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29 ago 2011

No hay propuestas serias para frenar la migración, afirma funcionaria guatemalteca



Rutas de indocumentados, más peligrosas
Afp
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 18

Guatemala, 28 de agosto. La peligrosidad de la ruta que recorren miles de indocumentados centroamericanos para llegar a Estados Unidos aumentó tras la matanza de 72 migrantes perpetrada hace un año en Tamaulipas, México, afirmó Alejandra Gordillo, directora de la Comisión Nacional para la Atención al Migrante de Guatemala.

Al día de hoy las cosas han empeorado y no tenemos propuestas serias de los estados para frenar la migración y los peligros que afrontan los indocumentados, subrayó.

Gordillo aseguró que la matanza en Tamaulipas destapó la caja de Pandora, porque las vejaciones contra los centroamericanos en México ya existían, pero no eran visibles.

Tras la masacre se comenzaron a hacer más investigaciones y se encontraron alrededor de 40 fosas con 193 cadáveres, comentó.

El tema de la frontera mexicana no es sólo de secuestros y tráfico de personas, pues se ha detectado que la ruta sirve para tráfico de armas y de órganos humanos, así como para narcotráfico, enfatizó.

Entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Centroamérica y Brasil fueron masacrados en un rancho de San Fernando, poblado de Tamaulipas, situado a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

No fueron los últimos migrantes centroamericanos asesinados en México. El pasado 8 de agosto murió lapidado el guatemalteco Julio Cardona, de 19 años, en el estado de México. El crimen conmocionó a Guatemala por la supuesta complicidad de policías mexicanos.

Cardona había participado en la caravana Paso hacia la paz, en México, que en julio recorrió la peligrosa ruta desde la frontera con Guatemala a la de Estados Unidos para exigir que se localice a unos 800 migrantes desaparecidos.

17 ago 2011

El programa Comunidades Seguras promueve el racismo contra latinos, afirman



Protestan migrantes en EU ante oficinas de campaña de Obama por plan del gobierno

Los indocumentados han sido convertidos en chivos expiatorios en la crisis que vive el país, dicen

Notimex
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de agosto de 2011, p. 21

Chicago, 16 de agosto. Decenas de familias y líderes migrantes se manifestaron hoy frente a la sede nacional de campaña del presidente estadunidense, el demócrata Barack Obama, en esta ciudad, donde entregaron miles de firmas para rechazar el programa Comunidades Seguras, el cual recibió el espaldarazo de la Casa Blanca, que lo calificó como una poderosa herramienta contra quienes cometen delitos.

El Día Nacional de Acción para pedir la cancelación del programa tuvo lugar en la oficina de campaña de relección de Obama en Chicago e instalaciones del Partido Demócrata en Houston, Miami, Charlotte, Atlanta y Boston.

La campaña es impulsada por organizaciones como Presente.org, Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC, por sus siglas en inglés), Alianza Latina por los Derechos Humanos en Georgia y Coalición de Inmigrantes de Florida.

Comunidades Seguras, implementado en 2008, se enfoca en la identificación y deportación de inmigrantes con antecedentes penales en las cárceles, pero los activistas consideran que ha afectado a muchos que han cometido delitos menores y además genera desconfianza en la policía.

El cofundador de Presente.org Roberto Lovato dijo que las protestas son una respuesta inmediata a los planes de Obama de expandir el programa que, consideró, promueve el racismo contra los latinos.

El activista sostuvo que la crisis económica que enfrenta Estados Unidos ha influido en la falta de resultados sobre el tema de migración, que ha convertido a los indocumentados en chivos expiatorios tanto de los demócratas como de los republicanos.

Óscar Chacón, director de NALACC, manifestó que estadísticas recientes muestran que el crimen en Estados Unidos ha disminuido y que Comunidades Seguras tiene como agenda deportar a gente trabajadora y separar familias.

Al aplicar ese programa, la administración Obama está reforzando la idea equivocada de que los inmigrantes son una amenaza para la sociedad y deben ser expulsados, manifestó Patricia Montes, directora del Centro Presente, de Massachusetts.

El programa también es rechazado por los gobernadores de Illinois, Nueva York y Massachusetts, así como jefes policiales, porque desvía recursos que necesitan para combatir el crimen.

En Los Ángeles se realizó la víspera una audiencia en la que residentes y defensores de los inmigrantes denunciaron abusos del programa.

Marissa Graciossa, vocera del Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por sus siglas en inglés), señaló que los inmigrantes temen ahora denunciar delitos por el temor de ser deportados.

Ya es muy tarde para cualquier esfuerzo de mejorar Comunidades Seguras. Ya hay un consenso de que se elimine completamente. Queremos a nuestras familias juntas, dijo a su vez el vocero de Casa de Maryland, Gustavo Andrade.

Por su parte, Cecilia Muñoz, directora de Asuntos Intergubernamentales, señaló que Comunidades Seguras es una herramienta poderosa para enfocar los recursos del gobierno, con el fin de aplicar la ley a quienes cometen delitos en Estados Unidos.

Señaló que el pasado 17 de junio el Departamento de Seguridad Interna anunció cambios a ese programa, que incluyen su revisión continua y la protección de testigos o víctimas de crímenes.

Nada puede compensar la falta de una reforma migratoria, pero los hechos muestran que ha sido una buena estrategia de la que debemos enorgullecernos, recalcó Muñoz en el blog de la Casa Blanca.

Indicó que más de la mitad de deportados son personas con antecedentes penales, y que, entre quienes carecen de ellos, más de dos tercios fueron detenidos cuando cruzaban la frontera, eran recién llegados o habían violado repetidas veces la ley de inmigración.

14 ago 2011

Piden centroamericanos a México eliminar la visa


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Migrantes centroamericanos protestan en el albergue San Juan Diego, ubicado en la colonia Lechería, en Tultitlán, portando carteles en los que piden el fin de los secuestros y robos en su contraFoto Reuters

Marchan en Arriaga por Fernando Cardona



Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 14 de agosto de 2011, p. 11

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 13 de agosto. Alrededor de 100 personas, entre activistas y migrantes centroamericanos, marcharon en la ciudad de Arriaga para exigir castigo a los responsables de la muerte del guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín, ocurrida el 8 agosto presuntamente a manos de policías de Tultitlán, estado de México.

El sacerdote Heyman Vázquez Medina, director del albergue Hogar de la Misericordia, dijo que la protesta fue también para solidarizarse con los directivos del albergue situado en Tultitlán, que la mañana de este sábado fue rodeado por habitantes de la colonia Lechería para exigir su cierre.

La marcha se realizó a partir de las 11 horas y partió de las oficinas del albergue a las vías del tren que pasa por el centro de la ciudad, y en el que diariamente suben más de 200 indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos para trabajar.

Vázquez Medina afirmó que la marcha fue también para exigir al gobierno de México la supresión de la visa para centroamericanos. “El gobierno federal tiene que hacer algo y dar señales de que quiere proteger los derechos de los migrantes.

Lo que estamos exigiendo es que los dejen pasar por México sin exigirles documentos porque los exponen a demasiados peligros, remarcó el religioso.

Manifestó que lejos de disminuir el paso de migrantes por esa zona se ha incrementado. Durante una semana el tren el ha salido diariamente de aquí con más de 200 personas.


7 ago 2011

Observa serias dificultades para el ingreso de las organizaciones civiles a las sedes del INM

La nueva ley migratoria no garantiza la excepcionalidad de indocumentados: CIDH

La autoridad debe observar el principio de presunción de libertad a las personas sin papeles, dice

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Integrantes del Comité Eureka e HIJOS, durante su presentación de ayer ante la CorteFoto Carlos Cisneros

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 7 de agosto de 2011, p. 6

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el principio de excepcionalidad de extranjeros indocumentados no está garantizado en la nueva Ley de Migración mexicana y tampoco en la práctica actual. Precisó que existen serias dificultades para el ingreso de las organizaciones de la sociedad civil a las estaciones migratorias y, adicionalmente, hay deficiencias en lo que toca a la atención de grupos vulnerables.

La CIDH señala al gobierno mexicano que existen parámetros ante los extranjeros que deben partir, según la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la presunción de libertad. El Instituto Nacional de Migración indicó que el corredor migratorio México-Estados Unidos es el de mayor movimiento en el mundo, con tránsito de 11.6 millones de emigrantes en 2010.

Respecto a la migración irregular, el INM ha señalado que cada año ingresan a México aproximadamente 140 mil indocumentados, la mayoría centroamericanos, aunque funcionarios estatales y organismos civiles indican que la cifra podría ser mucho mayor, unos 400 mil por año.

La mayoría de ellos transitan por México con destino a Estados Unidos y, si bien el derecho internacional reconoce que los países pueden definir mecanismos para controlar el ingreso y salida de extranjeros en su territorio, la CIDH comenta que el gobierno mexicano debe incorporar el principio de excepcionalidad de la detención.

En la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, de la CIDH, al término de su reciente visita a México, subraya que el argumento de que la persona representa una amenaza para la seguridad pública sólo es aceptable en circunstancias excepcionales, incluso la sola existencia de antecedentes penales no es suficiente para sustentar la detención de un inmigrante una vez que ha cumplido una condena.

Cuartos sin ventilación y celdas de castigo

En su reporte, la CIDH refiere que, según el INM, durante 2010 las autoridades detuvieron en estaciones migratorias a 69 mil 903 personas en situación irregular.

La información recibida durante la visita indica que el principio de excepcionalidad de la detención no está garantizado. En tanto, precisa que en muchos casos la relatoría pudo comprobar que los cuartos de los migrantes no cuentan con una adecuada circulación del aire; en lugar de ventanas tienen pequeñas rendijas que dificultan la entrada de luz y se utilizan rejas estilo carcelario para dividir los espacios de habitación.

Añade que se recibió información sobre prácticas como el encierro bajo llave de los migrantes durante la noche y el uso, en algunos casos, de celdas de castigo.

La relatoría recuerda que el hecho de ingresar en un país incumpliendo los requisitos de acceso constituye a lo sumo una falta administrativa, por lo cual la enorme mayoría de las personas ahí detenidas no deberían estar privadas de su libertad, advirtió.

La relatoría, encabezada por el abogado Felipe González, recibió también información sobre las dificultades que enfrentan los migrantes para obtener una adecuada representación legal y, además, la CIDH comprobó que existen serias dificultades para el ingreso de organizaciones de la sociedad civil en esos inmuebles.

Fallas en la atención médica

Agregó que tras una visita a las estaciones de Iztapalapa, en el Distrito Federal, y Tapachula, Chiapas, se comprobó que en general cumplen con condiciones de infraestructura e higiene, aunque hay fallas en la atención médica y para el acceso a la comunicación con sus abogados y familiares. En tanto, la Secretaría de Gobernación emitió ayer un comunicado, en el que afirma que el canciller hondureño, Mario Canahuati, reconoció la disposición de México en materia migratoria. El funcionario recorrió también la estación migratoria de Iztapalapa.

3 ago 2011

Es opción para frenar ataques contra personas en tránsito, dice relator especial

Inseguridad y migración

Recomienda la CIDH a México otorgar visas temporales a migrantes

Pide al Estado garantizar la vida y la seguridad de esos trabajadores; presenta informe

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de agosto de 2011, p. 2

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al gobierno federal que otorgue permisos (visas) temporales a los migrantes como alternativa para frenar las graves y constantes agresiones que sufren los extranjeros en tránsito por el país.

Ahora hay un contexto de riesgos para la seguridad del migrante mucho mayor, (lo que) hace necesario adoptar una medida de esa naturaleza, subrayó Felipe González, relator especial para los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH.

Dijo que México vive una situación de dualidad, de luces y sombras, porque si bien hay avances en el marco normativo, también existe una realidad migratoria dramática, violenta.

Precisó que la posibilidad de otorgar permisos temporales está incluida en la ley, por lo que la CIDH propone aplicarla ahora ante el serio problema de inseguridad.

No estamos diciendo que deba ser una obligación para todos los estados, en todas las circunstancias, pero en el contexto de México sería una respuesta que sería necesario adoptar, indicó González.

El relator presentó ayer un reporte preliminar de su visita de nueve días a las entidades que forman la ruta del migrante (Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas), durante la cual escuchó testimonios que delinean la tragedia que viven los trabajadores en tránsito, en el contexto de una constante descoordinación de grupos policiacos:

Asesinatos, desapariciones, secuestros y violaciones sexuales, trata y tráfico de personas, la mayoría de los cuales siguen en la oscuridad e impunidad, porque son pocos quienes se atreven a denunciar. El miedo no sólo es por las posibles represalias de la delincuencia organizada, sino de los propios agentes estatales. Es tal el clima de inseguridad, que muchos familiares no se atreven a denunciar, expresó González.

En el documento difundido a la prensa se reproducen algunos testimonios. Por ejemplo, una mujer narra que fue secuestrada y durante su cautiverio fue testigo de la matanza de decenas de personas; una más aseguró que era obligada a golpear a mujeres migrantes con maderos, mientras otras eran obligadas a agredirla. En tanto, la Procuraduría General de la República le precisó que, acerca de las fosas clandestinas, ha identificado 23 cuerpos, aunque reconoció que hubo deficiencia en el manejo de los cadáveres.

La CIDH le recuerda al Estado mexicano que tiene la obligación de investigar estos hechos, identificar y sancionar a los responsables, advirtió el relator.

La recomendación de la CIDH de otorgar visas temporales a los migrantes parte del diagnóstico de que la mayoría de los indocumentados busca llegar a Estados Unidos y es en su tránsito por México cuando se comete el mayor número de ilícitos.

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La posibilidad de otorgar permisos temporales a migrantes está plasmada en la ley; la CIDH propone aplicarla ahora ante el serio problema de inseguridad, sostiene el relator Felipe GonzálezFoto Francisco Olvera

Según datos recabados por este diario, las propuestas de la CIDH ya fueron expuestas a funcionarios federales y gobernadores, quienes en principio mencionaron que con visas de ese tipo el problema de agresiones a migrantes posiblemente sólo se trasladaría a la zona norte del país, por lo que sería imprescindible que Estados Unidos modifique su política migratoria, además de alcanzar acuerdos bilaterales.

Este martes, el relator especial planteó que la vigencia del permiso podría ser de 180 días y su obtención no debería representar un gasto oneroso para el migrante: al llegar a México le bastaría con mostrar los documentos de identidad de su país de origen.

Estos puntos deben ser analizados en las próximas semanas en el contexto de la elaboración del reglamento de la ley de migración, que deberá estar listo a más tardar el 26 de noviembre.

La CIDH pidió al gobierno que escuche y consulte, de manera preferente, a las organizaciones de la sociedad civil.

Tanto el relator especial como el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, alertaron que el problema de inseguridad es grave.

Propuso mayor participación de los grupos civiles, incluso para que proporcionen alojamiento a los indocumentados, e impulsar mecanismos alternativos a la detención porque, dijo Canton, (las estaciones migratorias) tienen ciertos perfiles de lo que son las cárceles, especialmente por la denuncia de que existen celdas de castigo. Es decir, las instalaciones y el trato a los internos no se corresponden con la naturaleza administrativa de detención de migrantes.

En la lista de 13 recomendaciones preliminares, Felipe González pide al Estado mexicano garantizar de manera inmediata la vida y la seguridad de los migrantes mediante acciones concretas, como centros de atención, con el apoyo de grupos civiles.

Además, facilitar medios de transporte seguros y adecuar los existentes para que cumplan condiciones mínimas de seguridad, así como garantizar la seguridad en todas las terminales de autobuses.

En los puntos 5 y 6, la CIDH propone que en el reglamento se incluya la detención sólo como medida de excepción, no como regla, y otorgar documentos que faciliten el traslado de los migrantes.

De igual forma, establecer protocolos, también en consulta con la sociedad civil, relacionados con el manejo y la identificación de cadáveres, y capacitar a funcionarios de los tres niveles de gobierno para la prevención e investigación de estos delitos.

Inseguridad y migración

Convoca a autoridades federales y estatales a vigilar las rutas más peligrosas

Exige el canciller de Honduras proteger a los migrantes en su paso por México

Andrés Timoteo Morales
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de agosto de 2011, p. 4

Jalapa, Ver., 2 de agosto. En el cumplimiento de las tareas para evitar que los migrantes de Centro y Sudamérica sean agredidos durante su paso por territorio mexicano todos tenemos una gran responsabilidad, aseguró Mario Miguel Canahuati, ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, al referirse al quehacer de las autoridades de ambos países para brindarles protección.

Convocó a las autoridades federales y estatales de México a vigilar las rutas de migración donde los personas en tránsito son más vulnerables, que se ubican donde pasa el ferrocarril o en parajes solitarios.

Entrevistado en esta ciudad, donde se reunió con funcionarios estatales, el diplomático refirió que cada año 75 mil hondureños emigran a Estados Unidos y la cifra sigue creciendo, y una de las principales rutas que utilizan pasa por Veracruz.

Pedimos que se les proteja y que se vigilen las rutas de migración, señaló.

Explicó que en Honduras la cancillería comenzó a reunirse con familiares de migrantes con la finalidad de que realicen los trámites para localizar a aquellos que han sido reportados desaparecidos en México.

Comenzamos a trabajar con familias hondureñas para que se acerquen a la cancillería y poder informarles sobre el lugar donde se encuentran sus familiares, indicó el ministro, sin referirse a los secuestros y homicidios de migrantes cometidos por el crimen organizado.

Aseguró que la cancillería hondureña mantiene comunicación con el sacerdote Alejandro Solalinde, coordinador del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca, y con responsables de otras casas de ayuda humanitaria para tratar de localizar a compatriotas que salieron de Honduras cuyos familiares desconocen su paradero.

Canahuati destacó que se desarrollan proyectos conjuntos con el gobierno de Veracruz en diferentes temas, pero es prioritario el de seguridad y protección de los derechos humanos de los hondureños que transitan por la entidad. Lo más importante es garantizar que estén protegidos e informarles acerca de las instancias a las que pueden acudir para que planteen sus problemas y darles respuesta de inmediato.

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Este lunes, integrantes de la caravana Paso a Paso por la Paz llegaron a la ciudad de México y fueron recibidos en la Catedral Metropolitana por el obispo Manuel Arellano RangelFoto María Luisa Severiano

Sostuvo que es prioritario brindar protección en todos los lugares por donde pasan los migrantes, que exista autoridad y se garantice y proteja su recorrido.

El canciller hondureño realiza una gira de dos días por Veracruz. Este martes asistió a la inauguración de la quinta estación migratoria en el municipio de Acayucan y visitó los trabajos de ampliación del albergue Guadalupano en Tierra Blanca.

También acudió al reclusorio regional La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes, donde se encuentran 13 de 32 hondureños que han sido procesados o purgan condenas por diversos delitos.

Veracruz, compromiso con el respeto a derechos humanos

El secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, aseguró que el mandatario veracruzano Javier Duarte ratifica su compromiso con la protección de los derechos humanos de los migrantes y trabajará junto al pueblo hondureño para salvaguardar la vida de quienes transitan por la entidaden busca de mejores oportunidades de vida.

Puntualizó que la situación geográfica del estado y la convergencia de vías de comunicación en Acayucan, hacen que este lugar reciba a hombres y mujeres provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, por lo que la visita de Canahuati y otros diplomáticos hondureños servirá para que constaten el trato humano que se les brinda y el respeto a sus derechos.

Buganza afirmó que los funcionarios hondureños podrán continuar las gestiones iniciadas con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el traslado de los presos que deseen cumplir sus sentencias en su país de origen, y refrendó el buen trato y la cercanía del gobierno de Veracruz con los migrantes de ese país, de modo que cualquier gestión para atender sus legítimas necesidades se realice sin contratiempos.

29 jul 2011

Demandan fiscalía especial para la reparación de daños a extranjeros que cruzan el país

Defensores de migrantes exigen cerrar las estaciones del INM

Pedro Pantoja, director de posada para indocumentados, señala que México es cementerio de centroamericanos

Exige reforma integral en la materia que incluya la seguridad humana

Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 5

El sacerdote Pedro Pantoja, director de Belén Posada del Migrante, criticó severamente la nueva Ley de Migración, por evadir la realidad de los extranjeros que cruzan el país o permanecen en él, ya que, afirmó, México es cementerio de los centroamericanos, según retomó de expresiones recabadas entre esta población.

Durante un foro de análisis sobre la legislación, organizado por el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, en Casa Lamm, el religioso se pronunció por la desaparición de las estaciones migratorias y por la creación de una fiscalía especial en justicia y reparación del daño para los afectados.

Fabianne Venet, del citado instituto, se sumó a la crítica, al mencionar que la norma no corresponde con la realidad, a partir de los resultados que arrojaron mesas de trabajo realizadas entre marzo y junio pasado, con la participación de instancias sociales, para conocer de manera general el contenido de la ley.

Pantoja dio cuenta pormenorizada de la situación, con base en la experiencia de Belén Posada del Migrante, asentada en Saltillo, Coahuila, donde, dijo, visualizamos la crueldad de los secuestros, las desapariciones y la violencia extrema contra los migrantes, cuyo freno no está contenido en la ley.

O sea que el futuro de la migración, en cuanto a ofertas institucionales y gubernamentales, es punto muerto.

Por ejemplo, utilizó el testimonio de un guatemalteco: “desde que entré a México y por hambre y necesidad me contraté para trabajar y todo el tiempo me trataron como esclavo; trabajaba todos los días de la semana de las cinco de la mañana a las nueve de la noche (en una empresa productora de soya).

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El sacerdote Pedro Pantoja, director de Belén Posada del Migrante, demandó la desaparición, a como dé lugar, las estaciones migratorias como instrumento de muerte moral y de violación a la libertadFoto Cristina Rodríguez

De comer me daban al día tres o cuatro tortillas de maíz. A escondidas yo robaba comida donde la encontraba, hasta en un bote de basura. Me pagaban 50 pesos a la semana y me amenazaban de muerte si me quería escapar. Una mujer me ayudó y con mis pocos ahorros seguí el camino.

El sacerdote apuntó que estas situaciones reflejan que México ya es país de destino de migrantes, al comentar que los hacinamientos humanos de hondureños y guatemaltecos dan cuenta de un proletariado periférico en extrema marginación: no hay trabajo para ellos, rentan habitaciones en las colonias más conflictivas, diariamente son perseguidos por la policía y, muertos de hambre, acuden a pedir comida a la casa del migrante.

Se pronunció por que en México se estructure una sociedad incluyente, con derechos para una nueva ciudadanía; que se integre a esta masa criminalizada, con la reconfiguración de un nuevo tejido social, con el fin de que los migrantes no se conviertan en una laguna humana de desprecio, rechazo, muerte y enfermedades.

Propuso perseguir a como dé lugar, no las enmiendas de una ley de migración, sino una auténtica reforma migratoria, para que de alguna manera se incluya también la seguridad humana.

Propone observatorio ciudadano

De igual manera, planteó crear un observatorio y monitoreo ciudadano para hacer realidad el tema de una migración sin violencia; fortalecer la lucha y la protección de los derechos humanos, incluidos los de los defensores, y cerrar, a como dé lugar, las estaciones migratorias como instrumento de muerte moral y de violación a la libertad de los trabajadores migrantes.

Se reúne con integrantes de la caravana Paso a Paso por la Paz

Dramático, el viaje sobre La Bestia hacia Estados Unidos: relator de CIDH

Afp y Jesús Lastra Ríos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 5

El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para trabajadores migratorios, Felipe González Morales, se reunió ayer en Ixtepec, Oaxaca, con integrantes de la caravana Paso a Paso por la Paz, conformada por familiares de unos 800 centroamericanos reportados como desaparecidos.

La caravana, que salió el domingo de Guatemala, está integrada por más de 150 personas procedentes de ese país, así como de Honduras y El Salvador, y sigue la ruta peligrosa que los indocumentados recorren por México en su intento por llegar a Estados Unidos.

Es dramático, sobre todo que no lo puedan hacer de manera segura, van arriesgando la vida, aseveró González Morales cuando vio a los migrantes sobre los techos de los vagones de La Bestia, el tren que recorre el país hacia el norte.

Alejandro Solalinde, quien coordina un albergue para viajeros en esa localidad oaxaqueña, dijo a la prensa: al relator le pedimos protección para los emigrantes, prevención de secuestros, aplicación de la justicia en los casos que ya se han denunciado, y más apoyo a los defensores de los derechos humanos. Que el Estado mexicano ponga más empeño en el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.

González Morales comentó que su visita tiene el objetivo de hacer una relatoría para que se hagan recomendaciones al gobierno mexicano con el fin de que mejoren las condiciones de vida de las personas que emigran.

El otro contingente de Paso a Paso por la Paz arribó ayer a Coatzacoalcos, Veracruz. Allí, Tomás González Castillo, párroco de la iglesia del Cristo crucificado, de Tenosique, Tabasco, de donde la caravana partió este jueves, comentó que la ruta de la muerte, la ruta tenebrosa del Golfo, esa que siguen los migrantes centroamericanos a bordo de los trenes de carga de la empresa Ferrosur a lo largo de 376 kilómetros entre ambas ciudades, se convirtió por primera vez en la ruta de la vida, en el tren de la felicidad.

El sacerdote, que acompaña a los 350 centroamericanos –entre ellos 20 mujeres, dos de ellas embarazadas, un bebé de dos años y un adolescente– destacó que esta ruta reporta ganancias de 50 mil millones de dólares anuales al crimen organizado por concepto de secuestros, extorsión y robo.

A lo largo de esta travesía existen unos 15 puntos de riesgo. El más importante se localiza en Coatzacoalcos, donde indocumentados son víctimas de asaltos y secuestros, de lo cual tienen conocimiento las autoridades federales, que deben hacer todo lo conducente para acabar con la inseguridad y la violencia que amenazan al migrante, tanto al extranjero como al mexicano que deja sus tierras en busca de mejores oportunidades de vida, dijo.

Los centroamericanos pernoctaron este jueves en la iglesia de San Judas Tadeo, de la colonia Coatzacoalcos, donde esperan el arribo del contingente procedente de Ixtepec, Oaxaca..


Relator de la CIDH visita instalaciones del instituto en Tapachula

Guatemaltecos y beliceños recibieron 39 mil formas migratorias en 5 meses: INM

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Santiago Cantón, secretario técnico de la CIDH (izquierda), y el relator especial para trabajadores migratorios Felipe González Morales visitaron un albergue en Ixtepec, Oaxaca
Foto Moysés Zúñiga Santiago

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 7

El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para trabajadores migratorios y sus familiares, Felipe González Morales, visitó ayer la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.

El objetivo de la visita fue conocer los servicios que proporciona el Instituto Nacional de Migración (INM) a los extranjeros, sobre todo centroamericanos, que ingresan por la frontera sur.

Acompañado del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, René Martín Zenteno Quintero, y del comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, el relator recorrió las instalaciones de dicha estación, donde, al igual que la víspera en Iztapalapa, conversó con personas que ingresaron a territorio nacional y que, por falta de documentos, se encuentran en espera de ser regresados a su nación de origen o de regularizar su estancia en México.

Durante el recorrido, Beltrán del Río informó de las acciones que desarrolla el gobierno federal para promover una migración documentada, como la expedición de las formas migratorias de visitante local (FMVL) y las formas migratorias de trabajador fronterizo (FMTF), que evita que la población extranjera de la frontera sea víctima de abusos debido a su situación irregular.

El comisionado del INM afirmó que en los primeros cinco meses de este año se expidieron 25 mil 834 documentos FMVL y 13 mil 197 FMTF para guatemaltecos y beliceños.

28 jul 2011

Arriba a Chiapas y Tabasco la caravana Paso a Paso por la Paz

CIDH: no más impunidad en agresiones a migrantes
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Integrantes de la caravana Paso a Paso por la Paz llegan en tren a Arriaga, ChiapasFoto Moysés Zúñiga Santiago
Octavio Vélez, Elio Henríquez y René A. López
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 28 de julio de 2011, p. 17

El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para trabajadores migratorios, Felipe González Morales, demandó al Estado mexicano acabar con el círculo vicioso de impunidad, ante las constantes agresiones a indocumentados en su jurisdicción, pues su deber es prevenir, investigar y sancionar esos crímenes para evitar que se repitan.

En tanto, los dos contingentes de la caravana Paso a Paso por la Paz, que recorren la ruta de los migrantes centroamericanos hacia la frontera norte, llegaron a Arriaga, Chiapas, y a Estación Chontalpa, Tabasco, desde donde partirán a Coatzacoalcos, Veracruz.

De gira por Oaxaca, donde se reunió con el gobernador Gabino Cué Monteagudo, González Morales sostuvo que los asesinatos masivos de migrantes en México preocupan demasiado a la CIDH por su ocurrencia constante. También nos preocupa mucho que en la aplicación de la nueva ley migratoria se cometan abusos, dijo a la prensa el funcionario de la Organización de Estados Americanos.

Cualquier crimen contra los migrantes es preocupante porque se cometen contra personas desvalidas, dijo acompañado del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Zona Pacífico Sur de la Arquidiócesis de México, con quien más tarde voló a Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo de Tehuantepec.

González Morales dijo que antes de partir de México presentará un informe acerca de las condiciones de los migrantes a su paso por México, para lo cual se ha reunido con autoridades federales y estatales, además de defensores de indocumentados.

En este contexto, los integrantes de la caravana Paso a Paso –que salió el 25 de julio de la capital de Guatemala para encontrarse con el relator en Tierra Blanca, Veracruz– visitaron ayer el panteón municipal de Arriaga, en la costa de Chiapas, limítrofe con Oaxaca, donde hay unas 40 fosas comunes de migrantes.

Carlos Bartolo Solís, coordinador regional de la agrupación Promigrante, dijo en entrevista telefónica que Heyman Vázquez Medina, párroco de Arriaga y director del albergue Hogar de la Misericordia, ubicado en ese lugar, encabezó un rezo por los migrantes que han perdido la vida y han sido sepultados sin identificar en el panteón local.

Bartolo Solís añadió que el grupo de unas 150 personas, que recorren la ruta de los migrantes, también caminó por las vías del tren que parte de esa ciudad hacia otros puntos del país, y en el que a diario se suben decenas de indocumentados que van a Estados Unidos en busca de trabajo.

Los integrantes de la caravana partieron a las 16:15 horas de Arriaga hacia Chahuites, Oaxaca, y pernoctarían en Ixtepec, de donde este jueves saldrán hacia Coatzacoalcos, Veracruz, para encontrarse con el otro grupo que entró el martes por Tabasco.

Este segundo grupo, de unos 300 migrantes y activistas, llegó la mañana de ayer a la población Estación Chontalpa, considerada por indocumentados una de las rutas más peligrosas por la marcada presencia de grupos delictivos. Luego se adentró a territorio veracruzano con destino a Coatzacoalcos.

En su peregrinar arriba de los vagones del tren, hombres y mujeres soportaron la lluvia la noche del martes en el tramo del municipio tabasqueño de Macuspana a Estación Chontalpa.

26 jul 2011

Piden a la CIDH medidas cautelares que garanticen su protección



Sistemáticas y generalizadas, las agresiones contra migrantes

Agravia a deudos el retraso para identificar a víctimas de narcofosas

Tania Sánchez Hernández
Periódico La Jornada
Martes 26 de julio de 2011, p. 19

Al refrendar su solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que emita medidas cautelares a los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador para que atiendan, orienten y garanticen la integridad de los familiares de los migrantes asesinados, secuestrados o desaparecidos en su tránsito hacia Estados Unidos –entre los que destacan las 72 personas masacradas en agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas–, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, destacó que el gobierno de México no ha logrado evitar la repetición de este tipo de hechos, ya considerados como sistemáticos y generalizados.

Durante una conferencia de prensa previa a su reunión con el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Trabajadores Migratorios y sus Familias, Felipe González Morales, el ombudsman capitalino detalló que los procesos de identificación de las víctimas han sido lentos y erráticos, lo que genera una violación a los derechos humanos de sus deudos, como en el caso de dos familias hondureñas que recibieron cuerpos de personas que no eran sus parientes.

Asimismo, lamentó que a la fecha se desconozcan los resultados de la investigación iniciada por el caso de la masacre en San Fernando, del que todavía falta identificar a 14 víctimas, a quienes hay que sumar los otros 193 restos de cuerpos encontrados en 46 fosas clandestinas en el mismo municipio.

González Placencia recalcó que es incomprensible que varios camiones de pasajeros hallan sido secuestrados sin que las autoridades se percataran, cuando desde diciembre de 2007 las carreteras y caminos de Tamaulipas eran vigiladas por 2 mil 35 miembros del Ejército, 750 efectivos de la Marina y 516 elementos de la Policía Federal, dentro del operativo conjunto Tamaulipas-Nuevo León.

Se requiere atención urgente

El ombudsman expresó que ante las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra de la población migrante y que requieren de una atención urgente por parte de los Estados y los organismos internacionales, diversas grupos en coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y la CDHDF solicitaron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos el pasado 13 de junio que emita algunas medidas cautelares a los cinco países.

Entre las peticiones destacan la solicitud de que México mantenga plenamente informado a El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador de las diligencias realizadas para la identificación de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas, que se otorgue orientación y atención médica sicológica y económica a las víctimas; que se apliquen los protocolos durante la investigación ministerial, y se conforme un grupo de expertos con ayuda de la Organización de Naciones Unidas para que apoye al gobierno mexicano en las pesquizas.

González Placencia estuvo acompañado por representantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Asociación Civil Sin Fronteras IAP, el Instituto para las Mujeres en la Migración y por el padre Pedro Pantoja, de la Casa del Migrante de Saltillo.

Felipe González hizo diversas preguntas a los defensores de derechos humanos



ONG a relator de la CIDH: cada año, 20 mil migrantes son secuestrados en el país

El INM informó al representante de la comisión los mecanismos de protección vigentes

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 26 de julio de 2011, p. 20

Organizaciones civiles de protección a los derechos de los migrantes denunciaron ante Felipe González, relator especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cerca de 20 mil personas son secuestradas cada año.

Lo anterior reporta 50 millones de dólares al crimen organizado, el cual actúa en colisión o con permiso de las autoridades; además, el problema alcanza la categoría de tragedia humana, agregaron.

Decenas de organizaciones de derechos humanos y de defensa de trabajadores migrantes expusieron a Felipe González las violaciones perpetradas por agentes estatales, las condiciones de detención, la violencia contra las mujeres, las agresiones sexuales, las extorsiones y la trata de personas.

El relator les preguntó si fueron consultados para la elaboración de la ley y su reglamento. La respuesta fue: Nunca nos consultaron; tuvieron que crearse grupos de trabajo y se ejerció presión hacia los partidos políticos en el Congreso porque querían aprobar una ley con mayor coerción, que incluía sanciones a las personas que emplearan migrantes.

También inquirió “cómo se hacen los aseguramientos”. Eso “no es alternativa –le respondieron–, sino regla general, y en realidad no son otras cosa que detenciones arbitrarias”.

Contradicciones legales

Además, el relator de la CIDH preguntó a las ONG cómo se hacen las visitas a las estaciones migratorias, a lo que respondieron que se les niega el acceso y no se permite que se hagan monitoreos de la situación de los derechos humanos, pues dan explicaciones ambiguas, pero no los dejan entrar.

Asimismo, González inquirió a los defensores si hay una verdadera defensa pública de los migrantes, a lo que respondieron: No, porque para que se pueda representar a un migrante se tiene que tener su firma y su aval, y como los mantienen detenidos y no permiten el acceso, no se puede hacer una verdadera defensa pública de ellos.

Sí, tiene problemas y contradicciones constitucionales, fue la respuesta de los defensores acerca de si la nueva Ley de Migración contiene fallas.

Además, las organizaciones defensoras entregaron un informe general sobre la situación de los derechos de los migrantes, en el que resaltan que las prácticas de control y regulación migratoria en México, disfrazadas de política migratoria, han acrecentado la condición de irregularidad y las rutas por las que ellos transitan y aumentan las posibilidades de que corran mayores riesgos como robos, violaciones sexuales, amenazas, extorsión y secuestros.

Insistieron en que reportes de organizaciones civiles señalan como perpetradores o coadyuvantes por acción u omisión de violaciones a los migrantes a las autoridades de los tres niveles de le gobierno, agentes migratorios, policías federales, estatales y municipales, pero también guardias de seguridad privados.

De igual forma hicieron énfasis en que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables, y sufren en mayor medida las agresiones. Hicieron notar que las deficientes políticas públicas traen como consecuencia una violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes que transitan por el país. México vive una crisis de proporciones alarmantes en ataques, asesinatos y explotación de éstos y sus familias.

Las ONG entregaron al relator informes complementarios con casos específicos de violaciones a derechos humanos e insistieron en que los secuestros persisten. Por ejemplo, se refirieron al informe de la Comiisión Nacional de los Derechos Humanos que da cuenta de que tan sólo en seis meses ocurrieron 11 mil 333 plagios en 2010, entre abril y septiembre.

Este martes, el relator de la CIDH asistirá a reuniones en el Congreso y también se presentará en la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. El 27 de julio realizará una visita Ixtepec, Oaxaca; el 28 a Tapachula, Chipas; el 30 estará en Tierra Blanca, Veracruz, y el primero de agosto en Reynosa, Tamaulipas.

Por otro lado, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, también se reunió ayer con el relator especial sobre los trabajadores migratorios de la CIDH, Felipe González, a quien reiteró el compromiso del Estado mexicano con las garantías humanas de estos trabajdores, además del fortalecimiento de las instituciones para que actúen en estricto apego a la ley y al respeto de los ciudadanos.

En un comunicado, la dependencia indicó que Blake Mora planteó a Felipe González la disposición del Estado para estrechar los mecanismos de cooperación con el organismo. Se informó también que hablaron sobre la atención a las recomendaciones hechas por la CIDH.

Antes del encuentro, González se reunió con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, y funcionarios del INM.

Gobernación afirmó que el relator de la CIDH preguntó a los funcionarios sobre la naturaleza de los refugiados y las condiciones de las personas migrantes en México. Beltrán del Río abordó el tema del fortalecimiento institucional del INM y explicó detalladamente los mecanismos de protección implementados.