Procuraduría Agraria falsifica padrones para hacerse de tierras en Xochimilco

Comuneros de San Francisco Tlalnepantla se niegan a ceder 300 hectáreas de bosque

Argucias de todo tipo para tener donde construir un cuartel para la Secretaría de Marina

La comunidad de San Francisco Tlanepantla, en la delegación Xochimilco, enfrenta una embestida institucional encabezada por el delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en Ciudad de México (CDMX), René Francisco Bolio Halloran, ante la negativa de los comuneros a ceder 300 hectáreas de bosque para construir un cuartel de la Secretaría de Marina (Semar). Para ello el funcionario ha intentado suplantar a los comisariados de Bienes Comunales legítimos por incondicionales suyos, falsificar padrones y convocar asambleas espurias para obtener la donación a Semar.

La última asamblea espuria, fallida como todas, fue convocada lejos de la comunidad, dentro de la base de Semar en Cuemanco, el pasado 10 de diciembre; no llegaron ni 40 comuneros, de los 330 que componen Tlalnepantla. Raymundo Rojas, presidente de Bienes Comunales, destaca la mala fe de Bolio Halloran, incluso cuando se han reunido con él en sus oficinas. Y esta comunidad no es la única donde el funcionario ha dividido asambleas y comisariados de bienes comunales en la región rural de la capital de la República Mexicana.

Eso confirmaron hoy los representantes de diversas comunidades, durante una concurrida reunión –en Tlanepantla– de la Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México (Aapcm), creada en diciembre por 15 comunidades originarias del sur de la Ciudad de México, y a la cual se están acercando otras. Similares maniobras han afectado a San Miguel y Santo Tomás Ajusco, San Nicolás Totolapan (Tlalpan), San Salvador Cuauhtenco (Milpa Alta) y San Juan Ixtayopan (Tláhuac), desde 2013, cuando Bolio fue nombrado delegado de la PA. En cada caso se señalan diversas prácticas irregulares y por lo menos dos comisariados legítimos declaran a La Jornada haber sido agredidos por oponerse a las maniobras de la PA en sus territorios. Fernando Arenas Ramírez, de Cuauhtenco, tiene enyesada la mano tras ser golpeado hace poco, mientras Raymundo Rojas, de Tlanepantla, terminó hospitalizado luego de sufrir una golpiza en marzo de 2017: ésta en el contexto del rechazo a la base de Semar.

Participan en la Aapcm comunidades rurales y semiurbanas de las delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tláhuac e Iztapalapa. Sus representaciones comunales coinciden en ser independientes de los partidos políticos. Todas enfrentan conflictos y presiones en sus territorios por autoridades federales (como las secretarías de Marina y de Desarrollo Agrario, Terrritorial y Urbano), de la CDMX y las delegaciones. Comparten pésimo suministro o despojo de agua, obras impuestas como la Línea 12 del Metro, tala clandestina, corrupción monetaria por autoridades y partidos, divisiones inducidas, amenazas.

El caso de la comunidad anfitriona es emblemático. Según resalta la representación de bienes comunales, significa la militarización directa de sus bosques. Todo inició el 11 de septiembre de 2016, relata Rojas. El comisariado saliente, Jacobo Pineda, intentó hacer la donación a Semar, pero la asamblea no lo permitió, y con su antecesor Víctor Flores creó un grupo para remover a la mesa nueva. No lo consiguieron pero no nos dejaban trabajar desde que entramos en diciembre.

El 17 de marzo de 2017 la PA y sus aliados Pineda y Flores recurrieron a sellos y firmas falsas para hacer otra convocatoria. Usaron nombres de fallecidos y personas que no estaban presentes, y apenas lograron 20 por ciento y la gente impidió la asamblea. En abril, añade Rojas, los contrarios me mandaron golpear; terminé en el hospital de Xoco.

El delegado Bolio recurrió a sellos y firmas falsas en un nuevo intento, esta vez fuera de la comunidad, en Santiago Tepalcatlalpan, el 11 de junio y como los comuneros se desplazaron al lugar y ante la pretensión de los mismos para participar en la asamblea y negar la donación el personal de la PA se retiró. El último intento, quisieron hacerlo, ya de plano, en un cuartel de la Armada.

Mario Alberto Vázquez, asesor legal de San Francisco Tlalnepantla, asegura: El delegado Bolio Halloran es el eje que articula todo. Se le ha denunciado ante instancias legales, pero parece que es intocable. Detalla que las tierras que se quieren enajenar poseen importancia biótica. El bosque comunal que se ha convertido en refugio de la fauna silvestre expulsada por el crecimiento urbano de la CDMX y el estado de México: venado cola blanca, gato montés, cacomixtle, gallina de campo, coyote, teposingo.

Por otra parte, expresa que las presiones también proceden de la Comisión de Recursos Naturales de la CDMX. La comunidad posee títulos virreinales desde 1537 y conserva mil 135 hectáreas, mientras unas 4 mil más están en disputa con Milpa Alta y Cuauhtenco. Resulta interesante constatar que, pese a sus diferencias, todos estos pueblos están hoy unidos.

Hermann Bellinghausen

 Periódico La Jornada

Denuncian a procurador de Quintana Roo por tortura

Sergio Caballero

CANCÚN, Q. Roo., (proceso.com.mx).- Abogados de Héctor Cacique Fernández “El Diablo”, presunto operador del Cártel del Golfo, denunciaron al procurador del estado, Gaspar Amado García Torres, ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunta tortura.

También fue denunciado el exdirector de la Policía Judicial (PJ) y actual titular de la Secretaria Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPT) de Benito Juárez (Cancún) Arturo Olivares Mendiola.

Cacique Fernández ha sido acogido por el “Protocolo de Estambul” luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) corroboró que ha sido víctima “de tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes”.

Con este dictamen de la CNDH, la defensa de Cacique Fernández presentó la denuncia ante la PGR contra García Torres y Olivares Mendiola.

Los defensores de Cacique Fernández indicaron que han sido documentados “dos momentos” de tortura contra su cliente, actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, y quien ha ganado dos amparos contra su detención.

Los litigantes refirieron que la primera tortura a la que fue sometido ocurrió en las instalaciones de la PJ, luego que fue consignado por la Policía Preventiva Municipal (PPM), acusado de ultrajes de la autoridad; actualmente está bajo proceso, acusado de ser uno de los autores intelectuales del homicidio del subsecretario de Conflictos de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Francisco Achach Castro, sobrino de la exalcaldesa de esta ciudad Magali Achach, así como de otras seis personas en el bar La Sirenita, en una colonia popular de este destino vacacional.

La segunda tortura, agregaron, fue cuando fue reaprendido afuera del Cereso de Chetumal, tras obtener su libertad, por haber ganado un primer amparo contra su detención.

Los abogados indicaron que la delegada de la PGR en Quintana Roo, Aurora Mora Morales, se negó a recibir la denuncia contra el procurador estatal y el exdirector de la PJ.

Por otra parte, indicaron que está en revisión ante un tribunal colegiado, el segundo amparo obtenido por Cacique Fernández a fin de obtener su libertad.

Confiaron que este tribunal confirme los abusos en contra de Caique Fernández y salga libre por segunda ocasión.

El pasado 10 de marzo, Cacique Fernández –detenido una semana después del múltiple asesinato– fue liberado tras obtener un primer amparo.

En aquella ocasión el Juzgado Segundo de Distrito dejó sin efecto el auto de formal prisión que le dictó el Juzgado Primero Penal de esta ciudad, por su presunta participación en el multihomicidio.

El juez federal desechó ese primer auto de formal prisión porque la PGJE inculpó a Cacique Fernández a partir de su propia confesión, obtenida bajo tortura.

No obstante, a sólo unos minutos de haber dejado la cárcel de Chetumal, “El Diablo” fue recapturado por agentes de la Policía Judicial del estado (PJE) y trasladado a esta ciudad.

El juez Cuarto Penal de esta ciudad, Alex Ramiro Buenfil Ayala, fue quien dictó el nuevo auto de formal prisión contra Cacique Fernández bajo la causa penal 98/2014 por el delito de homicidio.

A raíz de esa determinación, el acusado fue internado de nueva cuenta en el Cereso de Chetumal, y de inmediato sus abogados presentaron un nuevo amparo, esta vez ante el Juzgado Quinto de Distrito, que obtuvieron la semana pasada, por lo que confiaron que en breve su cliente sea liberado.

En su oportunidad, familiares de “El Diablo” denunciaron que fue aprehendido por órdenes del entonces director de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola –actual jefe de la policía municipal de esta ciudad–, a quien Cacique Fernández le exigió que le regresara los 75 mil pesos que le pagó a cambio de una plaza en esa corporación, que nunca le dio.

Acusa a la organización campesina Emiliano Zapata-Región Carranza

Continúa el despojo de sus tierras, según la comunidad Candelaria El Alto

Herman Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Jueves 12 de enero de 2012, p. 20

San Cristóbal de las Casas, Chis., 11 de enero. La comunidad Candelaria El Alto, municipio Venustiano Carranza, adherente de la Otra Campaña, denunció que continúa el despojo de sus tierras por parte de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (Ocez-RC). Ello, no obstante que el gobierno estatal indemnizó a la comunidad por las 98 hectáreas invadidas hace una década y que, pese a las exigencias, nunca fueron devueltas.

Estos invasores, luego de cosechar en nuestra tierra, ahora tienen su ganado pastando en nuestra propiedad y no dejan de hacer usos de sus armas de fuego, disparan constantemente a cualquier hora con el fin de seguir intimidando a nuestra comunidad, exponen los afectados en un comunicado.

Los habitantes de Candelaria El Alto, campesinos e indígenas del predio El Desengaño, tierra que nuestros padres y abuelos adquirieron con esfuerzos y sacrificios desde 1950, explican que sus ancestros compraron una porción de tierra sólo para vivir, fundando la comunidad Candelaria, conocida como la Pastoria, y es la misma superficie del mismo predio.

Y apuntan: En esta tierra nacimos y vivimos, en esta tierra moriremos defendiéndola porque la hemos trabajado desde hace muchos años. En ella descansa la memoria de nuestros abuelos y abuelas. Su posesión es legítima y legal, nos amparan nuestras escrituras públicas 2629, volumen 44 (San Cristóbal de Las Casas, 27 de noviembre de 1992, notaría pública 42) y 11.413, volumen 353 (Tuxtla Gutierrez, 14 de julio de 1997, notaría 16). Explican que escrituraron hasta dichos años porque poco a poco fuimos consiguiendo el dinero para los trámites.

Consideran grave la situación de despojo actual por la Ocez-RC. Esto, bajo la impunidad del estado de Chiapas, a más de 15 años de atropellos, golpes, robos, compañeros secuestrados, amenazados de muerte. Los invasores obligaron a vender o abandonar nuestra tierra. Afirman que recientemente el gobierno del estado liquidó el pago correspondiente a las 98 hectáreas en favor del grupo Tercera Ampliación San José La Grandeza, Ocez-RC.

El secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, en el momento de la liquidación dijo a los campesinos e indígenas legales de El Desengaño: Agradezco la voluntad de ustedes de solventar los problemas de más de una década. El funcionario admitió, apuntan, que no fue por voluntad propia, y que ustedes vendieron bajo presión. Reclaman al estado que las 98 hectáreas son solamente una mínima parte, y que de por sí debía hacerlo (la indemnización).

La comunidad de Candelaria denuncia: “El grupo Tercera Ampliación San José La Grandeza Ocez-RC, para el que el gobierno del Estado ha comprado las 98 hectáreas, resulta que son las mismas personas que se posesionaron el 6 de abril de 2011, en las 185 hectáreas de nuestra tierra de El Desengaño y que ahora denominan ‘Nuevo San José la Grandeza’, liderados por el mismo José Manuel Hernández Martínez, El Chema, y Uberlaín de la Cruz”. Los pobladores de Candelaria responsabilizan a estos líderes de Ocez-RC de todo lo que está pasando.

Añaden que desde esta segunda invasión oceísta han pasado nueve meses sin poder trabajar, ya perdimos la cosecha, y advierten: ya no seguiremos aguantando pasando hambre, este año trabajaremos nuestra tierra, queremos que este conflicto no se agrave, exigimos solución inmediata porque la tierra no se vende.

Demandan al gobierno de Chiapas que garantice que sus tierras restantes queden libres sin afectación, sólo estamos exigiendo solución y respeto por el bienestar y tranquilidad de ambas partes; queremos justicia, y que sea reconocido nuestro derecho.

Completo, el consejo consultivo de la CNDH con la elección de cuatro integrantes

Cita el Senado a Luege Tamargo con base en la reforma sobre derechos humanos

Deberá explicar por qué se niega a atender la recomendación en torno a inundaciones de Tabasco

Más de mil 500 habitantes de la comunidad Boca de Chilapa, municipio de Centla, Tabasco, permanecieron anegados más de 15 días sin recibir ayuda de ninguna autoridadFoto Alfredo Domínguez

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Viernes 9 de diciembre de 2011, p. 45

Con base en la reforma constitucional sobre derechos humanos, el Senado citó a comparecer al director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege, a fin de que explique a ese órgano legislativo por qué su negativa a cumplir con la recomendación 61/22011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en torno a los damnificados en Tabasco por las inundaciones de 2010.

Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, solicitó en un escrito dirigido al presidente del Senado, el panista José González Morfín, que se llamara a comparecer al director de Conagua por no acatar la recomendación referida, y dijo a dicha cámaraa que en dos ocasiones anteriores Luege tampoco aceptó las recomendaciones 54/2011, referida a la contaminación del río Usumacinta, y la 12/2010, relativa a la descarga de residuos químicos en el río Santiago, en Jalisco, que provocó la muerte de un menor.

Luege Tamargo es el primer funcionario citado por el Senado para que explique su negativa a aceptar la recomendación de la CNDH, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

El ombudsman nacional sostiene en el escrito enviado al Senado que servidores públicos de Conagua vulneraron en agravio de las 5 mil 710 víctimas, los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, propiedad, posesión, trato digno, vivienda adecuada y desarrollo, porque existieron irregularidades en cuanto a la actuación de esa comisión en relación a las evacuaciones y demoliciones de viviendas en las que su personal participó.

El documento señala que la Conagua no logró demostrar fehacientemente que todas las personas que resultaron afectadas con motivo de la construcción de canales de alivio, fueron notificados oportunamente y se advirtió la posible existencia de prácticas que no han estado encaminadas a prevenir la corrupción dentro de dicha institución.

Por otra parte, durante una reunión de trabajo de la comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside Rosario Ibarra, se eligió ayer a los cuatro integrantes del consejo consultivo de la CNDH que faltaban.

Se trata de los empresarios Alfredo Achar Tussie y Marcos Fastlich –suegro de Emilio Azcárraga–; Jorge Bustamante, relator de la Organización de las Naciones Unidas para migrantes e investigador de El Colegio de la Frontera Norte, y la embajadora y consultora internacional, Carmen Moreno Toscano.

Con los nuevos nombramientos el Senado renovó en su totalidad a los integrantes de dicho consejo. El consejero Miguel Carbonell, jurista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México no fue ratificado, con el argumento de que llevaba cinco años en el cargo.

La elección de los cuatro integrantes del consejo dejó sin efecto la elección que el año pasado realizó esta comisión en favor de Itzel Checa y José Antonio Ortega, este último muy cuestionado por su militancia en organismos de ultraderecha.

Los senadores Cleominio Zoreda (PRI) y José Luis García Zalvidea (PRD) comentaron que fue una elección difícil, ya que la mayoría de los 30 aspirantes reunía los requisitos pedidos.

Esperan su separación temporal para que afronte averiguación de PGR

Piden diputados la remoción de Salvador Vega Casillas

Estaría involucrado junto con su esposa en extorsiones a gasolineros

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Miércoles 7 de diciembre de 2011, p. 22

El pleno de la Cámara de Diputados solicitó a Felipe Calderón Hinojosa que separe de su cargo de manera temporal al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, con objeto de ser investigado por la PGR y la contraloría interna de la secretaría citada por el delito de extorsión a gasolineras.

El presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero (PVEM), dio a conocer que en la PGR existe una averiguación previa iniciada a la esposa de Vega Casillas, Gladis López Blanco, y el Ministerio Público Federal solicitó ya al secretario que entregue las declaraciones patrimoniales de él y su esposa, porque tienen a su nombre cuentas bancarias mancomunadas.

Escudero recordó que el pasado 20 de mayo el vocero de la PGR anunció que no existía averiguación previa en contra de la esposa de Vega Casillas; no obstante, meses después él obtuvo información contraria a la vertida oficialmente y ahora se descubre la que manifiesta el seguimiento a una averiguación con número AP/PGR/UEIDT/SPM28.

“En ella está involucrada la señora Gladis, que incluso ya ha sido declarada y ya está aportando pruebas. Además de ello, me informaron que las cuentas que están siendo investigadas están en forma mancomunada con el secretario de la Función Pública, con el zar anticorrupción. Es decir, está siendo investigado también.”

De tal forma emitió un exhorto a Calderón para que separe de manera temporal de su cargo al secretario de la Función Pública en lo que se lleva a cabo esta averiguación previa.

Tras aprobarse la solicitud por la mayoría del pleno –a excepción del PAN–, el priísta César Augusto Santiago endureció el tono, porque “no me parece el punto de acuerdo suficiente, creo que es conveniente que este hombre se retire temporalmente de la función y puedan analizarse los graves pecados que ha cometido. Pero quisiera también decirles que es urgente formularle al señor secretario un juicio político.

Vean ustedes una enumeración de los temas que ya le entregamos y este es el momento que no se ha dignado contestar a una sola de ellas: la Estela de Luz, el fideicomiso del bicentenario, las reservas del Seguro Social invertidas en rescate de empresas quebradas.

Comparecencia de Salvador Vega Casillas ante la Comisión Permanente del Congreso, el 17 de agosto de 2011Foto María Meléndrez Parada

Para el doctor Jaime Fernando Cárdenas (PT), el de Vega Casillas se trata de “un caso muy grave de corrupción, que involucra presumiblemente a la esposa del secretario de la Función Pública cuando ella era funcionaria, era subprocuradora de la Procuraduría Federal del Consumidor, y tenía a su cargo la verificación de las gasolineras del país.

Por la importancia de este acto de corrupción, por extorsionar a miles de empresas gasolineras del país, es importante que el secretario de la Función Pública se separe temporalmente del cargo, porque hay procedimientos de responsabilidad administrativa y de responsabilidad penal en curso, en donde él tendrá o tendría que intervenir.

El perredista Avelino Méndez extendió el reclamo a otros funcionarios públicos cercanos a Felipe Calderón. A un año de que concluya el gobierno del presidente espurio Calderón, tenemos un desastre en el país. Tenemos escándalo tras escándalo y los integrantes de la bancada del PAN, de forma frívola, simplemente dejan pasar las cosas. Deberíamos estar pidiendo no solamente que se separe de su cargo el secretario de la Función Pública, sino la secretaria de Relaciones Exteriores, y también Genaro García Luna, porque tenemos en el país más de 50 mil muertos.

La respuesta del PAN la dio Marcos Pérez Esquer, quien a pesar de las evidencias calificó de calumnias los señalamientos contra Vega Casillas. Lamentablemente estamos aquí frente a toda una calumnia: una calumnia contra el secretario de la Función Pública y una calumnia contra la esposa del secretario. Entendemos que la coyuntura electoral haga arder los ánimos beligerantes de algunos integrantes de partidos políticos que se ven en la necesidad de recurrir a la calumnia y a la difamación con la intención de ganar el respeto de la sociedad.

Con el perdón se borran antedecedentes, se sobresee el juicio y se archiva el caso

Liberan a Jonás Larrazabal; desisten de la acusación de chantaje en su contra

No hubo reparación del daño por un millón 135 mil pesos y 30 mil dólares que reclamaban

Jonás Larrazabal, el día en que lo trasladaron al penal de Cadereyta, Nuevo León, por el delito de chantajeFoto Notimex

María Alejandra Arroyo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 15 de noviembre de 2011, p. 16

Monterrey NL, 14 de noviembre. Unas horas después de que los dueños del casino Red desistieron voluntariamente de su denuncia por el presunto delito de chantaje en contra de Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón, el primero fue notificado de su liberación del Centro de Desarrollo Comunitario (Cedeco) del municipio de San Nicolás, donde se le recluyó mientras se desarrollaba el proceso en el juzgado segundo de lo penal, con sede en esta capital.

Yo no he hablado con él, pero entiendo que ya está fuera de la cárcel, dijo Fernando Larrazabal, entrevistado respecto de la excarcelación de su consanguíneo.

El apoderado del casino y socio del mismo, Víctor Aldo García Gómez, se presentó ante el juez José Luis Pesina y desistió en nombre de los dueños del establecimiento, quedando en el expediente 197-2011 constancia de que no hubo reparación del daño por un millón 135 mil pesos y 30 mil dólares que le reclamaron a Jonás en septiembre anterior, cuando presentaron su denuncia ante la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.

El desistimiento dejó a Jonás Larrazabal en la posibilidad de recuperar su libertad y abandonar el Cedeco de San Nicolás, donde se le recluyó el 20 de octubre. El perdón también permitirá borrar sus antecedentes penales por el supuesto crimen que se le imputó, además de que el juicio quedará sobreseído y archivado el proceso criminal en su contra.

Durante la diligencia, el abogado Víctor Aldo García dijo ante el personal del recinto judicial que recibió instrucciones de los socios del casino Red de desistir del juicio en contra del hermano del edil capitalino.

García Gómez fue quien presentó la denuncia por chantaje contra Jonás, a quien en su momento acusó de exigir dinero al casino, a cambio de dejarlo operar. Luego del desistimiento, no podrá haber ninguna reclamación posterior.

El juez segundo penal de Monterrey, José Luis Pesina, dictó el sobreseimiento del expediente y ordenó la inmediata libertad de Larrazabal Bretón. El secretario de primera instancia del juzgado, Jorge Gisifredo Yáñez Alemán, arribó al Cedeco poco antes de las 16 horas para notificar el auto de libertad a Jonás Larrazabal.

Poco después el defensor de Jonás, Carlos Soto, argumentó que los dueños del casino desistieron porque no pudieron comprobar las cantidades de dinero que aseguraron haber entregado al detenido, y decidieron hacerlo para no incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad.

Sin embargo, el defensor recordó que Jonás Larrazabal, antes de ser aprehendido, levantó una denuncia por difamación contra quien resulte responsable, y la procuraduría tendrá que continuarla.

Por su parte, el vocero de seguridad estatal, Jorge Domene, dijo que Sergio Gil fue invitado a declarar en diversas ocasiones, en su calidad de parte afectada, sin que hubiera acudido. El funcionario descartó que la liberación de Larrazabal Bretón fuera producto de una falla en el proceso penal, y aclaró que la averiguación por cohecho en contra de Jonás sigue abierta por parte de la procuraduría estatal.

Fernando Larrazabal confirmó que el procedimiento contra su hermano no ha concluido, y confió en que sea liberado del juicio de cohecho y delincuencia organizada.

Denuncia Human Rights Watch desapariciones y tortura en México

TIEMPO REAL

En un reporte de 229 páginas que se le entregó al presidente Felipe Calderón, la organización internacionales examinan las consecuencias para los derechos humanos en la lucha contra los cárteles de narcotráfico que operan en el país. “En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (VER INFORME COMPLETO)

Por: Redacción / Sinembargo

VER INFORME COMPLETO AQUÍ

En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 229 páginas, “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos carteles de narcotráfico que operan en México. A través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.

“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Una delegación de Human Rights Watch presidida por Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, y por Vivanco presentó el informe al Presidente Calderón, a miembros del Congreso mexicano y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a organizaciones de la sociedad civil.

Poco tiempo después de asumir la presidencia en diciembre de 2006, Calderón declaró la “guerra” contra la delincuencia organizada y convocó al Ejército mexicano a participar en la lucha contra los carteles, a pesar de los extensos antecedentes de abuso e impunidad de esta institución. Más de 50.000 soldados fueron asignados a esta iniciativa, además de miles de miembros de la Marina, de la Policía Federal y de fuerzas de policía estatales y locales.

En los cinco estados relevados – Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco – Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los carteles. El informe también contiene evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos.

Human Rights Watch analizó datos recabados a través de más de 200 entrevistas efectuadas a víctimas y autoridades, 60 pedidos de información pública y del examen de un amplio espectro de estadísticas oficiales. Si bien la incidencia de las violaciones graves de derechos humanos ha aumentado drásticamente en el contexto de las medidas adoptadas por México contra el narcotráfico, no sucedió lo mismo con la investigación y el juzgamiento de estos abusos, según comprobó Human Rights Watch.

Esto se debe, en parte, a que los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles continúan siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado en sus pronunciamientos que estos abusos deben ser investigados en la jurisdicción penal ordinaria, y que los tribunales militares carecen de la imparcialidad y la transparencia necesarias para juzgar a sus propios miembros. El resultado de esta práctica ha sido una impunidad casi total, afirmó Human Rights Watch. En los cinco estados relevados, entre 2007 y abril de 2011 los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 1.615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles. Ni un sólo soldado ha sido condenado en estos casos.

Los agentes del Ministerio Público civil tampoco han adoptado medidas básicas – como entrevistar a testigos clave o visitar la escena del crimen – para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por policías y otros funcionarios civiles. Por ejemplo, según información solicitada al Ministerio Público estatal en los cinco estados relevados, se presentaron cientos de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes ante las comisiones de derechos humanos de los estados. No obstante, ningún funcionario ha sido acusado en estos estados por hechos de tortura.

“Estos abusos casi nunca se investigan adecuadamente pero, a pesar de ello, es común que las autoridades se refieran a las víctimas como delincuentes y asuman que sus denuncias son falsas”, expresó Vivanco. “Como resultado, las víctimas y sus familiares no tienen otra opción que impulsar sus propias investigaciones para reivindicar a sus seres queridos”.

En varias oportunidades, el Presidente Calderón ha declarado públicamente que el 90 por ciento de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico – que su gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 y enero de 2011– eran delincuentes. No obstante, datos obtenidos por Human Rights Watch permiten dudar de la fiabilidad de estas afirmaciones. La Procuraduría General de la República, que cuenta con facultades constitucionales para investigar penalmente los homicidios vinculados con la delincuencia organizada, indicó a Human Rights Watch que solamente había iniciado 997 investigaciones de este tipo de homicidios entre 2007 y agosto de 2011. Y, según la justicia federal, los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Human Rights Watch comprobó que un amplio espectro de funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos. Entre ellos se incluyen jueces que admiten pruebas conseguidas posiblemente mediante tortura, agentes del Ministerio Público que obtienen “confesiones” de acusados que son mantenidos incomunicados en bases militares, y peritos

médicos que omiten o minimizan lesiones cuando examinan a los detenidos.

El informe formula recomendaciones específicas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial destinadas a abordar los abusos documentados en el informe, incluidas las siguientes:

• El Congreso debería reformar el Código de Justicia Militar para impedir que las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles se lleven a cabo en la jurisdicción militar; y los procuradores generales de justicia de la República y de los estados deberían tomar la iniciativa de investigar todos los casos de posibles violaciones de derechos humanos, incluidas aquellas supuestamente cometidas por el Ejército.
• Los funcionarios públicos deberían abstenerse de efectuar declaraciones en las cuales desestimen las denuncias de abuso antes de que éstas hayan sido investigadas, así como de afirmar que las víctimas de abusos son delincuentes antes de que hayan sido condenadas por algún delito.
• Los jueces deberían hacer cumplir la prohibición de emplear pruebas obtenidas mediante tortura, y los legisladores deberían derogar las disposiciones legales – como el arraigo y otras normas excesivamente amplias que permiten la detención de personas in flagrante (mientras cometen un delito) – que facilitan el abuso de los detenidos.
  “El gobierno mexicano se enfrenta a carteles que han cometido crímenes aberrantes contra oficiales y civiles por igual”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, en su respuesta, las fuerzas de seguridad deben actuar empleando un estándar diferente, no sólo porque el respeto de los derechos es lo correcto, sino porque además es indispensable para asegurar el éxito de cualquier estrategia para mejorar la seguridad pública”.

La gramínea criolla, vital para enfrentar el cambio climático y el hambre, advierte la UCCS

Preocupa a mil científicos y a la ONU el uso de maíz transgénico

Llaman a Iniciativa México a no premiar el proyecto Maíces Mexicanos, financiado por la trasnacional Monsanto, debido a que traería un serio riesgo de contaminación por flujo génico

Un agricultor muestra una mazorca dañada por las lluvia en el departamento de Cuscatlán, municipio de Suchitoto, ubicado a 76 kilometros al norte de San Salvador. Las lluvias torrenciales en Centroamérica obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares. Los medios locales informaron que el gobierno salvadoreño atenderá la catástrofe humana con la distribución de alimentos en los refugiosFoto Reuters

Angélica Enciso

Periódico La Jornada
Martes 25 de octubre de 2011, p. 40

El maíz criollo, del que México es centro de origen, ya que aquí se encuentran 59 de sus razas, no sólo es el cultivo más importante en el mundo y forma parte del patrimonio cultural y alimentario de la humanidad, sino que también servirá para hacer frente al cambio climático y el hambre, sostuvo Antonio Turrent, vicepresidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).

Aseveró que gran parte de la siembra que se hace en el país es de las razas nativas, por lo que de acabar con ellas y sembrar maíz transgénico significaría una producción cercana a cero del grano criollo en esas áreas.

No habrá manera de detener el flujo genético de los maíces transgénicos, por lo que se extenderá a todo el país en un camino sin retorno. Los granos genéticamente modificados tampoco representan más productividad y sí ponen en riesgo a los maíces mexicanos, señaló.

Greenpeace, Semillas de Vida y Raúl Hernández –ganador de Iniciativa México 2010–, señalaron que ya se ha detectado maíz contaminado por transgénicos, con lo que se pone en riesgo la condición privilegiada de México como reservorio genético.

Entidades internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, han mostrado su preocupación por la contaminación génica si se introducen cultivos transgénicos en los centros de origen, por ejemplo, la papa transgénica en Bolivia o el maíz transgénico en México. Llamaron al programa Iniciativa México a no permitir que se contamine con la premiación del proyecto Maíces Mexicanos, el cual, aseguraron, ha sido financiado por Monsanto, empresa trasnacional que busca comercializar semillas transgénicas en el país, las cuales plantean un serio riesgo de contaminación por flujo génico hacia los maíces mexicanos.

Alrededor de mil científicos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por los riesgos del uso de maíz transgénico en México, y hasta el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, planteó en su recomendación oficial el regreso a la moratoria sobre las pruebas de campo y en el cultivo comercial de maíz transgénico, con la finalidad de proteger la biodiversidad de las gramíneas.

Los consumidores seremos afectados, pues se pone en peligro el principal alimento que nos provee de 55 por ciento de ingesta calórica diaria y 22 por ciento de la proteína a los mexicanos. También coloca en peligro la producción y variabilidad que permite la riqueza de platillos mexicanos, para cada uno de los cuales se requiere una variedad específica, dijo Adelita San Vicente Tello, de Semillas de Vida.

Además, está demostrado que la coexistencia de maíces transgénicos y no transgénicos no es posible. Es muy grave que industria y gobierno hagan falsas promesas a los problemas del campo, como son los maíces transgénicos tolerantes a sequía. Es sabido por Monsanto y por los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que dichos maíces acabarán en la lista de promesas fallidas de la tecnología de los transgénicos: mayor rendimiento y menor uso de agroquímicos., dijo a su vez Alejandro Espinosa, de la UCCS.

Fue acusado falsamente de secuestro hace 4 años: Pro Juárez

Analizará la Corte las anomalías cometidas en el proceso contra un joven mazahua

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Viernes 21 de octubre de 2011, p. 17

“No sé si porque somos humildes, de bajos recursos, de una etnia, la mazahua… si eso es un problema y por eso Hugo está en la cárcel”. Más de cuatro años han pasado desde que este joven fue aprehendido y para su madre, Rosalba Ramírez, resulta incomprensible que haya sido sentenciado a más de 40 años de prisión, a pesar de que las acusaciones de secuestro y portación de armas prohibidas son falsas.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez asumió la defensa de Hugo Sánchez Ramírez, de 23 años de edad, luego de verificar las irregularidades cometidas en el juicio, entre otras, que el indígena fue acusado falsamente por las víctimas del secuestro, mismas que ante el juez de la causa se retractaron y en una audiencia reconocieron que mientras estuvieron en cautiverio no pudieron ver a sus captores.

No obstante la evidencia que el juzgador tuvo a la vista con esto y las contradicciones en que incurrieron los policías del estado de México, que falsamente aseguraron haber participado en la detención de Hugo, así como la carencia de pruebas respecto a que el procesado haya accionado arma alguna, entre otras irregularidades, el juez sexto de primera instancia condenó a Hugo a 37 años y seis meses por el delito de secuestro, mientras el juez cuarto de distrito en materia de procesos penales lo sentenció a cinco años de prisión por portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Y eso, explicó el abogado Leopoldo Maldonado, del Centro Pro, luego que se cambió la acusación inicial que se limitaba a portación de arma prohibida, del fuero local, por la de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, tipificado como grave y del ámbito federal.

Las sentencias fueron ratificadas en una segunda instancia y de ahí pasaron a tribunales colegiados que resolverían la demanda de amparo directo. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el pasado miércoles atraer el caso y resolver en definitiva.

En conferencia de prensa, Simón Hernández, también abogado del Centro Pro, estimó que la resolución de los ministros podría darse en el transcurso de los siguientes seis meses. Ambos litigantes confiaron en que se resolverá en favor de Sánchez Ramírez y que los ministros declararán la nulidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que se omitió la presunción de inocencia del inculpado y tampoco tuvo acceso al debido proceso.

Recordaron que el máximo tribunal ya ha tenido resoluciones en este sentido con la liberación de las indígenas de Querétaro Alberta Alcántara y Teresa González, y los campesinos ecologistas de Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Para Antonio Sánchez, padre de Hugo, la intervención del Centro Pro es la última oportunidad que tiene su hijo para comprobar su inocencia. Lo que sigue es que “se estudie bien el caso y se vea la realidad de las cosas.

Nosotros éramos gente trabajadora. Hugo me ayudaba a trabajar para sostener a la familia, era con quien más estaba en las labores del campo. Su aprehensión y todo lo que ha pasado en estos años nos ha destrozado la vida, pero creemos en la justicia. Si alguien comete un delito que lo pague, estoy de acuerdo, pero no lo estoy con las injusticias, señaló.

Analiza si solicita al Senado citar a comparecer a García Luna

Rechazó dos recomendaciones la SSP federal, reporta la CNDH

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 8

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal rechazó las recomendaciones 46/2011 y 43/2011, y anunció que evaluará si tiene facultades para solicitar a la Cámara de Senadores que cite a comparecer al titular de esa dependencia, Genaro García Luna, con el propósito de que explique el por qué de esa negativa.

La CNDH emitió la recomendación 43/2011 el 30 de junio, que se refiere a la desaparición forzada de tres personas (cuyos nombres no reveló el organismo, para protegerlas) en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua.

En esa recomendación se indica que el 29 de diciembre de 2009, dos personas estaban en un vehículo cuando fueron abordados por un grupo de militares, vestidos con uniformes camuflados de color caqui y armas de grueso calibre, que los detuvo y los trasladó a un lugar desconocido. En otro sitio de la misma localidad, un grupo de soldados irrumpió en un domicilio de donde se llevaron a otra persona.

El 11 de agosto pasado, la CNDH emitió la recomendación 46, relacionada con el agravio de un reo preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, quien fue liberado un año y cuatro meses después de la fecha en que debió salir de prisión (el 12 de mayo de 2005). La CNDH solicitó adoptar las medidas necesarias para indemnizar y reparar el daño.

En un comunicado, la CNDH informó que, en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor el pasado 11 de junio, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos.

Explicó que la solicitud de que comparezca el titular de la SSP federal para que explique por qué no acepta recomendaciones, se basa en el segundo párrafo, apartado B, del artículo 102 de la Constitución, el cual señala que cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

El Senado o, en sus recesos, la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Amenazan a la mujer con quitarle a su hijo si no abandona huelga de hambre

Torturan y encarcelan a pareja tzotzil por un secuestro que no se cometió

Joven se fugó con su novio; presumen que su padre pagó para que aprehendieran al matrimonio

Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 18

Alfredo López Jiménez, en huelga de hambre desde el 29 de septiembre en el penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y su esposa, Rosa López Díaz, en ayuno, fueron sentenciados a 27 años de prisión por un secuestro que nunca existió.

Originario de Chimhukóm, municipio tzotzil de Mitontic, Alfredo fue detenido junto con Rosa el 10 de mayo de 2007 en San Cristóbal por hombres que no se identificaron y los torturaron.

Alfredo, solidario de la Voz del Amate, de la otra campaña, narra: “Cuando habíamos pasado por torturas, nos dijeron que nos estaban llevando por prestarle la casa a un amigo, que había ido ahí con Claudia Estéfani Gómez Méndez, a quien mi primo Juan Collazo había enamorado y ‘robado’, que según las costumbres es cuando una muchacha se va con un hombre sin que éste pague el dote a los padres; esto no es un secuestro. La hermana de Claudia anteriormente había hecho lo mismo con otro hombre”.

Le preguntaron por la joven, y contestó que estaba con su marido, Juan. Lo llevaron a la casa y lo dejaron amarrado en el carro. Juan y Claudia estaban comiendo. A él lo detuvieron y a Claudia un policía le dio una cachetada. Después me llevan con los ojos vendados a un lugar donde escuché los gritos de alguien que estaba pasando por la tortura.

Le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y una franela húmeda en la boca para asfixiarlo. Recibió golpes y toques eléctricos para que confesara que obtuvo 600 mil pesos. El mismo 10 de mayo lo trasladan al Ministerio Público (MP). Allí les advirtieron a él y su mujer: Si no se confiesan culpables, los vamos a matar.

Estábamos tan heridos y cansados que nos confesamos culpables, cuenta Alfredo, quien pasó 15 días en cama sin atención médica. El MP lo obligó a firmar hojas en blanco y otras que no leyó. No tuvo abogado ni traductor. El 12 de mayo lo trasladaron al penal de San Cristóbal de las Casas. No declaró ante personal del MP. El médico encargado de su revisión “nunca vio los golpes que traía, ni que mi testículo estaba desbridado.”

Rafael Gómez Santis (padre de Claudia, la supuesta víctima) los acusó de secuestro, ya que su hija era menor de edad. Según Alfredo, ésta optó por irse de casa el 9 de mayo con su novio. Sospecha que Gómez Santis pagó entre 20 y 40 mil pesos para que los sentenciaran. Durante el proceso, Alfredo, Rosa y sus primos Pedro y Juan solicitaron careos y presentaron testigos, recolectando firmas de que son personas honorables. Fue inútil.

El 13 de abril de 2010 se ratificó la sentencia y lo trasladaron sin motivo al penal de Tonalá, donde Alfredo y tres presos más realizaron una huelga de hambre del 4 de noviembre al 6 de diciembre. Así consiguió regresar al penal de San Cristóbal. El secretario de Gobierno Noé Castañón le mandó decir que saldría libre en dos meses. Han pasado diez.

Alfredo y Rosa tienen dos hijos, de cuatro y dos años; el primero, quien vive con familiares, nació en el penal con parálisis cerebral, causada presumiblemente por la tortura. El segundo vive con ella en la cárcel.

Rosa, de 34 años, también fue torturada y golpeada en el estómago hace cinco años. Pidió que pararan porque estaba embarazada pero no pararon. La desnudaron, amenazando con violarla si no admitía el secuestro. Cómo voy a decir algo que no he hecho, les replicó. Uno de los agentes la tiró al piso y otros dos la agarraron. Rosa cuenta que en ese momento dijo: no me violen, estoy embarazada y sus agresores prometieron: Si dices que lo hiciste, no te hacemos nada. Entonces Rosa admitió todo, aunque era falso, ni siquiera conocía a la secuestrada.

Ella ha denunciado en varias ocasiones las condiciones del sector femenil de la cárcel. Ahora la amenazan con quitarle a su hijo menor si no deja el ayuno.

Se trata de evitar "descortesías", señalan PRI, PAN y PRD

Galván comparecerá ante los diputados en su propia oficina

Aprueban dictamen sobre cancelación de permisos para portar armas

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Miércoles 12 de octubre de 2011, p. 12

Con los votos de PRI, PAN y PRD, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados decidió que desahogará la comparecencia del secretario del ramo, general Guillermo Galván Galván, en un desayuno en las oficinas del funcionario el miércoles de la próxima semana.

El único voto en contra fue el del diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT), quien ironizó: Estamos ante un caso único de que son los diputados quienes comparecen ante el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no, como define el artículo 69 de la Constitución, de que los secretarios de despacho deben comparecer ante el Poder Legislativo.

El principal argumento para acudir al despacho del general Galván fue que convocarlo a comparecer en el contexto de la glosa del quinto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, podría originar descortesías de algunos diputados hacia el secretario de la Defensa.

Asimismo, la comisión aprobó un dictamen para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que incluye como causal de cancelación de licencias para portar armas el que el poseedor cometa un delito doloso contra su cónyuge o algún miembro de su familia.

Esa reforma se aleja de la iniciativa que presentó la diputada Arcelia Cruz Cruz (PRD), quien propuso cancelar la licencia para portar armas a quien ejerza violencia contra alguna mujer o contra algún miembro de la familia.

También en este punto el único voto en contra fue el de Ibarra Pedroza, quien argumentó que el cambio distorsiona el proyecto de la legisladora perredista, porque el problema que pretende zanjar la iniciativa trasciende el ámbito de los actos individuales consumados, susceptibles de sanción penal, para entrar en el terreno de la prevención, la no repetición de conductas, la integralidad de los derechos humanos y las acciones afirmativas para revertir la inequidad histórica que han sufrido las mujeres.

El dictamen, sostuvo, no toma en cuenta el componente de agresión sicológica que entraña la violencia intrafamiliar, y en especial la de género.

Ibarra consideró que el documento asumió la postura de las instituciones militares (que) son sumamente reacias a entender las implicaciones simbólicas y culturales de los temas de género.

Centroamericanos narran agresiones cometidas por criminales y funcionarios mexicanos

Sicilia pide a migrantes el perdón que debería venir de nuestros gobernantes

Llegada de la Caravana por la Paz a la fronteriza Ciudad Hidalgo, ChiapasFoto Moysés Zúñiga Santiago

Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 14

Frontera México-Guatemala, 14 de septiembre. En la línea fronteriza, Camila Meléndez, maestra hondureña, relató su amarga experiencia en su empeño por cruzar territorio nacional. Narró que integrantes de Los Zetas intentaron violarla, pero la salvó su llegada al albergue Hermanos en el Camino, del sacerdote Alejandro Soalinde. Es tan sólo uno de los miles de casos de horror que padecen los migrantes diariamente en México.

Meléndez es escuchada por Javier Sicilia, de la Caravana por la Paz, cuyo peregrinar llegó hoy a los confines nacionales, con sus mantas y decenas de fotografías de víctimas de todo México que han cargado en las dos movilizaciones que han realizado.

Han venido a pedir el perdón que debería venir de nuestros gobernantes, no por la guerra contra el narcotráfico, que ha sido el escenario que les ha arrancado a sus familiares, sino por la otra guerra, la del crimen organizado, con la complicidad o complacencia de las autoridades migratorias, contra los centroamericanos.

Les pedimos que nos perdonen por no haber levantado la voz antes, no haber tenido la conciencia necesaria para impedir el secuestro y asesinato de familias mexicanas y centroamericanos, humillando la dignidad humana, expresó Sicilia.

Vergüenza ante calvarios

Fue un discurso sin tregua contra la actuación de las autoridades, pues para vergüenza nuestra aquí no comienza la posibilidad de una vida mejor que sus gobiernos les han negado, sino sus calvarios.

Ante esos actos despreciables (...) de bandas de asesinos a quienes apoyan autoridades cómplices, (queremos) decirles que su dolor nos duele y nos pesa, dijo.

El poeta añadió que “México no tiene cara ya para presentarse como el país solidario de los tiempos de la Guerra Civil española o de las masacres de las dictaduras latinoamericanas, cuando era ejemplo de solidaridad.

Hoy en las calles de México se secuestra, se asesina, se comercia con vidas y desaparecen hermanos nuestros centroamericanos, frente al cinismo y complicidad de las autoridades.

Criticó los actos de cobardía, despreciables, cometidos por asesinos con la complacencia o complicidad de las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Condenó la vergonzosa actuación del Estado mexicano, incapaz de ofrecer garantías a quienes cruzan el país.

Sobre el puente fronterizo, representantes de organizaciones guatemaltecas lo habían esperado todo el día para patentizar el respaldo a su causa, para condenar conjuntamente las atrocidades que se cometen contra los indocumentados centroamericanos que huyen de la pobreza de sus países.

Este miércoles, desde su llegada a Ciudad Hidalgo, la última ciudad mexicana antes de la frontera con Guatemala, la agenda de la caravana se centró en denunciar los abusos a migrantes.

Con el rostro ennegrecido de pintura, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos participaron en la marcha de la caravana.

El negro es expresión de cómo nos ven las autoridades mexicanas, murmura un hondureño antes de narrar asaltos y abusos de la migra mexicana.

Originalmente la caravana pretendía concentrarse en el poblado de Tecum Uman, Guatemala. La actuación trasnacional de la delincuencia organizada disuadió a los organizadores de cruzar la frontera. No hay condiciones, señalaron. Luis Guzmán, de la Central Unitaria Campesina de Guatemala, admite en entrevista, antes de la llegada de Sicilia: “ya hay mucho zeta por acá”.

Relativamente breve, en el encuentro fronterizo se condenan no sólo las consecuencias de la migración, sino también se reprueban sus causas. Hacia las 21 horas se realizó un nuevo mitin en Ciudad Hidalgo, donde un hondureño que no se identificó acusó sin matices a la migra mexicana de ser la más corrupta de todas las autoridades.

Recordó su azaroso paso por México, que terminó en Tamaulipas, donde fue secuestrado por el crimen organizado, que obligó a sus familiares a pagar rescate.

Vi cosas horrorosas. A un joven le cortaron el dedo para presionar a su familia a pagar, y vimos también la violación de una mujer en medio de todos nosotros, sin poder hacer nada por el amago de darnos un tiro.

Se cuentan todas las historias de abusos a migrantes, en las que el crimen organizado y la autoridad migratoria actúan con la misma impunidad para asaltar, vejar, secuestrar a los migrantes.

Pernocta en Ixtepec

La víspera, aún en el poblado oaxaqueño de Ixtepec, el estruendo del pitar de la Bestia –que desgarra el silencio de la noche– anunciaba su llegada a esa comunidad, paso obligado de centroamericanos. Para algunos es el anuncio de que ha llegado la hora de remprender el camino; otros, aún refugiados en el albergue para migrantes Hermanos en el Camino, lo miran con indiferencia

Al anochecer, con más de nueve horas de trayecto desde la capital del estado, Solalinde ofreció un recibimiento a Javier Sicilia y la Caravana por la Paz.

Ajustar plan de seguridad con México, piden en EU

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de septiembre de 2011, p. 7

Legisladores republicanos pidieron este martes drásticos cambios en materia de cooperación con México, una vez que termine la aplicación de la Iniciativa Mérida en materia de seguridad.

Duplicar el despliegue de agentes fronterizos y completar la valla de seguridad en áreas urbanas, son algunas de las medidas que deben adoptarse tras el fin del Plan Mérida este año, pidió Connie Mack, jefe del subcomité para América Latina de la Cámara de Representantes.

Ha llegado el momento de que reconozcamos la necesidad de una estrategia de contrainsurgencia, dijo en una audiencia sobre los resultados de dicho programa.

Firmada en 2007 por los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón, la iniciativa contó con un presupuesto de mil 500 millones de dólares, cuyo desembolso debería completarse este año, tras varios retrasos en el suministro de material. La realidad es clara, aunque México no quiera admitirlo: hay una insurgencia en estos momentos junto a la frontera, dijo Mack, republicano por Florida.

La Iniciativa Mérida debe ser reformulada en breve por los gobiernos de ambos países. Tras una primera fase basada en la entrega de helicópteros y material pesado, pasó a enfocarse en el entrenamiento de fuerzas policiales.

Estados Unidos y México estudian ahora centrar sus esfuerzos en las policías estatales y locales mexicanas, según informaron recientemente responsables en Washington. Pero los niveles de violencia extrema al sur de la frontera se ajustan totalmente a la noción de terrorismo, añadió Michael McCaul, republicano de Texas, quien también pidió una cooperación reforzada.

Los republicanos –que dominan la Cámara de Representantes– han propuesto drásticos recortes y cambios en numerosos programas del Departamento de Estado en su proyecto de presupuesto para 2012.

Se le atribuye enriquecimiento ilícito en complicidad con su secretario de acuerdos

Presentará el CJF querella ante la PGR contra el ex juez Álvaro Tovilla León

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de septiembre de 2011, p. 10

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentará en los próximos días una querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del ex juez noveno de distrito en materia administrativa con sede en la ciudad de México, Álvaro Tovilla León, debido a que tras la fiscalización de sus finanzas se detectó que existen registros de que actuó en complicidad con quien fuera secretario de acuerdos en su juzgado, Esiquio Martínez Hernández, acusado de obtener ingresos superiores a sus percepciones como servidor público.

Estamos por presentar la querella contra el licenciado (Álvaro) Tovilla, para que se le investigue en la PGR por presunto enriquecimiento ilícito, pues existen inconsistencias en los movimientos de sus finanzas particulares que no concuerdan con los ingresos que obtenía por su labor de juzgador, indicó un funcionario de la Judicatura.

Las fuentes consultadas revelaron que el Consejo de la Judicatura encontró inconsistencias en la evolución patrimonial del juez de distrito en materia administrativa, quien tiene al menos cinco cuentas bancarias a su nombre a las que se han transferido en los dos años recientes recursos por al menos 20 millones de pesos, lo que no corresponde a su nivel de salario mensual, que asciende a 129 mil pesos.

El juzgador –quien en 2005 resolvió que Andrés Manuel López Obrador violó una suspensión concedida en vía de amparo por el caso del predio El Encino– fue suspendido temporalmente del cargo mientras la Judicatura lo investiga por presunta falta de probidad en su actuar como impartidor de justicia.

Una de las líneas de investigación que se desahogan tiene que ver con la posibilidad de que el juez haya recibido sobornos de los abogados y el grupo empresarial a los que un amparo concedido por Tovilla permitió continuar con la construcción –en el Distrito Federal– de la Torre Lomas, en Pedregal 24.

El pasado 28 de enero, el Consejo de la Judicatura presentó una querella ante la PGR en contra de Esiquio Martínez Hernández. Derivado de esa denuncia el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en su contra y obtuvo una orden de aprehensión por de enriquecimiento ilícito, misma que fue cumplimentada el 27 de mayo pasado.

Esiquio Martínez manejaba una cuenta del banco HSBC, donde acumuló 39 millones de pesos durante la última década, sin que lo reportara en sus declaraciones ni lo detectara el Poder Judicial.

El secretario de juzgado quizá no habría sido descubierto en su patrimonio paralelo de no ser porque en 2010 desde esa cuenta transfirió 14 millones de pesos a Nehmías Cruz Hernández, presunto empleado del CJF, quien también está sujeto a investigación por autoridades disciplinarias de la Judicatura.

Martínez tenía 12 cuentas: siete en HSBC, dos en Banamex, una en Ixe, otra en Santander y una de American Express Bank. Pero la del problema fue la cuenta 4044163111 de HSBC.

Lo que llamó la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera es que los 14 millones que transfirió desde esta cuenta a Cruz fueron triangulados a José Daniel Martínez Vasconcelos, por un total de 14 millones 500 mil pesos.

El 8 de abril de 2010 se generó una primera alerta en el sistema financiero, porque Martínez hizo 13 operaciones de retiro por 29 millones 792 mil 186 pesos en la cuenta de la que había transferido los recursos a Cruz Hernández.

Los 432 millones detectados en movimientos de las cuentas bancarias de Esiquio (en dos años) derivan precisamente de esa cuenta, donde se acumularon 39 millones 919 mil 855 pesos entre mayo de 2000 y noviembre de 2010. Esta cantidad, sumada a la que tenía Martínez en sus 11 cuentas restantes –además de un inmueble y dos vehículos automotores–, dan un total de 50 millones 707 mil 633 pesos, que es el patrimonio ajeno a sus ingresos como funcionario del CJF.

Paga a estados unos $550 millones al año por manutención de 30 mil reos federales

Prisiones: corrupción dentro y fuera

Oculta la SSP contratos privados para construir siete reclusorios

Intervención policiaca tras un motín en Chiconautla, en imagen de archivoFoto Alfredo Domínguez

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Martes 13 de septiembre de 2011, p. 3

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal reservó por un periodo de 12 años toda la información financiera relacionada con los contratos asignados a empresas privadas para la construcción de siete centros penitenciarios. En tanto, las autoridades estatales reciben más de 547 millones de pesos por el servicio de alimentación y custodia que dan a unos 30 mil prisioneros del fuero federal.

Las prisiones estatales que tienen en sus celdas sentenciados y procesados por delitos federales obtienen globalmente un millón 500 mil pesos diarios.

De acuerdo con datos obtenidos mediante solicitudes de información pública, la dependencia que dirige Genaro García Luna mantendrá por 12 años en secreto cuánto tendrá que pagar el gobierno federal de renta a los inversionistas privados que ya construyen las prisiones.

Funcionarios federales revelaron que el esquema aprobado por la SSP federal será similar al utilizado en el sistema carretero, ya que los constructores mantendrán el control administrativo hasta que obtengan el monto de la inversión y los intereses que se hayan generado durante periodos que van de 15 a 25 años.

El pasado 7 de septiembre García Luna afirmó, durante un encuentro de los integrantes de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que ya se construyen siete de los ocho proyectos contemplados, y al término de la conferencia de prensa en la que hizo la revelación señaló que daría a conocer horas después cuánto costarían a la iniciativa privada esas obras, pero los datos siguen sin ser difundidos.

Un mes antes, el 8 de agosto, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSP federal respondió a una solicitud de información mediante el oficio SSP/SSPF/OADPRS/UALDH/ 4524/2011, en el cual, entre otros datos, difundió el monto que esa dependencia paga a los gobiernos estatales por la manutención de internos del fuero federal.

Asimismo, dio a conocer el número de internos federales por prisión en el país y la información del esquema financiero con el que se construirán los nueve penales mencionados.

Señaló que para el pago de alimentación de los reos del fuero federal recluidos en los centros penitenciarios del país, el monto que se transfiere depende de la cantidad de internos del fuero federal que tenga recluido cada estado, siendo un costo diario de 50 pesos por interno.

Los reos federales en prisiones estatales son más de 30 mil, por los cuales anualmente la SSP paga más de 547 millones 500 mil pesos por alimentación.

Funcionarios de esa dependencia que solicitaron el anonimato revelaron que en las prisiones que construya la iniciativa privada las autoridades deberán pagar la obra material en parcialidades y con intereses, así como toda la operación administrativa del centro, quedando la vigilancia bajo la esfera de responsabilidad de la SSP federal.

La secretaría se negó a entregar el esquema financiero con el que se construirán esas prisiones, al señalar que los documentos firmados “contienen información cuya divulgación puede comprometer la seguridad pública, ya que está relacionada con la obtención de capacidad penitenciaria (…) a través de la difusión de la información las personas integrantes del crimen organizado tendrían la posibilidad real de planear y ejecutar actos concretos”.

Entre las entidades que más recursos obtienen anualmente por la manutención de prisioneros federales están el Distrito Federal, con más de 60 millones de pesos; estado de México, con 26.7 millones, y Baja California, con 81.6 millones, según los datos proporcionados por la SSP federal.

El embajador de Canadá en el país exhorta a dejar atrás el miedo a las violaciones a la soberanía

EU pretende que en 5 años su policía pueda actuar libremente en México

En abril pasado, en forma muy discreta, se realizó en el DF una cumbre tripartita sobre seguridad

Revelan acercamientos entre los países de norteamérica para responer a las amenazas de seguridad

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Lunes 12 de septiembre de 2011, p. 17

Del 11 al 13 de abril pasado, en la ciudad de México se realizó un seminario militar inédito, encabezado por el almirante secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, y en el que participaron los titulares del Comando Norte de Estados Unidos y del Comando de Canadá. En la reunión los militares coincidieron en enfatizar la necesidad de unirnos para dar respuesta conjunta a las amenazas de seguridad, porque estamos interconectados económicamente y desde el punto de vista de seguridad.

La reunión se llevó a cabo en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) con la participación de diplomáticos y académicos de los tres países. El teniente general Walter Semianiw, comandante del Comando de Canadá, reveló que desde el año pasado México y su país trabajan de cerca para reforzar los lazos de la relación bilateral, particularmente en las áreas de seguridad, y agregó que la visión es que en cinco o 10 años la relación bilateral sea tan similar como la que existe entre Canadá y Estados Unidos.

Explicó que esa es una relación bilateral tan estrecha que permite que cuerpos de ambos países entrenen y conduzcan operaciones y misiones juntos. Una relación tan estrecha como la del Comando Norte de Estados Unidos y el Comando de Canadá.

La información sobre este encuentro no fue dada a conocer a los medios de información, pero se hizo pública en la edición de septiembre de la revista Ágora, editada por el Comando Norte de Estados Unidos, en la que su entonces comandante James A. Winnefeld Jr. señaló en el editorial de la revista que en “la cumbre trilateral sobre cooperación militar llevada a cabo en la ciudad de México por el Cesnav, la piedra angular de estas alianzas de colaboración es la comunicación (…), esta revista es un excelente ejemplo de esa piedra angular en comunicación”.

Winnefeld destacó en su intervención en el seminario –según señala la revista– que está en favor de las relaciones siempre respetuosas de la soberanía y de la cultura de cada país.

Por su parte, Saynez Mendoza dijo que los esfuerzos de México, Estados Unidos y Canadá deben estar enfocados a encontrar mecanismos para definir líneas de acción y adelantarse a los riesgos con agendas comunes que permitan a las naciones enfrentar los desafíos de mejor manera.

La necesidad de adecuar estrategias para atender amenazas emergentes hace evidente la adopción de esquemas de colaboración tanto con otras fuerzas armadas como con entidades del ámbito gubernamental, diplomático y académico, indicó Saynez.

El embajador de Canadá en México, Guillermo E. Rishch- ynski, agregó que su país, México y Estados Unidos deben asimilar nuevos conceptos para abordar en forma conjunta los retos y desafíos, si se quiere tener éxito. Tenemos que abrazar la idea de Norteamérica.

El diplomático insistió en que las nuevas relaciones trilaterales deben estar ausentes de los miedos del pasado de violación a las soberanías de los países, porque esos temores sólo se traducen en barreras para el progreso.

Por su lado, Julián Ventura Romero, subsecretario para Norteamérica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó la promoción de una frontera del siglo XXI que promueva la competitividad económica, que permita desplazamientos seguros de bienes y personas para transformar las fronteras comunes en espacios de oportunidades y no de confrontaciones.

Agregó que rompiendo inercias del pasado, México construye un puente peatonal entre el aeropuerto de Tijuana y un edificio de inspección de aduanas, donde pasajeros estadunidenses podrán ingresar desde San Diego a la terminal del aeropuerto de Tijuana, desde donde podrán viajar a otras partes de América Latina y México de una manera segura y fácil.