El Frayba: 25 años

Los de Abajo

Gloria Muñoz Ramírez

Un México más desprotegido existiría sin organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mejor conocido como Frayba, que cumple 25 años defendiendo radicalmente sus posturas y declarándose, sin ambages, del lado del pueblo pobre, excluido y organizado.

El Frayba llega a esta fecha con el obispo Raúl Vera a la cabeza, reconociendo que el país que lo vio nacer en 1989 no es el mismo ahora, y que a la violencia y amenazas de los paramilitares en Chiapas, y antes de las guardias blancas pertenecientes a los grandes finqueros, se suma el despojo de los territorios para saquear sus recursos naturales, como los minerales.

Chiapas tampoco es el mismo. El abandono, la burla y la violencia que padecieron los pueblos indígenas de la entidad tuvo un fuerte hasta aquí en los territorios organizados en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), donde nada es igual que antes. El Ya Basta zapatista detonó en el centro de lo que el Frayba denunciaba.

Pero debe reconocerse que el trabajo del Frayba, lejos de acabarse, se incrementa, junto con la violencia institucional y paramilitar en el estado que lo alberga. Hoy, como ayer, el centro creado por iniciativa del obispo Samuel Ruiz contribuye a la construcción de una sociedad con plenos derechos para todos. Esa es la meta.

Aunque el gobierno del estado le niega interlocución (mientras acerca a ex servidores del centro que ahora ocultan institucionalmente lo que en otro momento denunciaron), el Fray ba pone en evidencia los atropellos de los que son víctimas los pueblos mayas. El más reciente, por ejemplo, el exilio forzado de los habitantes del ejido Puebla, en Chenalhó, quienes tuvieron que huir de sus casas ante el regreso de los asesinos de Acteal, liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O el despojo a los ejidatarios de Bachajón, a quienes persiguen y asesinan para arrebatarles sus tierras.

Dice don Raúl Vera que los principales retos para los derechos humanos en Chiapas son la autonomía y la paz, que están relacionados con el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, los mismos que el gobierno firmó con el EZLN para luego traicionarlos. Las comunidades zapatistas los pusieron en práctica en sus comunidades, pero en otras siguen siendo la meta a alcanzar para poder defender sus territorios.

Uno de los mayores logros del Fray ba, señala el también obispo de Saltillo, es que el centro ya no trabaja para las comunidades, sino que pertenece a ellas. Por eso y por muchas cosas más, la celebración del Frayba es la celebración de los pueblos de abajo.

www.desinformemonos.org

losylasdeabajo@yahoo.com.mx

Avances en Derechos Humanos desde la SCJN

• Será obligatorio para los jueces ejerce el control de convencionalidad
• Los jueces deberán replicar el criterio de restricción del fuero militar

El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestó que el Estado mexicano deberá cumplir de manera obligatoria el contenido de los párrafos 337 a 342 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, relacionados con el control de convencionalidad. Asimismo, se pronunció a favor de que todos los jueces repliquen el criterio de restricción del fuero militar y de que esta Corte conozca de estos casos por medio de los juicios de amparo, hasta que se siente jurisprudencia al respecto.

En el contexto actual de guerra contra el crimen organizado, estas resoluciones son especialmente relevantes. Debido al control de convencionalidad y en congruencia con la reciente reforma a la ley en el ámbito de derechos humanos, los jueces podrán invocar tratados internacionales de derechos humanos y dejar de aplicar las normas y leyes que se opongan a los mismos.

Por otra parte, la SCJN ha sentado un precedente importante al pronunciarse por acotar el fuero militar cuando se trata de juzgar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrenses. A pesar de que aún no hay sentada jurisprudencia al respecto, es un criterio que los jueces deberán seguir, para que este tipo de casos sean juzgados en tribunales civiles.

Desde el Centro Prodh celebramos los avances en el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH del caso Rosendo Radilla por parte de la SCJN; sin embargo, destacamos la importancia de que el poder legislativo reforme el artículo 57 del Código de Justicia Militar, de forma que quede legislada la restricción del fuero militar para asuntos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Sólo con una adecuada reforma al respecto se estará dando verdadero seguimiento a lo que también fue ordenado por la CoIDH en los casos de Inés y Valentina y de los Campesinos Ecologistas.

Por otra parte, nos continuamos pronunciando en contra del uso de las fuerzas armadas para la ejecución de labores de seguridad pública, pues la implementación de esta estrategia ha repercutido en el incremento de violaciones a derechos humanos, entre las que destacan la tortura y la desaparición forzada.

Reporteros sin Fronteras expresa su consternación por el asesinato de periodistas en México

Después de expresar su consternación por el asesinato en el Estado de México de Ángel Castillo Corona, columnista de los periódicos Puntual y Diario de México, Reporteros sin Fronteras hizo un llamado a las autoridades del Estado mexicano a proteger la vida, la integridad y la seguridad de las y los periodistas y a demostrar su compromiso en la lucha contra la impunidad.

Con esta muerte, son ya 76 periodistas asesinados en México desde el año 2000, lo cual ha hecho que este país se convierta en el más peligroso para las y los trabajadores de los medios de comunicación. En su reciente visita a México, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, se entrevistó con miembros de organizaciones de defensa de la libertad de expresión, a quienes les manifestó estar consternada por la situación de violencia creciente en el país y subrayó que estos crímenes no pueden permanecer impunes.

Lamenta AI que el Presidente mantenga su cerrazón en temas sensibles

Presentan campaña para proteger a los defensores de las garantías básicas

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Jueves 7 de julio de 2011, p. 13

Los defensores de las garantías individuales llevan a la vida cotidiana la lucha contra la discriminación y la violencia, por lo que el mecanismo de protección que el gobierno federal dio a conocer ayer es un paso adelante para garantizar su integridad y reconocer la importancia de su labor, afirmó la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

Durante la presentación de la campaña Declárate, realizada ayer en el Teatro de la Ciudad y mediante la cual se busca poner de manifiesto el peligro en que suelen trabajar los activistas en la materia, Pillay señaló que la falta de visibilidad de éstos ayuda a que se encuentren más expuestos a represalias, y manifestó su esperanza de que la mencionada iniciativa gubernamental de protección sirva para detener este fenómeno.

Conozco la situación en México. Me he reunido con varios defensores y sé que muchos de ellos han sido hostigados, amenazados y asesinados. Las recomendaciones al respecto han dado como resultado un mecanismo de protección cuya firma tuve el gusto de atestiguar, y confío en que fortalecerá los esfuerzos para generar condiciones adecuadas para su trabajo, indicó.

Uno de los más graves obstáculos que enfrentan las y los activistas es la falta de conocimiento de lo importante que es su labor, por lo que llamó a iniciar campañas públicas para revalorarlos y defenderlos de los riesgos a los que están expuestos todos los días.

Al término del acto –en el que también estuvieron presentes la actriz Cecilia Suárez, el cantante Saúl Hernández y los periodistas Lidia Cacho y Javier Solórzano– el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, Alberto Herrera, comentó en entrevista con La Jornada que la visita de Navi Pillay ha tenido resultados contrastantes, ya que mientras la funcionaria ha mostrado apertura y sensibilidad, Felipe Calderón porfía en su actitud de cerrazón y falta total de autocrítica, destacando sus logros e ignorando los señalamientos de alerta.

Pese a ello, uno de los saldos positivos del encuentro en Los Pinos, destacó, fue el hecho de que Pillay mencionara ante la plana mayor del Ejército la necesidad de que se juzgue en cortes civiles a los uniformados que cometan abusos contra ciudadanos, aunque desgraciadamente la respuesta del mandatario fue que esos temas seguirán siendo manejados por los jueces de las propias Fuerzas Armadas.

Los llamados a modificar la estrategia de seguridad pública son cada vez más contundentes, y el Presidente está a tiempo de escucharlos. El cambio de rumbo no necesita meses, puede ocurrir hoy si tiene la suficiente voluntad política de instruir al Ejército a que envíe todos los casos de violaciones a los derechos humanos a la Procuraduría General de la República.

Herrera también urgió a que haya un deslinde de responsabilidades por los más de 40 mil muertos que ha dejado la guerra contra el crimen organizado, y a que si las investigaciones no tocan a los mandos más altos, por lo menos sí se juzgue a los perpetradores materiales de crímenes y abusos.

Durante la proyección de un video sobre la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos –disponible en la página de la campaña www.yomedeclaro.org–, integrantes del Comité 68 entregaron a Pillay una carta en la que piden que incluya en su informe previo de evaluación el tema de los crímenes de Estado ocurridos en 1968 y 1971.

Son utilizadas en ambos sentidos, afirma el Comité para protección de periodistas

Redes sociales, arma de oprimidos y de represores

Dpa

Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2011, p. 42

Nueva York, 2 de mayo. Internet y sus redes sociales no sólo se han convertido en foro para la libertad de prensa y los emergentes movimientos democráticos en el mundo, sino también en campo de batalla en el que luchan los gobiernos más represivos.

Así lo señala un informe divulgado este lunes, en vísperas del Día de la Libertad de Prensa, por el Comité para proteger a los periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos.

Desde los blogueros que reportaron en mensajes de texto el malestar popular contra los gobiernos de Túnez y Egipto, hasta los disidentes que luchan por los derechos humanos en China, todos se han servido de la red. Asimismo, gobiernos represivos han aprendido a usar las mismas tácticas para bloquear, inutilizar o destruir los mensajes políticos y sociales de los oprimidos.

Muchas de las tácticas de los opresores revelan una creciente complejidad, desde el servicio de correo electrónico apoyado por el Estado chino y diseñado para acceder a las computadoras de los periodistas, a los ciberataques contra páginas de noticias en Bielorrusia, sostiene el CPJ.

Derechos violentados

El encarcelamiento de periodistas, escritores y defensores de los derechos humanos es una táctica eficaz para suprimir la libertad de prensa, señala el estudio sobre las herramientas de los “opresores online”. La opresión en Internet se ha convertido en un arma de consecuencias catastróficas, pues los gobiernos con larga experiencia en violaciones de derechos humanos ahora utilizan las herramientas cibernéticas.

Mientras luchaban por mantenerse en el poder, los regímenes de Egipto y Túnez intentaron imponer la censura en la red. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, bloqueó Internet en enero, tras las primeras señales de protesta popular en El Cairo, pero tuvo que desbloquearla una semana después, por presión internacional.

También Libia y Bahrein intentaron perturbar la comunicación en Internet como respuesta a las exigencias populares de libertad. La Junta Militar de Myamnar, la antigua Birmania, bloqueó la red durante la revuelta de 2007, y lo mismo hizo China en 2010 para intentar sofocar las protestas de grupos étnicos en la provincia occidental de Xinjiang, señala el CPJ.

Irán y China, que se sitúan en lo más alto del estudio en cuanto a detención de periodistas, con 34 en 2010, han logrado bloquear con éxito el acceso a distintos portales en Internet y evitado que los ciudadanos utilicen determinadas palabras clave en los buscadores para seguir las noticias internacionales.

China, por ejemplo, retiró el concepto Revolución Jazmín –que hace referencia a la revolución tunecina que derrocó al presidente Zine al Abidine Ben Ali– y sus ingenieros instalaron software malicioso y de espionaje a través del correo electrónico.

“Periodistas que informan desde y sobre China han sido víctimas de ataques, conocidos como spear fishing (literalmente pesca con arpón, consistente en el envío de correo fraudulento); la tendencia indica claramente que los objetivos fueron elegidos por su trabajo”, señala el CPJ.

El año pasado, el uso del cibercrimen estatal en Túnez avanzó un paso, cuando la agencia nacional que gestiona Internet redirigió a los usuarios a páginas fraudulentas creadas por el gobierno, en las que se exige darse de alta para el uso de grandes proveedores como Google, Yahoo! y Facebook. Así, las autoridades podían robar sus nombres de usuario y contraseñas.

El organismo recuerda al Estado que el bien jurídico lesionado tiene alcance restrictivo

Fallo sobre ecologistas Cabrera y Montiel, para todos los casos de violación de garantías: CIDH

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Jueves 23 de diciembre de 2010, p. 19

En su sentencia contra el Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, cometidas por integrantes del Ejército, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de las alegadas vulneraciones a las garantías fundamentales, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria.

Subraya que “esta conclusión aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las transgresiones de derechos humanos. El organismo internacional reitera al Estado su obligación de adoptar –en un plazo razonable– las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la citada disposición con los estándares mundiales en la materia y de la Convención Americana de Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en esta sentencia”.

De igual forma, la CIDH recordó al gobierno federal que “en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar y el bien jurídico lesionado han de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminados a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas castrenses.

“Por ello, la corte ha señalado anteriormente que en el fuero castrense sólo debe juzgarse a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden del Ejército.

La CIDH insiste en que “cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e imparcial”.

La sentencia precisa también que los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra una persona por efectivos militares son actos que no guardan, en ningún caso, relación con la disciplina o la misión castrense; por el contrario, los actos alegados cometidos por personal militar contra los campesinos Cabrera y Montiel afectaron bienes jurídicos tutelados por el derecho penal interno y la Convención Americana, como la integridad y la dignidad de las víctimas.

En la resolución se subraya que es claro que tal conducta es abiertamente contraria a los deberes de respeto y protección de los derechos humanos y, por tanto, está excluida de la competencia de la jurisdicción militar.

Con base en las consideraciones anteriores, la CIDH concluye que la intervención del fuero militar en la averiguación previa de la tortura contrarió los parámetros de excepcionalidad y restricción que lo caracterizan, e implicó la aplicación de un fuero personal que operó sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos involucrados.

En la resolución –que consta de 134 hojas– se destaca que el Estado mexicano no pudo demostrar la veracidad de los argumentos que esgrimió en relación a que los efectivos de la 35 Zona Militar retuvieron por dos días a los campesinos ecologistas de Guerrero ante la imposibilidad de trasladarlos de inmediato ante una autoridad competente.

En realidad, acusa el organismo internacional, efectivos militares detuvieron de manera ilegal a los ecologistas y los retuvieron por cinco días. La CIDH constató que desde el momento en que fueron detenidos, los agentes del Estado contaron con más de un medio para transportarlos y llevarlos sin demora, primero ante el Ministerio Público y posteriormente ante la autoridad judicial.

A un año del inicio de las agresiones contra defensores de derechos humanos en Chiapas

Difusión Cencos México D.F., 18 de noviembre de 2010

Boletín de prensa
Enlace

A un año del inicio de las agresiones contra Adolfo Guzmán Ordaz y Margarita Guadalupe Martínez Martínez, su familia, las y los integrantes de nuestro equipo en Comitán, Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C., reprueba la insensibilidad y las negligencias cometidas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y por el gobernador Juan José Sabines Guerrero para encubrir a los presuntos responsables de abuso de autoridad, uso desproporcionado e indebido de la fuerza y falsedad en declaración respecto al allanamiento del domicilio de Adolfo y Margarita, perpetrado el pasado 8 de noviembre de 2009 en la ciudad de Comitán.

Lamentamos y denunciamos la inefectividad e ineficacia de medidas legislativas y de organismos públicos especializados en la defensa de las y los defensores de los derechos humanos integrales, que profundiza la situación de impunidad que prevalece en el estado de Chiapas, favoreciendo la repetición de violaciones a los derechos

Exigimos al Estado mexicano el cumplimiento serio y cabal de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas, al Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, y al gobernador Juan José Sabines Guerrero, actúen consecuentemente para evitar el encubrimiento en este caso particular y en todas las situaciones de violación de los derechos humanos individuales y colectivos.

Agradecemos a todas las personas, comunidades, pueblos, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, que han acompañado comprometida y solidariamente y nuestro equipo en Comitán, participando activamente en las acciones urgentes y otras iniciativas relativas a la difusión del caso y la situación de violación a los derechos humanos integrales en Chiapas. En particular, agradecemos el trabajo profesional Casas.

Hacemos un nuevo llamado a la suma de esfuerzos para concretar el acceso a la justicia de todas las víctimas y transformar la realidad de impunidad que se profundiza y amplía en Chiapas y en nuestro país.

Atentamente

Mariano Salazar Molina
Director General / Coordinación Estratégica Interregional
(Ocosingo, Xochimilco, Tlaxiaco, Comitán, Tlapa, Coordinación Institucional)

México, DF. 12 de noviembre de 2010

Informaciòn difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Exige la ANAD al Estado activarse ante la impunidad que rodea al caso Digna Ochoa

Noveno aniversario de la muerte de la abogada y defensora de los derechos humanos

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Martes 19 de octubre de 2010, p. 21

En la víspera del noveno aniversario del fallecimiento de la abogada Digna Ochoa y Plácido, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) exigió al Estado mexicano que no se mantenga inerte ante la impunidad que rodea el caso de la muerte de la defensora de los derechos humanos.

Es indispensable que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones de los organismos de derechos humanos sobre el caso Digna, cuya muerte que ha quedado en la total impunidad, sostuvo ayer en entrevista con La Jornada Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la ANAD y ex abogado de la familia Ochoa y Plácido.

El litigante participó hace dos años en la coadyuvancia sobre la reapertura de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre el fallecimiento de Digna Ochoa.

Hace siete años las autoridades mexicanas se comprometieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a llevar a cabo las medidas necesarias para reparar los daños a la memoria e imagen de la activista.

A decir de Manuel Fuentes Muñiz, hay indicios claros en el expediente ministerial de la PGJDF que apuntan a que Ochoa y Plácido fue asesinada el 19 de octubre de 2001 en su despacho de la ciudad de México.

La investigación sobre la extraña muerte de la abogada Ochoa partió de una pésima preservación de la escena del crimen y ha estado marcada por contradicciones en las conclusiones ministeriales y errores de los peritos que participaron en las pesquisas.

La familia Ochoa tuvo que contratar diversos bufetes jurídicos, los cuales obtuvieron un amparo en 2006 que permitió reabrir las investigaciones, y con el que se pudieron emprender nuevos peritajes al cadáver de la luchadora social.

Hace tres años y medio la PGJDF reabrió, en acato a un ordenamiento del Poder Judicial federal, la averiguación previa sobre el caso de la muerte de Digna.

Aunque los abogados coadyuvantes contratados por los hermanos Ochoa y Plácido han aportado diversos testimonios que involucran al cacique guerrerense y presunto narcotraficante Rogaciano Alba Álvarez –detenido bajo cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud– como probable autor intelectual del asesinato de Digna, en lo que podría ser una especie de homicidio por encargo, hasta el momento la PGJDF ni siquiera le ha tomado declaración como testigo

Se violaron derechos de los niños: CIDH

De la Redacción

Periódico La Jornada
Jueves 5 de agosto de 2010, p. 18

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la legislación migratoria de Estados Unidos viola los derechos de los niños y las obligaciones de protección de la familia.

El organismo internacional emitió el martes una resolución por el caso del mexicano Hugo Armendáriz y del trinitario Wayne Smith –deportados en 2003 y 2001, respectivamente, por presunto tráfico de drogas– en la que solicitó a las autoridades estadunidenses el retorno al país de ambos hombres a quienes les fueron violados sus derechos durante el proceso de expulsión, pues los dos tienen residencia y familiares en Estados Unidos.

El mexicano llegó al país vecino a los dos años de edad, y trascurridos seis años se le otorgó la residencia legal. En 1995 se le condenó por posesión de cocaína y se iniciaron los trámites para la deportación mientras cumplía su sentencia. En tanto, el trinitario emigró con su familia a territorio estadunidense cuando tenía 12 años. En 1974 adquirió la residencia. Veintiséis años después se le acusó por posesión de cocaína y fue condenado a tres años de cárcel. En 1998 se le deportó por primera vez, regresó al país y en 2001 se le expulsó definitivamente.

Ambos tramitaron ante la CIDH un recurso al argumentar que su expulsión fue ilegal.

El homicidio de Francisco Girón Luna ocurrió el pasado día 4

Formal prisión a tzeltales acusados de asesinar al líder de la UNORCA

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 15 de julio de 2010, p. 16

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 14 de julio. El juzgado primero para la atención de delitos graves de distrito, con sede en este municipio, dictó formal prisión a los indígenas Marcos Girón Gómez, Nicolás Luna López y los hermanos Pedro y Pablo Girón López, por el homicidio del dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Francisco Girón Luna, informó la Procuraduría General de Justicia del estado.

Dijo que los cuatro tzeltales están acusados de homicidio calificado, además de que dieron positivo en la prueba de rodizonato de sodio, lo que comprobó que sí dispararon.

Girón Luna fue asesinado a balazos la madrugada del pasado 4 de julio, antes de llegar a su comunidad de Cruz Pilar, municipio de Tenejapa, cuando regresaba de la cabecera municipal.

La dependencia manifestó que los testigos señalaron que el vehículo donde viajaba la víctima se detuvo antes de llegar al paraje Cruz Pilar, debido a que el camino se encontraba bloqueado con piedras, por lo que descendió para liberar el camino, pero cuando se disponía a regresar a la unidad cuatro sujetos salieron de entre los cafetales, realizando disparos con rifles y pistola.

Sostuvo que las indagatorias revelaron que Girón Luna recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en la región pectoral, perdiendo la vida después de haber sido trasladado al hospital de la cabecera municipal de Tenejapa.

Precisó que el homicidio del dirigente de la UNORCA se habría ocasionado por rencillas personales entre el ofendido y sus victimarios, ya que en 2008 Girón Luna fue emboscado en el camino que lleva a Cruz Pilar, golpeado y despojado de 15 mil pesos.

De acuerdo con miembros de la unión, poco después del crimen los acusados fueron detenidos por habitantes de la comunidad y entregados a la policía estatal; se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social número 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas.

Raúl Hernández, acusado injustamente de un asesinato

Exige WOLA al gobierno mexicano excarcelar a defensor de garantías

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de julio de 2010, p. 17

La agrupación internacional Washington Office on Latin America (WOLA, por sus siglas en inglés) solicitó al gobierno mexicano la liberación de Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´pahaa (OPIM), considerado por Amnistía Internacional (AI) preso de conciencia, luego de ser acusado injustamente, en abril de 2008, de un asesinato en represalia por su legítima labor de promoción de los derechos de los indígenas.

Maureen Meyer y Jeniffer Johnson suscribieron una carta dirigida a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, con copia al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y al gobernador del estado, Zeferino Torreblanca, para expresarle su preocupación, porque Raúl Hernández es el único de los cinco integrantes de la OPIM que sigue detenido como responsable del crimen. Los otros cuatro fueron liberados por falta de pruebas.

Las supuestas fallas en el proceso

En el texto, los representantes de WOLA relatan que un juez federal negó el amparo al inculpado aduciendo que dos presuntos testigos habían declarado que estaba presente cuando, el 17 de abril de 2008, se disparó a la víctima, Alejandro Feliciano García, sin haber tomado en cuenta las declaraciones presenciales que afirman que él no se encontraba en el lugar de los hechos cuando se cometió el asesinato.

Cuestionaron que el 26 de mayo pasado, durante la inspección ocular que ofreció la defensa legal de Raúl Hernández como parte de las últimas pruebas antes del cierre de instrucción, las autoridades judiciales constataron que el único testigo que señalaba directamente a Raúl mintió, ya que por las circunstancias en que se cometió el homicidio no era posible identificarlo como responsable del crimen.

Por lo anterior instaron a retirar los cargos contra el acusado y llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el uso indebido del sistema judicial para encarcelar injustamente a Raúl Hernández.

Boletin del Tribunal Internacional de Libertad Sindical

En un contexto especialmente difícil para las y los trabajadores mexicanos, luego de los desalojos de los mineros en Cananea y de los familiares de los muertos en Pasta de Conchos, la prolongación del conflicto y la huelga de hambre del SME; en momentos en que arrecia la ofensiva gubernamental y patronal contra los derechos laborales y sindicales, integrantes del Tribunal Internacional de Libertad se reunirán con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia para hacer de su conocimiento la Resolución Final sobre la Situación de la Libertad Sindical en México.

Por el Tribunal Internacional de Libertad Sindical acudirán: senadora Rosario Ibarra de Piedra; obispo de Saltillo, Raúl Vera; defensor de derechos humanos, Dr. Miguel Concha Malo; Catedrático emérito de la UNAM , Alfredo Sánchez Alvarado; Lic. Estela Ríos, Lic. Oscar Alzaga; Actriz y escritora, Ana Colchero, historiador James D. Cockroft, Lic. Enrique Martínez y Lic. Héctor de la Cueva.

La audiencia con el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia será este jueves 10 de junio a las 11:00 horas en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , Pino Suárez 2, colonia Centro.

Luego de la audiencia los miembros del Tribunal Internacional responderán a las preguntas de la prensa.

Para mayor información:
52-07-41-47/55-14-76-75 o (04455) 37 22 60 78

Aristegui - PGR Intimida A Comisionado De CNDH y Lydia Cacho Denuncia Ataque A CIAM 2/2

Piden a Ombudsman defender derechos humanos de las mujeres

En entidades donde se prohibió constitucionalmente la ILE

De la redacción

México DF, 6 abril 09 (CIMAC).- Organizaciones civiles del país instaron a los Ombudsman estatales de Sonora, Jalisco, Colima y Puebla presenten acciones de inconstitucionalidad para defender y salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, pues en esas entidades se han promovido reformas constitucionales mediante los cuales se pretende dar marcha atrás a los avances en materia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La solicitud tiene fundamento pues desde el 2006 el Congreso de la Unión le dio facultades a los Organismos Públicos de Derechos Humanos de los estados y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que pudieran interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que afecten los derechos humanos.

Dicha petición, dada a conocer a través de un comunicado, está firmada por la Academia Mexicana de Derechos Humanos; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM; Salud Integral para la Mujer; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Propuesta Cívica; Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, y Red Democracia y Sexualidad Puebla.

Los estados que han realizado modificaciones constitucionales en este sentido son: Sonora, Baja California, Morelos, Jalisco, Colima y Puebla quienes a partir del año 2008, con apoyo de legisladores principalmente pertenecientes a las fracciones del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han realizado estos cambios.

Resulta preocupante que, aunado a lo anterior, se han emprendido una serie de proyectos de iniciativas en el mismo sentido en otros tantos estados, a saber: Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Veracruz, dicen las OSC.

La sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de la despenalización del aborto en la Ciudad de México fue un hecho relevante en la historia constitucional de nuestro país, dado que reconoce los derechos fundamentales de las mujeres, lo cual abre la posibilidad de que se realicen reformas a las leyes en las entidades para garantizar el acceso al aborto legal y seguro, señala el comunicado.

Este fallo fue sumamente importante porque, pese a las fuerzas conservadoras y contrarias a derechos, la SCJN resolvió siguiendo los fundamentos constitucionales del Estado mexicano, laico y democrático, recuerdan.

Por tanto, “atendiendo a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, seguridad y, por ende, el derecho de elección de las mujeres: exigimos a las y los miembros de los distintos Congresos estatales que pretenden legislar sobre el tema de la definición constitucional del derecho a la vida, así como de salud sexual y reproductiva, garanticen en todo momento los derechos humanos de las mujeres y las recomendaciones e instrumentos internacionales de derechos humanos”.

En este sentido, reconocen las OSC la labor que ha emprendido el Ombudsman del estado de Baja California al interponer la acción de inconstitucionalidad 11/2009 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la reforma constitucional de su estado que confiere derechos jurídicos al embrión.

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Derechos sexuales, una amenaza para conservadores
Avanza campaña para impedir ILE en el país: CDHDF

De la redacción

México DF, 6 abril 09 (CIMAC).- El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, declaró que después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la constitucionalidad de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Distrito Federal antes de las 12 semanas de gestación, se ha iniciado una campaña contra el avance de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres en el país.

Durante la presentación del libro Despenalización del aborto en la ciudad de México. Argumentos para la reflexión, coordinado por Lourdes Enríquez y Claudia de Anda, el Ombudsman capitalino, explicó que en Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sonora, Colima y Morelos se iniciaron procesos legislativos para impedir la ILE.

“Hay sectores de la sociedad para quienes la agenda de derechos significa una amenaza, por tener una visión machista. La ven como la pérdida de valores, pero lo que hacemos es transformar un término de relación profundamente autoritario y desigual, fundado en el reconocimiento de los derechos”, aseguró.

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llamó a reconocer la autonomía y libertad de las mujeres a decidir y entender la evolución de los derechos sexuales y reproductivos.

En presencia de la Directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marisa Belausteguigoitia Rius; la Directora General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, Paulette Dieterlen; la Directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), María Luisa Sánchez Fuentes; y la Directora del IPAS México, Raffaella Schiavon Ermani; apuntó:

“Hay sectores que siguen pensando que el fin de la sexualidad es la reproducción y eso lo asocian a la estructuras morales, por eso se sienten amenazados”.

Destacó que a la vanguardia de los derechos humanos está el movimiento de las mujeres porque se apropiaron de códigos e instrumentos internacionales, lo que obligó a una agenda por sus derechos, desde el ámbito internacional, regional y nacional.

Álvarez Icaza Longoria subrayó que el libro editado por el PUEG reúne la mayoría de las ponencias a favor de la ILE ante la SCJN y expone la apuesta de la civilidad democrática.

CRITICA DOBLE MORAL DE MÉDICOS

“El proceso de la ILE refleja lo que ha vivido la Ciudad de México en materia de derechos humanos, por ejemplo, en el 1968, 1971 y 1985. Significa pasar de testigos a actores, de un lugar de ocurrencia de los hechos a constructor de derechos”, subrayó.

Asimismo criticó a médicos que aluden a la objeción de conciencia para no practicar la ILE a mujeres que lo solicitan. “Hay médicos que en lo público apelan a la objeción de conciencia, pero en privado cobran. No puede ser que de 9:00 a 15:00 horas haya objeción de conciencia y de 17:00 a 21:00 horas tengan otra actitud en su consulta privada”, sentenció.

El Defensor del pueblo relató que para el Consejo de la CDHDF las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en 2007 eran armónicas con nuestra Carta Magna, motivo por el cual no se interpuso la acción de inconstitucionalidad.

Explicó que en un Estado laico las y los servidores públicos no pueden poner por delante sus valores morales, éticos y religiosos. La obligación del Estado, enfatizó, es generar las condiciones para que la ciudadanía ejerza sus derechos.

“En la actualidad existen diferencias estructurales que impiden el pleno ejercicio de los derechos. Por una condición, características o atributo hay personas que ejercen sus derechos en situación de desventaja o discriminación”, indicó.

El Presidente de la CDHDF señaló que Naciones Unidas realizó un estudio sobre el Índice de Desarrollo Humano Municipal donde se reveló que no hay un solo municipio en el país donde las mujeres tengan un mejor índice de desarrollo que los hombres. Hay municipios donde se encontró que el índice de los hombres es 3 veces superior.

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Al retrasar la publicación de la NOM-046
Segob obstaculiza interrupción del embarazo en caso de violación


De la redacción

México DF, 6 abril 09 (CIMAC).- La Secretaría de Gobernación (Segob) obstaculiza la interrupción del embarazo en casos de violaciones sexuales, ya que ha pasado más de un mes desde que el Comité Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud aprobó el proyecto definitivo de la NOM-046-SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”.

Así lo afirmó la perredista Maricela Contreras Julián, quien explica que esta Norma Oficial es la que obliga a las instituciones de salud a prestar este tipo de servicios.

La legisladora señaló que “Gobernación lo único que debe hacer es publicarla en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor y se pueda garantizar a las mujeres que requieren este tipo de servicios el respeto a sus derechos”.

Quien preside la Comisión de Equidad y Género mencionó que el retraso de la publicación de la Norma no es nada alentador pues, “siempre han existido signos en el gobierno de Calderón de menospreciar los derechos de las mujeres y asumen posturas misóginas y discriminatorias cuando se trata de normas que las protegen; no vaya a resultar que después de la batalla que hemos dado para que se apruebe esta Norma, la derecha en el poder pretenda echarla para atrás por sus visiones moralistas”.

La integrante del Sol Azteca en la Cámara de Diputados dio a conocer un oficio dirigido al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, mediante el cual le pide la inmediata publicación de la Norma y un informe sobre las razones a las que se debe el retraso de su publicación.

La NOM-046-SSA2-2005 obligaría a todas las instituciones de salud a prestar servicios de aborto en casos de violación, además de prescribir la pastilla de anticoncepción de emergencia y contar con médicos no objetores de conciencia para que presten el servicio.

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Juicios morales en servicios de salud influyen en su atención
Discurso sobre el aborto pone en riesgo vida de las mujeres

De la redacción

México DF, 6 abril 09 (CIMAC).- El discurso social sobre el aborto y el papel de la mujer en la reproducción no sólo condiciona la interrupción del embarazo, sino también pone en riesgo su salud y su vida por el retraso en la atención, lo cual es influenciado por las presiones morales que, a su vez, limitan la movilización y recepción de apoyo por parte de redes de ayuda.

Así lo afirmó Joaquina Erviti Erice, integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al hablar de los resultados de su investigación “Significados de la reproducción y el aborto en hombres”.

“Las expectativas sociales en torno a las circunstancias en las que debe ocurrir la maternidad responsabilizan a las mujeres de los cuidados y del resultado del embarazo, y si ocurre un aborto, puede ser sospechosa de no haber tenido cuidados adecuados”, precisó la investigadora.
En este estudio, se encontró que las evaluaciones y juicios morales que hacen los profesionales de las mujeres que acuden a atenderse un aborto en los servicios de salud, establecen diferencias --por edad, estatus social, género y etnia-- e influyen en el tratamiento y la disposición para atender el caso, refirió la socióloga.
Entonces, apuntó, podría decirse que la reproducción humana es un área clave donde se manifiestan las relaciones desiguales entre géneros y donde se expresan, con nitidez, determinadas formas de dominación, recalcó.
Los discursos médicos, sociales y políticos dejan en manos de ellas la carga de los embarazos no deseados o no planeados, y de tener hijas e hijos aún cuando sus condiciones económicas, sociales, familiares y personales no lo permiten. Las madres pobres con mucha descendencia son calificadas de irresponsables, citó.
La autora del artículo “Aborto y apoyo social en México. Un estudio con mujeres atendidas en hospitales públicos y privados de Morelos”, indicó que el papel de los varones en la fecundación y en un proceso de aborto está fijado por elementos como la identidad genérica y la pertenencia a un grupo social y cultural.
Esos contenidos dan sentido a sus acciones, moldean su construcción como sujetos sociales y sexuales y tienen consecuencias para su salud y su vida, así como también para sus vínculos interpersonales y sus experiencias reproductivas.
Si bien es cierto que existe cierta responsabilidad de los hombres en las relaciones sexuales, esta situación se presenta en forma desigual, según la pertenencia a grupos sociales y culturales.
Basada en su investigación, la académica universitaria detalló que los varones situados en posiciones clave en instituciones de control social, juegan un papel central en la reproducción de nociones específicas acerca de la sexualidad, la paternidad y la maternidad, que luego son proyectadas como universalmente válidas hacia otros grupos.
Esto facilita el ocultamiento de los desequilibrios y estructuras de poder al interior de la pareja, la familia, la clase social y las instituciones, entre otras, puntualizó.
Entonces, es necesario cuestionar las responsabilidades, las elecciones y las decisiones reproductivas, y reconocer las implicaciones políticas y prácticas de ellas. Asimismo, resaltar que la división social y genérica de las obligaciones masculinas y femeninas, particularmente las referidas a la prevención de embarazos no deseados, reflejan las dinámicas de género que prevalecen, concluyó.

OSC canadienses piden a su gobierno declare persona non grata a Barrio Terrazas

Se manifiestan frente a embajadas en Montreal y Ottawa

De la redacción

México DF, 3 abril 09 (CIMAC).- Al mediodía de hoy frente a las embajadas de México en Montreal y Ottawa, Canadá, organizaciones civiles canadienses, entre ellas el Comité de solidaridad con las mujeres de Ciudad Juárez, el Comité por los derechos humanos en América Latina y la Federación de Mujeres de Quebec, realizaron una manifestación para declarar persona non grata al recién nombrado embajador de México en Canadá, Francisco Barrio Terrazas, ex gobernador de Chihuahua, entidad reconocida internacionalmente por el feminicidio.

Barrio Terrazas -propuesto como embajador por Felipe Calderón en enero de este año—nada hizo durante su gestión como presidente municipal de Ciudad Juárez (1983) y como Gobernador de la entidad (1992-1998) por detener el asesinato de mujeres y con su acción violó los derechos humanos de las mujeres, señala el Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México en un comunicado.

En sus declaraciones, dice el Observatorio, señaló que era normal el número de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y que las víctimas frecuentaban lugares de “mala muerte” y debido a la ropa que vestían esto las hacia víctimas de su asesinato.

Por eso, las organizaciones presentes en ambas manifestaciones demandaron al gobierno de Canadá que, conforme a las obligaciones internacionales signadas por el gobierno canadiense, ejerza su obligación de vigilar la preocupante situación de los derechos humanos en México. Y revise meticulosamente la historia de Francisco Barrio Terrazas, con el fin de declararlo persona non grata, por su equivocada actuación frente a los asesinatos de mujeres, contrarios a los valores canadienses expuestos en la Carta de derechos y libertades de Canadá, que aseguran la protección todas las personas, sin importar su sexo. Piden también sugerir al gobierno mexicano para que realice las reformas necesarias con el fin de reformar aspectos de su sistema judicial. Y demandan también al gobierno canadiense siga con su tradición de defensa de los derechos humanos e invite al gobierno de México a retomar los casos de las víctimas y a evitar la impunidad en Ciudad Juárez, de manera que asegure la protección de las mujeres víctimas de violencia en el país.

Invitan también al pueblo canadiense y a las organizaciones de mujeres que apoyen sus demandas y se solidarice con las familias de las víctimas.

Nosotros, señalan las OSC en su texto de demandas, apoyamos a los grupos de mujeres mexicanas y a las organizaciones que defienden sus derechos, en sus demandas al Gobierno mexicano para: retirar a Barrio Terrazas de sus funciones como embajador de México en Canadá.

También para que se respeten los diferentes tratados internacionales signados y ratificados por México, como la Convención de la ONU para la eliminación de todas las formas de discriminación contar las mujeres y la Convención Interamericana de Belem do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Par poner también fin a la impunidad que prevalece en el aparato judicial y las fuerzas de la seguridad. Y para proteger la integridad de las y los defensores de los derechos humanos y de las organizaciones que acompañan a las familias de las víctimas.

Senado ignoró su ineficiencia y violación a DH
OSC rechazan designación de Barrio Terrazas como embajador

De la redacción

México DF, 3 abril 09 (CIMAC).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, académicas y feministas enviarán el próximo lunes 6 de abril una carta a la Senadora Rosario Green, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, en la que expresa su profundo rechazo al nombramiento de Francisco Javier Barrio Terrazas como Embajador de México en Canadá.

Durante su gobierno en Chihuahua (1992-1998), señala el Observatorio en un comunicado, Barrio Terrazas demostró ser una persona que viola los derechos humanos de las mujeres, al declarar que era normal el número de mujeres asesinadas en esta ciudad y que las víctimas frecuentaban lugares de “mala muerte” y debido a la ropa que vestían esto las hacia víctimas de su asesinato. Asimismo, fue inculpado por negligencia y sexismo contra las víctimas de feminicido e impunidad con respecto a los feminicidas.

Por esta situación, el OCNF hace un llamado el Gobierno mexicano a retirar de su cargo a Barrio Terrazas ya que ha demostrado su falta de compromiso frente a los diversos tratados internacionales firmados y ratificados, tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana de Belem do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.

Una persona que no respeta los derechos humanos de las mujeres, no puede ser acreditada ante un gobierno extranjero para servir como representante oficial de su país, señala el Observatorio.

“Si el Gobierno mexicano ratifica a Barrio Terrazas en el cargo, estaría demostrando su poco compromiso por la defensa de los DH de las mujeres”, asegura el Observatorio

Firman el texto: doctora Clara Eugenia Rojas Blanco, profesora-investigadora, Departamento de Humanidades, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; maestra Elvia Villescas, del Centro de Desarrollo Comunitario “Las Hormigas”; maestra Guillermina Solís, CAPCI; doctora Julia Monárrez, profesora investigadora de El Colegio de la Frontera Norte; maestra Linabel Sarlat, del Centro de Desarrollo Comunitario “Las Hormigas”; Cáritas Diocesana de Ciudad. Juárez, AC; Centro Mujeres Tonantzin; Mesa de Mujeres, AC; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez.

09/GG