asesinados los periodistas Jorge Ochoa Martínez, Evaristo Pacheco y Juan Francisco Rodríguez Ríos. En 2010 también tuvo lugar el ataque en contra de las instalaciones del periódico El Sur de Guerrero, cuyo personal continúa siendo amenazado hasta la fecha. Todos y cada uno de estos casos permanecen en completa impunidad.

En este sentido, resulta urgente que el gobierno estatal emprenda las medidas necesarias para atender con la celeridad que demanda éste y otros casos. De igual forma, se requiere un papel más activo por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es insuficiente que su actuación se limite a pedir “que se respete la vida del reportero”. (Para leer más, haz click aquí)

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La Corte Interamericana reclama al Estado mexicano incumplimiento de sentencia en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla

• México fue considerado culpable en los casos de desaparición de Rosendo Radilla; los asesinatos de tres mujeres en el campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua y las violaciones sexuales cometidas por elementos del Ejército en contra de las mujeres indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú.
• A 37 años de distancia de la desaparición de Rosendo Radilla no hay muestras claras por parte del gobierno federal para avanzar en las investigaciones sobre este caso en particular ni en ningún otro ocurrido durante la guerra sucia.

El día de hoy Liliana Alcántara aborda en el periódico El Universal el reclamo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Huamanos (CoIDH) por el incumplimiento del Estado mexicano frente a la sentencia dictada en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida el 25 de agosto de 1974 a manos del Ejército en Atoyac de Álvarez, Guerrero durante la Guerra sucia.

La CoIDH recordó al gobierno mexicano que el cumplimiento de sentencias es una obligación moral de los Estados. Por lo tanto, le exigió un mayor compromiso para cumplir con su deber de investigar el paradero de Rosendo Radilla, conducir con eficacia las investigaciones a fin de juzgar y sancionar a los civiles y militares responsables de la desaparición y restringir el fuero castrense, así como organizar un evento público en el que el gobierno ofrezca una disculpa pública por el daño causado e indemnizar a los familiares de la víctima.

Señaló que la iniciativa del gobierno federal para reformar el artículo 27 del Código de Justicia Militar es insuficiente, pues insistió en que, por ningún motivo, se debe permitir la intervención de la jurisdicción militar en la investigación de violaciones a los derechos humanos.

Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aceptó la responsabilidad del Estado en este caso y aseguró que han hecho las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia. Señaló que pese a las excavaciones hechas en el ex campo militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, no se ha podido conocer su paradero y aseveró que la jurisdicción militar no ha sido tema de discrepancias entre las dependencias del gobierno federal.

El funcionario dijo que ofreció el pago de la indemnización a los familiares de Rosendo Radilla y una fecha para emitir la disculpa pública, pero que lo rechazaron hasta en tanto no se avance en las investigaciones judiciales.

Familiares y abogados señalaron que el sentido de la sentencia es el de garantizar la justicia, reparar el daño a la víctima y a su familia y tomar las acciones necesarias para evitar que casos como el de Radilla se vuelvan a repetir.

“El Estado, hasta ahora, ha sido insensible porque quiere dar cumplimiento a las sentencias como si se tratara de un asunto burocrático y mecánico. Lo que piden las víctimas, sus familiares y la corte es que se cumplan de buena fe, que haya una muestra real de arrepentimiento y se respeten los principios humanistas”, insistió Sergio Méndez, abogado que lleva el caso.

Justicia pendiente

Pero éste no es el único caso pendiente de cumplimiento ante la Corte. A partir de 2009, México ha sido sentado en el banquillo de los acusados y sometido a cinco juicios internacionales, después de los cuales ha sido considerado culpable de cometer graves violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con el orden de las audiencias, este tribunal internacional, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), responsabilizó al Estado mexicano de las desapariciones y homicidios de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monarrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en el campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre del 2001.

Luego, lo culpó de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y posteriormente, en juicios por separado, lo responsabilizó de la violación sexual cometida en contra de las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo e Inés Fernández, sucedidas el 16 de febrero y el 22 de marzo de 2002, respectivamente, en sierra de Guerrero.

De acuerdo con las respectivas resoluciones, la corte determinó el pago de una indemnización que, en suma, por los cuatro casos, representa la cantidad de 24 millones 717 mil 500 pesos.

La última de las sentencias condenatorias de la corte en contra del Estado mexicano se emitió el pasado 26 de noviembre del 2010 al considerarlo responsable de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, al ser detenidos por el Ejército el 2 de mayo de 1999, en Pizotla, Guerrero. Por este caso, México fue condenado a pagar 33 mil dólares.

A fin de cumplir con el pago de esos montos, informó Luis Arriaga, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Congreso de la Unión aprobó, por primera vez, para el ejercicio de 2011 una partida presupuestal de 30 millones de pesos. El pago de los mismos es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, pero, dijo, nunca quedaron claros los criterios que emplearía el gobierno federal para su entrega.

Tita Radilla, hija del desaparecido, señaló que no aceptan ese pago porque ello implicaría que tendrían que reconocer la muerte de su familiar y exigió un avance en investigaciones que determinen a los responsables. Sergio Méndez, abogado del caso, aseguró que el gobierno federal no tiene intenciones de avanzar en las indagatorias pues se ha limitado a hacer excavaciones, pero no las ha orientado a investigar a los mandos civiles y militares que han sido señalados de intervenir en dicha desaparición.

Alejandra Nuño, directora del Programa para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, señaló que México viola los derechos humanos de las víctimas al incumplir con las sentencias de la corte y recalcó que no habrá mayores avances en la materia mientras no se restrinja el fuero militar.

Luis Arriaga, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó su preocupación porque a 37 años de distancia de la desaparición de Rosendo Radilla no hay muestras claras por parte del gobierno federal para avanzar en las investigaciones sobre este caso en particular ni en ningún otro ocurrido durante la guerra sucia.

Para cumplir con la sentencia, el Congreso de la Unión aprobó para 2011 una partida presupuestal de 30 millones de pesos a fin de cumplir con las sentencias de la CoIDH en los casos en los que encontró responsabilidad del Estado mexicano en violaciones graves a los derechos humanos.

Para conocer a profundidad la sentencia de la CoIDH respecto al Caso Radilla, haz click aquí

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La Corte Interamericana reclama al Estado mexicano incumplimiento de sentencia en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla

• México fue considerado culpable en los casos de desaparición de Rosendo Radilla; los asesinatos de tres mujeres en el campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua y las violaciones sexuales cometidas por elementos del Ejército en contra de las mujeres indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú.
• A 37 años de distancia de la desaparición de Rosendo Radilla no hay muestras claras por parte del gobierno federal para avanzar en las investigaciones sobre este caso en particular ni en ningún otro ocurrido durante la guerra sucia.

El día de hoy Liliana Alcántara aborda en el periódico El Universal el reclamo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Huamanos (CoIDH) por el incumplimiento del Estado mexicano frente a la sentencia dictada en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida el 25 de agosto de 1974 a manos del Ejército en Atoyac de Álvarez, Guerrero durante la Guerra sucia.

La CoIDH recordó al gobierno mexicano que el cumplimiento de sentencias es una obligación moral de los Estados. Por lo tanto, le exigió un mayor compromiso para cumplir con su deber de investigar el paradero de Rosendo Radilla, conducir con eficacia las investigaciones a fin de juzgar y sancionar a los civiles y militares responsables de la desaparición y restringir el fuero castrense, así como organizar un evento público en el que el gobierno ofrezca una disculpa pública por el daño causado e indemnizar a los familiares de la víctima.

Señaló que la iniciativa del gobierno federal para reformar el artículo 27 del Código de Justicia Militar es insuficiente, pues insistió en que, por ningún motivo, se debe permitir la intervención de la jurisdicción militar en la investigación de violaciones a los derechos humanos.

Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aceptó la responsabilidad del Estado en este caso y aseguró que han hecho las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia. Señaló que pese a las excavaciones hechas en el ex campo militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, no se ha podido conocer su paradero y aseveró que la jurisdicción militar no ha sido tema de discrepancias entre las dependencias del gobierno federal.

El funcionario dijo que ofreció el pago de la indemnización a los familiares de Rosendo Radilla y una fecha para emitir la disculpa pública, pero que lo rechazaron hasta en tanto no se avance en las investigaciones judiciales.

Familiares y abogados señalaron que el sentido de la sentencia es el de garantizar la justicia, reparar el daño a la víctima y a su familia y tomar las acciones necesarias para evitar que casos como el de Radilla se vuelvan a repetir.

“El Estado, hasta ahora, ha sido insensible porque quiere dar cumplimiento a las sentencias como si se tratara de un asunto burocrático y mecánico. Lo que piden las víctimas, sus familiares y la corte es que se cumplan de buena fe, que haya una muestra real de arrepentimiento y se respeten los principios humanistas”, insistió Sergio Méndez, abogado que lleva el caso.

Justicia pendiente

Pero éste no es el único caso pendiente de cumplimiento ante la Corte. A partir de 2009, México ha sido sentado en el banquillo de los acusados y sometido a cinco juicios internacionales, después de los cuales ha sido considerado culpable de cometer graves violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con el orden de las audiencias, este tribunal internacional, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), responsabilizó al Estado mexicano de las desapariciones y homicidios de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monarrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en el campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre del 2001.

Luego, lo culpó de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y posteriormente, en juicios por separado, lo responsabilizó de la violación sexual cometida en contra de las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo e Inés Fernández, sucedidas el 16 de febrero y el 22 de marzo de 2002, respectivamente, en sierra de Guerrero.

De acuerdo con las respectivas resoluciones, la corte determinó el pago de una indemnización que, en suma, por los cuatro casos, representa la cantidad de 24 millones 717 mil 500 pesos.

La última de las sentencias condenatorias de la corte en contra del Estado mexicano se emitió el pasado 26 de noviembre del 2010 al considerarlo responsable de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, al ser detenidos por el Ejército el 2 de mayo de 1999, en Pizotla, Guerrero. Por este caso, México fue condenado a pagar 33 mil dólares.

A fin de cumplir con el pago de esos montos, informó Luis Arriaga, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Congreso de la Unión aprobó, por primera vez, para el ejercicio de 2011 una partida presupuestal de 30 millones de pesos. El pago de los mismos es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, pero, dijo, nunca quedaron claros los criterios que emplearía el gobierno federal para su entrega.

Tita Radilla, hija del desaparecido, señaló que no aceptan ese pago porque ello implicaría que tendrían que reconocer la muerte de su familiar y exigió un avance en investigaciones que determinen a los responsables. Sergio Méndez, abogado del caso, aseguró que el gobierno federal no tiene intenciones de avanzar en las indagatorias pues se ha limitado a hacer excavaciones, pero no las ha orientado a investigar a los mandos civiles y militares que han sido señalados de intervenir en dicha desaparición.

Alejandra Nuño, directora del Programa para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, señaló que México viola los derechos humanos de las víctimas al incumplir con las sentencias de la corte y recalcó que no habrá mayores avances en la materia mientras no se restrinja el fuero militar.

Luis Arriaga, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó su preocupación porque a 37 años de distancia de la desaparición de Rosendo Radilla no hay muestras claras por parte del gobierno federal para avanzar en las investigaciones sobre este caso en particular ni en ningún otro ocurrido durante la guerra sucia.

Para cumplir con la sentencia, el Congreso de la Unión aprobó para 2011 una partida presupuestal de 30 millones de pesos a fin de cumplir con las sentencias de la CoIDH en los casos en los que encontró responsabilidad del Estado mexicano en violaciones graves a los derechos humanos.

Para conocer a profundidad la sentencia de la CoIDH respecto al Caso Radilla, haz click aquí

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La exigencia de centenares se enmarca en la semana internacional del detenido

Marchas por la presentación con vida de 6 desaparecidos en Oaxaca y Morelos

En el estado de Chiapas organizaciones hicieron bloqueos intermitentes de carreteras

Manifestantes recorren la avenida Juárez rumbo a la Secretaría de Gobernación, en demanda de la presentación de seis desaparecidos desde 2007, en los estados de Oaxaca y MorelosFoto Jesús Villaseca

Víctor Ballinas y Helio Enríquez

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 31 de mayo de 2011, p. 17

Más de un centenar de personas marcharon ayer del Hemiciclo a Juárez –en la Alameda Central– a la Secretaría de Gobernación, para exigir la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Francisco Paredes Ruiz y las hermanas Daniela y Virginia Ortiz, todos ellos desaparecidos en Oaxaca hace cuatro años, y Lauro Juárez, desaparecido en Morelos, también en 2007.

La movilización fue convocada por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta encontrarlos, y participaron organizaciones, una de ellas fueron la de los triques, que se enmarcó en la semana internacional del detenido desaparecido.

A las once de la mañana partió la marcha hacia Gobernación. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Presentación inmediata de nuestros compañeros, y de todos los desaparecidos del país!, eran las consignas.

A su paso por la avenida Juárez corearon: ¡Ahora, ahora, se hace indispensable la presentación con vida de los desaparecidos!, Desaparecidos, presentación.

El contingente de los indígenas triquis demandó la presentación con vida de las niñas Daniela y Virginia Ortíz Ramírez, desaparecidas en Oaxaca desde 2007. Exigió respeto a los derechos humanos en esa entidad.

Nadín Reyes, del comité Hasta encontrarlos, encabezó la marcha con la exigencia de presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya, Lauro Juárez y Francisco Paredes Ruiz.

La marcha siguió por Bucareli hasta la calle de Morelos, donde tuvo que dar vuelta por el plantón de los antorchistas; siguió por Enrico Martínez hasta llegar casi frente al Reloj Chino. Ahí se detuvo, por las vallas metálicas que le impidieron seguir.

Aquí destacaron que en el gobierno de Felipe Calderón van más de 4 mil personas desaparecidas y 40 mil muertos en el combate al crimen organizado.

Las organizaciones resaltaron que no va a haber cansancio para exigir que nos entreguen a nuestros compañeros y a todos los desaparecidos. Demandaron que se legisle sobre el delito de desaparición forzada, tanto federal como en los estados.

“Es necesario –apuntaron– que se apruebe una ley que enjuicie y castigue la comisión del delito de detención desaparición forzada por motivos sociales, delito que no prescribe.”

Por otra parte, en Chiapas, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) realizaron marchas y bloqueos carreteros intermitentes en cinco regiones del estado para exigir la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos hace cuatro años en Oaxaca.

Dirigentes de la agrupación, que pidieron el anonimato, informaron que en el norteño municipio de Tila unos 300 integrantes del FNLS efectuaron una marcha y un mitin; en el crucero Cuxuljá, entre Ocosingo y Altamirano, unos 200 indígenas y campesinos bloquearon la carretera de manera intermitente para repartir propaganda.

Añadieron que en la carretera Panamericana, cerca de la ciudad de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, alrededor de 150 miembros de la organización realizaron un semibloqueo para repartir propaganda; en Villacomaltitlán, en la costa del estado, unos150 campesinos participaron en una marcha, en tanto que en Tuxtla Chico, en la frontera con Guatemala, 250 personas realizaron en bloqueo intermitente en la vía que comunica a la zona.

Señalaron que además de exigir la presentación con vida de los luchadores sociales mencionados, las acciones, que se efectuaron entre las 7 y las 14 horas sin que se hayan reportado incidentes, fueron para demandar la promulgación de una ley que investigue y castigue la desaparición forzada.

Recuerdan a Reyes Amaya y Cruz Sánchez

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 20

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 25 de mayo. Al cumplirse hoy cuatro años de su desaparición en Oaxaca, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) exigió la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario.

En conferencia de prensa, representantes de la agrupación con presencia en distintas regiones del estado, informaron que como parte de las actividades de la semana internacional del detenido desaparecido, y la campaña nacional contra la desaparición forzada para exigir la presentación de los dos luchadores sociales, el 30 de mayo realizarán movilizaciones en varias zonas de Chiapas.

Señalaron que ese día realizarán marchas en los municipios de Altamirano, Ocosingo, Tila y Chiapa de Corzo, mientras que en la zona costera efectuarán bloqueos carreteros intermitentes. Ya son cuatro años de impunidad y el gobierno mexicano nada hace por presentar con vida a estos dos luchadores sociales, manifestaron los representantes del FNLS.

La diligencia de prospección arqueológica se realizó en predio de la ex 27 Zona Militar

Sin resultados positivos, peritajes para ubicar los restos de Rosendo Radilla: PGR

La búsqueda se llevó a cabo en cuatro zonas y se utilizaron modernos equipos de localización

Peritos de la Procuraduría General de la República durante la prospección arqueológica en un predio cercano al municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, diligencia relativa a una averiguación previa para encontrar los restos de Rosendo Radilla Pacheco, desparecido en los setentaFoto Pedro Pardo

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 23 de mayo de 2011, p. 20

La Procuraduría General de la República (PGR) informó este domingo que concluyeron las labores periciales para ubicar los restos de Rosendo Radilla Pacheco, sin que hubiera resultados positivos. La representación social de la Federación finalizó la diligencia de prospección arqueológica realizada al noroeste del campo de tiro, en las afueras de la (27 ex zona militar), del municipio de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero. Con esa diligencia se dio cumplimiento a lo ordenado en la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007, en concordancia con los resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida el 23 de noviembre de 2009, para la localización de los restos óseos de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en los setenta, puntualizó la PGR.

Es la tercera vez que la dependencia, a petición de la familia, organizaciones no gubernamentales y la CIDH, realiza un rastreo en las inmediaciones de la ex 27 Zona Militar.

Esta diligencia, identificada por la PGR como de prospección arqueológica, se inició el pasado miércoles y en ella participaron especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia habilitados como peritos.

La búsqueda contempló cuatro zonas en las cuales se utilizó el aparato de medición llamado resistivímetro, para visualizar el perfil de todo tipo de materiales a más de 8 metros de profundidad, con la finalidad de determinar si el área fue excavada en fechas recientes.

La PGR precisó que los peritos realizaron “una prospección geofísica, y se utilizó el resistivímetro en una zona adicional no contemplada en el acuerdo ministerial que ordenó esta diligencia, esto a petición de la familia Radilla”.

El comunicado refiere que “se utilizó el radar de penetración para la identificación de posibles estructuras anómalas en el terreno, y el aparato de medición resistivímetro como complemento para visualizar el perfil de los diferentes materiales y posibles zonas anómalas. Todo ello, con la finalidad de determinar posibles zonas a ser excavadas en fechas próximas. La representación social de la Federación accedió a las peticiones de la coadyuvancia y amplió el área previamente delimitada.

Cabe hacer mención que el lugar prospectado no es el mismo en que se practicaron las diligencias de excavación en 2008 y 2010. Además, en un afán de transparencia y clara rendición de cuentas, las diligencias ordenadas y practicadas dentro del expediente de averiguación previa fueron abiertas, seguidas y observadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la familia Radilla Pacheco, representantes legales, peritos y medios de comunicación que se dieron cita durante la diligencia, destacó la PGR.

El 23 de noviembre de 2009 la CIDH ordenó a las autoridades realizar una nueva inspección derivada de las investigaciones por la desaparición de varias personas durante la guerra sucia de los setenta.

En 2008 y 2010 se realizaron otras diligencias similares en los alrededores de la ex zona militar.