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13 may 2015

Minimiza la Corte sentencia de la Coridh por el caso de dos indígenas violadas por soldados


Sólo se aplica al Poder Judicial con fines meramente informativos, determina

Cuatro ministros votaron en contra; ‘‘las respuestas a feminicidio o tortura sexual son insuficientes’’

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, en votación dividida, que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) que condenó al Estado mexicano por violentar los derechos de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, quienes fueron violadas por militares en el año 2002, sólo se aplica al Poder Judicial de la Federación con fines meramente informativos y para la elaboración de un recuento de tesis y protocolos para casos de violación, tortura y en los que las víctimas sean mujeres indígenas.
Cuatro de 11 ministros votaron en contra, al considerar que las respuestas del Estado mexicano a los delitos de feminicidio o de violación como ‘‘tortura sexual’’ son insuficientes y que las decisiones de los jueces federales sobre estos temas no han sido confrontadas con los parámetros establecidos por la Coridh.
De éstos, sólo el ministro José Ramón Cossío rechazó el proyecto en lo general, aunque coincidió con Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y Arturo Zaldívar en oponerse a lo fijado en el dictamen en el sentido de supeditar el cumplimiento de la sentencia condenatoria de la Coridh a su conformidad con la Constitución Mexicana y en cuestionar que el pleno se negara a analizar la constitucionalidad del recién reformado artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, el cual estableció que delitos cometidos por militares en agravio de civiles deben ser resueltos por el fuero civil (común o federal).
Cossío criticó que la resolución se limita a dar cuenta de todas las tesis y protocolos de actuación sobre mujeres indígenas y para casos de violación emitidas por la SCJN, ‘‘sin hacer una confronta con la sentencia de la Coridh’’. Además, aseveró, los protocolos de actuación y las tesis de la Corte ‘‘no tienen ningún carácter vinculante para nadie”.Criticó que el pleno no aprobara –como sí lo hizo cuando revisó la sentencia sobre el caso Rosendo Radilla– atraer procesos judiciales en curso, en que militares están acusados de violar derechos de mujeres civiles, ‘‘para saber qué es lo que efectivamente se está haciendo en esta delicada materia’’.
Al término de la sesión, el ministro presidente Luis María Aguilar justificó el sentido de la votación y de manera inusual afirmó: ‘‘Sostener que existe una división en dos grupos de ministros, además de que en mi opinión es absolutamente falso, no es más que intentar hacer un infantil ejercicio maniqueo, quizá de utilidad mediática, pero alejado totalmente de la verdad’’.
Insistió en que todos los ministros buscan proteger los derechos humanos, como lo demuestra la resolución adoptada este lunes.
Falta capacitación
La mayoría aprobó que el Poder Judicial Federal, al cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se aboque a capacitar y actualizar de modo permanente a sus miembros sobre el sistema en general y de la jurisprudencia de la Coridh, y para que los juicios se lleven a cabo desde una perspectiva de género y etnicidad.
Lo anterior, dijeron, ‘‘con énfasis en casos de violencia sexual contra mujeres, privilegiando el valor preponderante que debe asignarse a la versión de la propia víctima, cuando se articula con otros medios de prueba o haga razón a través del enlace lógico y armonizado de los hechos’’, así como instrumentar programas para la adecuada defensa y asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia sexual, particularmente cuando provengan de grupos vulnerables.


Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Martes 12 de mayo de 2015, p. 5


1 oct 2014

Investigación sobre feminicidio “a modo” en el Edomex

 5 meses sin resultados y ni siquiera se ha consultado a víctimas



La investigación que se realiza en el Estado de México –a raíz de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) presentada en diciembre de 2010– se basa en encuestas y cuestionarios, y no en testimonios de las víctimas, denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Como parte de la Alerta Ciudadana de Violencia de Género, el OCNF visitó la semana pasada el municipio de Tlalnepantla, localidad mexiquense con alta incidencia de violencia de género.

Durante la protesta frente al palacio municipal, Yuridia Rodríguez, asesora jurídica de la organización, informó que aunque han pasado cinco meses desde que se anunció que se realizaría una investigación sobre violencia feminicida en la entidad, los avances son mínimos.

Cabe recordar que en 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el OCNF presentaron ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) una solicitud de investigación para declarar la AVG en el Edomex, la cual fue negada en enero de 2011.

Ese mismo año, ambas organizaciones interpusieron un amparo contra la negativa de declaratoria de AVG. En 2012 el Juez Noveno de Distrito otorgó el amparo, obligando así al Sistema a motivar y fundamentar su negativa, y aunque realizó dos sesiones con ese fin el SNPASEVM volvió a rechazar la alerta.

En 2013 el Poder Judicial Federal ratificó el fallo del juzgado, y aunque la Secretaría de Gobernación respondió con una queja, la sentencia fue ratificada.

En mayo pasado se informó que la pesquisa correría a cargo de un “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional” creado en 2009, a partir del acuerdo 04-24/04/2009 del SNPASEVM, y conformado sólo por dependencias federales.

Según las organizaciones civiles, la lentitud con la que se ha realizado la investigación se debe a que el gobierno federal “no sabe cómo investigar el feminicidio”, pues en reiteradas ocasiones pidieron les dieran a conocer la metodología con la que se realizarían las pesquisas, sin obtener una respuesta clara.

En ese contexto, Yuridia Rodríguez dio a conocer que recientemente el Sistema les dijo que solicitó información al gobierno del Edomex sobre el número de asesinatos y casos de feminicidio registrados durante el periodo denunciado por la organización (2005 a 2010).

“Esto nos parece sumamente grave porque en 2010 (cuando se solicitó la activación de la AVG) no existía el delito de feminicidio, así que ya sabemos que las autoridades locales van a informar que no tienen registrado ningún caso, simplemente porque no existía el tipo penal”, criticó.

Agregó que la investigación no “tiene ningún interés” por identificar las irregularidades que cometen los funcionarios, de lo que se podría desprender posibles sanciones.

Lo anterior porque, según informó el Sistema al OCNF, el Grupo Multidisciplinario “va a leer los expedientes (judiciales)”, pero no tiene ninguna facultad para señalar las fallas en la investigación o pronunciarse al respecto de los casos.

A decir de Rodríguez, la investigación que se lleva a cabo se basa en el envío de cuestionarios a activistas y al gobierno mexiquense, pero no contempla visitas al lugar de los hechos, municipios o acercarse a las víctimas, “cuando lo que nos ha permitido a nosotras ver que el problema es más grave de lo que imaginábamos es precisamente acercarnos a los municipios”.

Desde mayo pasado, cada día 25 de mes, el OCNF recorre los puntos emblemáticos de municipios mexiquenses con alta incidencia en violencia de género, y en sus recorridos escucha a las familias de víctimas que no han denunciado los hechos. Hasta ahora se ha visitado Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco y Tlalnepantla.

Finalmente, la abogada Yuridia Rodríguez lamentó que mientras en los estados de Guanajuato y Morelos bastó un mes para emitir recomendaciones a los gobiernos locales, en el Edomex han pasado cinco meses sin resultados concretos de la investigación, por lo que se teme que carezca de un impacto real.

En una entrevista concedida a esta agencia el pasado 19 de agosto, Alejandra Negrete Morayta, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dijo que la investigación en el Edomex estaba en la etapa de acercamiento con las víctimas y sobrevivientes de feminicidio, y escuchando a grupos civiles.

Precisó que la metodología a seguir sería la misma de las investigaciones realizadas en Guanajuato y Morelos (indagaciones llevadas a cabo por un Grupo de Trabajo conformado además de funcionarios, por académicas y expertos). Sin embargo, lo denunciado por la integrante del OCNF desmiente lo dicho por la comisionada.
 

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-

10 jul 2014

Cuatro estados, bajo investigación por altos niveles de violencia hacia mujeres


Se emitirán hoy 13 recomendaciones al mandatario de Guanajuato: Gobernación

Podrían lanzar alerta de género si no se acatan medidas; vigilan a Edomex, Chiapas y Morelos

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 10 de julio de 2014, p. 20

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación informaron que Guanajuato, estado de México, Chiapas y Morelos son objeto de una investigación nacional por denuncias de altos niveles de violencia hacia las mujeres.

En el caso de Guanajuato, la resolución será emitida hoy. De acuerdo con los diagnósticos preliminares, se advierte un problema delicado, por lo cual se emitirán 13 recomendaciones al gobernador de la entidad.

Sólo en caso de que el mandatario no las acate, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –que preside Gobernación y que hoy realizará su 22 reunión ordinaria– emitiría una alerta de violencia de género y feminicida, lo cual nunca se ha dado ni en esta entidad ni en otras, pese a las crisis documentadas.

Guanajuato tiene una incidencia delictiva al alza, según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública; integrantes del organismo señalaron que tales cifras están influidas por la violencia familiar.

De enero a mayo de este año, en la entidad el homicidio simple acumula mil 119 víctimas, cifra mayor a la que se presenta en Guerrero y sólo por debajo del estado de México y Michoacán. También hay alzas en homicidio doloso, lesiones dolosas y delitos sexuales. Organizaciones civiles han documentado los casos y las crestas de hechos violentos hacia las mujeres.

Los análisis de la situación en el estado de México y Chiapas se iniciaron por mandato judicial. En el primer caso fue resultado de un litigio de tres años por parte de grupos civiles, y para Chiapas no hubo impugnación, por lo que se abrió el expediente.

En Morelos los trabajos se iniciaron hace algunos días; la norma marca que deberá emitirse un diagnóstico en un máximo de 30 días.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres reconoció que de 1985 a 2012 se cometieron 42 mil 73 feminicidios en México, debido a que este crimen ocurre en un contexto de permisividad social, incluso de estímulo, pero también en un ambiente de impunidad de Estado.

Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del instituto, organismo que ha recibido ocho solicitudes de declaratoria de alerta de violencia de género, indicó que siete de cada 10 mexicanas han experimentado algún tipo de agresión, entre ellas sexual, económica u obstétrica.

El funcionario señaló que organizaciones civiles del estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas exigieron aplicar dicho mecanismo cuando aún estaba en vigor el reglamento aprobado en 2008, que establecía que el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres era el encargado de evaluar la petición.

Sin embargo, apenas este viernes el Sistema Nacional aprobó integrar un grupo interinstitucional y multidisciplinario que analizará el caso de Chiapas, cuya solicitud fue recibida el 25 de noviembre de 2013.
En el mismo rezago se encuentra la petición del estado de México, cuyo grupo de revisión se instaló el 27 de junio.
(Con información de Blanca Juárez)

22 abr 2014

Tortura, “práctica terriblemente cotidiana en México”, acusan ONG ante relator de la ONU


Militares después de un enfrentamiento con presuntos sicarios en Ciudad Juárez en febrero de 2010. Foto: Ricardo Ruíz
Militares después de un enfrentamiento con presuntos sicarios en Ciudad Juárez en febrero de 2010.
Foto: Ricardo Ruíz
MÉXICO, D.F. (apro).- El incremento de hasta 500% en casos de tortura, la persistencia del arraigo, la militarización como pilar de la estrategia de seguridad pública y el uso desproporcionado de la fuerza policial contra comunicadores en cobertura de actos de protesta social, fueron algunos de los temas abordados por organizaciones civiles durante el primer encuentro con Juan Méndez, relator especial de la ONU.
La Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT), Amnistía Internacional (AI), Artículo 19 y el Instituto para la Seguridad y la Democracia dieron cuenta en un comunicado de la reunión con Méndez en esta ciudad en la que expusieron “las principales preocupaciones en torno a la persistencia de la práctica de la tortura en México”.
Las ONG presentaron al experto de la ONU un panorama sobre la situación en México, así como el lastre en materia de derechos humanos dejado por la administración del panista Felipe Calderón (2006-2012) y su guerra contra el narcotráfico, estrategia que no ha variado gran cosa en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
ategia que no ha variado del todo en el gobierno de Enrique Pea situaci Humanos, todos los derechos para todas y todosña Nieto.
Por ejemplo, dieron cuenta de los 7 mil 253 casos de tortura registrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el sexenio pasado, así como de las 11 mil personas arraigadas de 2006 a la fecha, de las que sólo 3.2% fueron condenadas.
También resaltaron que, pese a que México es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, no hay cambios favorables en México.
Además, recordaron que en 1997 México tuvo la primera visita de un relator de Naciones Unidas sobre el tema, que emitió un primer informe en 2000, y que en 2012 el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) emitió otro documento recomendatorio.
Luego de resaltar que en 2012 el CAT consignó en su reporte que en materia de tortura subsiste “una realidad que no ha cambiado en México”, las organizaciones civiles puntualizaron que en ese documento los expertos de la ONU señalaron el aumento alarmante de esa práctica “mediante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad del Estado”.
En el documento también plasmaron su preocupación de que se elevara a rango constitucional la figura del arraigo, “lo cual ha provocado que se cometan actos de tortura y malos tratos en cuarteles militares”.
Las ONG resaltaron en el comunicado que en la reunión con Méndez alertaron sobre el incremento de 500% en el número de denuncias por tortura durante el sexenio pasado, práctica “relacionada con la estrategia de seguridad implementada” y, peor aún, “la continuidad y persistencia de esta práctica durante el primer año de gobierno de Peña Nieto”.
También expresaron ante el experto de la ONU su preocupación por “el uso desmesurado de la prisión preventiva y detenciones arbitrarias durante las que ocurren actos de tortura”.
Incluso cuestionaron “la militarización como estrategia de seguridad pública”, lo que “ha provocado el aumento de casos de tortura”, al tiempo que la persistencia del fuero militar “no permite que los responsables sean llevados a la justicia civil”.
Enseguida consideraron alarmante que a partir de la llegada del actual gobierno de Peña Nieto, se ha hecho un “uso desproporcionado de la fuerza policial contra periodistas durante la cobertura de manifestaciones”.
Las organizaciones demandaron al relator especial que en sus recomendaciones finales considere la abolición del arraigo, así como insistir en la reforma al Código de Justicia Militar “para asegurar que ningún caso que involucre la participación de un elemento castrense en la valoración de derechos humanos sea investigado o juzgado en el sistema castrense”.
Asimismo abogaron por la puesta en marcha de “protocolos y controles de detención, para que cuando una persona sea aprehendida, se le traslade y presente inmediatamente al Ministerio público”.
Además instaron al relator de ONU a abogar por establecer “protocolos de actuación para que elementos de la policía que eviten el uso excesivo de la fuerza y se facilite la labor informativa.”
En el encuentro, las ONG pidieron a Méndez insistir en las recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido con anterioridad del CAT, así como de otros organismos internacionales.
Entre los puntos que pidieron a Méndez puntualice en su informe final destaca la inadmisión de “pruebas o confesiones presentadas a los jueces bajo tortura”, así como la investigación inmediata una vez que esa práctica es denunciada.
Además, que insista en la aplicación del Protocolo de Estambul, “con personal capacitado; por otro lado, debe independizarse la aplicación de peritajes de la PGR, aparte de que las autoridades judiciales y jueces deben reconocer los peritajes independientes con el mismo valor que los oficiales”.
También pidieron insistir en la creación de “mecanismos de control del uso de la fuerza para todas las fuerzas de seguridad pública e implementar un sistema de evaluación y sanción por hechos que violan lo derechos humanos”, así como llamar la atención por la falta de operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a cargo de la CNDH, y se reitere la pertinencia de consolidar un mecanismo autónomo con un marco legal conforme a los tratados internacionales”.
Los representantes de organizaciones expusieron a Méndez casos de tortura y tratos crueles e inhumanos en casos de personas en reclusión, donde son comunes “los castigos corporales y encierros prolongados (…) como medidas disciplinarias”.
Asimismo, denunciaron ante el experto de ONU los malos tratos a que son sometidas las mujeres que recurren a servicios de salud pública para la atención de partos; los abusos sufridos por personas que padecen enfermedades mentales, y la ausencia de datos confiables de la situación en que viven niñas y niños en instituciones públicas.
Aparte, fueron abordados los tratos degradantes que se dan a personas en tránsito en las estaciones migratorias, así como “la falta de investigación e impunidad en los casos de personas desaparecidas, desatención que también genera un forma de tortura psicológica para las familias de las víctimas que siguen clamando verdad y justicia”.
Las reuniones de Méndez con miembros de la sociedad civil continuarán en esta capital, Nuevo León, Chiapas y Baja California, donde “examinará las garantías para los derechos de las personas privadas de libertad y las condiciones de su detención, en particular de aquellos que permanecen años en detención, sea en espera de un juicio, en cumplimiento de una larga sentencia, o en el caso de personas detenidas en estaciones migratorias”.
Expondrán a relator casos emblemáticos de tortura y violencia sexual
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expondrá a Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas (ONU), dos casos de tortura y violencia sexual como ejemplos de la situación que impera en el país.
Méndez, experto argentino, lleva a cabo desde el lunes 21 una visita de trabajo en México, la cual concluirá el próximo 2 de mayo. Hasta ahora se ha reunido con miembros de la sociedad civil y funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, entre otros.
El Centro Prodh, organización que sostendrá encuentros con Méndez, destacó que la tortura –“una práctica terriblemente cotidiana” que es utilizada para la obtención de pruebas “con el fin de condenar a personas, muchas veces inocentes”– es también un delito que alcanza 98% de impunidad.
También resaltó que de 1994 a 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha conseguido dos condenas por tortura, lo que significa “una tasa de impunidad de más de 98% por la falta de adecuada investigación de delitos”.
Los casos que presentará el Centro Prodh al relator especial de ONU son los de Claudia Medina y el de Ángel Amílcar, ambos víctimas de las fuerzas armadas.
Medina Tamariz es una joven que, “además de haber sido incomunicada, fue torturada física y abusada sexualmente durante 36 horas por elementos de la Marina en Veracruz”.
Y Amílcar es un migrante afrocaribeño de Honduras quien fue torturado durante 15 horas en un cuartel militar de Tijuana, Baja California.
El Centro Prodh ha documentado otros casos de tortura institucional: el del indígena mazahua Hugo Sánchez, quien fue ilegalmente acusado de secuestro y posesión de armas, y posteriormente absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el de Israel Arzate, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, también absuelto y que fue acusado de ser uno de los perpetradores de la masacre de 16 jóvenes en Villas de Sálvarcar, en diciembre de 2010.
Ambos casos, apuntó el Centro Pro, evidencian que “por regla general los jueces cuestionan la tortura en primera instancia, en lugar de investigarla como corresponde, trasladando la responsabilidad de probar la tortura a quien fue víctima de ella”.
La organización ha documentado también los abusos cometidos contra mujeres del municipio mexiquense de San Salvador Atenco, expediente que está siendo litigado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un caso de tortura sexual.
En el comunicado, el Centro Pro hizo un llamado a la sociedad mexicana a denunciar abusos, al recordar que “si bien la responsabilidad por la tortura es claramente del Estado mexicano, una sociedad atenta y vigilante es un factor clave para impulsar la democracia y la progresividad de los derechos”

28 mar 2014

Hay maltrato a parturientas, denuncian ONG ante la CIDH


México y los Derechos Humanos

No es práctica sistémica; el gobierno federal trabaja para evitarlos

Presentan casos de mujeres que han dado a luz fuera de nosocomios públicos

Cada año ocurren 931 alumbramientos en esas condiciones, acusan activistas

Todos fueron investigados y se aplicaron sanciones, la respuesta oficial


Foto
El 5 de noviembre de 2013 hubo un caso de presunta negligencia médica cuando Ruth Mendoza, de 23 años, llegó durante la madrugada a la clínica de salud del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, para que la atendieran de un parto; el médico la envió a su casa, porque faltaba mucho tiempo, y dos horas y media después la joven dio a luz a su hijo afuera del templo del centro de saludFoto Arturo Pérez 

Alonso/Cuartoscuro.com
Ángeles Cruz Martínez
 Periódico La Jornada
Viernes 28 de marzo de 2014, p. 2

Los casos que en meses recientes se han dado a conocer sobre mujeres que dieron a luz afuera de hospitales o en algún taxi en Chiapas y Oaxaca son unos cuantos respecto de los 931 que ocurren cada año en el país. La Secretaría de Salud (Ssa) los identifica como partos fortuitos. Aunque no es una práctica sistémica, el gobierno federal trabaja para evitarlos, aseguró durante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada ayer en Washington.

Por primera vez, y en el contexto del 150 periodo ordinario de sesiones, el organismo internacional abordó el tema de violencia obstétrica y salud materna en México. Ahí, las organizaciones civiles Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Parto Libre y Sakil Nichim Anzetik denunciaron que las mujeres enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos, desde la negativa de la atención médica,
discriminación y malos tratos e inhumanos, así como atención deficiente en los servicios de salud materna.

Estos osbtáculos han sido comprobados en investigaciones como la que coordinó Roberto Castro, integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en un trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en hospitales de Morelos.
El Gire destacó ante la CIDH que esas conductas reflejan fallas estructurales en la atención médica y pautas comunes de violación a los derechos humanos de las usuarias, lo que se debe a la insuficiente infraestructura y capacidad de las clínicas y hospitales públicos, federales y estatales, para atender partos y urgencias obstétricas.

Por su parte, el gobierno de México –representado por Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa– expresó su rechazo absoluto a la violencia obstétrica y dio cuenta de las acciones emprendidas para abatir el problema, como la inclusión, por primera vez, de la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo, el plan sectorial de salud y los programas específicos.

Mientras se efectuaba la audiencia, en la ciudad de México Gobernación y la Ssa emitieron un comunicado en el que señalaron que los casos de falta de atención médica a mujeres que requirieron atención obstétrica se investigaron, se deslindaron responsabilidades y se aplicaron sanciones conforme a la ley.

En Washington, los funcionarios federales también comentaron sobre la próxima conclusión del proceso de actualización de la norma oficial mexicana (NOM) 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido, en trámite desde 2011.

El ordenamiento incorpora varias novedades, como la indicación dar prioridad al trabajo de parto y la posibilidad de que la mujer dé a luz en posición vertical.

La nueva NOM señala que se deberán evitar intervenciones no justificadas, como los enemas (lavados vía rectal), rasurado, episiotomía rutinaria y cesáreas no indicadas clínicamente. Resalta la obligación del personal de salud de dar trato digno y respetuoso a las pacientes.

Indicaron que a escala nacional se registran alrededor de 2.2 millones de nacimientos al año, de los cuales más de 95 por ciento se atienden en instituciones de salud. Así, los 931 partos que ocurren afuera de los hospitales no representan una práctica sistemática, pero sí son motivo de preocupación y ocupación de la administración federal.

Mencionaron que el pasado 31 de octubre se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud, en la cual se acordó trabajar para que haya cero rechazo en las unidades médicas, que todas las mujeres reciban trato digno y respetuoso a sus derechos humanos.

19 mar 2014

Conavim y Fevimtra están de adorno: Imelda Marrufo




   Víctimas de violencia no tienen respuesta institucional

Imelda Marrufo Nava, galardonada con el premio Anne Klein 2014 | Archivo CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 

A las mujeres organizadas les corresponde reclamar que las instituciones sean transparentes y rindan cuentas pero, a decir de la defensora Imelda Marrufo Nava, de ninguna manera les toca suplir la labor del Estado en la prevención e investigación de desapariciones y asesinatos de mujeres.

La coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez sostuvo que los colectivos de feministas y las familias de las víctimas realizan tareas que van desde monitoreos periodísticos y generación de datos, hasta recopilación de pruebas de una pesquisa penal y análisis de líneas de investigación.    

Tras ser galardonada con el premio Anne Klein 2014, que el pasado 7 de marzo le otorgó la Fundación Heinrich Böll en Berlín, Alemania, la abogada se reunió con periodistas en la Ciudad de México para hablar de la situación de las defensoras de Derechos Humanos (DH), y en particular de las acciones contra la violencia de género.

La feminista señaló que la inacción del Estado se demuestra cuando las víctimas y sus familias tocan las puertas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), sin encontrar respuesta alguna.

Es evidente, dijo, que en la actualidad las mujeres se pregunten qué están haciendo las instituciones encargadas de generar estrategias de prevención y mecanismos de investigación, procuración y administración de justicia, ya que desde su perspectiva la Conavim y la Fevimtra son instancias decorativas y sin contenido.

Mencionó que ambas instituciones, la primera dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la segunda de la Procuraduría General de la República (PGR), ni siquiera tienen personal suficiente para realizar su trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Al hacer un balance sobre la actuación de las autoridades, Marrufo Nava destacó que durante la gestión de Felipe Calderón la Segob “era un caos” y lució por su desorganización, y por tanto no tuvo grandes logros en el manejo de la política de DH a nivel nacional.

La defensora aseguró que fue hasta finales del sexenio pasado que el gobierno trató de tomar acciones en la materia y en 2012 Calderón expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como una forma de paliar los problemas denunciados por activistas.

Ahora con Enrique Peña Nieto en el Ejecutivo, la abogada aseguró que el panorama es similar y puso como ejemplo que las áreas operativas de la Segob no reciben apoyo de los mandos superiores, y por lo tanto no hay acciones pese a contar con personas capaces y con iniciativas para mejorar la situación de los DH.

Destacó que hoy como hace dos años, el Estado mexicano envía tímidos mensajes contra la violencia de género y a favor de los derechos de las mujeres, y hasta puede condenar los asesinatos y agresiones contra las defensoras, pero después busca borrar lo sucedido porque cada denuncia representa un hecho bochornoso que mancha a las autoridades.

Imelda Marrufo llamó a la prensa a no abandonar a las mujeres y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas a través del trabajo periodístico, a fin de que los casos no queden en notas aisladas.

En un país donde sólo en 2013 se registraron 155 casos de violencia contra defensoras y 14 agresiones contra mujeres periodistas en una década (2002-2013), la feminista apeló a la interlocución y trabajo conjunto entre organizaciones, reporteras y reporteros, porque consideró que lo que no se documenta no existe.
 

Alertan ONG sobre la crisis humana sin precedente que enfrenta México


Violaciones a garantías de indígenas, entre las más graves



Fernando Camacho Servín
 Periódico La Jornada
Miércoles 19 de marzo de 2014, p. 14

En México se vive una crisis sin precedente en materia de derechos humanos debido, entre otros factores, a las violaciones cometidas por las empresas trasnacionales contra pueblos indígenas, la militarización de la seguridad pública y los ataques contra sectores vulnerables, como mujeres y activistas independientes, lo cual requiere una intervención urgente de la comunidad internacional.

Así lo advirtieron diversas organizaciones que participaron en el segundo Seminario sobre Derechos Humanos de la Sociedad Civil, realizado en el contexto del cuarto Diálogo de Alto Nivel en esta materia entre México y la Unión Europea, que se lleva a cabo en estos días en Bruselas, capital del bloque comunitario.

Luego de analizar la situación del país en torno a los ejes temáticos de empresas y derechos humanos, seguridad ciudadana y violencia contra la mujer, los 32 colectivos participantes señalaron a través de un comunicado conjunto que el país vive una situación de crisis cuyo denominador en común es la falta de consolidación del estado de derecho y la impunidad casi total.

Durante los años recientes, subrayaron, las empresas trasnacionales han violado sistemáticamente el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades donde se asientan, generando despojo, desplazamientos forzados y contaminación, en un proceso que se ha cobrado la vida de al menos 30 defensores ambientales y comunitarios.

Por otra parte, la militarización de la seguridad pública ha impactado los derechos humanos de la población, a tal grado que en 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó más de mil casos de abuso cometidos por las fuerzas armadas.

En lo que se refiere a derechos de las mujeres, las organizaciones destacaron que este sector de la población sigue padeciendo un sistema económico y social que la violenta y obstaculiza su pleno desarrollo, ante la falta de acción de las autoridades para terminar con este fenómeno.

A todo lo anterior se suman la persistencia de la tortura, la detención arbitraria, la fabricación de culpables, los múltiples abusos contra migrantes indocumentados y las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas.

Por todo ello, los colectivos dirigieron una serie de recomendaciones al gobierno de México y a la Unión Europea, entre ellas colocar el tema de los derechos humanos en el centro de la agenda bilateral, establecer un mecanismo de seguimiento de estos asuntos, suspender su apoyo a los megaproyectos que afectan a las comunidades, diseñar una nueva estrategia de seguridad pública y erradicar la violencia contra las mujeres.

31 ago 2013

Aguarda Rosalinda justicia para su hija agredida por militares


NACIONAL
Acceso a la justicia para las mujeres
   Venció el miedo para denunciar; espera haya castigo
CIMACFoto: Sandra Torres
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 

La tarde del pasado 10 de julio una camioneta se paró frente a la casa de Rosalinda, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Del vehículo bajó su hija de 15 años de edad.

La joven estaba descalza, iba con la blusa rota, el cabello alborotado, y el rostro devastado por un asfixiante sol y abrumada por el calor del desierto.

La adolescente se acercó a Rosalinda, la abrazó y soltó el llanto. Todavía con la impresión de verla, la mujer alcanzó a preguntar “¿Qué tienes, qué te pasó, por qué vienes descalza?”. Las preguntas continuaron en su mente “¿Qué le hicieron a mi niña, qué le pasó?”.

La respuesta fue un susurro al oído: “Me violaron”. Rosalinda no escuchó esas palabras, repitió la pregunta, y la respuesta fue la misma. Pasmada por la impresión, le limpió la cara con la mano, la miró y le pidió que no siguiera llorando. “¿Quién te violó?”. De nuevo una respuesta simple: “Los soldados”.

Así es como Rosalinda, madre de la joven de 15 años ultrajada por elementos del Ejército, narra a Cimacnoticias lo que sucedió ese 10 de julio. Su intención –dice– es que alguien se atreva a alzar la voz por ellas y se castigue a los soldados que vejaron a su hija.

Ahora Rosalinda y su familia se encuentran sin mayor apoyo. No tienen abogado ni una red que los ayude a continuar con la denuncia que iniciaron ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con la rabia de saber que su hija fue violada sexualmente por efectivos militares –cuenta Rosalinda– le pidió a su hija que fueran a denunciar. “Quiero ir al cuartel para hablar con el General para demostrarle la clase de criminales que tienen y que portan placa”, dijo en ese momento, pero la joven se negó.

LOS HECHOS

Ese día la joven se encontraba con su novio en un hotel de Nuevo Laredo. Poco antes del mediodía él salió de la habitación. Luego la adolescente escuchó que tocaron la puerta. Ella abrió pensando que se trataba del sujeto, pero al instante un grupo de soldados uniformados, armados y con pasamontañas entró al cuarto. Eran varios.

La presencia de los militares en Nuevo Laredo es común, por lo que la joven pensó que quizás se trataba de un operativo. No fue así. Un soldado le quitó el celular, otro le revisó la bolsa. Uno más le ordenó que se quitara el pantalón.

Lo que siguió fue breve interrogatorio y un cúmulo de golpes en el vientre. Como un mecanismo de defensa para que no le siguieran pegando ella dijo que estaba embarazada. No sirvió de nada y fue violada sexualmente.

Después de varios minutos, los soldados la dejaron y se fueron. Ella salió del hotel, caminó a la calle, encontró a una persona y le pidió prestado su teléfono celular. Llamó a su madre y serena le pidió que fuera a recogerla a la gasolinería cercana a su casa.

En casa, Rosalinda tenía que atender el negocio familiar, una tienda de abarrotes, así que su papá fue por ella. Cuando llegó a la gasolinería ella no estaba. Preguntó a un señor por una joven alta y de cabello largo. El sujeto le respondió que se la acababan de llevar los soldados; eran los mismos que la agredieron en el hotel.

De lo siguiente que pasó, sólo la joven sabe. Los militares la subieron a un vehículo y la llevaron a un paraje lejano, ahí le quitaron los zapatos y la abandonaron. Ella caminó hasta que encontró una casa donde le prestaron auxilio y la llevaron en una camioneta con su madre.

ACOSO

Cuando la adolescente llegó a casa, lo último que quería hacer era denunciar. Sus padres la apoyaron. “Se hará lo que tú quieras, pero para mí esto es como quedarse callados ante tanta injusticia, pero está bien, te voy a respetar”, le dijo Rosalinda.

Sin saber que hacer cuando ocurre una violación sexual, la familia creyó que habría que olvidar lo sucedido; sin embargo la vida nunca volvió a ser la misma. La joven ya no salía de casa, comía poco y tenía trastornos de sueño. Así pasaron los días.

El hecho que hizo reaccionar a la familia fue el hostigamiento militar. Camionetas del Ejército comenzaron a pasar de manera frecuente frente a la tienda de abarrotes. Cada vez que circulaban por ahí, los vehículos bajaban la velocidad sin detenerse.

Rosalinda no dijo nada pese a que su hija estaba encargada de atender la tienda. En ocasiones un par de camionetas militares se paraban frente al lugar; dos, tres o cinco soldados iban a comprar, veían a la joven, a veces susurraban entre ellos, otras tantas se reían.

“Yo dije, bueno, estos personajes ya saben –o ella les dijo donde vivíamos– y es una manera que están utilizando de hostigarla, darle miedo, burlarse de ella. Es una forma de decirle ‘o te callas o les va a ir mal’”, narra Rosalinda.

Así pasaron unas dos semanas hasta que un día Rosalinda no pudo más, rompió en llanto y decidió que no podía seguir callando. Convencida de que quería justicia y de que no permitiría que volvieran a vejar a su hija, sintió que tenía que hacer algo.

Con el temor de enfrentarse al Ejército y de que la puedan matar, la mujer dice a esta agencia: “El miedo me impulsa a defender lo que yo más amo en esta vida que es mi hija”. El primer paso fue dejar constancia del caso, así que a fines de julio convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa.

Rosalinda contó su historia y el 29 de julio acudió ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para presentar una queja por el hostigamiento del que era víctima. Así comenzó su lucha por lograr justicia para su hija.

La estrategia de la familia de informar a los medios dio frutos y el pasado 5 de agosto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el comunicado 223/13, para informar que iniciaría una investigación de oficio a fin de recabar evidencias y pronunciarse al respecto.

DENUNCIA

Rosalinda no sabe nada de averiguaciones previas ni expedientes judiciales, pero está segura de que alguien tiene que investigar y sancionar a los soldados.

También el 29 de julio la mujer acudió a la PGR a denunciar los hechos; allí le tomaron la denuncia. El 3 de agosto fue con su hija a la guarnición del Ejército en Nuevo Laredo y las recibió un General, quien –destaca– las atendió amablemente.

El mando militar, cuyo nombre no recuerda, escuchó todo el relato y se comprometió a investigar los hechos, además le pidió que al día siguiente, 4 de agosto, fuera al cuartel a reconocer a los agresores.

Así lo hizo Rosalinda: fue y llevó un video del hotel que consiguió donde se ve a los soldados entrar y salir del lugar. Además llevó la blusa rota de su hija. Entregó todas las pruebas a los soldados en espera de que sirvan para que se acredite la violación sexual.

En el cuartel la adolescente identificó a por lo menos cuatro de sus agresores; firme y sin titubeos dio detalles significativos para ella. Por ejemplo, que le pidieron la contraseña del celular, que le robaron la bolsa, que la obligaron a fumar mariguana, le rompieron la blusa y que la golpearon con sus armas.

“A cada uno de ellos les estuvo diciendo, delante de todos los demás, lo que le hicieron”, relata Rosalinda, quien además acota que ellos, los generales, le prometieron justicia, por lo que confía en la palabra del Ejército.

“Ojalá que la Sedena se dé cuenta de la clase delincuentes que tiene adentro de sus filas. Yo creo que los altos mandos no se dan cuenta  de lo que andan haciendo esos delincuentes, porque si se dieran cuenta no hubiera delincuentes como ellos aquí”, apunta Rosalinda.

Al final, ella reconoce que esta denuncia le ha traído a su hija estigma, críticas y una férrea acusación de que ella “tuvo la culpa”, porque se encontraba en un hotel, lo cual –asegura la mamá– no justifica que dos o más soldados cometan una violación sexual.

30 ene 2013

Oaxaca: estado con más violencia estructural contra las mujeres

ESTADOS
VIOLENCIA
   Al feminicidio se suman las agresiones en casa y comunidades

Archivo | CIMACFoto | Patricia Chandomí
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 30/01/2013En contraste con el feminicidio en Chihuahua –donde las mujeres son “levantadas” por desconocidos, asesinadas y sus cuerpos abandonados en el desierto–, en Oaxaca, ellas viven con el enemigo en casa.

Y es que en esa entidad del sur del país, tanto las agresiones físicas como los homicidios por razón de género son cometidos en su gran mayoría por personas que mantienen un vínculo cercano con las víctimas, lo que evidencia el grado de inseguridad que viven las oaxaqueñas.

En su informe ciudadano “¡Justicia ya! Feminicidio y violencia contra las mujeres en Oaxaca a dos años del gobierno de la alternancia 2011-2012”, el Colectivo Huaxyacac advierte que la inacción de las autoridades locales ante el incremento en 50 por ciento de los casos de feminicidio en 2011 y 2012, manda a la población el mensaje de que la “vida y la integridad femenina no valen nada”.

Al mismo tiempo que se han disparado los asesinatos de mujeres en el estado, se han recrudecido diversas agresiones a la integridad física, psicológica, sexual y emocional de la población femenina, y todo ello enmarcado por la omisión y deficiencias de las autoridades encargadas de investigar los crímenes.

Por lo anterior, el Colectivo Huaxyacac considera que las acciones contra la violencia de género en la entidad no deben enfocarse solamente a la ola de feminicidio, sino también a la atención y prevención de la violencia intrafamiliar, así como a la capacitación del personal judicial.

Otros informes y estudios confirman que Oaxaca es triste ejemplo de cómo la violencia estructural contra las mujeres inicia en los hogares y comunidades desde que son niñas, y culmina con el asesinato perpetrado por un ser cercano, como el padre o el propio hijo.

ENTIDAD CRÍTICA

Según el informe de Huaxyacac, los casos de feminicidio en la entidad han aumentado en casi 50 por ciento al registrarse 173 asesinatos de mujeres entre diciembre de 2010 y noviembre de 2012 (primeros dos años de gobierno del actual mandatario estatal, Gabino Cué –postulado por los opositores PAN y PRD–), en contraste con los 111 homicidios documentados de diciembre de 2008 a noviembre de 2010 (últimos dos años de gestión del anterior gobernador, Ulises Ruiz, emanado del PRI).

En total, de diciembre de 2010 a noviembre de 2012 se documentaron al menos 4 mil 265 agresiones contra las oaxaqueñas, incluidos los asesinatos.

De los casos de homicidios perpetuados en 2011 sólo hay un sentenciado y por los de 2012 no se ha emitido ninguna sentencia. De las denuncias por violencia intrafamiliar en 2012 sólo hay seis sentenciados y durante 2011 no hubo ninguna sentencia.

Con anterioridad, en otro documento (“Feminicidio en Oaxaca, informe ciudadano 2008-2009”), organizaciones civiles ya habían denunciado que en el 58 por ciento de los asesinatos de mujeres hubo exceso de fuerza física, a la par que se agudizaron otros tipos de violencia como la física y la sexual.

Igualmente, en 2008 el estado ocupó el primer lugar a nivel nacional y el de mayor prevalencia de algún tipo de violencia contra las mujeres. En el primer semestre de 2012 la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer (Conavim) confirmó en un estudio que Oaxaca se ubica en los primeros sitios de violencia estructural contra la población femenina.

En el informe ciudadano 2008-2009 se asienta que 61 de cada 100 mujeres de 15 años y más han enfrentado algún tipo de violencia, ya sea por parte de su pareja o en algún ámbito de su comunidad.

Asimismo se constata que un número significativo de los agresores son los compañeros o ex compañeros sentimentales de las mujeres. Incluso existe información de agresiones cometidas por sus padres, así como por sus propios hijos.

TODA UNA TRADICIÓN

En su momento, la Consultoría de Estrategias para la Igualdad Social (Conesis) advirtió que en las comunidades de origen rural e indígena, como en Oaxaca, persisten tradiciones machistas y patriarcales que discriminan a las mujeres.

Puso como ejemplo que la venta de niñas para matrimonios forzados “vulnera su integridad poniéndola en un riesgo constante de ver afectada su salud e impidiendo su derecho a decidir”.

Otro factor que contribuye a la impunidad es la falta de denuncia. Según “Feminicidio en Oaxaca, informe ciudadano 2008-2009”, el índice de denuncias al respecto es mínimo, ya que del total de mujeres que ha sufrido alguna agresión sólo el 15 por ciento acudió ante las autoridades.

De acuerdo con el reporte, las oaxaqueñas no denuncian porque consideran que la agresión “no tuvo importancia”, “es algo normal”, o “su pareja tiene derecho a reprenderlas”.

Pero también hay un amplio sector de la población femenina que no interpone una denuncia pues considera que las autoridades no son confiables, o que la situación no va a cambiar, concepciones que se derivan del poco acceso que tienen las mujeres a la justicia.

15 ene 2013

La pesadilla mexicana. Mujeres migrantes en nuestro país



La Jornada
Diário mexicano
Adital
Por Leonardo Bastida Aguilar
México DF, enero 15 de 2013.
Todas ellas lo saben. En sus pueblos y ciudades se los han contado. A diferencia de los hombres, la herramienta para sobrevivir es su cuerpo. La usan con los mareros, los agentes de migración, o incluso con compañeros de viaje. Muchas historias se cuentan de aquellas que son engañadas para ser "enganchadas". Muchas otras hablan de las que fueron bajadas de "La Bestia" y abusadas bajo el anonimato de la selva.

Lo mejor es no oponer resistencia, "de todos modos va a pasar". Es el costo del sueño americano. Subsistir al infierno mexicano. Para sobrevivirlo, es mejor olvidar y seguir el camino.

"Todavía me da miedo subir a La Bestia", reconoce Vanesa mientras recuerda su viaje de casi dos meses por territorio mexicano. A pesar de que ha subido y bajado en diversas ocasiones del tren que parte de Arriaga, Chiapas, rumbo a la frontera con Estados Unidos, afirma que nunca se sabe cómo será el próximo viaje en este ferrocarril que "devora migrantes".

Originaria de San Pedro Sula, Honduras, a más de 10 horas de camino desde la frontera Guatemala-México, Vanesa reconoce que la parte más difícil para llegar al "sueño americano" es cruzar por México. Antes de partir de su comunidad localizada en la costa del Atlántico, escuchó muchas historias como las contadas por migrantes secuestrados en este país y quienes rindieron testimonio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de ser rescatados.

"A dos de las mujeres las violaban diario. Parecían de trapo, las mujeres a las que violaban". "Luego trajeron a las muchachas y al niño que se habían llevado. Estaban golpeados. Dijeron que una de ellas estaba rica y dijeron: 'le dimos por los dos lados'. Una de ellas estaba en su mes y no les importó, todos las habían violado, menos uno al que le dio asco".

O el relato de una mujer que fingió estar muerta para sobrevivir. "Me violó el 26 de noviembre de 2009. Me llevó al cementerio, por Tierra Blanca, y me violó, junto con otros dos. Mientras ellos me violaban, su mujer me golpeaba la cara con los pies. Me pegaron con la palma del machete hasta que creyeron que estaba muerta. Me dejaron ahí, hasta que unas personas me ayudaron y regresé a mi país".

A pesar de esto, Vanesa logró llegar hasta la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, gracias al cuidado de "la raza hondureña" y asegura que en el camino no le pasó nada, aunque sí vio gente caer del tren y ser cortada por la bestia de acero.

Padeció hambre, frío, sed y tuvo miedo de ser interceptada en el camino por mareros (integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha) o agentes de migración y ser forzada a tener relaciones sexuales, o ser derribada del tren, caer y perder alguna pierna o brazo.
Superar cada etapa del recorrido la motivaba a "seguir para arriba" (en referencia a la frontera norte). Caminó los trescientos kilómetros que separan a los poblados del río Suchiate y Arriaga, Chiapas, sitio que después del huracán Stan, en 2005, se convirtió en el inicio del recorrido de "La Bestia". La travesía originalmente partía de Ciudad Hidalgo, también en Chiapas, poblado a un costado del Suchiate y limítrofe con Tucún Umán, Guatemala.

Esta parte de la selva es conocida por su peligrosidad y altas tasas de criminalidad. Muchas mujeres son "enganchadas" en esta zona con la promesa de ser ayudadas a llegar a Estados Unidos y son obligadas a prostituirse en los bares y calles de las ciudades fronterizas.
Vanesa subió al tren y atravesó Oaxaca y Veracruz, casi sin dormir por temor a caer o sufrir algún abuso. Paró por algunos días y continuó el recorrido hasta Tultitlán, estado de México, donde se sabe que esperan los agentes migratorios. No tuvo problemas.

Sin pollero, sin haber sido detenida por las autoridades mexicanas, pero con poco dinero, pudo llegar a la Casa del Migrante en Saltillo para esperar el momento adecuado de intentar cruzar de manera ilegal al país vecino del norte, al igual que lo hacen otros cientos de personas que llegan a este lugar mes tras mes.

Una de cada cuatro

El cálculo de personas de Centroamérica que recorren México para cruzar de forma ilegal la frontera con Estados Unidos oscila entre 150 mil y 400 mil al año. Se estima que de los migrantes que ingresan a México por la frontera sur, 92 por ciento provienen de Centroamérica (43 por ciento de Guatemala, 35 por ciento de Honduras y 15 por ciento de El Salvador) y es además una migración predominantemente masculina, con 81 por ciento de hombres y 19 por ciento de mujeres.

Sin embargo, de acuerdo con el estudio "Migración, género y SIDA: Contextos de vulnerabilidad", elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 25 por ciento de las personas que están en tránsito por México y cuyo destino final es Estados Unidos, son mujeres.

A diferencia de los hombres, señala la investigación, las mujeres son muy vulnerables durante la ruta ya que "sirven como moneda de cambio a un grupo de varones ante las autoridades interfronterizas, quienes tienen relaciones sexuales con ellas a cambio de que pase todo el grupo". La realidad es que el sexo se convierte para ellas en el único recurso con el que cuentan para negociar y de esta manera asegurar su sobrevivencia y seguridad al interior del grupo.

Así, la mujer es vista por los mismos migrantes como una persona disponible para cualquier tipo de servicios, pero principalmente para tener relaciones sexuales, y en determinados casos hasta prostituirse.

Esta realidad se percibe en lugares como este albergue, ya que, como explica Alberto Xicoténcatl, director de la casa, son muy pocas las mujeres que llegan hasta la frontera norte. Incluso hay semanas en las que no llega ninguna.

La semana anterior a esta entrevista sólo había seis mujeres, incluida Vanesa. Esta semana sólo hay dos y Vanesa. Las cinco chicas que llegaron la semana pasada decidieron intentar el cruce y no se ha sabido nada de ellas.

La Encuesta sobre Migración y Salud Sexual y Reproductiva en la Frontera México-Guatemala, 2009-2010. Trabajadoras Agrícolas Migrantes, Trabajadoras Sexuales y Migrantes en Tránsito, aplicada por el INSP en distintos albergues para población móvil en la República Mexicana, revela que 28.2 por ciento de las migrantes en tránsito por México tuvieron sexo a cambio de bienes como dinero, protección o seguridad.

Además, 9.2 por ciento de las migrantes señalaron haber sido objeto de tocamientos o manoseos y 8.3 reconoció haber tenido sexo forzado. Las cifras contrastan con las registradas en el sexo masculino, donde menos de 2 por ciento de los migrantes se vio obligado a mantener relaciones sexuales forzadas.

Además, las migrantes reportaron sufrir otro tipo de violencia como la psicológica, rubro en el que 29 por ciento indicó ser objeto de humillaciones o actos de menosprecio, 20.4 por ciento recibió amenazas y 11 por ciento era extorsionada o explotada laboralmente por un tercero. En el apartado de violencia física, 16 por ciento fue objeto de alguna agresión.

Salud sexual y reproductiva

"Contrario a lo que se piensa, sólo hemos detectado una prevalencia de 0.1 por ciento de casos de VIH/sida en la población que llega a la Casa del Migrante en Saltillo", explicó en entrevista con Letra S Eduardo Calderón, integrante del área de salud y bienestar de esta institución.

Esta medición se realizó a partir de la firma de un convenio con el INSP y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, con el fin de conocer si la población móvil sería más vulnerable al VIH, como se ha planteado desde hace algunos años.

Para Calderón, si bien es cierto que las y los migrantes pueden enfrentar ciertos riesgos a lo largo de su camino, sobre todo con sexo forzado o violencia sexual en el caso de las mujeres, fue sorprendente observar durante el 2012 que la cantidad de personas detectadas con el virus es mínima, con una tasa muy similar a la prevalencia nacional.

Sin embargo, estos números no implican que se descuiden aspectos como
 las pláticas informativas que se realizan en el albergue cada miércoles, a manera de preconsejería. En ellas se explica lo que es la salud sexual y reproductiva, específicamente se habla sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Posteriormente, explica Calderón, se aplican pruebas rápidas de detección a quienes así lo deseen. Cada semana se realizan alrededor de 80 pruebas y se detecta un caso al mes. En una entrevista previa se les pregunta para saber cuántas parejas han tenido, si usan preservativos y qué métodos conocen para prevenir una ITS.

A diferencia de la manera tradicional en que se entregan los resultados a las personas que decidieron hacerse la prueba, en el albergue todos pasan con médicos visitantes para una breve entrevista en la que se aprovecha para hacer una recapitulación, saber qué aprendió la persona, qué factores de riesgo logra identificar y qué debe hacer para cuidarse. Además se les dan condones y sugerencias para mejorar sus hábitos sexuales, y evitar así infecciones futuras.

En el caso de las mujeres, se les da una plática informativa sobre embarazo, y de ser necesario, atención por si fueron violentadas en el camino.

Cuando se detecta un caso positivo de VIH, la persona es acompañada al Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en Sida e ITS de Saltillo, donde se les dan los medicamentos que necesitan e información para que continúen con su vida cotidiana. En el marco del Proyecto Mesoamericano para el Abordaje Integral de las Poblaciones Móviles en VIH/sida, un convenio firmado por todos los países de la región, se garantiza la atención a migrantes con VIH en cualquier lugar de la zona, de manera gratuita.

"Ellos deciden si se quedan a atenderse en México, si continúan su viaje o si regresan a su país", señala Eduardo, quien explica que en cualquiera de los casos se brinda asesoría legal a fin de garantizar a la persona la regularización de su estatus migratorio y pueda acceder a la atención médica.

Por mis hijos

Comprar un solar (terreno) y construir una casa para sus tres hijos y su madre es la motivación principal de Vanesa para continuar el viaje. "Con el dinero de Honduras no alcanza", asevera, y a su vez recuerda que sus familiares en Estados Unidos le han dicho que hay mucho trabajo en el país del norte.

Hace dos meses que llegó a la Casa del Migrante en Saltillo. Espera la llamada del familiar que le dijo que esperara allí y descansara hasta que él pudiera ir por ella. En un principio se niega a revelar a dónde irá. Finalmente responde: "me gustaría ir a Virginia o a Los Ángeles", tal vez sin saber que entre el estado y la ciudad hay una distancia de más de 4 mil 250 kilómetros.

Por el momento se incorpora a las actividades de maquila de mezclilla en el albergue para "hacerse de un dinero". Habla de vez en cuando con sus hijos y su madre para saber que están bien. Reconoce que algunos de sus familiares se han "echado para atrás", pero otros le han asegurado que irán por ella.

Se considera bendecida por Dios. A casi dos horas de camino de la frontera México-Estados Unidos no piensa desistir, pues, asegura, si dejó a sus hijos y su madre atrás, es para que, una vez llegando a los Estados Unidos y trabajando, no les falte nada.

[Publicado en La Jornada, No. 198 - Suplemento Letra S, 03/01/2013].

6 feb 2012

Baleados y apuñalados en el nublado terreno calderonista

Baleados y apuñalados en el nublado terreno  calderonista
La señora Andrade es fundadora de la organización civil Nuestras hijas de regreso a casa cuenta con 52 años de edad y encabeza a cientos de madres de familia que siguen buscando a sus hijas desaparecidas no solo en Ciudad Juárez


No pudieron escucharse más crueles las palabras de Felipe Calderón al tener como marco los reclamos de la familia de la activista Norma Andrade, quien no es la primera vez que sufre ataques. El michoacano sostuvo durante la presentación del informe de actividades del 2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que “se han dado actos violatorios graves, en todos los casos conocidos, el gobierno has procedido ante los tribunales correspondientes, son inadmisibles y son repudiados”, sí, pero no son remediados, ni siquiera se atrapa a quienes cometen los ilícitos. Y es que en el caso de la activista, como se recordará tuvieron que ofrecerle que saliera de Chihuahua, de Ciudad Juárez, lugar en donde en diciembre del año anterior recibió 5 disparos cuando salía de su trabajo.

La señora Andrade es fundadora de la organización civil “Nuestras hijas de regreso a casa” cuenta con 52 años de edad y encabeza a cientos de madres de familia que siguen buscando a sus hijas desaparecidas no solo en Ciudad Juárez sino en otros puntos del estado de Chihuahua. Ha recibido adhesiones de otras familia que también tienen a sus vástagos desaparecidos y ni la CND ni los tribunales, ni las autoridades estatales, ni las federales han hecho caso a los reclamos y lo único que pudieron aconsejarle a raíz de que recibiera los disparos fue que huyera del lugar a lo que sus hijos han seguido oponiéndose porque consideran que no es así como van a solucionar estos atentados ni a descubrir quien o quienes los hacen, menos aún pondrán fin a los expedientes que tienen abiertos ante tanto muerto y desaparecido.

De acuerdo a sus primeras declaraciones, fue cerca de las 8 de la mañana de ayer cuando un desconocido llamó a la puerta del domicilio de doña Norma. Ella salió a abrir y el sujeto la agredió con un arma punzocortante. Una vez cometida la felonía, escapó. Policías de Culhuacán reportaron la herida que sufrió en el cuello y fue trasladada al hospital. De inmediato la Procuraduría del Distrito Federal informó que la protección de Andrade correspondía a la PGR quien atendió la solicitud que le fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pese a que estos hechos siguen registrándose y que se realizan incluso frente a las propias oficinas de gobierno, ya sean federales o estatales, Calderón no ha tenido empacho en declarar que la CNDH y los diferentes niveles de gobierno crearon un ambiente de colaboración, lo que ha permitido que organizaciones como esa hagan un trabajo responsable ante grandes conflictos. No se detuvo en halagos para Raúl Plascencia, bajo cuya presidencia, dijo, se ha entrado en una dinámica muy activa. Habrá que recordar que nunca como ahora se visto inútil tal Comisión y que quienes necesitan de su intervención tienen que recurrir a las organizaciones internacionales para lograr ser atendidos.

Pero no es solo este asunto en que mantiene nublado el terreno calderonista, está el asunto de Miguel Ángel Yunes, ex alcalde de Boca del Río, Veracruz e hijo del político del mismo nombre quien ha sido constantemente criticado por sus actuaciones. Según el junior el atentado tenía por objetivo secuestrarlo y afirma que fueron 8 personas las que dispararon en contra de su camioneta misma que, por el alto blindaje, les salvó la vida. Yunes niega que el hecho tenga que ver con la rivalidad entre su padre y el ex gobernador Fidel Herrera.

Sin embargo, sabido es que a Yunes Linares se le han seguido las pistas y criticado las acciones desde que le tendió una trampa a Cuauhtémoc Cárdenas poniéndolo a bailar con “veracruzanas”. Difundió las fotografías señalando que se trataba de travestis. Recientemente el enfrentamiento en donde aseguró que Elba Esther Gordillo le reclamaba sumas millonarias para su partido descubrió que ya no estaban las relaciones entre la lideresa y Calderón tan tersas como al principio del sexenio. Ni que decir de los expedientes que cruzaron tanto Fidel como Yunes y que los relacionaban con el narcotráfico, mafia ésta que aparece como sombra en el atentado contra su hijo.

En tanto va cobrando forma la especulación hecha pública de que lo que se pretendía era asaltarlo ya que trasladaba otras maletitas también con dinero, mismo que se utilizaría para la compra de votos a favor de Cordero y cuya gestión se realiza a través del programa Oportunidades que hoy, como ayer con Josefina Vázquez Mota, a la cabeza, les viene sirviendo a los panistas para conseguir los sufragios que lo gris de sus candidatos no puede.

Lilia Arellano

"Tengo mucho miedo, ¿dónde está Calderón?": Norma Andrade

Tengo mucho miedo. No me explico qué está pasando, asegura la activista Norma Esther Andrade tras el atentado que sufrió el viernes pasado en la puerta de su casa, en la colonia CTM Culhuacán, en la delegación Coyoacán, que la dejó herida.

"Tengo mucho miedo. No me explico qué está pasando", asegura la activista Norma Esther Andrade tras el atentado que sufrió el viernes pasado en la puerta de su casa, en la colonia CTM Culhuacán, en la delegación Coyoacán, que la dejó herida.

La fundadora de la organización Nuestras hijas de regreso a casa –que busca justicia para las víctimas de feminicidio en Chihuahua– manifesta sentir rabia, coraje e impotencia, porque “tengo que estarme escondiendo en mi propio país”.

En diciembre pasado, Andrade y su hija Malú García fueron agredidas por un desconocido con un arma de fuego en Ciudad Juárez, por lo que buscaron refugio en el Distrito Federal. “Pensé que aquí no tendría problemas; he mantenido un bajo perfil, no había hecho declaraciones a la prensa. Pero veo que no es así”.

Por ello, demanda a los gobiernos federal y de Chihuaha atender las peticiones –realizadas después del atentado de diciembre– de las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos de brindarle medidas cautelares para su protección.

Recuerda que en 2002 el entonces coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Felipe Calderón, se reunió con ella y otras madres de víctimas de feminicidios. “Me dijo: ‘me pongo en sus zapatos’. Hoy me pregunto: ¿dónde está ese señor que se iba a poner en mis zapatos? ¿Por qué si soy mexicana me tienen que ofrecer protección en otros países y no la puedo obtener en el mio?

“Físicamente voy saliendo, pero sicológicamente no. Siento mucho miedo. Eso me enoja porque no es mi naturaleza. Me molesta mucho tener que esconderme. Quizá fue exceso de confianza; en Juárez, cuando uno sale voltea para todos lados, tratas de percatarte si te van siguiendo en el auto y aquí, en la ciudad de México, perdí eso. Me sentía segura, tranquila.”

El ataque ocurrió el viernes, luego de que la activista dejó a su nieto en la escuela: “Regresaba por una calle transitada, era horario escolar y había muchas madres, eso me daba confianza. Salí sin bolso, sin celular y no uso joyas y, sin embargo, cuando estoy por abrir la puerta de casa siento a alguien atrás de mí. Al voltear lo primero que veo fue la navaja. En ese momento mi primer pensamiento fue ‘¡otra vez, no!’ El desconocido no dijo nada y yo empiezo a defenderme, a manotear, pero sólo con mi brazo derecho, pues el otro no lo puedo mover.

Con información de La Jornada

27 dic 2011

México tiene primer lugar en agresión sexual contra las mujeres: ONU

México tiene primer lugar en agresión sexual contra las mujeres:  ONU
Un estudio comparativo mundial de este organismo sobre mujeres que han sufrido violencia sexual señala que México destaca con 44 por ciento, le sigue Costa Rica con 41, República Checa con 35 y Dinamarca con 28 por ciento.

Nuestro país tiene el primer lugar en agresión sexual contra las mujeres, según datos de 2010 de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Un estudio comparativo mundial de este organismo sobre mujeres que han sufrido violencia sexual señala que México destaca con 44 por ciento, le sigue Costa Rica con 41, República Checa con 35 y Dinamarca con 28 por ciento.

En contraste, los más bajos son Azerbaiyán, Francia y Filipinas con cuatro, cinco y seis por ciento, respectivamente.

Luciana Ramos Lira, especialista en sicología de la UNAM, dijo que el reporte de la ONU revela que más de cuatro de cada diez mujeres mexicanas han padecido ataques que incluyen comportamientos abusivos de diferente intensidad y consecuencias, desde tocamientos indeseados hasta violación.

La Secretaría de Salud estima que en el país ocurren alrededor de 120 mil violaciones al año; es decir, una cada cuatro minutos, aunque a la fecha no existe una atención integral a las víctimas porque no se da seguimiento efectivo a los casos.
Esto ocasiona que sólo uno de cada diez casos de violencia sexual contra mujeres en América Latina sea castigado por la justicia, según cifras de la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

A escala nacional existe una alta cifra negra de victimización delictiva, (85 por ciento), pues sólo 15 por ciento de los delitos son registrados por las autoridades y de éstos exclusivamente un cinco por ciento se pone a diposición de un juez.

En México no existen estadísticas exactas que permitan dar cuenta de un panorama más claro, aunque es innegable que existen aproximaciones a partir de las encuestas, como la realizada por el Instituto de Salud Pública.

CIDH exhorta a países a difundir datos de salud

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió el pasado miércoles un informe en el que exhorta a los Estados americanos a adecuar sus ordenamientos jurídicos relacionados al acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva para derribar las diversas barreras que enfrentan las mujeres en el continente.

La CIDH diagnosticó que “particularmente las mujeres pobres, indígenas y/o afrodescendientes, las mujeres que habitan en zonas rurales y las migrantes son quienes enfrentan mayores obstáculos en su acceso a información sobre salud sexual y reproductiva’’.

El documento elaborado con el apoyo de España y Finlandia indicó que “en algunos casos las barreras son de tal magnitud que pueden constituir violaciones a los derechos de las mujeres a la integridad personal y vida privada y familiar y a vivir libres de violencia y discriminación.

La CIDH dijo que recibió reportes sobre barreras tales como el acceso limitado a conocer los servicios de planificación familiar a pesar de una alta necesidad insatisfecha así como “la tergiversación en la información en materia reproductiva proporcionada por servidores públicos con fines disuasivos’’

Con información de Lilian Hernández