Condena la CNDH agresión a periodistas

De la Redacción

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 13

Ante la irrupción de elementos de la Policía Federal en las oficinas de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Ciudad Juárez, Chihuahua, la tarde del jueves, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó ayer públicamente su preocupación y puntualizó que no hay justificación alguna de que con el pretexto de los operativos contra la delincuencia organizada se pretenda limitar el ejercicio periodístico.

Según el testimonio de reporteros presentes, los policías ingresaron al local gremial ‘’con lujo de violencia y fuertemente armados”. Eran –dicen– más de 30 y amagaron a los presentes, los hicieron tirarse al piso y amenazaron con dispararles; luego se retiraron diciendo sólo que estaban ahí en búsqueda de secuestradores y armas.

Pide al ombudsman nacional esperar el resultado de las investigaciones

Defensa acepta recomendación de CNDH sobre los niños asesinados por militares

imputan al instituto armado haber alterado la escena donde ocurrieron los hechos

Redacción

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 12

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó haber aceptado la recomendación que le envió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar el pasado 3 de abril en Tamaulipas y en la cual, además de pedir reparación de daños e indemnización, imputa al instituto armado haber alterado la escena donde ocurrieron tales sucesos. En su respuesta, el Ejército pide esperar al resultado de las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales competentes en relación con el desarrollo de los hechos y de la preservación del lugar en que sucedieron.

Esto, establece, con el objetivo de evitar prejuzgar sobre la responsabilidad del personal militar, demostrando respeto a las garantías del debido proceso a que tienen derecho todas las personas civiles y militares, previstas en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Uno de los puntos centrales de la recomendación del ombudsman nacional era que la Sedena además de abstenerse de alterar el escenario donde ocurrieron los hechos, tampoco tergiversara la verdad histórica de tal acontecimiento.

En su documento, el Ejército se dice respetuoso de la autonomía técnica de los órganos de procuración de justicia y plantea que se acogerá a los artículos 13 y 21 constitucionales, por lo cual enviará copia de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Procuraduría General de Justicia Militar para los efectos legales de su representación.

Límite de funciones

El primer precepto establece que los tribunales militares no pueden extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, mientras el segundo se refiere a qué autoridades son las encargadas de investigar los delitos que se le adjudican.

La Secretaría de la Defensa Nacional se refiere también a la reparación del daño e indemnizaciones y señala que se sujetará al resultado de las investigaciones que realizan las auto- ridades ministeriales y administrativas competentes en los artículos 13, 14 16, 20, 21, 102, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto al planteamiento del ombudsman nacional de aplicar exámenes toxicológicos y sicológicos periodicamente a los militares, dice que se continuará con la aplicación de estos como ya ocurre; y que en el caso específico de aquellos que participaron en los hechos ocurridos en Ciudad Mier, Tamaulipas, informará a la CNDH sobre su cumplimiento.

La Sedena aprovecha la comunicación con la CNDH para reiterar su apego a los derechos humanos, los programas e instancias que ha creado con tal fin así como el convenio de colaboración que suscribió con la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Así, y tras insistir en que ha dado pasos categóricos hacia la divulgación de una cultura de derechos humanos entre sus miembros y reconocer la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional reiteró su aceptación de la recomendación, ajustando su cum- plimiento a los procedimientos previstos en el orden jurídico mexicano y al resultado de las investigaciones de las autoridades ministeriales y administrativas competentes.

Raúl Plascencia Villanueva, ombudsman nacional, aseguró el 16 de junio que la muerte de los hermanos Almanza y las heridas a otras cinco personas, fueron resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército Mexicano, y no de un tiroteo cruzado con miembros de la delincuencia organizada, como sostuvieron las secretarías de Gobernación y de la Defensa.

Al hacer pública la recomendación afirmó que los militares involucrados en el caso alteraron y manipularon el lugar de los hechos para justificar una legítima defensa, lo cual es inadmisible para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. Además de que en la investigación que realizó en su momento hubo obstáculos de parte de servidores públicos y de la Procuraduría General de la República.

Ante una multitud que los recibe, líderes del FPDT anuncian lucha contra sus represores

Tiene que ser castigado el mal gobierno de Peña Nieto,
advierten atenquenses

Javier Salinas Cesáreo y René Ramón Alvarado

Corresponsales

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 11

San Salvador Atenco, Méx., 2 de julio. Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa, los tres dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) liberados la noche del jueves del penal de máxima seguridad del Altiplano, además de Jesús Adán Espinoza –quien se encontraba fuera del municipio desde el 4 de mayo de 2006–, fueron recibidos por una multitud en la explanada principal de este poblado la madrugada del viernes.

La noche del jueves y la madrugada del viernes fue una jornada larga de espera e incertidumbre para cientos de pobladores de Atenco, antes de que se conociera la libertad de los tres dirigentes.

Dos grupos de pobladores se apostaron sobre la carretera federal Texcoco-Lechería, donde prendieron fogatas, y otro en la explanada principal. Ya para entonces acumulaban 40 horas de espera.

A las 4:15 horas de este viernes, la detonación de decenas de cohetones fue la señal de que la caravana de autobuses y vehículos procedentes del Altiplano iban a entrar al poblado.

Los tres dirigentes y Adán Espinoza ingresaron en San Salvador Atenco y empuñaron su símbolo de resistencia, el machete que les entregaron, mientras una multitud, con emoción, entonaba el Himno Nacional.

Los cuatro caminaron varias calles hasta la plaza principal en medio de una cadena humana. Era como en sus mejores tiempos de lucha contra la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto alterno de la ciudad de México, aunque se veían un poco más viejos y demacrados.

Zapata vive, la lucha sigue

Al grito de Zapata vive, la lucha sigue, los activistas fueron recibidos por familiares, amigos, miembros del FPDT e integrantes de organizaciones solidarias, frente al auditorio Emiliano Zapata.

Los cañoncitos, que tradicionalmente se utilizaban en las marchas, retumbaron de nuevo. Ahí estaba don Panchito, de la vieja guardia, conformada por los ancianos del pueblo (muchos fallecieron sin que los vieran regresar).

Nuestro compromiso es seguir en la lucha, primero por la libertad plena de América del Valle (hija de Ignacio y perseguida política) y después por que haya castigo a los autores intelectuales de la represión a Atenco. Tenemos que decirle a este mal gobierno, principalmente al de Enrique Peña Nieto, que no se va a quedar impune lo que hizo, que tiene que ser castigado, señalaron.

Si apoyar a un movimiento es un delito, sí me considero de alta peligrosidad, y sobre todo reincidente, porque voy a reincidir. Está la lucha de los electricistas, la de los compañeros mineros en Cananea, expresó Ignacio del Valle.

Felipe Álvarez sostuvo que la cárcel no ha podido doblegarlos y jamás podrá hacerlo porque la conciencia va más allá de los barrotes de la prisión. La conciencia está por encima de todo.

Contó que en el penal de máxima seguridad del Altiplano algunos presos le decían: “No te agüitas, Gorila (así le apodaban)”, mientras otros afirmaban: “Más bien quienes se arrepienten somos nosotros de lo que hicimos allá afuera, los que matamos, los que robamos. Este bato no se arrepiente, al igual que sus compañeros Nacho y Héctor, porque están conscientes y saben por qué están aquí.

Y eso es cierto, porque jamás nos vamos a arrepentir de luchar y exigir al mal sistema lo que nos corresponde.

Galindo Gochicoa, el último que abandonó el penal del Altiplano, se pronunció también por continuar la lucha. Detalló que sus abogados pagaron el jueves la fianza que el juzgado sexto fijó en 15 mil pesos y fue así que obtuvo su libertad pasada la medianoche.

Este viernes el dirigente acudió al juzgado sexto de distrito con sede en Nezahualcóyotl, donde personal del Poder Judicial de la Federación le tomó huellas dactilares y fotografías para ser integrado al sistema biométrico de registro de asistencia de procesados en libertad provisional por el juicio que se le sigue por el delito de ataques a las vías de comunicación.

Entrevistado fuera de los juzgados federales, en la franja del bordo de Xochiaca, Gochicoa informó que aún está en proceso el juicio de amparo por la causa 15/2008 que se le sigue por ese delito.

Advirtió que el tercer tribunal colegiado del segundo circuito en materia penal con sede en el estado de México ha retrasado la sentencia, la cual debió dictar en febrero pasado.

Así como a muchos compañeros se les ha otorgado el amparo, en el mismo sentido debe venir para mí, porque si no, aquí se estaría viendo que el gobierno está reprimiendo a ciertas personas del movimiento, abundó.

El paso que sigue es planear la estrategia jurídica para demandar la indemnización por daños y perjuicios ocasionados a cada una de las personas que fueron reprimidas por el Estado el 3 y el 4 de mayo de 2006, concluyó.

Es un síntoma de un Estado autoritario que debe terminar: PRD

Condenan legisladores y partidos los obstáculos para liberar a los dirigentes

Georgina Saldierna, Ángeles Cruz y Emir Olivares

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 11

Legisladores y dirigentes de PRI y PRD, así como integrantes de organismos de defensa de los derechos humanos, criticaron que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y el gobierno del estado de México hayan obstaculizado la liberación de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les otorgara un amparo definitivo y ordenara su excarcelación.

El senador priísta Carlos Jiménez Macías señaló que esos obstáculos reflejan el rostro de intolerancia y autoritarismo oficial, y destacó que los traspiés de la SSP respecto a si se liberaba a los dirigentes del FPDT forman parte de la manera en que se gobierna en México.

La senadora perredista Yeidckol Polevnsky manifestó que al parecer la decisión de la Corte no cayó nada bien en el ámbito gubernamental, por lo cual se buscaron excusas para retener a los líderes de Atenco en el penal de alta seguridad del Altiplano.

Para Jesús Ortega, presidente del PRD, la criminalización de la protesta social es síntoma de un Estado autoritario que debe terminar, y añadió que el caso Atenco evidencia la falta de justicia en el país, la cual debe ser expedita, o no lo es, en referencia a los cuatros años que permanecieron encarcelados los 12 campesinos del FPDT en los penales de Molino de Flores y el Altiplano.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, indicó que el galimatías en el que el gobierno federal convirtió la liberación de los tres líderes de San Salvador Atenco sólo fue un forcejeo de la administración calderonista ante la decisión de la SCJN.

Añadió que el desorden provocado por la decisión de la SSP federal (cuando aseguró que los atenquenses no saldrían de prisión ) reflejó el autoritarismo del sistema de justicia mexicano.

El diputado Rosendo Marín Díaz criticó que el gobierno de Enrique Peña Nieto esté ocupado en acosar a los luchadores sociales y sea omiso en la persecución de los narcotraficantes, que han causado que el estado de México esté en segundo lugar nacional en sembradíos de amapola.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordó que los líderes de Atenco estuvieron en la prisión del Altiplano arbitrariamente, pues existía un amparo que indicaba el cambio de cárcel, por lo cual el intento de negativa para dejarlos en libertad no es para sorprenderse, lo grave es haberlos mantenido en un penal de máxima seguridad.

Prevalecerán miedo y abstencionismo, advierten

Especialistas: violencia y situación económica marcarán los comicios

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 10

Durante la jornada electoral de este domingo, que se efectuará en 15 estados del país, los mexicanos serán testigos de las consecuencias de la política social, económica y de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. La violencia generalizada en el país tendrá peso en los resultados y el miedo y el abstencionismo dominarán los comicios, aseguraron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Martha Singer, coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que a diez años de la alternancia la democracia mexicana va en retroceso.

En esta década, los procesos electorales lejos de ser el mecanismo idóneo para decidir el futuro político y social se han convertido en un escenario de conflicto y confrontación.

Señaló que la llegada del PAN a la Presidencia no se ha traducido en una auténtica alternancia en las políticas públicas, hay continuidad en las estrategias que han mostrado su enorme fracaso y ponen al país en el límite, como la violencia.

Frente a la inseguridad que se vive en el país, las elecciones de este domingo serán un escenario de miedo, de compra y venta de votos, coacción de electores, en que la corrupción y la falta de respeto a la legislación electoral será la nota predominante. Todo esto es consecuencia de una acumulación de agravios a la sociedad.

René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, sostuvo que los dichos y promesas que Calderón lanzó a unos días de las elecciones (como la desaparición de la tenencia o su afirmación de que se han creado más empleos) no impactarán en los ciudadanos a quienes les pesará más la violencia en varias entidades, causada en parte por gobierno federal.

Al contrario, sus estrategias, sobre todo de seguridad, lo único que dan es más violencia. En este periodo electoral más violencia quiere decir que los pasos que se habían dado en la construcción de la democracia, en estos diez 10 años de panismo, van en retroceso real. Nos costará regresar a la senda de la democracia social.

Indicó que el gobierno vende la idea de que combate a los malos, pero pese al fracaso de su estrategia, no la modifica.

No impulsa un modelo económico diferente, llama al diálogo pero no sienta bases, no habla de alternativa educativa ni social, no demanda que los empresarios abandonen sus privilegios. La desigualdad que vivimos, guardando toda especificidad, es parecida a la de 1910 y 1810.

Niegan trabajadores que el paro en El Cubo sea un chantaje, como él dice

Tonto, aval de Lozano al cierre de minas en Guanajuato: sindicato

Es resultado de años de explotación de empresarios canadienses

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 17

Guanajuato, Gto., 2 de julio. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, muestra una política entreguista al avalar el cierre de tres minas en Guanajuato por la empresa canadiense Gammon Gold y cuando descalifica la huelga en una de ellas, acusó Javier Zúñiga García, secretario del trabajo del sindicato minero.

En entrevista para un noticiero radiofónico, Lozano Alarcón acusó a los obreros del yacimiento El Cubo de empezar un paro ilegal como chantaje para obtener un bono de 50 mil pesos a cambio de las utilidades que se les han negado por 10 años.

La huelga no es ningún chantaje, es resultado de años de arbitrariedades y explotación de los empresarios canadienses hacia los mineros de Guanajuato. ¿Por qué no habla de las 10 horas que implantaron?; eso no lo dice Lozano, recriminó.

Jornadas diarias de 10 horas

En abril de 2009, los mineros de El Cubo suspendieron labores porque los empresarios querían imponerles jornadas de 10 horas diarias, con el argumento de que con la medida se incrementaría la productividad.

El conflicto terminó 46 días después, cuando los trabajadores aceptaron laborar 10 horas diarias durante dos años, con la promesa de que así se les repartirían las utilidades. Sin embargo, en mayo pasado se les informó que no habría tal prestación de ley.

Ante el incumplimiento de la patronal, el pasado 3 de junio los mineros empezaron un paro. En respuesta, los inversionistas decidieron cerrar las minas El Cubo, Las Torres y Peregrina porque los precios del oro y la plata van a la baja, dijo Lozano Alarcón en la entrevista radiofónica.

Pero Zúñiga García afirma que la cotización de la onza de oro y de plata está en niveles históricos, nunca vistos, lo que quiere decir que Lozano carece de conocimientos para poder equilibrar los factores productivos con los trabajadores. Es un tonto, señaló Zúñiga García.

Después de 27 días de paro y sin que los empresarios dieran una respuesta positiva, los trabajadores formalizaron la huelga, pero el actuario de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no acudió a dar fe del movimiento, lo que hizo suponer que las autoridades la declararían inexistente.

Ni siquiera Marco Antonio Rodríguez (delegado de la STPS) ha acudido con los mineros a buscar una conciliación entre las partes, se quejó el dirigente.

A pesar de ello, la huelga estalló y nuestro movimiento de lucha se mantiene tan legítimo como es; seguimos exhortando a la empresa a que se siente a negociar, pero continúa en la cerrazón, sostuvo.

Agregó que la intención de Gammon Gold de llevarse la maquinaria y golpear a un minero cuando los trabajadores evitaron que sacaran 12 toneladas de explosivos molestó al gremio.

Amenazan a los empleados de Atento: telefonistas

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 17

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) denunció múltiples irregularidades durante la votación de los trabajadores de la empresa Atento (subsidiaria de la española Telefónica) para elegir a la organización gremial que los representará.

Atento es un call center en el que laboran cerca de 18 mil personas –la mayoría en el Distrito Federal–, la cual se instaló en México desde hace una década y otorgó el contrato colectivo al Sindicato Progresista de Comunicaciones y Transportes, integrante de una federación encabezada por Ramón Gámez, conocido en el sector sindical como el rey de los contratos de protección, es decir, aquellos simulados o fantasmas para evitar que los empleados se organicen y reclamen sus derechos.

Al momento de la votación aparecieron otros gremios en calidad de demandantes, uno afiliado a la Confederación Regional Obrera Mexicana y otro a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

El STRM dijo que los trabajadores fueron amenazados y cooptados para que no votaran por esta organización, encabezada por Francisco Hernández Juárez. El hostigamiento no fue sólo verbal, dijo María Xelhuantzi, especialista en materia laboral y asesora del gremio de telefonistas.

Llevaron autobuses a los centros de trabajo para traer a los empleados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, amedrentados por golpeadores del sindicato de Gámez, quienes portan armas de fuego y cuchillos. Adentro están ofreciendo a los trabajadores dinero y días de descanso con goce de sueldo, para que por ningún motivo voten por el Sindicato de Telefonistas, señaló.

La subsidiaria de Telefónica tiene presencia en alrededor de 17 países. La empresa presentó a la autoridad laboral un padrón con irregularidades, principalmente porque incorporó a personal de confianza que no tiene derecho de voto en este recuento.

El nivel de presión y la amenaza de violencia son increíbles. Fue necesario pedir apoyo a la policía capitalina. Son auténticos golpeadores amedrentando y obstaculizando el derecho de los trabajadores de cambiar de representación sindical, agregó Xelhuantzi.

Miles marcharon del Ángel al Zócalo para rechazar la política económica del gobierno

Calderón nunca ha escuchado; ¿a qué diálogo convoca ahora?: trabajadores

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 13

Sindicatos de diversas centrales obreras y organizaciones campesinas y sociales rechazaron las cifras alegres del presidente Felipe Calderón y advirtieron que éste es un sexenio perdido en materia de empleo, ya que el trabajo generado no cubre el gran boquete que hay de desempleo.

Cuestionaron también al mandatario: ¿A qué diálogo nos está convocando, cuando nunca nos ha escuchado, nos ha quitado el empleo por la fuerza pública, y nos ha reprimido?

Trabajadores de sindicatos como el Mexicano de Electricistas, de la UNAM, de Telefonistas, Mineros, de la Industria Nuclear, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como organizaciones del campo, como la Central Campesina Cardenista, la Confederación Nacional Campesina y muchos gremios más, marcharon la tarde de ayer del Ángel de la Independencia al Zócalo, contra la política económica depredatoria y la antilaboral del presidente Calderón y desde ahí preguntaron: ¿de qué recuperación habla cuando ha crecido el número de pobres en el país?

A la sola mención de que Calderón había dado un mensaje ayer sobre las cifras de empleos creados en este gobierno, una rechifla generalizada se escuchó en esta plancha capitalina, donde las principales consignas de los más de 20 mil trabajadores fueron contra el presidente del desempleo, y las mantas sobre todo rojas cuestionaron las acciones tomadas contra los trabajadores del SME y los mineros.

Los dos momentos difíciles de la marcha fueron cuando la columna de trabajadores encontró camionetas de la CFE en el trayecto y hubo un conato de bronca; así como cuando, debido a que los trabajadores no cabían en las inmediaciones del Zócalo los manifestantes rompieron las vallas puestas para el acceso a las instalaciones del FIFA Fan-Fest y su mega pantalla y entraron a esta área tras jaloneos y puntapiés con los policías que las custodiaban.

En el mitin, cuyo templete se instaló de frente a la calle 20 de Noviembre, abundaron ataúdes negros por la política de criminalización, represión y muerte de trabajadores, según dijeron.

Martín Esparza, dirigente del SME; el diputado Francisco Hernández Juárez, de la presidencia colegiada de la UNT, y Cruz López, de la Confederación Nacional Campesina, coincidieron en señalar que el gobierno no ve ni oye a sectores como los trabajadores, campesinos y las organizaciones sociales. Este régimen calderonista se ha cerrado al diálogo y ahora sólo lo pide porque se siente acorralado por la guerra que él mismo desató, dijeron, e indicaron que el gobierno tiene un doble discurso porque llama a mesas de diálogo mientras rompe por la fuerza huelgas, y llama a negociar cuando reprime, golpea y ataca a los trabajadores.

Lo grave es que mantiene una obediencia férrea a los intereses de los empresarios, completó Sergio Beltrán Reyes, secretario de actas del sindicato minero.

También subieron al templete, en silla de ruedas, dos de los trabajadores del SME en huelga de hambre que más días han completado en este ayuno: Cayetano Cabrera Esteva y Ricardo Pérez Flores. Este último, a nombre de los 23 huelguistas, dijo que están dispuestos a pagar con su vida el precio de que les devuelvan su empleo a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

Pérez Flores señaló que no levantarán su huelga hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga justicia y devuelva el estado de derecho en el país. Esparza Flores planteó que si esta instancia no restituye las garantías colectivas de los trabajadores del SME y falla en contra de ellos, nosotros prepararemos lo que sigue, porque cruzados de brazos no nos vamos a quedar.

PRI, PRD y PT critican la renuncia de Arely Gómez

Roberto Garduño

Periódico La JornadaA
Viernes 2 de julio de 2010, p. 7

La renuncia de Arely Gómez González a la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) generó dudas en la Cámara de Diputados acerca de los motivos reales de su separación del cargo.

Diputados de PRI, PRD y PT consideraron que es una mala señal, porque sabotea la esencia de los procesos electorales del domingo próximo.

El PAN expuso que por encima de cualquier escenario está la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Rubén Moreira, integrante de la comisión especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos en los procesos electorales, acusó al presidente Felipe Calderón de intervenir directamente en los comicios.

Es altamente sospechosa la remoción (de Gómez González) porque no existe explicación alguna del procurador Arturo Chávez Chávez. Al Ejecutivo federal y al PAN les está ganando el intervencionismo electoral; la renuncia, de por sí sospechosa, nos confirma que el Presidente está interviniendo en las elecciones. Cuatro días antes de los comicios no hay fiscal, y eso no es normal: por eso digo que el presidente Calderón, por una parte tiene un discurso público y por otra realiza acciones que contradicen y torpedean sus propios dichos.

No poner en duda la transparencia, pide el PAN

Enrique Torres, del PAN, solicitó confiar en las instituciones y no hacer creer a la ciudadanía que la remoción de la titular de la Fepade afectará la jornada electoral. La renuncia de Arely Gómez no representa una medida que permita poner en duda la legalidad de las instituciones durante la administración del presidente Calderón. No hay motivo para poner en duda la transparencia y credibilidad de los procesos.

El diputado Martín García, del PRD, quien encabeza la subcomisión encargada de dar seguimiento a la aplicación de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social en tiempos electorales, señaló que resulta extraño y sospechoso que a unos días de la elección la titular de la Fepade, quien estaría obligada a dar certeza y certidumbre, se retire de su papel de manera irresponsable.

Pedro Vázquez, coordinador del PT en San Lázaro, calificó de simple oportunismo político la renuncia de Gómez, porque el nombramiento del nuevo funcionario recae exclusivamente en el Presidente de la República.

JUSTICIA NO IMPUNIDAD

Severos cuestionamientos de ONG a la obstinación oficial por desacatar fallo de la Corte

Estos graves hechos no deben quedar en la impunidad, dice Amnistía Internacional

De la redacción

Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 3

En medio de versiones encontradas sobre la liberación de los líderes de Atenco, ordenada la víspera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diversas organizaciones civiles pasaron de una primera celebración a fuertes y severos cuestionamientos a la Secretaría de Seguridad Pública federal, que durante el día pretendió imponer objeciones jurídicas para liberarlos de inmediato.

En el inicio del día de ayer, cuando se daba por hecho la excarcelación, y antes del primer comunicado de la SSP federal, que la ponía en riesgo, Amnistía Internacional (AI) y varios organismos de derechos humanos celebraron la decisión de la Corte de ordenar la liberación inmediata de las 12 personas detenidas desde 2006 por el supuesto secuestro de funcionarios y policías en San Salvador Atenco, estado de México.

Reparación de daños

Todos expresaron beneplácito por la decisión de los ministros de la primera sala del máximo tribunal, pero también demandaron reparar a las víctimas el daño por el indebido uso del sistema de justicia y que se garantice que los funcionarios responsables rindan cuentas. Estos hechos tan graves no se pueden dejar en el olvido y la impunidad, subrayó AI.

Apuntó también que el mandato de la Corte no debería significar el fin de este caso, sino que debería servir de plataforma para resarcir a las víctimas por el uso indebido del sistema de justicia y para garantizar que los funcionarios responsables de esta grave injusticia rindan cuentas.

Sostuvo que es hora de garantizar una investigación imparcial y a fondo de todos los funcionarios implicados. Terminar con la impunidad en casos como éstos es esencial para que el sistema de justicia deje de ser instrumento para reprimir activistas sociales, opositores y defensores de derechos humanos.

Ya por la tarde, tras el comunicado de que ninguno de los tres líderes del FPDT –Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo– saldría libre, porque tenían procesos judiciales pendientes, distintos al que había citado la Corte, las organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron la decisión del gobierno federal, particularmente la posición obstinada de la SSP federal de querer mantener bajo castigo a los luchadores sociales.

Dichos cuestinamientos fueron expresados por el sacerdote Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMD HD); Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, y Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

El padre Concha subrayó que, en el fondo, lo que sigue presente es la intención de castigar y penalizar la protesta social. Hay la voluntad política de criminalizar la protesta social y no respetar el estado de derecho. Ese es el fondo: amedrentar y perseguir a quienes protestan; continúa la venganza.

En tanto, Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la liberación de las 12 personas que aún estaban presas por los hechos ocurridos en Atenco –el 3 y 4 de mayo de 2006– no pone punto final al clamor de justicia por las violaciones a derechos humanos en ese municipio. Aún hay pendientes, como el castigo a los responsables de la represión y violaciones sexuales contra mujeres, a los funcionarios que integraron mal las averiguaciones previas y a los jueces que con ligereza dictaron sentencia.

Agregó que en este caso, la criminalización de la protesta social no fue política, sino jurídica, porque de manera irregular, pobre y endeble, se usó el derecho para fines que no son propios y así encarcelar más de cuatro años a una decena de personas, lo que viola derechos humanos.

Carbonell consideró que la resolución de la Corte es congruente y manda un mensaje claro a la PGR y a los jueces que conocieron los casos: Deben ser más cuidadosos al admitir ciertas pruebas en un proceso y ser más responsables para culpar a alguien de un delito. La decisión reflejó falta de pericia y profesionalismo (del MP y juzgadores).

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humaos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que la liberación de los líderes representa un acicate al Congreso federal y a la SCJN, porque deja al descubierto que se lleva a juicio a personas que con los años resultan inocentes.

El legislador priísta consideró que se debe hacer una reflexión sobre cómo se imparte la justicia en México, porque aún sin prueba se enjuicia a ciudadanos inocentes y, lo peor, con ello se criminaliza la protesta social: independientemente de que hayan salido en libertad los integrantes del frente, pasaron demasiado tiempo en la cárcel; es un asunto similar al de las indígenas acusadas de secuestrar a policías federales en Querétaro y al de los funcionarios detenidos en Michoacán.

La secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, dijo que la retención de los líderes es un acto de revanchismo de las autoridades. Señaló que Ignacio del Valle es una piedra en el zapato tanto para Felipe Calderón como para Enrique Peña Nieto.

Víctor Ballinas, Emir Olivares, Roberto Garduño y Ciro Pérez

Provocación, el intento de fincar nuevos cargos: campesinos

Javier Salinas, corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 2

San Salvador Atenco, Méx., 1º de julio. Pobladores de San Salvador Atenco y simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que esperaron a sus dirigentes, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, durante más de 30 horas en la explanada principal de ese municipio, recibieron anoche con indignación la noticia de que ninguno de los tres sería liberado, por existir otros procesos en su contra, además del que se les siguió por secuestro equiparado.

Los atenquenses calificaron como una provocación el fincarles nuevos procesos a sus líderes. Advirtieron que llevarán su resistencia hasta las últimas consecuencias, hasta ver en libertad a todos sus compañeros.

Las últimas horas en Atenco fueron de contrastes. Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cientos de pobladores se reunieron en la explanada del poblado, donde se instaló un templete y un equipo de sonido, y en una enorme manta se leía: Bienvenidos, compañeros, a su pueblo.

Acompañados por representantes de diversas organizaciones sociales, los lugareños realizaron un mitin en espera de sus dirigentes. Sólo en la madrugada, dos de los nueve reos que salieron del penal Molino de Flores acudieron a Atenco, y fueron recibidos entre algarabía y consignas. Sólo faltaban Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. La espera fue larga y no llegaban.

Ya por la mañana de este jueves, la mayoría de pobladores, que habían dormido poco, aún emitían consignas. Al filo de las 12:30 horas, una comisión de 30 miembros del FPDT partió a bordo de varios vehículos con rumbo al penal del Altiplano, para apoyar a sus compañeros.

Los pronunciamientos en la explanada de San Salvador Atenco se hicieron más fuertes a lo largo del día, e incluso se responsabilizó al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, de pretender mantener presos a los activistas.

Cuando se difundió que ninguno de los tres dirigentes saldría libre, la indignación fue evidente entre los pobladores. Comenzaron las reuniones para definir un plan de acción y responder a las estrategias de los gobiernos federal y estatal. No es posible que esto suceda; el gobierno quiere acabarnos a toda costa, pero ahora le decimos que eso no ocurrirá y que, por el contrario, seguiremos luchando, dijeron.

Corrupción y fraude de Elba....

Se encontró que 117 mil 514 maestros están adscritos a escuelas inexistentes, señala

Detecta SEP innúmeras anomalías en el primer padrón de docentes

Pagos a profesores con el mismo RFC pero con diferentes nombres, entre las irregularidades

Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 35

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en el primer trimestre del año se detectó el pago de salarios por 407 millones de pesos a un total de 10 mil 279 profesores comisionados en 31 entidades del país. De ellos, 5 mil 145 realizan funciones sindicales y 2 mil 442 actividades administrativas.

En conferencia de prensa para dar a conocer, por primera ocasión un padrón con información sobre matrícula escolar, así como tipo de plaza docente, administrativa o directiva, nombre de quien la ocupa, clave única de registro poblacional (CURP), ingreso y nivel educativo, Guillermo Bernal, oficial mayor de la SEP, señaló que se tienen registrados 25 millones 206 mil 162 alumnos en 217 mil 541 escuelas.

Agregó que un millón 106 mil 921 trabajadores –docentes, administrativos y directivos– cobran con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), cuyos recursos provienen de la federación, lo que representa 76 por ciento del personal destinado a tareas educativas en el país, mientras que otro 24 por ciento depende de erogaciones estatales.

El personal, indicó –que incluye a maestros frente a grupo–, se distribuye en 1 millón 800 mil plazas, pues hay quienes tienen doble turno o plaza, a lo que se suman 9.9 millones de horas/semana/mes, para personal de secundaria.

El funcionario detalló que la información del primer trimestre del año enviada por las entidades –de la que se excluyó a 264 mil docentes adscritos a sistemas educativos estatales que no dependen de los recursos del FAEB– reveló que 176 mil trabajadores de la enseñanza cobraron su ingreso mensual, pese a contar con un Registro Federal de Causantes (RFC) erróneo, mientras que más de 8 mil tienen el mismo RFC, pero con diferente nombre.

Se estima que en 17 entidades se paga la nómina aún cuando se detecta un RFC incompleto, mientras que en otros 18 estados se tienen registros duplicados. En cuanto a la CURP, 30 entidades no presentaron las claves de los trabajadores en el pago de nómina como establece el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, por lo que incumplieron con el mandato señalado por la Cámara de Diputados.

Irregularidades

Entre los hallazgos del padrón, informó que se detectaron 117 mil 514 trabajadores adscritos a 19 mil 400 escuelas inexistentes en 17 estados, debido a que no aparecen en el catálogo de centros escolares de la secretaría.

Las irregularidades e inconsistencias también se detectaron en 232 casos de personal con doble plaza que cobran en entidades no colindantes, con un monto trimestral de 4.5 millones de pesos con cargo a la federación.

A ellos se suman 3 mil 397 trabajadores cuyos ingresos son superiores a 60 mil pesos mensuales. De éstos, al menos 31 recibieron más de 200 mil pesos en enero de este año; la cifra que fue tres veces mayor en marzo, al alcanzar un total de 91.

Respecto al total de personal comisionado, Francisco Ciscomani, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, destacó que de los 10 mil 279 trabajadores detectados como comisionados, corresponden un total de 18 mil 582 plazas. De éstas 13 están asignadas a siete comisionados en labores partidistas, que cobraron con cargo al FAEB, 488 mil 328 pesos en el primer trimestre del año.

A estos se suman, tres trabajadores que solicitaron una comisión para asumir cargos de diputados y cuatro como alcaldes, aunque la SEP destacó que lo hicieron sin cargo al erario, pues se autorizó la separación de sus funciones sin goce de sueldo.

Enfatizó que las entidades podrán corregir, aclarar, justificar y modificar los datos entregados a la SEP, pues no es una base de datos acabada, se modificará trimestralmente, pero sin duda es un hecho histórico que se cuente, por primera vez, con información que nos ayudará a construir un padrón nacional de maestros.

Acribillan a líder triqui en Oaxaca

NSSOAXACA publica esta noche que Severiano Flores Ramírez de 40 años de edad, representante moral de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), fue acribillado la tarde de este jueves cuando viajaba al lado de de su esposa, quien resultó lesionada por heridas de arma de fuego durante el ataque. La periodista Erika Lucero escribe que de acuerdo a los primeros reportes policíacos, aproximadamente a las tres de la tarde, Flores Ramírez salió del municipio de Santiago Juxtlahuaca, donde actualmente radicaba con su cónyuge, Hermelinda Verónica de 22 años de edad, originaria de la agencia de San Martín Duraznos. La víctima viajaba a bordo de una camioneta con destino al municipio de Putla villa de Guerrero, no obstante al circular sobre la carretera Juxtlahuaca-Putla, a la altura del paraje Tres Cruces, fueron interceptados por un grupo de desconocidos que abrió fuego contra la pareja, señala NSSOAXACA.

Con base en la versión de testigos, habitantes de Yosoyuxi, el líder moral de la UBISORT recibió un impacto de bala en la cabeza, perdiendo la vida en el lugar de los hechos, mientras que su esposa sufrió lesiones en la pierna izquierda.

REPORTE ESPECIAL DEL CENTRO PRODH

Autoridades del penal se niegan a liberar a presos de Atenco

A pesar de que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la libertad inmediata de los 12 presos políticos de Atenco, hasta las 12 de la del día de hoy las autoridades del penal se habían resistido a ejecutar la resolución del máximo tribunal del país. Ante esta situación absoultamente irregular, el abogado de los 3 aún presos en el Altiplano, Leonel Rivero, acusó desacato por parte de las autoridades del Penal. Señaló que "están privando de la libertad a Ignacio y es un abuso de autoridad, dicen que están revisando de manera minuciosa la petición del Estado de México". Se espera que en cualquier momento sean puestos en libertad, tras lo cual se trasladarían a San salvador Atenco para festejar en su lugar de origen junto con sus compañeros, así como personas y organizaciones solidarias. En cuanto se den novedades estaremos informando.

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Esta recopilación también puede ser consultada en
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/

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Entrevista con Bárbara Italia Méndez

Audio,

ENTREVISTA CON: BÁRBARA ITALIA MÉNDEZ.
CARGO: UNA DE LAS 28 MUJERES ABUSADAS SEXUALMENTE POR POLÍCIAS DURANTE EL CONFLICTO DE SAN SALVADOR ATENCO, OCURRIDO EL 3 Y 4 DE MAYO DEL 2006
TEMA: EL FALLO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE LIBERAR A LOS 12 PRESOS POR EL CONFLICTO DE SAN SALVADOR ATENCO.

Entrevista con María de las Heras

Audio,

ENTREVISTA CON: MARÍA DE LAS HERAS.
CARGO: DIRECTORA DE DEMOTECNIA. (EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA OPINIÓN PÚBLICA PARA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA POLÍTICO- ELECTORAL.)
TEMA: EL AMBIENTE ELECTORAL A 5 DÍAS DE LAS ELECCIONES.

SOLIDARIDAD OBRERA !

En el Zócalo capitalino mostrarán su solidaridad con electricistas en huelga de hambre

Unidos, trabajadores de distintos gremios marchan hoy contra políticas de Calderón

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 21

La Unión Nacional de Trabajadores; el Frente Sindical Mexicano, encabezado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); el gremio minero, las principales centrales campesinas del país y organizaciones como Diálogo Nacional marcharán unidos este jueves hacia el Zócalo, en defensa de los derechos de los trabajadores, contra la reforma laboral y en repudio a la política económica aplicada por el gobierno del presidente Felipe Calderón.

La marcha se inscribe en una jornada nacional de lucha y de denuncia porque el gobierno actual trata a los trabajadores como delincuentes y pretende resolver los conflictos sociales con la represión, por lo que la movilización busca mostrar la solidaridad con los integrantes del SME que han cumplido más de 60 días en huelga de hambre, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el sindicato minero, y para demandar el cese de la represión y el asesinato de dirigentes sociales.

Polarización y desigualdad

El pronunciamiento consensuado por estas organizaciones, que será planteado hoy en la plancha capitalina, señala que este gobierno de derecha sólo ha promovido la polarización y la desigualdad, y ha permitido que los ciudadanos mexicanos sean impunemente asesinados en la frontera, que la organización social sea criminalizada y que las propuestas de los sectores campesino, sindical y civil se topen con oídos sordos, pues el gobierno no sabe negociar.

El planteamiento del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas fue dado a conocer en la reunión semanal de la UNT; demanda que la administración federal apueste por una solución pacífica y negociada a los conflictos que involucran a mineros, electricistas, maestros y trabajadores de la banca de desarrollo, y exige que se detenga la actual política de agresiones contra el sindicalismo independiente.

No podemos dejar pasar los agravios que ha cometido el gobierno federal contra los trabajadores, como los mineros de Cananea, ni dar el menor pie para que se dé entrada a una reforma laboral que vulnera los derechos de los trabajadores, dijo el líder del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez.

Cabe señalar que el dirigente de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, Fernando Perfecto, fue electo nuevo líder de la presidencia colegiada de la UNT, en sustitución de Valdemar Gutiérrez, líder del gremeio del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien recientemente dejó dicha agrupación.

La resolución, incompleta, sostienen

Atenco

ONG y políticos: falta castigar a los violadores

También debe sancionarse a los responsables de los operativos contra los atenquenses, dicen

Georgina Saldierna, Andrea Becerril,
Roberto Garduño y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 4

Senadores y diputados del PRD, así como organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos, festejaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorgó el amparo y ordenó la liberación de los 12 presos políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco.

No obstante, señalaron que se trata de una “solución incompleta, pues falta hacer justicia a las 27 mujeres violadas por policías del estado de México y castigar a los responsables de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006” contra los pobladores de San Salvador Atenco, estado de México.

Los diputados perredistas Alejandro Encinas, Enoé Uranga y Mauricio Toledo afirmaron que la decisión del máximo tribunal abre la puerta al rechazo legal que la sociedad debe encabezar contra la criminalización de los movimientos sociales.

Coincidieron en que los cuatro años de prisión que padecieron los líderes campesinos representan un injusto castigo de autoridades que interpretan perversamente la ley.

Senadores del sol azteca exigieron al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, que retire los cargos contra América del Valle Ramírez –hija del dirigente del FPDT, Ignacio del Valle, y de Trinidad Ramírez, quien encabezó esa organización durante el tiempo en que su esposo estuvo en prisión–, quien tras permanecer cuatro años fugitiva decidió pedir asilo al gobierno de Venezuela.

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, manifestó que es muy bueno que la Suprema Corte haya echado abajo el afán del gobierno del estado de México de criminalizar la protesta social. Consideró que el máximo tribunal del país reparó una injusticia al frenar la lección que algunos querían dar al movimiento popular de la República.

Ahora quisiera ver qué explicación dan quienes con saña pretendieron dar un escarmiento a líderes sociales, sindicales, políticos, indígenas del país, para que nadie más se atreva a expresar su verdad ni luchar por sus causas.

Por separado, Alejandro Encinas, coordinador de los perredistas en la Cámara de Diputados, señaló que la resolución cobra relevancia y es un paso importante para llevar justicia a los movimientos sociales.

La determinación de la Corte debe ayudar a resolver la criminalización de los líderes sociales, y el caso de los dirigentes de Atenco no se generó por una acción del gobierno panista, fue una coalición de intereses de PRI y PAN. Es ahí donde debemos cambiar el desorden institucional que sólo afecta los intereses del pueblo.

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra recibieron la noticia sobre la liberación de sus dirigentes con abrazos y lágrimas, en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la NaciónFoto Alfredo Domínguez

Enoé Uranga conminó al Poder Legislativo a reformar las leyes relativas al trato que deben recibir los dirigentes sociales. La lucha social es tratada por el poder como delincuencia organizada. Es insólito que Felipe Calderón haya enviado una iniciativa judicial donde se incluye que la movilización social puede ser considerada como tal, sostuvo.

El diputado Mauricio Toledo afirmó que la determinación del Poder Judicial acerca de los líderes de Atenco es una decisión tardía que afectó sensiblemente las raíces de un movimiento social como el de los campesinos de Atenco, que no hicieron otra cosa que defender sus posesiones familiares y comunales, y da la pauta para que el Congreso federal ponga límites a la actuación de las instancias de gobierno cuando pretenden abusar de sus posiciones de privilegio.

Respetan PAN y PRI la decisión de los ministros

Los coordinadores parlamentarios de PAN y PRI en la Cámara de Senadores, Gustavo Madero y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente, manifestaron respeto por la decisión de los ministros.

Qué bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto de manera definitiva lo que muchos estaban esperando, resaltó Beltrones.

Yeidckol Polevnsky, senadora por el PRD, manifestó que a los presos de Atenco no sólo hay que pedirles perdón, sino resarcirles el daño que se les ha hecho al mantenerlos en la cárcel de manera injusta.

Por otra parte, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia e Idheas señalaron que la liberación de los 12 presos de Atenco es muy importante, pero es una solución incompleta, por la falta de castigo para los responsables de los operativos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

Gloria Ramírez, presidenta de la AMDH, manifestó: Estoy emocionada, esta resolución me ha dejado perpleja, lo festejamos. Sin embargo, está pendiente el caso de América del Valle: ella tiene que poder caminar libremente en su país. Y falta justicia para las mujeres violadas.

Adrián Ramírez, de la Limeddh, subrayó: Nos sorprende favorablemente esta resolución, pero no está completa si no hay sanción para los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y para los violadores de las mujeres de San Salvador Atenco.

Oficina de la ONU demanda reafinar la lucha contra el crimen organizado

Pese a costos, continuará el combate al narco, insiste la cancillería

Gabriel León Zaragoza

Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 15

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, afirmó que en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no hay marcha atrás, pese a que para la sociedad mexicana el costo ha sido y seguirá siendo alto, desafortunadamente.

Antonio Mazzitelli, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, consideró que la estrategia del gobierno federal en el combate al crimen organizado va en la dirección justa. Sin embargo, sostuvo que seguramente hay mucho más que hacer, como reafinar esta estrategia, sobre la base de lo que es una situación táctica en el terreno.

En la presentación del Informe mundial sobre las drogas 2010, elaborado por la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, Patricia Espinosa aseveró que el gobierno federal seguirá insistiendo ante los legisladores y las autoridades de Estados Unidos en que consideren volver a instaurar la prohibición de venta de armas de asalto, ya que desde que ésta se levantó empezó a crecer la criminalidad en México.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declaró el lunes pasado como derecho constitucional la compra y portación de armas en toda esa nación, la canciller señaló que México es respetuoso y no pretende vulnerar garantías del país vecino.

El tema, agregó, pone sobre la mesa una problemática, en la cual resulta claro que las armas no solamente están sirviendo para la defensa personal de los estadunidenses, sino que llegan a manos de los delincuentes, quienes se están fortaleciendo en su capacidad para desafiar a las instituciones del Estado.

Destacó que el informe de la ONU reconoce que los niveles de violencia que se observan en México son resultado del enfrentamiento entre grupos rivales para conservar su influencia en el mercado y controlar las rutas de tránsito hacia Estados Unidos.

Mazzitelli apuntó, con base en el mismo documento, que el valor del tráfico de armas del norte hasta el sur, que se realiza de forma hormiga, se estima en 20 millones de dólares.

Aun así, esa cifra puede parecer muy limitada comparada con las cifras relacionadas con el tráfico de drogas y de migrantes.

Se calcula, manifestó, que en 2008 entre 155 millones y 250 millones de personas en el mundo habían consumido por lo menos una vez drogas ilícitas; de ellos, entre 16 y 36 millones de consumidores son considerados problemáticos.

Expuso que a escala internacional la mariguana es la droga más utilizada, seguida por anfetaminas, cocaína y opiáceos.

CLAMAMOS ASILO PARA AMÉRICA DEL VALLE !!

Persisten los cargos contra América del Valle, señalan fuentes judiciales

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 5

La situación legal de América del Valle, acusada de secuestro equiparado, no cambia pese a la decisión de los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de amparar a los 12 activistas de San Salvador Atenco acusados por el mismo delito.

Fuentes judiciales comentaron lo anterior y explicaron que la joven, hija del líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, tendrá que enfrentar el juicio en su contra para eventualmente quedar en libertad.

Señalaron que en su favor, la joven que solicitó asilo político a Venezuela podrá utilizar la sentencia en la que los ministros ordenaron la libertad inmediata de su padre y 11 atenquenses más, pero eso no evitaría que siguiera su proceso penal, ya que el secuestro equiparado es considerado delito grave y no alcanza libertad bajo fianza.

Explicaron que los delitos que se imputan a América del Valle son los mismos que se usaron para sentenciar a los activistas del FPDT.

Por otra parte, cabe la posibilidad de que el Ministerio Público del estado de México se desista de las acusaciones y con ello América quede libre.

Los funcionarios consultados comentaron que la decisión más fácil sería que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México tomara la iniciativa y realizara gestiones para no apresar a la hija del líder del FPDT, ya que una acción de ese tipo favorecería en mucho la imagen del gobernador del estado de México.

Vencimos al gobierno de "tanta pinche injusticia", afirma Inés Rodolfo Cuéllar

Atenco

El papeleo oficial retrasa la salida de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo

Nueve atenquenses dejaron por la noche el penal Molino de Flores

Exigen actuar contra los asesinos de Alexis Benhumea y Javier Cortés

Óscar Hernández Cuéllar al salir del penal Molino de Flores, ubicado en el municipio de Texcoco, estado de México, fue recibido por decenas de atenquensesFoto Víctor Camacho

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 5

Texcoco, Méx., 30 de junio. Los nueve integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, que desde mayo de 2006 estaban presos en el penal de Molino de Flores, en Texcoco, fueron liberados esta noche tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En punto de las 22:30 horas, bajo pertinaz lluvia, las enormes puertas verdes que conducen a la aduana de la penitenciaría se abrieron. Uno a uno fueron apareciendo los nueve atenquenses.

Inés Rodolfo Cuéllar fue el primero en recuperar su libertad, vestido con el uniforme azul de los reclusos. Entre consignas y gritos de libertad fue recibido por unas 200 personas, entre familiares, integrantes y simpatizantes del FPDT.

Se logró vencer al gobierno, de tanta pinche injusticia que nos hizo en cuatro años; son cuatro años que nos quitaron de tu vida, pero que Dios los bendiga a ellos también, ¿por qué no?

Justicia no se hizo, porque falta castigar a los autores intelectuales de la represión. El gobierno nos hizo una injusticia que no tiene nombre, pero cuando uno se propone hacer las cosas se logran, expresó.

Media hora después salieron del penal Óscar Hernández Pacheco, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales y Narciso Arellano Hernández. Antes de la media noche, los nueve simpatizantes del FPDT ya estaban libres.

Falta la verdadera justicia

Integrantes del FPDT consideraron que no se dan por satisfechos, porque no es un acto gracioso del Estado, no es un acto totalmente de justicia, sino apenas el cumplimiento de una pequeña parte de lo que demandamos.

Falta la verdadera justicia y que se proceda contra los autores intelectuales de la represión y de la muerte de los compañeros Alexis Benhumea y Javier Cortés, que son Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Wilfrido Robledo y Humberto Benítez Treviño, entre otros, dijo Juan de Dios Hernández Monje, abogado del FPDT.

Quién les va devolver el tiempo perdido; perdieron a su familia y no vieron cómo crecían sus hijos. Fueron cuatro años de sufrimiento, de lucha, pero aprendimos que hay que seguir luchando por otros presos, expresó María Leonor Romero Morales, madre de los hermanos Jorge Alberto y Román Ordóñez Romero.

Pasadas las 13 horas, una vez que los ministros de la Corte determinaron que se les dejara en libertad, en San Salvador Atenco familiares, amigos y miembros del FPDT se reunieron en la plaza principal para organizarse y recibir a sus compañeros.

Una comisión se trasladó al penal Molino de Flores y ahí esperaron la salida de los nueve presos. Familiares y activistas gritaron consignas y golpearon con machetes, piedras y palos barandales y puertas del penal.

El 21 de agosto de 2008, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Óscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Édgar Eduardo Morales, Narciso Arellano Hernández, Jorge Alberto y Román Ordóñez Romero fueron sentenciados a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión por el delito de secuestro equiparado, en la causa penal 58/2007.

El juez Jorge Alberto Cervantes Juárez los encontró culpables de secuestro equiparado en agravio de 14 policías estatales y federales, en hechos ocurridos el 3 y 4 mayo de 2006.

Fiesta de activistas afuera del Altiplano

Blanche Petrich e Israel Dávila Enviada y corresponsal

Almoloya de Juárez, Méx, 1º de julio. Al cierre de esta edición el papeleo oficial para concretar la liberación de los tres líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, no había concluido. A las puertas del penal de máxima seguridad el jolgorio de la Campaña por la Libertad de los Presos Políticos de Atenco se mantenía a buen ritmo, con la certeza de que los mil 519 días de cárcel habían concluido y de que las causas penales 95/06 y 96/06 se habían cerrado en definitiva.

En el interior de la cárcel, con la asistencia de su abogado Leonel Rivero, los trámites para la excarcelación de los tres dirigentes que hace cuatro años y dos meses fueron detenidos en la casa de un florista en Texcoco se desarrollaban con la complejidad que caracteriza un centro de máxima seguridad.

Ya desde las siete de la tarde el Poder Judicial mexiquense había confirmado la recepción del telegrama oficial enviado por la primera sala de lo penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenando la liberación inmediata de los 12 presos políticos atenquenses.

La notificación correspondiente fue girada a la Secretaría General de Gobierno en Toluca para los nueve reclusos del penal estatal de Molino de las Flores, en Texcoco, y a la Secretaría de Gobernación para que procediera a la excarcelación de los tres internos en el Altiplano.

El inicio de este laberíntico trámite en las oficinas de Almoloya coincidió con la llegada de una caravana de cinco autobuses y una decena de vehículos procedentes de la ciudad de México, donde los atenquenses y un centenar de activistas solidarios de la Campaña por la Libertad de los Presos Políticos habían seguido desde la calle la sesión matutina de los ministros de la Corte.

Celebración con machetes

Apenas descendieron de los vehículos, los machetes volvieron a relucir y a sacar chispas del pavimento, esta vez en son de celebración. Trinidad Ramírez de Del Valle, esposa de Ignacio del Valle, declaró a la prensa: Esta liberación no significa que se haya hecho justicia con el pueblo de Atenco, porque queda pendiente que se castigue a los responsables de las muertes de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea, quienes fueron abatidos por proyectiles de uso reglamentario de las policías federal y estatal el 3 de mayo de 2006, durante el avance de las fuerzas de seguridad sobre el pueblo de San Salvador Atenco.

Recordó que para que finalmente podamos hablar de justicia cumplida, también está pendiente una investigación imparcial sobre las agresiones sexuales contra más de 20 mujeres que fueron detenidas durante el asalto del 4 de mayo y el castigo a los responsables.

Y concluyó: el otro gran pendiente es la anulación de las órdenes de aprehensión que pesan sobre su hija América del Valle, acusada de los mismos cargos por los que en las próximas horas –o minutos– saldrán libres su padre y sus compañeros de militancia.

¡Qué momento tan especial estamos viviendo!, expresó doña Feli. Apenas un chal la defiende del frío. Ella viene desde el Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán, militante de decenas de causas populares a lo largo de su vida, hoy presente también aquí.

Exige Foro Social de EU fin de los ataques a comunidades zapatistas

Reconoce aportación del EZLN a movimientos de resistencia en el mundo

Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 22

El Foro Social de Estados Unidos, realizado en días pasados en la ciudad de Detroit, Michigan, emitió una Declaración de apoyo a las comunidades zapatistas en México, que reconoce las aportaciones del EZLN a los movimientos de resistencia y liberación en el mundo y exige el cese de agresiones militares, policiacas y paramilitares contra los pueblos indígenas de Chiapas.

Los zapatistas han sido una gran inspiración para los de abajo del mundo. Han logrado construir la autonomía y realmente practican la democracia y ejercen la autodeterminación en sus comunidades. Ellos demuestran que sí es posible crear ese otro mundo que queremos, reconoció el Foro Social.

Su autonomía, agrega la declaración, enfurece a los sirvientes del sistema capitalista que se hacen malos gobiernos; estos gobiernos federales, estatales y municipales utilizan su Ejército, fuerzas policiacas y grupos paramilitares para intentar destruir la autonomía y exterminar a los dignos pueblos indígenas zapatistas.

El pronunciamiento estadunidense señala que, recientemente, las bases de apoyo zapatistas han resistido ataques, hostigamiento y provocaciones en las comunidades de Bolón Ajaw, Laguna de San Pedro, Santo Domingo, Casa Blanca, Peña Limonar, Choles de Tumbalá y El Pozo.

Los tres niveles de poder utilizan a diferentes grupos paramilitares, como la Opddic y el Ejército de Dios, para reprimir a las comunidades. Lo hacen porque los zapatistas ejercen su derecho a ser autónomos y no dejan que el mal gobierno los despoje. El mal gobierno actúa así con el fin de desalojarlos de sus tierras, tomar posesión de ellas y construir zonas turísticas para beneficio de los ricos y los de arriba.

Por todo esto, nosotros, como miembros de la sociedad civil nacional estadunidense reunida en el Foro Social Estados Unidos 2010, declaramos que los zapatistas no están solos y ratificamos nuestro compromiso de estar en alerta y denunciar las graves violaciones que están sucediendo en Chiapas.

El foro denunció el alarmante incremento de la ofensiva contra el movimiento zapatista en el sureste de México, evidenciada en el aumento de actividades contrainsurgentes. Responsabilizando a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) por las agresiones de represión contra la autonomía de las comunidades indígenas, exigió respeto a la autonomía y a la libre autodeterminación de los zapatistas y el fin de la represión de que son objeto.