Nepotismo, acoso sexual y enriquecimiento ilícito, señales de descomposición en el Poder Judicial

Pagan los ciudadanos un sistema jurídico ineficiente y caro: Karla Michel Salas

Transparencia e investigaciones rigurosas, herramientas para frenar la inercia negativa

Fernando Camacho Servín

 Periódico La Jornada

Sábado 12 de julio de 2014, p. 15

Los recientes casos de nepotismo, acoso sexual y presunto enriquecimiento ilícito en los que se han visto envueltos diversos miembros del Poder Judicial son parte de un fenómeno de descomposición que ocurre desde hace muchos años, y cuyas principales víctimas son los ciudadanos, que pagan por un sistema jurídico ineficiente y caro.

Así lo afirmó Karla Michel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quien consideró que la transparencia y las investigaciones rigurosas sobre el trabajo de todos los impartidores de justicia puede ser una herramienta para frenar la inercia negativa de un sistema que parece estar diseñado para no cambiar.

A propósito de las notas que ha publicado La Jornada en días recientes sobre el acoso sexual y laboral contra empleadas de diversas instancias del Poder Judicial, las sanciones contra jueces por presunto enriquecimiento ilícito y el nepotismo con el que se asignan muchas plazas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la litigante señaló que estos abusos ocurren porque nadie cuestiona la raíz del conflicto.

Sabemos que estas cosas ocurren, pero nunca se habían hecho públicas porque el Poder Judicial es prácticamente intocable. Cuando hace varios años vino al país un relator (de Naciones Unidas) sobre independencia de jueces y abogados y denunció la corrupción, la misma SCJN emitió un informe especial para desmentirlo, cuando todos sabemos que sí es así, indicó Salas.

En lo que se refiere al hostigamiento sexual y laboral, se han hecho proyectos para incorporar la perspectiva de género, pero esta herramienta sigue ausente en la práctica, por lo que las víctimas siguen siendo cuestionadas por su forma de vestir y relacionarse con sus compañeros, en vez de que las autoridades investiguen sus denuncias, dijo la activista luego de participar en una comida organizada por la ANAD para celebrar el Día del Abogado.

La principal afectada por este escenario de corrupción e impunidad, recalcó, obviamente es la ciudadanía, que debe mantener un Poder Judicial muy costoso y muy poco eficiente en términos de sentencias.
Una forma de cambiar dicho panorama, estimó Salas, es utilizar al máximo el recurso de la transparencia, de tal forma que la gente pueda saber cuánto gana un juez como servidor público, cuál es su patrimonio al entrar a dicho puesto y cuál es al dejarlo, además de investigar a todos los impartidores de justicia por igual, y no sólo a unos cuantos”.

Si bien este tipo de fenómenos no ocurren sólo en el Poder Judicial, manifestó, sí sería deseable que los miembros de este sector fueran un ejemplo de rectitud y ética profesional, en vez de reproducir un sistema que está diseñado para que nada cambie.

Atiende la Corte denuncia de acoso laboral planteada ante relatora de Naciones Unidas

Se requiere fortalecer protección a derechos de las mujeres

Trabajadora del área de recursos humanos de la 

Suprema Corte denunció acoso laboral de su jefe ante la relatora especial de la ONU Rashida Manjoo, el jueves 10 de julioFoto Guillermo Sologuren

Ángeles Cruz Martínez

 

Periódico La Jornada
Sábado 12 de julio de 2014, p. 15

Desde el jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio respuesta y atendió la denuncia de acoso laboral que presentó una trabajadora ante Rashida Majoo, relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. El caso se turnó al Órgano Interno de Control y está en el interés del máximo tribunal ser un ejemplo en el trato a sus trabajadores, sobre todo en temas como este que son particularmente dolorosos, afirmó Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la presidencia de la Corte.

En tanto, Alma Rosa Colín, de la organización civil Equidad de Género, señaló que el acoso laboral y hostigamiento sexual es un problema añejo, presente en todas las instituciones y dependencias de gobierno, el cual no se resolverá de la noche a la mañana. Aunque ya existe un marco legal y la infraestructura para garantizar la equidad de género, se requiere fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos, en particular las mujeres, advirtió.
La activista señaló que el fortalecimiento institucional con perspectiva de género debe ser un proceso gradual, pues persisten prejuicios e ideas tradicionales que vulneran los derechos de la población femenina. Lo primero, dijo, es apostarle a la capacitación de funcionarios.

Al referirse a la denuncia expresada el pasado jueves durante una reunión con la relatora de Naciones Unidas, Colín explicó que la SCJN cuenta con un mecanismo que procura la igualdad de género en su interior; el problema es que la discriminación y el hostigamiento laboral no es algo que se pueda erradicar fácilmente.
Reconoció el valor que tuvieron las mujeres para alzar la voz, porque uno de los obstáculos que enfrentan las víctimas es la falta de credibilidad. Asimismo, recordó que desde 2011, la Constitución recoge los instrumentos internacionales de derechos humanos y existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo que este tipo de denuncias pone en evidencia es que las reformas legales son insuficientes si dentro de cada institución y dependencia no existe un mecanismo de atención y respuesta inmediata a las denuncias de las víctimas.

Buscan diputados priístas un informe detallado de las denuncias

Llegan al Congreso quejas de trabajadores en Gobernación

Represalias contra quienes protestan por las irregularidades

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Lunes 27 de junio de 2011, p. 17

Los despidos y el hostigamiento laboral en la Secretaría de Gobernación (SG) trascendieron al Congreso de la Unión, luego de que el PRI presentó un punto de acuerdo para que la dependencia, encabezada por Francisco Blake, entregue al Legislativo un informe puntual y detallado sobre estas denuncias, así como de la creación de plazas, especialmente de los que han llegado a Bucareli por la vía de contratos por honorarios.

Mediante un punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados a la Comisión Permanente, se busca que Gobernación entregue también una relación detallada de las denuncias o demandas por despidos injustificados, desde el 15 de julio de 2010 hasta la fecha.

“La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Gobernación remita a esta soberanía, a la brevedad posible, un informe puntual y detallado sobre las denuncias presentadas por funcionarios de esa dependencia que alegan haber sido despedidos injustificadamente…

Que si bien es cierto que en el desarrollo de las funciones propias de la Secretaría de Gobernación se requiere, en ciertos niveles de decisión, de designaciones por confianza, también es cierto que existen principios y marcos normativos que es obligado observar en los procesos de selección y rotación de personal, los cuales deben en todo momento preservar la integridad de la persona y el respeto a sus derechos laborales, se precisa en las consideraciones del punto de acuerdo, que posiblemente sea desahogado la semana entrante.

En tanto, algunos de los trabajadores despedidos han empezado a interponer quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y han entregado a todos los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Senadores un recuento de los casos cuyo punto en común es la desigualdad salarial, el abuso de contratación de personas por la vía de honorarios –sin que cumplan con los requisitos académicos o de experiencia laboral para el puesto que ocupan–, así como hostigamiento en contra de quienes protestan o solicitan mejoras salariales.

Como ha publicado este diario desde 2008, cuando Fernando Gómez Mont estaba al frente de la SG, los trabajadores que han denunciado presuntas irregularidades administrativas en diversas áreas y quienes han solicitado homologación y/o aumento salarial han sido despedidos o relegados de sus funciones, tanto de las oficinas centrales de la secretaría como en organismos descentralizados, como el Archivo General de la Nación.

En el texto entregado por legisladores priístas a la Comisión Permanente destacan que, desde marzo pasado, en distintos medios de comunicación nacionales se han reproducido denuncias presentadas por funcionarios y trabajadores de la SG en las que refieren diversas violaciones a las normas laborales.