Mostrando las entradas con la etiqueta censura. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta censura. Mostrar todas las entradas

23 abr 2014

Gobernador de Guerrero impide labor de reportera Brenda Escobar


NACIONAL
   Sus escoltas la agreden para evitar cuestionamientos

Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 

La reportera Brenda Escobar, corresponsal en Zihuatanejo, Guerrero, del diario El Sur, denunció que “a golpes y apretones” personal de seguridad del gobernador Ángel Aguirre Rivero impidió que se acercara a realizar su trabajo y grabar la entrevista colectiva que el mandatario estatal daba a los medios de comunicación.

En una carta publicada en ese diario, Escobar informó que ayer lunes 21 de abril cubría la gira de trabajo del gobernador de Guerrero por el municipio de Petatlán, azotado por el sismo de 7.2 grados Richter ocurrido el pasado viernes.

La reportera advirtió que cuando intentó obtener una declaración de Aguirre Rivero, sin justificación alguna los escoltas le impidieron que se acercara.

Brenda Escobar dijo que le pidió a Armando Añorve, secretario particular del mandatario local, que diera la autorización para que pudiera cruzar el cerco de los guaruras, pero el funcionario le contestó que ya lo estaban entrevistando y luego agregó: “No, tú no”.

La comunicadora apuntó que estuvo insistiendo en que la dejaran cruzar el cerco de seguridad durante el tiempo en que Ángel Aguirre habló con un grupo de mujeres inconformes porque éste no recorrió las casas afectadas por el sismo, y en el momento en que las y los reporteros le hacían preguntas sobre su cumpleaños.

En respuesta, los escoltas la apretujaron “hasta sofocarla” y uno de ellos le dio un golpe con el codo en el estómago, según narró Escobar.

“Sólo quiero dejar constancia señor director (del diario El Sur), que lo único que pretendía era cumplir con mi trabajo, que era conocer la opinión del gobernador sobre temas de interés para los lectores, pero lamentablemente no me fue posible porque sus escoltas me lo impidieron a golpes y apretujones”, explicó.

La reportera envió la misiva a Juan Angulo Osorio, director general del periódico, para manifestar lo sucedido e informar que hoy el gobernador tendría una gira de trabajo en el puerto de Zihuatanejo. “Honestamente tengo temor de que al tratar nuevamente de entrevistarlo, me vaya igual o peor”, alertó.

Por su parte, Angulo Osorio respaldó a la comunicadora y dijo que era justificado el temor de ser nuevamente agredida, ya que el gobernador no fue ajeno a la agresión, pues observó y escuchó los gritos de Brenda Escobar.

El periodista criticó que Aguirre Rivero estuviera ausente durante tres días críticos para miles de guerrerenses de la Costa Grande afectados por el sismo del viernes pasado, y señaló que ahora que reaparecía buscaba impedir que se le hicieran preguntas al respecto, por lo que prefirió que otros colegas le preguntaran sobre su cumpleaños.

“Desde hoy los reporteros de El Sur ya no se acercarán al gobernador, ni le harán preguntas sobre nada, pues primero tenemos que garantizar su seguridad sin la cual, aunque se quiera, no podrán cumplir con su deber de informar de todo a los lectores.
Ofrecemos una disculpa a éstos y esperamos  su comprensión”, explicó.
  

28 mar 2014

Exigen ONG compromiso para que funcione el mecanismo de protección a periodistas


México y los Derechos Humanos

Apoyan la decisión de no asistir a reuniones de la junta de gobierno


Fernando Camacho Servín
 Periódico La Jornada
Viernes 28 de marzo de 2014, p. 4

Diversas organizaciones civiles manifestaron su respaldo a la decisión de los integrantes del consejo consultivo del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de no asistir a las reuniones de la junta de gobierno de dicho organismo hasta que las autoridades se comprometan a resolver la problemática de la misma.

En conferencia de prensa, los activistas subrayaron que a casi dos años de la creación del mecanismo, éste no ha sido capaz de salvaguardar al ciento por ciento la integridad de los defensores y comunicadores mexicanos amenazados por su labor.

Después de destacar que este organismo tiene un rezago de 70 por ciento en las 152 solicitudes de protección que ha recibido desde su creación y no ha podido utilizar los 263.9 millones de pesos de su fideicomiso, los colectivos apoyaron a los consejeros, que se retiraron de la sesión de la junta de gobierno del pasado 24 de marzo.

Los defensores y periodistas que integran el consejo consultivo, señalaron las organizaciones, no volverán a las reuniones mensuales del máximo órgano de decisión del mecanismo mientras no se garantice que en la elección del próximo coordinador ejecutivo –tras la renuncia de Juan Carlos Gutiérrez– se designará a alguien con probada experiencia en temas de derechos humanos.

Asimismo, exigieron que las autoridades impongan una política laboral dentro del mecanismo que respete los derechos de sus integrantes, y que de manera urgente se elabore un programa de atención a los problemas internos de dicha entidad, con acciones definidas, plazos y resultados a obtener.

Los colectivos indicaron que desde hace varios meses habían denunciado las fallas estructurales del mecanismo, sin que la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, emprendiera acciones reales para solucionarlas.

Darío Ramírez, director en México y Centroamérica de la organización Artículo 19, señaló que debido a la estrategia inconexa e ineficaz del gobierno en este tema y la falta de voluntad política de sus funcionarios, el mecanismo está en su mayor crisis a poco más de año y medio de su surgimiento.

Por su parte, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia e integrante del consejo consultivo del mecanismo, lamentó que las unidades de evaluación de riesgos y de análisis no funcionan adecuadamente.

En el acto trascendió que en las cámaras de Diputados y de Senadores se emitieron sendos puntos de acuerdo para llamar a comparecer al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con la finalidad de que explique las fallas del mecanismo y tome cartas en el asunto para solucionarlas.

19 oct 2011

Contradice la legalidad y la libertad de expresión, argumenta la CNDH



Presentan en la Suprema Corte acción de inconstitucionalidad contra la ley Duarte
De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de octubre de 2011, p. 18

Por considerar que la llamada ley Duarte es contraria a los derechos de legalidad, seguridad, jurídica y libertad de expresión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Advirtió que la libertad de expresión es una garantía esencial del ser humano que contempla dos vertientes: la expresión del pensamiento propio y el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias difundidas por los demás.

El pasado 20 de septiembre, el gobierno de Veracruz, que encabeza Javier Duarte, publicó en la Gaceta Oficial de la entidad una reforma al artículo 373 del Código Penal estatal, por la cual se adicionó el delito perturbación del orden público.

Con dicha modificación se establece la posibilidad de sancionar a una persona que por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionado la perturbación del orden público.

Lo anterior, luego de que el pasado 26 de agosto fueron encarceladas dos personas por difundir –a través de la red social de Twitter– versiones sobre supuestos ataques del crimen organizado contra escuelas públicas.

El cambio del ordenamiento penal permitió que se diera el sobreseimiento de la causa que se había instruido en su contra por los delitos de terrorismo equiparado y sabotaje. Por ello, los tuiteros María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera recobraron su libertad el 21 de septiembre.

Ayer, la CNDH informó del recurso presentado a la Corte y explicó que la reforma al Código Penal de Veracruz es contraria a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal y libertad de expresión, todos tutelados en la Constitución y en diversos tratados internacionales de los que México es parte.

Resaltó que el derecho a la información se encuentra protegido en el ámbito internacional y, al respecto, la SCJN se ha pronunciado en diversos criterios jurisprudenciales.

El ombudsman puntualizó que el Código Penal veracruzano no precisa la conducta sujeta a sanción, por lo genérico que resulta afirme falsamente. Tampoco puntualiza el medio para tenerla por demostrada, porque establece por cualquier medio, y quedaría al arbitrio del juzgador interpretar el alcance de esos conceptos, por lo que carece de los principios básicos de claridad, congruencia y precisión.

Además, indicó, el destinario no estará en posibilidad de saber el motivo de esa prohibición, situación jurídicamente inadmisible e incompatible con un sistema o estado de derecho.

7 sept 2011

Algunas de sus disposiciones, contrarias a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes, señalan



No firmar acuerdo que limita y censura Internet, demanda el Senado a Calderón

Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de septiembre de 2011, p. 15

Por unanimidad, el Senado de la República demandó al presidente Felipe Calderón no suscribir el Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (Acta), porque sus disposiciones jurídicas atentan contra los derechos reconocidos en la Constitución, limitan el uso de Internet, censuran sus contenidos y restringen y obligan a los proveedores del servicio a denunciar su eventual mal uso, lo que vulneraría la presunción de inocencia, garantizada en la Carta Magna.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en que dicho acuerdo tuvo una falla de origen, ya que las dependencias del gobierno federal que lo negociaron violaron la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia de Economía al no informar oportunamente al Senado.

El priísta Eloy Cantú Segovia, quien presidió el grupo de legisladores que analizó dicho acuerdo, destacó en el pleno que justamente la ambigüedad de algunas de sus disposiciones serían contrarias a un valor jurídico fundamental, como es la seguridad y la certeza jurídica de los habitantes del país.

Su aplicación –subrayó– podría resultar en una limitación a la universalización deseable del derecho a Internet en la sociedad mexicana: ¿con qué consecuencia?, ampliando la brecha digital y con ello la posibilidad de que el país se inserte de manera precisa en la denominada sociedad de la información y del conocimiento.

Advirtió que el Acta podría derivar en censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo, además del desarrollo legítimo del comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural”.

Cantú sostuvo que, en la hipótesis de convertirse en derecho vigente, diversas cláusulas del Acta resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho nacional, como las garantías individuales contenidas en la Constitución, y “vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema jurídico“.

En tanto, el senador perredista Carlos Sotelo resaltó que perseguir la actividad que los usuarios lleven a cabo en Internet, sin orden previa de autoridad judicial, conduciría a una violación flagrante del artículo sexto constitucional, que consagra el derecho a la información y la obligación del Estado a garantizarlo.

La panista Beatriz Zavala manifestó que es muy claro que el Acta va contra las garantías individuales, no sólo de la privacidad, sino de las leyes que consagran primero la inocencia antes de que se compruebe la culpabilidad. Es muy riesgoso.

Francisco Javier Castellón Fonseca resaltó que “este acuerdo se empezó a debatir de manera secreta entre los negociadores del Ejecutivo. El tema fue descubierto por ciudadanos que nos informaron por medio de las filtraciones de Wikileaks, y también nos hicieron llegar una copia del borrador que se negociaba”.

Por otra parte, la bancada del PRD demandó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que retire los cargos contra María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera, acusados de actos terroristas y sabotaje, mediante el uso de las redes sociales, ya que podrán ser condenados hasta 50 años de prisión.

Castellón y Sotelo señalaron que los procesados señalaron que los reportes que transmitieron sobre presuntos ataques del crimen organizado a escuelas de Veracruz no tenían como fin generar terror o temor entre la población, sino, por el contrario, alertarla sobre hechos peligrosos que estaban ocurriendo, según les informaron varios familiares.

26 mar 2011

Confía la CEM que no se pretenderá "disfrazar la verdad"

Mesura, no censura,

espera el episcopado del pacto entre medios

Consorcios se aferran a dar la línea informativa: académico

Foto
Representantes de los medios de comunicación que firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la ViolenciaFoto Marco Peláez
Emir Olivares Alonso y Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Sábado 26 de marzo de 2011, p. 11

La unificación de criterios editoriales –pactada por algunos medios de comunicación– para informar sobre la violencia demuestra que son los grandes consorcios los que se aferran a seguir dando línea informativa, aseguró René Jiménez Ornelas, coordinador de la unidad de análisis sobre violencia social del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sobre el mismo tema, Manuel Corral Martín, secretario ejecutivo de Relaciones Institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió: las noticias no se pueden callar y los medios están para comunicarlas.

No obstante, dijo, ante el temor que vive la población derivado de la situación de violencia existente en el país, los medios deberían cuidar no sobredimensionar la información sobre las acciones del crimen organizado.

El sacerdote confió en que este pacto no pretenda disfrazar la verdad, sino más bien no exagerar ni descontextualizar la información.

En tanto, Jiménez Ornelas, indicó que la iniciativa encabezada por Televisa y Tv Azteca responde a las necesidades inmediatistas de la autoridad federal, estatal y hasta municipal en la lucha contra el crimen organizado.

Aseveró que ahora aquellos medios que critiquen o no tengan a bien aplicar ese pacto seguramente serán objeto de varios calificativos, entre otros el de amarillistas. Con este convenio infor- mativo se corre el riesgo de generar una especie de limitación en la calidad informativa e inclusive podría llegarse a la autocensura.

Muchos de los medios que firmaron el pacto, subrayó Jiménez Ortiz, siguen el discurso oficial del gobierno de Felipe Calderón de que la violencia se presenta por culpa de los criminales, por lo que no es de extrañar que uno de los puntos del decálogo haga énfasis en reiterar esa idea.

Corral Martín, opinó por su parte, que es necesario crear una cultura de la comunicación y desterrar la cultura del amarillismo, porque en concordancia con la libertad de expresión no serían válidas ni la censura ni la autocensura, si es que ese fuese el caso.

En estos tiempos no se vale la censura, los medios tienen la libertad de decir lo que ocurre, si fuese censura habría que censurarla, porque eso a corto plazo trae más problemas que beneficios; definitivamente hay que decir no a la censura, pero sí a la mesura, dijo.

Consideró que lo medios deben informar con prontitud y claridad los hechos que ocurran en el país, incluidos los de violencia, pero dijo que no deberían exagerar porque se puede generar zozobra, pero insistió en que ello no quiere decir que deban maquillar, desvirtuar, negar u ocultar la verdad.