Diputados de PRD, PT y MC exigen revisar cargos contra Nestora Salgado

La coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá denuncia violación de derechos

Piden considerar las pruebas en su favor y brindarle garantías jurídicas como imputada

Enrique Méndez y Roberto Garduño 

Periódico La Jornada

Viernes 21 de marzo de 2014, p. 9

Diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos exigieron la revisión del expediente que se abrió contra Nestora Salgado García, coordinadora de la policía comunitaria Olinalá Guerrero, quien fue detenida en agosto de 2013 por militares, marinos, policías estatales y municipales, y quien ha denunciado violaciones a sus derechos y haber sido obligada a firmar documentos para inculparse.

Los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) plantearon que deben considerarse todas las pruebas de descargo en favor de Salgado García, que se asegure el respeto a sus derechos humanos y se le brinden todas las garantías jurídicas como imputada.

Los diputados señalaron que el movimiento de policía comunitaria de Olinalá surgió el 27 de octubre de 2012 con el propósito de frenar la delincuencia en Guerrero ante la inacción de las autoridades, y que la detención de Nestora Salgado ocurrió presuntamente en represalia, pues días antes policías comunitarios detuvieron a presuntos delincuentes vinculados con autoridades del ayuntamiento.

Recordaron que a partir de su detención, el 21 de agosto, fue trasladada a un penal de máxima seguridad, sometida a tratos crueles e inhumanos y limitada en su derecho a recibir visitas de su familia, además de que se ha obstaculizado su defensa legal.

Recordaron que Nestora Salgado también tiene la ciudadanía estadunidense, y aun así cuando fue detenida; las autoridades omitieron notificar al consulado la violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y diversos tratados internacionales, en particular la Convención de Viena.

Los diputados Roberto López Suárez, José Luis Muñoz Soria, Elena Tapia, Loretta Ortiz Ahlf, Ricardo Mejía y Carlos de Jesús Alejandro expresaron su preocupación por una creciente tendencia a suprimir los sistemas de justicia comunitarios y a permitir la impunidad del crimen organizado y de los servidores públicos.

Señalaron que esto aumenta el clima de violencia, además de que los cargos exacerbados e inverosímiles contra defensores de derechos humanos y periodistas contrastan y son mucho más severos que los presentados contra quienes cometen secuestros, extorsiones y homicidios.

Violación al debido proceso, pan de todos los días; muchos de los afectados son indígenas No se confundan, el caso de la francesa es aislado, no a todos se les da ese trato, dice abogado

Pese a comprobarse el ilícito, a lo más que aspiran es a la reposición del proceso legal

Alfredo Méndez

 

Periódico La Jornada
Miércoles 30 de enero de 2013, p. 12

Las violaciones al debido proceso de los imputados es el pan de todos los días en México y uno los sectores que más lo padece son los indígenas que no hablan español, a quienes comúnmente se viola su derecho a contar con intérpretes y su presunción de inocencia.

Después de un recorrido por juzgados y tribunales del Poder Judicial Federal (PJF) en la ciudad de México, (lo cual representa menos de 10 por ciento de los más de 700 órganos jurisdiccionales habilitados en todo el país), La Jornada pudo documentar la existencia de al menos 160 juicios penales en los cuales los procesados y/o sentenciados alegan violaciones a sus garantías constitucionales.
Los abusos policiacos, la carencia de traductores en todas las lenguas que se hablan en México y el acceso inadecuado a un defensor público calificado son los principales alegatos de los quejosos en sus demandas de amparo o en los recursos de apelación contra el auto de formal prisión.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, los imputados que alegan violaciones al debido proceso sólo han obtenido amparos para reposición de procedimientos judiciales, pero no para su inmediata libertad, indicaron jueces, agentes del Ministerio Público federal y abogados de oficio entrevistados por este diario.
Los juzgadores y agentes ministeriales consultados coincidieron en que si bien están acreditadas, en muchos casos, las violaciones a los derechos de una debida defensa, presunción de inocencia y debido proceso de los inculpados, hasta el momento no existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de tribunales colegiados de circuito que obliguen a los jueces a conceder la inmediata libertad cuando se demuestren ese tipo de violaciones.

Por ahora lo más que podemos hacer es conceder amparos para efectos de reposición de procedimientos, a fin de que si no se valoraron ciertas probanzas, o si no se respeto, por ejemplo, el derecho a un traductor de un procesado indígena, se vuelva a realizar el juicio, limpiando los vicios de forma o derivados de violaciones procesales, para que se emita una nueva sentencia, refirió un juez de amparo penal consultado por este diario.
Los abogados de oficio entrevistados –quienes al igual que jueces y agentes del Ministerio Público accedieron a hablar con La Jornada siempre que no se mencionara sus nombres– indicaron que son miles los procesos penales que se desahogan actualmente en juzgados de todo el país y en los que hubo alguna violación al debido proceso.
Explicaron que el caso de Florence Cassez, liberada la semana pasada por la SCJN por violaciones a sus derechos constitucionales de debida defensa, presunción de inocencia y derechos consulares, es un garbanzo de a libra, el cual de ninguna manera implicará que de ahora en adelante los jueces federales resuelvan en el mismo sentido.
No nos confundamos: el caso de esta señorita francesa (Florence Cassez) no es jurisprudencia. Es sólo un criterio aislado de tres ministros de nuestro máximo tribunal constitucional, pero de ahí a que sea obligatorio para nosotros, para nada, sostuvo uno de los jueces entrevistado.

Libertad inmediata para el indígena Francisco Santiz López, exige el Frayba

El gobierno federal no tiene elementos para retenerlo, asegura el centro

Hermann Bellinghausen

 

Periódico La Jornada
Viernes 11 de enero de 2013, p. 20

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) sostuvo que el gobierno federal no tiene elementos para seguir privando de la libertad a Francisco Santiz López, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y debe liberarlo inmediatamente, toda vez que el pasado día 3 el magistrado del primer tribunal unitario del vigésimo circuito otorgó el amparo y protección de la justicia federal en favor del comerciante y campesino tzeltal de Tenejapa, Chiapas, cuya libertad han exigido decenas de organizaciones y colectivos y miles de personas en 30 países, así como la junta de buen gobierno de Oventic.

La determinación reconoce que el juez primero de distrito de procesos penales federales en Chiapas transgredió sus garantías judiciales, al retenerlo en prisión. Según el Frayba, para acreditar el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, atribuido al indígena, sólo se basó en pruebas que le perjudicaban, sin valorar todas las existentes, como lo son ocho testimonios que refieren textualmente que Santiz López no portaba arma alguna; existen otras pruebas en el mismo expediente que el juez también omitió considerar.

Cabe recordar que el civil zapatista, acusado falsamente de participar en una agresión de grupos priístas contra familias de Banavil, municipio de Tenejapa, más de 13 meses atrás, permanece encarcelado en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 5, en San Cristóbal de las Casas, desde el 4 de diciembre de 2011. Si bien fue exonerado de todos los cargos a los pocos meses de su detención, las autoridades decidieron retenerlo en el penal con la tardía acusación de haber portado un arma prohibida, lo cual nunca pudieron corroborar.

El Frayba apunta que, como consecuencia del amparo otorgado, se ordena al juez que determine la situación jurídica del preso, tomando en consideración todas las pruebas y no sólo las que le perjudican, como lo hizo en el auto de formal prisión impugnado.

Ante esto, el citado juez tiene la oportunidad de hacer justicia, pudiendo otorgar la libertad inmediata al indígena. El Frayba también considera que es una buena oportunidad para que el gobierno de Chiapas haga lo necesario para cumplir con lo que el gobernador Manuel Velasco Coello expresó el primero de enero en referencia a la situación de Santiz López y del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez, adherente de la otra campaña: Para el gobierno estatal es necesaria su pronta excarcelación.

No olvidemos que su antecesor, Juan Sabines Guerrero, fue pródigo en declaraciones similares y promesas al respecto que no cumplió.

Por lo demás, el Frayba llama a poner fin a las prácticas en donde el Estado mexicano utiliza el sistema de procuración y administración de justicia para criminalizar a bases de apoyo del EZLN. Considera imprescindible respetar los avances en el derecho a su libre determinación, a través de la autonomía zapatista, con base en los acuerdos de San Andrés y sus referentes internacionales: convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En tanto, Rosario Díaz Méndez, preso de la otra campaña e integrante de la Voz del Amate, ha sufrido dilaciones injustificadas de la juez de Simojovel durante los tres meses recientes. La magistrada ha pospuesto reiteradamente la audiencia de derecho para revisar su caso y dar pie a su liberación. Ante una nueva audiencia inminente, los presos de la otra campaña dijeron en un comunicado que esperan que la juez la realice con responsabilidad.

Exigen libertad absoluta para las personas en proceso por los hechos del primero de diciembre

Entregan pliego petitorio en las sedes de la ALDF, el gobierno capitalino y Palacio Nacional

Piden derogar el artículo 362 del Código Penal capitalino, porque criminaliza la protesta social

Emir Olivares Alonso

 Periódico La Jornada

Viernes 11 de enero de 2013, p. 19

Integrantes de la Coordinadora Primero de Diciembre marcharon una vez más para demandar la libertad absoluta de las 14 personas que siguen bajo proceso judicial por los hechos del primero de diciembre pasado.

Unas 200 personas iniciaron la movilización en el Monumento a la Revolución hacia tres destinos: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la sede del gobierno capitalino y el Palacio Nacional, donde entregaron sendos documentos con sus demandas.
Las peticiones centrales de los manifestantes son el desistimiento de los procesos penales contra las 14 personas que estuvieron detenidas 27 días, acusadas del delito de ataques a la paz pública por los sucesos del primero de diciembre, y que obtuvieron su libertad bajo caución tras las modificaciones del artículo 362 del Código Penal capitalino, realizadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al quitar a ese ilícito el carácter de grave.
Asimismo, reclaman la derogación de dicho artículo, porque criminaliza la protesta social; la indemnización y reparación del daño a todas las víctimas de la primera represión de Enrique Peña Nieto, y castigo a los responsables materiales e intelectuales de las detenciones arbitrarias, vejaciones y torturas de ese día; la proscripción de las balas de goma en territorio nacional; la desaparición de los cuerpos parapoliciacos y de policías civiles que sin identificación oficial realizaron detenciones, agresiones y provocaciones.

Durante la movilización se responsabilizó a Peña Nieto, a Marcelo Ebrard, a Miguel Ángel Mancera y a Manuel Mondragón de las agresiones sufridas por las personas que se manifestaron el primero de diciembre. Aseguraron que en caso de que se presente una detención arbitraria o un acto de hostigamiento contra cualquier luchador social en el país, será culpa del gobierno capitalino y del Ejecutivo federal.
Cuando los manifestantes ingresaron a la Plaza de la Constitución se encontraron con la ceremonia de arreo de la bandera realizada por militares. Un grupo de inconformes dejó la marcha para enfrentar a los soldados, a los que algunos les gritaron asesinos, asesinos. Los uniformados se replegaron tranquilamente tras una vaya metálica que se instaló alrededor de la plancha del Zócalo.

Asunto: Carta de Mario desde afuera de la cárcel.

Saludos a todxs!

Compas ya después de 6 meses he podido salir de la cárcel, lo cual no hubiera sido posible sin la solidridad y el apoyo de todxs ustedes. Finalmente, como ya se ha difundido se ha hecho una modificiacion a la ley de lxs poderosxs dejando el delito de “Ataques a la paz publica” como no grave, por lo cual las compañeras abogadas del GASPA se han movido rápidamente para solicitar la libertad bajo fianza o condicionada. De primeras pensamos que esto no seria posible por el agravante respecto al explosivo y la premeditación del hecho, ya el dia viernes a las 3:30 de la tarde el secretario de acuerdos nos notifico la libertad condicionada. Tras una pesada jornada de espera finalmente a la 1:00 de la madrigada cruce la puerta del Reclusorio hacia la salida del centro de exterminio, donde estaban ya compañerxs y amigxs esperándome así como mi madre. Al final hemos pagado 70 mil pesos a la afianzadora los cuales estamos en vísperas de recuperar.

Pues de momento es todo, sin más quiero agradecer de la manera más honesta a todxs lxs compas que apoyaron y se solidarizaron de todas las formas posibles, desde sus posiciones, convicciones y posibilidades. Y también enviar un saludo de fuerza para la compañera Felicity donde quiera que se encuentre la lucha continua, porque no es una ocasión especifica, un momento aislado de nuestras vidas, sino nuestra vida misma! Salud y fuerza para lxs aún prisionerxs en Italia, para el compañero Gabriel y Marco.

Solidaridad con lxs prionerxs anarquistas!

La anarquía es inevitable!

Con amor y rabia:

Mario López Hdz.

Mexico d.f. 31 diciembre 2012

Asunto: Mensaje de presos políticos de Chiapas.

Mensaje de Solidarios de la Vozdel Amate y La Voz del Amate

A la Opinión Pública

A los Medios de Comunicación estatal, nacional

e Internacional

A los Medios Alternativos

A los Adherentes a la Otra Campaña del EZLN

A la Sexta Internacional

A las Organizaciones Independientes

A los Defensores de Derechos Humanos

A las Organizaciones no Gubernamentales.

 

 

Presos injustamente: Solidarios de la Voz del Amate,vAdherentes a la Otra Campaña del EZLN, Recluidostodos en el CERESO #5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

 

Cada año, como de costumbre, se celebran las fiestas navideñas en todo México, fiesta tradicional donde las familias conviven conjuntamente en armonía con sus hijos e hijas y a sus seres queridos.

 

Pero, hoy nosotros que somos víctimas de injusticia, que estamos en la cárcel injustamente y lejos de nuestras familias. Y este día 24 y 25 de diciembre, nuestras esposas e hijos en vez de estar contentos y alegres conviviendo. Sólo reciben más dolor, tristeza, angustias y corajes por el mal sistema que nos ha separado de nuestras familias.

 

Es por eso que hoy hacemos un llamado al gobierno actual del Estado, Manual Velazco Coello a que nos libere de forma inmediata e incondicional

 

Por último, seguimos invitando a la sociedad civil, a las organizaciones Independientes a nivel nacional e Internacional a seguir exigiendo la Justicia y la libertad robadas por las malas autoridades.

 

¡Ya Basta de encarcelamientos injustos. Exigimos Justicia inmediata!

 

Fraternalmente:

Presos injustamente:

Solidarios de la Vozdel Amate Adherentes a la Otra Campaña

 

La voz del Amate:

 

AlbertoPatishtan Gómez

RosarioDíaz Méndez

 

Adherentes a la Otra Campaña

Pedro López Jiménez

Juan Díaz López

AlejandroDíaz Santis

Juan Collazo Jiménez

Rosa López Díaz

México: Defensores Comunitarios del Agua cumplen 2 años injustamente presos

por Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. y Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.

Lunes, 16 de Enero de 2012 17:49

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El día de hoy se cumplen dos años del injusto encarcelamiento de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores nahuas del derecho al agua. Su caso está en espera del turno a magistrado para resolver su libertad en la última instancia judicial.

José Ramón y Pacual emprendieron un proyecto que beneficiaría a toda su comunidad, pero fueron encarcelados y condenados injustamente a 6 años, 10 meses y 20 días por hacer efectivo el derecho al agua. Ante estos hechos el Centro Prodh y el Instituto de Derechos Humanos Ellacuría,Sj, emiten el siguiente comunicado a 2 años de haber sido encarcelados injustamente.

¡Agua y Libertad!

Defensores Comunitarios del Agua cumplen 2 años injustamente presos

• El día de hoy se cumplen dos años del injusto encarcelamiento de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores nahuas del derecho al agua.
• Su caso está en espera del turno a magistrado para resolver su libertad en la última instancia judicial.

Este viernes 13 de enero de 2012 se cumplen dos años del injusto encarcelamiento de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, exautoridades nahuas (Presidente Auxiliar y Juez de Paz, respectivamente), de la comunidad de Atla, en el municipio de Pahuatlán, Puebla. Debido a su labor en defensa del agua potable para su comunidad, se les imputó falsamente el delito de robo violento de un vehículo automotor. Por este hecho fueron sentenciados en primera instancia, confirmándose en el recurso de apelación condenándolos a 6 años, 10 meses y 20 días de prisión.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, quienes hemos emprendido la defensa de José Ramón y Pascual tras un amplio y serio proceso de documentación, reafirmamos la inocencia de los Defensores Comunitarios del Agua, quienes se encuentran en prisión con base en la ilegalidad de las resoluciones del Juez de lo Penal de Huauchinango y de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Dichas autoridades los condenaron a pesar de las contradicciones de los testimonios acusatorios, de donde se desprende la inexistencia del delito.

El día 27 de octubre de 2011, el Centro Prodh, el Instituto Ignacio Ellacuría y las esposas y familiares de los Defensores Comunitarios del Agua, llevamos a cabo una rueda de prensa en la ciudad de Puebla para informar sobre la interposición del amparo directo, mismo que deberá conllevar a la inmediata liberación de José Ramón y Pascual. Dicho amparo fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del estado de Puebla, en donde actualmente se está a la espera de que se turne a uno de los tres magistrados de dicho tribunal federal.

A más de 730 días de su injusta encarcelación, instamos a las autoridades federales a que analicen con prontitud y con pleno apego a derecho el amparo directo interpuesto, a fin de que José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz recuperen su justa libertad. Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del estado de Puebla tienen ante sí la oportunidad histórica de revertir una injusticia y marcar un precedente en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J

Decenas de reclusos en Cintalapa realizan protesta por mejores condiciones en el Reclusorio 14

Denuncia La Voz del Amate la grave situación de prisioneros indígenas considerados políticos

En el sexto aniversario de la organización destacan en especial el caso del profesor Alberto Patishtán Gómez

Herman Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Viernes 13 de enero de 2012, p. 24

San Cristóbal de las Casas, Chis. 12 de enero. En el sexto aniversario de la organización de presos La Voz del Amate, adherente de la otra campaña y tronco común de otros grupos de presos indígenas organizados (primordialmente en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, y el 14, conocido como El Amate, en Cintalapa de Figueroa), se puso en relieve la situación de los prisioneros indígenas considerados políticos en los penales de Chiapas. En especial, el caso del profesor Alberto Patishtán Gómez, vocero de La Voz del Amate, quien fue enviado injustificadamente en octubre pasado a una cárcel federal en Guasave, Sinaloa.

Rosario Díaz Méndez, también de la Voz del Amate y actualmente preso en el penal 5, expresó en ocasión del aniversario de la organización, fundada el 5 de enero de 2006 en El Amate al paso del Delegado Zero en el inicio de la Otra Campaña: Ahora nos han separado un amigo, el compañero Alberto Patishtán. ¿Hombre peligroso para la sociedad? No. ¿Pero peligroso para el gobierno? Sí, por decir la verdad. Por lo cual lo han retirado de sus seres cercanos.

La Voz del Amate ha encabezado dos prolongadas huelgas de hambre en varios penales de Chiapas, junto con otras organizaciones civiles y de presos. La primera, entre marzo y abril de 2008, logró la liberación de cerca de 50 presos que participaron en la protesta y que alegaban inocencia.

Sólo Patishtán no salió entonces, pues su delito era federal, lo cual permitió al gobierno chiapaneco desentenderse del caso cuando se lo llevaron a Guasave en octubre de 2011, mediante engaños y sin justificación. En ese momento llevaba 22 días en ayuno, mientras otros compañeros suyos sostenían una huelga de hambre que habría de durar 39 días sin respuestas del gobierno, apenas promesas.

El pasado domingo, los presos de la Otra Campaña en el penal de San Cristóbal, miembros de la Voz de Amate o solidarios con ésta, recibieron a cerca de 130 visitantes de colectivos y organizaciones estatales, nacionales e internacionales. Allí estaban Alejandro Díaz Santis, Rosario Díaz Méndez, Pedro López Jiménez, Rosa López Díaz, Juan Díaz López, Alfredo López Jiménez, Francisco Santis López y Juan Collazo.

Durante la conmemoración, Rosario también sostuvo: Nuestra lucha, y huelga de hambre, es signo de inocencia. Demostramos que no le debemos nada a nadie, mucho menos al gobierno de Juan Sabines Guerrero. Estamos presos por culpa de sus malos funcionarios que nos han prefabricado (acusaciones). Con orgullo digo que a los supuestos agraviados no les debo nada.

López Jiménez, nuevo vocero de los presos, confirmó: Hemos recibido agresiones y hostigamientos del gobierno, en particular el traslado y posterior aislamiento del profesor Patishtán como preso de alta peligrosidad en un penal al norte del país. Explicó que en noviembre pasado decidieron interrumpir su huelga de hambre antes de 40 días pues, escuchando a la sociedad solidaria, los presos decidieron que con vida se puede luchar.

Celebró como frutos de esa protesta la libertad de cuatro compañeros y la solidaridad de muchas organizaciones. Y todos los reclusos reiteraron su exigencia de pronta ibertad. Su lucha ha dado a conocer la persistencia de prácticas viciadas en las policías y el sistema judicial de Chiapas: tortura sistemática, fabricación de cargos, abusos procesales, sentencias bajo consigna, castigos una vez encarcelados.

En otro contexto, el pasado miércoles decenas de presos recluidos en la penitenciaría estatal El Amate, en Cintalapa, realizaron una manifestación dentro del Reclusorio 14, con el fin de demandar mejores condiciones para los internos. De acuerdo con informaciones de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos habría mediado en la protesta.

El director del penal no permitió el paso a personal de salud externo

Niegan atención médica a presos en huelga de hambre en Chiapas

Cumple 33 días protesta de indígenas adherentes a la otra campaña

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Martes 1º de noviembre de 2011, p. 18

San Cristóbal de las Casas, Chis. 31 de octubre. El director del penal número 5 en este municipio nuevamente negó el fin de semana, en dos ocasiones, el acceso a los médicos independientes que pretendían revisar a los presos en huelga de hambre de la Voz del Amate, Voces Inocentes y Solidarios de la Voz del Amate, adherentes de la otra campaña.

Cautivos en tres penales de Chiapas, los indígenas anunciaron que en ocasión del Día de Muertos, levantarán un altar en memoria a los zapatistas caídos en 1994, cuando los compañeros dieron sus vidas en reclamar la justicia y el bienestar de todos; hombres y mujeres como ellos jamás mueren porque viven en cada corazón de nosotros.

El escritor John Berger envió hoy una respuesta de solidaridad con la huelga de hambre, en la cual expresa que el trato que reciben los huelguistas es un ejemplo alarmante del desprecio del actual gobierno hacia las aspiraciones y los derechos de los pueblos que suprime y domina.

Desde el penal, los presos reportaron hoy: Nuestro estado de salud se va debilitando, algunos de nuestros compañeros ya sufren pérdida de memoria y mareos. El compañero Rosario Díaz Méndez se encuentra muy complicado de salud; su glucosa es demasiado alta.

Al cumplir 33 días en huelga de hambre, vuelven a demandar al gobernador Juan Sabines Guerrero que intervenga de inmediato de nuestras libertades. Exhortan además al gobierno federal a que gire instrucciones para el retorno de Alberto Patishtán Gómez y su libertad inmediata.

Insisten que están injustamente encarcelados por delitos que jamás cometimos, pero el gobierno no ha resuelto nuestros casos. Exigen respeto a la huelga de hambre que emprendió Juan Collazo Jiménez el 27 de octubre en Motozintla, viendo él que no hay solución a nuestras demandas y luego de llevar ya varios días en la protesta. Agregan que el director de ese penal, Pascual Martínez Cervantes, y su alcaide, Rogelio Ángel Camacho, han amenazado a nuestro hermano con trasladarlo a otro centro o aislarlo en una celda de castigo.

Y declaran: Estamos presos por ser pobres, analfabetos y carentes de la lengua español. Exigimos nuestras libertades que nos las han robado.

En tanto, cuatro colectivos de la otra campaña en Chiapas (Red Contra la Represión y por la Solidaridad, Grupo de Trabajo No estamos Todos, La Otra Salud y Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad) denunciaron que las autoridades del penal de San Cristóbal han negado en diversas ocasiones el paso a personal de salud. El sábado 29 fue impedido el acceso de una brigada médica con personal procedente de la ciudad de México. El domingo, no obstante ser día de visita general, también le fue denegado el paso. Además, se obstaculizó el ingreso de familiares y amigos.

Éstas medidas, al igual que el traslado de Patishtán, están dirigidas a reprimir su derecho a manifestarse. Los colectivos destacaron las violaciones a derechos humanos por parte de José Antonio Martínez Clemente, subsecretario de Ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad, y José Miguel Alarcón García, comisario del penal número 5, al poner en juego la vida de los compañeros.

La huelga de hambre, argumentan, es un medio reconocido universalmente para defender los derechos humanos y denunciar y visibilizar sus violaciones. Para algunos constituye una de las últimas formas pacíficas de defensa, cuando otros medios también legítimos y legales han sido ignorados y reprimidos.

Apuntan que una de las implicaciones de la protesta es el riesgo para la salud. Por ello, el seguimiento médico es un derecho incuestionable, reconocido por diversos instrumentos internacionales y cuya obstaculización no se sostiene bajo ningún argumento. La Convención de Malta precisa que los huelguistas, particularmente quienes se encuentran privados de su libertad, tienen derecho a que personal de salud externo a la institución penal proporcione atención y acompañamiento.

Sus familiares cumplen 23 días acampados en el atrio de la catedral de San Cristóbal

Se une el tzotzil Juan Collazo Jiménez a la huelga de hambre de presos en Chiapas

El indígena se encuentra recluido en el CERSS de Motozintla por un delito que no cometió

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Lunes 31 de octubre de 2011, p. 16

San Cristóbal de las Casas, Chis. 30 de octubre. Otro participante en la protesta de presos en Chiapas, quien se encontraba en ayuno en el penal número 6 de Motozintla, el tzotzil Juan Collazo Jiménez, se unió a la huelga de hambre total que realizan siete reclusos de la otra campaña en el penal 5 de San Cristóbal de las Casas. Esto, al cumplirse un mes de la acción de los indígenas en demanda de su liberación, argumentando inocencia y largas sentencias amañadas e injustas, como en el caso de Collazo, de 27 años.

Collazo, miembro de Solidarios de la Voz del Amate, se sumó a la huelga de hambre desde el pasado jueves 27 de octubre, pero esto sólo pudo confirmarse este sábado. Recluido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) de Motozintla, se había declarado en ayuno el 3 de octubre, al sumarse a la acción iniciada en el penal de San Cristóbal el 29 de septiembre.

El grupo de trabajo de la otra campaña No estamos todos recordó que Collazo, originario de San Juan Chamula, fue detenido en 2007 por un delito que nunca cometió y fue torturado para obligarlo a firmar declaraciones autoinculpatorias. Permaneció en el CERSS 5 de San Cristóbal hasta octubre de 2010, cuando fue trasladado forzosamente a Motozintla, alejándolo de sus familiares y compañeros de lucha. La dispersión también es una forma de tortura sicológica y una estrategia de desestructuración social y política, sostiene el grupo de la otra campaña.

Debido a su protesta solitaria, Collazo ha recibido amenazas del alcalde del penal, Rogelio Ángel Camacho. A raíz de ello fue que el indígena determinó iniciar la huelga de hambre. En tanto, su madre y otros familiares suyos cumplen hoy 23 días acampados en el atrio de la catedral sancristobalense, exigiendo la libertad de todos los ayunantes.

Así, son ya ocho presos en huelga de hambre: Alfredo López Jiménez, Alejandro Díaz Santís, José Díaz López, Pedro López Jiménez, Juan Díaz López, Rosario Díaz Méndez, Juan Collazo Jiménez y Andrés Núñez Hernández, estos dos últimos a partir del 27 de octubre. Ayunan 12 horas diarias Rosa López Díaz y Enrique Gómez Hernández; ellos, como Collazo, efectúan su acción de manera solitaria; Rosa en la sección femenina del CERSS 5 y Gómez Hernández en el 14, El Amate, Cintalapa.

Las familias indígenas de los presos y la otra campaña siguen exigiendo la libertad inmediata de los presos de la Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate y Voces Inocentes, así como la libertad y el regreso inmediato a Chiapas de Alberto Patishtán Gómez, arbitrariamente trasladado a Guasave, Sinaloa el pasado día 20 de octubre.

En Bilbao, País Vasco, los colectivos Bizulur, Komite Internazionalistak y Plataforma vasca de solidaridad con Chiapas realizaron durante dos horas una acción callejera en el centro de dicha ciudad con grandes mantas alusivas a la huelga de hambre y demandando a los gobiernos de México y Chiapas la libertad de los ayunantes.

El profesor tzotzil es uno de los más importantes presos indígenas y de conciencia del país

Debe replantearse el caso Alberto Patishtán en un contexto de represión: defensores

Fue detenido en 2000 y sentenciado a 60 años de prisión acusado de dar muerte a siete policías; el único testigo fue inducido a declarar en su contra de manera inverosímil: Gabriela Martínez

Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada
Jueves 27 de octubre de 2011, p. 26

Esta es la historia del Alberto Patishtán Gómez, profesor tzotzil y miembro de la Voz del Amate, desde hace varios años uno de los más importantes presos indígenas y de conciencia en México. Se declaró en ayuno el pasado 29 de septiembre, como parte de una huelga de hambre de presos de la otra campaña que demandan su libertad.

Fue detenido en 2000 y luego sentenciado a 60 años de prisión, acusado de dar muerte a siete policías en el paraje Las Limas (El Bosque) en junio de aquel año. En la misma sentencia fue exonerado otro acusado, Salvador López González, base de apoyo zapatista, porque el juez consideró que el único sobreviviente, Rosemberg Gómez, no se condujo con verdad cuando lo señaló.

De acuerdo con su defensa, representada en el tiempo de su primera huelga de hambre, entre febrero y abril de 2008, por Gabriela Martínez López, el único testigo fue inducido a declarar de manera inverosímil contra López y Patishtán.

El juez ignoró las inconsistencias y dio la máxima pena al segundo, quien ofreció pruebas razonables de no haber participado en la emboscada. A pesar de la apelación y el amparo directo, fue sentenciado en mayo de 2003. Quienes lo conocen saben de su inocencia manifiesta y su fuerza moral. La condena es una venganza de las autoridades por tratarse de policías muertos. Necesitaban un chivo expiatorio, lo cual recuerda el célebre caso del líder lakota Leonard Peltier, preso de por vida en Estados Unidos porque alguien tenía que pagar la muerte de un agente de FBI.

Patishtán pertenecía a un grupo de comuneros inconformes con el entonces presidente municipal de El Bosque, el priísta Manuel Gómez Ruiz, que los tenía bajo amenaza. Un mes antes de la emboscada marcharon en la capital del estado. El día de los hechos, Patishtán se encontraba en el municipio de Huitiupan reunido con padres de familia, pues dirigía ahí un albergue. Las evidencias obran en el expediente.

Sus representantes han solicitado reiteradamente replantear el caso en el contexto de esos años, cuando la represalia política fue la regla.

Recuérdese que en la zona operaba, fuera de control, el grupo delincuencial-paramilitar Los Plátanos, unos 80 jóvenes entrenados por la policía y por el Ejercito federal establecidos en la comunidad Los Plátanos.

El periodo del gobernador Roberto Albores Guillén (1998-2000) fue de represión, muerte y acciones paramilitares. El 10 de junio de 1998, centenares de policías y soldados atacaron las comunidades Chavajeval, Unión Progreso y El Bosque, con un saldo de ocho muertos y más de 50 detenidos. Para 1999, la violencia en Chiapas se amparaba bajo el Ejército federal, que aumentó su presencia de 66 a 111 municipios. A finales de 2000 habían ocurrido ocho ejecuciones más, sólo en los Altos.

Las primeras investigaciones de la Procuraduría General de la República indicaban que los autores pudieron ser de uno de los grupos armados que investigaba la (a la postre inútil) Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos de Civiles Armados, que concluyó que el grupo agresor se apoderó de las siete armas que portaban los policías, de uso exclusivo del Ejército. ¿Cómo pudieron hacerlo sólo dos personas? ¿Cómo se unieron un priísta (Patishtán lo era en ese tiempo) y un zapatista (Salvador López) para emboscar policías? Ni siquiera se conocían. Nunca hubo explicación de ello, cuestionaba su defensa hace ya tres años.

Patishtán aduce una represalia del entonces alcalde Gómez Ruiz, quien obligó a su hijo Rosemberg a culparlo.

“Hoy sabemos por los familiares de Patishtán que el testimonio fue comprado con una camioneta Ford del año. Cada vez que Rosemberg echa trago confiesa haber sido obligado a ‘mandar a la cárcel’ a Patishtán”, abunda el informe de su defensa.

El profesor tzotzil fue trasladado injustificadamente a un penal federal en Guasave, Sinaloa, el pasado 20 de octubre, y hasta ahora nadie ha podido comunicarse con él.

Los internos reportan "dolores de cabeza y huesos, mareos y debilidad general"

Chiapas: impiden autoridades que médico revise a los presos en huelga de hambre

Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de octubre de 2011, p. 23

Pedro López Jiménez, nuevo vocero de los presos en huelga de hambre en los penales chiapanecos de San Cristóbal de las Casas, Cintalapa y Motozintla, declaró este martes que después de 27 días en ayuno los internos en protesta ya resienten la debilidad y el cansancio, sienten mareos y calambres.

López Jiménez, quien ocupó el lugar de Alberto Patishtán como portavoz de los presos luego de que éste fue trasladado injustificadamente a un penal federal en Guasave, Sinaloa, denunció que el director del penal en San Cristóbal de las Casas no ha permitido el paso de un médico independiente y los reclusos no han aceptado al médico del penal.

Los demás presos nos respetan y apoyan nuestra protesta con agua, leña y dulces, expuso López Jiménez, solidario de la Voz del Amate. Reiteró la demanda de libertad de él y sus compañeros: El gobierno no se conforma con privar de la libertad a los indígenas inocentes, sino además los manda a penales de alta seguridad lejos de sus familias, como le hicieron a Alberto Patishtán, quien sólo se ha dedicado a decir la verdad, concluyó, vía telefónica.

Cautivos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (Cerss) número cinco de San Cristóbal de Las Casas, así como los Cerss 14 de El Amate y 15 de Copainalá, los indígenas habían denunciado este lunes que la falta de justicia en el estado ha ocasionado muchos daños, como que estamos encarcelados sin cometer delitos. Refieren dolores de cabeza, nublación de vista, mareos, dolores de huesos y debilidades en general. Durante el lapso de su acción no hemos tenido la solución de nuestras libertades. Sus exigencias han sido ignoradas por las “autoridades incompetentes.

El mal gobierno y sus secuaces pretenden desarticularnos con traslados, como hicieron con el compañero, pero se equivocan. Lucharemos hasta lograr nuestra libertad y la de todos. Seguiremos insistiendo y resistiendo, hasta lograr las libertades que el mal sistema nos ha robado.

Señalaron también: El director de este centro ha negado el acceso de lonas y plásticos para cubrirnos del frío y también se ha desvanecido nuestra miel en las manos de ellos.

En tanto, la Red contra la Represión y por la Solidaridad de la otra campaña convocó a realizar actos de solidaridad y protesta con los presos el próximo sábado 30, al cumplirse un mes de la huelga de hambre. “El gobierno de Chiapas no sólo ha demostrado no tener voluntad de resolver las demandas, sino que ha mostrado nuevamente su rostro autoritario con el traslado de Alberto Patishtán, vocero de la Voz del Amate, en condición de salud delicada, al penal de máxima seguridad a 2 mil kilómetros de sus familiares y su defensa.

El gobierno ha perpetuado el injusto encarcelamiento de Patishtán y los demás presos, a pesar de las evidentes irregularidades en los procesos jurídicos. Además, los reos son mantenidos bajo permanente hostigamiento y represión por las autoridades carcelarias.

La red demanda el retorno inmediato de Patishtán al Cerss de San Cristóbal, garantizándole atención médica, que se atiendan las demandas y se respeten los derechos de las personas privadas de su libertad. Y que se respeten los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión de los familiares en la Plaza Catedral en San Cristóbal, quienes han sido permanentemente hostigados y amenazados por las autoridades.

La organización civil Las Abejas se pronunció también por los presos y acusó al gobierno, que dice respetar los derechos humanos, de mantener en la cárcel a muchos inocentes y tratar de deshacer el movimiento no violento de ayuno y oración que encabezaba el profesor Patishtán.

Cumplen 7 indígenas 21 días en huelga total de hambre en Chiapas

Niegan visitas a los ayunantes presos en penal de San Cristóbal

Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada
Jueves 20 de octubre de 2011, p. 20

Pedro López Jiménez, de 31 años, tzeltal de Colonia Sibactel, municipio de Tenejapa, Chiapas, cumple 21 días en huelga total de hambre junto con otros seis presos indígenas en la cárcel de San Cristóbal de las Casas. Exige su libertad, pues sostiene que es inocente de los cargos –por los cuales está condenado a 14 años de prisión–, y que fue torturado y obligado a declararse culpable de secuestro y violación, delitos que no cometió.

Lo detuvieron agentes judiciales del estado el 10 de mayo de 2007, en San Cristóbal de las Casas. Según refiere el mismo López Jiménez, los agentes no se identificaron ni mostraron orden de aprehensión. Tampoco dijeron porqué lo detenían. En una casa lo asfixiaron en repetidas ocasiones con una bolsa de plástico, le sumergieron la cabeza en agua, le taparon los ojos con un trapo impregnado de picante y le aplicaron descargas eléctricas. Sus captores lo apalearon hasta que cayó desmayado.

López Jiménez ha referido que en la tortura participó un número indeterminado de policías, ya que eran muchos. La declaración la firmó en el lugar donde lo torturaron, en papeles en blanco. Al día siguiente la policía lo presentó al Ministerio Publico (MP). Ahí, mediante la intervención de alguien perteneciente al propio MP, se ratificó la declaración que entregaron los policías. No contó con defensor ni traductor tzeltal. Lo trasladaron a otra casa, y de ahí al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 5, en San Cristóbal.

Le dictaron auto formal de prisión 9 días después, con una sentencia de 14 años, que apeló y fue confirmada. Como sucede en los demás casos de presos en la actual huelga de hambre y ayuno, el abogado de oficio que lleva su caso no lo mantiene informado del proceso judicial.

Según los colectivos de la otra campaña que siguen su caso y lo han visitado en prisión, el estado de hacinamiento en el que viven los reclusos es preocupante. Dentro del sobrepoblado penal, en celdas de tres por tres y medio metros duermen mínimo 10 personas. López Jiménez es miembro de la organización Solidarios de La Voz del Amate, y ha efectuado ayunos como forma de denuncia y presión. También ha denunciado públicamente el hacinamiento en que viven los presos y la mala calidad de los alimentos, con frecuencia descompuestos, que reciben.

Al momento de su detención se desempeñaba como vocal presidente de educación en su comunidad. Tiene cinco hijos. Su esposa, siendo una mujer campesina, debió comenzar a trabajar asalariadamente. La familia se ha sumado a las acciones en defensa de los presos y participa en el plantón en la plaza de San Cristóbal, que hoy cumple 12 días.

Con López Jiménez participan en la huelga de hambre, desde el 29 de septiembre, Rosario Díaz Méndez, preso político de La voz del Amate; José Díaz López, Alfredo López Jiménez y Alejandro Díaz Sántiz, solidarios de La voz del Amate, y Juan Díaz López, de Voces Inocentes.

Cinco reclusos más participan con ayunos de 12 horas diarias: Alberto Patishtán Gómez, de La Voz del Amate, Andrés Núñez Hernández y Rosa López Díaz. Juan Collazo Jiménez (en Motozintla) y Enrique Gómez Hernández (en Cintalapa) se sumaron al ayuno el 3 de octubre.

Este lunes, un grupo de indígenas católicos de Huixtán intentó visitar a los ayunantes en el CERSS 5, pero les fue impedido el paso por el director, José Miguel Alarcón García, quien los emplazó a volver en 15 días. De acuerdo con Indymedia Chiapas, no es la primera visita a los huelguistas que prohíbe el director del penal.

Cumplen 11 días en huelga de hambre siete indígenas que han "acreditado su inocencia"

Realizan plantón en solidaridad con los presos en ayuno en San Cristóbal de las Casas

Los inconformes iniciaron su protesta indefinida el día 8 en el atrio de la catedral

Personeros gubernamentales se han aproximado a los presos para presionarlos

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Martes 11 de octubre de 2011, p. 18

San Cristóbal de las Casas, Chis., 10 de octubre. Al cumplirse 11 días de la huelga de hambre de siete presos en el penal de San Cristóbal de las Casas, y seis reclusos más en ayuno de 12 horas diarias, sus familiares se sumaron a su lucha con un plantón en el atrio de la catedral y declararon hoy en conferencia de prensa: No nos levantaremos hasta no ver a nuestros familiares libres. Éstos purgan condenas de hasta 45 y 60 años a pesar de que acreditan su inocencia.

El plantón indefinido dio inicio el día 8, para que conjuntamente exijamos la justa e inmediata liberación de cada uno de ellos, expresaron las muy modestas familias indígenas, de distinto origen y con historias particulares, reunidas por la experiencia de injusticia que condujo a prisión a las personas que hoy ayunan, y por las malas condiciones carcelarias que comparten.

Se han demostrado en sus procesos pruebas de descargo de culpabilidad; eso ratifica que hubo muchas irregularidades, porque a pesar de que acrediten sus inocencias están presos y sentenciados a muchos años por delitos fabricados, declararon en un escrito conjunto.

Estamos aquí porque sabemos que nuestros familiares son inocentes, que los detuvieron arbitrariamente, los torturaron, los golpearon, los hicieron firmar hojas en blanco, los golpearon para que se confesaran culpables cuando no lo son; no les dieron acceso a un abogado o traductor, sabiendo que ellos no entendían nada porque son indígenas.

La protesta, iniciada el 29 de septiembre en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados (Cerss) número 5 en San Cristóbal, se ha extendido al 14 de Cintalapa y el 6 de Motozintla. Los reos en protesta pertenecen a organizaciones de la otra campaña: la Voz del Amate, Voces Inocentes, Solidarios con la Voz del Amate, y la comunidad de Mitzitón.

Como familiares sufrimos al tener a nuestros presos en las cárceles, ya que somos personas de bajos recursos. Con la responsabilidad que asumimos como madres, padres o hijos al quedarnos solos, no ha sido fácil asimilar nuestra realidad, hemos sufrido sicológica, emocional y físicamente este largo proceso de injusticia que vivimos por este mal gobierno.

Aunque personeros gubernamentales hacen intentos por aproximarse en corto a los presos, o bien a sus familiares, las autoridades siguen sin resolver sus demandas, ni siquiera si se han comprometido a ello (es el caso del profesor Alberto Patishtán).

Simultáneamente, el gobierno de Chiapas publicitó ampliamente que este fin de semana entregó 50 boletas de libertad (o liberaciones anticipadas) a internos cuyos expedientes fueron revisados en la llamada mesa de reconciliación de la autoridades.

El acto oficial, presidido el sábado por el presidente del Poder Judicial, Juan Gabriel Coutiño López, no guarda ninguna relación con los presos indígenas que exigen su libertad con la medida extrema de la huelga de hambre.

Los miembros de la Voz del Amate, Alberto Patishtán Gómez y Rosario Díaz Méndez, purgan condenas prácticamente perpetuas, de 60 y 45 años respectivamente. Acusados de asesinatos que no cometieron, estos dos hombres tzotziles comparten sus historias de cargos falsos, testigos desaparecidos, ausentes, o que se retractaron posteriormente en sus acusaciones. Su encarcelamiento justifica que los verdaderos asesinos estén impunes, y ni siquiera sean investigados.

De los solidarios con la Voz de Amate, Pedro López Jiménez y Juan Collazo Jiménez están condenados a 37 años de prisión; Alejandro Díaz Sántiz, 30; Alfredo López Jiménez y Rosa López Días, 27; Enrique Gómez Hernández, 25; Andrés Núñez Hernández y José Díaz López, 14. De los ejidatarios de Mitzitón, Juan Jiménez Pérez purga 27 años, y Manuel Heredia Jiménez, 20.

El otro preso en protesta, Juan Díaz López (expedientes 168 y 2692/20011), miembro de la organización Voces Inocentes, no tiene aún sentencia definitiva.

Amenazan a una ayunante con quitarle a su hijo de dos años

Suman 6 días en huelga de hambre 7 presos políticos indígenas en Chiapas

Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de octubre de 2011, p. 21

Cumplieron seis días en huelga de hambre siete presos indígenas en el penal de San Cristóbal de las Casas; Chiapas. Uno más en el penal El Amate, en Cintalapa, Enrique Gómez Hernández, se sumó al ayuno de 12 horas diarias que sostienen otros cuatro presos políticos que exigen su libertad inmediata, pues, insisten, su encarcelamiento es injusto.

Debemos seguir adelante, no podemos aceptar lo que estamos viviendo. Demandamos nuestra libertad o moriremos luchando, declaró a La Jornada el profesor Alberto Patishtán Gómez, uno de los ayunantes y vocero de La Voz del Amate, adherente de la otra campaña.

Denunció presiones del director del penal y de instancias gubernamentales externas contra la acción de protesta, dirigidas en particular a Rosa López Díaz, solidaria de la organización, quien ayuna en la sección femenil del Centro de Readaptación Social para Sentenciados (CERSS) número 5.

Vía telefónica, Patishtán aseguró: Le dicen a la compañera que si no deja su ayuno le van a quitar su hijito de dos años.

Además, este lunes llegó a vernos un asesor de la Secretaría de Gobierno, Ángel Gabriel Pérez Morales, ofreciendo revisar nuestros expedientes. Los presos replicaron que no van a aceptar más de lo mismo; exigimos solución, los expedientes ya los conocen, nos deben liberar.

El argumento para amenazar a Rosa López Díaz con quitarle la custodia de su pequeño es que está desnutrido y ella debe cuidarlo dejando la protesta. Según Patishtán, es falso que el menor esté desnutrido. Sabemos que está bien. Apunta: si fuera cierto sería culpa de las autoridades del penal, pues demostraría que ellos no han alimentado adecuadamente al niño ni a la compañera.

Sobre las propuestas de la Secretaría de Gobierno estatal, los presos indicaron al enviado gubernamental que cualquier ofrecimiento jurídico debían turnarlo al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que los representa.

Los presos en huelga total de hambre desde el 29 de septiembre son: Rosario Díaz Méndez y Manuel Heredia Jiménez, de La Voz del Amate; Pedro López Jiménez, José Díaz López, Alfredo López Jiménez y Alejandro Díaz Sántiz, solidarios de La Voz del Amate, y Juan Díaz López, preso político de Voces Inocentes. Además de Patishtán y Díaz López, los ayunantes son Andrés Núñez Hernández y Juan Jiménez Pérez, a quienes se sumó Gómez Hernández en el penal de Cintalapa.

El vocero de los 12 presos reconoció que algunos comienzan a debilitarse. Y de sí mismo, con padecimiento diabético, admite: Se me ha complicado la enfermedad, pero estamos dispuestos a todo. Seguimos en la huelga de hambre y el ayuno hasta salir libres.

Víctor Hugo López, director del Frayba, informó que el centro dirigió comunicaciones personales al gobernador Juan Sabines Guerrero, al secretario de Gobierno Noé Castañón y a la dirección de los centros penitenciarios de Chiapas, demandando la revisión verdadera de los expedientes. Los casos los conocen bien las autoridades; en el caso de Patishtán, incluso hay un ofrecimiento de ayudar a su liberación por parte del gobernador desde el año pasado, recordó López.

Preso, líder del Morena en Chamula

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 26 de septiembre de 2011, p. 10

San Cristóbal de las Casas, Chis., 25 de septiembre. Policías de San Juan Chamula detuvieron al indígena Pascual Sánchez, coordinador municipal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), denunció Carlos Burguete Camacho, coordinador de la agrupación en el distrito 5, con sede en esta ciudad.

Indicó que el dirigente del Morena en San Juan Chamula fue detenido el sábado por la tarde en su comunidad de Rancho Narváez, sin orden de aprehensión y sin que se conozcan los motivos.

En entrevista agregó que la detención de Pascual Sánchez, quien esta tarde permanecía en la cárcel ubicada en la cabecera municipal, tiene tintes políticos, porque ha estado realizando reuniones en diversas comunidades para inscribir gente en los comités que se están creando en ese municipio –gobernado siempre por el PRI–, que se ha distinguido por la intolerancia política y religiosa.

Los familiares nos han dicho que desconocen de qué está acusado Sánchez, y que las autoridades de Chamula han dicho que estará tres días en la cárcel, mientras que las autoridades estatales fueron notificadas de la detención el sábado, pero nada han hecho para que sea liberado, aseveró Burguete Camacho, quien añadió que al parecer es una represalia del alcalde priísta, Dagoberto Hernández Gómez.

Aclaró que en el supuesto de que hubiera alguna acusación fundada en contra de Pascual Sánchez, no será solapada por el movimiento, pero hasta la tarde de este domingo ni siquiera se sabe por qué está preso. Manifestó que si el detenido hubiera cometido algún delito tendría que ser puesto a disposición de un agente del Misterio Público para que se investigue, lo cual no ha ocurrido.

Fue represalia por su defensa de desplazados, afirma su abogado

Inician campaña para la liberación de dos activistas presos en Nayarit

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Jueves 22 de septiembre de 2011, p. 21

Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), están presos desde hace casi un año y medio en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusados de delitos que no cometieron, como represalia por su lucha a favor de 33 comunidades de Chiapas reubicadas en 2007 por el taponamiento del río Grijalva.

Así lo informó Leonel Rivero, abogado de ambos activistas, quien lamentó que el gobierno chiapaneco presente hacia el exterior una imagen de respeto a los derechos humanos, al mismo tiempo que reprime y encarcela a quienes disienten de sus políticas.

En conferencia de prensa, Rivero anunció el inicio de una campaña por la liberación de sus defendidos, que servirá también para visibilizar el tema de la reubicación forzosa de los pueblos afectados por el desastre natural, y la expropiación de sus tierras a precios irrisorios.

Las irregularidades cometidas en este asunto han sido tan grandes, resaltó, que incluso Amnistía Internacional le envió una carta al gobernador Juan Sabines, en donde le manifiesta su preocupación por el encarcelamiento de ambos, haciendo énfasis en el caso de Eric Bautista, informó.

Jiménez Pablo, por ejemplo, está preso por el delito de secuestro equiparado, que ya fue derogado del Código Penal federal, y Bautista está acusado por el asesinato de un hombre en Chiapas en 2009, cometido un día en el que se encontraba dando un curso en Puebla, señaló el abogado.

Jesús Gutiérrez Valencia, coordinador estatal de la CNPA, recordó que el encarcelamiento de los activistas se debió a su participación en las protestas realizadas por el desplazamiento forzoso de 33 comunidades afectadas por el taponamiento del río Grijalva, en noviembre de 2007.

Adrián Ramírez, coordinador de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, señaló por su parte que Chiapas es de los estados donde los luchadores sociales han sufrido mayor criminalización.

Absuelven a indígena acusado de pertenecer al EPR; estuvo preso 15 años

Pedro Matias

OAXACA, Oax. (apro).- Un juez federal absolvió a un indígena que permaneció preso durante 15 años, acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y ordenó su inmediata liberación, informó hoy el abogado Israel Ochoa Lara.

Mario Ambrosio Martínez fue detenido en 1996 en el municipio de San Agustín Loxicha, 180 kilómetros al sur de la capital del estado, después de los ataques realizados por presuntas células del EPR contra bases militares y policíacas.

Fue acusado de homicidio calificado, conspiración, terrorismo, privación ilegal de la libertad, robo y lesiones calificadas. Durante 15 años estuvo preso en el penal de Santa María Ixcotel, de donde salió libre el pasado 18 de junio.

Ambrosio Martínez fue sentenciado a 26 años de prisión, sin embargo, explicó el abogado Israel Ochoa, el Segundo Tribunal Unitario realizó una revisión del caso y determinó exculparlo de la mayoría de los delitos.

Ahora, 15 años después de su reclusión, Ambrosio Martínez anunció que estudia la posibilidad de presentar una contrademanda en contra de la justicia federal.

En conferencia de prensa, el abogado señaló que su cliente recibió una sentencia excesiva por delitos prefabricados que no cometió. Ambrosio Martínez acusó al Estado mexicano de haberle “destruido la vida” por un manejo “faccioso de la justicia”.

Ambrosio Martínez fue uno de los 300 implicados detenidos luego de la incursión de las fuerzas federales en San Agustín Loxicha tras los atraques de la supuesta célula del EPRD. De esa cantidad, 156 fueron consignados por delitos federales, actualmente permanecen recluidos en la penitenciaria central 7 personas condenadas a purgar penas de entre 23 y 31 años de prisión.

El indígena recién liberado, abandonado por su esposa e hijos que emigraron a Estados Unidos, anunció que regresará a su pueblo natal, San Agustín Loxicha para recuperar sus tierras y dedicarse al cultivo de granos como antaño.

En operativo sorpresa les quitaron electrodomésticos y dinero en efectivo

Presos políticos de La Voz del Amate denuncian despojo

Estos abusos y hostigamientos no son aislados, señalan en comunicado

Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada
Jueves 9 de junio de 2011, p. 25

Los presos políticos de la Voz del Amate, adherentes de la otra campaña recluidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 5, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, denunciaron un injustificado operativo sorpresa del denominado grupo Lobo, el cual ingresó a las celdas de los reclusos y los despojó de sus pertenencias y dinero en efectivo.

Los hechos, denunciados hoy, ocurrieron el pasado 25 de mayo. El grupo de agentes especializados realizó una revisión sorpresa y decomisó todos los aparatos domésticos propiedad de los reclusos. El director del penal, David Montero Moreno, notificó a los internos que los utensilios, principalmente radios y reproductores de discos, fueron entregados al subsecretario Gustavo Ferreira Jiménez, quien condicionó su devolución a que los dueños presenten las facturas de compra.

Acreditar esto es imposible, argumentan los presos, pues muchos de estos electrodomésticos se compraron dentro del mismo penal, en ocasiones a personas que ya no se encuentran allí. Además de ser propietarios legítimos de los aparatos, argumentan, éstos nos sirven para escuchar reflexiones de superación personal y para la readaptación de nuestras personas.

La Voz del Amate denuncia estos abusos de las autoridades incompetentes, exige la restitución de sus aparatos y hace un llamado al gobernador Juan Sabines Guerrero a que gire instrucciones para que se devuelvan televisores, grabadoras, reproductores de devedé, así como sus demás pertenencias.

Esta clase de abusos y hostigamientos no son aislados: En todos los centros penitenciarios del estado la población tiene mucho qué decir, lo cruel y triste que vivimos bajo las amenazas de los que se hacen llamar autoridades, dicen finalmente los presos que, por lo demás, llevan varios años deman- dando su libertad, dado que sostienen que su encarcelamiento es injusto, pues son inocentes de los cargos por los cuales fueron procesados: es el caso del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez, quien ha purgado condena durante más de una década por delitos que se sabe no cometió.

Hay en México 269 traductores, y sólo 14 están certificados: Inali

Careció de intérprete mayoría de indígenas presos, señala centro nacional de asesoría

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 22

En México hay carencia de traductores e intérpretes de lenguas indígenas, pues se cuenta sólo con 269 reconocidos y formados, lo cual es insuficiente si se toma en cuenta que existen 364 variantes, 11 familias y 68 agrupaciones linguísticas, y que 15.5 por ciento de la población se reconoce indígena, de la cual 7 millones dicen ser hablantes de lenguas originarias, señaló Javier López Sánchez, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

En conferencia de prensa en la que se presentó el documental Justicia sin palabras, indígenas ante el poder judicial en Oaxaca, realizado por los centros de Análisis e Investigación, Fundar y el Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), indicó que de los citados traductores, sólo 14 están certificados para participar en juicios como intérpretes, pese a que hay mucha demanda de ellos, pues su trabajo es una condición esencial para que el proceso sea justo.

De acuerdo con el documental, en 2010 había 8 mil 345 presos indígenas en el país, y Tomás López Sarabia, presidente del consejo directivo del Cepiadet, indicó que sólo en Oaxaca son poco más de 2 mil, muchos de los cuales no tuvieron intérprete durante su proceso judicial, lo cual –resaltó– no es sinónimo de que sean inocentes, pero sí de que no tuvieron acceso a un juicio justo.

Indicó que en el país no hay datos respecto a qué porcentaje de los reclusos nativos no tuvieron traductores en sus procesos legales, pero citó como referente una encuesta realizada por la Organización de Naciones Unidas en 2007, que arrojó que 82 por ciento de 586 consultados dijo no haber contado con intérprete.

Apuntó que derivado de la elaboración de dicho material audiovisual comenzó a operar el Observatorio Social de los Derechos Linguísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca en la Procuración y Administración de Justicia; añadió que es necesario dar mayor difusión –tanto entre los indígenas como entre los funcionarios– a la Ley General de los Derechos Linguísticos de los Pueblos Indígenas, promulgada en 2003.

No se ha difundido y muchas cosas no han podido materializarse; por eso es una legislación inefectiva, porque no se aplica y no se conoce ni entre los pueblos indígenas ni entre funcionarios..

El titular del Inali reconoció esta situación y dijo que para subsanarla se están desplegando diversas estrategias, entre las que se incluye el aumento de la certificación de intérpretes.

Dijo que se ha propuesto un proceso de planeación lingüística nacional, por medio del cual se realizará un diagnóstico para saber cuántos intérpretes se necesitan en cada estado. Subrayó que dicha estrategia es apoyada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, cuya dependencia es cabeza de sector del Inali.

Destacó que también para avanzar en la difusión y aplicación plena de la ley estamos teniendo reuniones con gobernadores, secretarios de educación estatales, con la comisión para los pueblos indígenas y con diversas comunidades nativas.

Dijo que para atender el reto de contar con más y mejores intérpretes, el Inali canaliza 2.5 millones de pesos, lo cual aún es poco, y trabaja en el tema en Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Michoacán.