OSC acusan desinformación en caso Campo Algodonero

“Segob simula cumplir con sentencia de CoIDH”

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 14 ene 11 (CIMAC).- Organizaciones de mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, criticaron la falta de información por parte de autoridades locales, estatales y federales, respecto a las acciones realizadas por el Estado mexicano para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio en Campo Algodonero, perpetrado en 2001.

Integrantes de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez acusaron que funcionarios de la Secretaría de Gobernación simulan dar cumplimiento a la sentencia, y pusieron como ejemplo que para la construcción de un monumento en memoria de las mujeres asesinadas en la localidad fronteriza “no se consultó a todas las y los involucrados tal y como lo mandata la Corte”.

Integrantes de la Red y de otras organizaciones, se reunieron el pasado miércoles con la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, para analizar los avances en el cumplimiento de la sentencia dictada por la CoIDH sobre tres de los ocho asesinatos de mujeres en Campo Algodonero.

Las activistas explicaron a Cimacnoticias que el resolutivo 17 de la sentencia señala que el Estado mexicano deberá, en el plazo de un año, levantar un monumento en memoria de las víctimas de homicidio por razones de género en la entidad, para lo cual las autoridades tendrán que consultar a las organizaciones de la sociedad civil a través de un procedimiento público y abierto.

Sin embargo, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez denunció que la convocatoria para el monumento se lanzó de manera apresurada a fines de noviembre, y que las autoridades del municipio fronterizo dijeron haber tomado en cuenta a las organizaciones sobre el asunto cuando en realidad eso no ocurrió.

A su vez, las agrupaciones civiles cuestionaron la información oficial sobre la estandarización de todos los protocolos y manuales de investigación de delitos relacionados con las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres con perspectiva de género, toda vez que, aseguraron, ese mandato de la CoIDH no se ha cumplido.

La Red solicitó a los funcionarios una copia del primer informe que el Estado mexicano entregó al organismo internacional sobre el cumplimiento de la sentencia emitida el pasado 10 de diciembre. Advirtió que no hay razón alguna para que ese informe sea confidencial.

Las activistas insistieron en que la Subcomisión está obligada por ley a informar a las organizaciones de mujeres sobre el seguimiento en el cumplimiento de la sentencia: “No basta con que informen de palabra, lo queremos por escrito”, subrayaron.

Hasta ahora, el Estado mexicano sólo ha cumplido lo referente a la publicación de la sentencia en diferentes medios de comunicación y la página web de instancias gubernamentales, así como la indemnización por 851 mil dólares por concepto de daño material y moral para las tres familias de las víctimas

Por inercia institucional se incumple orden de la CIDH sobre 3 feminicidios en Juárez: Inchuástegui

Irán legisladores a la Corte para obligar al Estado a acatar fallo del campo algonero

Mariana Norandi

Periódico La Jornada
Miércoles 1º de septiembre de 2010, p. 20

La comisión de la Cámara de Diputados para los feminicidios aseguró que ni el Ejecutivo federal ni el gobierno de Chihuahua muestran evidencias suficientemente claras de que van a cumplir la sentencia del campo algodonero, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras presentar el primer informe de seguimiento de la sentencia del 18 de noviembre de 2009, en la cual responsabiliza al Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, en noviembre de 2001, la presidenta del órgano legislativo, Teresa Inchuástegui Romero, anunció en entrevista que este grupo consultará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las vías legales que el Poder Legislativo tiene para obligar los ejecutivos federal y estatal a cumplir la sentencia.

Nuestros exhortos caen en oídos sordos, por lo que debemos analizar qué hacer para que el Poder Judicial nos apoye y se cumpla la sentencia.

Sostuvo que en junio y julio los integrantes del organismo se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la procuradora de Chihuahua y con el presidente municipal de Ciudad Juárez, responsables de cumplir y hacer cumplir la sentencia.

Sin embargo –señala–, luego de estas reuniones se constata que el Estado mexicano muestra inercia institucional a la hora de cumplir los resolutivos de la CIDH, la cual se refleja en la descoordinación entre instancias federales, así como en el conflicto de ámbitos de competencia entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Ejemplo de ello es el incumplimiento del resolutivo 12, donde la CIDH obliga a México a investigar y sancionar la desaparición y asesinato de las jóvenes.

“En el caso de las investigaciones, se tiran la pelota uno a otro. El gobierno federal dice que, como es una atribución local, todo lo que es la persecución del delito común, como el homicidio, no le corresponde.

En el caso de sancionar a los funcionarios responsables, afirma que la única figura disponible en el Código Penal es la de abuso de autoridad, y este delito prescribe a los dos años, por lo cual, no se puede hacer nada.

Agregó que tampoco se tiene intención de pagar las indemnizaciones a los familiares de las tres jóvenes ultimadas, que dictó la Corte, básicamente por el pago de costos que cubrieron durante el proceso judicial. Son aproximadamente 13 millones de pesos, que es un monto insignificante para la magnitud de los hechos. Sin embargo, no les han dado un quinto, cuando Presidencia se gasta 16 mil millones de pesos en propaganda.

Reprocha a Gobernación no incluir al instituto en mesas de debate

El Estado incumplió sentencia de la CIDH en el caso campo algodonero: Inmujeres

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 17

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, sostuvo que el Estado mexicano ha fallado en dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso campo algodonero, y recriminó a la Secretaría de Gobernación no haber incluido a ese instituto en la mesa respectiva.

En entrevista, dijo: como Estado fallamos; debe haber mayor coordinación para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la CIDH.
García Gaytán atribuyó a Gobernación la falta de coordinación, al referirse a la mesa sobre campo algodonero. Es una falta de coordinación, porque Gobernación también tiene su unidad de derechos humanos en los estados. Ya solicitamos participar (en la mesa) porque podemos hacer aportaciones; tenemos muy buena comunicación con las instituciones estatales y municipales, así como con sus respectivos congresos. Podemos ayudar a algo más que a repartir culpas.
La sentencia sobre el caso campo algodonero tiene que ver con los homicidios de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González Banda y Esmeralda Herrera Monreal; sus cuerpos fueron localizados en un predio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001.
La titular del Inmujeres advirtió que cada día es mayor el número de muertes por violencia de género. Siguen falleciendo en manos de personas en las que confían , en accidentes y enfrentamientos.

Respecto del número de mujeres que participan en el narcotráfico, dijo que se desconoce la cifra, pero se ha incrementado la privación de la libertad en casi 400 por ciento en los pasados tres años, por introducir drogas a los penales de hombres.

“Es que los familiares o esposos piden a las mujeres que ingresen la droga, porque si no cuentan con ella en el penal, amenazan con matar, aseguró.

Respecto de los feminicidios destacó que el estado de México va a la cabeza en el país. En esa entidad, enfatizó, el grado de impunidad llega a niveles de 94 por ciento. Situación parecida se vive en Ciudad Juárez, donde no obstante se ha avanzado.

García Gaytán admitió que en México “nos hace falta mucha capacitación en las procuradu-rías estatales para que identifiquen los feminicidios. Hemos visto que las venganzas de narcos que involucran a niños y mujeres no son feminicidios; es venganza contra la familia. Tenemos datos muy dispersos para identificar no sólo el asesinato, la violación, también circunstancias que nos permitan decir que se trata o no de un asesinato”.

Por último, destacó que el problema en las procuradurías es la rotación de personal. Hay mucha y no hay fiscalías especializadas en todos los estados, además que no ayuda mucho el grado de impunidad que prevalece en el país.

Diría que estoy fuera del caso, dice la titular de Inmujeres a diputados

Descoordinación, causa de desacato a orden de la CIDH sobre feminicidios

La CNDH señala competencia limitada en tema del campo algodonero de Juárez

Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Jueves 8 de julio de 2010, p. 17

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) admitió que hay descoordinación institucional para el cumplimiento de la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, relativa a la muerte de tres mujeres cuyos cuerpos fueron hallados en noviembre de 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que tiene competencia limitada.

Dichas posturas fueron emitidas en dos reuniones que sostuvo ayer en San Lázaro la comisión especial para conocer y dar seguimiento puntual a los feminicidios ocurridos en México, presidida por la legisladora Teresa Incháustegui Romero, con la titular del Inmujeres, Rocío Gaytán Gaytán, y el primer visitador general de la CNDH, Luis García López.

Ante los cuestionamientos de diputadas y representantes de organizaciones civiles por la falta de respuesta del Estado a la sentencia emitida en noviembre de 2009, en el primer encuentro Gaytán reconoció que hay descoordinación institucional, la cual afecta hasta la distribución de recursos para instituciones como la que preside.

“Debemos cambiar muchas estructuras a escala nacional para dar cumplimiento, porque eso da fuerza a la lucha de tantas mujeres para resolver el problema de estos feminicidios”, señaló en refirencia a los crímenes de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos casos motivaron la queja ante la CIDH.

–¿Falta de voluntad política? –se le preguntó al final.

–Falta de coordinación política.

La presidenta de Inmujeres reconoció que como secretaria técnica del Sistema de Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que preside la Secretaría de Gobernación, soy como oficialía de partes; no tiene injerencia directa –dijo– en el asunto por el cual fue convocada por las diputadas integrantes de la comisión especial.

“Diría que estoy fuera; no tengo nada qué informar porque estoy fuera… De ninguna manera vengo a justificarme. Quisiera hacer más. Ayúdenme desde los espacios (sic) para que podamos hacer más, para que el instituto tenga más fuerza”.

En reunión posterior, el primer visitador de la CNDH admitió que el ombudsman tiene competencia limitada, por lo que están en espera de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, además de que no hay disposición de los ministerios públicos federal y de Chihuahua para tener acceso a los expedientes.

La diputada Incháustegui le preguntó: “¿Cómo puede la CNDH aportar sobre la responsabilidad de funcionarios violadores de los derechos humanos, sobre todo cuando vienen contra el Estado una serie de sentencias?

Luis García propuso entregarles un informe detallado de las investigaciones que tienen sobre cada uno de los servidores públicos que consideramos fueron omisos o irresponsables.

CONTEXTO

En caso de sentencia de CoIDH por caso “Campo Algodonero”

Evade Estado pago de indemnizaciones y reintegro de costas y gastos

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 28 jun 10 (CIMAC).- El 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) publicó la sentencia que condena al Estado mexicano por no prevenir, investigar, ni actuar con celeridad para erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.

En ella, ordenó, entre otras cosas, indemnizar económicamente a las familias de las 3 víctimas. Seis meses después, el Estado argumenta que no tener recursos económicos para cumplir con la sentencia.

Cuando la CoIDH determina que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención Americana, dispondrá, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

En la disposición 25 de la sentencia conocida como “Campo Algodonero”, la CoIDH señala que México deberá pagar indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e inmateriales, y el reintegro de costas y gastos para las y los familiares de las víctimas y sus abogadas.

Según José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), la cantidad requerida para estos efectos es de 851 mil dólares, sin embargo, el funcionario informó la semana pasada, que autoridades estatales y federales, no han llegado a un acuerdo sobre a quién le corresponde realizar el pago.

Situación que deberán resolver en el próximo mes ya que la disposición de la CoIDH señala que: “El Estado deberá, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta sentencia, pagar las cantidades fijadas en los párrafos 565, 566, 577, 586 y 596 de la presente sentencia…”

Esta no es la primera vez que el Estado mexicano trata de evadir la compensación económica para las y los familiares de las víctimas, como se destaca en el libro: “Campo Algodonero”, un análisis detallado y las propuestas para el seguimiento de la sentencia de la CoIDH en contra del Estado mexicano”.

En dicho proceso, el Estado alegó que ya había proporcionado montos económicos que debían ser tomados como parte de las indemnizaciones y compensaciones.

Ello, mediante el “Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres”, que fue creado para indemnizar a familiares de las víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez.

Sin embargo, en la investigación la Corte confirmó que los montos otorgados a través de este fondo, no constituían indemnización, o reparación del daño, y corroboró también, que al entregar el auxilio económico, el Estado lo condicionó, a que las madres renunciaran a su derecho de solicitar, a las autoridades competentes, estudios de ADN, o las diligencias para reconocer la identidad de los cuerpos que les habían entregado como de sus hijas.

El libro, editado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, precisa que ante ello la Corte sostuvo que de ninguna manera consideraría estos recursos como una forma de reparación por daño material a las víctimas.

Consideró que no puede confundirse la presentación de servicios sociales, que el Estado brinda a las y los individuos, con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos, en razón del daño específico, generado por la violación.

Este ejemplo, da cuenta de algunas de las formas establecidas hasta ahora por el Estado que pueden confundirse con la reparación del daño, y deben ser documentadas como formas de violación de derechos en otros casos semejantes, añaden las organizaciones.

En el párrafo 601 de la sentencia, se indica que en caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adecuada, correspondiente al interés bancario moratorio en México.

Sin embargo, en un informe realizado y enviado el pasado 11 de junio a la CoIDH, por la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CDIM) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), se advierte que el cumplimiento de las sentencias debe ser considerado parte integrante del derecho de acceso a la justicia, entendido éste en sentido amplio.

Por lo que:”Si el Estado responsable no ejecuta en el ámbito interno las medidas de reparación dispuestas por la Corte estaría negando el derecho de acceso a la justicia internacional”

En mandato a sentencia de CoIDH sobre Campo Algodonero

Publica PGJE de Chihuahua “Página Web” sobre mujeres desaparecidas

Por Anayeli García y Gladis Torres Ruiz

México, DF, 11 jun 10 (CIMAC).- Aunque el Estado mexicano publicó hoy “una página electrónica” con información de las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993, esta disposición, que tendría que cumplir con una parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso Campo Algodonero, es de difícil acceso y poco clara.

De acuerdo con la sentencia de la CoIDH, el Estado mexicano estaba obligado a crear, en un plazo de seis meses, a partir de la notificación de la sentencia el pasado 10 de diciembre, una página electrónica con información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas.

Ayer venció ese plazo, por ello esta agencia de noticias buscó la respuesta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependencia a través de la cual, el gobierno federal, sigue el cumplimiento de la resolución del máximo tribunal de justicia de la región.

Agustín Verduzco Espinoza, director general adjunto de la Conavim, informó a este medio, que la Procuraduría general de justicia del estado (PGJE) es quien debe dar cumplimiento a este punto de la sentencia. Informó que dicha instancia ayer notificó que, dentro de su página oficial (http://pgje.chihuahua.gob.mx/), se encuentra un micrositio con la información correspondiente.

Sin embargo Cimacnoticias, pudo constatar que la página oficial no contiene ninguna leyenda que precise la publicación de información que mandata la sentencia, es decir, la página web sobre mujeres desaparecidas.

Además, los datos que la CoIDH pidió hacer públicos (nombres y situación jurídica de los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en Chihuahua desde 1993) se encuentran al final de una presentación de 42 hojas en formato PDF.

Cabe recordar que en el documento de la sentencia, se expresa claramente que dicha página electrónica debería “permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos”.

No obstante el micrositio llamado “El estado actual de las investigaciones de los homicidios 1993-abril 2008”, se enfoca en enumerar los logros y respuestas de las autoridades estatales en torno al feminicidio, pero es necesario hacer una búsqueda minuciosa para encontrar los teléfonos de la Procuraduría, y aunado a ello, contiene algunos banners (ligas) que mandan a páginas inexistentes.

POLÍTICA DE SIMULACIÓN

Ante esta situación, Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, comentó a Cimacnoticias que acciones como éstas dejan ver la “política de simulación” que mantiene el Estado mexicano para aparentar que resuelve el femincidio en el país, pues consideró que esto no es cumplir con la disposición número 10 de la sentencia de la CoIDH.

Además, precisó: “desde el Centro dimos seguimiento al cumplimiento de la disposición y hasta las 12 de la noche de ayer 10 de junio, eso no se consumó, lo que habla de la falta de interés para cumplir con la sentencia”.

En la página electrónica, la PGJE, reporta que de 1993 a 2010, se registraron 4 mil 522 mujeres desaparecidas, de ese total, 4 mil 488 fueron encontradas con vida. También señala que fueron resueltos 313 homicidios; ante esta afirmación Luz Estela Castro cuestionó cómo se están clasificando los feminicidios para tener estas cifras.

“Los asesinatos de mujeres en el estado están siendo encubiertos por el crimen organizado y la militarización, donde las mujeres son botín de guerra, y como hacen esta división habría que ver a qué le llaman feminicidio, ver el contexto en el que lo están utilizando para sacar estas cifras”, enfatizó.

Cabe destacar que a seis meses de que se hizo pública la sentencia, sólo se han cumplido dos de los 16 lineamientos que marca, estos son: la publicación de la sentencia en diferentes medios de comunicación y en la página Web de instancias gubernamentales, y la atención psicológica para las y los familiares de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, 3 de víctimas del feminicidio de Campo Algodonero.