13 may 2015
Minimiza la Corte sentencia de la Coridh por el caso de dos indígenas violadas por soldados
1 oct 2014
Investigación sobre feminicidio “a modo” en el Edomex
La investigación que se realiza en el Estado de México –a raíz de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) presentada en diciembre de 2010– se basa en encuestas y cuestionarios, y no en testimonios de las víctimas, denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Como parte de la Alerta Ciudadana de Violencia de Género, el OCNF visitó la semana pasada el municipio de Tlalnepantla, localidad mexiquense con alta incidencia de violencia de género.
Durante la protesta frente al palacio municipal, Yuridia Rodríguez, asesora jurídica de la organización, informó que aunque han pasado cinco meses desde que se anunció que se realizaría una investigación sobre violencia feminicida en la entidad, los avances son mínimos.
Cabe recordar que en 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el OCNF presentaron ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) una solicitud de investigación para declarar la AVG en el Edomex, la cual fue negada en enero de 2011.
Ese mismo año, ambas organizaciones interpusieron un amparo contra la negativa de declaratoria de AVG. En 2012 el Juez Noveno de Distrito otorgó el amparo, obligando así al Sistema a motivar y fundamentar su negativa, y aunque realizó dos sesiones con ese fin el SNPASEVM volvió a rechazar la alerta.
En 2013 el Poder Judicial Federal ratificó el fallo del juzgado, y aunque la Secretaría de Gobernación respondió con una queja, la sentencia fue ratificada.
En mayo pasado se informó que la pesquisa correría a cargo de un “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional” creado en 2009, a partir del acuerdo 04-24/04/2009 del SNPASEVM, y conformado sólo por dependencias federales.
Según las organizaciones civiles, la lentitud con la que se ha realizado la investigación se debe a que el gobierno federal “no sabe cómo investigar el feminicidio”, pues en reiteradas ocasiones pidieron les dieran a conocer la metodología con la que se realizarían las pesquisas, sin obtener una respuesta clara.
En ese contexto, Yuridia Rodríguez dio a conocer que recientemente el Sistema les dijo que solicitó información al gobierno del Edomex sobre el número de asesinatos y casos de feminicidio registrados durante el periodo denunciado por la organización (2005 a 2010).
“Esto nos parece sumamente grave porque en 2010 (cuando se solicitó la activación de la AVG) no existía el delito de feminicidio, así que ya sabemos que las autoridades locales van a informar que no tienen registrado ningún caso, simplemente porque no existía el tipo penal”, criticó.
Agregó que la investigación no “tiene ningún interés” por identificar las irregularidades que cometen los funcionarios, de lo que se podría desprender posibles sanciones.
Lo anterior porque, según informó el Sistema al OCNF, el Grupo Multidisciplinario “va a leer los expedientes (judiciales)”, pero no tiene ninguna facultad para señalar las fallas en la investigación o pronunciarse al respecto de los casos.
A decir de Rodríguez, la investigación que se lleva a cabo se basa en el envío de cuestionarios a activistas y al gobierno mexiquense, pero no contempla visitas al lugar de los hechos, municipios o acercarse a las víctimas, “cuando lo que nos ha permitido a nosotras ver que el problema es más grave de lo que imaginábamos es precisamente acercarnos a los municipios”.
Desde mayo pasado, cada día 25 de mes, el OCNF recorre los puntos emblemáticos de municipios mexiquenses con alta incidencia en violencia de género, y en sus recorridos escucha a las familias de víctimas que no han denunciado los hechos. Hasta ahora se ha visitado Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco y Tlalnepantla.
Finalmente, la abogada Yuridia Rodríguez lamentó que mientras en los estados de Guanajuato y Morelos bastó un mes para emitir recomendaciones a los gobiernos locales, en el Edomex han pasado cinco meses sin resultados concretos de la investigación, por lo que se teme que carezca de un impacto real.
En una entrevista concedida a esta agencia el pasado 19 de agosto, Alejandra Negrete Morayta, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dijo que la investigación en el Edomex estaba en la etapa de acercamiento con las víctimas y sobrevivientes de feminicidio, y escuchando a grupos civiles.
Precisó que la metodología a seguir sería la misma de las investigaciones realizadas en Guanajuato y Morelos (indagaciones llevadas a cabo por un Grupo de Trabajo conformado además de funcionarios, por académicas y expertos). Sin embargo, lo denunciado por la integrante del OCNF desmiente lo dicho por la comisionada.
10 jul 2014
Cuatro estados, bajo investigación por altos niveles de violencia hacia mujeres
permisividad social, incluso de estímulo, pero también en un ambiente de impunidad de Estado.
22 abr 2014
Tortura, “práctica terriblemente cotidiana en México”, acusan ONG ante relator de la ONU
Gloria Leticia Díaz
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| Militares después de un enfrentamiento con presuntos sicarios en Ciudad Juárez en febrero de 2010. Foto: Ricardo Ruíz |
28 mar 2014
Hay maltrato a parturientas, denuncian ONG ante la CIDH
porque faltaba mucho tiempo, y dos horas y media después la joven dio a luz a su hijo afuera del templo del centro de saludFoto Arturo Pérez
fortuitos. Aunque no es una práctica sistémica, el gobierno federal trabaja para evitarlos, aseguró durante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada ayer en Washington.
discriminación y malos tratos e inhumanos, así como atención deficiente en los servicios de salud materna.
Estos osbtáculos han sido comprobados en investigaciones como la que coordinó Roberto Castro, integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en un trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en hospitales de Morelos.
El Gire destacó ante la CIDH que esas conductas reflejan fallas estructurales en la atención médica y pautas comunes de violación a los derechos humanos de las usuarias, lo que se debe a la insuficiente infraestructura y capacidad de las clínicas y hospitales públicos, federales y estatales, para atender partos y urgencias obstétricas.
Por su parte, el gobierno de México –representado por Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa– expresó su rechazo absoluto a la violencia obstétrica y dio cuenta de las acciones emprendidas para abatir el problema, como la inclusión, por primera vez, de la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo, el plan sectorial de salud y los programas específicos.
En Washington, los funcionarios federales también comentaron sobre la próxima conclusión del proceso de actualización de la norma oficial mexicana (NOM) 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido, en trámite desde 2011.
El ordenamiento incorpora varias novedades, como la indicación dar prioridad al trabajo de parto y la posibilidad de que la mujer dé a luz en posición vertical.
La nueva NOM señala que se deberán evitar intervenciones no justificadas, como los enemas (lavados vía rectal), rasurado, episiotomía rutinaria y cesáreas no indicadas clínicamente. Resalta la obligación del personal de salud de dar trato digno y respetuoso a las pacientes.
Indicaron que a escala nacional se registran alrededor de 2.2 millones de nacimientos al año, de los cuales más de 95 por ciento se atienden en instituciones de salud. Así, los 931 partos que ocurren afuera de los hospitales no representan una práctica sistemática, pero sí son motivo de preocupación y ocupación de la administración federal.
Mencionaron que el pasado 31 de octubre se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud, en la cual se acordó trabajar para que haya cero rechazo en las unidades médicas, que todas las mujeres reciban trato digno y respetuoso a sus derechos humanos.
19 mar 2014
Conavim y Fevimtra están de adorno: Imelda Marrufo
A las mujeres organizadas les corresponde reclamar que las instituciones sean transparentes y rindan cuentas pero, a decir de la defensora Imelda Marrufo Nava, de ninguna manera les toca suplir la labor del Estado en la prevención e investigación de desapariciones y asesinatos de mujeres.
La coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez sostuvo que los colectivos de feministas y las familias de las víctimas realizan tareas que van desde monitoreos periodísticos y generación de datos, hasta recopilación de pruebas de una pesquisa penal y análisis de líneas de investigación.
Tras ser galardonada con el premio Anne Klein 2014, que el pasado 7 de marzo le otorgó la Fundación Heinrich Böll en Berlín, Alemania, la abogada se reunió con periodistas en la Ciudad de México para hablar de la situación de las defensoras de Derechos Humanos (DH), y en particular de las acciones contra la violencia de género.
La feminista señaló que la inacción del Estado se demuestra cuando las víctimas y sus familias tocan las puertas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), sin encontrar respuesta alguna.
Es evidente, dijo, que en la actualidad las mujeres se pregunten qué están haciendo las instituciones encargadas de generar estrategias de prevención y mecanismos de investigación, procuración y administración de justicia, ya que desde su perspectiva la Conavim y la Fevimtra son instancias decorativas y sin contenido.
Mencionó que ambas instituciones, la primera dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la segunda de la Procuraduría General de la República (PGR), ni siquiera tienen personal suficiente para realizar su trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Al hacer un balance sobre la actuación de las autoridades, Marrufo Nava destacó que durante la gestión de Felipe Calderón la Segob “era un caos” y lució por su desorganización, y por tanto no tuvo grandes logros en el manejo de la política de DH a nivel nacional.
La defensora aseguró que fue hasta finales del sexenio pasado que el gobierno trató de tomar acciones en la materia y en 2012 Calderón expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como una forma de paliar los problemas denunciados por activistas.
Ahora con Enrique Peña Nieto en el Ejecutivo, la abogada aseguró que el panorama es similar y puso como ejemplo que las áreas operativas de la Segob no reciben apoyo de los mandos superiores, y por lo tanto no hay acciones pese a contar con personas capaces y con iniciativas para mejorar la situación de los DH.
Destacó que hoy como hace dos años, el Estado mexicano envía tímidos mensajes contra la violencia de género y a favor de los derechos de las mujeres, y hasta puede condenar los asesinatos y agresiones contra las defensoras, pero después busca borrar lo sucedido porque cada denuncia representa un hecho bochornoso que mancha a las autoridades.
Imelda Marrufo llamó a la prensa a no abandonar a las mujeres y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas a través del trabajo periodístico, a fin de que los casos no queden en notas aisladas.
En un país donde sólo en 2013 se registraron 155 casos de violencia contra defensoras y 14 agresiones contra mujeres periodistas en una década (2002-2013), la feminista apeló a la interlocución y trabajo conjunto entre organizaciones, reporteras y reporteros, porque consideró que lo que no se documenta no existe.
Alertan ONG sobre la crisis humana sin precedente que enfrenta México
crisis sin precedenteen materia de derechos humanos debido, entre otros factores, a las violaciones cometidas por las empresas trasnacionales contra pueblos indígenas, la militarización de la seguridad pública y los ataques contra sectores vulnerables, como mujeres y activistas independientes, lo cual requiere una intervención
urgentede la comunidad internacional.
situación de crisiscuyo denominador en común es la falta de consolidación del estado de derecho y la impunidad casi total.
fabricaciónde culpables, los múltiples abusos contra migrantes indocumentados y las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas.
31 ago 2013
Aguarda Rosalinda justicia para su hija agredida por militares
La joven estaba descalza, iba con la blusa rota, el cabello alborotado, y el rostro devastado por un asfixiante sol y abrumada por el calor del desierto.
La adolescente se acercó a Rosalinda, la abrazó y soltó el llanto. Todavía con la impresión de verla, la mujer alcanzó a preguntar “¿Qué tienes, qué te pasó, por qué vienes descalza?”. Las preguntas continuaron en su mente “¿Qué le hicieron a mi niña, qué le pasó?”.
La respuesta fue un susurro al oído: “Me violaron”. Rosalinda no escuchó esas palabras, repitió la pregunta, y la respuesta fue la misma. Pasmada por la impresión, le limpió la cara con la mano, la miró y le pidió que no siguiera llorando. “¿Quién te violó?”. De nuevo una respuesta simple: “Los soldados”.
Así es como Rosalinda, madre de la joven de 15 años ultrajada por elementos del Ejército, narra a Cimacnoticias lo que sucedió ese 10 de julio. Su intención –dice– es que alguien se atreva a alzar la voz por ellas y se castigue a los soldados que vejaron a su hija.
Ahora Rosalinda y su familia se encuentran sin mayor apoyo. No tienen abogado ni una red que los ayude a continuar con la denuncia que iniciaron ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con la rabia de saber que su hija fue violada sexualmente por efectivos militares –cuenta Rosalinda– le pidió a su hija que fueran a denunciar. “Quiero ir al cuartel para hablar con el General para demostrarle la clase de criminales que tienen y que portan placa”, dijo en ese momento, pero la joven se negó.
LOS HECHOS
Ese día la joven se encontraba con su novio en un hotel de Nuevo Laredo. Poco antes del mediodía él salió de la habitación. Luego la adolescente escuchó que tocaron la puerta. Ella abrió pensando que se trataba del sujeto, pero al instante un grupo de soldados uniformados, armados y con pasamontañas entró al cuarto. Eran varios.
La presencia de los militares en Nuevo Laredo es común, por lo que la joven pensó que quizás se trataba de un operativo. No fue así. Un soldado le quitó el celular, otro le revisó la bolsa. Uno más le ordenó que se quitara el pantalón.
Lo que siguió fue breve interrogatorio y un cúmulo de golpes en el vientre. Como un mecanismo de defensa para que no le siguieran pegando ella dijo que estaba embarazada. No sirvió de nada y fue violada sexualmente.
Después de varios minutos, los soldados la dejaron y se fueron. Ella salió del hotel, caminó a la calle, encontró a una persona y le pidió prestado su teléfono celular. Llamó a su madre y serena le pidió que fuera a recogerla a la gasolinería cercana a su casa.
En casa, Rosalinda tenía que atender el negocio familiar, una tienda de abarrotes, así que su papá fue por ella. Cuando llegó a la gasolinería ella no estaba. Preguntó a un señor por una joven alta y de cabello largo. El sujeto le respondió que se la acababan de llevar los soldados; eran los mismos que la agredieron en el hotel.
De lo siguiente que pasó, sólo la joven sabe. Los militares la subieron a un vehículo y la llevaron a un paraje lejano, ahí le quitaron los zapatos y la abandonaron. Ella caminó hasta que encontró una casa donde le prestaron auxilio y la llevaron en una camioneta con su madre.
ACOSO
Cuando la adolescente llegó a casa, lo último que quería hacer era denunciar. Sus padres la apoyaron. “Se hará lo que tú quieras, pero para mí esto es como quedarse callados ante tanta injusticia, pero está bien, te voy a respetar”, le dijo Rosalinda.
Sin saber que hacer cuando ocurre una violación sexual, la familia creyó que habría que olvidar lo sucedido; sin embargo la vida nunca volvió a ser la misma. La joven ya no salía de casa, comía poco y tenía trastornos de sueño. Así pasaron los días.
El hecho que hizo reaccionar a la familia fue el hostigamiento militar. Camionetas del Ejército comenzaron a pasar de manera frecuente frente a la tienda de abarrotes. Cada vez que circulaban por ahí, los vehículos bajaban la velocidad sin detenerse.
Rosalinda no dijo nada pese a que su hija estaba encargada de atender la tienda. En ocasiones un par de camionetas militares se paraban frente al lugar; dos, tres o cinco soldados iban a comprar, veían a la joven, a veces susurraban entre ellos, otras tantas se reían.
“Yo dije, bueno, estos personajes ya saben –o ella les dijo donde vivíamos– y es una manera que están utilizando de hostigarla, darle miedo, burlarse de ella. Es una forma de decirle ‘o te callas o les va a ir mal’”, narra Rosalinda.
Así pasaron unas dos semanas hasta que un día Rosalinda no pudo más, rompió en llanto y decidió que no podía seguir callando. Convencida de que quería justicia y de que no permitiría que volvieran a vejar a su hija, sintió que tenía que hacer algo.
Con el temor de enfrentarse al Ejército y de que la puedan matar, la mujer dice a esta agencia: “El miedo me impulsa a defender lo que yo más amo en esta vida que es mi hija”. El primer paso fue dejar constancia del caso, así que a fines de julio convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa.
Rosalinda contó su historia y el 29 de julio acudió ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para presentar una queja por el hostigamiento del que era víctima. Así comenzó su lucha por lograr justicia para su hija.
La estrategia de la familia de informar a los medios dio frutos y el pasado 5 de agosto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el comunicado 223/13, para informar que iniciaría una investigación de oficio a fin de recabar evidencias y pronunciarse al respecto.
DENUNCIA
Rosalinda no sabe nada de averiguaciones previas ni expedientes judiciales, pero está segura de que alguien tiene que investigar y sancionar a los soldados.
También el 29 de julio la mujer acudió a la PGR a denunciar los hechos; allí le tomaron la denuncia. El 3 de agosto fue con su hija a la guarnición del Ejército en Nuevo Laredo y las recibió un General, quien –destaca– las atendió amablemente.
El mando militar, cuyo nombre no recuerda, escuchó todo el relato y se comprometió a investigar los hechos, además le pidió que al día siguiente, 4 de agosto, fuera al cuartel a reconocer a los agresores.
Así lo hizo Rosalinda: fue y llevó un video del hotel que consiguió donde se ve a los soldados entrar y salir del lugar. Además llevó la blusa rota de su hija. Entregó todas las pruebas a los soldados en espera de que sirvan para que se acredite la violación sexual.
En el cuartel la adolescente identificó a por lo menos cuatro de sus agresores; firme y sin titubeos dio detalles significativos para ella. Por ejemplo, que le pidieron la contraseña del celular, que le robaron la bolsa, que la obligaron a fumar mariguana, le rompieron la blusa y que la golpearon con sus armas.
“A cada uno de ellos les estuvo diciendo, delante de todos los demás, lo que le hicieron”, relata Rosalinda, quien además acota que ellos, los generales, le prometieron justicia, por lo que confía en la palabra del Ejército.
“Ojalá que la Sedena se dé cuenta de la clase delincuentes que tiene adentro de sus filas. Yo creo que los altos mandos no se dan cuenta de lo que andan haciendo esos delincuentes, porque si se dieran cuenta no hubiera delincuentes como ellos aquí”, apunta Rosalinda.
Al final, ella reconoce que esta denuncia le ha traído a su hija estigma, críticas y una férrea acusación de que ella “tuvo la culpa”, porque se encontraba en un hotel, lo cual –asegura la mamá– no justifica que dos o más soldados cometan una violación sexual.
30 ene 2013
Oaxaca: estado con más violencia estructural contra las mujeres
VIOLENCIA
Al feminicidio se suman las agresiones en casa y comunidades
Y es que en esa entidad del sur del país, tanto las agresiones físicas como los homicidios por razón de género son cometidos en su gran mayoría por personas que mantienen un vínculo cercano con las víctimas, lo que evidencia el grado de inseguridad que viven las oaxaqueñas.
En su informe ciudadano “¡Justicia ya! Feminicidio y violencia contra las mujeres en Oaxaca a dos años del gobierno de la alternancia 2011-2012”, el Colectivo Huaxyacac advierte que la inacción de las autoridades locales ante el incremento en 50 por ciento de los casos de feminicidio en 2011 y 2012, manda a la población el mensaje de que la “vida y la integridad femenina no valen nada”.
Al mismo tiempo que se han disparado los asesinatos de mujeres en el estado, se han recrudecido diversas agresiones a la integridad física, psicológica, sexual y emocional de la población femenina, y todo ello enmarcado por la omisión y deficiencias de las autoridades encargadas de investigar los crímenes.
Por lo anterior, el Colectivo Huaxyacac considera que las acciones contra la violencia de género en la entidad no deben enfocarse solamente a la ola de feminicidio, sino también a la atención y prevención de la violencia intrafamiliar, así como a la capacitación del personal judicial.
Otros informes y estudios confirman que Oaxaca es triste ejemplo de cómo la violencia estructural contra las mujeres inicia en los hogares y comunidades desde que son niñas, y culmina con el asesinato perpetrado por un ser cercano, como el padre o el propio hijo.
ENTIDAD CRÍTICA
Según el informe de Huaxyacac, los casos de feminicidio en la entidad han aumentado en casi 50 por ciento al registrarse 173 asesinatos de mujeres entre diciembre de 2010 y noviembre de 2012 (primeros dos años de gobierno del actual mandatario estatal, Gabino Cué –postulado por los opositores PAN y PRD–), en contraste con los 111 homicidios documentados de diciembre de 2008 a noviembre de 2010 (últimos dos años de gestión del anterior gobernador, Ulises Ruiz, emanado del PRI).
En total, de diciembre de 2010 a noviembre de 2012 se documentaron al menos 4 mil 265 agresiones contra las oaxaqueñas, incluidos los asesinatos.
De los casos de homicidios perpetuados en 2011 sólo hay un sentenciado y por los de 2012 no se ha emitido ninguna sentencia. De las denuncias por violencia intrafamiliar en 2012 sólo hay seis sentenciados y durante 2011 no hubo ninguna sentencia.
Con anterioridad, en otro documento (“Feminicidio en Oaxaca, informe ciudadano 2008-2009”), organizaciones civiles ya habían denunciado que en el 58 por ciento de los asesinatos de mujeres hubo exceso de fuerza física, a la par que se agudizaron otros tipos de violencia como la física y la sexual.
Igualmente, en 2008 el estado ocupó el primer lugar a nivel nacional y el de mayor prevalencia de algún tipo de violencia contra las mujeres. En el primer semestre de 2012 la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer (Conavim) confirmó en un estudio que Oaxaca se ubica en los primeros sitios de violencia estructural contra la población femenina.
En el informe ciudadano 2008-2009 se asienta que 61 de cada 100 mujeres de 15 años y más han enfrentado algún tipo de violencia, ya sea por parte de su pareja o en algún ámbito de su comunidad.
Asimismo se constata que un número significativo de los agresores son los compañeros o ex compañeros sentimentales de las mujeres. Incluso existe información de agresiones cometidas por sus padres, así como por sus propios hijos.
TODA UNA TRADICIÓN
En su momento, la Consultoría de Estrategias para la Igualdad Social (Conesis) advirtió que en las comunidades de origen rural e indígena, como en Oaxaca, persisten tradiciones machistas y patriarcales que discriminan a las mujeres.
Puso como ejemplo que la venta de niñas para matrimonios forzados “vulnera su integridad poniéndola en un riesgo constante de ver afectada su salud e impidiendo su derecho a decidir”.
Otro factor que contribuye a la impunidad es la falta de denuncia. Según “Feminicidio en Oaxaca, informe ciudadano 2008-2009”, el índice de denuncias al respecto es mínimo, ya que del total de mujeres que ha sufrido alguna agresión sólo el 15 por ciento acudió ante las autoridades.
De acuerdo con el reporte, las oaxaqueñas no denuncian porque consideran que la agresión “no tuvo importancia”, “es algo normal”, o “su pareja tiene derecho a reprenderlas”.
Pero también hay un amplio sector de la población femenina que no interpone una denuncia pues considera que las autoridades no son confiables, o que la situación no va a cambiar, concepciones que se derivan del poco acceso que tienen las mujeres a la justicia.
15 ene 2013
La pesadilla mexicana. Mujeres migrantes en nuestro país
México DF, enero 15 de 2013.
6 feb 2012
Baleados y apuñalados en el nublado terreno calderonista
No pudieron escucharse más crueles las palabras de Felipe Calderón al tener como marco los reclamos de la familia de la activista Norma Andrade, quien no es la primera vez que sufre ataques. El michoacano sostuvo durante la presentación del informe de actividades del 2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que “se han dado actos violatorios graves, en todos los casos conocidos, el gobierno has procedido ante los tribunales correspondientes, son inadmisibles y son repudiados”, sí, pero no son remediados, ni siquiera se atrapa a quienes cometen los ilícitos. Y es que en el caso de la activista, como se recordará tuvieron que ofrecerle que saliera de Chihuahua, de Ciudad Juárez, lugar en donde en diciembre del año anterior recibió 5 disparos cuando salía de su trabajo.
La señora Andrade es fundadora de la organización civil “Nuestras hijas de regreso a casa” cuenta con 52 años de edad y encabeza a cientos de madres de familia que siguen buscando a sus hijas desaparecidas no solo en Ciudad Juárez sino en otros puntos del estado de Chihuahua. Ha recibido adhesiones de otras familia que también tienen a sus vástagos desaparecidos y ni la CND ni los tribunales, ni las autoridades estatales, ni las federales han hecho caso a los reclamos y lo único que pudieron aconsejarle a raíz de que recibiera los disparos fue que huyera del lugar a lo que sus hijos han seguido oponiéndose porque consideran que no es así como van a solucionar estos atentados ni a descubrir quien o quienes los hacen, menos aún pondrán fin a los expedientes que tienen abiertos ante tanto muerto y desaparecido.
De acuerdo a sus primeras declaraciones, fue cerca de las 8 de la mañana de ayer cuando un desconocido llamó a la puerta del domicilio de doña Norma. Ella salió a abrir y el sujeto la agredió con un arma punzocortante. Una vez cometida la felonía, escapó. Policías de Culhuacán reportaron la herida que sufrió en el cuello y fue trasladada al hospital. De inmediato la Procuraduría del Distrito Federal informó que la protección de Andrade correspondía a la PGR quien atendió la solicitud que le fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pese a que estos hechos siguen registrándose y que se realizan incluso frente a las propias oficinas de gobierno, ya sean federales o estatales, Calderón no ha tenido empacho en declarar que la CNDH y los diferentes niveles de gobierno crearon un ambiente de colaboración, lo que ha permitido que organizaciones como esa hagan un trabajo responsable ante grandes conflictos. No se detuvo en halagos para Raúl Plascencia, bajo cuya presidencia, dijo, se ha entrado en una dinámica muy activa. Habrá que recordar que nunca como ahora se visto inútil tal Comisión y que quienes necesitan de su intervención tienen que recurrir a las organizaciones internacionales para lograr ser atendidos.
Pero no es solo este asunto en que mantiene nublado el terreno calderonista, está el asunto de Miguel Ángel Yunes, ex alcalde de Boca del Río, Veracruz e hijo del político del mismo nombre quien ha sido constantemente criticado por sus actuaciones. Según el junior el atentado tenía por objetivo secuestrarlo y afirma que fueron 8 personas las que dispararon en contra de su camioneta misma que, por el alto blindaje, les salvó la vida. Yunes niega que el hecho tenga que ver con la rivalidad entre su padre y el ex gobernador Fidel Herrera.
Sin embargo, sabido es que a Yunes Linares se le han seguido las pistas y criticado las acciones desde que le tendió una trampa a Cuauhtémoc Cárdenas poniéndolo a bailar con “veracruzanas”. Difundió las fotografías señalando que se trataba de travestis. Recientemente el enfrentamiento en donde aseguró que Elba Esther Gordillo le reclamaba sumas millonarias para su partido descubrió que ya no estaban las relaciones entre la lideresa y Calderón tan tersas como al principio del sexenio. Ni que decir de los expedientes que cruzaron tanto Fidel como Yunes y que los relacionaban con el narcotráfico, mafia ésta que aparece como sombra en el atentado contra su hijo.
En tanto va cobrando forma la especulación hecha pública de que lo que se pretendía era asaltarlo ya que trasladaba otras maletitas también con dinero, mismo que se utilizaría para la compra de votos a favor de Cordero y cuya gestión se realiza a través del programa Oportunidades que hoy, como ayer con Josefina Vázquez Mota, a la cabeza, les viene sirviendo a los panistas para conseguir los sufragios que lo gris de sus candidatos no puede.
"Tengo mucho miedo, ¿dónde está Calderón?": Norma Andrade
"Tengo mucho miedo. No me explico qué está pasando", asegura la activista Norma Esther Andrade tras el atentado que sufrió el viernes pasado en la puerta de su casa, en la colonia CTM Culhuacán, en la delegación Coyoacán, que la dejó herida.
La fundadora de la organización Nuestras hijas de regreso a casa –que busca justicia para las víctimas de feminicidio en Chihuahua– manifesta sentir rabia, coraje e impotencia, porque “tengo que estarme escondiendo en mi propio país”.
En diciembre pasado, Andrade y su hija Malú García fueron agredidas por un desconocido con un arma de fuego en Ciudad Juárez, por lo que buscaron refugio en el Distrito Federal. “Pensé que aquí no tendría problemas; he mantenido un bajo perfil, no había hecho declaraciones a la prensa. Pero veo que no es así”.
Por ello, demanda a los gobiernos federal y de Chihuaha atender las peticiones –realizadas después del atentado de diciembre– de las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos de brindarle medidas cautelares para su protección.
Recuerda que en 2002 el entonces coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Felipe Calderón, se reunió con ella y otras madres de víctimas de feminicidios. “Me dijo: ‘me pongo en sus zapatos’. Hoy me pregunto: ¿dónde está ese señor que se iba a poner en mis zapatos? ¿Por qué si soy mexicana me tienen que ofrecer protección en otros países y no la puedo obtener en el mio?
“Físicamente voy saliendo, pero sicológicamente no. Siento mucho miedo. Eso me enoja porque no es mi naturaleza. Me molesta mucho tener que esconderme. Quizá fue exceso de confianza; en Juárez, cuando uno sale voltea para todos lados, tratas de percatarte si te van siguiendo en el auto y aquí, en la ciudad de México, perdí eso. Me sentía segura, tranquila.”
El ataque ocurrió el viernes, luego de que la activista dejó a su nieto en la escuela: “Regresaba por una calle transitada, era horario escolar y había muchas madres, eso me daba confianza. Salí sin bolso, sin celular y no uso joyas y, sin embargo, cuando estoy por abrir la puerta de casa siento a alguien atrás de mí. Al voltear lo primero que veo fue la navaja. En ese momento mi primer pensamiento fue ‘¡otra vez, no!’ El desconocido no dijo nada y yo empiezo a defenderme, a manotear, pero sólo con mi brazo derecho, pues el otro no lo puedo mover.
27 dic 2011
México tiene primer lugar en agresión sexual contra las mujeres: ONU
Nuestro país tiene el primer lugar en agresión sexual contra las mujeres, según datos de 2010 de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Un estudio comparativo mundial de este organismo sobre mujeres que han sufrido violencia sexual señala que México destaca con 44 por ciento, le sigue Costa Rica con 41, República Checa con 35 y Dinamarca con 28 por ciento.
En contraste, los más bajos son Azerbaiyán, Francia y Filipinas con cuatro, cinco y seis por ciento, respectivamente.
Luciana Ramos Lira, especialista en sicología de la UNAM, dijo que el reporte de la ONU revela que más de cuatro de cada diez mujeres mexicanas han padecido ataques que incluyen comportamientos abusivos de diferente intensidad y consecuencias, desde tocamientos indeseados hasta violación.
La Secretaría de Salud estima que en el país ocurren alrededor de 120 mil violaciones al año; es decir, una cada cuatro minutos, aunque a la fecha no existe una atención integral a las víctimas porque no se da seguimiento efectivo a los casos.
Esto ocasiona que sólo uno de cada diez casos de violencia sexual contra mujeres en América Latina sea castigado por la justicia, según cifras de la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
A escala nacional existe una alta cifra negra de victimización delictiva, (85 por ciento), pues sólo 15 por ciento de los delitos son registrados por las autoridades y de éstos exclusivamente un cinco por ciento se pone a diposición de un juez.
En México no existen estadísticas exactas que permitan dar cuenta de un panorama más claro, aunque es innegable que existen aproximaciones a partir de las encuestas, como la realizada por el Instituto de Salud Pública.
CIDH exhorta a países a difundir datos de salud
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió el pasado miércoles un informe en el que exhorta a los Estados americanos a adecuar sus ordenamientos jurídicos relacionados al acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva para derribar las diversas barreras que enfrentan las mujeres en el continente.
La CIDH diagnosticó que “particularmente las mujeres pobres, indígenas y/o afrodescendientes, las mujeres que habitan en zonas rurales y las migrantes son quienes enfrentan mayores obstáculos en su acceso a información sobre salud sexual y reproductiva’’.
El documento elaborado con el apoyo de España y Finlandia indicó que “en algunos casos las barreras son de tal magnitud que pueden constituir violaciones a los derechos de las mujeres a la integridad personal y vida privada y familiar y a vivir libres de violencia y discriminación.
La CIDH dijo que recibió reportes sobre barreras tales como el acceso limitado a conocer los servicios de planificación familiar a pesar de una alta necesidad insatisfecha así como “la tergiversación en la información en materia reproductiva proporcionada por servidores públicos con fines disuasivos’’
