El gobernador confía en que el lunes reinicien clases en 320 planteles

Miles marchan en Acapulco contra la violencia y en apoyo a maestros

Marcha en la Costera Miguel Alemán en demanda de paz y seguridadFoto Xinhua

Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 3

Acapulco, Gro., 14 de septiembre. Aproximadamente 4 mil personas, la mayoría docentes de la región educativa Acapulco-Coyuca de Benítez del nivel básico, participaron en la caminata convocada por integrantes del magisterio en la avenida Costera Miguel Alemán, para protestar por la inseguridad y exigir soluciones al problema de violencia creciente en el estado.

La movilización comenzó poco después de las 9:30 de la mañana junto a la glorieta de la Diana, arribó a la octava Región Naval y retornó al Centro Internacional de Convenciones, donde integrantes de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg), así como de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) bloquearon de manera intermitente ambos sentidos de la vía, al mediodía.

Dos horas más tarde marcharon a la coordinación regional, mientras una comisión de 12 profesores dialogaba con el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, en la Promotora Turística de la zona Diamante. Salimos a la calle para que la sociedad se dé cuenta de que el maestro está luchando por paz y seguridad, expresó Abel Casarrubias, secretario de una de las delegaciones del SNTE.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien visitó el Centro de Convenciones para recorrer los 70 módulos de productores de la feria del proveedor guerrerense, afirmó que los profesores regresarían el lunes a clases.

Celebro que los maestros están tomando la decisión de incorporarse a las aulas; hemos dicho que compartimos esa preocupación y que vamos a estar más cerca de ellos. Tengo mucha confianza en que las reuniones que se han sostenido van por buen camino y el lunes regresen a clases, expresó.

Asimismo, anunció un plan de reactivación económica para el turismo de Acapulco y la creación de un programa de empleo temporal para septiembre, octubre y noviembre.

La verdad está muy cabrón; no todas las escuelas del centro cerraron, pero de aquel lado está muy difícil, relató un joven docente, quien explicó que la mayoría de la base magisterial gana 3 mil 600 pesos a la quincena, y sólo los de más antigüedad perciben sueldos mayores. Enfatizó que el gobierno se olvidó muchos años de los jóvenes, pues de acuerdo con testimonios de víctimas, los infractores tienen entre 17 y 19 años, que en principio exigían 2 millones de pesos por liberar a docentes secuestrados, pero luego le bajaron a 200 mil pesos. Muchos pagaron, pero se quedaron endeudados.

Desde el pasado 25 de agosto, profesores de la zona periférica del puerto denunciaron amenazas, extorsiones, secuestros y robo de vehículos, y luego suspendieron labores de manera gradual en planteles, hasta cerrar más de 320.

Expertos de la UAM exigen al Ejecutivo que hable de las verdaderas causas de la violencia

Si es cierto lo que dice el Presidente, entonces debe ceñirse a lo que ordena la ONU: Raúl Vera

Intenta Calderón justificar mayor represión con el discurso del terrorismo: académicos

Laura Poy Solano, Carolina Gómez Mena y César Arellano

Periódico La Jornada
Domingo 28 de agosto de 2011, p. 9

Tras el ataque al casino Royale en Monterrey, el gobierno calderonista echa mano del viejo discurso estadunidense de la lucha contra el terrorismo para intentar justificar cualquier futura acción de mayor represión social, afirmaron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana.

José Luis Piñeyro, experto en seguridad pública, agregó que el mensaje del presidente Felipe Calderón nada dice de las verdaderas causas de la violencia ni la estrecha relación que existe entre la instalación de casas de juego y el posible lavado de dinero, pues nuevamente apela a su estrategia de que la violencia se combate con más violencia.

Cabe preguntarnos, explicó, si los hechos del pasado jueves son o no un acto terrorista, pues las autoridades, incluido el Ejecutivo federal, nada dijeron de un tema central: investigar realmente qué fue lo que pasó, si en verdad estos presuntos delincuentes tenían como objetivo asesinar a decenas de personas o si existe una corresponsabilidad de los dueños del casino por no tener medidas de seguridad.

Por su parte, Telésforo Nava, politólogo y especialista en movimientos sociales, destacó que lo ocurrido en Monterrey es la prueba más clara de que la estrategia de seguridad calderonista es un total fracaso, y peor aún, que se usa para intentar justificar posibles actos de represión y el ejercicio de medidas aún más violentas.

Estamos ante el riesgo, indicó, que estos hechos generen terror en la población, pero que la respuesta de la administración federal se convierta en una pesadilla peor. La salida no vendrá de la clase política, sino de una sociedad civil organizada y con un claro objetivo: sacar a todos del poder y refundar el país.

Por su parte el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sostuvo que si el presidente Felipe Calderón reconoció que lo ocurrido fue un acto de terrorismo, entonces ahora lo único que le queda es actuar en consecuencia, hacer todo lo que no ha hecho en todos estos años como Presidente, y que tiene al país en la situación que está ahora.

Señaló que al haber acciones de narcoterrorismo el mandatario debe ir contra los lavadores de dinero del crimen organizado, de los cómplices que éste tiene en las instancias de los gobiernos y confiscar todos sus bienes y recursos.

Vera López indicó que si es terrorismo el gobierno debe ceñirse a lo que establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en la materia y que son compromisos internacionales que los países firmantes tienen la obligación de seguir: detener a las personas que apoyan a estos grupos, confiscar sus bienes... si Felipe Calderón ya asume que se trata de terrorismo, tiene que remover de sus puestos a todos los que están dentro del gobierno involucrados con grupos del crimen organizado.

Por separado, el sacerdote Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial (CCM) y ex secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación (Cepcom) de la Conferencia del Episcopado Mexicano, indicó que “es necesario atacar el origen de todos estos males que no están sólo en los que se hacen llamar narcos, sicarios y cárteles, sino atacar desde los criminales de cuello blanco, esos que se han corrompido y se han dejado seducir por el poder del dinero y el temor de la muerte”.

Por último, el secretario de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, dijo que es momento de que la sociedad llame a los cárteles de la droga a hacer un alto al fuego para no seguir cobrando vidas inocentes por la disputa de territorios.

Consideró que más que lamentar el hecho de violencia perpetrado a plena luz de día “deberíamos alzar la voz y pedir tregua entre los cárteles por la lucha que llevan a cabo por las plazas que dominan en ciertas regiones del país, a fin de evitar que esta guerra entre grupos criminales y con el gobierno federal produzca más muertes que en Vietnam en la década de los 60 del siglo pasado o en Irak”.

La militarización ha propiciado crímenes de Estado recurrentes, como los de San Fernando

ONG e intelectuales de varios países ofrecen respaldo a las movilizaciones por la paz

En una misiva critican los intentos legislativos que buscan profundizar el modelo de terror

De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2011, p. 13

Agrupaciones internacionales de corte progresista encabezadas por destacados académicos e intelectuales de varios países se solidarizaron este lunes con las movilizaciones por la paz y la justicia y contra la militarización impuesta por la llamada guerra antidrogas, convocadas en México para el 5 y 8 de mayo próximos por el poeta Javier Sicilia y amplios sectores afines.

Mediante una carta enviada a este diario, integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, la Asociación Internacional de Migrantes, la Asociación Internacional de Juristas Democráticos, la Asociación de Abogados del Pueblo, la Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz manifestaron su solidaridad con la marcha que saldrá desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

“Reafirmamos el dictamen emitido por el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, señalando que la militarización ha propiciado crímenes de Estado recurrentes, como los de San Fernando, Tamaulipas, y Durango, dentro de un marco creciente de impunidad e ilegitimidad, incluyendo el genocidio en curso contra los migrantes en tránsito en México, y los intentos legislativos actuales de profundización del modelo de terror estatal contra estos y otros sectores.

Además nos solidarizamos con la resistencia activa a estas medidas promovidas por defensores de los derechos de migrantes, dentro del marco del primero de mayo, en México y Estados Unidos, destaca la misiva.

El documento añade los nombres de los intelectuales que firman el documento, entre quienes destacan Noam Chomsky; el secretariado del Tribunal Permanente de los Pueblos; Fundación Lelio Basso (Roma, Italia); Jeanne Mirer, de la International Associacion of Democratic Lawyers; Iván Forero, Amnistía Internacional-España; Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otros.

Denunciamos además y reclamamos justicia y reparación de los daños ocasionados por estos crímenes de lesa humanidad, y por otras violaciones de los derechos de las y los migrantes en todo el mundo, las expulsiones ilegales de México del periodista y catedrático italiano Giovanni Poittis y del investigador colombiano Miguel Ángel Beltrán, y la extradición injusta de Venezuela a Colombia del periodista sueco de origen colombiano Joaquín Pérez Becerra, destaca la carta.

En 1999 el DIF reportó casi 25 casos de maltrato a infantes: investigadora de la UNAM

Asesinados por violencia intrafamiliar, 23 mil niños y adolescentes mexicanos en dos años

Coahuila, Nuevo León y estado de México, las entidades donde ocurren más agresiones

Las edades de los niños mexicanos asesinados por violencia intrafamiliar entre 2006 y 2008 oscilan entre cero y 17 años. La imagen, en un albergue para menores de la procuraduría del DFFoto Marco Peláez

De la Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 18 de abril de 2011, p. 38

En México ocurrieron 23 mil homicidios de niños y adolescentes de cero a 17 años –de ambos sexos– entre 2006 y 2008, resultado de la violencia intrafamiliar, aseguró Silvia Solís San Vicente, investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dijo que a escala regional, América Latina también enfrenta este problema, donde se estima que 6 millones de niños son objeto de agresiones severas, y 80 mil fallecen cada año por esta causa.

La investigadora señaló que aunque en el país no existen cifras oficiales recientes sobre el tema, en 1999 el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reportó 12 mil 516 niños y 12 mil 433 niñas maltratados.

De estos datos, la entidad federativa con mayor índice fue Coahuila, con 4 mil 150, seguido de Nuevo León, con 3 mil 67, y en tercer lugar el estado de México, con mil 885 casos, comentó la profesora del posgrado de globalización en el desarrollo humano.

En Chihuahua, entre 2005 y 2009 el índice de homicidios ascendió a 75 intencionales por cada 100 mil habitantes, en los que la edad de las víctimas oscila entre 15 y 17 años, informó en un comunicado la investigadora de la UNAM.

El tipo de maltrato más frecuente por entidad fue el físico; en el Distrito Federal alcanzó 44 por ciento en niños de cero a nueve años; en Sinaloa, 72 por ciento, y en Nuevo León, 58.8, mientras la omisión de cuidados (abandono físico, indiferencia y negligencia) ocupó el primer lugar en Coahuila, con 35 por ciento.

“Las estadísticas de abuso infantil en México no son fidedignas porque no se reporta ni 10 por ciento de los casos. Además, el maltrato emocional y verbal, que no incluye ultraje físico, es considerado ‘normal’ entre las familias”, aclaró.

Los números son pequeños porque el sistema de salud no tiene un registro de maltrato a menores. En Estados Unidos, ejemplificó, si un niño se presenta dos o más ocasiones en un hospital, ya se considera abuso.

La investigadora señaló que el problema del maltrato infantil es universal y, a pesar de ello, aún se desconoce la prevalencia en cada una de las naciones. No obstante, recordó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que en los primeros lugares de abuso contra menores están naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Japón, Alemania, Italia y Corea del Sur.

En América Latina y el Caribe, dicho problema se observó en Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, debido al aumento de las tensiones socioeconómicas, desempleo o disminución salarial, por lo que los índices de violencia se incremen- taron a tal grado que en Colombia y Guatemala constituyeron una de las principales causas de defunción en el grupo poblacional de cinco a 14 años.

Para resolver el problema, recomienda fortalecer la instituciones, más que el uso de la fuerza

Tráfico de drogas, migrantes y armamento propician ola de violencia en México: BM

Roberto González Amador

Enviado

Periódico La Jornada
Martes 12 de abril de 2011, p. 11

Washington DC, 11 de abril. Uno de las causas de que México se encuentre ante una oleada sin precedentes de violencia es el trasiego de drogas, pero no es la única; también influyen el tráfico de migrantes y de armamento, según valoró el Banco Mundial (BM) este lunes.

Los factores externos pueden agudizar los riesgos de violencia. Los grandes problemas de seguridad exterior, como las nuevas pautas del tráfico de drogas, pueden desbordar las capacidades institucionales, señaló.

El efecto de la violencia en el mundo es uno de los temas que dominarán la semana de trabajos de la reunión de primavera del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Informe sobre el desarrollo mundial 2011, publicación anual del banco que será presentada en esta cita, está dedicado al tema de conflicto, seguridad y desarrollo.

La violencia tiene consecuencias en el desarrollo. El BM encontró que las personas que viven en países afectados por la violencia enfrentan el doble de probabilidades de padecer malnutrición que los habitantes de otras naciones. Tienen, asimismo, 50 por ciento más probabilidades de ser pobres y sus hijos tienen tres veces menos probabilidades de asistir a la escuela.

Los ciclos repetidos de violencia criminal pueden romperse, según el BM, cuyas recomendaciones en este sentido apuntan más al terreno de mejorar las condiciones de vida que al uso de la violencia legítima por el Estado.

Dice: Para romper los ciclos de violencia es crucial fortalecer las instituciones nacionales legítimas y mejorar la gestión del gobierno, a fin de brindar a la población seguridad, justicia y empleo.

Recomienda la implantación de planes básicos de creación de empleo, lo que incluye obras públicas en gran escala, eliminación de cuellos de botella en la construcción de infraestructura y ampliación del acceso a formación profesional, financiamiento y experiencia de trabajo. También propone la participación de la mujer en el diseño y la ejecución de programas de seguridad, justicia y potenciación económica.

Hay factores que generan incentivos para la violencia, según el estudio. Los países en los que la eficacia del gobierno, el estado de derecho y el control de la corrupción son insatisfactorios están entre 30 y 45 por ciento más expuestos al riesgo de guerra civil y son considerados más vulnerables al riesgo de violencia criminal extrema que otros países en desarrollo.

Más: las naciones en las que recientemente se han cometido violaciones a los derechos humanos tienen muchas más probabilidades de padecer conflictos que los que tienen una larga historia de respeto por esos derechos.

El Banco Mundial pone énfasis en la relación que existe entre violencia y freno al desarrollo. Un episodio importante de violencia, a diferencia de los desastres naturales o los ciclos económicos, puede borrar toda una generación de progreso económico, indicó.

Pone un ejemplo: en Guatemala –donde operan grupos criminales que, según se ha documentado, también actúan en México– la violencia costó al país en 2005 más de 7 por ciento del producto interno bruto, dos veces el daño provocado por el huracán Stan el mismo año y más del doble del presupuesto combinado de agricultura, salud y educación.

A la par de las cifras, el organismo destacó la repercusión de la inseguridad en los seres humanos. En las sociedades más violentas, apuntó, son muchos los que sufren la muerte prematura de un hijo.

Cuando los niños tardan en llegar a casa, los padres tienen motivos para temer por su vida y seguridad física. Las experiencias cotidianas, como ir a la escuela, al trabajo o al mercado son motivo de preocupación. Las personas dudan a la hora de construir casas o invertir en pequeñas empresas porque pueden quedar destruidas en un abrir y cerrar de ojos.

Indica: el efecto directo de la violencia recae sobre todo en los jóvenes, que constituyen la mayoría de las fuerzas de combate de las bandas delictivas.

El reporte cita causas internas que pueden explicar la violencia en un país. En el primer caso, menciona que la desigualdad entre los hogares más ricos y los más pobres está estrechamente vinculada con una mayor probabilidad de criminalidad violenta.

Aunque no lo precisa para el caso de México, el país es uno de los más desiguales de América Latina, que es a la vez la región de mayor desigualdad en distribución del ingreso en el mundo.

Otra causa interna que plantea el informe como detonantes de la violencia es el desempleo juvenil, que genera incentivos para incorporarse a pandillas (en México hay 7 millones de jóvenes que no estudian y tampoco tienen trabajo fijo y remunerado).

La sensación de mayor seguridad y poder por pertenecer a un grupo delictivo es también citada entre los factores importantes de motivación en distintos países. Esto confirma las investigaciones que revelan que la dinámica del empleo no está relacionada únicamente con el ingreso, sino también con el respeto y el prestigio, y está asociada con la cohesión social, así como con la oportunidad económica, añadió.

El valor del comercio mundial de cocaína y heroína asciende a 153 mil millones de dólares, calculó el BM.

El comercio de drogas es el principal componente de ingresos del crimen organizado en el mundo y su monto se acerca al total de la asistencia oficial para el desarrollo de las naciones económicamente avanzadas hacia los países pobres, que en 2010 llegó a 110 mil millones de dólares

La respuesta del gobierno federal "no está a la altura"; aumenta la cifra de asesinatos

Investigadores: empeora la violencia en Juárez y no se ve salida al conflicto

La mayoría de los negocios de la ciudad pagan cuota por derecho de piso, asegura análisis

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Lunes 28 de marzo de 2011, p. 12

La violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, es cada vez mayor y no se vislumbra una salida al conflicto. Si el gobierno federal no ha podido en poco más de dos años, no se ve claro que pueda controlar la situación. El desafío es más abierto y la respuesta (de las autoridades) está cada vez menos a la altura, subraya un estudio realizado por investigadores universitarios.

El análisis, que aborda diferentes tipos de violencia en cuatro ciudades, Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Tijuana, Baja California, y Aguascalientes, Aguascalientes, expone que en la urbe fronteriza chihuahuense el número de muertos y secuestros es cada vez mayor.

“Juárez se debate en una guerra civil que ha tomado la ciudad como escenario, dejando tras de sí una estela de muerte y destrucción. La violencia no sólo no cede, sino continúa incrementándose. Ante la impotencia total de los (agentes) federales, la urbe vive uno de sus peores momentos en cuanto a extorsión o ‘cobro de piso’, que parece haberse generalizado, de modo que en estos momentos la mayoría de los negocios de esa localidad están pagando cuota, y en algunos casos se habla incluso de nuevas y más graves modalidades de extorsión.”

El informe –coordinado por Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social y discutido hace unos días en la Universidad Nacional Autónoma de México– indica que de los más de 5 mil asesinatos cometidos en la ciudad de 2008 a 2010, sólo una parte infinitamente pequeña han sido investigados y sancionados.

En las conclusiones del trabajo (realizado entre 2009 y 2010, con apoyo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) se destaca que a menos que algo suceda y trajera la cordura hacia los actores beligerantes, es probable que a este municipio chihuahuense le esperen al menos tres o cuatro años difíciles.

Las conclusiones plantean tres posibles escenarios terribles: una intervención militar más seria (aunque poco probable), la confirmación de su derrota y eventual retiro, o la propagación del actual contexto.

“Terribles, porque aun con lo grave de la situación no se ha llegado todavía al extremo de una guerra terrorista abierta y total –con la población civil en calidad de rehén y víctima–, por la que quizá la ciudad tendría que pasar por el primer escenario, antes de que el Estado pudiera recuperar el control”, afirma el estudio.

Agrega que, en caso de que el gobierno federal retirara a sus fuerzas, es claro que no se podría volver a las condiciones anteriores a la implementación de los operativos de seguridad. Ante el mayor desarrollo y agresividad de la delincuencia organizada, no sabemos, no tenemos idea de cuáles serían las condiciones y cuáles los costos de esa eventual derrota y retiro.

Los académicos que participaron en el estudio comentan que para progresar en la reintegración y recuperación del tejido social es necesario que se avance en la recuperación de las condiciones mínimas de seguridad pública, lo cual implica que el Estado sea capaz de prevalecer y garantizar la convivencia pacífica. Para ello la teoría clásica marca la exclusividad del uso de la fuerza y el cobro de impuestos. Sin embargo, ninguna de las dos condiciones están dadas en estos momentos y es difícil, si no es que imposible, avanzar en justicia social.

Además de la inseguridad y la violencia que se vive en dicha urbe, el estudio advierte sobre el rezago en la procuración de justicia. A los miles de asesinatos no investigados ni sancionados por la procuraduría estatal se añade la ineficiencia del sistema de procuración de justicia que lleva a la impunidad.

“Gran cantidad de detenidos y presentados –la mayoría por militares o agentes federales–, incluso por delitos graves, han sido puestos en libertad por los juzgados, ya sea por imprecisiones o descuidos en la investigación o por los resquicios que dejó la reforma penal.”

Otro punto que no favorece la procuración de la justicia es que la autoridad federal sistemáticamente se ha negado a atraer las investigaciones sobre el gran número de homicidios y otros delitos que se cometen en Ciudad Juárez, aun cuando es evidente que se trata de hechos relacionados con la delincuencia organizada, enfatiza el estudio.

Se evaden responsabilidades; son actos del crimen organizado, aseveran activistas

Debe la PGR indagar los 79 asesinatos del viernes; serían del ámbito federal: ONG

Es necesario adoptar una perspectiva integral de acción desde los derechos humanos

Fernando Camacho, reportero, y Agustín Galo, corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 20 de febrero de 2011, p. 7

Al deslindarse de investigar los 79 asesinatos ocurridos el viernes pasado en el país, la Procuraduría General de la República (PGR) incurriría en un acto de irresponsabilidad, pues gran parte de los crímenes podrían ser de carácter federal, advirtieron activistas de organizaciones de derechos humanos.

Por separado, funcionarios judiciales de Oaxaca coincidieron en que las acciones del crimen organizado deben ser atendidas y sancionadas por la Federación, y llamaron a combatir a los delincuentes de forma coordinada y sin echarse la bolita.

Alfonso García Castillo, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señaló que los índices de violencia en el país dejan claro que el planteamiento de las autoridades para combatir al crimen no ha sido efectivo.

Deslindarse de buenas a primeras, diciendo que los crímenes deben ser resueltos por las procuradurías estatales y sin haber investigado antes, me parece una irresponsabilidad, porque ahí podría haber indicios de delitos del orden federal, aseveró.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos, consideró que los 79 homicidios –la jornada más violenta en lo que va de este sexenio– comprueban la nula efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno.

La falta de acuerdos sobre qué instancia es la encargada de resolver determinados crímenes es un recurso utilizado para evadir responsabilidades, cuando lo que debería hacerse es adoptar una perspectiva integral de acción desde los derechos humanos.

Manuel de Jesús López López, procurador general de Justicia de Oaxaca, afirmó que como tal, el crimen organizado es un delito federal, y si bien hay casos en que caen en el ámbito local, esos ilícitos son atraídos por la PGR.

El funcionario comentó que habría que separar el ámbito de competencia. Insisto, el crimen organizado está en el ámbito federal. Como en el caso de los migrantes, nosotros lo iniciamos pero lo atrajo la Procuraduría General de la República.

El secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, dijo: la idea no es que nos lavemos las manos ni echemos la pelotita.

Comentó que los homicidios cometidos por la delincuencia organizada son delitos del fuero común, que dependiendo de las condiciones que presenten son atraídos por la PGR, que tiene la facultad exclusiva de establecer criterios de cuáles atrae y cuáles no. Nosotros no podemos establecerlo.

Otros países tienen programas preventivos y de intervención

Desconocen los maestros que existe el bullying y no saben identificarlo

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de enero de 2011, p. 45

Entre los maestros de primaria y secundaria del país suele “existir desconocimiento del bullying” y carecen de las herramientas necesarias para indentificar las agresiones ligadas al género y las prácticas de discriminación entre sus alumnos, expuso la antropóloga social Elena Azaola al tratar el tema violencia de género en la educación básica.

En el contexto del seminario Arte, Educación y Convivencia: Retos y Desafíos en México, organizado por la Universidad del Claustro de Sor Juana, la experta indicó que hay maestros que no saben del acoso escolar o bullying y confunden el término con el método de anticoncepción de Billing; añadió que esta situación nos pone en desventaja ante otros países en los cuales tienen tiempo trabajando en esto y cuentan con programas preventivos y de intervención.

Advirtió que si antes de los 13 años de edad los menores que practican el bullying no son detectados y tratados para que abandonen estas conductas, el pronóstico es serio, porque con los años pueden llegar a cometer actos delictivos y a construir familias con rasgos de violencia.

La especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Iesas) subrayó que quienes reciben esta violencia pueden bloquear o inhibir su capacidad de aprendizaje, caer en depresión, en el consumo de sustancias, tener baja autoestima e incluso ser orillados al suicidio.

Según el Informe nacional sobre violencia de género en la educación básica, estudio del cual fue coordinadora, los maestros perciben entre 20 y 30 por ciento de estas conductas y no están conscientes de los efectos de estos comportamientos, además, desglosó que la forma más común de cómo los niños agreden a las niñas es mediante burlas y bromas pesadas sobre su físico, catalogándolas de gordas, flacas o chaparras si es el caso, mientras las agresiones de niñas a niños se dirigen a poner apodos.

En cuanto a la violencia física, los niños son más propensos a experimentar y propinar patadasy puñetazos, y las niñas jalones de cabello y empujones; la mayor parte de las agresiones se da entre compañeros.

Azaola destacó que los niños más pobres suelen ser más discriminados por su ropa y limpieza personal, pero acotó que también sufren niños considerados afeminados o niñas identificadas como masculinas.

Apuntó que un hallazgo importante es que las niñas están más dispuestas que los niños a dejar los estereotipos de género y, en consecuencia, son más proclibes a practicar la igualdad de género, tanto en primaria como en secundaria.

Asimismo, indicó que las infantes de las escuelas analizadas (públicas urbanas y rurales) tienen expectativas de educación más altas que los varones. Ellas se ven como maestras, abogadas o estudiando medicina; los niños tienden a pensar en la educación técnica, algunos hablan de ser albañiles o choferes, entre otras actividades, y confían en que quien lo va a respaldar para llegar a la universidad será su madre.

La realidad reabre el debate sobre "el Estado fallido": Gallo

México Unido cuestiona el alto costo de la estrategia contra la delincuencia

Gustavo Castillo y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Jueves 13 de enero de 2011, p. 5

En el contexto de los Diálogos por la Seguridad, el representante de México Unido contra la Democracia, Eduardo Gallo, cuestionó la estrategia gubernamental contra el crimen organizado y la ausencia de acciones para reducir la violencia. La sociedad no puede pagar un costo tan alto de 32 mil muertos por una estrategia que carece de objetivos, metas y parámetros de evaluación para medir los resultados, señaló.

Ante el presidente Felipe Calderón, Gallo subrayó que si bien el crimen organizado actúa con violencia, es responsabilidad del gobierno prevenirla y reducirla, mediante acciones que sean más eficaces para el combate a las organizaciones delictivas, atenuando sus efectos violentos. Subrayó que a cuatro años de gobierno, esos grupos han expandido sus acciones y ahora participan en extorsión, secuestro, trata de blancas y de menores, así como saqueo a Petróleos Mexicanos.

Al mismo tiempo, señaló, se ha expandido su impacto territorial a numerosas entidades, lo que reabre el debate acerca del Estado fallido en México, pues frente a las críticas a la estrategia y los señalamientos por la realidad violenta que prevalece, se responde con argumentos demagógicos respecto de que la violencia se ha desatado porque los delincuentes están desesperados por las acciones en su contra.

Por su parte, el representante de México Unido contra la Delincuencia anunció que ante esta situación, ese organismo estudia la posibilidad de acudir a instancias internacionales, porque no se puede permanecer pasivo ante esta realidad. Explicó que se requeriría que a escala internacional evalúen las condiciones de seguridad y violencia en el país, así como las acciones de los tres niveles de gobierno.

En su intervención, Isabel Miranda de Wallace, Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, señaló que aún no han quedado debidamente conformadas las unidades estatales de combate al secuestro, no tienen personal capacitado y certificado, y tampoco cuentan con equipo.

La presidenta de Alto al Secuestro llamó a los gobernadores a que asuman su responsabilidad y a no quedarse en el discurso, porque, agregó, “no existe capacidad de gestión para investigar los casos denunciados. Mientras las procuradurías se quejan de que no tienen recursos para dar avance a las averiguaciones previas, hay un subejercicio presupuestal.

“Independientemente de las fallas que tienen las estrategias gubernamentales, las autoridades y las organizaciones civiles deben trabajar de manera conjunta contra la delincuencia (…) tenemos que ser claros en que la sociedad civil y el gobierno debemos trabajar en el mismo sentido para no perder el camino y dedicarse a echar las culpas (…) Se requiere la participación de todos los mexicanos. No podemos dejarle a ninguno de los tres órdenes de gobierno la responsabilidad de los cambios”, señaló Miranda de Wallace.

Por su parte, Alejandro Martí, presidente de México SOS, instó a jalar parejo. Ya estuvo bueno que el Congreso sea una arena política electoral y no un recinto para hacer lo que México y los ciudadanos necesitamos. Sostuvo que es necesario aprobar las reformas en materia de justicia penal y lavado de dinero, así como reformar el sistema penitenciario, porque es un fracaso por la falta de espacio.

Ahora la violencia viene del gobierno y de la delincuencia, señalan ONG

Calderón sigue criminalizando la protesta, dice Édgar Cortez

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Domingo 31 de octubre de 2010, p. 6

El ataque sufrido el viernes por estudiantes de Ciudad Juárez a manos de la Policía Federal, mientras realizaban una marcha pacífica, demuestra la tendencia del actual gobierno a criminalizar la protesta social y pone a los jóvenes entre los fuegos del crimen organizado y el de las autoridades, lamentaron defensores de derechos humanos.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, señaló en entrevista con La Jornada que los disparos realizados por los agentes, que dejaron un herido grave, son muestra de cómo las manifestaciones de descontento social son criminalizadas por las autoridades.

En vez de reconocer el derecho a disentir como una forma de la democracia, el gobierno de Felipe Calderón lo ve como una amenaza o un intento de subversión, y en esa medida trata a los ciudadanos como delincuentes, en vez de enfocar sus energías contra los verdaderos criminales.

Tenemos un Estado que usa la violencia con mucha facilidad, y lo que en esta ocasión lo hace un símbolo de mayor alerta es que ahora esta violencia es múltiple: viene del gobierno y también de la delincuencia, advirtió.

En la escalada de agresiones ocurridas en los últimos días –afirmó– es probable que influya la lógica que Calderón mismo ha dado al tema de la inseguridad, al calificarlo como una guerra, porque en todo enfrentamiento armado quienes sufren las peores consecuencias son los civiles.

Este ya es un escenario de abierta confrontación, y si el gobierno federal sigue empecinado en una política que no ha dado resultados, las cosas no van a cambiar, lamentó.

Por su parte, Andrés Díaz, abogado del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró inaudito que una marcha pacífica de estudiantes sea baleada, tomando en cuenta el clima de violencia que de por sí ya se vive en Ciudad Juárez y el resto del país.

Es urgente –dijo– que el gobierno investigue a profundidad la agresión de los policías y, sobre todo, que modifique su estrategia de seguridad para que los civiles, quienes son vistos como simples daños colaterales, dejen de pagar las consecuencias de una guerra que nunca pidieron.

Creció 600% el número de mujeres asesinadas por el narco en tres años

En lo que va del sexenio han sido ejecutadas 30 mil personas

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 31 de octubre de 2010, p. 8

El número de mujeres que han sido asesinadas por el crimen organizado durante esta administración federal se ha incrementado en casi 600 por ciento de enero de 2007 a octubre de este año, al pasar de 93 a 650 casos, de acuerdo con cifras obtenidas del Gabinete de Seguridad Nacional.

Sin embargo, las estadísticas obtenidas de la Secretaría de la Defensa Nacional difieren. La Sedena considera que ha ido en aumento el número de casos de mujeres asesinadas por criminales al pasar de 3.4 por ciento a más de 6 por ciento del total de personas ultimadas, pero, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), estima que representan 1.9 por ciento de las ejecuciones.

En los primeros 30 días de octubre de este año, se han registrado mil 20 ejecuciones en el país, con lo cual ya suman 9 mil 970 homicidios dolosos cometidos por el crimen organizado en este año.

Las estadísticas oficiales del Cisen refieren que durante esta administración han sido privadas de la vida por grupos delincuenciales 30 mil 55 personas, pero la Sedena ha contabilizado 25 mil 897 homicidios de ese tipo. La diferencia, según las fuentes consultadas, estriba en que dependencias como la Procuraduría General de la República, el Cisen y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, aportan datos de casos no confirmados.

Las fuentes consultadas señalaron que mientras en 2006 se contabilizaron 73 mujeres asesinadas o ejecutadas, en 2007 la cifra aumentó a 93, para 2008 se registraron 106 homicidios contra mujeres y en 2009 se reportaron 341 muertes; del primero de enero al 30 de octubre de este año se han registrado 650 casos.

La explicación gubernamental al aumento de la violencia de género es que en años recientes es cada vez mayor el número de mujeres que participan en operaciones de lavado de dinero, narcomenudeo y hasta sicariato.

Existen casos en los que, supuestamente, mujeres han sido ejecutadas por deudas con los grupos que las abastecen de droga para distribuirla al menudeo o bien por haber utilizado recursos de la venta de enervantes.

En los pasados 30 días la cifra de policías asesinados en el año por grupos criminales aumentó de 545 a 638, mientras la estadística de soldados y marinos ultimados pasó de 48 a 52 durante este mes de octubre.