Se trata de evitar "descortesías", señalan PRI, PAN y PRD

Galván comparecerá ante los diputados en su propia oficina

Aprueban dictamen sobre cancelación de permisos para portar armas

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Miércoles 12 de octubre de 2011, p. 12

Con los votos de PRI, PAN y PRD, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados decidió que desahogará la comparecencia del secretario del ramo, general Guillermo Galván Galván, en un desayuno en las oficinas del funcionario el miércoles de la próxima semana.

El único voto en contra fue el del diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT), quien ironizó: Estamos ante un caso único de que son los diputados quienes comparecen ante el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no, como define el artículo 69 de la Constitución, de que los secretarios de despacho deben comparecer ante el Poder Legislativo.

El principal argumento para acudir al despacho del general Galván fue que convocarlo a comparecer en el contexto de la glosa del quinto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, podría originar descortesías de algunos diputados hacia el secretario de la Defensa.

Asimismo, la comisión aprobó un dictamen para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que incluye como causal de cancelación de licencias para portar armas el que el poseedor cometa un delito doloso contra su cónyuge o algún miembro de su familia.

Esa reforma se aleja de la iniciativa que presentó la diputada Arcelia Cruz Cruz (PRD), quien propuso cancelar la licencia para portar armas a quien ejerza violencia contra alguna mujer o contra algún miembro de la familia.

También en este punto el único voto en contra fue el de Ibarra Pedroza, quien argumentó que el cambio distorsiona el proyecto de la legisladora perredista, porque el problema que pretende zanjar la iniciativa trasciende el ámbito de los actos individuales consumados, susceptibles de sanción penal, para entrar en el terreno de la prevención, la no repetición de conductas, la integralidad de los derechos humanos y las acciones afirmativas para revertir la inequidad histórica que han sufrido las mujeres.

El dictamen, sostuvo, no toma en cuenta el componente de agresión sicológica que entraña la violencia intrafamiliar, y en especial la de género.

Ibarra consideró que el documento asumió la postura de las instituciones militares (que) son sumamente reacias a entender las implicaciones simbólicas y culturales de los temas de género.

Ajustar plan de seguridad con México, piden en EU

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de septiembre de 2011, p. 7

Legisladores republicanos pidieron este martes drásticos cambios en materia de cooperación con México, una vez que termine la aplicación de la Iniciativa Mérida en materia de seguridad.

Duplicar el despliegue de agentes fronterizos y completar la valla de seguridad en áreas urbanas, son algunas de las medidas que deben adoptarse tras el fin del Plan Mérida este año, pidió Connie Mack, jefe del subcomité para América Latina de la Cámara de Representantes.

Ha llegado el momento de que reconozcamos la necesidad de una estrategia de contrainsurgencia, dijo en una audiencia sobre los resultados de dicho programa.

Firmada en 2007 por los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón, la iniciativa contó con un presupuesto de mil 500 millones de dólares, cuyo desembolso debería completarse este año, tras varios retrasos en el suministro de material. La realidad es clara, aunque México no quiera admitirlo: hay una insurgencia en estos momentos junto a la frontera, dijo Mack, republicano por Florida.

La Iniciativa Mérida debe ser reformulada en breve por los gobiernos de ambos países. Tras una primera fase basada en la entrega de helicópteros y material pesado, pasó a enfocarse en el entrenamiento de fuerzas policiales.

Estados Unidos y México estudian ahora centrar sus esfuerzos en las policías estatales y locales mexicanas, según informaron recientemente responsables en Washington. Pero los niveles de violencia extrema al sur de la frontera se ajustan totalmente a la noción de terrorismo, añadió Michael McCaul, republicano de Texas, quien también pidió una cooperación reforzada.

Los republicanos –que dominan la Cámara de Representantes– han propuesto drásticos recortes y cambios en numerosos programas del Departamento de Estado en su proyecto de presupuesto para 2012.

La PGR no la ha exculpado públicamente ni investigado su proceso

La indígena Jacinta Francisco Marcial aún espera justicia

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de septiembre de 2011, p. 18

A dos años de haber salido de la cárcel, donde permaneció de forma injusta de 2006 a 2009 acusada por el secuestro de un grupo de agentes federales, la indígena ñañú Jacinta Francisco Marcial aún no ha sido exculpada públicamente por la Procuraduría General de la República (PGR) y no se ha realizado ninguna investigación sobre el proceso judicial viciado que la llevó a prisión.

Tal fue la denuncia que realizó Leopoldo Maldonado, integrante del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien recordó que otras dos víctimas del mismo caso de fabricación de culpables, Alberta Alcántara y Teresa González, tampoco han sido declaradas oficialmente inocentes, pese a que nunca se les comprobó su participación en delito alguno.

Como se informó en su momento en estas páginas, las tres mujeres fueron detenidas de forma arbitraria el 3 de agosto de 2006, acusadas por el secuestro de seis efectivos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), supuestamente ocurrido el 26 de marzo de ese mismo año en el tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro.

Pese a enfrentar un proceso judicial lleno de irregularidades, Jacinta Francisco fue condenada en diciembre de 2008 a 21 años de prisión –misma sentencia que recibieron un mes después Alcántara y González–, pero ante la falta de solidez de las pruebas en su contra, las autoridades se vieron obligadas a retirar los cargos y un juez decretó su liberación el 15 de septiembre de 2009.

Un año después, con la asesoría legal del Centro Pro, la indígena promovió una queja contra la PGR por los daños provocados en su encarcelamiento injustificado de tres años y un mes, pero no fue sino hasta el 21 de febrero de 2011 que la dependencia admitió el reclamo, aunque hasta el momento no ha dado respuesta oficial al mismo.

Este hecho, lamentó Maldonado, demuestra la exclusión estructural a la que se ven expuestos los indígenas frente a las instituciones de procuración de justicia, que se agudiza aun más si se trata de mujeres y pobres. Lo único que hicieron fue admitir el caso y darle un número de expediente, pero lo que nosotros pedimos es solución inmediata para las justas demandas de Jacinta.

Aunque la organización de derechos humanos exigió un proceso de reparación integral del daño, que exculpe a la indígena, castigue a los responsables de los abusos contra ella y garantice la no repetición de lo ocurrido, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado se limita a definir una indemnización económica, que hasta el momento tampoco ha llegado.

Ilegal, elevar la inversión de Pemex en Repsol, denuncia Jiménez Espriú

Es aberrante que una paraestatal nacional comprometa su voto con una firma privada española, sostiene el ex subdirector comercial de la petrolera mexicana

Javier Jiménez Espriú exigió atacar la corrupción en Petróleos Mexicano. En esta imagen, durante un debate sobre reforma energética. Atrás, Francisco Rojas, ex director de la paraestatalFoto Luis Humberto González

Roberto González Amador

Periódico La Jornada
Viernes 2 de septiembre de 2011, p. 2

La decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de aumentar su participación en la firma española Repsol YPF cae en el terreno de la ilegalidad y compromete su gestión a futuro, aseguró Javier Jiménez Espriú, ex subdirector comercial de la paraestatal y ex director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Veo el tema terriblemente confuso, totalmente opaco, declaró Jiménez Espriú a La Jornada. “El director de Pemex (Juan José Suárez Coppel) justificó la decisión de aumentar la participación en Repsol como una forma de tener una mejor posición en el consejo de administración y mejorar las prácticas corporativas de la firma española, cosa que me parece una aberración.

Sería muy interesante que el funcionario mejor tratara de mejorar las prácticas corporativas de Pemex, que está hundido en la corrupción y la pereza, en lugar de ir a tratar de desfacer entuertos en una empresa petrolera española.

El lunes pasado, Pemex anunció que aumentará de 4.8 a 9.8 por ciento su participación en Repsol YPF, a la vez que se comprometió a sumar sus votos a las decisiones que tome la constructora española Sacyr Vallehermoso, que posee otro 20 por ciento de los títulos de Repsol.

Para esa operación, que involucra utilizar recursos propios y contratar deuda por unos 20 mil millones de pesos, Petróleos Mexicanos se servirá de una empresa que tiene establecida en Holanda, no sujeta a las leyes mexicanas y que no puede ser auditada por el órgano de fiscalización del Congreso.

Entre 1990 y 1992, como sub- director comercial de Pemex, Jiménez Espriú fue el representante de la paraestatal mexicana en el consejo de administración de Repsol, en un momento en que Petróleos Mexicanos poseía 2.5 por ciento del capital de la firma española.

En la entrevista con este diario, Jiménez Espriú se preguntó a cambio de qué Pemex aceptó aumentar su participación en Repsol y, sobre todo, obligarse a votar en todo momento en el mismo sentido en que lo haga Sacyr Vallehermoso en el consejo de administración de la petrolera ibérica.

Un absurdo terrible

Veo absolutamente ilógico, aberrante, que una empresa petrolera de México, una empresa estatal, se asocie, comprometa su voto con una empresa privada de construcción en España para votar en las mismas condiciones en los próximos años. Con qué derecho el señor Suárez Coppel está comprometiendo a Pemex, cuestionó.

Una de las consecuencias que podrían darse del pacto entre Pemex y Sacyr es la remoción de la actual dirección de Repsol, encabezada por Antonio Brufau, quien ha tomado cartas en el asunto para tratar de impedir el acuerdo, como reportó La Jornada.

En ese contexto, explicó Jiménez Espriú, el director general de Pemex está comprometiendo el voto de la paraestatal para apoyar una decisión política interna de una empresa que, como lo es Repsol, está vinculada al negocio del gas.

Se me hace un absurdo terrible. Tenemos que obligar a las autoridades mexicanas, al consejo de administración de Pemex, donde están secretarios de Estado, a que expliquen por qué autorizaron, si es que fue el caso, a Suárez Coppel a realizar esta inversión y a tomar esa decisión de inversión, que me parece una barbaridad.

Consideró inaceptable que se pretenda eludir una auditoría a la compra de acciones de Repsol, por el hecho de que la paraestatal mexicana la pretende hacer a través de una subsidiaria, llamada PMI Holdings VB, establecida en Holanda y no sujeta a las leyes mexicanas.

Toda inversión que haga Petróleos Mexicanos está sujeta a que la revise la Auditoría Superior de la Federación (el órgano de fiscalización del Congreso). Entonces, la Auditoría también tiene que exigir una explicación, aseveró.

Lo que es obvio es que (la dirección actual de Pemex) está apoyando los intereses empresariales del grupo constructor español. Lo que ya no es tan obvio, pero está en el fondo de la cuestión, es cuáles son los compromisos que está adquiriendo. Ya hay en España una posición de cómo es posible que Pemex quiera hacer esto cuando su capital está blindado y no hay correspondencia en las acciones.

–¿No estarán buscando que haya esa correspondencia y que puedan llegar capitales de fuera a Pemex?

–Creo que además están buscando la correspondencia de las acciones. Allá están acusando que esto puede ser un fraude a la ley, que ellos están usando este mecanismo y no debieran permitirlo. Bueno, para Pemex eso es pan de todos los días. Aquí Pemex hace fraude a la ley todos los días.

Véalo si no: a una empresa de Pemex le dieron el contrato de construir la (inacabada todavía) estela del bicentenario. Esta empresa contrató a otra firma privada y esto es un fraude a la ley. A la empresa de Pemex le dieron el contrato directo porque es del Estado y luego ya le transfirió el contrato a otra firma privada y esto es un fraude a la ley.

–¿Cree que la dirección de Pemex se saltó al consejo de administración?

—No podría especular al respecto. Puede ser que no porque hoy (ayer) el secretario de Energía (José Antonio Meade), que es el presidente del consejo, dijo que Pemex tiene unas finanzas maravillosas y eso le permite mirar hacia fuera. Quiere decir que es un asunto consentido por el consejo de administración.

“Lo que se debe determinar es cuáles son los límites del consejo de administración y los argumentos que se tienen para autorizar una inversión de esta naturaleza, pero sobre todo para aprobar un acuerdo de unir los votos con esta empresa privada de construcción.

Eso me parece absolutamente aberrante y está muy confuso y cuando está confuso uno tiene derecho a pensar lo peor, y pensando lo peor, como dice el filósofo, acertamos.

Petróleos Mexicanos, aseguró Jiménez Espriú, se está manejando en forma indebida, se están brincando los preceptos legales y malinterpretando las leyes. Es la impunidad total y aparentemente el consejo de administración dio a Suárez Coppel una patente de corso para que haga lo que le dé en gana con el dinero de Pemex, que es dinero de la nación.

El sistema nacional de refinación perdió $87 mil millones en 2010, señala el priísta

La compra viola la Constitución y pone en riesgo al país, sostiene Monreal

Factible, fiscalizar la adquisición de acciones hecha por Pemex: Labastida

Legisladores mexicanos exigen a Pemex aclarar los motivos para aumentar su participación en Repsol. En la imagen, gasolinera cerca de la localidad española de PuertollanoFoto Ap

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Viernes 2 de septiembre de 2011, p. 4

El presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida, aseveró: si Pemex adquiere más acciones de la empresa Repsol, claro que tendrá que cumplir con la legislación de España, pero eso no quiere decir que esté exenta de ser fiscalizada por órganos del Estado (mexicano). La Auditoría Superior de la Federación sí la puede auditar.

Labastida, ex secretario de Gobernación, destacó: estas decisiones le convienen a la paraestatal, porque hasta donde entiendo, según la versión del director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, que no tengo por qué dudar de él, esta operación va a consolidar el voto y a tener más influencia de Pemex en las decisiones y en el diseño estratégico de Repsol.

Agregó: lo que intenta un accionista minoritario es tener la mayor influencia sobre las decisiones de la empresa Repsol, eso es lo que le conviene, y precisamente la queja del accionista minoritario es que la mayoría lo apabulla, lo reduce en términos de participación y se queja de que las decisiones que adopta Repsol son tomadas sin considerarlo. Con esto Pemex logra tener más influencia en las decisiones de esa empresa.

Se le preguntó sobre la decisión de Pemex de utilizar una empresa sin empleados para realizar esa operación. Labastida respondió: una empresa tenedora de acciones no tiene por qué tener empleados. En un mundo de los negocios esto se hace. Lo que hace el grupo es operar con los menores costos administrativos, y sólo cuenta con un pequeño grupo que ve sus finanzas y toma decisiones. Le cargan los menores costos financieros.

Añadió que “este tipo de operaciones debe beneficiar a Pemex, como cuando se compró la mitad de la refinería Deer Park, en Estados Unidos. Para qué se hizo –se pregunta, y responde él mismo–: pues para tener precios competitivos en la transformación del petróleo en gasolina, diesel y derivados. De hecho, esa empresa sigue teniendo números negros y utilidades; en cambio, el sistema nacional de refinación tuvo el año pasado pérdidas por 87 mil millones de pesos”.

Resaltó que el consejo de administración de la paraestatal tuvo que haber autorizado esa operación, y el director de la empresa y los consejeros deben informar las razones y los motivos de la operación. Esto implicaría una ventaja en la conquista de un mercado para la venta de petróleo en condiciones competitivas para Pemex, pero tiene que transparentarse, revisarse y auditarse, apuntó.

Pemex, aseveró el senador, tiene un programa de inversiones por 250 mil millones de pesos, tiene un gran programa de inversiones, lo que tenemos que revisar es qué congruencia tiene esto para llevarse a cabo en este momento.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, sostuvo que la compra de acciones de Repsol por Pemex viola la Constitución y el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el cual no había recursos destinados a ese propósito. El Congreso, a través de la Cámara de Diputados, no tiene considerada esa compra. Es una verdadera barbaridad la que se está cometiendo y pone en riesgo al país.

Señaló que es un negocio, lo único que les interesa son la usura y el aprovechamiento de los bienes nacionales y el patrimonio de los mexicanos. No lo vamos a permitir, vamos a demandar una investigación de estos actos administrativos, vamos a exigir responsabilidades políticas para quienes han incurrido en falta.

Estos actos, sostuvo, violan la Constitución, porque no hay recursos en este momento autorizados para la compra de acciones ni para asociaciones con empresas extranjeras por parte de una empresa cuya explotación debe ser exclusiva del Estado y no acepta ni contratos ni asociaciones con entidades extranjeras.