En 1993, Salinas ofreció a EU abrir Pemex al capital extranjero

Lo hizo en el contexto del TLCAN, revela John Dimitri Negroponte

Roberto González Amador

Enviado

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de octubre de 2010, p. 7

Toluca, Mex., 26 de octubre. En el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari ofreció a su contraparte de Estados Unidos, George Bush padre, abrir la industria petrolera mexicana a la inversión extranjera, reveló este martes John Dimitri Negroponte, entonces embajador de Washington y testigo del ofrecimiento.

Ocurrió durante una conversación que los mandatarios tuvieron en San Diego, California, en momentos en que se negociaba el TLCAN. Había testigos de ambas delegaciones, entre ellos Herminio Blanco Mendoza, jefe del equipo negociador mexicano, según reveló aquí Negroponte, un día después de que Salinas aseguró en Madrid que el acuerdo comercial no ha tenido los efectos positivos esperados.

“Hubo una conversación en San Diego. El presidente Salinas dijo: ‘¿Por qué no incluimos, o permitimos como parte del TLC, inversión extranjera en el sector energético?”’, relató Negroponte, quien aseguró haber asistido a todas las pláticas que tuvieron durante sus mandatos los presidentes Carlos Salinas y George Bush padre.

Herminio Blanco estaba presente y él se acuerda muy bien de esa historia, señaló Negroponte, quien ha sido subsecretario de Estado, director de la agencia de inteligencia de Estados Unidos y embajador en México entre 1989 y 1993. El diplomático participó aquí en el foro México, cumbre de negocios, que concluyó este martes.

El artículo 27 de la Constitución reserva al Estado la exclusividad en la explotación de los recursos energéticos, entre ellos, el petróleo. Durante el proceso de negociación del acuerdo, que concluyó en noviembre de 1993 cuando el Congreso estadunidense aprobó el TLCAN entre Estados Unidos, Canadá y México, la administración salinista siempre rechazó que el petróleo mexicano hubiera estado sobre la mesa. El acuerdo entró en vigor el primero de enero de 1994.

John Dimitri Negroponte, en TolucaFoto Cristina Rodríguez

Carlos Salinas de Gortari, en MadridFoto Notimex

Negroponte relató que, después de que Salinas hizo la oferta de abrir la industria petrolera a la inversión extranjera, yo intervine y expliqué al presidente Bush las dificultades políticas de México para cambiar o modificar su política energética.

Abundó: (Le dije) que incluso hay una festividad que recuerda la expropiación petrolera (de 1938) y que era una cuestión muy seria que se pensara en incluir este tema; no había las condiciones políticas necesarias y la producción petrolera de México en ese momento era alta. Quizá este rubro podría mencionarse nuevamente en el futuro y reconsiderarse, pero en ese momento no era posible.

En el mismo panel en que Negroponte hizo la revelación participó Andrés Rozental, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores entre 1988 y 1994, el periodo de gobierno de Carlos Salinas.

En declaraciones a la prensa, Negroponte abundó sobre la eventual ampliación al área energética del TLCAN. Es algo delicado y muy político. Cuando en México haya más importación que exportación de petróleo quizá haya una discusión interna sobre cómo enfrentar el problema. Por el momento, nosotros tenemos que respetar que éste es un tema que los mexicanos tienen que discutir antes de abordar la cuestión en un plano bilateral, concluyó.

Molinar Horcasitas insiste en su campaña para proteger la licitación 21 y a Nextel

Durante su comparecencia protagonizó un enfrentamiento verbal con Fernández Noroña

Reitera ante senadores y diputados que la telefónica puede explotar sola el espectro que se le cedió

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de octubre de 2010, p. 13

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, defendió ayer ante senadores y diputados la legalidad de la licitación 21, en favor de Televisa y Nextel, y resaltó que la telefónica puede hacerse cargo de la explotación del espectro radioeléctrico que se le cedió.

Primero en la Cámara de Senadores y luego en la de Diputados, Molinar Horcasitas rechazó la demanda de legisladores de reponer el proceso por las dudas que generó. Hacerlo, argumentó, sería un error, una mala política pública y un acto ilegal, al afectar a particulares que ya generaron derechos.

Sostuvo que Nextel tiene los recursos y es una empresa muy grande a escala mundial, y si no cumple con su compromiso, perderá los 15 mil millones de pesos que ya invirtió.

Por la noche, la comparecencia en la Comisión de Comunicaciones concluyó al inicio de la segunda ronda de preguntas y respuestas, luego de un enfrentamiento verbal entre el funcionario y el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), quien sostuvo que Felipe Calderón se robó la Presidencia.

Molinar respondió que el gobierno legítimo de los Estados Unidos Mexicanos es el de Calderón. Usted no puede aceptar que la mayoría votó por Felipe Calderón. Y por más que repita su mantra, no se va a realizar. Los hechos son los hechos, expresó el funcionario.

¡Te vas a arrepentir hasta la última de tus palabras!

Desde su curul, en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, el petista exclamó: ¡Te vas a arrepentir hasta la última de tus palabras!

Y después de que Molinar Horcasitas aseguró que para él no ha sido negocio la licitación 21, porque su salario le alcanza apenas para llegar a la quincena, el legislador le dijo, desde la tribuna: Se necesita ser un cínico para aceptarle trabajo a un borrachín, a un tipo que tiene una calidad tan ínfima para tener la Presidencia.

El diputado del Partido del Trabajo sostuvo que hay tres funcionarios que son una vergüenza mayor que Calderón: Molinar Horcasitas, Genaro García Luna y Javier Lozano. Son de un cinismo, de una desvergüenza, de una mala entraña abominable. Ustedes deberían estar todos en la cárcel.

Molinar Horcasitas se levantó para abandonar el salón, y el petista insistió, mientras golpeaba la tribuna con la palma derecha: “¡Es un alcohólico, un irresponsable, un asesino que tiene al país patas pa’ arriba y bañado en sangre”. El presidente de la comisión, Adán Ignacio Rubí (PRI), convenció a Molinar Horcasitas de regresar, pero finalmente decidió levantar la sesión por falta de condiciones.

El titular de la SCT sostuvo, en entrevista, que Fernández Noroña rompió los parámetros fundamentales de decencia y respeto, está peleado hasta con él.

Al mediodía, al comparecer ante integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, sostuvo que la salida de Televisa no afecta el proceso, ya que Nextel puede operar sola la concesión en torno a la banda de 1.7 gigaherts para telefonía móvil.

Pese a las críticas, Molinar Horcasitas adelantó que abrirán nuevos concursos en torno a esa banda, de la que aún quedan disponibles 60 megahertez: 30 que no se incluyeron en la licitación 21 y 30 que quedaron desiertas.

Reveló también que Televisa dejó abierta la posibilidad de incursionar en otro momento en el mercado de la telefonía móvil, ya sea con Nextel o mediante otros mecanismos. Insistió en que no hubo irregularidades en la licitación 21, que se otorgó al consorcio televisivo de Emilio Azcárraga y a Nextel, y que el proceso se ajustó a derecho.

Al respecto, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, le señaló que forma parte de los funcionarios que se autoengañan y acuden a un disimulo mayúsculo, y le preguntó cómo puede pensar en nuevas licitaciones del espectro radioeléctrico cuando la licitación 21 se litiga por la vía jurisdiccional.

El petista recalcó además que el sector telecomunicaciones es un completo desorden y le pidió considerar si debe seguir al frente del SCT, ya que en lugar de hacer cumplir la ley busca ventanillas de oportunidad para violarla en beneficio de particulares.

El senador del Verde Ecologista, Javier Orozco Gómez, advirtió que hay rezago en la liberación del espectro y muchos litigios.

De su posible renuncia, Molina Horcasitas no dijo nada, pero desestimó los recursos judiciales que enfrenta. Sostuvo que los litigios no empezaron con él y que aunque enfrenta 70 demandas en la actualidad, son de una persona.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Amira Gómez le pidió precisar las consecuencias del retiro de Televisa de su asociación con Nextel, y Molinar Horcasitas le respondido que ninguna, ya que la licitación no dependía de que la televisora estuviera en el mercado.

Reprueban ONG cambio a fuero castrense

Ciro Pérez, Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de octubre de 2010, p. 16

Organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron de dolosa, incompleta e inconsistente la propuesta del presidente Felipe Calderón en materia de fuero militar, ya que, aseguraron, atenta contra el régimen democrático y quebranta el estado de derecho.

Durante el foro Diálogos por el fuero militar, el padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, tildó la iniciativa de inconsistente con las obligaciones del Estado en materia de garantías básicas. Aseguró que los militares no deben seguir quebrantando el orden constitucional atentando contra el régimen democrático.

Lo que está atrás de esa propuesta es un atentado contra el régimen democrático. No es verdad que la seguridad tenga que ir encima de los valores fundamentales de nuestra nación. E hizo un llamado al pueblo de México para que se levante de manera pacífica contra las violaciones al orden constitucional con el pretexto de la lucha contra la inseguridad pública.

A su vez, Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó la exigencia de poner límites al fuero militar. Sostuvo que la impunidad es una realidad que debe ser denunciada hasta que cese.

En su oportunidad, el vicecoordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Enrique Ibarra, expresó que con dicha iniciativa, en lugar de avanzar hacia un nuevo esquema de justicia, se dejan graves lagunas en la jurisdicción civil, las cuales sentarían bases para la comisión de ciertos delitos.

No considera el Ejecutivo dar más recursos a centros de desintoxicación el año próximo

Detección y tratamiento requieren financiamiento sólido: expertos

Ángeles Cruz Martínez

Enviada

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de octubre de 2010, p. 18

Guadalajara, Jal., 26 de octubre. Los servicios de detección, tratamiento y rehabilitación de adicciones requieren financiamiento sólido y permanente, señalaron especialistas. No obstante, aunque el tema está entre los prioritarios del sector salud nacional, el aumento de 30 por ciento de recursos necesarios en el área no está contemplado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011.

La propuesta del Ejecutivo prevé una asignación de alrededor de 500 millones de pesos, similar a lo ejercido en 2010, reconoció el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova. Admitió que para multiplicar y masificar las acciones de atención a usuarios de drogas tendría que haber más dinero. El problema es que como ésta, existen otras prioridades, y los recursos del próximo año vienen acotados porque tuvimos un techo presupuestal.

Durante la inauguración del 34 Congreso Nacional de Cirugía General, el funcionario dijo que una vez que ha aumentado la infraestructura de servicios de atención a los adictos, hace falta aumentar el número de beneficiarios de los programas de detección temprana y prevención, sobre todo entre niños y adolescentes.

En la ciudad de México, durante la presentación de la colección editorial Salud y humanismo, reconoció que la Ssa carece de información sobre la operación de centros de rehabilitación, en particular de la frontera norte del país, los cuales en fechas recientes han sido blanco de la delincuencia organizada. Afirmó que hasta el año próximo se tendrá un padrón completo de los centros privados que atienden a personas con adicción a drogas.

Es importante que los mil 700 o mil 800 centros los tengamos bien catalogados para que aquellos que no garanticen el respeto a los derechos humanos o un tratamiento ortodoxo internacionalmente aceptado, corrijan o cierren, dijo.

Explicó que muchas veces, dichos centros no se dan de alta o hay un retraso en su registro, y por la insuficiente cantidad de verificadores con que cuenta la Ssa, hasta que se presentan los problemas es cuando se descubre que están operando. En el caso de la frontera, muchos de los problemas que se han dado en los centros de rehabilitación están relacionados con lucha de grupos. Incluso, tenemos información de que se registra en estos centros personas de grupos contrarios para intentar, en un momento dado, conocer más a los otros y después provocar las masacres, afirmó.

Sobre la demanda del líder del sindicato del Seguro Social, Valdemar Gutiérrez Fragoso, de garantizar protección a los médicos que laboran en estados fronterizos, Córdova se pronunció por que la seguridad en los centros de salud se incremente de manera permanente.

Con información de Ariane Díaz

"Fracaso", la estrategia antinarco

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de octubre de 2010, p. 18

Las recientes masacres en Ciudad Juárez y Tijuana demuestran el fracaso de la estrategia presidencial contra el crimen organizado, ya que a pesar de la gran cantidad de soldados y policías federales, ambas localidades siguen a merced del narcotráfico y la seguridad pública no ha mejorado en nada, coincidieron activistas de derechos humanos.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que el clima de violencia en la urbe chihuahuense es provocado tanto por el narcotráfico como por la actuación del Ejército y las corporaciones policiacas, que la han convertido en campo de batalla. Es importante señalar –dijo– que en los recientes dos años se han trasladado a la ciudad más de 7 mil soldados y 2 mil policías federales y, sin embargo, en ese periodo han ocurrido 191 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual deja claro que la estrategia del gobierno no ha sido adecuada. La violencia que hoy azota a México no es un hecho fortuito. Cobra sentido cuando el Estado busca insertarse en la economía global en función de Estados Unidos. Frente a ello, hay que insistir en las respuestas que partan del reconocimiento a la dignidad humana, afirmó.

Por su parte, Humberto Guerrero, coordinador del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, puntualizó que las matan- zas en dichas ciudades fronterizas confirman que la estrategia del gobierno federal no va por buen camino, porque ambas están altamente militarizadas, y a pesar de ello siguen ocurriendo esas tragedias.

La cuestión de fondo es que las fuerzas de seguridad ya han sido gravemente infiltradas por el crimen”, señaló.

Reporte del Centro ProDH

Organizaciones sociales exigen frenar el genocidio de jóvenes y niños en Ciudad Juárez

• Aseguran que los juvenicidios deben atenderse con una estrategia distinta a la de la política de muerte, hasta ahora adoptada por el Estado.
• Piden la intervención de la ONU e instancias internacionales.

Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del país y de Ciudad Juárez solicitaron la intervención de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer para detener el genocidio contra los jóvenes y niños en Ciudad Juárez. Responsabilizaron al Estado de la política de muerte que prevalece en las ciudades de la frontera norte del país.

En conferencia de prensa, integrantes de Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Organización Popular Independiente Ciudad Juárez, Red por la Infancia de Juárez, Ririki Intervención Social, Frente Cívico Plural, Incide Social, entre otros, asentaron que con ello buscan salvaguardar el derecho a la vida.

Integrantes de las organizaciones sociales, tras los recientes asesinatos en la colonia Horizontes del Sur en Ciudad Juárez, insistieron en que las autoridades federales, estatales y municipales no se han comprometido con el principio de no repetición de los constantes asesinatos de los jóvenes e incluso menores de edad. "Estamos frente a juvenicidios que deben atenderse con una estrategia diferente a la actual. Ciudad Juárez se está vaciando de actividades sociales, públicas y de negocios por el terror en la población."

Nashiely Ramírez, de Ririki Intervención Social, dijo que el gobernador César Duarte debe tender un vínculo con el gobierno federal para atender la catástrofe en Ciudad Juárez. "No es posible que se sigan aplicando los mismos programas sociales que en otras entidades; urge un diálogo con la sociedad juarense para construir una estrategia integral basada en un trabajo colonia por colonia, barrio por barrio y no en programas pensados por funcionarios que sólo llegan a encerrarse en los hoteles. No se puede seguir actuando con muy buena fe y sin resultados".

En enlace vía Internet a Ciudad Juárez, Julián Contreras, del Frente Cívico Plural asentó: "La única forma de detener la barbarie es con la movilización y por eso este viernes habrá una caminata contra la violencia. La seguridad no es sólo imponer retenes policiacos, aumentar el número de uniformados, militarizar la zona, restringir horarios, sino garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos".

Clara Gabriela Meyra, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, apuntó: "¡Ya basta de esta situación absurda y abyecta!, donde mujeres, jóvenes, hombres y ahora niños son blanco de los asesinatos; esto parece más una lucha contra la sociedad que contra el narcotráfico. Hasta septiembre se habían registrado mil 200 menores de edad asesinados en Ciudad Juárez".

"Desde el Estado se está creando una violencia contra los jóvenes al llamarlos ninis (ni estudian ni trabajan), pero es el gobierno el que ha minado la política educativa y de empleo. Su política es no atender a la población", dijo.

En la presentación del informe "Perseverancia del testimonio", integrantes del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos hablaron de la falta de voluntad política del gobierno para atender la demanda de protección a los derechos humanos. La violencia en el país se está disparando porque el Ejecutivo y los operadores de justicia no toman acciones contundentes, dijo Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, definió: "Estamos en un "narcoestado" policiaco-militar".

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Esta recopilación también puede ser consultada en: http://www.centroprodh.org.mx/sididh2008/

Culpan al Estado de la "política de muerte" en la frontera norte

Exigen ONG frenar el genocidio de jóvenes y niños en Ciudad Juárez

Demandan la intervención de ONU e instancias internacionales

Los juvenicidios deben atenderse con una estrategia diferente, señalan

Matilde Pérez U.

Periódico La Jornada
Martes 26 de octubre de 2010, p. 2

Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos del país y de Ciudad Juárez solicitaron la intervención de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer para detener el genocidio contra los jóvenes y niños en Ciudad Juárez. Responsabilizaron al Estado de la política de muerte que prevalece en las ciudades de la frontera norte del país.

En conferencia de prensa, integrantes de Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Organización Popular Independiente Ciudad Juárez, Red por la Infancia de Juárez, Ririki Intervención Social, Frente Cívico Plural, Incide Social, entre otros, asentaron que con ello buscan salvaguardar el derecho a la vida.

Tras los recientes asesinatos en la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez, los integrantes de las ONG insistieron en que las autoridades federales, estatales y municipales no se han comprometido con el principio de no repetición de los constantes asesinatos de los jóvenes e incluso menores de edad. “Estamos frente a juvenicidios que deben atenderse con una estrategia diferente a la actual. Ciudad Juárez se está vaciando de actividades sociales, públicas y de negocios por el terror en la población.”

Nashiely Ramírez, de Ririki Intervención Social, dijo que el gobernador César Duarte debe tender un vínculo con el gobierno federal para atender la catástrofe en Ciudad Juárez. No es posible que se sigan aplicando los mismos programas sociales que en otras entidades; urge un diálogo con la sociedad juarense para construir una estrategia integral basada en un trabajo colonia por colonia, barrio por barrio y no en programas pensados por funcionarios que sólo llegan a encerrarse en los hoteles. No se puede seguir actuando con muy buena fe y sin resultados.

En enlace vía Internet a Ciudad Juárez, Julián Contreras, del Frente Cívico Plural, asentó: La única forma de detener la barbarie es con la movilización y por eso este viernes habrá una caminata contra la violencia. La seguridad no es sólo imponer retenes policiacos, aumentar el número de uniformados, militarizar la zona, restringir horarios, sino garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Mientras, Clara Gabriela Meyra, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, apuntó: ¡Ya basta de esta situación absurda y abyecta!, donde mujeres, jóvenes, hombres y ahora niños son blanco de los asesinatos; esto parece más una lucha contra la sociedad que contra el narcotráfico. Hasta septiembre se habían registrado mil 200 menores de edad asesinados en Ciudad Juárez.

“Desde el Estado se está creando una violencia contra los jóvenes al llamarlos ninis (ni estudian ni trabajan), pero es el gobierno el que ha minado la política educativa y de empleo. Su política es no atender a la población”, dijo.

En la presentación del informe Perseverancia del testimonio, integrantes del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos hablaron de la falta de voluntad política del gobierno para atender la demanda de protección a los derechos humanos. La violencia en el país se está disparando porque el Ejecutivo y los operadores de justicia no toman acciones contundentes, dijo Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, definió: “Estamos en un narcoestado policiaco-militar”.

Sólo 8 centros para adictos funcionan en condiciones adecuadas en Juárez

16% de alumnos de educación básica, en riesgo de drogarse: sondeo

Ángeles Cruz Martínez

Enviada

Periódico La Jornada
Martes 26 de octubre de 2010, p. 3

Guadalajara, Jal., 25 de octubre. La problemática del consumo de drogas en Ciudad Juárez, Chihuahua, se ha complicado con el cierre de 25 por ciento de los centros de tratamiento y rehabilitación de adicciones. Además, de los 48 que funcionan, sólo 15 por ciento lo hacen en condiciones óptimas, reconoció Antonio Trespalacios Guerrero, secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA) de Chihuahua.

Advirtió que, de mantenerse la tendencia actual en cuanto a adicciones, muy pronto podría observarse un fenómeno similar en Chihuahua, ciudad que ahora se ubica en el sexto lugar nacional en uso de estupefacientes.

El funcionario participa en la 12 Reunión de expertos en reducción de la demanda, organizada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en esta ciudad.

Aquí también se encuentra Mauricio Hernández Ávila, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien señaló que a partir de cuestionarios aplicados a estudiantes de quinto y sexto de primaria y de secundaria se ha detectado que 16 por ciento, en promedio, enfrenta situaciones que los ponen en riesgo de consumir drogas. Aunque en zonas marginadas, hasta 25 por ciento tienen ese problema.

De los más de 80 mil cuestionarios aplicados se desprende que estos niños y jóvenes viven violencia intrafamiliar, tienen algún padecimiento mental o de plano ya han estado en contacto con alguna droga. Resaltó que las mismas entrevistas aplicadas a escala nacional han arrojado una problemática similar en casi 10 por ciento de menores de edad.

Hernández Ávila destacó que los datos son apenas un indicador mínimo de lo que puede ser la realidad en Ciudad Juárez, principalmente porque el tamizaje se ha efectuado en las escuelas cercanas a los Centros de Atención Nueva Vida, especializados en prevención y tratamiento de las adicciones.

Aunque estas unidades médicas se localizan en zonas de alto consumo de estupefacientes, todavía falta llegar a las áreas identificadas como inseguras de la ciudad, indicó.

Por separado, Trespalacios Guerrero comentó que, de acuerdo con las estadísticas más recientes, en Ciudad Juárez existen casi 42 mil adictos y de los que llegan a acudir a alguno de los centros de tratamiento aproximadamente 30 por ciento logran su rehabilitación. Las principales drogas de consumo son el alcohol, la mariguana y la heroína.

Al referirse a los cierres de unidades de atención, señaló que se ha debido a incumplimiento de la normatividad y en otros casos están ligados a la violencia que se ha agudizado en aquella ciudad fronteriza.

Sobre el tema, el subsecretario Hernández Ávila comentó que en los próximos días se efectuará una reunión en la entidad para instaurar medidas de protección para el personal médico que en días pasados se manifestó para protestar por la inseguridad en que se encuentran.

De cualquier manera se mantienen las acciones de la estrategia federal Todos somos Juárez, entre ellas la afiliación al Seguro Popular. Recordó que la meta es lograr la cobertura universal en diciembre próximo; para ello se han subrogado servicios en clínicas privadas.

Comentó que en las siguientes semanas se inaugurará el Hospital Siquiátrico y ya se puso en marcha el Hospital del Niño. Está pendiente la construcción de centros de salud, la remodelación del Hospital de Gineco Obstetricia y el mecanismo para el inicio de la edificación de un nuevo hospital general con participación de la iniciativa privada.

Invalida la Suprema Corte reformas a la ley orgánica del Congreso de Oaxaca

Muy desaseado, el proceso mediante el cual se realizó la modificación, señala

Los cambios impedían auditar aspectos de la administración del gobernador saliente, Ulises Ruiz

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Martes 26 de octubre de 2010, p. 13

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un decreto mediante el cual se reformaron y derogaron diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Oaxaca y del reglamento interior del Congreso de ese estado, incluida una norma que garantizaba al gobernador saliente, Ulises Ruiz, no ser auditado en algunos aspectos de su administración pública.

Los ministros señalaron que los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) violaron varias reglas durante la sesión del 15 de julio pasado, ya que ese mismo día presentaron la iniciativa y decidieron que era de trámite urgente y obvia resolución, por lo que no hubo dictamen y, sin embargo, votaron para aprobarla.

Esa acción de los priístas fue vista por algunos ministros como una especie de atropello legislativo en perjuicio de los legisladores de oposición.

En la sesión del 15 de julio, el diputado local perredista José de Jesús Romero acusó a los priístas de someterse a las urgencias de Ulises Ruiz, quien será remplazado por el opositor Gabino Cué.

También la diputada local panista Perla Woolrich Fernández se sumó al debate sostenido antes de que la aplanadora priísta aprobara la reforma a la Ley Orgánica de esa entidad.

“Yo sí rogaría a mis compañeros diputados que no nos precipitemos, porque vamos a dar un mensaje muy negativo; vamos a hacer creer que estamos, pues, haciendo madruguetes, al menos los diputados del PRI”, expuso Woolrich Fernández.

Durante la sesión de ayer en la Corte, el ministro Arturo Zaldívar destacó que el proceso legislativo (en Oaxaca) estuvo plagado de irregularidades, muy desaseado y es abiertamente inconstitucional.

El argumento de la mayoría de los ministros para tomar esta decisión de invalidar la Ley Orgánica del Poder Legislativo es que se encontró una violación trascendente durante el proceso legislativo, con relevancia invalidatoria.

En los hechos, el objetivo de la bancada priísta en el Congreso de Oaxaca era dejar aprobada una Ley Orgánica que impidiera a la próxima legislatura, que iniciará en breve, realizar auditorías a diversas gestiones de dependencias del estado durante la administración de Ulises Ruiz.

La resolución de la SCJN derivó de una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de Oaxaca, quienes señalaron que dichas reformas eran contrarias a la Carta Magna.

La sentencia surtirá sus efectos a partir de la notificación legal al Legislativo del estado.

Denuncian nueva agresión con armas de fuego contra bases de apoyo zapatistas

El ataque fue realizado por sujetos ligados al asalto de autobuses en carreteras de Chiapas

Acusan al ex militar Carlos Jiménez López de asesorar a grupos de delincuentes

Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada
Martes 26 de octubre de 2010, p. 16

La junta de buen gobierno (JBG) Corazón del arcoiris de la esperanza, de Morelia, Chiapas, denunció una agresión a tiros contra bases de apoyo zapatistas en el balneario El Salvador, municipio autónomo Comandanta Ramona, en colindancia con el ejido Agua Clara (Salto de Agua). En los hechos fue detenido uno de los agresores, Manuel Pérez Gómez, quien era prófugo de la justicia autónoma y se le asocia con anteriores ataques y asaltos en la carretera Ocosingo-Palenque.

Los hechos ocurrieron el viernes 22, cuando algunos campesinos zapatistas realizaban labores de limpieza. Dos personas los insultaron a gritos y luego empezaron a palmear sus machetes llamando a los compañeros, diciendo que los van a matar, dice la JBG. Los agredidos se encontraron con el mencionado Pérez Gómez y Manuel Gómez Vázquez, y toman la decisión de detenerlos, actuando en el momento.

El segundo logró huir y desde la distancia realizó más de 50 balazos de calibre 22. Después de la captura del peligroso delincuente Pérez Gómez, se le llevó a un lugar seguro para enfrentar la justicia autónoma. No es la primera vez que cometen delitos. Varias veces van agrediendo a la población y amenazan la tranquilidad de nuestros compañeros. El 17 de agosto, a unos 300 metros del crucero de Agua Clara, asaltaron un autobús, despojando de las pertenencias a los pasajeros, y el 20 de agosto asaltan otro camión de turistas en el mismo tramo carretero.

De acuerdo con la JBG, éstos delincuentes son asesorados por el ex militar Carlos Jiménez López, originario del ejido Alan Sac Jun (Chilón). El ex militar, sigue la denuncia, vive actualmente en la capital Tuxtla Gutiérrez, en la colonia Satélite. Los zapatistas refieren que lo han visto en Agua Clara platicar y abordar con los dos delincuentes y transitar en varios vehículos.

La JBG afirma tener en su custodia, de nueva cuenta, a Pérez Gómez, originario de Flor de Cacao (municipio Benemérito de las Américas). Recuerda que el 17 de abril de 2009 hubo un operativo en el crucero Agua Azul, “donde el gobierno de Juan Sabines Guerrero manda 800 elementos de la fuerza pública para reprimir a los compañeros adherentes de La otra campaña cuando ejercían sus derechos de manifestación”, acusando a los campesinos tzeltales de ser quienes cometían los asaltos en la carretera, mientras los que hicieron el real delito han gozado su libertad.

El 18 de abril de 2009 la policía detuvo a Miguel Vásquez Moreno, base de apoyo zapatista, y a seis adherentes de La otra campaña. Los remitió al penal de El Amate, pero fueron liberados por falta de pruebas. La JBG da a conocer que en mayo del año pasado estos mismos agresores fueron capturados por la justicia autónoma, y estando cumpliendo la sanción de los delitos cometidos, lograron fugarse.

Estas agresiones contra bases de apoyo y población en general están solapadas por autoridades oficiales.

El comunicado añade: Se ve claramente que los tres niveles del mal gobierno no hacen nada ante estos sucesos que intimidan a la población. Los mentirosos gobiernos engañan al decir que combatirán la delincuencia organizada y es todo al contrario; ellos cubren, protegen y organizan sus ex militares, involucrando a jóvenes en las comunidades con el fin de destruir nuestras raíces y sembrando la intranquilidad en la forma de organizamos como pueblos indígenas.

Comunicado completo de la JBG

Desaparece estudiante detenido en Poza Rica

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Martes 26 de octubre de 2010, p. 16

El estudiante Christian Téllez Padilla fue detenido por elementos de la policía intermunicipal Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán el 20 de este mes a las 15:30 horas, cuando circulaba en su automóvil por el bulevar Adolfo Ruiz Cortínez, de la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Desde entonces se encuentra desaparecido.

Su esposa, quien pidió omitir su nombre por seguridad, viajaba en otra camioneta atrás del vehículo de Christian Téllez, por lo que presenció la detención.

Relata: “Dos patrullas blanco con negro –una sedán y otra pick up– detuvieron el coche de mi esposo. Ocho elementos, con uniforme de la policía intermunicipal, descendieron y rodearon su vehículo. Apuntándole con sus armas, lo bajaron. Lo recargaron en el automóvil, lo esculcaron y lo subieron a la pick up”.

Narra que pretendió seguir a los policías, pero se lo impidieron. A partir de ese momento, prosigue, “empecé la búsqueda de mi esposo, sin tener resultados. Me dirigí a la coordinación de la policía intermunicipal en Poza Rica. Me atendió un funcionario de apellido Rojas, del área jurídica. Me informó que ahí no lo tenían.

“Fui entonces a la Agencia Veracruzana de Investigación. La respuesta fue que tampoco lo tenían. Me dirigí a las instalaciones de la AFI, la respuesta fue la misma.

“Tras una intensa búsqueda para localizarlo en los separos y corporaciones policiacas, a las 19:30 hablé al 060, tomaron mi datos y me pidieron que fuera a hablar con Juan Carlo Novoa Torres, coordinador de la policía intermunicipal, pero no resolvió el asunto. Al día siguiente en los diarios locales se informó que la policía intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla fueron atacados por sicarios, y que dos supuestos estudiantes fueron detenidos.

Hasta la fecha no hay datos del paradero de Téllez Padilla.

Una vergüenza, la nueva función de Norberto Rivera en el Vaticano: ONG

La designación muestra una mala cara de la cúpula de la Iglesia católica, sostiene

Gabriel León Zaragoza

Periódico La Jornada
Martes 26 de octubre de 2010, p. 17

La difusión que realiza la Arquidiócesis de México de la designación del cardenal Norberto Rivera como integrante de la comisión pontificia de asuntos económicos es una festinación exagerada, debido a que el prelado fue llamado porque es representante de una de las arquidiócesis más ricas del mundo y no por una buena administración de la Iglesia católica local, opinó Bernardo Barranco, especialista en temas religiosos.

La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (Snap, por sus siglas en inglés) manifestó que la designación es una burla para la sociedad católica del país, toda vez que –agregó– el arzobispo tiene un proceso judicial abierto ante las autoridades de Estados Unidos por presunto encubrimiento de delitos de pederastia, del cual ya fue notificado y ya está al tanto del tema.

Eric Barragán, presidente para América Latina de la Snap, comentó que la designación del prelado como miembro del dicasterio muestra una mala cara del Vaticano, que no ha hecho nada por apoyar a quienes han sufrido abuso sexual por parte de clérigos, y que está acusado de presunto lavado de dinero.

Señaló en entrevista que es una vergüenza para los católicos mexicanos el nombramiento del cardenal, quien por sus antecedentes no es una persona calificada para estar en un puesto de esta magnitud.

El Observatorio Eclesial reprobó el nombramiento de Norberto Rivera porque –señaló– en los tres lustros que lleva al frente de la Arquidiócesis la administración de la Basílica de Guadalupe no ha sido transparente; tampoco clara ante la serie de acusaciones en contra de los Legionarios de Cristo y su fundador, Marcial Maciel.

La integración de Norberto Rivera a la comisión vaticana de asuntos económicos tiene lugar luego que se informó que la fiscalía italiana congeló fondos a la banca vaticana por presunto lavado de dinero.

Bernardo Barranco consideró que el arzobispado capitalino ha exaltado el buen manejo y buena administración del cardenal, quien a lo largo de sus 15 años (al frente de la Arquidiócesis) no ha estado exento de escándalos financieros. Desde que llegó intentó implantar un impuesto especial a las parroquias, muchas de ellas se opusieron.

Además del enfrentamiento que protagonizó con el abad de la basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, por el control del principal recinto mariano del país, del cual, dijo, nadie sabe cuánto gana. Incluso el propio episcopado mexicano no sabe a cuánto ascienden los ingresos, que principalmente proceden de la feligresía.

Reporte del Centro ProDH

La liberación de los responsables de la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal es reprochada por la organización Las Abejas

Boletín de prensa/Las Abejas

Hermanos y hemanas: Nuestro corazón y pensamiento están indignados por la liberación de 15 paramilitares más, los que masacraron a nuestros hermanos, hermanas y hermanitas el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal. ¿Quién de ustedes, de ellos y de nosotros permitiríamos que se libere al que te mató a tu papá, mamá, hermano y hermana, hijo e hija y tu mejor amigo?

Esta decisión del mal gobierno de Juan Sabines y de Felipe Calderón se suma a la de los ministros de la llamada Suprema Corte de Justicia o la Suprema Corte de ricos y criminales. Para nosotros y nosotras miembros de la Organización pacifista Sociedad Civil Las Abejas y los sobrevivientes de la masacre de Acteal, está muy claro que les urge liberar a los autores materiales de la masacre, porque hay una preocupación y miedo de parte de los autores intelectuales que los paramilitares presos confiesen que la orden que recibieron de atacar y meter terror en las comunidades Abejas y zapatistas, venían desde el mal gobierno de Ernesto Zedillo, Emilio Chuayfet y sus cómplices. Como lo han manifestado los amigos de los paramilitares que quieren liberar más en diciembre, eso significa que de los más de 80 paramilitares detenidos entre el año '97 y '98 son inocentes. Le preguntamos al mal gobierno de Felipe Calderón o de Sabines o a los ministros de la Suprema Corte : ¿Cómo su plan es liberar a todos los autores materiales de la masacre, para ustedes quiénes son los asesinos de nuestros 45 compañeros y compañeras? O ¿sí saben que todo lo que hemos dicho es la verdad, pero les vale, porque no les interesa nuestras vidas, derechos, etc., porque para ustedes somos de sangre inferior y que podemos morir como animales?

Los 15 liberados recientemente más los 29 liberados el año pasado y el resto que quedan en la cárcel son paramilitares formados y entrenados por el mal gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Les decimos al mundo que no son inocentes, por ejemplo Mariano Luna Ruiz uno de los 15 liberados, después de haber participado en el ataque en Acteal, llegó con la camisa salpicada de sangre, (en la comunidad Quextic ubicado en la parte baja de Acteal, mismo donde se concentraron los paramilitares un día antes del 22 de diciembre de 1997) junto con los que hoy ya están libres y los que siguen presos. Otro ejemplo, Julio Entzín López otro de los 15 liberados, declaró ante los medios de comunicación después de la liberación que según no sabía nada de la masacre de Acteal, que estaba cosechando su frijol y que nos acusa de fabricarle delitos; Pero eso no es verdad, además de su participación en la masacre, participó también en los hechos previos de Acteal; en la quema de casas de los zapatistas de la Colonia Miguel Utrilla Los Chorros, robo de pertenencias y amenazas a los miembros de la Organización Las Abejas, caminaban en grupo con Roberto Méndez Gutiérrez (preso confeso de la matanza de Acteal) y con Pedro Méndez López también liberado recientemente, portando armas de fuego de las llamadas cuerno de chivo, los tres de la Colonia Los Chorros.

Otra declaración que leímos en los medios de comunicación de los amigos y asesores de los paramilitares en donde piden que ya no sigamos persiguiendo la culpa de los presos por la masacre de Acteal y que los dejemos en paz. Pero decimos que están muy equivocados, nadie nos puede decir qué sí o no debemos hacer, no somos como los paramilitares que están acostumbrados a recibir órdenes; que sepan que nunca vamos a callarnos ni humillarnos ante el mal gobierno, los jueces y los ministros corruptos. La masacre de Acteal nunca la olvidaremos, ni dejaremos de señalar a los autores materiales e intelectuales de la masacre, seremos siempre los y las guardianes de la memoria y la esperanza de Acteal.

La mayoría de los 15 liberados son de Acteal en donde viven los familiares de los masacrados, como Mariano Luna Ruiz y otros de apellidos Luna viven cerca donde vive Zenaida que perdió la vista por un impacto de bala en la parte posterior de su cabeza y que perdió a sus papás y hermano en aquella masacre. También están muy preocupados los sobrevivientes porque tienen que ir a trabajar a sus milpas y los paramilitares libres ahí tienen sus tierras junto con la de nuestros compañeros. Aunque diga el mal gobierno y Manuel Ansaldo, uno de los asesores de los paramilitares en el año de 1997, que los liberados no van a regresar a Chenalho, eso es una mentira, porque los 29 liberados del año pasado ahí andan tranquilos caminando cerca de Acteal, aunque argumentan ellos que no están llegando, pero no es cierto. Hace unos días los vimos ahí. Con esta situación no sabemos lo que nos puede pasar, porque les molesta que seguimos denunciando a los paramilitares y el mundo sabe que las armas que usaron en la masacre ahí están enterradas en las comunidades, porque el gobierno nunca hizo el desarme que tanto exigimos.

Les decimos a los autores materiales e intelectuales de la masacre que aunque salgan libres por la justicia corrupta del poder, nunca vivirán libres y en paz su conciencia, porque han manchado de sangre inocente y de pacifistas, sus manos. Si no confiesan la verdad, morirán con la conciencia y el corazón sucios. Aunque ahorita se disfracen de inocentes y de creyentes cristianos como Tomás Pérez Mendez de la Colonia Los Chorros, él era encargado de telefonista y traductor para comunicarse con el mal gobierno y le informaba que estaban preparados con muchas armas por cualquier cosa contra las bases zapatistas, también es uno de los mandones paramilitares junto con Antonio Sántiz López. Todo lo que decimos no es un discurso político como hacen los politiqueros demagogos; muchos priistas y otros grupos sociales les consta lo que decimos, sólo que muchos tienen miedo de hablar y otros aunque quisieran hablar pero tienen miedo que el mal gobierno les quite sus apoyos como el Procampo, Oportunidades, Vivienda, Agua potable, etc.

Hermanos y hermanas; les invitamos a luchar juntos contra la impunidad y que no se canse nuestra esperanza que uniendo fuerzas podemos descubrir la verdad de la masacre de Acteal. Y volvemos a repetir que nadie podrá borrar la verdadera causa de la masacre de Acteal. No podemos callar, no podemos pasar indiferentes ante esta impunidad. Con nuestras voces unidas decimos que Acteal es un crimen de Estado, Acteal es un crimen de lesa humanidad.

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas, a todos los Defensores de los Derechos Humanos, a la prensa Nacional e Internacional, a la Otra Campaña, a la Sociedad Civil Nacional e Internacional.

Atentamente:

La voz de la Organización de la Sociedad Civil "Las Abejas"

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal.

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Esta recopilación también puede ser consultada en: http://www.centroprodh.org.mx/sididh2008/

 

La lucha anticrimen, viable sólo si se acompaña del combate a la pobreza, afirman juzgadores

Insisten en que la militarización y la mano dura no bastan para que disminuyan los ilícitos

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 25 de octubre de 2010, p. 11

Un combate efectivo contra la delincuencia organizada, más que militarización en las calles o mano dura en las leyes penales –como lo está haciendo el gobierno del presidente Felipe Calderón–, requiere de una estrategia integral que combata la pobreza, el desempleo, mejore la educación y prevenga que los jóvenes sean víctimas de alguna adicción, sostuvieron jueces y magistrados federales entrevistados por La Jornada, quienes aceptaron hablar sobre ese tema a cambio de no mencionar sus nombres.

Esta opinión de los juzgadores, en la que coinciden buena parte de los jueces mexicanos dedicados a la materia penal, se le hizo llegar a la relatora especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Gabriela Knaul, durante una reunión que en días pasados sostuvieron impartidores de justicia con la funcionaria originaria de Brasil.

Incluso, uno de los jueces consultados sostuvo que la reciente reforma en materia de secuestros –que endurece las penas e impone en los hechos una especie de cadena perpetua contra quienes incurran en el delito de privación de la libertad– no inhibirá la comisión de ese ilícito.

Durante siglos, la pena de muerte y la cadena perpetua han estado acompañadas de una idea de mejorar el estado de barbarie que impera en el ámbito social, y tratando de mantener bajo control el crimen, pero el mal persiste. ¿Por qué? Porque los instintos que motivan la violencia de unos con otros no son, como creen los expertos de la criminología dogmática-conservadora contratados por el Poder Ejecutivo, o como creen nuestros legisladores desinformados: fuerzas constantes de un estado mental de equilibrio, expuso un magistrado de circuito que además de la licenciatura en derecho cuenta con estudios en siquiatría.

Un juez de distrito de procesos penales federales que despacha en un juzgado del estado de México, aseguró a este diario que el germen social del que brotan aquellos que se contratan a cambio de 2 mil o 5 mil pesos por asesinar a una persona, se fortalece con la desigualdad, la marginalidad y la pobreza de millones de mexicanos que ni siquiera tienen acceso a servicios educativos, de salud o culturales.

La mayoría de los jóvenes que se contratan con la delincuencia organizada ciertamente se conforman con el modo fácil de ganar dinero, pero no olvidemos que el resorte que los envía directo a la actividad delictiva se llama pobreza, desigualdad y falta de oportunidades de un estudio o de un empleo digno. Y si a esto añadimos que son presa fácil de las adicciones, pues ya ni que más decir, refirió el juzgador consultado.

Otro magistrado indicó que la estrategia anticrimen implementada por el gobierno federal simplemente no está dando resultados, porque no va acompañada de programas sociales integrales, donde el enfoque principal sea mejorar la educación, apuntalar el empleo y la cultura.

Opiniones como éstas fueron hechas del conocimiento de la relatora de la ONU Gabriela Knaul, quien realizó una misión de investigación en México del primero al 15 de octubre pasados, indicaron los jueces y magistrados consultados.

Cuando Knaul finalizó su visita, elaboró un comunicado divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el boletín, la relatora manifestó, entre otras cosas, que la independencia de los jueces mexicanos, especialmente en las entidades federativas, está en riesgo. La vinculación de los magistrados de los tribunales superiores de los estados con el Poder Ejecutivo es un riesgo real para su independencia, acotó.

Sobre este tema, los jueces y magistrados consultados aseguraron que en el Poder Judicial Federal es más difícil la influencia del Poder Ejecutivo federal en el resultado de las controversias planteadas ante los tribunales, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la justicia del fuero común.

Exigen al gobierno federal "más libros y menos armas"

Omisión oficial propicia violencia: cristianos

la masacre en Juárez, llamado urgente a hacer un cambio educativo profundo, dice ONG

Gabriel León Zaragoza

Periódico La Jornada
Lunes 25 de octubre de 2010, p. 13

Los alarmantes niveles de violencia y la falta de oportunidades laborales y de educación que padece la juventud del país son un indicador de que el gobierno federal ya no puede postergar la demanda de múltiples sectores sociales en el sentido de emprender un profundo cambio en la política educativa, que se rija por más libros y menos armas, así como mayor inversión, detalló el Movimiento por la Escuela Pública.

La reciente masacre de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, es un llamado más de la urgente necesidad de que haya un cambio en la política educativa, en favor de los que están en la escuela y de quienes no han podido ingresar a la educación escolarizada, subrayó Juan Calvo, coordinador general del movimiento.

El Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Siscal) manifestó que los hechos de violencia que persisten en el país han tenido lugar, en gran parte, por la inacción de las autoridades para emprender una limpieza a fondo del aparato de gobierno, que es el que solapa en muchas ocasiones este tipo de violencia.

No solamente es la acción [de los grupos delictivos] la que está matando a los jóvenes, sino la omisión también de las autoridades que no están cumpliendo con el papel de salvaguardar la integridad física y moral de la sociedad, no sólo en Ciudad Juárez sino en todo el país, apuntó Martín Hernández, presidente en México de Sicsal.

La Arquidiócesis de México dijo que la masacre es un hecho verdaderamente trágico que conmueve a la sociedad por el extremo al que ha llegado el crimen organizado, que no respeta a nada y nadie. Esto también indica la necesidad de combatirlo con mayor fuerza.

En nombre del Centro Católico Multimedia, auspiciado por la orden religiosa de Los Paulinos, el sacerdote Omar Sotelo declaró que la violencia que se vive en el territorio nacional “confirma la imposibilidad de las autoridades –federales, estatales y municipales– para combatir el narcotráfico”.

Para que la población recobre la confianza en sus instituciones y gobernantes se necesita la aplicación de mecanismos para evitar la corrupción y la penetración de los grupos delictivos en las instituciones, añadió el cura.

Mitin del SME en el Cereso de Puebla por la libertad de Miguel Márquez

Recrudecerán acciones si Gobernación no responde al gremio

La Jornada de Oriente y Rubicela Morelos

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 25 de octubre de 2010, p. 20

La detención de Miguel Márquez Ríos, pro secretario de Divisiones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), es parte de una estrategia del gobierno federal para desarticular al movimiento de electricistas y desactivar la lucha del gremio, consideró este domingo el secretario general del SME, Martín Esparza Flores, durante una protesta de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de la capital de Puebla.

Este fin de semana, el juzgado noveno de distrito dictó auto de formal prisión y negó la libertad bajo caución a Márquez Ríos, aprehendido el pasado jueves por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad contra personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y elementos de la Policía Federal; así como de delito contra el consumo y la riqueza nacionales e internacional, y daño en propiedad del gobierno federal.

Las causas penales –contenidas en las averiguaciones previas 24/2010-2 del noveno distrito y 01/2010 del quinto distrito– documentan que los delitos se habrían perpetrado el 16 de marzo y 5 de noviembre pasados, respectivamente, cuando integrantes de la División de Nuevo Necaxa del SME emprendieron acciones de resistencia en las instalaciones de la extinta LFC.

Al respecto, Esparza Flores sostuvo que la detención del pro secretario de Divisiones es un golpe para todos los electricistas del país, y busca intentar callar nuestras voces, que se han escuchado muy lejos.

Este domingo, el líder del SME participó junto con 200 personas en un mitin de protesta en el Cereso de Puebla, así como en la llamada Ciudad Judicial, para exigir al gobierno la pronta liberación de Márquez Ríos, a quien consideró preso político.

A lo largo de cinco horas los electricistas lanzaron consignas contra el decreto de extinción de LFC, y contra el secretario federal del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Al menos 60 elementos de la policía estatal y la metropolitana vigilaron las protestas de los electricistas, procedentes, en su mayoría, de Nuevo Necaxa, Hidalgo y la ciudad de México.

Esparza Flores advirtió que las movilizaciones del SME se recrudecerán en los próximos días en caso de que el martes la Secretaría de Gobernación no brinde una respuesta satisfactoria al gremio en torno a la liberación de Márquez Ríos.

El ahora procesado fue detenido el jueves anterior a la altura de la caseta de cobro de San Martín Texmelucan, sobre la autopista México-Puebla, cuando viajaba en un autobús acompañado por al menos 100 simpatizantes del sindicato de electricistas, luego de una protesta en el Congreso de Puebla.

Según la Procuraduría General de la República, Márquez Ríos fue detenido con base en dos órdenes de aprehensión: una fue girada por la presunta toma de instalaciones el 16 de marzo, cuando se realizaron las actividades de resistencia de la Huelga Nacional de Electricistas.

Congreso Social Morelos hacia un nuevo Constituyente

Las organizaciones sociales integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Garantías Constitucionales realizaron en Cuernavaca este sábado y domingo el Congreso Social Morelos hacia un Nuevo Constituyente, donde se analizó la situación del país, y elaboraron una propuesta para el congreso nacional que se realizará en la ciudad de México los días 20 y 21 de noviembre.

José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, afirmó que se registraron y participaron 150 delegados de unas 20 organizaciones sociales morelenses.

La seguridad social para deudos de agentes federales muertos en su labor, mero discurso

De 234 policías fallecidos de 2006 a 2009, sólo 25 viudas han logrado obtener la pensión

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Lunes 25 de octubre de 2010, p. 10

En la guerra contra el crimen organizado han sido asesinados 234 policías federales de diciembre de 2006 al 30 de agosto de este año. Sin embargo, únicamente 25 viudas y huérfanos han logrado obtener la pensión que por ley debe pagar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Tan sólo en este año 84 de ellos han sido abatidos, emboscados o levantados y luego ejecutados por grupos criminales, y ninguno de sus deudos ha conseguido la pensión correspondiente, de acuerdo con reportes del mismo instituto.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y la Policía Federal (antes Policía Federal Preventiva), como su órgano desconcentrado, sostienen que no es de su competencia saber cuántos hijos de agentes caídos en el cumplimiento del deber reciben becas educativas, y desconocen si tales apoyos se pagan, pese a las declaraciones formuladas durante las ceremonias fúnebres, tanto por el presidente Felipe Calderón Hinojosa como por el secretario Genaro García Luna.

Aún más: la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía Federal afirma que es inexistente la información de cuántos de sus agentes han quedado discapacitados en los años que lleva ésta en la administración federal. El ISSSTE reporta que en el periodo de 2007 a 2009 ha concedido 17 pensiones a elementos que han quedado en situación de invalidez, y no tiene casos registrados en lo que va de este año.

La Jornada publicó el pasado 18 de octubre testimonios sobre el burocratismo y actos de corrupción que sufren los familiares de los policías abatidos que intentan cobrar los seguros de vida y las pensiones. El viernes 22 de octubre, mediante respuestas a solicitudes de información pública, se obtuvieron datos que ponen al descubierto la falta de apoyo e interés gubernamental para amparar a los deudos de los oficiales victimados y darles seguridad económica.

La información revela que apenas 10.6 por ciento de las familias de los agentes abatidos por la delincuencia han alcanzado una pensión por viudez u orfandad, la cuales van de 5 mil 422 pesos mensuales –para los deudos de quienes ostentaban solamente el cargo de policía– hasta 17 mil 26 pesos para los parientes de los inspectores.

Los datos llegan en el momento que se debate la desaparición de las policías municipales, el establecimiento de los mandos únicos y la creación de corporaciones estatales basadas en jóvenes con preparatoria o carreras truncas, como prevé el proyecto de la SSP federal.

Hace días el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, apoyó la iniciativa de la SSP federal y aseguró que los retos que se busca subsanar con dicha reforma son la debilidad institucional de los cuerpos policiales estatales y municipales, así como los niveles de corrupción de las instituciones de seguridad locales, lo que provee a la delincuencia organizada un recurso de fácil acceso y alta colaboración.

La seguridad social y económica de los familiares de los agentes muertos sólo es, al parecer, un discurso para las ceremonias luctuosas. De acuerdo con la información obtenida de la propia Policía Federal, en el gobierno de Calderón han sido asesinados por grupos criminales 234 agentes, y sus parientes han quedado en la indefensión, ya que el ISSSTE informó, mediante el oficio SG/SAD/JSII.DA/52115/10, que ha otorgado solamente 25 pensiones por viudez u orfandad en el periodo del 28 de diciembre de 2006 al 21 de octubre de 2009. Los últimos dos meses del año pasado y todo 2010 ya no ha concedido ninguna.

De esos casos, cuatro pensiones no superan 6 mil pesos al mes y otras nueve son por un monto hasta de 8 mil 400 pesos. Es decir, al momento de fallecer, los federales ostentaban grados de policía, cabo de policía y sargento segundo de policía, de acuerdo con el tabulador salarial de la corporación.

La comparación de cifras de elementos caídos que reporta la Policía Federal contra los informes del ISSSTE señalan:

En 2006, de 37 agentes asesinados solamente ocho deudos han obtenido pensiones; en 2007, de 40 fallecidos, 14 huérfanos y viudas han alcanzado el beneficio; en 2008, de 63 elementos ultimados, sólo se se pagan cinco pensiones; en 2009 se reportaron 75 policías abatidos y se otorgaron cinco beneficios de ley.

Para 2010, el ISSSTE reportó: Se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos pensionarios, con las características de policías caídos y no se encontró dato alguno, por lo que se declara inexistente esa información.

La falta de cumplimiento para las familias de los oficiales fallecidos no es nueva: en 2004 se reportaron 20 casos, y solamente se paga pensión a tres viudas y huérfanos; en 2005 se contabilizaron 35 policías caídos y únicamente seis familias lo obtuvieron.

Otro de los compromisos que tienen la Policía Federal y la SSP federal es la entrega de becas educativas para los hijos de los agentes asesinados.

Sin embargo, a través de un oficio, la corporación señaló que su Coordinación de Servicios Generales no se encuentra en posibilidades de responder cuántas becas de ese tipo se han entregado, ya que no son del ámbito de competencia de la misma, y pidió que la información se solicitara a la Dirección General de Recursos Humanos de la SSP federal, para que informe de acuerdo a su competencia.

La dependencia que dirige Genaro García Luna informó además: Estamos interpretando que requiere información respecto del Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, toda vez que dicho órgano administrativo es quien cuenta con elementos de policiales (sic).

Fundamenta su negativa: (...) Toda vez que en caso de llevar a cabo el procedimiento de búsqueda de la información solicitada al interior de esta secretaría se originarían retrasos innecesarios en la obtención de la misma.

Por lo que hace el pago de pensiones por invalidez, el ISSSTE informó que del primero diciembre de 2006 al primero de diciembre de 2009 ha concedido 17 beneficios, y que en 2010 no tiene casos registrados.

Los reportes del instituto señalan que uno de los agentes pensionados obtiene 4 mil 878 pesos mensuales; en cuatro casos se pagan beneficios menores a 6 mil pesos; tres más obtienen alrededor de 7 mil 500 pesos; tres elementos reciben menos de 10 mil pesos y en seis casos se pagan entre 11 mil y 15 mil pesos de pensión.

A su vez, tanto la SSP federal como la Policía Federal indicaron que no cuentan con información del número de elementos que han sido declarados discapacitados en esta guerra y que debieran ser sujetos de una pensión por el ISSTE.

La Policía Federal justificó: Después de haber realizado una búsqueda en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos, se determina que no obra documento alguno que contuviera la información solicitada, por lo que se declara la inexistencia de la información.

Esta corporación ha pagado, de diciembre de 2006 a septiembre de 2010, 334 millones 915 mil 924 pesos con 87 centavos a la compañía Metlife por seguros de vida para los trabajadores de esa institución. Sin embargo, señaló que es inexistente el número de personas que han sido beneficiarias de los mismos, y que no existe obligación legal de tener la información.

Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló: “ésas son las situaciones indebidas, de falta de elemental solidaridad con los familiares de elementos que en su momento han muerto en el cumplimiento del deber.

No estamos haciendo bien las cosas, lo decimos abiertamente. Si no creamos ese proyecto de vida atractivo, pues quién va a querer involucrase como policía del país.

Nueva masacre en una fiesta en Juárez; 14 muertos y 20 heridos

Las víctimas, seis mujeres y ocho varones jóvenes; al menos cuatro eran menores de edad

Tras la matanza, agentes federales pasaron por el lugar sin prestar auxilio: funcionarios locales

Rubén Villalpando y Miroslava Breach

Corresponsales

Periódico La Jornada
Domingo 24 de octubre de 2010, p. 5

Ciudad Juárez, Chih., 23 de octubre. Un comando acribilló a los asistentes a una fiesta en un domicilio de la colonia Horizontes del Sur y dejó un saldo de al menos 14 muertos –seis mujeres y ocho varones– y 20 heridos, incluidos menores de edad, informaron Carlos Manuel Salas, titular de la fiscalía general del estado, y Graciela Ortiz, secretaria de Gobierno de Chihuahua.

Salas agregó que la fiscalía encabeza las pesquisas, en coordinación con las autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno, así como con el Ejército.

La policía municipal –que atendió inicialmente la emergencia– informó que al llegar a la vivienda ubicada en la calle Félix Candela y Arquitectos, los vecinos dijeron que como a las dos de la madrugada de este sábado un convoy de unas siete camionetas y autos arribó al lugar y un comando atacó con rifles de alto poder y pistolas a los asistentes a la fiesta, la mayoría jóvenes, quienes celebraban el cumpleaños 15 de uno de los muchachos.

Los reportes policiacos indican que las víctimas celebraban en el patio de la casa cuando los sujetos, encapuchados y vestidos con ropa oscura, comenzaron a disparar indiscriminadamente. Uno de los asistentes logró correr por algunas azoteas, pero los sicarios lo persiguieron y asesinaron.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y de servicios periciales de la fiscalía general del estado localizaron en el lugar 70 cartuchos percutidos de gruesos calibres: 7.62 x 39 y .223.

Entre las víctimas adultas se encuentran Martina Arteaga Cereceres, de 30 años, madre del festejado y dueña de la vivienda, quien dejó seis hijos en la orfandad, y al menos otras tres mujeres, una embarazada. Dos niños de siete y 11 años resultaron heridos.

De las víctimas identificadas al menos cuatro eran menores de edad: Daniel Ríos Moreno, de 17 años; Luis Alberto Vital Martiniano, también de 17; Daniela Figueroa García, de 16, y Roberto Jacobo Vital, de 13. Eran estudiantes de secundaria y preparatoria.

Algunos heridos fueron trasladados por familiares y vecinos a la clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada a unas cuadras del lugar del atentado, y otros a las instalaciones de la Cruz Roja. Varios lesionados se encuentran graves.

Las ambulancias no alcanzaron para trasladar a los heridos, por lo que algunos vecinos los transportaron en sus vehículos, y a dos en una camioneta del Semefo.

Horizontes del Sur se encuentra en el suroriente de la ciudad, a unos dos kilómetros de la colonia Villas de Salvárcar, donde mataron a 15 personas en una fiesta el pasado 31 de enero.

Durante una conferencia de prensa que Carlos Manuel Salas y Graciela Ortiz ofrecieron en las inmediaciones de la colonia Horizontes del Sur, vecinos denunciaron que tres minutos después de la masacre una patrulla de agentes federales pasó por el lugar, y aunque les gritaron para que se acercaran, éstos regresaron casi media hora después.

Ortiz anunció que los secretarios federales de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, y de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, viajarían de inmediato a Juárez, junto con Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobernación federal, para dialogar con el mandatario estatal, César Duarte.

Los funcionarios estarán pendientes de que se dé a los heridos atención médica digna y pronta, así como de verificar la atención sicológica a familiares, apuntó.

Ante cámaras de medios informativos locales y nacionales, el fiscal Salas, quien viajó de la capital del estado a Juárez para encabezar las investigaciones, se comprometió con familiares de las víctimas a esclarecer la situación y dar con los responsables.

Señaló que no es posible dar una fecha específica para tener a los responsable tras las rejas, y no quiso adelantar si la masacre está relacionada con el crimen organizado. Lamentó que entre las víctimas haya menores de edad.

En 20 meses se han cometido siete masacres en el estado de Chihuahua

Más de 100 decesos, el saldo; la mayoría eran jóvenes

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 24 de octubre de 2010, p. 7

De marzo de 2009 a la fecha se han cometido siete masacres en el estado de Chihuahua, con un saldo de más de 100 personas muertas, 80 por ciento de ellas jóvenes menores de 18 años, y siete meses después de haberse puesta en marcha la estrategia Todos Somos Juárez los homicidios en esa entidad se han incrementado de 10 a 12 por día.

En marzo de 2009, integrantes de la banda Los Aztecas, al servicio del cártel de Juárez, asesinaron a 21 integrantes de las bandas Los Mexicles y Los Artistas Asesinos vinculados al cártel de Sinaloa.

El 2 de septiembre del año pasado, un comando dio muerte a 16 personas y lesionó a otras cinco en el centro de rehabilitación para adictos a las drogas El Aliviane, en la colonia Bellavista.

El 17 de septiembre de ese año se cometió un nuevo ataque armado contra un centro de rehabilitación para adictos en Ciudad Juárez. El saldo fue de 10 muertos y dos heridos de gravedad.

En el estado de Chihuahua, en lo que va de este año, se han cometido los siguientes atentados:

El 31 de enero, en la colonia Villas de Salvárcar, integrantes de la banda Los Aztecas asesinaron a 16 jóvenes preparatorianos que participaban en una fiesta.

El presidente Felipe Calderón afirmó que se trataba de un pleito entre pandillas, cuando en realidad varios estudiantes ejecutados eran alumnos de excelencia.

El 27 de febrero un grupo de sicarios abrió fuego desde vehículos en marcha contra estudiantes que estaban en una fiesta en la colonia Cumbres. Un bachiller resultó muerto y otros siete heridos.

En marzo, como consecuencia de las protestas surgidas de la masacre de estudiantes y la demanda de seguridad por parte de la población juarense, el gobierno federal echó a andar el plan Todos Somos Juárez.

A pesar de los operativos, que incluyeron el envío de más de 3 mil elementos de la Policía Federal al estado de Chihuahua, el 11 de junio de este año, 25 sicarios armados con rifles AK-47 y R-15 atacaron el centro de rehabilitación Fe y Vida, que se encuentra en la colonia Villa Nueva, en la capital del estado. Dieron muerte a 19 personas y lesionaron de gravedad a dos.

De acuerdo con los reportes de la Policía Federal el ataque ocurrió cerca de las 23 horas, cuando los ocupantes de seis camionetas llegaron al inmueble, en las calles Tarahumara y Belisario Domínguez, en el norte de la ciudad, bloquearon calles aledañas, dejaron a cuatro de vigilancia y los restantes se concentraron en la puerta y gritaron: ¡abran hijos de su puta madre o los balaceamos!, y como no les abrieron, perpetraron el ataque. En ese centro de rehabilitación había integrantes de la banda Los Mexicles.

El 16 de junio, seis personas que salían del centro de rehabilitación de adictos Clínica Integral fueron asesinadas a balazos por unos 15 encapuchados. Resultaron ilesos dos niños, de dos y cuatro años de edad, que acompañaban a los ejecutados.

A esos ataques se suma el cometido ayer en Ciudad Juárez, que dejó 14 muertos.

Sin embargo, no sólo dicha urbe fronteriza ha sido azotada por las matanzas, pues en otras localidades de México el crimen organizado ha perpetrado otras masacres en el último año.

El primero de febrero un grupo armado ejecutó a 10 personas en un bar en Torreón, Coahuila.

Los responsables de dicho multihomicidio fueron internos del penal número 2 de Gómez Palacio, vinculados con el cártel de Sinaloa, a quienes los directivos de ese centro carcelario daban permiso de salir –así como de utilizar armas de los custodios– para asesinar a presuntos integrantes de bandas rivales.

El 28 de marzo hombres armados instalaron un falso retén en el estado de Durango y asesinaron a 10 jóvenes que se dirigían a recoger apoyos económicos que obtenían del gobierno del estado para sus estudios.

El pasado 18 de julio, 17 personas fueron acribilladas cuando celebraban una fiesta en un centro recreativo en Coahuila. Los responsables fueron reos del penal número 2 de Gómez Palacio.

El 22 de agosto integrantes de Los Zetas asesinaron a 72 inmigrantes de Centro y Sudamérica en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.