Néstor Moreno Díaz, entonces director de Operaciones de la CFE, recibe en 2005 el premio nacional de calidad y tecnología de manos de Vicente Fox Quesada, en Los PinosFoto Cuartoscuro
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 13
Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusado de uno de los casos más importantes de corrupción en los años recientes dentro de la paraestatal, fue liberado la madrugada de este domingo del Reclusorio Oriente por orden de la juez federal Taisa Cruz Parcero.
La juzgadora es la misma que libró contra Moreno la orden de aprehensión, pero decretó la inmediata libertad del detenido porque obtuvo información de otro juez federal de que el inculpado contaba con una suspensión definitiva vigente que impedía su detención.
La Procuraduría General de la República (PGR) indicó ayer en un comunicado que no comparte la interpretación hecha por Cruz Parcero, pues la institución interpreta que la suspensión de amparo no estaba vigente.
Moreno deberá presentarse en los próximos cuatro días hábiles al juzgado cuarto de distrito del Reclusorio Oriente para defenderse de la acusación que le imputaron los fiscales de la PGR y presentar pruebas en su defensa.
El ex funcionario de la CFE fue detenido el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de Toluca, cuando pretendía huir del país en un avión privado.
Aunque la PGR presentó un escrito durante la madrugada del domingo para pedir a la autoridad judicial que negara la libertad condicionada a Moreno Díaz, ante la posibilidad de que evadiera la acción de la ley, la juez décima de distrito optó por conceder la solicitud del inculpado, quien en los próximos seis días deberá aportar pruebas si quiere evitar el auto de formal prisión.
En un comunicado, la PGR explicó que Taisa Cruz, titular del juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales, no tuvo por cumplida la aprehensión (de Moreno), porque estimó que la suspensión provisional que dictó otro juez federal en Monterrey seguía vigente, y por ello ordenó su libertad para que saliera del Reclusorio Oriente de la ciudad de México
.
Lo anterior, con base en que el pasado 3 de agosto Moreno Díaz presentó una demanda de amparo en el juzgado quinto de distrito en materia penal, con sede en Nuevo León, contra cualquier orden de aprehensión dictada en su contra.
Según la PGR, el ex funcionario de CFE debió presentarse en menos de una semana ante Cruz Parcero y, como no lo hizo, los efectos de la suspensión debieron cancelarse
.
Sin embargo, la juez cuarta de distrito “no tuvo por cumplida la orden de aprehensión, porque adujo que seguía vigente la suspensión otorgada por el juez quinto y ordenó su libertad.
El agente del Ministerio Público Federal interpondrá los recursos que correspondan y hará valer las acciones legales procedentes para que se niegue la suspensión definitiva a Moreno Díaz y se declare improcedente el juicio de amparo, para que enfrente el proceso penal por el delito que cometió
, destacó la PGR.
A Moreno se le acusa de enriquecimiento ilícito por 33 millones 99 mil 293 pesos, pues los señalamientos en su contra refieren que es responsable de otorgar contratos de arrendamiento de plantas eléctricas de emergencia a empresas estadunidenses a cambio de sobornos millonarios.
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 14
En los cinco años recientes, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sólo ha destituido de manera definitiva a seis jueces de distrito y a dos magistrados de circuito por conductas indebidas, aunque en ese periodo se han presentado ante el órgano administrativo del Poder Judicial Federal (PJF) al menos 2 mil 300 quejas contra juzgadores de primera y segunda instancias, revelaron funcionarios del CJF.
La gran mayoría de las quejas administrativas son desechadas desde un principio por notoria improcedencia, debido a que únicamente se presentan con el propósito de modificar el sentido de alguna resolución que no haya favorecido a la parte quejosa.
No obstante, incluso cuando se han comprobado conductas graves, el órgano regulador de jueces y magistrados ha optado por sanciones más leves, como suspensión o cambio de adscripción.
La destitución definitiva más reciente ocurrió en julio pasado contra el juez Luis Alberto Ibarra Navarrete, por usar a sus subordinados para litigar en favor de su hermana –quien es magistrada–, así como por nepotismo y maltrato al personal.
El caso anterior fue el del magistrado Miguel Ángel Ramos Pérez, quien formaba parte de un tribunal colegiado de circuito en el estado de México, pero no fue ratificado en el cargo debido a que fue acusado y se demostró que hostigaba a una de sus subordinadas, quien se negó a sostener una relación sentimental con él.
El 12 de noviembre de 2008 fue destituido Francisco Salvador Pérez, quien era magistrado del primer tribunal unitario del decimotercer circuito, en Oaxaca, por diversas irregularidades.
De enero de 2006 y hasta el jueves pasado, cuando se notificó a Ibarra Navarrete su remoción como juez primero de distrito en materia administrativa en Guadalajara, Jalisco, el CJF sólo había destituido a los magistrados Ramos y Pérez, así como a otros cinco jueces de distrito, aunque el universo de juzgadores federales ha crecido año tras año y actualmente hay casi mil 200 en funciones.
El actual lustro (2006-2011) es el más bajo en cuanto a sanciones de juzgadores respecto del mismo periodo anterior, pues de 2000 a 2005 la destitución se aplicó contra cuatro magistrados y seis jueces. En tanto, entre 1995 y 2000 la Judicatura sancionó con suspensión definitiva a 16 juzgadores.
Información estadística elaborada por el CJF revela que de 1995 a 2007 nueve de los 22 jueces y magistrados destituidos en esos años ganaron su reinstalación litigando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluidos cuatro juzgadores que habían sido sancionados por dictar fallos favorables a narcotraficantes.
Es poco común la suspensión definitiva de juzgadores; el CJF recurre más a las sanciones menores, que van desde apercibimientos por escrito hasta destituciones temporales de entre tres meses y un año sin goce de sueldo
, dijo a La Jornada uno de los funcionarios del PJF que proporcionaron la información.
Entre las suspensiones temporales más recientes está la de Ricardo Hiram Barbosa Alanís, juez tercero de distrito en materia administrativa del cuarto circuito de Monterrey, Nuevo León, en tanto se investigan denuncias por presuntamente favorecer a casinos y otras irregularidades. Caso similar es el del juez noveno de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Álvaro Tovilla León, por la investigación que empezó a su juzgado tras el encarcelamiento del secretario Esiquio Martínez Hernández, acusado de tener un patrimonio ilícito de 50 millones de pesos.
En octubre de 2010, el juez Felipe Sifuentes fue suspendido un año por haber permitido a la aerolínea Aviacsa mantener sus operaciones, pese a que despachaba en un juzgado de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y carecía de competencia para conocer del caso.
El 17 de enero de 2009 fue suspendido tres meses el magistrado de circuito Jesús Guadalupe Luna Altamirano (uno de los pocos que transparentan sus resoluciones y ofrecen conferencias de prensa para dar a conocer sus fallos) por haber cuestionado públicamente a la juez Silvia Carrasco, quien en 2008 consignó a cinco años de cárcel a un hijo del presunto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
Luna Altamirano, magistrado del tercer tribunal unitario en materia penal del DF, revocó la sentencia condenatoria de Carrasco y exculpó a Archibaldo Guzmán, cono- cido como El Chapito.
