Reporte del Centro ProDH

Que el Instituto Nacional de Migración suspenda los operativos antimigrantes: Solalinde

• Señaló que la dirección del INM puede tener buenas intenciones, pero se convierten en colusión y atropellos en contra de los indocumentados.

El sacerdote Alejandro Solalinde, coordinador del albergue Hermanos en el Camino pidió al director del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río que no hiciera operativos antimigrantes “porque lo único que va a hacer es complicar las cosas; la opinión pública está muy sensible, nacional e internacional y estamos en vísperas ya de la presentación de una nueva ley”, mencionó.

Solalinde invitó al funcionario a visitar la ruta que siguen los migrantes centroamericanos la cual va de Arriaga, Chiapas, a Chahuites, Oaxaca, con el fin de conocer la situación que enfrentan en su paso por México. “Lo que estamos pidiendo al comisionado que venga acá, que conozca la realidad que vea como están sus compañeros, los agentes, que escuche para que valore lo que está pasando acá”, indicó en entrevista para W Radio.

Que la dirección del INM puede tener buenas intenciones, señaló, pero se convierten en colusión y atropellos en contra de los indocumentados. Detalló que la presencia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ha intimidado a criminales y explicó que hay avances en las investigaciones sobre el secuestro de más de 40 indocumentados.

“Aunque las cosas en Oaxaca están cambiando, pues existe voluntad para atender la problemática migrante, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, así como funcionarios de alto nivel, deben de conocer la problemática de primera mano y venir a oír la realidad pues de lo contrario los esfuerzos que se hagan en torno a ello serán en vano”, apuntó.

Solalinde dijo tener la hipótesis de que los migrantes fueron liberados en el norte del país para que no testifiquen. “Las autoridades se están moviendo, yo pienso que va a haber resultados muy importantes, pero no se pueden dar a conocer. Yo pienso que en breve, a quien le toque lo van a dar a conocer y claro que lo van a hacer, cómo no”, puntualizó.

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Un éxito la movilización creativa contra la Supervía

• Ciudadanos demandan instalar una mesa de diálogo propositivo a través de la Comisión Civil de Acompañamiento para solucionar el conflicto por la Supervía Poniente.
• Sólo la construcción participativa de una política vial alternativa en nuestra Ciudad solucionará los conflictos viales.

Ataviados como automóviles y portando cartulinas como “Twitter callejero”, ciudadanos, vecinos, expertos y activistas de la movilidad sustentable caminaron del Monumento del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para demandar al Jefe de gobierno Marcelo Ebrard que cese la imposición de obras como la Supervía que privilegian a los automotores antes que a los peatones y que se instale una mesa de diálogo propositivo a través de la Comisión de acompañamiento para resolver el conflicto por la Supervía.

Los ciudadanos portaron unas estructuras que ocupan el espacio público de la misma forma que lo hacen los automotores, solo que sin contaminar. “Es inaceptable que 3.5 millones de automóviles monopolicen el 90% del espacio público, mientras que 20 millones de habitantes tengamos que soportar los impactos de su uso, como el tráfico, la pérdida de tiempo, la contaminación, el ruido y los accidentes. Lo importante no es mover coches, sino transportar personas. La prioridad de la ciudad no debe ser construir más vialidades como la Supervía poniente, sino encontrar verdaderas soluciones al tráfico”. Para leer el boletín completo, haz click aquí.

Contacto:

Frente Amplio contra la Supervía de Cuota

Visita: http://ProCiudad-ProContreras.blogspot.com
Email: prociudadprocidad@gmial.com
Facebook: Magdalena Contreras Cabrera
Twitter: @cdProContreras, #supervia, #noasupervias

El año pasado recibió 449 denuncias contra fuerzas federales

Muy extraño, que no haya quejas tras enfrentamientos en Apatzingán: CEDH

Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 6 de enero de 2011, p. 8

Morelia, Mich., 5 de enero. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió en 2010 un total de 449 quejas contra las fuerzas de seguridad federales por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, ejercicio indebido del servicio público, lesiones, tortura, robo, amenazas y abuso de autoridad.

“No obstante, lo que nos parece muy extraño es que a casi un mes de los enfrentamientos contra presuntos integrantes de la (organización delictiva) La Familia Michoacana, ocurridos en el municipio de Apatzingán, sólo haya cuatro quejas”, afirmó Víctor Manuel Serrato Lozano, presidente del organismo.

En torno a los hechos ocurrido en Apatzingán entre el 8 y el 12 de diciembre pasado, cuando ocurrieron enfrentamientos y persecuciones en diferentes localidades y en la misma cabecera municipal, que dejaron 11 muertos, el ombudsman comentó que desplazaron a esa región médicos, abogados y sicólogos para entrevistarse con los pobladores El Alcalde, Holanda y Guanajuatillo, entre otras, pero sólo existen cuatro quejas.

Dos se iniciaron de oficio y se refieren a las muertes de Santiago Flores Sepúlveda, de ocho meses de edad, y de Emma Jaimes Mendoza, de 17 años, quienes fallecieron debido a un fuego cruzado el 8 de diciembre. Otras dos denuncias son de dos comerciantes del municipio de Buenavista Tomatlán que acusaron a policías federales de robo y amenazas.

Se hablaba de decenas de abusos cometidos por autoridades federales tras los enfrentamientos y la persecución de los presuntos delincuentes, y la única explicación que hay es que fue miedo colectivo, porque prácticamente no hubo quejas, agregó.

En Michoacán hubo alerta roja porque la entidad se colocaba entre los primeros lugares en cuanto al número de violaciones a los derechos humanos y por la gravedad de los mismos. El año pasado nos acercamos al Ejército y se logró reducir el número de quejas, no así con la Policía Federal.

Contra esta última corporación se presentaron en el año que acaba de concluir 270 quejas; 180 contra la Secretaría de la Defensa Nacional y 11 contra la Secretaría de Marina.

En 2007 sumaron 127 quejas por abusos de los soldados; un año más tarde fueron 318; en 2009 hubo 406 contra los militares y 195 contra los policías federales, señaló.

Gerardo Sánchez García asume el mando del organismo campesino

El gobierno no reacciona ante señales preocupantes en México, alerta la CNC

Matilde Pérez U.

Periódico La Jornada
Jueves 6 de enero de 2011, p. 10

En el país hay señales muy preocupantes de inseguridad, desempleo, migración y carestía, ante las cuales el gobierno del PAN no reacciona y sólo está provocando la desunión de los mexicanos, por lo que es imprescindible un gobierno diferente, sostuvo Gerardo Sánchez García al asumir la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina (CNC), tras la conclusión del periodo de Cruz López Aguilar.

Asimismo, acusó al presidente Felipe Calderón de sacar a relucir decálogos de logros y erigirse más como dirigente del PAN y no como gobernante, mientras los problemas sociales están fracturando a la nación. Actúa con una doble moral que México rechaza.

Ante cerca de 10 mil campesinos –según los organizadores– reunidos en el Auditorio Nacional; los gobernadores de Colima, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Nuevo León, y el electo de Tlaxcala; los coordinadores del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, así como la dirigente nacional del partido, Beatriz Paredes Rangel, el líder de la CNC dijo que de acuerdo con datos de la ONU, 73 por ciento de los municipios viven presionados por el crimen organizado y 57 por ciento de los jóvenes y niños no cuentan con seguridad alimentaria. El sector agropecuario está sumido en el abandono, allí la pobreza se ha convertido en una amenaza; hay desesperanza, desaliento y desánimo, pero eso no le interesa al gobierno.

Sánchez García empezó su discurso asentando que en 2012 el PRI recuperará la Presidencia y con la propuesta de cambiar los estatutos de la CNC para que la rendición de protesta del próximo dirigente de la agrupación campesina se lleve a cabo el 28 de agosto de 2014, en lugar del 5 de enero de 2015, y con ello recuperar una tradición perdida.

El también diputado se comprometió a pugnar por una reforma profunda del campo. El gobierno debe entender que el acceso a la alimentación y desarrollo del mercado interno del sector primario son actos de seguridad nacional ante un mundo en el que hay incertidumbre por la baja en la oferta mundial de alimentos y el acopio de inventarios que realizan diversos países previendo volatilidad en los precios internacionales de los granos.

Incluso –señaló–, la FAO y el Banco Mundial han recomendado que México produzca 75 por ciento de los alimentos que requiere y sólo importe 25 por ciento, lo que implica un cambio radical en la inercia tortuosa de la política pública hacia el agro y otros sectores productivos.

Adelantó que para impulsar el cambio en el campo, la CNC respaldará la biotecnología, la producción de bioenergéticos, la agricultura por contrato, un presupuesto multianual y el extensionismo rural.

El poder adquisitivo en este sexenio ha caído alrededor de 30 por ciento, exponen

Critican las ONG la política salarial en México; persiste enorme rezago, dicen

Los continuos aumentos en el precio de productos básicos pulverizan el alza de percepciones

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Jueves 6 de enero de 2011, p. 16

Organizaciones de defensa de los derechos laborales criticaron que México siga siendo uno de los países con mayor rezago en materia de política salarial y que el gobierno insista en tomar la inflación como base para determinar los aumentos a las percepciones.

Los centros de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS); de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral señalaron que mientras el poder adquisitivo ha caído en cerca de 30 por ciento durante este sexenio, los aumentos a los salarios son ínfimos y llamaron a detener el alza de los combustibles y a emprender una política que vaya resarciendo dicha pérdida del poder de compra.

Alejandro Vega, integrante de la directiva del CILAS, precisó que los incrementos de los productos básicos pulverizan los precarios aumentos salariales y sostuvo que esto es provocado por una política gubernamental que tiene su base en los constantes aumentos en los precios de los energéticos que desatan el alza de los costos de producción y por ende de los artículos de primera necesidad.

En entrevista señaló que cálculos oficiales dicen que el alza el año pasado fue de 4.5 por ciento, pero si nos remitimos a la canasta básica ésta estuvo arriba de 20 por ciento, y para este año la perspectiva es similar.

Añadió que se debe frenar el incremento de los precios de energéticos como la gasolina y el gas, emprender una política que permita a mediano plazo una distribución más justa para comenzar a revertir la pérdida histórica del poder de compra de los salarios, la cual de 1982 a la fecha es de 80 por ciento y en el actual sexenio se calcula cercana a 30 por ciento.

Insistió en que se debe romper el círculo vicioso y emprender un alza real de los salarios y no una solamente simbólica, porque con ello crecería el mercado interno al aumentar el consumo.

Ignoran recomendación de la ONU

Por su parte, Carlos Rodríguez, del Cereal, dijo que el incremento de dos pesos 30 centavos al salario mínimo para este año fue injusto e inmoral porque no responde a la capacidad de compra y porque se vuelve a poner sobre las espaldas de los trabajadores el peso de la crisis.

En el contexto de los aumentos a los insumos básicos, el también sacerdote jesuita remarcó que se debe cambiar el modelo económico, pues ha demostrado su insuficiencia y se ha convertido en un obstáculo para dinamizar la economía y criticó el vicio neoliberal de relacionar los incrementos salariales con la inflación.

Rodríguez recordó que la Pastoral, de la cual también forma parte, emitió hace algunos días un mensaje en el que critica el aumento al salario mínimo y asegura que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, al determinar para este año un aumento a las percepciones de sólo 4.1 por ciento dio la espalda, una vez más, a la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Dicha recomendación se hizo en 2006 a representantes del gobierno federal y señala que los salarios deben asegurar para todos los trabajadores y empleados, en particular indígenas y mujeres, condiciones de existencia dignas para ellos y sus familias.

Por el contrario dicho incremento salarial, consideró la Pastoral, mantiene y ahonda para millones de conciudadanos, condiciones salariales y de vida que van a la baja como lo señaló el Informe mundial sobre salarios 2010/2011 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En dicho estudio se da cuenta de la decreciente participación de los salarios en el ingreso total del país al pasar de un promedio de 38.5 por ciento entre 1980 y 1985 a 29.9 por ciento en los años panistas de 2004-2007.

La empresa ha evidenciado que sí tiene ganancias para pagar, dice

La minera Gammon Gold, responsable de la huelga en El Cubo, afirma el gremio

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Jueves 6 de enero de 2011, p. 15

La empresa de capital canadiense Gammon Gold, que opera el mineral de El Cubo, en Guanajuato, miente al afirmar calumniosamente que los integrantes de la sección 142 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana sean los responsables de que no se haya resuelto la huelga que durante seis meses mantienen los trabajadores por violaciones al contrato colectivo y haber incumplido el reparto de utilidades, señaló José Barajas, tesorero del comité nacional del gremio.

Barajas, quien es integrante de la citada sección y laboró en la mina El Cubo durante 17 años, señaló en entrevista con este diario que el gremio está dispuesto a platicar con la minera, y precisó que la huelga estalló debido a que a los casi 400 trabajadores la empresa no les pagó utilidades, por lo que pactó una bonificación que remplazaría ese pago, pero finalmente no cumplió.

Asimismo, denunció el intento de Carlos Pavón –ex integrante de la dirigencia del sindicato minero y quien ahora es disidente de éste– de querer llevar agua a su molino e intentar integrar a los sindicalizados a su organización, puesto que hasta ahora “no tiene ni una sola sección con él, aunque algunas están en litigio –en 10 secciones y una fracción hubo recuentos–; entonces opta por amedrentar, e incluso ofrecer dinero”.

Indicó Barajas que la empresa cuenta con ganancias, por lo cual descartó su argumento de que no podía pagar utilidades. La razón nos asiste; la empresa se levantó de la mesa y ahora esperamos que decida sentarse a negociar. El asunto en la mina El Cubo es sencillo, que pague la bonificación de 50 mil pesos por trabajador, y que era negociable, pero optó por cerrarse, y ahora en contubernio con Javier Lozano (secretario del Trabajo) pretende romper el movimiento de huelga y se ha aliado con Carlos Pavón.

El dirigente explicó que los mineros de El Cubo ganan en promedio 160 pesos diarios y laboran toda la semana, y que la empresa, argumentando que no tenía ganancias los hizo laborar 10 horas diarias a fin de generar utilidad, pero al año salieron con que no había un solo peso. Así, finalmente ni pagó utilidades ni la bonificación a cambio de ese derecho constitucional.

El sindicato minero señaló que al pretender suplantar la legítima representación sindical se viola la Ley Federal del Trabajo y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual suscribió México hace 61 años y que establece el absoluto derecho de asociación y libertad sindical de los trabajadores.

El gremio señala como única responsable de la huelga a la empresa, que actúa con plena irresponsabilidad y arrogancia porque se siente respaldada por el secretario del Trabajo.

Detalló que fue el 30 de junio de 2010 cuando los 400 trabajadores de la sección 142 del sindicato minero iniciaron la huelga por violaciones a sus condiciones de trabajo, por levantar demandas penales en contra de siete de los dirigentes de la referida sección 142 y por pretender despedirlos con base en una amañada decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”.

Insistió en que la empresa minera tiene sobrados recursos para cumplir con el reparto de utilidades, lo cual queda comprobado por lo que ha expresado en diversos comunicados respecto a que debido al paro de labores deja de percibir 8 millones de dólares al mes. Que hablen de esos ingresos y no sean capaces de repartir utilidades es un insulto a los trabajadores, indicó el gremio.

Reporte del Centro ProDH

Recuento de los temas de derechos humanos 2010

• El Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) hizo un recuento de los momentos más importantes del 2010 en cuanto al derecho a la comunicación y a la libertad de expresión.

En ocasiones tocó sólo hacer monitoreo, otras estar al pendiente, y muchas veces, acompañar diversos casos de violaciones a los derechos humanos.

Muchas y muy diversas han sido las luchas de movimientos, organizaciones de la sociedad civil y de hombres y mujeres, ya sea para hacer cumplir sus derechos o los de otras personas.

En un esfuerzo por rescatar momentos de reflexión y continuando con las entregas de fin de año que inició en 2009, Cencos presenta una serie de 7 reportajes con algunos temas claves a lo largo del año, ya sea por su surgimiento, la conclusión de una lucha, o la continuidad de procesos para denunciar violaciones o en contra de la criminalización de la protesta social y también buscando fortalecer la participación ciudadana.

Algunos temas no se incluyen en estas entregas especiales, pero consideraron de gran relevancia recordarlos. A lo largo del año se dedicaron micrositios o secciones especiales en el Portal de Comunicación de la Sociedad Civil, Cencos.org con producción propia y también rescatando otras notas y documentos claves de cada proceso.

El conflicto que se agudizó en 2010 en San Juan Copala y en general en toda la zona triqui en Oaxaca, sin duda es una de las muestras más preocupantes de conflictividad y violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, reveladora de la falta de esfuerzo e intéres por parte del Estado para que haya diálogo y no armas entre el Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULTI), el MULT Independiente (MULTI) y el grupo priista Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). Es un proceso que ha dejado centenas de muertos a lo largo de décadas, y en 2010 cobró la vida de dos activistas Jiri Jakola y Betty Cariño, Timoteo Alejandro Ramírez, líder del MULTI, y Heriberto Pazos Ortiz, dirigente del MULT, entre muchas personas más asesinadas y heridas, en especial mujeres y niños, lo cual se suma a la crisis humanitaria que se vive en el municipio. 135 habitantes han recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no han sido cumplimentadas. Visita el micrositio.

La oposición a la Supervía Poniente es un ejemplo de lucha ciudadana por el derecho a la consulta y a un medio ambiente sano. Un grupo de vecinos de la colonia La Malinche perdió sus casas sin saber por qué; ha esto siguió la organización, la unión con otras OSC y movimientos ciudadanos y el uso de todas las vías e instrumentos del gobierno, como peticiones de acceso a la información y un proceso jurídico integral, así como la realización de las mesas La Supervía a Debate en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en que académicos y expertos demostraron la inviabilidad y el daño ecológico que causará el proyecto de esta autopista de cuota. Resalta que el gobierno de la ciudad, impulsor de una cultura de derechos humanos, no respete sus propios documentos como el Programa de Derechos Humanos del DF o la Carta por el Derecho a la Ciudad. Fuera de resolverse, habrá que estar atentos al avance del Frente Amplio Contra la Supervía Poniente y por el Medio Ambiente en 2011. Visita el micrositio.

Agua, Ríos y Pueblos, es una expresión cultural para visibilizar todas las problemáticas alrededor del agua en el mundo y en nuestro país. En ella se reunieron distintos ejemplos de esfuerzos por conservar el agua y frenar megaproyectos de desarrollo y fue un punto de encuentro entre expertos y activistas de los movimientos contra la presa El Zapotillo, La Parota, Paso de la Reina, de las mujeres mazahuas, las organizaciones como el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, o contra la mina de Chicomuselo en Chiapas, los chinamperos de Xochimilco, así como expositores de talla internacional como Pedro Arrojo, Patrick McKully o Luis Infanti. Visita el micrositio.

Finalmente, con un esfuerzo por seguir momento a momento el avance de un mecanismo de protección para defensores y periodistas, organizaciones de la sociedad civil y de periodistas trabajaron en 2010 para pedir al gobierno que se implementara este sistema ante el aumento constante de las agresiones contra la libertad de expresión y contra aquellos que la ejercen y defienden derechos humanos. Así, desde febrero se hizo incidencia pública junto con la oficina de derechos humanos de la ONU y otras instancias internacionales, para que el gobierno federal creara dicho mecanismo en octubre. Aunque el organismo resultante no cumple con todos los puntos necesarios y sobre todo no incluye a los y las defensoras de derechos humanos, en 2011 se tendrá que implementar y los y las periodistas al igual que las organizaciones seguirán pendientes de cada paso. Visita el micrositio.

A estos cuatro espacios se suman los reportajes que hasta el 3 de enero de 2011 publicaron sobre: El derecho a defender los derechos humanos, la situación de la libertad de expresión en México, la falta de oportunidades para la juventud en Ciudad Juárez, la libertad de los 12 presos políticos de San Salvador Atenco, el trabajo de la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno, el recuento de las licitaciones del espacio radioeléctrico y la situación de las radios comunitarias, y el reto que al Estado mexicano le representará cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011.

PRI y PRD solicitan en la Permanente que comparezcan Blake Mora y el titular de Migración

Legisladores exigen avances en casos de secuestro de centroamericanos

Los plagios, fiel reflejo de la nula protección que debe darse a los indocumentados: Heliodoro Díaz

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de enero de 2011, p. 5

Los grupos parlamentarios del PRI y del PRD en la Comisión Permanente solicitaron ayer la comparecencia del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, para que expliquen las acciones que el gobierno de Felipe Calderón ha asumido para otorgar protección y seguridad a migrantes de Centro y Sudamérica, además de aclarar el avance de la investigación del secuestro de 50 indocumentados en Oaxaca.

Al presentar el punto de acuerdo a nombre del PRI –que, junto con el del PRD se turnó a comisiones–. el diputado Heliodoro Díaz cuestionó que tanto el gobierno federal como el de Oaxaca no han atinado a dar a conocer el paradero de las víctimas y menos en lograr su liberación.

El legislador priísta dijo que hace sólo una semana, el 27 de diciembre, Beltrán del Río reconoció explícitamente el secuestro de migrantes en Oaxaca, al dar a conocer que durante el año pasado fueron reportados 222 casos de retención ilegal de centroamericanos en territorio mexicano.

Esas cifras son fiel reflejo de la enorme inseguridad que se vive en nuestro país; de la nula protección que debiera darse a quienes, con el propósito de llegar a Estados Unidos para obtener trabajo y una vida digna, cruzan nuestro territorio, y de la corrupción imperante en los cuerpos policiales de todos los órdenes de gobierno a lo largo de las rutas migratorias mexicanas, afirmó.

Sostuvo que del asesinato de 72 indocumentados en Tamaulipas, los resultados de la investigación han resultado muy pobres, a pesar de que se trata de un asunto que conmovió a todos y suscitó la reprobación de la comunidad internacional. No se ha perseguido ni sancionado a los autores intelectuales y materiales.

El gobierno poco sabe

Cuestionó que como en la mayoría de los casos en los que se reportan ilícitos cometidos por la delincuencia organizada, el gobierno de Calderón poco sabe, poco avanza o poco informa.

Heliodoro Díaz señaló que respecto del secuestro de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, en Chahuites, Oaxaca, y a pesar de que han transcurrido casi tres semanas del hecho, tampoco es mucho lo que se ha podido esclarecer.

Lamentó que las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República y el gobierno de Oaxaca, no han atinado a dar a conocer el paradero de las víctimas, menos a lograr su liberación y mucho menos poner a disposición del Poder Judicial a sus secuestradores.

Recordó que primero el Ejecutivo federal negó la desaparición de los indocumentados, y cuando finalmente reconoció que habían sido secuestrados, lamentó el suceso, ofreció investigarlo, pero “en sus comunicados se confundió, enredó, contradijo, declaró, leyó discursos, condenó, pero hasta ahora, en resultados, cero, nada.

Mientras, en su punto de acuerdo, el PRD sostuvo que México debe proteger eficazmente a los migrantes que cruzan por el territorio, mediante un programa efectivo que preserve sus derechos e integridad. Además de una obligación internacional, es un deber moral, expuso.

La economía de la población, gravemente afectada, afirma diputada Carstens y Ferrarri deberán explicar por qué continúa la escalada de precios Enrique

La economía de la población, gravemente afectada, afirma diputada

Carstens y Ferrarri deberán explicar por qué continúa la escalada de precios

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de enero de 2011, p. 5

La Comisión Permanente del Congreso recibió la solicitud para que se cite a comparecer al secretario de Economía, Bruno Ferrari, y al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, para que expliquen por qué no se ha frenado la escalada de precios de bienes, servicios y productos de la canasta básica, y por ende el crecimiento de la inflación en el país.

Durante la sesión de ayer –que fue sólo de trámite y duró apenas una hora–, la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Estela Damián (PRD), sostuvo que con los gasolinazos mensuales y el aumento en la electricidad doméstica, así como el peaje carretero y trámites diversos, se ha afectado gravemente la economía de la mayor parte de la población.

El punto de acuerdo, que se turnó a comisiones, también considera las comparecencias del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Antonio Morales de la Peña; del presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, y del presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Eduardo Sojo, para que expliquen la situación de los precios y la inflación.

La legisladora perredista planteó que estos tres funcionarios, así como los titulares de Economía y del Banco de México deben entregar un informe al Congreso sobre el aumento de los precios en el país, particularmente de la situación en las diferentes ramas y sectores de la economía mexicana, así como su impacto en la inflación.

Refirió que con el aumento aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el sueldo promedio en el país será de 58.22 pesos diarios, insuficiente no sólo por su monto, sino porque sólo se incrementa una vez al año, mientras que los precisos se elevan todos los días.

Precisó que un estudio del Instituto Tecnológico de Monterrey revela que el poder adquisitivo del salario mínimo ha caído 75 por ciento, de 1976 a 2010, debido a que los precios tienen un mayor crecimiento, a diferencia de la remuneración que reciben los trabajadores.

Además, dijo, indica que esa situación representa el retraso de tres décadas de desarrollo potencial y una reducción real del bienestar de las familias, ya que los precios tuvieron una evolución de 26 por ciento, mientras que el salario mínimo nominal creció 2.1 por ciento en promedio anual.

También indicó que un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que cerca de 18 millones de mexicanos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir su canasta básica, e indica que si una persona antes invertía 13 horas de trabajo para adquirirla, ahora debe laborar 19 horas.

Asimismo, el PRD solicitó que se convoque al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Miguel Alcántara Soria, para que explique el subejercicio de 2 mil 591 millones de pesos –de un presupuesto de 8 mil 975 millones asignado en 2010–, aun cuando el país ha vivido un escenario bélico con más de 30 mil muertos en cuatro años y que tiene al país sumido en la desesperanza y la violencia.

La petición precisa que el Congreso requiere información sobre cómo se han aplicado las reformas en materia de seguridad, como la aplicación de la reforma penal, y del proceso acusatorio, entre otros, antes de analizar iniciativas del Ejecutivo que están en comisiones, como la del mando único policial.

Se conoce sólo una mínima parte de las irregularidades, afirma

Se deben investigar a fondo los malos manejos en Luz y Fuerza, exige el SME

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de enero de 2011, p. 8

Desde 2000 el desaseo en el manejo de los recursos públicos en que incurrieron los directivos de Luz y Fuerza del Centro (LFC) llevó a subejercicios y sobrejercicios de miles de millones de pesos, señaló Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quien se pronunció porque Jorge Gutiérrez Vera, el último director de la extinta paraestatal, sea citado a rendir cuentas.

Indicó en entrevista que los malos manejos que se están reportando son una parte muy pequeña de los quebrantos realizados, son la punta de un iceberg, prácticamente no son nada, y hay responsables, entre ellos Jorge Gutiérrez Vera, la subdirección de LFC y también el órgano interno de control. Hay más de 120 auditorías pendientes de resolverse, subejercicios por más de 5 mil millones de pesos en los últimos cuatro años y sobrejercicios por más de 8 mil millones de pesos desde 2000, y todos estos fueron malos manejos.

Detalló que el Congreso de la Unión etiquetó dinero para obras que no se ejecutaron. Hay contratos con General Electric para la compra de 14 plantas de generación de energía eléctrica con un costo de 5 mil millones de dólares, y varias de ellas no funcionaron, tienen defectos”.

Martín Esparza insistió en que todas estas situaciones deben aclararse y que el liquidador de LFC, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes tendrá que presentarse a comparecer la próxima semana ante la Comisión Permanente, porque a la fecha no han informado sobre el patrimonio del organismo público descentralizado. Se tiene que saber a cuánto equivalen los activos de la infraestructura; cuántos adeudos hay por cobrar con organismos operadores de agua, con municipios, los contratos con proveedores y el presupuesto que no ejercieron en 2009 (de octubre a diciembre), entre otros muchos asuntos.

Apuntó que pese a los desaseos financieros LFC era viable económicamente, dado que facturaba 55 mil millones de pesos al año, además de que recibía transferencias gubernamentales y descartó que la carga fueran los trabajadores.

El problema financiero de la empresa no eran los trabajadores, pues la nómina anual para los 44 mil 300 trabajadores era de 7 mil 800 millones de pesos, y LFC facturaba 55 mil millones de pesos al año por pagos y venta de electricidad, no debería haber estado mal, y a eso se suman las transferencias que dicen eran por 42 mil millones. Entonces había un ejercicio de más de 90 mil millones de pesos por año.

Esparza subrayó que no obstante los quebrantos LFC era un empresa autosuficiente gracias a los pagos de los usuarios, eso alcanza para pagar nómina y hacer obras de infraestructura que se requieren, el problema era la administración por parte del gobierno, y ante esto refirió que es posible financiar una nueva estructura que otorgue energía eléctrica al centro del país.

Dijo que el gremio insistirá en que se restablezca la legalidad y nos regresen nuestra fuente de trabajo, porque hay cómo financiar una nueva estructura.

El INM intentó detener a Elvira Arellano

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de enero de 2011, p. 12

Elvira Arellano, integrante de la organización Familias Unidas sin Fronteras, sufrió ayer en la comunidad de Arriaga, Chiapas, un intento de arresto por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes pretendieron detenerla por tener aspecto de migrante indocumentada.

En entrevista telefónica, la activista explicó que ella y su hijo Saúl, además de Eduardo García, representante de Amnistía Internacional en Puebla, y una mujer identificada sólo con el nombre de Anita, llegaron a Arriaga como avanzada de la movilización Paso a paso hacia la paz, a realizarse el viernes con destino a Chahuites, Oaxaca. Luego de comprar materiales para la logística de la caravana –en la cual también participará el sacerdote Alejandro Solalinde–, los cuatro se dirigieron hacia las vías del tren, donde fueron interceptados por una camioneta del Grupo Beta, del INM. Como traíamos una mochilita cargando atrás, para ellos éramos sospechosos. Nos dijeron que nos paráramos, nos preguntaron de dónde éramos y nos pidieron una identificación, pero yo les dije que no tenían por qué detenernos, contó Arellano, quien impidió que una agente interrogara a su hijo.

Tras un breve intercambio de palabras, en el que la activista les reclamó a los oficiales que en vez de detener migrantes lucharan contra los criminales que los secuestran, los cuatro fueron dejados en libertad. No hubo maltrato, pero sí un intento de intimidación. Estamos tratando de organizar la logística para el acto del viernes, preguntar el horario del tren e invitar al alcalde de Arriaga.

Ya no hubo ningún problema después, pero andamos muy cautelosos, señaló. Posteriormente, Arellano y sus acompañantes fueron seguidos y señalados por hombres que viajaban en dos automóviles, que en opinión de Eduardo García podrían ser miembros de la delincuencia organizada. Lo que queremos pedirle a los tres niveles de gobierno es que sus compromisos no sólo se queden en palabras, sino en trabajo para hacer que se respeten los derechos humanos de los migrantes, dijo.

Reporte del Centro ProDH

Campesinos Ecologistas: Condena la Corte Interamericana al Estado mexicano por violaciones a los DH de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) emitieron un boletín en el que explican la sentencia emitida por la Corte IDH.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha hecho pública la sentencia en la que condena al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas del estado de Guerrero por hechos ocurridos en 1999. En la sentencia se ordena al Estado que ejecute, en los plazos establecidos por la Corte, las medidas adecuadas para reparar el daño y revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.

El Estado mexicano debe acatar en su totalidad lo ordenado por la Corte IDH. Su resolución tiene un carácter vinculante y es inapelable. Deben darse desde ahora los pasos necesarios y tomar las acciones orientadas para cumplir, sin atenuarlas, las medidas concretas señaladas en la sentencia. De estas medidas resaltamos las siguientes: investigar en la justicia ordinaria las torturas sufridas por Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, indemnizar a las víctimas por los daños sufridos, cubrir los tratamientos médicos y psicológicos correspondientes, fortalecer el funcionamiento del registro de personas detenidas con el fin de evitar abusos a las personas detenidas y reformar el Código de Justicia Militar para excluir de la competencia del fuero militar los delitos relacionados con violaciones a derechos humanos. Sobre este último, la Corte puntualizó que dicha “conclusión se aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos”, Así, es claro que la iniciativa presentada por el Presidente Calderón el pasado 18 de octubre en la materia no satisface lo establecido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos basta para cumplir con las órdenes de la Corte IDH.

En cuanto al sistema penal mexicano, considera, entre otras cosas, que “los tribunales que llevaron a cabo el proceso penal en contra de los señores Cabrera y Montiel en todas las etapas del proceso debieron excluir totalmente las confesiones rendidas por éstos, por cuanto la existencia de tratos crueles e inhumanos inhabilitaba el uso probatorio de dichas evidencias”. Cuestión que resulta especialmente relevante en el actual contexto mexicano de confesiones coaccionadas por parte del ministerio público y aceptadas por la autoridad judicial como prueba principal en los juicios penales. Por lo tanto, el Estado mexicano debe adecuar su prácticas actuales y hacerlas compatibles con los más altos estándares de derechos humanos.

Los defensores de los bosques Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron víctimas de detención arbitraria y tortura en 1999 a manos de miembros del Ejército por su activismo ambiental. El 7 de noviembre de 2001, el Presidente de las República ordenó su liberación por razones humanitarias pero no reconoció la inocencia de ambos ni la existencia de violaciones a sus derechos humanos. En los días previos, por considerar que en México no existían los recursos idóneos y efectivos para lograr la investigación de la tortura ni el acceso a la justicia, el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ésta admitió el caso en febrero de 2004 y, ante la reiterada falta de cumplimiento por parte del Estado mexicano, lo sometió ante la Corte Interamericana el 24 de junio de 2009.

El 26 de agosto de 2010, Rodolfo Montiel rindió testimonio, ante la Corte IDH, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra él y su compañero Teodoro Cabrera. Durante su intervención solicitó a la Corte IDH que ordene al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores ambientalistas y revertir los abusos militares.

A más de diez años de las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del ejército y por funcionarios de los sistemas de procuración y administración de justicia contra Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, las autoridades de los tres poderes de la unión de los distintos órdenes de gobierno están ante la posibilidad de poner un alto a la injusticia que hasta ahora afecta a los campesinos ecologistas y a su familia. El cumplimiento cabal de la sentencia, de manera efectiva y de buena fe, es indispensable como muestra inequívoca del compromiso del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

El Centro Prodh y CEJIL, organizaciones representantes de los campesinos ecologistas y sus familias, demandamos a las autoridades mexicanas el cumplimiento íntegro de la sentencia. Este fallo es el tercero emitido por la Corte IDH durante 2010 en contra de México por graves violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Guerrero

Campana

http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article478

Huaxcaleca, Chichiquila, Puebla, a 4 de diciembre de 2010

Campaña Solidaria de Acopio
“Invierno Sin Frio”

La Organización de Mujeres Indígenas de Huaxcaleca, ZIHUAME y
la Red de Monitores Indígenas de Derechos Humanos de Puebla
organizamos una cosecha para los niños/as de nuestras comunidades de la Sierra Oriente del Estado de Puebla.

Ante las grandes dificultades económicas que enfrentamos cotidianamente, viviendo en una zona marginada de difícil acceso, y la dramática pobreza extrema, necesitamos poder ofrecer a nuestros hijos/as, nietos/as una sonrisa más en estas fechas.

Emprendemos una campaña de acopio llamando a la solidaridad.

Lista de las posibles donaciones:

Despensa: arroz, frijoles, aceite, leche en polvo, comida enlatada
Juguetes nuevos o usados en buen estado
Ropa de niños/as, bebes, hombres y mujeres, en buen estado
Medicamentos vigentes y equipo médico
Cobertores, cobijas, bufandas, guantes...

Las donaciones se reciben hasta el 28 de enero del 2010

El 29 de enero de 2011 se llevará a las comunidades para su repartición mediante el apoyo de estudiantes, personas solidarias, defensores y monitores de DDHH. La repartición se hará mediante actividades y juegos durante varios días para asegurar un reparto digno.

Consulte el informe de las actividades anteriores en la página Internet:

http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article370

Acompáñenos a participar en las actividades y juegos para el reparto solidario.


Centros de acopio y contactos en el documento en la pagina Internet

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Área de Enlace y Comunicación
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Retorno 207, No. 56
Col. Unidad Modelo, Del. Iztapalapa
C.P. 09089 México Distrito Federal

Tel y Fax: (55) 5610 8790
Cel: (044) 55 2939 2167

enlace.limeddh@gmail.com
www.espora.org/limeddh

El repunte de la inflación, por alza a gasolinas y de frutas y verduras, asegura análisis

Diputados: la política inhumana de Calderón desató el aumento de precios

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 4 de enero de 2011, p. 9

Diputados de PRI, PRD y PT criticaron que el principal impulsor de la cascada de aumentos a bienes, servicios y productos básicos sea el gobierno de Felipe Calderón con su política de incrementos constantes a combustibles y la falta de control a las grandes cadenas de autoservicio, intermediarios y acaparadores.

Se trata, señalaron, de una política inhumana que mantiene a más de 30 millones de mexicanos en la pobreza alimentaria. Hay familias que ya no comen tres veces al día, pero en Los Pinos la familia presidencial sí tiene sus tres alimentos, destacó la diputada María Esther Sherman (PRI).

Es evidente, resaltó, que Calderón asegura que la economía nacional está repuntado, porque seguramente él no hace su mandado. Basta con salir a la calle y preguntar a padres y madres cuánto han subido los precios de los productos, abundó.

La percepción es que vivimos en un país y el Presidente en otro. Millones no tienen para comer, pero, ¿y los zapatos, el vestido, la vivienda, los demás factores para que la gente viva mejor, como machacan con sus espots?

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados detalló que la inflación a noviembre pasado se explicó principalmente por el alza a electricidad, gasolina, frutas y verduras.

La inflación general mensual, medida por la variación del índice nacional de precios al consumidor, fue de 0.80 por ciento, cifra superior en 0.28 puntos a la observada en el mismo mes de 2009 (0.52 por ciento), con lo cual la general anual fue de 4.32 por ciento, indicó en un documento que evalúa la economía al cierre del año pasado.

De esta manera, expuso, la inflación fue mayor en 1.32 por ciento al objetivo de que cerrara en tres, aunque se ubicó dentro del pronóstico para la general anual de 4.25 a 4.75 por ciento para el cuarto trimestre de 2010 por el Banco de México.

Explicó que sólo el aumento a bienes y servicios administrados por el gobierno de Felipe Calderón, como electricidad y gasolinas, contribuyeron con 0.487 por ciento de la inflación, mientras los incrementos a frutas y verduras, principalmente jitomate, papaya, chile serrano, limón y calabacita, representaron 0.114 puntos.

Ramón Jiménez, diputado del PRD, expresó que dos factores influyeron al cierre del año pasado en la cascada de aumentos: el alza de 4 pesos al salario mínimo, que es aprovechado por las empresas para retiquetar productos, y que en enero los trabajadores del sector público recibirán la otra mitad de su aguinaldo.

Cuestionó que, en su mensaje de inicio de año, Felipe Calderón afirmara que la economía nacional repuntó, cuando en realidad no ha tomado en serio los problemas económicos del país y más bien se orientan a favorecer a los sectores más privilegiados, a no controlar a las grandes cadenas comerciales que, en esencia, no pagan impuestos. El ejemplo de Wal Mart, que sólo pagó 1.7 por ciento de impuestos sobre sus ingresos, es revelador.

Alfonso Primitivo Ríos (PT) declaró que en todos los renglones el gobierno de Calderón es un fracaso y en la política económica es mucho más evidente, porque golpea de manera cruel el bolsillo de la mayoría de los mexicanos, quienes no tienen recursos para garantizar su alimentación, educación y vestido.

Los presuntos acosadores son militares y se encargan de la seguridad pública en BC

ONG exigen al gobierno proteger la vida de dos activistas amenazadas de muerte

Karina Avilés

Periódico La Jornada
Martes 4 de enero de 2011, p. 11

En víspera del regreso de la activista Blanca Mesina Nevárez a Tijuana, Baja California, tras ocho meses de exilio, las comisiones Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) exhortaron al Estado mexicano a determinar la persistencia del riesgo que enfrenta la vida de la activista, así como de Silvia Vázquez Camacho. De igual forma, pidieron a las autoridades dar seguimiento y cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de las dos defensoras.

Mesina Nevárez regresa hoy martes a su lugar de residencia en Tijuana, luego de permanecer en el exilio más de ocho meses, debido a las constantes amenazas y hostigamiento que sufrió desde noviembre de 2009, al asumir la representación de un grupo de 25 policías arraigados y torturados en instalaciones militares.

El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez y el capitán Gustavo Huerta fueron señalados como probables responsables de actos de tortura, amenazas y hostigamiento cometidos en Tijuana. Recientemente, Leyzaola Pérez y Gustavo Huerta tomaron posesión como subsecretario de Seguridad Pública y secretario de Seguridad Pública del estado de Baja California, respectivamente.

Por ello, la CMDPDH y CCDH recordaron al Estado que aún falta un arduo trabajo por realizar para garantizar y salvaguardar la integridad física de Blanca Mesina Nevárez, así como propiciar un ambiente seguro que haga posible también el regreso de la defensora Silvia Vázquez Camacho.

Además, pidieron a las autoridades informar con periodicidad a la CIDH sobre las acciones al respecto, especialmente, seguir las investigaciones penales derivadas de las denuncias por las amenazas de las dos defensoras. Además de informar a las organizaciones peticionarias sobre los avances y resultados de dichas investigaciones.

El pasado 4 de junio, la CIDH dictó medidas cautelares a favor de Mesina Nevárez y Vázquez Camacho. Ante el incumplimiento del Estado mexicano, se celebró una reunión de trabajo el 27 de octubre, en el contexto del 140 periodo de sesiones de la CIDH, en el que se dio al Estado el término de 48 horas para responder por escrito a la puesta en marcha de las medidas de protección para garantizar la integridad física y sicológica de Mesina Nevárez, Vázquez Camacho y sus familias.

Anuncia caravana de Chiapas a Oaxaca para denuncir abusos

México es un cementerio de migrantes: Solalinde Guerra

Karina Avilés y Octavio Vélez Ascencio

Reportera y corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 4 de enero de 2011, p. 10

Oaxaca, Oax., 3 de enero. Al expresar que México es cementerio de migrantes centroamericanos y sudamericanos, el director del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde Guerra, convocó a ciudadanos, autoridades y defensores de derechos humanos a participar en la caravana Paso a paso hacia la paz, con la finalidad de que la ruta Arriaga, Chiapas, a Chahuites, Oaxaca –trayecto para la trata de personas, tráfico de armas y de drogas– deje de ser un desastre humanitario para los migrantes.

El sacerdote informó que la caravana –cuyos integrantes viajarán a bordo del ferrocarril– partirá este viernes de la estación de Arriaga, a la de Chahuites. “Ese camino ha sido cuartel de Los Zetas, que no digan que no existen, están en Oaxaca y en el Istmo. No vamos a retarlos. Vamos a convocar a la gente a que nos ayude a cuidar ese camino para que sea menos peligroso para nuestros hermanos del sur”.

En entrevista telefónica, Solalinde Guerra, quien ha recibido un permanente acoso y amenazas por su labor en favor de la defensa de los migrantes, expresó que el gobierno mexicano debe acostumbrarse a que los pobres exijan, por eso es correcto que los cancilleres de El Salvador, Guatemala y Honduras hayan denunciado el secuestro de medio centenar de inmigrantes en la región del Istmo de Tehuantepec.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, debería tener una sensibilidad diferente para tratar a nuestros hermanos más pobres y para entender el dolor de los secuestrados, desaparecidos y de los que silenciosamente van pereciendo en México, enfatizó.

El también fundador del albergue advirtió: No soy de la DEA ni de la PGR, soy un pastor y cuido a mis ovejitas. Por ello, añadió, se realizará este movimiento de conciencia, que no es un acto de exhibicionismo ni de publicidad.

El propósito es acrecentar la solidaridad y hacer que la ciudadanía se indigne por la agresión, la violencia y el maltrato hacia los migrantes.

Explicó que la ruta de Chahuites en adelante es peligrosa, pero más peligrosa es para quienes atraviesan nuestro país en busca de llegar a Estados Unidos. Detalló que este viernes se realizará a las 10 de la mañana una conferencia de prensa en Arriaga, frente a las vías del tren y el palacio municipal.

En razón de que no hay un horario fijo para tomar el ferrocarril hacia Chahuites, lo harán en cualquier momento del viernes o incluso, en las primeras horas del sábado, con el propósito de realizar un acto simbólico en la estación de Chahuites. Este se efectuará el mismo sábado a las 13 horas. Ahí, la zona será declarada como un sitio de paz, defensa y seguridad para los migrantes.

Por su parte, Elvira Arellano, integrante de la organización Familia Latina Unida Sin Fronteras, explicó que con esta acción también se busca revalorar el trabajo hecho por todos aquellos involucrados en la protección de los derechos humanos de migrantes. Se planea el uso de simbolismos que desnuden la violencia física, sicológica y moral que sufren los migrantes en este tramo.

Detalló que además de Solalinde, las integrantes de la organización La Patrona, de Veracruz, y el fotógrafo Irineo Mújica Arzate, serán algunos de los pasajeros del tren conocido como La Bestia.

En la caravana también se exigirá la cancelación de los operativos nocturnos por autoridades mexicanas realizados en condiciones riesgosas, los cuales han derivado en la constante violación de los derechos humanos de los migrantes irregulares, dijo.

Sesionan este lunes representantes gubernamentales y sociales

Comité de defensa de periodistas busca directrices para funcionar

En 11 años ha habido 66 homicidios de comunicadores, reporta CNDH

Periodistas e integrantes de organizaciones civiles marcharon en silencio el 7 de agosto pasado de la Columna de la Independencia a la Secretaría de Gobernación para exigir un alto a la impunidad y a las agresiones contra los comunicadoresFoto Francisco Olvera

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Lunes 3 de enero de 2011, p. 10

Este lunes sesionará el comité de defensa de periodistas con el propósito de desarrollar los lineamientos de operación de este órgano, integrado por representantes gubernamentales y de la sociedad civil.

Hasta ahora no hay enviados del gremio periodístico y, pese a que éstos no contarán con voto en las decisiones del comité, la sesión entrante aún no contará con los tres representantes de los reporteros y demás trabajadores de los medios de información.

A casi un mes de su creación se han puesto a consideración de este comité unos 10 casos de periodistas agredidos o amenazados debido a la difusión de su trabajo profesional.

Como medida urgente (toda vez que aún no se definen los protocolos de protección) algunos ya cuentan con apoyo gubernamental para el resguardo de su integridad física, de acuerdo con fuentes oficiales consultadas.

Inseguridad para el periodismo

México es uno de los países más inseguros para el ejercicio periodístico, según informes de organismos internacionales.

El 3 de diciembre de 2010 fue instalado el Comité consultivo para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas.

El objetivo es desarrollar pautas de seguridad para quienes ejercen esta labor y se encuentren en situación de riesgo, así como para las autoridades responsables de aplicar las medidas de protección.

Dependencias involucradas, como la Secretaría de Gobernación (SG) y la Procuraduría General de la República (PGR), han dispuesto al personal que atenderá el desarrollo de este comité y los temas que se abordarán este 3 de enero.

Sin embargo, no se reportan avances en lo que toca a la elección de los representantes de los periodistas.

Aún no se sabe quiénes serán los representantes de los comunicadores. Estamos en etapa de verificación y consulta con diversos liderazgos. Confiamos que una vez discutidos los lineamientos, se determine cómo integrar [a los enviados del gremio], informó el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Felipe de Jesús Zamora.

Precisó en entrevista que la estructura del comité será auspiciada por las propias dependencias y se dispondrá de un presupuesto para hacer efectiva la protección a periodistas amenazados.

En el comité, presidido por la SG, participan, además, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todas las instancias deben enviar a este comité funcionarios de alto nivel.

El comité consultivo es un órgano de consulta y auxilio técnico para las autoridades a fin de garantizar el libre ejercicio periodístico.

A las sesiones del Comité se podrá invitar a un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y uno de la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en términos de los Lineamientos de Operación y Funcionamiento del citado Comité.

608 quejas en once años

En un recuento de ataques a representantes de los medios informativos, la CNDH dijo que de 2000 a la fecha ha recibido 608 quejas por agravios a periodistas y ha registrado 66 homicidios de comunicadores, 12 desapariciones, y en los últimos cinco años, 18 ataques contra instalaciones de medios de comunicación.

El año pasado la CNDH registró nueve homicidios, cuatro desapariciones y recibió 64 quejas por ataques y agresiones a periodistas en México.

De acuerdo con un comunicado, con motivo de estas agresiones a periodistas, la institución ha emitido, de 1999 a la fecha, 22 recomendaciones, 62 medidas cautelares, 28 propuestas de conciliación y la recomendación general 17.

Subraya su llamado a las diversas autoridades a que emprendan las acciones necesarias y contundentes que garanticen las condiciones de seguridad y prevención suficientes para que el desempeño de los profesionales de la información no se vea coartado ni amenazado por ninguna circunstancia.

Considera que el ejercicio libre de expresión consagrado en la Constitución es esencial para la vigencia del estado de derecho y del régimen democrático.

Las cinco autoridades presuntamente responsables que más veces han sido denunciadas son la Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de Justicia de Oaxaca y su homóloga de Veracruz.

En el periodo las cinco entidades con más agravios de periodistas fueron: Distrito Federal, 64 casos; Oaxaca, 41; Veracruz, 29; Chihuahua, 28, y Chiapas, 26. Y los derechos humanos más vulnerados son a la seguridad jurídica, en 234 quejas; a la libertad, 76; legalidad, 36; integridad y seguridad personal, 29, y propiedad y posesión, nueve.

Mediante su Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, la CNDH fomenta la cultura de la denuncia y en 2010 presentó la Guía para implementar medidas cautelares en beneficio de periodistas y comunicadores en México.

Se definen criterios para llevar a cabo esquemas de protección, definición, urgencia y temporalidad para los periodistas.

La CNDH ve con especial preocupación los agravios a periodistas y comunicadores porque vulneran además el derecho de toda la población a estar debidamente informada.

Rechaza versiones y exige a Calderón investigar la versión

Nueva escalada represiva en contra del movimiento, asevera la Cocopa

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 3 de enero de 2011, p. 11

La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), del Congreso de la Unión, expresó su rechazo tajante a cualquier intento que pretenda vincular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con el secuestro de Diego Fernández de Cevallos y solicitó al gobierno de Felipe Calderón una investigación exhaustiva del origen de las versiones que, sostuvo, busca arrancar una nueva campaña de difamación contra ese movimiento.

El presidente de la comisión –integrada por diputados y senadores–, el petista José Narro Céspedes, cuestionó las versiones difundidas en torno a que los zapatistas están vinculados a la retención del ex candidato presidencial del PAN. Todo indica que se trata de panfletos que pretenden ser el inicio de una escalada represiva en contra del EZLN, dijo.

En un comunicado emitido ayer, el diputado petista afirmó que en los hechos el EZLN ha demostrado su voluntad por encontrar una solución al conflicto, por la vía política, y han cumplido su parte.

Narro Céspedes recordó que después de la reforma en materia de derechos y cultura indígena, donde se dejó fuera lo sustancial de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el EZLN decidió impulsar un novedoso proceso de organización y trabajo comunitario con las juntas de buen gobierno… que son un ejemplo de lo que puede hacer el pueblo organizado y sus resultados son mejores de los que conocemos en la política tradicional”.

El titular de la Cocopa afirmó que persiste la tentación de aislar y reducir al zapatismo y de extinguirlo por la vía de su agotamiento, del desgaste de su discurso y el fin de su impacto.

Recordó que hace casi un año, al igual que ahora, sin ninguna fuente de información seria, se acusó a los zapatistas de recibir financiamiento de la ETA.

Como entonces, ahora se trata de vincular al EZLN con el secuestro de Fernández de Cevallos. De entrada una difusión tan profusa, a partir de información de dudosa procedencia, habla de una intencionalidad política o de buscar un pretexto para realizar alguna acción represiva, alertó.

Recordó que el 9 de febrero de 1995, el entonces presidente Ernesto Zedillo utilizó el mismo expediente de provocación y distorsión de la realidad y, con información falsa, emitió las órdenes de aprehensión en contra de la comandancia zapatista, como elemento distractor de una de las crisis financieras más severas del país.

Sin embargo, dijo, desde el cese al fuego en 1994, el EZLN no ha realizado acción militar alguna y comentó que en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona definieron claramente su decisión de mantener su compromiso de cese al fuego ofensivo y no hará ataque alguno contra fuerzas gubernamentales ni movimientos militares ofensivos. El EZLN mantiene todavía su compromiso de insistir en la vía de la lucha política con esta iniciativa pacífica que ahora hacemos.

El diputado petista explicó que desde su integración, en 1995, la Cocopa ha estado y estará al pendiente de los asuntos relacionados con las causas que dieron origen al conflicto y de la actitud mantenida al respecto, tanto por el gobierno federal como por el EZLN.

Urge fomentar la producción de autoconsumo, señala

México, al borde de una crisis alimentaria, advierte la CNC

Carece el gobierno de una estrategia para evitar la hambruna

Matilde Pérez U.

Periódico La Jornada
Lunes 3 de enero de 2011, p. 12

El país está al borde de un serio problema de dependencia alimentaria al no generarse la suficiente producción para el abasto interno y en un ámbito internacional de baja en los inventarios mundiales de granos, alza de precios y decisión de Estados Unidos y Rusia –dos de los principales productores mundiales– de restringir sus exportaciones, advirtió la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Tenemos datos y señales del mercado de esta delicada situación y aunque el presupuesto del campo para este año (280 mil millones de pesos) es razonable y esperanzador, hay dificultades para empujar la producción de autoconsumo, sostuvo Cruz López Aguilar, presidente de la CNC.

A unos días de que entregue a Gerardo Sánchez la estafeta de la dirigencia nacional de la organización, López Aguilar apuntó que 45 por ciento de la producción nacional de maíz –que el año pasado, según la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) fue de 24.2 millones de toneladas– lo aportan los campesinos que tienen hasta cinco hectáreas y que están en el rango del autoconsumo.

Por eso la insistencia de los legisladores del sector campesino del PRI para que el gobierno fomente la producción de autoconsumo y que los recursos del subejercicio del presupuesto de 2010, que estimó fueron de 30 mil millones de pesos, se destinen a ese propósito, dijo el también presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

Lo preocupante es que el gobierno carece de un plan B para evitar situaciones de hambruna entre los 12.5 millones de habitantes de regiones marginadas del país, quienes comen únicamente tortilla, chile y café, y de los 30 millones que sobreviven del autoconsumo.

La escasez y carestía de los granos en el mercado internacional –que se transforman en carne– nos va a pegar muy duro, subirán de precio tortilla, pan, leche, aceites, huevo, carnes y ningún país va a querer vender alimentos a México pues primero protegerán su soberanía alimentaria. Lo que llegue será caro y de pésima calidad, porquerías como los despojos de carne y fórmulas lácteas.

Las autoridades no han querido entender que estamos en una situación parecida a la de 2008 y principios de 2009, frente a una potencial crisis alimentaria mundial. No he escuchado que tenga un plan de emergencia, pareciera que las cosas se van a arreglar por sí solas o que las va a resolver el mercado.

Héctor Salazar, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, también alertó sobre la falta de una estrategia alimentaria. El modelo de desarrollo económico del gobierno ha relegado al campo a segundo término; con el fomento a las exportaciones e importaciones presuntamente baratas, lo que generó fue una dependencia de alimentos. Se importa 76 por ciento de arroz; 96 de soya, 30 de trigo y 32 por ciento de maíz amarillo.

Es urgente reactivar la economía del sector rural para avanzar gradualmente en la autosuficiencia alimentaria, reducir la migración del campesinado y la pobreza rural en la que están 85 por ciento de los 24 millones de sus habitantes.

Dijo que ya no se debe apostar por esquemas asistencialistas con marcados objetivos políticos, la población requiere del desarrollo de la economía agrícola.

En 24 meses, 469 ultimadas en el estado, más de la mitad que en casi dos décadas, señalan

Se perpetraron 306 homicidios de mujeres en esa ciudad el año pasado, indican organismos

Registra Juárez en 2010 la cifra más alta de feminicidios en 18 años

Entre los casos de feminicidios en Chihuahua se encuentran los asesinatos de las activistas Judith Reyes y Marisela Escobedo. En la imagen, protesta contra los homicidios de mujeres en Ciudad JuárezFoto La Jornada

Rubén Villalpando y Gustavo Castillo

Corresponsal y reportero

Periódico La Jornada
Domingo 2 de enero de 2011, p. 6

Con un saldo de 306 mujeres asesinadas durante 2010, Ciudad Juárez registró el mayor número de feminicidios de los últimos 18 años, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y de la Fiscalía General del estado de Chihuahua.

En conjunto, en 2009 y 2010 se registraron en esa ciudad fronteriza 469 feminicidios, más del 50 por ciento de todos los cometidos en los anteriores 16 años.

La cifra de 306 homicidios de mujeres en un solo año no tenía registró en esta frontera, marcada por los feminicidios, entre 1993 y 2007, cuando se cometieron 427 casos, de los cuales aproximadamente 200 siguen sin ser aclarados y 52 cuerpos aún no han sido identificados.

En todo Chihuahua, la cifra de homicidios de mujeres rebasó los 400 casos durante 2010, y la mayoría de ellos son atribuidos a las bandas que disputan el control de la ciudad y del estado para traficar drogas.

Este año, la Fiscalía General del Estado, zona norte, informó de 306 homicidios de mujeres en la región que incluye el valle de Juárez, de los que 25 son investigados por la unidad especializada y el resto por la unidad de homicidios, que se encarga de integrar todos los expedientes.

Entre las víctimas se encuentran niñas, ancianas, agentes policiacas, una empleada consular y una subprocuradora, así como regidoras y empleadas de maquilas, amas de casa, bailarinas, cantineras o sexoservidoras, de casi todo tipo de actividades.

Algunas de las víctimas de la violencia son la luchadora social Judith Reyes, a la que mataron en enero de 2010, así como Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre en la capital del estado.

El conteo de homicidios de mujeres, de acuerdo con las cifras que proporciona la Fiscalía General del Estado mediante lo que llaman Protocolos de Comunicación, permiten establecer que fueron 306 feminicidios los registrados en 2010.

El pasado 25 de noviembre, en entrevista con este medio, la activista Marisela Escobedo alertó sobre el alto índice de homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez. La luchadora social fue ejecutada el 16 de diciembre de 2010 afuera de palacio de gobierno en la ciudad de Chihuahua, donde mantenía un plantón en demanda de justicia por el homicidio de su hija de 16 años, Rubí Marisol, a la que su pareja mató dos años antes.

Marisela Escobedo expresó en ese momento que se habían registrado alrededor de 90 mujeres desaparecidas en los últimos tres años en Ciudad Juárez, una de ellas, la estudiante Mónica Janeth Alanís de 19 años, que desapareció al salir de las instalaciones de la universidad.

Sobre el alto índice de homicidios en Juárez, Marisela Escobedo expresó que “existen problemas para que la ciudadanía reconozca que muchos casos de las mujeres que aparecen tiradas, semidesnudas y con impactos de arma de fuego son feminicidios.”

El año 2010 fue el más violento para las mujeres en Ciudad Juárez con 306 crímenes, y el peor mes fue octubre pasado cuando se reportaron 50 homicidios de personas del género femenino.

Aparte de los casos de homicidios, existe un registro de al menos 90 mujeres jóvenes desaparecidas, la mayoría de ellas trabajadoras y estudiantes que salieron de su casa en camión y nunca se volvieron a ver.

Los registros de la PGR, la Comisión para Juárez y la Conavim, refieren que en 1993, fueron asesinadas 18 mujeres; en 1994, 19; en 1995, 36; en 1996, 37; en 1998, 36; en 1999, 18; en 2000, 31; en 2001, 37; en 2002, 36, 2003, 28; 2004, 19; 2005, 32; 2006; 23; 2007, 23; 2008, 87; 2009, 163.

Insuficiente, la sanción a jueces que absolvieron a asesino de Rubí

Criminal, la omisión del Estado en el asesinato de Marisela Escobedo: ONG

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Domingo 2 de enero de 2011, p. 10

El asesinato de Marisela Escobedo fue un crimen de Estado, pues autoridades estatales y federales fueron omisas para atender sus demandas y evitar el riesgo al que estuvo sujeta al realizar ella misma las indagatorias para hallar al asesino de su hija Rubí Frayre, aseguraron organizaciones sociales de Chihuahua.

Agregaron que tras su ejecución, la sanción a los tres jueces que absolvieron al asesino confeso es insuficiente y se debe castigar a los responsables de los feminicidios de madre e hija.

Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) informaron que meses antes de ser asesinada –frente al palacio de gobierno de Chihuahua, el pasado 16 de diciembre–, Marisela viajó a la ciudad de México para solicitar audiencia con Felipe Calderón y el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, para exponer su caso; sin embargo, los funcionarios se negaron a recibirla.

Veinte días antes de ser ejecutada acudió a la Secretaría de Gobernación, donde relató su situación de vulnerabilidad y riesgos a funcionarios de esa dependencia, y ocho días antes de su asesinato lo hizo con funcionarios del gobierno estatal, sin obtener respuesta ni que se le brindaran medidas de protección.

“De conformidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los estándares internacionales en la materia, los Estados son responsables por acción y también por omisión. En este caso, es evidente la falta de políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, la negativa para recibir inicialmente la denuncia de desaparición y posteriormente la negativa a buscar a Rubí y activar el Protocolo Alba para localizar mujeres desaparecidas.

Debido a la impunidad en este caso, las ONG demandaron al presidente Calderón y al mandatario estatal, César Duarte, que se investiguen a fondo estos feminicidios, que se publiquen los resultados de la comisión institucional creada hace varios meses para el seguimiento del asesinato de Rubí, que ésta reanude sus trabajos e indague sobre el homicidio de Escobedo a fin de responsabilizar a los funcionarios omisos.

Asimismo, exigieron que se implementen medidas de protección para las integrantes de Justicia para Nuestras Hijas y el Cedehm.