8 jun 2014

Atenco, otra vez en pie de lucha


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Defensa de la tierra

Una asamblea modifica el régimen de propiedad comunitaria

El cambio remueve el impedimento para que Conagua y empresarios compren los terrenos en disputa desde hace 14 años

El FPDT alista estrategia combinada: batalla en tribunales contra el acuerdo y manifestaciones de resistencia

Integrantes del FPDT se manifestaron en la plaza principal de Atenco contra el cambio de uso de suelo de sus terrenosFoto Javier Salinas
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Los machetes nunca los hemos guardado, pero no son amenaza, sino advertencia. Nos vamos a defender a toda costa, dice Ignacio del Valle, representante de la resistencia campesinaFoto Javier Salinas


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A muchos ejidatarios que se oponen al cambio del régimen de propiedad no les permitieron la entrada a la asamblea, y varios jóvenes acudieron a provocarlos, pero se evitó la confrontaciónFoto Javier Salinas

Blanche Petrich 
Periódico La Jornada
Domingo 8 de junio de 2014, p. 2

Bastaron tres horas de una asamblea ejidal en San Salvador Atenco, el pasado domingo 1º de junio, para abrir la puerta a la compra y venta de tierras que en los recientes 15 años fueron defendidas encarnizadamente por los campesinos del lugar. Una asamblea espuria y totalmente ilegal, según la califican los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que despachó en forma exprés una agenda de 11 puntos; en particular el punto siete, la gran manzana de la discordia entre los ejidatarios, fue resuelto sin debate, en 15 minutos.

Este cambio modifica el régimen de propiedad del ejido a dominio pleno, que finiquita el sistema de tierras comunitarias que se conquistó en 1922, al calor de las luchas agraristas. Se votó a mano alzada y sin boletas que despejaran dudas sobre la legitimidad de la decisión.

Este cambio remueve el impedimento legal para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los empresarios que promueven el megaproyecto Ciudad Futura compren los antiguos terrenos que están en disputa desde hace 14 años.

El FDPT no lo permitirá, adelantan en entrevista Ignacio del Valle, Hermenegildo Márquez y Martha Pérez, representantes del movimiento de resistencia campesina. Lo que sigue, informan, será una estrategia combinada: batalla legal en tribunales, para echar abajo el acuerdo y, desde luego, manifestaciones de resistencia. Es la misma lucha desde que nos enfrentamos con Vicente Fox. Ellos no quitan el dedo del renglón. Nosotros tampoco, afirma Del Valle.

–¿Vamos a volver a ver los machetes en la calle?

–Los machetes nunca los hemos guardado. Pero no son amenaza ni señal de reto. Son una advertencia: nos vamos a defender a toda costa.

–Ignacio ¿usted podía haber entrado a la asamblea, como ejidatario?

–Sí.

–¿Por qué no lo hizo?

–No se podía, el comisariado mandó poner vallas y filtros, con policías vestidos de civil portando camisetas blancas. Provocaron a nuestra gente, hubo golpeados. A muchos ejidatarios que se oponen no les permitieron la entrada. Nosotros lo que hicimos fue evitar tanto la provocación como la confrontación.

Entre las pruebas para declarar nula el acta de la citada asamblea hay videos en los que se aprecia el cerco que se formó con hombres fornidos, ajenos a la comunidad, con corte de cabello militar, que gritan: ¡Fuera, fuera!, cuando se acerca la columna del FPDT. Algunos exhiben carteles con dedicatorias cargadas de amenaza: Nacho (alusión a Ignacio del Valle) se te responsabiliza de cualquier enfrentamiento. Nacho, porro del CCH. Nacho, fuiste el culpable de los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006. América del Valle (su hija) deja de vivir a costillas del pueblo.

–¿La asamblea ejidal no tiene mecanismos para fiscalizar el padrón y la lista de asistencias?

–“Tenía –responde Márquez, quien dejó el cargo de comisariado en octubre del año pasado–; hay un comité de vigilancia, pero ahora lo controlan ellos. Si hubiéramos podido entrar habríamos exigido un pase de lista. Ahí se hubiera acabado esa asamblea espuria. Pero no pudimos”.

Añade Del Valle: Todo, todo fue ilegal. Desde el lugar que eligieron para hacer la asamblea, un salón de fiestas, propiedad de familiares de ellos. Sospechamos que metieron con anticipación a gente que no pertenece al ejido, quizá desde la noche anterior, para alcanzar el quórum en el pase de lista. Los demás votos los compraron con tarjetas Soriana y dinero en efectivo.

Los hombres del cerco llevaban una camiseta con la leyenda Paz y progreso.

Martha Pérez, avecindada en Atenco hace años y que formó parte del grupo de mujeres que asumieron el mando del FPDT cuando los hombres cayeron presos, en la ofensiva del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, comenta que para cada uno de los bandos en pugna paz y progreso significan cosas bien distintas: Para ellos es quedarse callados, acatar la línea del gobierno. A cambio reciben dádivas, porque el gobierno se aprovecha de su necesidad.

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Defender nuestra identidad como campesinos tiene sentido y vale la pena, dice Ignacio del ValleFoto María Luisa Severiano

–¿Los identifican?

–Sí. Algunos son jóvenes de los pueblos vecinos, que también vinieron en plan de provocación cuando se ordenó borrar nuestro mural de la casa ejidal en diciembre. Los conocemos. Muchos son antorchistas que anidaron en pueblos vecinos desde hace como 20 años y ahora, al frente de su dirigente Yolanda Solís, están penetrando en Atenco. Identificamos a muchos policías municipales vestidos de civil y empleados del ayuntamiento.

Es de suponer que en las filas de los promotores de la venta de terrenos tenían bien medidas las fuerzas del FPDT. Desde hace semanas, Trinidad Ramírez, esposa de Del Valle, mantiene cerca del lavadero de su patio una libretita donde lleva una bitácora de los sobrevuelos de helicópteros, el patrullaje de policías estatales y federales, militares y hasta marinos que mantuvieron al pueblo bajo estrecha vigilancia los días previos. Otros ojos y oídos llevan similar registro de quien entra y sale de casa de los Del Valle, que se ha convertido en centro de operaciones del FPDT desde que perdieron la casa de cultura que les arrebató el presidente municipal Idelfonso Vega Silva.

Al alcalde lo responsabilizan: Él estuvo detrás de todo esto. Se la ha pasado promoviendo la idea de que nosotros somos salvajes, violentos y que nos oponemos a todo. Y claro que nos oponemos a la venta de la tierra. No nos hemos equivocado, dice Del Valle.

Martha Pérez sostiene que el cambio de régimen legal de las tierras ejidales no sólo afecta a los ejidatarios, sino a todos los demás. Ya vimos la maqueta del proyecto de Ciudad Futura. En Internet se ve bonita. Pero para nosotros es una invasión, un cambio de vida que no queremos, con esos condominios gigantes, esos centros de negocios. Hay que recordar que todo eso antes era un lago que fue desecado a propósito. Y nuestros abuelos, nuestros antecesores, supieron sacar provecho de ese desastre. Con mucho esfuerzo trabajaron y convirtieron esas tierras en una zona fértil, muy hermosa. Ciudad Futura habla ahora de un sistema de lagos, pero no naturales, sino con aguas de desechos del Distrito Federal, aguas tratadas. ¿No es absurdo? Y frente a todo esto, ¿dónde quedamos nosotros, la gente?.

Por lo pronto, los atenquenses contrarios a la venta de terrenos se preparan para lo que llaman la batalla legal. Paradójico, porque entre ellos hay profunda desconfianza a las instancias legales desde que las policías estatal y federal invadieron violentamente el pueblo, con un saldo de dos jóvenes muertos; detuvieron a cientos de personas, los torturaron, violaron a casi todas las mujeres arrestadas y sentenciaron a más de 100 años a sus principales dirigentes, en un fallo legal que fue revertido después de cuatro años.

Tenemos muchos elementos para anular lo que se hizo en la asamblea, para echar todo esto abajo. Sabemos que visitadores de la Procuraduría Agraria han estado promoviendo la compra de terrenos y aun así vamos a ir con ellos a donde sea necesario. Vamos a ir a los tribunales. Nosotros siempre hemos agotado la parte jurídica, aunque la ley en muchos momentos nos ha decepcionado, comenta Del Valle.

Ni Del Valle ni Hermengildo Márquez viven exclusivamente de la tierra. Pero ellos y sus familias se sienten y viven como campesinos.

Hermenegildo tiene una hectárea. Hace dos meses sembró espárrago en convenio con una empresa para exportar a Estados Unidos. Ya la planta está grande, en dos meses va a empezar a producir y es un proyecto que tengo a 10 años. No lo voy a dejar.

Ignacio se ha retrasado en la siembra. En su terreno el pozo fue clausurado; ahora depende de las lluvias. En estos días va a sembrar maíz; a fin de mes, cebada.

“Sembramos –concluye– para que la gente que ha caído en el desánimo vea que defender la tierra, defender nuestra identidad como campesinos, sí tiene sentido. Y vale mucho la pena”.

En El Charco se asesinó a la gente rendida y desarmada, narra uno de los sobrevivientes


Marchan policías comunitarios, mineros de Taxco en huelga y miembros de Me’phaá

No había luz y ya la pusieron, pero la extrema pobreza sigue, señala Efrén Chávez

Sergio Ocampo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 8 de junio de 2014, p. 15
El Charco, Gro., 7 de junio.

Policías comunitarios de una de las fracciones de la Casa de El Paraíso, encabezados por Eliseo Villar Castillo, mineros de Taxco en huelga y miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaá (tlapanecos), con Obtilia Eugenio Manuel a la cabeza, marcharon por primera vez para recordar la masacre de 11 personas ocurrida el 7 de junio de 1998 en esta comunidad, ubicada a 20 kilómetros de Ayutla de los Libres.

Al frente de la marcha indígenas mixtecas con vistosos vestidos portaban una manta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), en la que se pide la libertad de sus compañeros presos –aunque no se mencionó el nombre de ninguno. Parecía que había fiesta porque las mujeres iban impecables, los niños bañados y hasta un carro de helados se apareció por allí.

Efrén Chávez Cortés, sobreviviente de la matanza, quien estuvo preso por sus supuestos vínculos con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), señaló: “En El Charco no ha cambiado nada en 16 años, sigue la misma pobreza, el abandono de los pueblos indígenas mixtecos y, lo peor, el gobernador Ángel Aguirre Rivero dividió a la CRAC-PC. En conclusión, no ha habido justicia.

Lo único que cambió es la situación de partido. Aguirre Rivero es de la vieja guardia del PRI (ahora gobierna por el PRD) y él está utilizando las diferencias que hay al interior de las organizaciones sociales. Al interior de la CRAC, el gobierno no debería de entrar, porque debe permitir que los pueblos decidan, porque es un proyecto del pueblo, recalcó.
Dijo que en El Charco ha habido solamente cambios cosméticos: no había luz y ya pusieron, pero la extrema pobreza sigue; tampoco apoyó a las viudas de los sobrevivientes, no hizo nada. El gobierno solo da puros paliativos, no hay una estrategia de desarrollo en las comunidades.

Advirtió que la demanda central es que se haga justicia, porque el caso ya se llevó a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la ejecución sumaria de los compañeros, porque ya se habían rendido. Aquí se asesinó a la gente rendida y desarmada.

José Rosario Marroquín, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quien ofició la misa a la memoria de las 11 personas ejecutadas ese día, entre ellas un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, opinó:

Impera la impunidad en este caso, no hay ninguna acción, sólo dos o tres acciones espectaculares, pero al final de cuentas no hay nada, a pesar de que se ha exigido justicia desde hace varios años, no hay nada para esclarecer los hechos, no hay la voluntad del gobierno para hacerlo.

Lo más grave de todo es que en términos de justicia para los pueblos indígenas no ha habido ningún avance, solo hacen algunas obras de relumbrón para dar la impresión de que las cosas han cambiado para los pueblos, pero hablamos de educación, salud y vivienda, pero no hay planes gubernamentales acordados con pueblos, como es el caso de su autonomía y de su sistema de seguridad y educación, que el mismo gobierno no ha respetado ese derecho.

Piden ayuda para viudas

Eustolia Castro Ramírez, esposa de José Rivera Morales, uno de los que murieron ese día, comentó: Estamos iguales, en algunas comunidades se hacen obras, pero aquí en El Charco, donde murió uno de los 11 compañeros, no hicieron nada, no hay justicia, queremos que se haga indemnización conforme a la ley y los parámetros internacionales. Muchas compañeras quedaron viudas, “algunas hasta con 12 hijos, en total hay más de 42 huérfanos que no reciben ningún tipo de ayuda, es algo muy difícil para nosotras.

Dijo que el 13 de junio de 1998 su esposo iba a cumplir 23 años. Poco antes ella había quedado embazada “y ahora tengo una niña.

Hoy en nuestras comunidades demandamos que el gobierno respete nuestros derechos como indígenas, y que respete nuestros métodos de seguridad, como el caso de la policía comunitaria. Ya el gobierno detuvo a varios de nuestros compañeros, los acusan ahora de tener armas de alto poder, y eso no es cierto, queremos que el gobierno respete nuestros derechos.

Desapariciones forzadas persisten en este sexenio



Fernando Camacho Servín
 Periódico La Jornada
Domingo 8 de junio de 2014, p. 14

Aunque se les relacionó con el sexenio de Felipe Calderón, las desapariciones forzadas siguen ocurriendo en el actual gobierno, como lo demuestra el caso de Alejandro Copilli Benítez Galicia, un joven taxista que el 30 de septiembre del año pasado fue detenido en un retén de diversos cuerpos de seguridad a las afueras de la comunidad de Cardel, Veracruz, sin que hasta la fecha se haya vuelto a saber de él.

Su padre, Hugo Benítez Pulido, explicó en entrevista que los llamados levantones han continuado sin freno en esta zona, sobre todo contra hombres jóvenes, lo que muchas personas se explican como una suerte de reclutamiento forzoso por parte de los grupos del crimen organizado, con la complicidad de las fuerzas armadas y las policías.

El 30 de septiembre de 2013 desapareció mi hijo, Alejandro Copilli Benítez Galicia, de 32 años. Trabajaba un taxi y lo detuvieron en un retén a las afueras de Cardel, rumbo a Jalapa. Dicen las personas que pasaron por ahí que lo hicieron agentes de varios cuerpos de seguridad, incluida la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la estatal, indicó.

Luego de que un compañero del joven le pidiera a otro taxista que le avisara a sus padres sobre la detención, éstos fueron a buscarlos en todas las dependencias policiacas, en la Procuraduría General de la República y con el Ejército, pero todos nos dijeron que no había habido ningún operativo, aunque varios periódicos locales informaron que el retén sí había tenido lugar, explicó.

Interpusimos una denuncia, un amparo, pero no nos han dado respuesta de nada. Realmente no han investigado, simplemente nos dicen que no hay información. Hemos tenido reuniones con el gobernador (Javier Duarte), que creó una fiscalía especial para personas desaparecidas, pero ya nunca nos dijeron en qué va el caso, reclamó.

Luego de sufrir la desaparición de su hijo, Benítez Pulido se enteró de que otros jóvenes también fueron víctimas de este mismo delito, incluido el testigo del momento en que Alejandro Copilli fue detenido. Se oye mucho el rumor de que están reclutando a estos muchachos para llevárselos a trabajar con la delincuencia organizada, entregados por la misma policía. En una comunidad cercana a Cardel, que se llama Rinconada, los lugareños dicen que hace uno o dos años se perdió casi una generación entera de jóvenes, denunció.

Tras señalar que las familias de las víctimas son estigmatizadas, la gente empieza a ver mal, diciendo que por algo se los llevaron (a sus hijos), Hugo Benítez dice que no puede creerle al Ejército y la Marina cuando se deslindan de las desapariciones, diciendo que los criminales se hacen pasar por ellos.

No me parece creíble. Como dice una señora de Orizaba a la que le quitaron a su hija: ¿tienen tantas patrullas clonadas?, ¿se pueden pasear por el centro del pueblo sin que nadie se dé cuenta? Y si se dan cuentan, entonces es colusión. Esto no tiene vuelta de hoja.

La Arquidiócesis de SLP defendió a cura acusado de violación y asesinato


Condenado a 33 años de prisión fue liberado por 
un amparo otorgado por la SCJN

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El sacerdote salesiano José Carlos Contreras Rodríguez, sentenciado a 33 años de prisión, fue liberado por la SCJNFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez

Especial para la La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 8 de junio de 2014, p. 14
San Luis Potosí, 7 de junio.

El abogado de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Armando Martínez Gómez, quien lleva el caso del sacerdote acusado de pederastia, Eduardo Córdova Bautista, suspendido definitivamente por el Vaticano, ha defendido a otros sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores, como el salesiano José Carlos Contreras Rodríguez, a quien incluso logró que se le liberara a pesar de estar condenado a 33 años de prisión por la violación y asesinato de una menor.

Con base en el expediente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este caso, al que ha tenido acceso La Jornada, la operación de la jerarquía católica potosina buscó siempre liberar al sacerdote Contreras Rodríguez, actuación coherente con la negativa de la institución a proporcionar información al Ministerio Público para localizar al sacerdote Córdova Bautista, investigado por el abuso sexual de más de 20 menores.

En aquella ocasión el sacerdote Contreras Rodríguez fue condenado a 33 años de prisión por la juez sexta del penal, Juana María Castillo, por violar y asesinar de manera brutal a Itzachel Shantal González López, de 16 años, alumna del Instituto Salesiano Carlos Gómez, lugar donde fue encontrado su cadáver el 20 de octubre de 2007.

El sacerdote defendido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí pasó sólo cuatro años en prisión, ya que el abogado Martínez Gómez, interpuso un recurso solicitando un amparo directo bajo el expediente 78/2012 para impugnar la sentencia definitiva y la eliminación de la sanción pecuniaria por el monto de 26 mil 180 pesos y 138 mil 992 pesos por concepto de reparación del daño.

Fueron el ministro ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y su secretario Javier Mijangos y González, los que finalmente liberaron al sacerdote acusado de violación y asesinato el 21 de agosto del año pasado. Ambos también determinaron la libertad de la francesa Florence Cassez.

Sin embargo, el ministro José Ramón Cossío Díaz, emitió un voto particular en contra por considerar errónea la decisión de la SCJN: No comparto la decisión de la mayoría, porque me parece que no se cumple con los parámetros determinados por esta primera sala para verificar con exhaustividad la legalidad de la sentencia penal que se reclama y, además, considero que no se realizó un estudio completo de todas las pruebas.
Crimen sin castigo

Itzachel Shantal era alumna de bachillerato del Instituto Salesiano y el día de su asesinato acudió al plantel para entrenar con el grupo de porristas al que pertenecía. No volvió a su casa.

La menor fue reportada extraviada por su familia y dos días después fue encontrada en el aula audiovisual del colegio que estaba en remodelación. Algunos albañiles y personal de intendencia encontraron el cuerpo de Itzachel Shantal oculto bajo una colchoneta cubierta de escombros. Los reportes forenses señalan que estaba sin vida desde hacía 42 horas. La autopsia determinó que fue violada y estrangulada.

La investigación del homicidio duró dos años y el sacerdote José Carlos Contreras Rodríguez, director de la primaria, fue detenido en 2009, ya que era el único que se encontraba en el edificio donde ocurrió el asesinato.

Durante la investigación el sacerdote contó con el apoyo no solo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, sino también de la Procuraduría General de Justicia del Estado, según denunció el investigador policial Julio Ceballos, quien acusó de encubrimiento al ex gobernador Marcelo de los Santos, al entonces director general de Seguridad Pública Municipal, Luis Gerardo Olvera, quien supuestamente maquilló la escena del crimen para retirar la evidencia; al entonces procurador del estado, Martín Camberos Hernández, y al ex director de averiguaciones previas, Héctor Vega Robles.

En cuanto el sacerdote fue detenido, la Arquidiócesis de San Luis Potosí y la orden Salesiana organizaron manifestaciones y actos públicos de apoyo, exigiendo su liberación, ya que consideraron que el proceso en su contra era sólo inventos con galimatías jurídicas.

Durante cuatro años de reclusión, el sacerdote Contreras Rodríguez recibió el apoyo permanente de la arquidiócesis y del abogado Martínez Gómez, quien inició una estrategia jurídica con el propósito de lograr su liberación.

El expediente judicial incluye más de 600 declaraciones recopiladas entre familiares, amigos, padres de familia y maestros del colegio y de la comunidad salesiana, pero el proceso de investigación no avanzaba y fue hasta la entrada de un nuevo gobierno cuando las cosas cambiaron, particularmente porque el abogado del Instituto Salesiano, Cándido Ochoa Rojas, se convirtió en procurador y dio a conocer que desde hacía meses tenían una orden de aprehensión contra el sacerdote Contreras Rodríguez, quien fue detenido, sometido a proceso y sentenciado.

Sin parámetro de exigencia

La defensa del abogado Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México y del Consejo de Analistas Católicos de México, al lado de Jorge Serrano Limón, dirigente de Provida, y Paola Villela, de la organización Yo Influyo, cuya labor en la promoción de la defensa de la jerarquía católica fue definitiva para la liberación del sacerdote salesiano.

La primera sala de la SCJN determinó finalmente que las pruebas que presentó la Procuraduría General de Justicia del Estado se basaron en indicios fuera de lógica y carentes de sentido común, y mantuvieron en prisión durante cuatro años al sacerdote en el Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila.

Sin embargo, el ministro José R. Cossío Díaz argumenta en su voto particular que el amparo concedido al acusado no cumplió con el referido parámetro de exigencia que la primera sala ha impuesto para la resolución de un juicio de amparo directo en materia penal.

El estudio de la legalidad es incompleto. Lo anterior porque en la sentencia no se reflejó la revisión integral y total de las pruebas incorporadas a la causa penal, dice el texto del voto particular al que ha tenido acceso La Jornada.

Y añade: En la sentencia, se realizó una narrativa parcial y segmentada de un conjunto de pruebas; sin embargo, no se narraron todos los elementos probatorios (mas de 50 elementos) que tuvo en cuenta la autoridad responsable para dictar la sentencia definitiva reclamada.

El ministro Cossío Díaz señala en su voto particular que para cumplir los requisitos de la legalidad indispensables en un juicio de amparo directo, en el que se advierte una violación a las reglas para valorar las pruebas, el tribunal de amparo debió analizar cada una de estas pruebas de forma individual e integra.

Me parece que en la sentencia de amparo no existe un análisis exhaustivo de los medios de prueba, pues de los 296 medios de prueba que se transcriben en la sentencia reclamada, sólo se confrontan alguno de ellos.

No es el único caso donde la jerarquía católica mexicana decide defender a sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores. El abogado Martínez Gómez también ha defendido al cura pederasta Nicolás Aguilar, por el cual se denunció al cardenal Norberto Rivera Carrera por conspiración a la pederastia ante la Corte Superior de California.

También defendió al sacerdote marista Carlos González González, acusado por cuatro niñas de la primaria del Instituto Potosino de abusos sexuales, y al sacerdote Noé Trujillo, adscrito a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, detenido por elementos de la Policía Ministerial por la denuncia de la madre de una adolescente de 14 años, a quien con engaños llevó a un despoblado y la violó.

6 jun 2014

Condena a muerte, decisión de Liconsa de bajar a 72 mil litros compra diaria de leche

Lo hace cuando Sedesol anuncia ampliación de beneficiarios: ganaderos

Matilde Pérez U.
 Periódico La Jornada
Viernes 6 de junio de 2014, p. 41
 
Liconsa dejará de comprar 40 por ciento de los 700 millones de litros anuales de leche pactados con productores de 12 estados, en una decisión intempestiva e inexplicable, porque la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informó que este año abrió mil 350 nuevas lecherías y amplió en 2.5 millones el padrón de beneficiarios, dijo Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche.

Entrevistado vía telefónica, comentó que ante el conflicto que genera la decisión de Liconsa, trató de comunicarse con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, y con el director de Ganadería, Francisco García Treviño, pero no tuvo respuesta.

Esta determinación es una condena a muerte al sector ganadero de leche; ya no llegaremos a los foros de consulta para la reforma del campo, señaló.

Informó que en Aguascalientes, los productores regalaron ayer 12 mil litros en la explanada situada frente al Congreso del estado y derramaron 60 mil en las carreteras de entrada a la ciudad, en protesta por el súbito aviso de Liconsa de reducir las compras de 125 mil a 72 mil litros a diario, lo que implica que dejarán de recibir cerca de medio millón de pesos y el sacrificio de 3 mil vacas si no logran venderlas antes de este sábado.

Medidas similares se llevarán a cabo en Chihuahua, Puebla, Veracruz, entre otras entidades, donde la decisión de Liconsa deja en el abandono a los productores lecheros del sector social, quienes, como los de Aguascalientes, tendrán que buscar colocar el lácteo a menos de la mitad de lo que pagaba Liconsa por cada litro (de 6.20 pesos).

El anuncio de Liconsa es una violación al compromiso y contrato debidamente establecidos entre empresa y 10 mil productores pequeños y medianos. Además, lo hace en el momento en que se espera un aumento importante en los índices de producción por abundancia de forrajes verdes y procesados, dijo.

Destacó que los ganaderos lecheros del sector social se han esforzado para alcanzar la autosuficiencia del lácteo y la respuesta de Linconsa parece un castigo a la eficiencia; es una medida arbitraria que va en contra de las organizaciones sociales y de los productores.

Peña Nieto institucionaliza el deterioro del entorno, considera Greenpeace

La reforma energética privilegia explotación de combustibles fósiles

 
Arturo Sánchez Jiménez
 Periódico La Jornada
Viernes 6 de junio de 2014, p. 40
 
Cuando permite que los ecosistemas y su riqueza natural se usen como moneda de cambio para privilegiar el interés económico de unos cuantos frente al derecho a un medio ambiente sano para todos los mexicanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto institucionaliza el deterioro del entorno señaló Greenpeace en el Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemoró ayer.

A la fecha, se ha acumulado una larga lista de ejemplos que demuestran cómo, a costa de un supuesto desarrollo económico de corto plazo, se está minimizando el impacto al entorno en el impulso de desarrollos industriales, turísticos y urbanos, puntualizó Greenpeace en un comunicado.

En un recuento de los saldos ecológicos y económicos que han dejado las políticas impulsadas por la administración federal, la organización recordó que a principios el año el Inegi dio a conocer que el costo económico por los daños ambientales en 2012 fue de 985 mil 64 millones de pesos.

Indicó que aunque 68 por ciento de la población mexicana es vulnerable a los efectos del cambio climático, en diciembre pasado se aprobó una reforma energética en la que se privilegió la mayor explotación de combustibles fósiles, que aumenta la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). También mantiene la explotación de aguas profundas en el Golfo de México, la cual está considerada en los 14 proyectos de energía sucia que están llevando al mundo a rebasar el umbral de GEI para mantener la variación de la temperatura del planeta debajo de 2°C.

Asimismo, dijo, la reforma energética promueve la explotación de gas shale, que se obtiene por medio de la técnica del fracking, que implica el desperdicio y contaminación de miles de litros de agua en estados afectados por sequías prolongadas, como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

De acuerdo con Greenpeace, el gobierno mexicano está lejos de lograr la protección de ecosistemas que brindan grandes servicios ambientales. En la lógica de ganar inversiones se han puesto en riesgo áreas naturales protegidas. como Cabo Pulmo, en Baja California Sur, donde se pretendía construir un megaproyecto de turismo depredador. Un escenario similar se presenta ahora en Holbox, Quintana Roo, donde se busca construir el complejo La Ensenada, a costa de sacrificar una de las zonas mejor conservadas de la reserva Yum Balam.

Asimismo, señaló que tampoco se han tomado medidas contundentes para evitar la deforestación en el país y promover el uso sustentable de los bosques, ni ha existido la determinación de cerrar la puerta del campo mexicano a las grandes transnacionales de la agroindustria que pretenden construir un gran monopolio para la comercialización del maíz transgénico.

Campesinos se unen en defensa de la propiedad social


Matilde Pérez U.
 Periódico La Jornada
Viernes 6 de junio de 2014, p. 41
 
Más de una veintena de agrupaciones campesinas del Congreso Agrario Permanente y del las inercias generadas por los gobiernos neoliberales, cuyos compromisos están ligados al mercado internacional, y defender legal y pacíficamente la propiedad social, pues genera más de 80 por ciento de los alimentos en el país.
Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras acordaron actuar contra

En conferencia de prensa, en la que dieron a conocer su acuerdo de defensa de la agricultura familiar campesina, advirtieron que si en la actual coyuntura de convocatoria presidencial para la reforma profunda del campo se impone el autoritarismo, con dignidad pasaremos a la resistencia y la reivindicación de nuestros derechos políticos y sociales, mediante la movilización.

Sostuvieron que no ocurrirá como con la reforma educativa, cuyas movilizaciones de protesta se llevaron a cabo después de que se aprobó.

Foros y movilización nacional

Destacaron que confían en el compromiso presidencial de no trastocar legalmente los ejidos y comunidades, pero hay vicios autoritarios, dijeron en referencia a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que siguen impidiendo a los campesinos decidir democráticamente el diseño de la política pública del sector agropecuario.

Por ello, demandaron medidas drásticas y urgentes para corregir el proceso de reforma para el campo. Puntualizaron que no dejarán de asistir a los foros nacionales, estatales y regionales convocados por la Sagarpa, pero sin caer en una participación testimonial. Anunciaron que llevarán a cabo sus propios foros para lograr la reforma que necesitamos.

El primero de ellos se llevará a cabo en Torreón, Coahuila, el 7 del mes en curso; el día 10 habrá uno en la ciudad de México; en Oaxaca se realizará el 21 y en Guanajuato el día 28. También llevarán a cabo un encuentro con académicos, artistas y representantes de la sociedad civil el día 24, cuyo proceso culminará con una movilización nacional en los estados y el DF.

Con ello buscamos revertir la manipulación y el control del gobierno en la discusión de la reforma para el campo, así como las inconsistencias y la descoordinación que predominan en los foros convocados por la Sagarpa.

Agregaron que sus acciones tienen también como objetivo frenar las tentaciones represivas de funcionarios, así como detener y erradicar la criminalización de la lucha social.

3 jun 2014

Reporte del Centro ProDH




*Ejército y Marina podrán utilizar cualquier objeto en defensa propia; no se precisan parámetros que considerarían su uso “proporcional y racional”
Por Olivia Vázquez Herrera
Imagen retomada de California MediosImagen retomada de California Medios
México, DF, 2 de junio. El 30 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas, donde se establecen los parámetros y circunstancias en que efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina pueden hacer uso de la fuerza pública, “observando siempre un irrestricto respeto a los derechos humanos”.
El manual establece que el uso de la fuerza comprende “tácticas, métodos y armamento, que realiza el personal de las fuerzas armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”. No obstante, no detalla qué tipos de actos entran en cada tipo de resistencia, la cual es definida como aquellos actos u omisiones —ya sea con o sin violencia,  amenazas o agresiones— de personas que se niegan a obedecer órdenes dadas por personal de las fuerzas armadas.
Respecto al uso de armas, éstas son catalogadas en tres tipos: Contundentes, improvisadas y de fuego. Las primeras pueden ser cualquier objeto “de consistencia dura de bordes obtusos no cortantes o cosa manipulada que al impactarse en el cuerpo humano, actúa como agente contundente”, como toletes y bastones policiales. Las segundas son “cualquier objeto, herramienta o accesorio que es usado como arma de manera proporcional y racional”. Las terceras comprenden todas aquellas estipuladas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Sin embargo, en la primera y segunda categoría, existe la posibilidad de que cualquier objeto sea utilizado por los efectivos de la Sedena o la Secretaría de Marina (Semar). Asimismo, en la redacción no se precisan los parámetros en que se consideraría que el uso fue “de manera proporcional y racional”.
De igual forma, el manual señala que el uso indebido de la fuerza por parte de dicho personal será sancionado cuando se apliquen técnicas de defensa que restrinjan la respiración, cuando se dispare desde o hacia vehículos en movimiento o a través de ventanas, paredes u otro obstáculo hacia objetivos que no estén plenamente identificados, o bien, cuando exista riesgo inminente hacia terceros.
El documento precisa también que durante el desempeño de sus funciones y en los casos en que sea “necesario” el uso de la fuerza en legítima defensa, los servidores deben evitar cometer conductas como homicidios, detenciones arbitrarias, incomunicación, cateos y visitas domiciliarias ilegales, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual, desapariciones forzadas, entre otros. En el caso de las detenciones legales, el escrito prohíbe estrictamente utilizar instalaciones militares como centros de detención o retención.
En este contexto, organizaciones civiles han documentado diversas violaciones a los derechos humanos de personas civiles por parte de elementos adscritos al Ejército y la Marina; como el caso de Rosendo Radilla, quien fue detenido y desaparecido por militares en 1974 y el de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel (campesinos ecologistas), detenidos y torturados por efectivos del Ejército en 1999.
Asimismo, destacan los casos de detención y tortura sexual en contra de mujeres, como el de la veracruzanaClaudia Medina Tamariz, quien fue retenida ilegalmente en una base naval, torturada física y sexualmente en 2012, por integrantes de la Semar; el de las mujeres indígenas mepha’a Inés Fernández y Valentina Rosendo, torturadas sexualmente por militares en 2002 y el de Miriam López, quien en 2011, fue detenida y torturada sexualmente por militares en Baja California.

Jun 03, 2014 08:50 am | Sididh_master

*Comuneros opositores han recibido ataques, detenciones y órdenes de aprehensión infundadas
Imagen retomada de SipazImagen retomada de Sipaz
México, DF, 2 de junio 14. El Consejo de Ejidos y Comuneros Opositores a la Parota (CECOP), del estado de Guerrero denunciaron mediante un comunicado que el gobierno estatal está presionando, más que en años anteriores, para que se realice el proyecto de la presa hidroeléctrica de La Parota.
El proyecto hidroeléctrico se ubica en la cuenca del río Papagayo, en territorio de los municipios Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero y Tecoanapa, del estado de Guerrero, y desde hace 14 años el gobierno pretende “a toda costa” realizar el proyecto, por encima de los derechos de las y los campesinos.
La CECOP denunció que hay mucho dinero de por medio, y que por ello han sufrido represalias, como asaltos a sus casas por parte de militares y atentados contra el vocero de la agrupación, quien actualmente tiene 14 órdenes de aprehensión.
Asimismo, hay otras 80 personas integrantes del Consejo que también cuentan con órdenes de aprehensión listas para ejecutarse, en donde se les imputan delitos infundados y absurdos como: despojo, secuestro, robo y tentativa de homicidio.
Destacaron que actualmente uno de los integrantes de la CECOP se encuentra en recuperación después de un disparo que recibió en la cara; otro integrante se encuentra detenido en el Cereso de Acapulco, desde el pasado jueves 29 de mayo, acusado de tentativa de homicidio, junto con otros ocho compañeros, a quienes se les imputa que por ser parte de la Policía Comunitaria “intentaron matar” a tres personas de un pueblo.
“El gobierno intenta usar los medios de comunicación para que a los oídos de las personas que no viven en estas tierras parezca que somos criminales, cuando nuestro mayor crimen es defender la tierra, el agua y todo el medio ambiente”, puntualizaron.
Pese a este panorama adverso, quienes han recibido los ataques, las detenciones y órdenes de aprehensión manifestaron que “eso no los disuade de seguir luchando, al contrario, les da más fuerza y razones para seguir en pie con el movimiento social”.
Cabe destacar que el proyecto hidroeléctrico La Parota, fue vislumbrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a principios de los sesenta para la generación de energía eléctrica y desde entonces se comenzaron a hacer los estudios de viabilidad. Pero fue apenas a principios del siglo XXI cuando la construcción de la presa se replanteó y se anunció como uno de losmegaproyectos –fallidos– del sexenio de Vicente Fox(2000-2006).

Jun 03, 2014 08:30 am | Analisis_Prodh_NSA

Medios convencionales
Las estaciones migratorias mexicanas, en calidad de reclusorios/Animal Político 86 mil 929 migrantes fueron detenidos el año pasado en México para ser regresados a sus países de origen. 72 mil 856 eran hombres y 14 mil 073 mujeres, de los cuáles, 9 mil 893 eran menores de edad. La gran mayoría son centroamericanos que no tenían intención de quedarse en el país pero tampoco permiso para cruzarlo. Y por tanto pueden ser detenidos en cualquier momento por la Policía Federal o el Instituto Nacional de Migración.
Señalan a cinco estados por cerrazón a dialogar con la sociedad civil/Proceso Los gobiernos de Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y Puebla son los que más se cierran a establecer un diálogo con la sociedad civil. Son los gobernadores los que más se rehúsan a establecer una agenda ciudadana y se cierran a reclamos de rendición de cuentas, transparencia y seguridad.
Consideran ilegítima asamblea de Atenco/Reforma El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) calificó como ilegítima la asamblea en la que se aprobó el cambio de uso de suelo del territorio ejidal, debido a que en ésta participaron personas afines al PRI y al Gobierno federal. Trinidad Ramírez, integrante del Frente, advirtió que el Gobierno federal fue el artífice para que personas ajenas al Municipio avalaran la medida, para así proyectar la construcción de un aeropuerto. Ademas, señaló que ejidatarios nativos de Ateneo fueron dejados de lado y que en la asamblea participaron personas ajenas.
Hallan en la periferia de Acapulco el cadáver de comunicador/La Joranda El cuerpo de Jorge Torres Palacios, coordinador de comunicación social de la Dirección de Salud municipal, fue localizado la tarde de este lunes en una huerta del poblado Plan de los Amates, cerca de las playas Bonfil y Barra Vieja, a 20 kilómetros de la zona Diamante, en la periferia de Acapulco.

Exigen develar “cortina de humo” sobre desaparecidos en México/Revolución Tres Punto Cero La organización Amnistía Internacional (AI) ha considerado el tema de las desapariciones en México como un problema de magnitudes que van más allá de sólo difundir cifras, lo cual comparó con poner una “cortina de humo” en el asunto. De esta manera, AI ha exhortado, en calidad de urgente, a las autoridades mexicanas para proceder con verdadera transparencia acerca de los métodos y patrones que, se supone, son aplicados en la investigación de los casos.
Autoridades deben transparentar indagación sobre feminicidio/Cimacnoticias Amnistía Internacional (AI) pidió al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) dar a conocer a la sociedad civil el informe que elabora sobre la situación de violencia feminicida en el Estado de México, y a partir del cual se declararía la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad.
Se abre el camino para la privatización de la tierra en Atenco/Desinformémonos Se aprobó el cambio del destino de las tierras de uso común y de caminos de Atenco para parcelarlas. Así se puede adquirir el llamado Dominio Pleno, que abre el camino a la privatización. El cambio se aprobó durante la segunda asamblea ejidal el 1 de junio, calificada de “ilegal” por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Organizaciones sociales formaron el segundo cordón de paz como apoyo a los habitantes que se oponen a la desaparición del régimen ejidal -quienes pedirán la revocación de la decisión y se declararon en plantón.
Ser pueblo y ciudad/Más de 131 ¿Qué es ser un indígena? ¿Qué lo determina? ¿Quién lo determina? ¿Cuáles son las consecuencias de serlo?  Estas preguntas no son nada sencillas de responder porque en ellas se encuentra una parte del límite de demarcación de la antropología, el concepto de cultura y como éste ha determinado nuestro actuar jurídico.

Jun 03, 2014 08:06 am | Analisis_Prodh_NSA

Activistas de Greenpeace | Foto retomada de DesinformémonosActivistas de Greenpeace | Foto retomada de Desinformémonos
Desinformémonos “Nadie se salva de la represión y de la criminalización en el sexenio de Enrique Peña Nieto”, advierte Aleira Lara, coordinadora de Greenpeace México. En marzo de 2014, fueron detenidos seis integrantes de esta organización ecologista cuando desplegaron una manta en la torre de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el puerto de Veracruz, para llamar la atención sobre las energía renovables.

Jun 03, 2014 08:05 am | Analisis_Prodh_NSA

¡Ahí está el detalle!
Escuelita zapatista Escuelita zapatista
El pasado 25 de mayo el subcomandante insurgente Marcos, después de varios años, se hizo presente en el sentido homenaje a Galeano en La Realidad y afirmó categórico: Éstas serán mis últimas palabras en público antes de dejar de existir, y señaló que “se da a conocer esta decisión colectiva… Tal vez después, días, semanas, meses, años, décadas después se entienda lo que ahora decimos”. Se asumió, por tanto, que no sería tan sencillo comprender un planteamiento… Magdalena Gómez/La Jornada

Jun 03, 2014 08:00 am | Analisis_Prodh_NSA




A 5 años de la Guardería ABCA 5 años de la Guardería ABC
A cinco años de la muerte de 49 bebés durante un incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el Movimiento 5 de junio convoca a diferentes actividades que se realizarán en Hermosillo, Sonora y en el Distrito Federal.
Cuándo: De 1 al 5 de junio de 2014.
Programa de actividades Aquí

Talleres, encuentros y foros 2014 | Centro Prodh
Convocatoria Convocatoria
Propuesta educativa para el 2014. La agenda de talleres, encuentros, seminarios y foros nacionales que se llevarán a cabo durante el año 2014 con base en el contacto directo que se tiene con organizaciones civiles, movimientos, colectivos y grupos sociales que trabajan en el país, buscan responder a las necesidades expresadas por los mismos y a los temas y sujetos prioritarios del Centro Prodh.
Las actividades buscan responder a una metodología de educación popular, creando espacios de autoeducación, en el cual se reflexiona críticamente a partir de las propias experiencias, formas de vida y de lucha, para construir estrategias compartidas y de vinculación con otros actores.
¡Entérate de todas las actividades! Aquí convocatoria

Niega Minera San Xavier información sobre contaminantes


Fue solicitada por alcaldesa en SLP

Protección Civil detectó afectaciones, acusa
Vicente Juárez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 3 de junio de 2014, p. 39
San Luis Potosí, SLP, 2 de junio.

Representantes de la Minera San Xavier, que realizan labores de explotación en el municipio de Cerro de San Pedro, se niegan a informar a la alcaldesa María Rosaura Loredo Loredo sobre la supuesta contaminación en los pozos de agua que abastecen al municipio. Esperamos que, en tiempo y forma nos dé la información que solicitamos, dijo.

Comentó que representantes de la empresa aseguran que ellos no deben rendir cuentas a las autoridades municipales. Contraria a esta opinión, Rosarura Loredo señaló que nosotros como autoridad estamos obligados a responder a todas y cada una de las preguntas de los habitantes.

Sobre la contaminación de los mantos freáticos y sus efectos en la salud de la población que consume cotidianamente el agua en dicho municipio, el titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), dependiente de la Secretaría de Salud (Ssa), Erich Eduardo Neumann Ramírez, confirmó que 13 menores de la comunidad La Zapatilla, en el municipio de Cerro de San Pedro, presentan altos niveles de plomo en la sangre, según un estudio toxicológico practicado a 58 niños del lugar.

Aseguró que Minera San Xavier (MSX) no ha informado a las autoridades municipales si las fuertes lluvias que cayeron el 26 de mayo en ese municipio ocasionaron la contaminación de los mantos freáticos.
Informó que le fue girada copia de un oficio donde Protección Civil federal informa al gobernador sobre la posible contaminación de mantos acuíferos.
Neumann Ramírez aseguró que la comunidad de La Zapatilla fue afectada hace una semana también por el desborde de piletas de lixiviación con cianuro, utilizadas por la empresa MSX, en sus actividades cotidianas.
Explicó que el nivel aceptable de plomo en el organismo debe ser de 15 unidades, y que un especialista en toxicología, al evaluar los resultados, detectó que los 13 niños del poblado presentaron un poco más de 20 unidades en sangre.
“Los menores ya son atendidos con distintos medicamentos y la Coepris mantiene seguimiento de los niños para determinar su mejora ante el exceso del material.
El estudio viene a complementar lo dicho la semana pasada por la alcaldesa, quien informó que recibió un oficio de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SG), donde se le informó de la presencia de concentraciones anómalas de cianuro, enfatizó el funcionario.

Piden diputados proteger a la hija y la hermana de Nestora Salgado


Unos sicarios mataron a una mujer que viajaba con ellas


Enrique Méndez
 Periódico La Jornada
Martes 3 de junio de 2014, p. 15

Diputados de PRD y PT informaron que solicitarán medidas cautelares en favor de la hermana e hija de Nestora Salgado, debido a que ayer, mientras viajaban a la ciudad de México para ofrecer una conferencia de prensa, el autobús fue detenido por hombres armados, quienes bajaron a una de las pasajeras con rasgos similares a los de ambas mujeres y la asesinaron de cuatro balazos.

El diputado Roberto López (PRD) confirmó que no se trata de un hecho aislado porque las familiares de Nestora Salgado tienen que hacer el viaje desde Olinalá, Guerrero, a la ciudad de México y luego tomar otro autobús hacia Tepic, Nayarit, para visitarla en la prisión de máxima seguridad en la que se encuentra.

Los legisladores explicaron que la Secretaría de Gobernación debe garantizar la seguridad de los familiares de Salgado, e indicaron que exigirán su traslado a una prisión del Distrito Federal, con objeto de asegurar que cuente con las medidas adecuadas para su reclusión.

Por su parte, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) consideró ‘‘increíble’’ que a nueve meses de su detención, sin orden de aprehensión, Nestora Salgado aún no cuente con asistencia de un abogado, porque las autoridades del Centro Femenil Noreste, de Tepic, no le han permitido contacto con Emiliano Gómez Mont, quien fue contratado a través de una ONG y una universidad estadunidense.

‘‘Nadie estuvo presente cuando se le tomó la declaración, que era el momento clave en el que debería estar el cónsul (de Estados Unidos) y los abogados’’, dijo, en referencia a que Nestora Salgado tiene la nacionalidad estadunidense y el gobierno de ese país no la ha auxiliado.

Dijo que durante la visita, la ex coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá le confió que ‘‘no cree en la justicia mexicana y reclama al gobierno de Estados Unidos ejerza la acción de protección diplomática, porque las autoridades judiciales de aquí no son confiables y teme por su vida’’.

Refirió que ‘‘la detención de Salgado se realizó sin avisar al cónsul. No sólo es el derecho de asistencia consular, sino la notificación de cuando se es privado de la libertad. No importa dónde sea, debe ser de manera inmediata’’, dijo.