Inicia procedimientos a actores políticos y medios de comunicación reticentes a informar

Este año han aumentado las quejas ante el IFE en contra de funcionarios públicos

El rezago en la resolución de los recursos promovidos en años anteriores es relativamente menor, asegura el instituto

Los demandantes han optado por procesos especiales sancionadores, informa

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Lunes 31 de octubre de 2011, p. 6

Durante 2011, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha iniciado 149 expedientes por diversas irregularidades a la legislación, aunque sobresalen las promovidas por la presunta violación al artículo 134 constitucional, relacionado con la imparcialidad que deben asumir los funcionarios públicos. En otros diez casos, la autoridad inició procedimientos ante la reticencia de diversos actores políticos a entregarle información requerida, incluidos medios de comunicación.

El informe de la Secretaría Ejecutiva del IFE, relacionado con el estado que guardan las quejas presentadas, refiere que el rezago en la resolución de recursos promovidos en años anteriores es relativamente menor.

De 2009, de las 206 quejas interpuestas, la autoridad electoral ya ha dado por concluidas 195, por lo que solamente restan 11, en tanto de 2010, de 56 recursos iniciados sólo quedan por resolver 21, esto es, en total faltan 32 recursos correspondientes a años pasados.

Del informe destaca que entre las denuncias que se encuentran en trámite, correspondientes a 2011 por la vía ordinaria, diez fueron presentadas por ciudadanos en contra de servidores públicos y dos más involucran a partidos políticos. Al mismo tiempo, el instituto ha abierto 31 expedientes de oficio, de los cuales ocho son en contra de medios de comunicación.

Del informe se desprende que en 2011, inicio del año electoral, los partidos y ciudadanos denunciantes han optado preferentemente (94 casos) por promover recursos para que sean desahogados mediante procedimientos especiales sancionadores, y en 55 se optó por la vía ordinaria.

En teoría, bajo el primero de los esquemas el IFE debería resolver en cinco días, una vez iniciada la investigación, según lo dispone la legislación. Sin embargo, amparados en criterios ordenados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estos cinco días comienzan a correr después de una investigación previa que confirme indicios de la irregularidad cometida, lo que ha supuesto que los cinco días sólo sean mera referencia recurrentemente incumplida.

Del total de procedimientos especiales sancionadores, poco más de la mitad (49) los promovieron los partidos políticos y 20 fueron interpuestos por ciudadanos; en diez casos se denuncian presuntas irregularidades de servidores públicos.

A raíz de estos procedimientos especiales, en 57 casos los promoventes han solicitado la imposición de medidas cautelares a fin de interrumpir la presunta conducta irregular, en su mayoría relacionada con la hipotética contratación de espacios en radio y televisión, violaciones al artículo 134 constitucional, que regula a los funcionarios públicos, y por la difusión ilegal de propaganda gubernamental en periodos prohibidos por la legislación electoral.

Conforme a la dinámica de procedimiento, de las 57 solicitudes de medidas cautelares que recibió la Secretaría Ejecutiva del instituto, en 44 casos se turnó a la Comisión de Quejas y Denuncias para su análisis y decisión. Sin embargo, sólo en 15 casos los consejeros que la integran consideraron procedente la aplicación de las medidas cautelares y ordenaron su instrumentación.

Por otro lado, de las 195 quejas que fueron resueltas de 2009 –año de elección federal–, poco más de 10 por ciento (22) fueron consideradas fundadas, pues el resto fueron calificadas de infundadas, sobreseídas, desechadas o se tomaron por no presentadas. En cuanto a 2010, de los 35 recursos promovidos, siete fueron considerados fundados y el resto no procedieron por diversas razones.

Pide Valdés Zurita esperar las auditorías en la institución

Investigan en el IFE los posibles actos de corrupción

Hay que velar porque funcionarios tengan la posibilidad de defenderse

Es impostergable que se designe a los nuevos consejeros, señala Leonardo Valdés. La imagen corresponde a una conferencia que ofreció el funcionario el 20 de julio de 2010Foto Cristina Rodríguez

Ciro Pérez Silva

Periódico La Jornada
Martes 10 de mayo de 2011, p. 15

En medio de los conflictos internos que derivan de presuntas irregularidades en el manejo de recursos y la imagen pública de debilitamiento que promueven particularmente los medios electrónicos, el Instituto Federal Electoral (IFE), como árbitro profesional, debe respetar el derecho de opinar de todos los mexicanos, seguir aplicando la ley y sus reglamentos, y cuando encontremos que alguien incumplió, sea partido político, candidato, concesionario de los medios, ciudadano, funcionario público o quien sea, pues con la pena pero lo vamos a sancionar, advierte el consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita.

En entrevista, admite que no sólo es importante que el contralor Gregorio Guerrero haga auditorías, tras recordar la compra de un edificio en avenida Acoxpa por 262 millones de pesos, al avalúo comercial de 2009, cuando ese inmueble, en una cotización de 2007, tenía un valor de 45 millones, es decir, un incremento de 583 por ciento en ese lapso o la adjudicación y uso del sistema de monitoreo, sino que se reconozca que esos señalamientos son el inicio de un proceso, no una sentencia.

–Sin embargo, para la opinión pública es así.

–Todos esos procedimientos de auditoría se deben realizar en el marco de las normas internas del IFE y las leyes aplicables. Tenemos que tener certeza de que el contralor termine las auditorías, y cuando así lo decida se inicien los procedimientos para fincar responsabilidades. En éstos tenemos que velar por el debido proceso, que los funcionarios que presumiblemente sean responsables tengan la posibilidad de defenderse y sólo después, si procede, que se apliquen las sanciones que correspondan.

Estamos en las etapas iniciales de las auditorías, hay hallazgos, pero en la opinión pública ya se hicieron juicios sumarios. Dicen: si hay irregularidades, seguramente hay corruptos en la institución, cuando no se han agotado todas las etapas.

–¿Si se resuelve en contra de funcionarios?

–Nunca he defendido ni defenderé a un funcionario que haya cometido un acto de corrupción, y eso le consta al contralor. Pero es importante que los resultados de las investigaciones se hagan públicos, porque el IFE es una institución transparente y porque estamos comprometidos con la rendición de cuentas. Si las hay, el instituto va a ser respetuoso de las sanciones y las va a transparentar.

–Sin embargo, en algunos medios se ha estigmatizado al IFE.

–En la sesión más reciente de la junta general ejecutiva recibimos un informe del contralor sobre las sanciones impuestas en los casos en que se inició auditoría y llegó a fincar responsabilidades. Ese documento, por ejemplo, no ha sido publicitado, quizá porque no hay resultados espectaculares. Se encontraron responsables, pero con montos menores, sin dejar de reconocer que por tratarse de recursos públicos cada peso es importante.

–¿Considera que algunos medios han trascendido el ámbito informativo en el caso del IFE?

–Tomando el ejemplo del árbitro, en la competencia por el poder político, el IFE es responsable de nivelar la cancha, de los comentaristas, de los jugadores, de los que transmiten, y a todos podemos sancionar. Por supuesto que como algunos se sienten lastimados o piensan que posiblemente el árbitro los podría sancionar, pues tienen esa reacción primaria, muy elemental. Piensan: antes de que me sancione el árbitro, voy a decir que no sirve. Así, para cuando me venga a sancionar ya estará descalificado.

Debo precisar que, independientemente del discurso, inclusive de quienes han sido más críticos con la autoridad electoral, en los hechos quizá esto sea lo más importante: los concesionarios han decidido acatar la ley. Ese es un dato fundamental.

–¿Ha perdido legitimidad y respeto el instituto por esas circunstancias?

–No. El IFE continúa siendo una institución que da un servicio muy importante a todos los mexicanos en dos vertientes: el permanente de otorgar credencial para votar, que para la mayoría se convierte en instrumento fundamental para identificarse. Segundo, en cada elección es organizar el proceso y dar certidumbre en los resultados. El ciudadano sabe que el instituto lo hace de manera profesional y transparente.

Sin dejar de reconocer que los resultados del proceso electoral de 2006 implicaron una situación crítica para el IFE, hubo un sector de la población que perdió confianza en el instituto. Teniendo eso en cuenta, para 2009 tuvimos particular cuidado en mostrar que el organismo es capaz de conducir un proceso cuyo resultado no arrojara dudas.

Respecto de los temas de fondo en materia electoral, destaca la necesidad de que se definan los nombres de los tres consejeros que debe designar el Congreso, a efecto de que se incorporen, tan pronto como se alcancen los acuerdos entre partidos, a las tareas del instituto.

Apegarse a la excusa no daña la calidad del juzgador, indica

Alanís puede recurrir al impedimento en el caso de Peña Nieto: Cossío Díaz

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 2 de abril de 2011, p. 14

José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que la ley ofrece a los jueces la alternativa del impedimento para excusarse, cuando así lo consideren conveniente, de participar en la resolución de un proceso.

Al referirse, a pregunta expresa, del caso de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís, quien se reunió fuera de este órgano con protagonistas de un asunto del que es ponente, relativo al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, el ministro comentó:

Si ella lo considera y, efectivamente estuvo ahí (en la reunión), esas son causales de impedimento que nosotros tendríamos que señalar.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja ante el TEPJF para que la magistrada se excuse del procedimiento en el que se analiza (para confirmar o invalidar) un dictamen del Instituto Federal Electoral en contra del gobernador mexiquense. El PAN considera que la magistrada no será imparcial en su dictamen.

Según el árbitro electoral, el mandatario violó la norma al contratar espacios publicitarios en radio y en televisión para difundir su mensaje de gobierno allende los límites de su entidad.

Lo anterior luego que se reveló en la prensa una reunión, fuera de espacios institucionales, entre la magistrada y diversos personajes vinculados al caso. El encuentro, según la información no desmentida hasta ahora, fue en la casa de Alanís, con la presencia de Luis Videgaray, actual coordinador de campaña del candidato del PRI a la gubernatura del estado de México; Sebastián Lerdo de Tejada, diputado y representante del PRI en el consejo general del IFE; Francisco Ríos, priísta; Enrique Ochoa, aspirante a consejero electoral y actual funcionario electoral, y el consejero del IFE Marco Baños. Este último respondió tras la revelación que sostener reuniones con magistrados, periodistas, políticos o legisladores no son un delito ni una inmoralidad.

No obstante, en el caso de Alanís, la queja del PAN se convirtió, por ley, en un asunto oficial que toca atender al magistrado Constancio Carrasco, quien en los próximos días entregará un informe, mismo que será valorado, en una sesión privada, entre los magistrados que integran la sala superior del TEPJF. Entonces se sabrá si la magistrada Alanís se excusa del asunto Peña Nieto.

Este viernes, el ministro Cossío dijo que en algunas ocasiones ha recurrido al impedimento, cuando alguna de las partes es su amigo o ex jefe. En tales casos, “lo que hice fue decir ‘no puedo negar la amistad, porque sería traicionar a mi propia sicología, pero sencillamente dije ‘soy amigo de él, me retiro y no conozco ni voto del asunto’”.

Cossío se excusó cuando se analizó la llamada ley Televisa, porque uno de los involucrados es su ex alumno y amigo.

En entrevista, el ministro fue cuidadoso de no emitir una recomendación o crítica a Alanís, pero subrayó que recurrir a la excusa no significa dañar la calidad y función del juzgador; es decir, es una alternativa válida.

Nunca me he sentido mal por ello; creo que (la excusa de un asunto) ayuda más al órgano para el cual trabajo.