Atenco, otra vez en pie de lucha

Defensa de la tierra

Una asamblea modifica el régimen de propiedad comunitaria

El cambio remueve el impedimento para que Conagua y empresarios compren los terrenos en disputa desde hace 14 años

El FPDT alista estrategia combinada: batalla en tribunales contra el acuerdo y manifestaciones de resistencia

Integrantes del FPDT se manifestaron en la plaza principal de Atenco contra el cambio de uso de suelo de sus terrenosFoto Javier Salinas

Los machetes nunca los hemos guardado, pero no son amenaza, sino advertencia. Nos vamos a defender a toda costa, dice Ignacio del Valle, representante de la resistencia campesinaFoto Javier Salinas

A muchos ejidatarios que se oponen al cambio del régimen de propiedad no les permitieron la entrada a la asamblea, y varios jóvenes acudieron a provocarlos, pero se evitó la confrontaciónFoto Javier Salinas

Blanche Petrich 

Periódico La Jornada

Domingo 8 de junio de 2014, p. 2

Bastaron tres horas de una asamblea ejidal en San Salvador Atenco, el pasado domingo 1º de junio, para abrir la puerta a la compra y venta de tierras que en los recientes 15 años fueron defendidas encarnizadamente por los campesinos del lugar. Una asamblea espuria y totalmente ilegal, según la califican los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que despachó en forma exprés una agenda de 11 puntos; en particular el punto siete, la gran manzana de la discordia entre los ejidatarios, fue resuelto sin debate, en 15 minutos.

Este cambio modifica el régimen de propiedad del ejido a dominio pleno, que finiquita el sistema de tierras comunitarias que se conquistó en 1922, al calor de las luchas agraristas. Se votó a mano alzada y sin boletas que despejaran dudas sobre la legitimidad de la decisión.

Este cambio remueve el impedimento legal para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los empresarios que promueven el megaproyecto Ciudad Futura compren los antiguos terrenos que están en disputa desde hace 14 años.

El FDPT no lo permitirá, adelantan en entrevista Ignacio del Valle, Hermenegildo Márquez y Martha Pérez, representantes del movimiento de resistencia campesina. Lo que sigue, informan, será una estrategia combinada: batalla legal en tribunales, para echar abajo el acuerdo y, desde luego, manifestaciones de resistencia. Es la misma lucha desde que nos enfrentamos con Vicente Fox. Ellos no quitan el dedo del renglón. Nosotros tampoco, afirma Del Valle.

–¿Vamos a volver a ver los machetes en la calle?

–Los machetes nunca los hemos guardado. Pero no son amenaza ni señal de reto. Son una advertencia: nos vamos a defender a toda costa.

–Ignacio ¿usted podía haber entrado a la asamblea, como ejidatario?

–Sí.

–¿Por qué no lo hizo?

–No se podía, el comisariado mandó poner vallas y filtros, con policías vestidos de civil portando camisetas blancas. Provocaron a nuestra gente, hubo golpeados. A muchos ejidatarios que se oponen no les permitieron la entrada. Nosotros lo que hicimos fue evitar tanto la provocación como la confrontación.

Entre las pruebas para declarar nula el acta de la citada asamblea hay videos en los que se aprecia el cerco que se formó con hombres fornidos, ajenos a la comunidad, con corte de cabello militar, que gritan: ¡Fuera, fuera!, cuando se acerca la columna del FPDT. Algunos exhiben carteles con dedicatorias cargadas de amenaza: Nacho (alusión a Ignacio del Valle) se te responsabiliza de cualquier enfrentamiento. Nacho, porro del CCH. Nacho, fuiste el culpable de los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006. América del Valle (su hija) deja de vivir a costillas del pueblo.

–¿La asamblea ejidal no tiene mecanismos para fiscalizar el padrón y la lista de asistencias?

–“Tenía –responde Márquez, quien dejó el cargo de comisariado en octubre del año pasado–; hay un comité de vigilancia, pero ahora lo controlan ellos. Si hubiéramos podido entrar habríamos exigido un pase de lista. Ahí se hubiera acabado esa asamblea espuria. Pero no pudimos”.

Añade Del Valle: Todo, todo fue ilegal. Desde el lugar que eligieron para hacer la asamblea, un salón de fiestas, propiedad de familiares de ellos. Sospechamos que metieron con anticipación a gente que no pertenece al ejido, quizá desde la noche anterior, para alcanzar el quórum en el pase de lista. Los demás votos los compraron con tarjetas Soriana y dinero en efectivo.

Los hombres del cerco llevaban una camiseta con la leyenda Paz y progreso.

Martha Pérez, avecindada en Atenco hace años y que formó parte del grupo de mujeres que asumieron el mando del FPDT cuando los hombres cayeron presos, en la ofensiva del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, comenta que para cada uno de los bandos en pugna paz y progreso significan cosas bien distintas: Para ellos es quedarse callados, acatar la línea del gobierno. A cambio reciben dádivas, porque el gobierno se aprovecha de su necesidad.

Defender nuestra identidad como campesinos tiene sentido y vale la pena, dice Ignacio del ValleFoto María Luisa Severiano

–¿Los identifican?

–Sí. Algunos son jóvenes de los pueblos vecinos, que también vinieron en plan de provocación cuando se ordenó borrar nuestro mural de la casa ejidal en diciembre. Los conocemos. Muchos son antorchistas que anidaron en pueblos vecinos desde hace como 20 años y ahora, al frente de su dirigente Yolanda Solís, están penetrando en Atenco. Identificamos a muchos policías municipales vestidos de civil y empleados del ayuntamiento.

Es de suponer que en las filas de los promotores de la venta de terrenos tenían bien medidas las fuerzas del FPDT. Desde hace semanas, Trinidad Ramírez, esposa de Del Valle, mantiene cerca del lavadero de su patio una libretita donde lleva una bitácora de los sobrevuelos de helicópteros, el patrullaje de policías estatales y federales, militares y hasta marinos que mantuvieron al pueblo bajo estrecha vigilancia los días previos. Otros ojos y oídos llevan similar registro de quien entra y sale de casa de los Del Valle, que se ha convertido en centro de operaciones del FPDT desde que perdieron la casa de cultura que les arrebató el presidente municipal Idelfonso Vega Silva.

Al alcalde lo responsabilizan: Él estuvo detrás de todo esto. Se la ha pasado promoviendo la idea de que nosotros somos salvajes, violentos y que nos oponemos a todo. Y claro que nos oponemos a la venta de la tierra. No nos hemos equivocado, dice Del Valle.

Martha Pérez sostiene que el cambio de régimen legal de las tierras ejidales no sólo afecta a los ejidatarios, sino a todos los demás. Ya vimos la maqueta del proyecto de Ciudad Futura. En Internet se ve bonita. Pero para nosotros es una invasión, un cambio de vida que no queremos, con esos condominios gigantes, esos centros de negocios. Hay que recordar que todo eso antes era un lago que fue desecado a propósito. Y nuestros abuelos, nuestros antecesores, supieron sacar provecho de ese desastre. Con mucho esfuerzo trabajaron y convirtieron esas tierras en una zona fértil, muy hermosa. Ciudad Futura habla ahora de un sistema de lagos, pero no naturales, sino con aguas de desechos del Distrito Federal, aguas tratadas. ¿No es absurdo? Y frente a todo esto, ¿dónde quedamos nosotros, la gente?.

Por lo pronto, los atenquenses contrarios a la venta de terrenos se preparan para lo que llaman la batalla legal. Paradójico, porque entre ellos hay profunda desconfianza a las instancias legales desde que las policías estatal y federal invadieron violentamente el pueblo, con un saldo de dos jóvenes muertos; detuvieron a cientos de personas, los torturaron, violaron a casi todas las mujeres arrestadas y sentenciaron a más de 100 años a sus principales dirigentes, en un fallo legal que fue revertido después de cuatro años.

Tenemos muchos elementos para anular lo que se hizo en la asamblea, para echar todo esto abajo. Sabemos que visitadores de la Procuraduría Agraria han estado promoviendo la compra de terrenos y aun así vamos a ir con ellos a donde sea necesario. Vamos a ir a los tribunales. Nosotros siempre hemos agotado la parte jurídica, aunque la ley en muchos momentos nos ha decepcionado, comenta Del Valle.

Ni Del Valle ni Hermengildo Márquez viven exclusivamente de la tierra. Pero ellos y sus familias se sienten y viven como campesinos.

Hermenegildo tiene una hectárea. Hace dos meses sembró espárrago en convenio con una empresa para exportar a Estados Unidos. Ya la planta está grande, en dos meses va a empezar a producir y es un proyecto que tengo a 10 años. No lo voy a dejar.

Ignacio se ha retrasado en la siembra. En su terreno el pozo fue clausurado; ahora depende de las lluvias. En estos días va a sembrar maíz; a fin de mes, cebada.

“Sembramos –concluye– para que la gente que ha caído en el desánimo vea que defender la tierra, defender nuestra identidad como campesinos, sí tiene sentido. Y vale mucho la pena”.

Denuncia el FPDT acoso de la Conagua

Celebra Atenco 10 años de resistencia

Busca revivir el proyecto del aeropuerto

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco conmemoró el décimo aniversario del inicio de su resistenciaFoto Javier Salinas

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 25 de octubre de 2011, p. 16

San Salvador Atenco, Méx., 24 de octubre. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco aseguró que los ejidatarios de la región padecen acoso constante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que vendan sus tierras y se concrete el proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco, en 2 mil 600 hectáreas.

Este lunes, al conmemorar el décimo aniversario del inicio de su resistencia, los campesinos, junto con representantes de 15 organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, dijeron que se oponen a dicho proyecto porque es sólo una excusa para revivir la construcción de un aeropuerto en sus tierras.

Lucha contra trasnacionales

Jesús Adán Espinoza, uno de los dirigentes del FPDT, señaló que los procesos y despojos de tierras, bosques y aguas de los pueblos han sido constantes en México para dar paso a las empresas de gran capital. En la región continúa el clima de inseguridad, ya que el gobierno no ha abandonado el proyecto del nuevo aeropuerto en nuestras parcelas, ahora encubierto con el proyecto clandestino de Conagua, dijo.

Ignacio del Valle Medina sostuvo a su vez que el gobierno intenta apropiarse de sus tierras por diversos medios, pero los campesinos han dicho enfáticamente en asambleas ejidales que Atenco y sus ejidos no están en venta, y los pobladores seguimos en pie de lucha defendiendo nuestra tierra, recursos naturales, identidad, cultura y tradiciones, indicó.

La amenaza continúa sobre nuestras parcelas, ya que el gobierno no ha abandonado su interés de despojarnos y echarnos de nuestro territorio, ahora utilizando a Conagua, que con engaños intenta la compra de parcelas, que debemos seguir cultivando, ya que es el patrimonio de nuestros hijos, de nuestras familias. Ante esta situación de incertidumbre hay que estar alertas, agregó.

Durante un foro en el que participaron integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma Chapingo, mineros de Hidalgo, adherentes a la otra campaña y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, entre otras organizaciones, los miembros del FPDT reseñaron sus 10 años de lucha.

Machetes, símbolo de trabajo

Recordaron que el 22 de octubre de 2001, la vida en los pueblos de la región Atenco y Texcoco cambió radicalmente, pues se emitieron decretos para expropiar más de 5 mil hectáreas de sus tierras de cultivo para construir el aeropuerto alterno de la ciudad de México.

Fue el despertar a una nueva realidad, una realidad sin nada, a partir de ese amanecer, con un decreto expropiatorio que no era más que un despojo, el exterminio de una civilización ancestral, originaria, con su identidad, cultura y tradiciones, que ha estado ahí desde siempre y que no estaba dispuesta a cambiar eso por nada; es así como todos decidimos defender lo que es nuestro, por razón y derecho, dijo Ignacio del Valle.

Campesinos y pobladores de Atenco y de Texcoco protestamos el mismo día en que se anunció la expropiación y durante el transcurso de la lucha, con el machete arriba como símbolo de instrumento de trabajo en el campo, iniciamos movilizaciones y una resistencia, señaló.

También relataron la represión sufrida los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando fuerzas federales y estatales tomaron el poblado de Atenco. Asimismo, exigieron castigo para el ex gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, a quien señalaron como el principal responsable de la represión.

Los nueve reclamantes reciben el respaldo jurídico del Colectivo de Abogados Zapatistas

Atenquenses excarcelados reclaman al gobierno mexiquense reparación del daño

Nos conocimos en el penal, ninguno era integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

Óscar Hernández, Juan Estrada e Inés Rodolfo Cuéllar dieron a conocer la demanda presentadaFoto Jesús Villaseca

Matilde Pérez U.

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 16

Nueve de los excarcelados del penal Molino de Flores, Texcoco –quienes sin ser integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco fueron acusados de secuestro equiparado y condenados a más de 30 años de prisión–, interpusieron un reclamo de pago de daños físicos y morales al gobierno del estado de México, la Procuraduría General de Justicia local, la Agencia de Seguridad Estatal y el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad.

Con el respaldo del Colectivo de Abogados Zapatistas, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Narciso Arellano Hernández, Alejandro Pilón Zacate, Óscar Hernández Pacheco, Juan Carlos Estrada Cruces, Román Adán y Jorge Alberto Ordóñez Romero, Julio César Espinosa Ramos y Édgar Eduardo Morales Reyes demandaron un pago de 8 millones de pesos para cada uno, luego de estar encarcelados poco más de tres años y salir libres tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de otorgar un amparo a todos los presos del frente.

El 24 de junio los originarios de diversos pueblos de Texcoco y San Salvador Atenco interpusieron los requerimientos fundamentados en la recomendación que el 26 de enero de 2006 emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fuimos tratados con barbarie; encarcelados injustamente, y nuestras familias fueron sometidas a revisiones denigrantes para poder visitarnos en el penal.

En conferencia de prensa, cinco de los nueve demandantes explicaron que fueron detenidos durante los enfrentamientos de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra con la policía del estado de México y municipal el 3 de mayo de 2006, cuando los atenquenses se solidarizaron con un grupo de floricultores a quienes se les impidió vender su mercancía.

Inés Rodolfo Cuéllar, comerciante, narró que fue detenido cuando los uniformados entraron al domicilio de Manuel González, en San Salvador Atenco. Narciso Arellano, albañil, comentó que regresaba de su trabajo al momento de ser aprehendido.

Cada uno recordó que durante su detención fue golpeado y hasta amenazado de muerte. Nos conocimos en el penal; ninguno era integrante del frente. No podemos quedar callados, pues perdimos nuestros trabajos y ahora nos ven con recelo porque estuvimos encarcelados, aunque nunca se comprobó ningún delito, mencionaron.

Cinco años después, Atenco exige justicia

Después de 5 años de impunidad, Atenco exige castigo a los responsables.

Carolina S. Romero

Un alto a la impunidad por los crímenes de Estado cometidos en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue la demanda de una jornada de actividades en Atenco y el Distrito Federal cinco años después. Las vidas de los jóvenes Javier Cortés y Alexis Benhumea, asesinados por la policía, se conmemoraron con ceremonias y ofrendas en Atenco y el Panteón de San Jerónimo, mientras la tortura sexual de mujeres se denunció ante la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal. La jornada cerró con una marcha de mil personas desde el Ángel de la Independencia al Zócalo en el DF.

El martes 3 de mayo el acto público /conferencia de prensa ante la PGR en el Paseo de Reforma fue convocado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y las mujeres denunciantes de tortura sexual. Unas 150 personas exigieron justicia y denunciaron la inacción gubernamental en sancionar a los responsables por la tortura sexual. Cientos de tarjetas y cartas de solidaridad pegadas en la barda recordaron la solidaridad internacional recibida por las mujeres.

Para el Centro PRODH, “los hechos de 2006 no acontecieron de manera aislada, fueron resultado de una decisión de los tres niveles de gobierno para actuar frente a la inconformidad social …. Las violaciones de derechos humanos, incluida la tortura sexual contra las mujeres denunciantes, constituyeron por sí una estrategia del Estado mexicano para inhibir la movilización social y generar miedo a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), a las personas y colectivos que exigen y ejercen sus derechos y sobre todo a las mujeres”.

Es probable que los criminales que ordenaron la tortura sexual como parte de su estrategia militar ––Enrique Peña Nieto, Wilfredo Robledo Madrid, Eduardo Medina Mora–– y los sádicos policías de los ASES que disfrutaron de su botín de guerra, contaban con el silencio de las mujeres, pensando que estarían demasiado avergonzadas y aterrorizadas para relatar las indignidades que habían sufridos. Pero calcularon mal. Aunque para estas mujeres, no ha sido nada fácil contar en público la violenta invasión de sus cuerpos, lo han hecho con mucho valor en Europa y otras partes del mundo.

Al tomar la palabra en la conferencia de prensa, Italia Méndez dijo que la resistencia de los campesinos del FPDT ha sido un ejemplo de lucha y de organización y que las ocho mujeres denunciantes siguen evidenciando la tortura sexual usada contra los movimientos sociales, contra el pueblo organizado. Dijo: “El Estado cuenta con la cárcel, la muerte y la tortura para acabar con los movimientos y por eso es necesario seguir luchando contra esto…No pararemos. Seguiremos resistiendo”. Cuando los policías se echaron encima de ellas con frases obscenas y misóginas hace cinco años, una en particular le queda en la memoria: “Que vayan a casa a lavar los trastes”. Ahora las mujeres de Atenco no se ven como víctimas, sino como mujeres luchadoras que van a los foros públicos en todo el mundo para quitarles la máscara de legitimidad a sus torturadores.

Edith Rosales hizo uso del micrófono para decir que “hace cinco años fuimos torturadas y violadas y a unos hombres también lo violaron aunque no lo han denunciado. Hace cinco años mataron a un niño de catorce años, Javier Cortés y al joven Alexis Benhumea. Nos torturaron y nos encarcelaron, pero los que pasaron más de cuatro años en la cárcel ahora no están presos. Están ahí atrás. Siguen en la comunidad. Sabemos que aquí no vamos a tener una respuesta. En México no vamos a obtener justicia. Pero no nos vamos a callar. Vamos a seguir denunciando el ataque contra los movimientos sociales …. Vivimos en un país represor. Cuando estábamos en la cárcel vimos a varias personas culpables y no culpables que habían pasado lo mismo que nosotros. Ahora bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, hay una constante represión. ¡Ya basta, compañeros! Es lo que decimos. ¡Ya basta!”

Marta Pérez del FPDT declaró que durante cinco años, las mujeres del Frente de Pueblos no se han quedado calladas. “Las mujeres que hemos vivido la tortura sexual estamos aquí para darle la cara a Peña Nieto, a Calderón, a los altos mandos de la policía, para decirles que no estamos vencidas, que no estamos calladas, que seguimos caminando …. Todos los grandes funcionarios del PRI, del PAN, del PRD se han quedado callados ante la infamia cometida en Atenco, y son cómplices también”. Marta señaló que fue el candidato presidencial Enrique Peña Nieto quien dijo: ‘Yo ordené el operativo del 3 y 4 de mayo en Atenco’, pero que está protegido por el PGR. “Por esa razón acudimos al pueblo en general, porque el pueblo sí responde. También estamos llevando nuestras denuncias a todas las instancias internacionales. La justicia no va a venir de los altos mandos del país …. La justicia tiene que venir del pueblo. La justicia tiene que venir del trabajo que estamos haciendo día con día. Hermana, hermano, hace algunos meses nuestros presos quedaron en libertad porque tú respondiste, porque tú te levantaste, porque levantaste tu voz. Queremos ahora justicia y castigo a los responsables de esta masacre y las violaciones del 3 y 4 de mayo….En Atenco no bajamos la guardia. Seguimos defendiendo nuestro territorio. Y con la misma fuerza defendemos también nuestra dignidad como mujeres. Salimos a las calles para defender nuestros derechos sin miedo. Estamos de pie y no nos vamos a rajar”.

Trinidad Ramírez del FPDT afirmó a todas las compañeras que “la lucha no se ha acabado. La lucha continua día con día, por ellas, por otras, por muchas más, por nosotras que hemos sido atacadas en Atenco. Y no sólo es cuestión de Atenco. La herida es mayor. Las mujeres son objetivas de la violencia, de los asesinatos cometidos a lo largo del país por la política de Felipe Calderón. Y él no va a parar esto. Sólo nosotros, los ciudadanos podemos hacerlo …. Sigamos defendiendo nuestra tierra porque la tierra es vida. Sigamos defendiendo la educación, el trabajo, la salud, el respeto a nuestras comunidades, el respeto a nuestra forma de vida. Y sigamos exigiendo castigo para ese mal gobierno. Sigamos peleando por nuestros hijos. Las compañeras rechazamos la norma que existe en muchos movimientos sociales de ‘las mujeres sumisas y calladas y los hombres comprados’. Nosotros creemos que sanar esta herida abierta es algo que hacen todos. Por eso seguimos tomando la palabra, seguimos levantando la voz, seguimos organizando, seguimos luchando”.

´Sobre la tortura sexual, el colectivo “las chuekas” dijo: “… las mujeres sobrevivientes de la tortura sexual persisten en la lucha por la justicia. Y de esta forma, nombrándola, queremos visibilizarla y acompañarlas, porque sabemos que es pesado el esfuerzo de estar frente a esa justicia, la penal, la de ellos, la que no nos representa porque es fría, misógina y patriarcal, porque es, en parte, la representación de todo lo que por siglos nos ha oprimido. Ellos preguntan: ¿Fuiste violada? Demuéstralo. ¿Fuiste maltratada? Demuéstralo. ¿Fuiste asesinada? Lo provocaste, algo mal hiciste”.

El miércoles 4 de mayo, varios grupos e individuos solidarios marcharon en respuesta a la siguiente convocatoria del FPDT:

“Más de cuatro años tuvieron que pasar para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se viera obligada a liberar a los 12 presos políticos de Atenco y con ello, a ratificar que el asalto policíaco militar del 3 y 4 de mayo del 2006, fue una venganza de Estado por haber ejercido el derecho de defender nuestras tierras y haber echado abajo el millonario negocio aeroportuario, que hoy día, sigue siendo una tentación para los dueños del dinero que en esta ocasión, han enviado a los de CONAGUA con un proyecto que de fondo es el despojo”.

“Sin embargo, ni la defensa de la tierra, ni nuestra lucha por justicia ha cesado. Los asesinos de Javier Córtes y Alexis Benhumea, los allanadores de nuestros hogares y nuestra tranquilidad, los torturadores y violadores de mujeres, están impunes bajo sus uniformes de policías y otros disfrazados de Gobernador candidato Enrique Peña Nieto, como si eso bastara para ocultar la sangre que lleva como lastre a sus sueños presidenciales”.

“Por eso, desde Atenco, hacemos eco al grito de justicia que también nos han negado. Como Pueblo, nos sumamos al llamado de indignación organizada para ponerle un alto definitivo a la barbarie y la impunidad que los gobiernos criminales han desatado contra nuestro México”.

Al llegar al Zócalo, hubo mensajes de solidaridad de los varios contingentes y llamados tanto a la marcha-caravana convocada por el municipio autónomo de San Juan Copala desde Oaxaca al Distrito Federal el 23 de mayo y al regreso posterior a Copala “a como dé lugar”, como al apoyo para los 12 presos políticos del SME.

Dijo América del Valle: “Así como dio muestra en el 2002 para echar abajo el decreto expropiatorio, para echar bajo el aeropuerto, ese proyecto multimillonario que el pueblo echó abajo, así como dimos muestra de dignidad, y como durante más de cuatro años de resistencia, de lucha incansable para alcanzar la libertad de los doce presos políticos, y ahora la justicia queda pendiente, así tenemos que volver a levantar la voz, además de por los doce presos políticos del SME, sino también por los muchos presos políticos que quedan en nuestra patria. Si Atenco pudo, ¿por qué los electricistas no van a poder?”

Entrevistado en el Zócalo, el compañero Adán Espinoza dijo:

“Esta marcha la vi relajada, tranquila, pero sí con la idea de buscar justicia después de cinco años. En nuestras tierras se ha derramado sangre. Ha habido mujeres ultrajadas, violadas, ha habido casas allanadas por los que dicen que son la ley ––policías, granaderos, PFP. Esto no puede quedar así”.

“Cinco años. Pero yo diría que en realidad son diez porque nuestra pesadilla inicia el 22 de octubre del 2001 con el expropio de nuestras tierras para construir el aeropuerto internacional. Es una situación en donde uno no lo puede creer, que lo de uno el gobierno federal nos quiere rebatar con sus leyes que ellos han hecho a su favor. Le pone un precio. Posiblemente antes de eso éramos más tranquilos, sabiendo que había injusticias pero no nos había tocado. Pues ahora hemos aprendido que unidos, organizados, sí se puede defender”.

“Las marchas, las protestas no las hacemos nada más por gusto, sino simplemente las provocan las autoridades en turno, llámese presidente de la República, llámese gobierno del Estado de México. Son los que están en contubernio con los capitalistas para despojarnos de lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren son nuestras tierras, nuestros recursos naturales. Pero hemos aprendido que lo de nosotros es de nosotros y no lo debe tocar nadie sin que lo queremos”.

“Ahora la lucha principal de Atenco es la misma. Defender nuestras tierras porque ahora han disfrazado el aeropuerto de un parque ecológico que lo va a administrar CONAGUA. Y que le pone un precio igual. Y ahora graciosamente se presta CONAGUA para hacer los cambios necesarios en definir las tierras como urbanas. Pero no vamos a caer en eso porque nuestras tierras siguen siendo ejidales. La lucha por ellas no termina. Como siempre decimos, la tierra no se vende, se ama y se defiende”.

“Llegamos a muchas marchas, mítines y eventos para acompañar las luchas que se están dando ahora en el país porque tenemos un compromiso moral muy fuerte con todas las organizaciones que nos han apoyado moralmente y nuestro deber es pagar lo que nos han dado. Hay personas que han sacrificado mucho. El compañero Alexis Benhumea dio su vida por nosotros. De esa forma te quiero decir que tenemos un compromiso de estar con toda la gente que tenga un dolor, que esté encarcelada, con todas las organizaciones que protejan sus tierras de un despojo. Tenemos que estar ahí. Es nuestro compromiso moral”.

Carolina S. Romero en Kaos en la Red

Las institucionde de justicia del país ya no sirven, advierten a 5 años de la represión policiaca

Castigo a asesinos de Alexis Benhumea y Javier Cortés, exigen atenquenses y ONG

Los líderes del FPDT y Adán Espinoza encabezan por vez primera actos conmemorativos en el DF

Javier Salinas

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 22

San Salvador Atenco, Méx., 4 de mayo. Al conmemorarse cinco años de la represión y toma del poblado de San Salvador Atenco, activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y miembros de diversas organizaciones exigieron castigo a los autores intelectuales de los asesinatos de Alexis Benhumea Hernández y Javier Cortés, abatidos en mayo de 2006 a manos de las fuerzas federales y estatales.

Horas más tarde, en la ciudad de México, los activistas de Atenco, acompañados por miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), estudiantes y pobladores de San Juan Copala, realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

Las instituciones de justicia del país están en crisis y en descomposición, y hay que cambiarlas porque ya no sirven a los mexicanos, sostuvieron los atenquen- ses, quienes conmemoraron el día con una misa, una guardia de honor y un bloqueo en la carretera federal Texcoco-Lechería.

Unos 150 integrantes del FPDT y representantes de al menos 10 organizaciones sociales, entre ellos académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, vecinos de Tláhuac y miembros de la otra campaña, participaron en una misa celebrada en la iglesia de Acuexcomac, donde estuvieron presentes familiares de los jóvenes asesinados.

Más tarde, marcharon desde la explanada principal de San Salvador Atenco hacia la carretera federal Texcoco-Lechería. Colocaron una ofrenda floral en el lugar donde hace cinco años el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México Ollín Alexis Benhumea Hernández cayó asesinado por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por las fuerzas federales y estatales.

Campesinos de Atenco, académicos y miembros de grupos civiles marcharon ayer al Zócalo del DF para exigir justiciaFoto Cristina Rodríguez

Andrés Benhumea, padre de Alexis, señaló que ha recorrido cada una de las instancias del país para exigir castigo a los autores materiales e intelectuales del homicidio de su hijo, sin que hasta el momento haya habido justicia.

Por primera vez, el acto fue encabezado por Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Adán Espinoza, los dos primeros luego de que en julio de 2010 obtuvieron su libertad tras cuatro años de estar presos, y el último después de regresar del exilio forzado.

Ignacio del Valle sostuvo que si Atenco vive es por el apoyo que tuvo de organizaciones y estudiantes como Alexis, que vinieron a tomar el lugar que a los cobardes del pueblo les correspondía.

Más tarde, alrededor de las 16 horas, los activistas del FPDT encabezaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, a la que asistieron unas 500 personas, entre ellas miembros del SME, pobladores de San Juan Copala, estudiantes universitarios, maestros y militantes feministas.

Con mantas en recuerdo de las víctimas de las agresiones sufridas por los pobladores de Atenco, en particular las mujeres, la movilización señaló al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, como uno de los principales responsables de la represión ocurrida el 3 y 4 de mayo de 2006.

No olvidaremos ni perdonaremos todo el terror, el avasallamiento ni las violaciones que sufrimos, pero tampoco las manos solidarias de quienes nos ayudaron, afirmó América del Valle, quien también dedicó la marcha a los mineros de Coahuila que murieron o quedaron atrapados en el accidente del martes pasado.

Fernando Camacho, reportero

Cinco años después de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los hechos de San Salvador Atenco, persiste la impunidad.

ORGANIZACION MUNDIAL CONTRA LA TORTURA (OMCT)

COMUNICADO DE PRENSA

Ginebra, 3 de mayo de 2011. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con ocasión del quinto aniversario del operativo policial llevado a cabo el 3 y el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco[1], en el Estado de México, manifiesta una vez más su profunda preocupación por la impunidad reinante en torno a los graves hechos allí ocurridos y en particular por la continua inacción del Gobierno mexicano ante las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra las mujeres, a pesar de las recomendaciones hechas por varios mecanismos internacionales de derechos humanos.

La OMCT recuerda que durante el operativo policial llevado a cabo el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, por lo menos 27 mujeres, de las 47 detenidas, sufrieron malos tratos, incluso violencia sexual como tocamientos, insultos, amenazas de violación y violación sexual, por parte de agentes de la policía estatal y federal. Varios órganos nacionales y mecanismos internacionales de derechos humanos[2] consideraron como preocupante la existencia de estos gravísimos hechos. El 12 de febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró en una resolución no vinculante que se cometieron graves violaciones de derechos humanos durante los hechos de Atenco. Anteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había publicado, en octubre de 2006, un informe confirmando la ocurrencia de violaciones graves a los derechos humanos durante el mencionado operativo policial, refiriéndose en particular a las muertes del menor Alexis Benjumea y del Sr. Francisco Javier Cortés Santiago. A este respecto, la CNDH recomendó la iniciación y/o continuación de los procedimientos judiciales y administrativos necesarios para sancionar a los servidores públicos involucrados en el operativo.

A pesar de las numerosas recomendaciones hechas tanto por órganos nacionales de justicia como por mecanismos internacionales de derechos humanos, las víctimas continúan sin tener acceso efectivo a la justicia. La OMCT recuerda que a partir del 10 y 11 de mayo de 2006 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició las averiguaciones previas, resultando en la consignación por el delito de “abuso de autoridad” de 21 agentes de policías, de los cuales 15 fueron exculpados en febrero de 2008, mientras que los otros 6 fueron absueltos más tarde. Solo un policía estatal estuvo consignado por actos de violencia sexual, aunque por el delito menor de “acto libidinoso”. También en este caso el acusado quedó absuelto después de haber apelado la sentencia de mayo de 2008.

Ante la falta de acceso a la justicia en México, 11 mujeres denunciantes presentaron en abril de 2008 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandando al Estado Mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en contra de ellas. Dicha petición continúa después de tres años aún en fase de admisibilidad, en particular debido a que el Estado Mexicano ha dilatado repetidamente el proceso, solicitando prórrogas e incumpliendo con su deber de enviar sus observaciones a la CIDH, a pesar de que ha sido requerido por la mencionada comisión en dos ocasiones.

La OMCT desea destacar que además, hasta el momento tampoco se ha acusado formalmente a los responsables de los homicidios del Sr. Francisco Javier Cortés Santiago y del menor Alexis Benjumea. En cuanto a los Sres. Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que permanecían detenidos en el Penal del Altiplano en Almoloya de Juárez a raíz de los hechos de Atenco de 2006, ellos fueron liberados en julio de 2010, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que les otorgó un amparo contra el delito de secuestro por el que habían sido condenados.

De otra parte, ante la persistente impunidad después de cinco años de ocurridos los hechos, la OMCT3, en conjunto con el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), un miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT en México, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, con sede en Munich, y la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, organizó el 15 de marzo de 2011, en el marco de la 16 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, un evento paralelo con el fin de sensibilizar a los participantes en la mencionada sesión del Consejo sobre la situación general de los derechos humanos en México y en ese marco, destacar la impunidad que reina en torno a los graves hechos de Atenco. En el evento intervino, entre otros, una de las 11 mujeres denunciantes, la Sra. Bárbara Italia Méndez Moreno, quien denunció la falta de acceso a la justicia para las víctimas además de la falta de voluntad del estado mexicano para acabar con la impunidad existente en el caso Atenco.

La OMCT señala que también en el marco del quinto aniversario de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo 2006 en Atenco, el Centro Prodh, organización que continúa acompañando jurídicamente a víctimas de Atenco, llama a una acción global invitando a que todas aquellas personas sensibles al caso, particulares u organizaciones, a realizar acciones para exigir justicia para las mujeres víctimas de las diversas violaciones de derechos humanos y para mostrar su solidaridad con ellas4.

La OMCT reitera su profunda preocupación ante el incumplimiento del Estado con la obligación de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a reparaciones adecuadas, luego de cinco años de transcurridos los hechos de San Salvador Atenco, al no haber realizado “una investigación pronta, eficaz e imparcial con respecto a los incidentes ocurridos durante el operativo de seguridad pública llevado a cabo en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006” y por tanto no haber garantizado “que los responsables de dichas violaciones sean procesados y sancionados adecuadamente” conforme, entre otros, a lo recomendado por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT)5.

La OMCT urge por lo tanto a las más altas autoridades mexicanas a que terminen con el estado de impunidad vigente en el caso de San Salvador Atenco y a que cese la obstaculización del trámite de petición ante la CIDH. La OMCT también exhorta a las autoridades a que implementen medidas de control apropiadas para que no se repitan violaciones graves de derechos humanos como las ocurridas el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

Contacto OMCT:

Eric Sottas, Teléfono: + 41 22 809 49 39 , E-mail: omct@omct.org

---

[1] En mayo de 2006, en San Salvador Atenco, numerosos policías estatales y federales llevaron a cabo un operativo que estuvo plagado de violaciones de los derechos humanos cometidas indiscriminadamente en contra de integrantes de un movimiento social, de simpatizantes de dicho movimiento y de pobladores de la localidad. Ver Informe: http://old.omct.org/pdf/procedures/2006/cat_37th/mexico_informe_altern_atenco_cat_esp.pdf

[2] Ver por ejemplo CAT, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del Artículo 19 de la Convención, Conclusiones y observaciones del Comité contra la Tortura (6 de febrero de 2007), 37º periodo de sesiones, U.N.Doc. CAT/C/MEX/CO/4, párrs. 14, 16, 19 y 20; CEDAW. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México (25 de agosto de 2006), 36º período de sesiones, U.N. Doc. CEDAW/C/MEX/CO/6, párrs. 14 y 15.

3 Para mayor información ver: http://www.omct.org/es/urgent-campaigns/events/mexico/2011/04/d21246/

4 Ver información en: http://centroprodh.org.mx/prodh/index.php?option=com_k2&view=item&id=91:acción-global-por-la-represión-en-atenco&lang=es

5 Ver: CAT/C/MEX/CO/4, par. 18.c, 21 de noviembre de 2006.

Ver también: CEDAW/C/MEX/CO/6. par. 15, 25 de agosto, 2006

Atenco, cinco años de resistencia frente a la tortura sexual

• A cinco años de la incursión policial en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, las mujeres denunciantes de tortura sexual mantienen firme su exigencia de justicia.
• La Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han impedido avances en el camino hacia la justicia para las mujeres que sufrieron violencia sexual.
• Debido a la ineficacia de las instancias internas el caso de 11 mujeres se encuentra actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Centro Prodh/México, D.F., a 3 de mayo de 2011

La incursión policial en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y4 de mayo de 2006, hace ya 5 años, dejó un saldo alto de violaciones a derechos humanos, las cuales permanecen en la impunidad, las mujeres denunciantes de tortura sexual mantienen firme su exigencia de justicia y denuncian con fundamento al Estado mexicano por su responsabilidad en torno a estos hechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalaron detalladamente, en sus respectivas investigaciones, las violaciones a derechos humanos perpetradas por el Estado mexicano durante el operativo policial de los días 3 y 4 de mayo de 2006. La aplicación del protocolo de Estambul a las mujeres que denunciaron haber sido torturadas por los policías que las trasladaron a los centros de detención dieron resultados positivos. Las denuncias propiciaron el inicio de una averiguación previa que, con la coadyuvancia de las mujeres denunciantes y del Centro Prodh, permitió recabar elementos suficientes para lograr la consignación de los responsables.

Pese a que se contaba con todos los elementos necesarios para que el Estado mexicano pusiera un alto a la impunidad y mostrara su compromiso en materia de derechos humanos, todas las instancias competentes se abstuvieron de actuar para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres denunciantes. Ni las instancias del Estado de México ni las del gobierno federal han sido eficientes al respecto.

Los hechos de 2006 no acontecieron de manera aislada, fueron resultado de una decisión de los tres niveles de gobierno para actuar frente a la inconformidad social. Mediante el uso de la fuerza pública se optó por una salida errónea ante un proceso social y político. La detención arbitraria y la tortura contra las mujeres tuvo lugar en este contexto y fue agravada por las condiciones históricas que hacen de ellas botín de guerra.

En las anteriores circunstancias las violaciones de derechos humanos, incluida la tortura sexual contra las mujeres denunciantes, constituyeron por sí una estrategia del Estado mexicano para inhibir la movilización social y generar miedo a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a las personas y colectivos que exigen y ejercen sus derechos y sobre todo a las mujeres.

Hasta hoy el Estado mexicano ha sido incapaz de revertir la situación denunciada, ha obstaculizado los esfuerzos realizados por las mujeres denunciantes, ha tolerado la impunidad e incluso permite que los responsables ocupen cargos públicos. Los anteriores elementos descubren la ineficiencia de las instancias mexicanas de procuración y administración de justicia y constituyen una muestra clara de la impunidad pactada con las fuerzas policiales y los funcionarios públicos.

Pese a estos factores adversos, tras cinco años de lucha las mujeres denunciantes continúan resistiendo a la impunidad y siguen convocando a la solidaridad nacional e internacional. En este marco el día de hoy se realizó un acto público ante la Procuraduría General de la República para plantear una vez más su exigencia de justicia; en estos días también desde diversas partes del mundo, personas y colectivos se han manifestado para manifestar su solidaridad y exigír que se sancione a los responsables.

A estas actividades se agrega el avance del trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde su presentación en abril de 2008 el caso se encuentra actualmente en fase de admisibilidad. El Estado mexicano durante este periodo ha realizado acciones dilatorias para impedir que la Comisión Interamericana admita el caso a la brevedad y señale la responsabilidad en la tortura contra las mujeres denunciantes.

A cinco años las mujeres denunciantes y el Centro Prodh reiteramos que continuaremos realizando las acciones necesarias para poner freno a la impunidad; en este mismo sentido insistimos nuestra oposición a la violencia favorecida por el Estado mexicano.

Demandan investigaciones serias al cumplirse 5 años de los abusos

Más de 100 ONG exigen poner fin a la impunidad en el caso Atenco

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2011, p. 16

Más de un centenar de organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales, eurodiputados y diputados alemanes exigieron ayer al Estado mexicano, en el quinto aniversario de los hechos perpetrados en San Salvador Atenco, que se realicen investigaciones serias sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de la población civil por parte de policías.

Las organizaciones firmantes de una carta abierta al Estado mexicano manifiestan su profunda preocupación por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, con un saldo de “dos jóvenes asesinados a manos de la policía, 207 personas detenidas, entre ellas 47 mujeres, 26 de las cuales denunciaron haber sido torturadas sexualmente por la policía durante el operativo”.

En especial, subrayan las organizaciones, “nos indigna el caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual, quienes desde que sucedieron los hechos denunciaron como responsables a los policías perpetradores y a diversas autoridades. No obstante, ningún funcionario ha rendido cuentas, algunos hasta han sido promovidos en sus carreras y las investigaciones se encuentran paralizadas.

Asimismo resulta preocupante que las denunciantes hayan tenido que acudir a la justicia internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que el Estado mexicano realice acciones dilatorias con la finalidad de no responsabilizarse del caso Atenco.

Demandan que se realicen investigaciones serias y al mismo tiempo que “permita el avance adecuado del caso ante la CIDH; que se implementen medidas de control civil para evitar abusos durante los operativos policiales, de lo contrario se seguirá incentivando a las fuerzas de seguridad a realizar violencia sexual como forma de represión contra las mujeres”.

Exigen además que “se resuelvan las revisiones de amparo que mantienen Claudia Hernández Martínez, peticionaria ante la CIDH, y a otras personas más sujetas injustamente a proceso penal a raiz del operativo realizado en Atenco en mayo de 2006”.

Las organizaciones y los firmantes individuales de la carta abierta expresan su solidaridad y reconocimiento con las mujeres, que se resisten a ser vistas como víctimas sin rostro y no dejan de luchar contra el olvido y la impunidad. Quienes deben avergonzarse por lo ocurrido en Atenco son los que perpetraron los hechos, los que los ordenaron y los que les han garantizado impunidad.

Firman la carta abierta Frontera con Justicia, Mujeres por México en Chihuahua, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, APCM (Suiza), Universidad Evangélica para Trabajo Social y Diaconia (Alemania), Comité FSM (Suiza), Initiative Mexiko (Alemania), Grupo Basta (Alemania), los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez y el obispo Raúl Vera, entre otras.

También firman la carta Satu Hassi, eurodiputada finlandesa del Grupo de los Verdes; Heidi Hautala, presidenta del subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo; Ska Keller, diputada del parlamento europeo y miembro del Comité sobre Desarrollo; Gaby Küppers, consejera del Grupo de los Verdes en el parlamento europeo; Andrej Hunko, del partido alemán Die Linke, vicepresidente del grupo parlamentario mexicano-alemán, Alemania; Katrin Werner, Die Linke, Alemania; Annette Groth, Die Linke, Alemania y Ulla Jelpke, Die Linke, Alemania.

Insiste México en negar justicia a víctimas de violación en Atenco

Pide a la CIDH que no admita 11 casos de 26 mujeres violadas

Por Anayeli García Martínez

México, DF 07 oct. 10 (CIMAC).- El gobierno mexicano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no admita el caso de 11 de las 26 mujeres, que fueron víctimas de violación sexual, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, porque las instancias nacionales “aún lo están investigando”.

Además insistió en que las peticionarias han tenido diversas vías y recursos legales para acceder a la justicia. Con esta respuesta, el Estado mexicano no reconoce los hechos ocurridos hace cuatro años y tampoco acepta su responsabilidad en ellos, dijo en conferencia de prensa, Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), asociación que lleva estros casos ante el sistema interamericano.

Aunque en febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció que en los operativos de 2006, se cometieron graves violaciones a derechos humanos; y pese a que el 30 de junio de este año, este mismo tribunal ordenó la liberación de 12 presos políticos que participaron en esos hechos, el Estado mexicano sigue negando la justicia para 11 mujeres violadas sexualmente.

Los enfrentamientos entre policías estatales y federales con ejidatarios del lugar, el 3 y 4 de mayo de 2006, dejaron como saldo 211 detenidos, de estos 47 eran mujeres; 26 fueron abusadas y violadas sexualmente, 13 denunciaron y ante la falta de justicia sólo 11 siguen un proceso ante la CIDH.

Jaqueline Sáenz precisó que el 29 de abril de 2008, las 11mujeres denunciantes de tortura sexual, –acompañadas por el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)- decidieron acudir a la CIDH, al considerar que la investigación en las instancias nacionales no tenía avances.

Conforme a la normatividad de este organismo internacional, el 10 de diciembre de 2009, la CIDH trasladó la petición al gobierno mexicano, concediéndole dos meses para presentar sus observaciones.

Éste no respondió en ese tiempo, por lo cual, solicitó una prórroga que le fue concedida. Fue así que, el 23 de julio de este año finalmente envió un informe con sus observaciones.

En este documento, que el Centro Prodh conoció el primero de septiembre, el Estado mexicano señaló que la investigación estaba abierta, y además informó que absolvió por completo a cinco policías que eran procesados por abuso de autoridad, aunque en la denuncia se les acusó de tortura.

De acuerdo con Jaqueline Sáenz, esta afirmación se suma al patrón de respuestas que México da ante los organismos internacionales, “niega que se violan los derechos humanos y dice que se investiga”.

La abogada mencionó que desde julio de 2009, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), no se ha realizado ninguna diligencia, porque “la averiguación previa es demasiado extensa y aún se está revisando”.

Asimismo declaró que de acuerdo con el documento enviado a la CIDH, dentro de las diligencias que la PGJEM piensa realizar, se encuentran: solicitar que las denunciantes declaren, aún cuando ya lo hicieron de forma amplia y clara; y que se practique el Protocolo de Estambul (manual para investigar la tortura), pese a que éste ya se realizó y se obtuvieron resultados positivos.

Jaqueline Sáenz refirió que el primero de octubre, el Centro Prodh y Cejil, enviaron un documento a la CIDH donde hacen observaciones al informe del Estado mexicano, entre estas que aunque no se han agotado los recursos internos, tampoco hay una investigación seria, imparcial independiente y piden al organismo internacional que a la brevedad admita el caso.

Ante estos hechos, Bárbara Italia Méndez, una de las víctimas que decidió acudir al sistema interamericano, señaló que la respuesta del Estado mexicano, es un agravio para las denunciantes y además muestra la evidente dilación de la justicia porque los policías que fueron consignados, al final fueron absueltos.

Señaló que continuarán con su denuncia aunque ello signifique un camino largo gracias a que “las autoridades responsables siguen mintiendo”, en especial el gobernador del Estado de México, quien ordenó los operativos para “restablecer el orden” y quien ha declarado que lo volvería a hacer.

Consideró que para las víctimas de tortura sexual, un aliciente más fue la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos, contra el Estado mexicano, por la tortura sexual cometida por militares contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, esta resolución “vuelve a poner en la mesa el tema de la violencia sexual contra las mujeres”, afirmó.

El uso de la fuerza debe estar precedido por medidas pacíficas, señala Gudiño Pelayo

Probó el caso Atenco la falta de leyes para regular operativos policiacos: magistrado

Agentes violan derechos por falta de capacitación y resentimiento social: Wilfrido Robledo

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Sábado 21 de agosto de 2010, p. 10

El caso Atenco hizo visible y notorio el precario estado normativo en que se encuentra el uso de la fuerza pública en el país, y la ausencia de legislación da paso a que la fuerza pública sea ejercida irresponsablemente y lastra el avance hacia una cultura policial eficaz y profesional, afirmó José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al participar en el Congreso Internacional: Uso de la Fuerza Pública en un estado Democrático de Derecho.

A la participación del ministro siguió la ponencia del vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, director de la Policía Federal Ministerial, quien dirigió la Agencia de Seguridad Estatal en mayo de 2006, cuando ocurrieron los hechos violentos en San Salvador Atenco, los cuales, según Gudiño Pelayo, concluyeron con el hecho de que nueve de cada 10 de los 200 detenidos fueron víctimas de abusos policiales, y 30 de las 50 mujeres capturadas víctimas de violencia física en partes de su cuerpo que permitían considerar sus lesiones como consecuencia de agresiones de tipo sexual.

Gudiño Pelayo mencionó que, a pesar de que han transcurrido cuatro años de lo sucedido en Atenco, persiste un absoluto vacío normativo en materia de uso de la fuerza pública, pero, agregó, los actos de la policía están regidos, o más bien limitados, por el marco jurídico general de los derechos humanos, y por tanto todo acto de fuerza está sujeto a no desembocar en tortura o excesos.

Expuso: El uso de la fuerza debe estar precedido por acciones que hayan resultado inexitosas, inútiles o ineficaces para el logro de los fines. La fuerza ha de considerarse necesaria, pues, cuando ya las alternativas que la excluyen fueron agotadas y no dieron resultados.

En su oportunidad, Wilfrido Robledo afirmó que la comisión de violaciones a derechos humanos por agentes policiacos tiene entre sus principales causas la falta de capacitación, de cultura de respeto a los derechos humanos, resentimiento social y equipo insuficiente.

En su ponencia, El uso legítimo de la fuerza en un estado de derecho, el director de la Policía Federal Ministerial aseveró que el estereotipo policial es el de un sujeto frío y calculador que no se altera; sin embargo, las emociones del policía afectan la percepción que éste tiene de la situación (a la que se enfrenta) y de la forma en que logrará su propósito.

Refirió que cuando un policía no puede controlar sus emociones puede cometer excesos. Por tanto, se debe considerar que están sujetos a gran estrés, que también los afecta en su desempeño, y por ello existe la necesidad de que haya programas de ayuda sicológica en los que también participe su familia.

América del Valle

Atenquenses expresan reservas sobre la resolución

Javier Salinas Cesáreo, corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de julio de 2010, p. 3

San Salvador Atenco, Méx., 13 de julio. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco consideró como justa la cancelación de las órdenes de aprehensión contra América del Valle Ramírez y Josefina del Valle Medina. Sin embargo, señaló que la determinación la toman con sus reservas.

El FPDT sostuvo que hasta en tanto sus representantes jurídicos no revisen puntualmente los términos en los que se dio la resolución, América del Valle permanecerá en el interior de la embajada de Venezuela.

María Trinidad Ramírez, dirigente del FPDT y madre de América del Valle, dijo que con la salida del penal del Altiplano de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, el pasado 1º de julio, había quedado demostrado que el delito de secuestro equiparado –del cual acusaban también a América– no tenía razón de ser y era infundado.

Vamos a esperar a que los abogados revisen a fondo los términos de la determinación del juzgado, dijo.

Damián Camacho, representante del FPDT, consideró que aún faltan por resolverse los procesos pendientes contra Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo y Jesús Adán Espinoza.

Esperamos que también el gobierno se desista de los procesos, porque son infundados. Pero no hay que olvidar que seguiremos luchando por el castigo a los responsables de la represión, violaciones a nuestras mujeres y el asesinato de Alexis Benhumea y Javier Cortés, destacó.

Solicita PRD exculpación de América del Valle

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Domingo 11 de julio de 2010, p. 16

Los grupos del PRD en la Comisión Permanente demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno del estado de México retirar los cargos contra América del Valle, tras la resolución de la Suprema Corte que ordenó la liberación de todos los detenidos por el movimiento de San Salvador Atenco.

El Estado mexicano debe dar certeza jurídica a la hija del dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a fin de que no se vea obligada a salir del país como exiliada política, luego de la persecución de que ha sido objeto los últimos cuatro años, resaltó la diputada perredista Florentina Rosario Morales, en el documento en que su bancada solicita a la Permanente intervenir.

Señala que en el resolutivo de la Corte se dejó claro que las sentencias de más de 100 años contra Ignacio del Valle y los demás excarcelados de Atenco pueden considerarse una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición.

Según ese criterio, agregó, América del Valle, que debió vivir escondida cuatro años, no es prófuga de la ley, sino perseguida política y requiere también que su situación se resuelva.

En ese sentido, en nombre del PRD, propuso que la Comisión Permanente exhorte al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y al gobierno del estado de México, a que determinen el no ejercicio penal contra Del Valle, conforme a los elementos que constan en la resolución de la Suprema Corte de Justicia.

Confianza en Venezuela

La propuesta es analizada ya en comisiones y cuenta con el respaldo de los legisladores del Partido del Trabajo. La senadora Rosario Ibarra comentó que si el gobierno federal y el del estado de México insisten en los procesos contra América del Valle, confía en que Venezuela le conceda el asilo que solicitó hace tres semanas, debido a que se trata de una perseguida política.

Ambas legisladoras coincidieron en que se debe investigar a los jueces, magistrados y agentes del Ministerio Público que participaron en la fabricación de pruebas y aplicación de la ley por consigna contra los líderes atenquenses, lo que los mantuvo cuatro años en cárceles de máxima seguridad.

Se debe castigar además, insistieron, a las autoridades policiacas responsables de torturas, detenciones arbitrarias, cateos y uso excesivo de la fuerza en el operativo de mayo de 2006 en Atenco.