Comunicadoras feministas nos pronunciamos ante el trato misógino que han recibido las víctimas de feminicidio de la colonia Narvarte

Como ciudadanas y mujeres dedicadas al periodismo de manera independiente y alternativa, hemos dado seguimiento a la información relacionada a la investigación en torno al multihomicidio ocurrido el pasado 31 de julio de 2015, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, donde fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la señora Alejandra Negrete y las jóvenes Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, esta última de origen colombiano.

Desde que se difundieron las primeras filtraciones de las investigaciones, denunciamos y enfatizamos ahora, que tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera fueron hostigados y recibieron amenazas en Veracruz, debido al trabajo como fotoperiodista y activista que respectivamente realizaban, y por este motivo ambos cambiaron su residencia a la Ciudad de México a fin de proteger su integridad física y su vida. Algunos colegas de Rubén Espinosa han referido las medidas de seguridad que él tomó para proteger su persona ante intimidaciones constantes, como comunicaciones furtivas de parte de personas que aparentemente lo monitoreaban.

¿Por qué es importante recalcar algo que hemos mencionado reiteradamente? Porque diversos medios corporativos, que se dicen de información y están al servicio de la clase privilegiada de este país, se han encargado de desviar la atención de este importantísimo hecho, pero sobre todo porque se ha inculpado a las propias víctimas de lo ocurrido.

Desde nuestra perspectiva, casi todos los medios comerciales han criminalizado a las víctimas de este homicidio y feminicidios, pero queremos poner especial énfasis en el trato de la información –carente de toda ética y respeto— que han hecho los periodistas Ciro Gómez Leyva en su columna del periódico El Universal, y Luis Cárdenas López en los videoposts que realiza para MVS.

Ambos periodistas revelaron información que supuestamente les filtró personal de investigación de la PGJDF, algo que de suyo es violatorio de la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales, que incluye el derecho a la privacidad y el prestigio personal, por lo que es evidente que dichas filtraciones tienen un fin político y están lejos de la aplicación formal, profesional e imparcial de la justicia a que las cinco personas asesinadas tienen derecho, de manera que el crimen no quede impune. Además, han llevado a cabo una campaña de desprestigio en contra de Mile Virginia Martin, haciendo énfasis en el aspecto de que la mujer de origen colombiano se dedicaba al sexo servicio aquí en México.

En el caso muy particular de Luis Cárdenas López, desde los primeros días posteriores a que se conociera el multihomicidio y se denunciara públicamente que Rubén Espinosa y Nadia Vera habían recibido amenazas desde el gobierno de Veracruz, el conductor de MVS inició una campaña de desprestigio en contra de Mile Virginia, señalando que era poco probable que Rubén y Nadia hayan sido el blanco principal del ataque, en cambio, de acuerdo a las palabras de Luis Cárdenas, el ataque iba dirigido a Mile Virginia y tenía relación con el consumo y venta de drogas; señaló también que no era posible que una mujer como ella poseyera con automóvil Mustang.

Lo anterior nos lleva a lamentar el desprecio que, a nivel de discurso, se ha mostrado hacia las mujeres víctimas de este crimen. En el caso de Alejandra Negrete, se le ha dado trato de víctima colateral, e importancia secundaria por ser empleada doméstica. E incluso, en una columna reciente Ciro Gómez Leyva la señala como alguien que estaba al tanto de las supuestas actividades irregulares; vaya temeridad para afirmar eso. Lo que ocurrió a Alejandra Negrete y a las otras tres mujeres se llama FEMINICIDIO.

De Yesenia Quiróz –al igual que Mile Virginia— se afirma que se dedicaba al sexo servicio, denotando un discurso cargado de misoginia, como si dedicarse al trabajo sexual fuese motivo para merecer la muerte.

Esto nos preocupa, y ocupa, ya que el discurso de ambos periodistas, por un lado desvía la atención de la probable responsabilidad que Javier Duarte, gobernador de Veracruz, pudiese tener. Pero sobre todo porque justifica y legitima la violencia  feminicida que impera en el país.

Por otra parte, y no es un asunto menor, es importante señalar que la información que se ha difundido, y en la que se basan los juicios de ambos periodistas, se afirma fue proporcionada por una persona que al ser presentada ante los medios de comunicación tenía rastros de golpes y tortura.

Por lo anterior, exigimos:

• Cese la criminalización en contra de las víctimas del multihomicidio en el cual fueron asesinadas Nadia, Alejandra, Yesenia, Mile y Rubén.
• Paren los discursos misóginos en contra de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Nadia Vera, y en el caso de Mile Virginia Martin, nos parece que justificar la violencia feminicida, como lo hacen Ciro Gómez Leyva y Luis Cárdenas López, solo contribuye a fomentar la violencia de género, machista y patriarcal que tantas vidas de mujeres nos ha costado en México.
• Que la PGJDF de a conocer quién o quiénes, y por qué motivo, han filtrado la información de la investigación judicial, que debiera ser reservada hasta la conclusión de las indagatorias.
• Que toda información de la investigación sea resguardada y tratada bajo los protocolos de seguridad aplicables por protección de los familiares y víctimas de tan terrible suceso.

Insistimos en que la principal línea de investigación de este homicidio y feminicidios sean las amenazas que Rubén Espinosa y Nadia Vera denunciaron públicamente haber recibido por parte del gobierno de Veracruz debido a su trabajo, lo que no constituye una casualidad, ya que desde el 2011 otros 15 periodistas han sido asesinados en ese estado por el mismo motivo.

Por último, exigimos se garantice la protección a la vida de las y los periodistas que en este país, especialmente en Veracruz, han recibido amenazas relacionadas a su labor; que denunciar y evidenciar malos gobiernos no sea causa de muerte nunca más en México.

Daniela Villegas. Periodista Feminista.

Hilda Venegas Negrete. Colectivo Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres Radio de Género.

Fabiola Sánchez. Red Anáhuac por la Defensa de los Bienes Comunes.

Lorena Aguilar Aguilar. Colectivo de Contrainformación Kaos en la Red.

Lucero Mendizabal. Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

Roselia Chaca. Voz e imagen del Istmo.

Verónica FridaGuerrera Villalvazo. Premio Nacional “Carlos Montemayor” 2010, comunicadora

Cada 26 horas un periodista es agredido en México: Artículo 19

Distrito Federal, Quintana Roo y Veracruz son las entidades con más agresiones a periodistas.

Nayeli Roldán (@nayaroldan)

En México un periodista es agredido cada 26.7 horas. Tan solo en 2014 se registraron 326 ataques contra comunicadores y cinco reporteros fueron asesinados presumiblemente por realizar su labor. En regiones como Tamaulipas o Chihuahua, la autocensura es la única defensa ante los embates de criminales, aunque en el resto del país, la mayor parte de las agresiones provienen desde el poder. En resumen, se trata del peor panorama para la libertad de prensa y el derecho a la información de los últimos siete años.

Así lo documenta el informe “Estado de Censura”, elaborado por Artículo 19, presentado este 24 de marzo. En él se reporta el aumento de agresiones a periodistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto con respecto al de Felipe Calderón, cuando se registraba un ataque cada 48.1 horas.

En el Distrito Federal, gobernado por Miguel Ángel Mancera, ocurrieron 85 agresiones, sobre todo en protestas sociales, por lo que encabeza la lista de incidencia en todo el país. Esto significa un aumento de 70% de incidencia para este sexenio, toda vez que con Calderón se registraron 98 ataques en la capital, un promedio de 16.3 por año; pero con Peña ya suman 166 solo en dos años (81 en 2013 y 85 en 2014).

Y es que la administración federal inició con una manifestación en la Ciudad de México por la toma de protesta como Presidente de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012 que dejó heridos, inmuebles destruidos y más de una centena de detenidos. En los siguientes meses, durante las movilizaciones que resultaron en vandalismo por parte de un grupo de autodenominados anarquistas, los periodistas eran agredidos por estos y por policías al documentar los enfrentamientos y detenciones.

En el sexenio de Calderón, Tamaulipas y Chihuahua fueron las entidades más violentas para la prensa con 58 y 92 agresiones registradas respectivamente, de las cuales 13 fueron asesinatos (nueve en Chihuahua y cuatro en Tamaulipas); en contraste, en los dos años de gobierno de Peña Nieto, suman 13 y 12 las agresiones, respectivamente, incluido un asesinato por cada estado.

Pero la disminución no necesariamente es una buena señal y se puede explicar en gran medida por el temor de la prensa a informar acerca de temas que pongan en riesgo su integridad, “lo que ha generado una censura —y auto censura— generalizada y, por lo tanto, un efecto inhibidor en la prensa de estas entidades”, advierte el estudio.

En Quintana Roo, gobernado por Roberto Borge, se registraron 42 agresiones a periodistas en 2014. Es la segunda entidad de mayor incidencia y con acciones que bien podrían rayar en lo inverosímil. Por ejemplo, las portadas del semanario Luces del Siglo, de Cancún, Quintana Roo, una de las publicaciones más destacadas dedicada a la investigación y una línea editorial crítica hacia el gobierno de la entidad y los municipios, fueron falsificadas y compartidos por correo electrónico y redes sociales en 38 ocasiones.

Veracruz ocupa el tercer lugar. En la entidad gobernada por Javier Duarte han ocurrido 41 ataques a comunicadores. Uno de ellos fue el asesinato del reportero Gregorio Jiménez. Y aunque en ocurrieron en otra fecha, no puede olivarse el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso y más recientemente, la muerte de Moisés Sánchez, periodista del municipio de Medellín. En ningún caso se ha investigado hasta conseguir el castigo a los responsables.

 ¿Quiénes son los agresores de periodistas?

Desde 2007 el país atraviesa por una de las crisis de inseguridad más agudas debido al crimen organizado y la “guerra” emprendida en contra de los cárteles de la droga por el ex presidente Felipe Calderón, pero la mayoría de las agresiones contra periodistas reportadas durante 2014, provienen del poder y no de los criminales.

El diagnóstico revela que del total de ataques, 156 provienen de funcionarios públicos, en 86 casos se desconoce al agresor; 56 fueron por parte de particulares; 11 por una organización sindical; 8 por el crimen organizado y el resto por fuerzas partidistas, medios de comunicación y organizaciones sociales.

Aunque México existen leyes, programas, una fiscalía lo que lo convierte en uno de los sistemas más robustos de protección de todo el mundo, las agresiones a la prensa continúa en aumento. “La pregunta obvia es ¿por qué? La respuesta obvia sigue siendo la misma: la total impunidad de quienes actúan contra la prensa”, afirma Darío Ramírez, director de Artículo 19, oficina para México y Centroamérica.

Esto se explica con datos duros, pues a cinco años de haber sido creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) —antes Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP)—, “el Estado mexicano aún está en deuda respecto de su obligación de prevenir y proteger a quienes llevan a cabo actividades periodísticas”, dice Artículo 19.

“Dos casos emblemáticos de la poca efectividad de la FEADLE son el de la periodista y activista Lydia Cacho, y el de los periodistas agredidos por policías del Distrito Federal en contextos de protesta social”, señala el diagnóstico.

En 2014 se reportaron ocho casos ante la Fiscalía, frente a los 10 y nueve reingresos que hubo en 2012 y 2013, respectivamente. Un aspecto preocupante es el atraso en la atención de los casos, pues mientras en 2013 reportó un rezago de 66 averiguaciones, para 2014 el número creció a 121, lo que significa un aumento de 183 por ciento en el rezago.

Sin embargo, el presupuesto sí creció. Pasó de 3 millones en 2012, a 38 millones 84 mil pesos para 2013 y 39 millones 13 mil pesos en 2014. Pero la distribución del recurso privilegió la nómina, al dedicar 24 millones 354 mil pesos a “servicios personales”, mientras que a “servicios generales” correspondieron 13 millones 620 mil pesos. 

Los agredidos

Goyo documentaba la violencia en Veracruz

Gregorio Jiménez, Goyo como le decían, era reportero en Villa Allende, Coatzacoalcos, y enviaba notas a los periódicos locales El Liberal del Sur, NotiSur y La Red sobre la violencia en esa región, en particular los secuestros. Ganaba 20 pesos por cada texto.

A fines de octubre de 2013, Gregorio fue amenazado por la publicación de una de sus notas. La dueña de un bar donde se habían cometido varios crímenes se molestó porque los voceadores anunciaban la nota afuera del lugar. Un mes después, el reportero reveló el nombre de una conocida restaurantera de Coatzacoalcos a quien la policía le había asegurado una “casa de seguridad” para personas secuestradas, entre ellas, migrantes que tuvieron que transitar forzosamente por la región.

Goyo fue secuestrado por un comando y seis días después fue encontrado sin vida en una fosa en la que también se encontraba el cuerpo de Ernesto Ruiz Guillén, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coatzacoalcos, cuyo secuestro había sido denunciado por el fotorreportero el 21 de enero.

Fue el quinceavo periodista asesinado en Veracruz en los últimos 11 años, el décimo en la administración del gobernador Javier Duarte y el quinto en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Artículo 19 advierte que la investigación sobre este homicidio, como la del resto de los periodistas asesinados en Veracruz, ha estado plagada de irregularidades o desaciertos. Existe una pretensión de desvincular el ejercicio periodístico de las víctimas con el móvil de los crímenes; las autoridades estatales incluso han llegado a señalar que los comunicadores tenían nexos con el crimen organizado o que se trató de móviles pasionales, como lo hicieron con Regina Martínez.

Edwin Canché, el corresponsal golpeado por documentar

El 1 de enero de 2014, Almícar Couoh, menor de edad y sobrino del alcalde de Seyé, Yucatán, aún ebrio por el festejo de año nuevo, condujo la camioneta de su padre, chocando contra el muro de piedra que protegía el patio de la familia Madera Pech.

Para evitar que el culpable lograra deslindarse de los daños, Amada Pech, habitante del inmueble, buscó a Edwin Canché, corresponsal de del Diario de Yucatán en Seyé, un municipio indígena a 36 kilómetros de Mérida, capital del estado.

Al llegar al lugar tomó fotografías, pero casi de inmediato cuatro policías y el director de seguridad municipal lo hostigaron y se lo llevaron al palacio municipal en una patrulla. En el lugar, los uniformados recibieron la orden del munícipe Ermilo Dzul Huchim: “Ya estoy hasta la madre, me tienen cansados de que estén criticando mi administración. Rómpanle la madre”. El resultado: lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza.

Debido a la protesta de los habitantes, el presidente municipal liberó a Edwin y le devolvieron sus pertenencias pero borraron las fotos que había tomado. Permaneció retenido durante una hora. El reportero interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Yucatán y el caso fue atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).

Aunque en mayo de 2014 el Juzgado Quinto de Distrito ordenó la aprehensión de los cinco agresores por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, al ser no graves consiguieron la libertad con fianzas de entre 7 mil 400 y 8 mil 333 pesos cada uno. El argumento del juez para no imputarles delitos graves, fue que Edwin nunca acreditó su calidad de periodista.

Los abogados de Edwin interpusieron un amparo ante un tribunal de apelación en Campeche, y solicitaron que se reclasifiquen los delitos y se tome en cuenta la calidad de periodista de la víctima. Por tratarse de un tema relevante para la libertad de expresión, Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció el pasado 25 de febrero que analizará el caso para su posible atracción.

Pedro Canché, el periodista que retó al gobernador

Foto: Artículo 19El periodista Pedro Canché fue detenido el pasado 30 de agosto de 2014.

Pedro Canché es periodista maya en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. El único que dio a conocer la represión de los ciudadanos mayas de su comunidad, que protestaban contra los altos cobros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), órgano dependiente de la administración estatal.

Canché produjo y difundió un video en redes sociales donde criticaba el desempeño de Roberto Borge y lo retaba a debatir públicamente por su falta de sensibilidad para atender las denuncias ciudadanas de su localidad. La respuesta fue una campaña de desprestigio y hostigamiento en redes sociales por parte de personajes cercanos al gobernador.

El 30 de agosto de 2014 fue encarcelado y acusado falsamente de sabotaje por el gobierno de la entidad, encabezado por Roberto Borge. Además advierten que Canché no era periodista por el hecho de que no publicaba en un medio de comunicación acreditado ante el gobierno estatal.

Canché permanece en la cárcel y desde ahí ha enviado su testimonio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero el gobierno estatal ha intentado por cualquier medio acallar su voz. Exigió a las autoridades de la prisión de Carrillo Puerto que le quitaran todo objeto con el que Pedro pudiera escribir, pero la orden fue desechada, debido a que el reglamento permite a los presos la posesión de hojas de papel, plumas o lápices.

Esta es una muestra más de que “el gobierno de Roberto Borge es represor de la libre expresión. El mensaje es incisivo: en su entidad se castiga a quienes publican información incómoda, crítica. En Quintana Roo, las voces que disienten son ahogadas; con ello se busca el control político de la sociedad”.

Noreste de Sinaloa bajo ataque

Foto: CuartoscuroEl director general del periódico Noroeste Adrian Lopez Ortiz, fue baleado en la madrugada mientras era despojado de su vehículo.

Desde que Mario López Valdez asumió la gubernatura de Sinaloa, el 1 de enero de 2011, el periódico Noroeste ha sido el medio de comunicación que más agresiones ha recibido en esa entidad, advierte Artículo 19.

Durante la medianoche del miércoles 2 de abril de 2014, su director, Adrián López Ortiz, fue asaltado, golpeado y herido por una bala en una pierna. Lo agredieron cuando se dirigía a su casa, procedente del aeropuerto de Culiacán, luego de arribar en un vuelo comercial de la Ciudad de México, donde también viajaba el gobernador Mario López Valdez, cuya administración ha sido fuertemente cuestionada por Noroeste.

A la fecha, han sido registrados 47 incidentes de seguridad en ese lapso: robos, despojos, agresiones físicas, amenazas y asaltos, en los que el personal y equipo de trabajo del diario sufrieron daños.

En materia de agresiones a la libertad de expresión, según la documentación de Artículo 19, Sinaloa es la décima entidad nacional con más ataques en siete años. Suma por lo menos 67 casos, 32 en el gobierno de Mario López Valdez, de los cuales 22 han sido acciones dirigidas a Noroeste. A esta cifra hay que sumar las decenas de incidentes de seguridad contra este periódico, en los que han sido atacados tanto instalaciones como trabajadores no involucrados en la labor periodística. 

Gobernador de Guerrero impide labor de reportera Brenda Escobar

NACIONAL

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

   Sus escoltas la agreden para evitar cuestionamientos

Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.- 

La reportera Brenda Escobar, corresponsal en Zihuatanejo, Guerrero, del diario El Sur, denunció que “a golpes y apretones” personal de seguridad del gobernador Ángel Aguirre Rivero impidió que se acercara a realizar su trabajo y grabar la entrevista colectiva que el mandatario estatal daba a los medios de comunicación.

En una carta publicada en ese diario, Escobar informó que ayer lunes 21 de abril cubría la gira de trabajo del gobernador de Guerrero por el municipio de Petatlán, azotado por el sismo de 7.2 grados Richter ocurrido el pasado viernes.

La reportera advirtió que cuando intentó obtener una declaración de Aguirre Rivero, sin justificación alguna los escoltas le impidieron que se acercara.

Brenda Escobar dijo que le pidió a Armando Añorve, secretario particular del mandatario local, que diera la autorización para que pudiera cruzar el cerco de los guaruras, pero el funcionario le contestó que ya lo estaban entrevistando y luego agregó: “No, tú no”.

La comunicadora apuntó que estuvo insistiendo en que la dejaran cruzar el cerco de seguridad durante el tiempo en que Ángel Aguirre habló con un grupo de mujeres inconformes porque éste no recorrió las casas afectadas por el sismo, y en el momento en que las y los reporteros le hacían preguntas sobre su cumpleaños.

En respuesta, los escoltas la apretujaron “hasta sofocarla” y uno de ellos le dio un golpe con el codo en el estómago, según narró Escobar.

“Sólo quiero dejar constancia señor director (del diario El Sur), que lo único que pretendía era cumplir con mi trabajo, que era conocer la opinión del gobernador sobre temas de interés para los lectores, pero lamentablemente no me fue posible porque sus escoltas me lo impidieron a golpes y apretujones”, explicó.

La reportera envió la misiva a Juan Angulo Osorio, director general del periódico, para manifestar lo sucedido e informar que hoy el gobernador tendría una gira de trabajo en el puerto de Zihuatanejo. “Honestamente tengo temor de que al tratar nuevamente de entrevistarlo, me vaya igual o peor”, alertó.

Por su parte, Angulo Osorio respaldó a la comunicadora y dijo que era justificado el temor de ser nuevamente agredida, ya que el gobernador no fue ajeno a la agresión, pues observó y escuchó los gritos de Brenda Escobar.

El periodista criticó que Aguirre Rivero estuviera ausente durante tres días críticos para miles de guerrerenses de la Costa Grande afectados por el sismo del viernes pasado, y señaló que ahora que reaparecía buscaba impedir que se le hicieran preguntas al respecto, por lo que prefirió que otros colegas le preguntaran sobre su cumpleaños.

“Desde hoy los reporteros de El Sur ya no se acercarán al gobernador, ni le harán preguntas sobre nada, pues primero tenemos que garantizar su seguridad sin la cual, aunque se quiera, no podrán cumplir con su deber de informar de todo a los lectores.
Ofrecemos una disculpa a éstos y esperamos  su comprensión”, explicó.
  

Simulación del Estado recrudece violencia contra las periodistas

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

   Ataques tienen implicaciones distintas para las mujeres

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Las recientes y aún impunes agresiones contra la periodista Carmen Olsen representan apenas un caso de un total de 146 cometidos durante 2013, en el que funcionarios y agentes de seguridad pública atentaron contra la libertad de prensa en México, según el informe anual de la organización Artículo 19.

“Disentir en silencio. Violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013”, presentado hoy en el Centro Cultural de España en esta capital, incluye el caso de la colaboradora del diario El Sol de Tijuana, el Semanario Ecos de Rosarito y directora del portal web rosaritoenlanoticia.info.

Se registra que el viernes 4 de enero de 2013 Olsen fue privada de su libertad y agredida durante cuatro horas por policías municipales de Playas de Rosarito, Baja California (BC), cuando la periodista intentó grabar el momento en que dos agentes golpeaban a unos jóvenes.

Aunque Olsen denunció a los policías, éstos la acusaron ante la Procuraduría General de Justicia de BC de haberlos agredido verbalmente y de haber provocado la fuga de cinco personas que estaban a punto de ser detenidas en ese momento.

En el informe, Artículo 19 de nueva cuenta coloca al año anterior como el más violento para la prensa en México y en esta ocasión sostiene que las agresiones contra las periodistas tienen implicaciones distintas.

De acuerdo con los datos de la organización civil defensora de la libertad de expresión, en 2013 se registraron 330 agresiones contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación, 123 casos más que los reportados en 2012.

Es decir, hubo un incremento de 59 por ciento con respecto a las agresiones registradas para ese año y que se traduce en que en México cada 26.5 horas se agrede a un periodista.

Del total de casos registrados en 2013, el 20 por ciento corresponde a mujeres, es decir 59 de las agresiones corresponden a periodistas que fueron agredidas por su labor informativa.

Darío Ramírez, director de Artículo 19, sostuvo que de 2007 a 2013 el incremento de las agresiones contra mujeres periodistas ha sido constante, colocando al año pasado como el más violento para las comunicadoras.

Explicó que las agresiones que se cometen contra las mujeres del gremio tienen características distintas relacionadas al sexo de las informadoras.

Así, en el caso de Carmen Olsen –se asienta en el informe– la periodista fue blanco de una campaña de desprestigio y difamación en redes sociales y panfletos repartidos en la calle “por personas vinculadas al PRI”. Al mismo tiempo su cuenta de Facebook fue clonada con el objetivo de descalificar su trabajo.

La comunicadora fue agredida por funcionarios de BC, lo que en total suman 146 casos registrados en 2013 en los que agentes del gobierno atentaron contra las y los periodistas.

En febrero pasado, Artículo 19 y representantes de la ONU visitaron BC para dar seguimiento al caso de Olsen, quien denunció ser víctima de hostigamiento por parte de Francisco Castro Trenti, director de Seguridad Pública del Quinto Municipio, y hermano del actual senador por el PRI Fernando Castro Trenti.

En su informe, la organización civil reporta que en 2013 policías estatales y municipales fueron responsables de 87 ataques, mientras que otros 24 periodistas fueron detenidos ilegalmente por la policía mientras intentaban realizar una cobertura periodística.

Darío Ramírez aseveró que los hechos de violencia que anteriormente eran considerados como aislados se han vuelto una “práctica común”, que deriva en auto censura de los medios y periodistas. Lamentó que el Estado mexicano simule garantizar la libertad de expresión.

Lo anterior al señalar que el alto número de agresiones contra periodistas se da cuando supuestamente el país tiene el sistema más robusto de protección a las y los informadores en América Latina, conformado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Tenemos una fiscalía que gasta 30 millones de pesos anualmente y que en ocho años no ha dictado una sola sentencia, y un mecanismo que condiciona o limita las acciones de protección y hasta desestima las denuncias de defensoras”, sentenció.

En ese sentido demandó que el gobierno deje de lado la simulación, pues no se trata de reformar las leyes o actualizar los protocolos, sino de tener realmente la voluntad política para resolver los casos que ya se han dado y evitar que las agresiones se incrementen.

Como en el caso del DF, que durante el primer año de gobierno de Miguel Ángel Mancera se colocó como una de las tres entidades donde más se violenta a las y los periodistas debido a la constante represión de la protesta, que no sólo ha vulnerado el derecho a la manifestación sino también la labor de los periodistas que cubren las movilizaciones sociales.

Al DF le sigue el estado de Veracruz, que tan sólo en la actual administración de Javier Duarte ha registrado el asesinato de 10 periodistas, incluida la de la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez.

Darío Ramírez refirió que la impunidad “es un eje transversal de las agresiones”, ya que el 99 por ciento de los casos no se han resuelto.

Al finalizar la presentación del informe se proyectó el último de los cuatro documentales que conforman la campaña “#ImpunidadMata”, que aborda el caso de la periodista Lydia Cacho, quien ha sido perseguida por autoridades y empresarios por denunciar a las redes de explotación sexual.

Intentan hipotecar la democracia: Concha Quieren que regrese el autoritarismo, dice

Deben defenderse derechos humanos

I

El padre Miguel Concha, acompañado del líder sindical Francisco Hernández Juárez, el doctor Alfonso Bouzas, Enrique Ortiz y Raquel Sosa participaron en el foro para la construcción política del Frente Amplio Social en el auditorio del Sindicato de Telefonistas

Foto Alfredo Domínguez

Patricia Muños Ríos

 Periódico La Jornada

Martes 29 de enero de 2013, p. 23

Se debe tener sumo cuidado en que no quieran echar para atrás la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ya que algunos quieren que regrese el autoritarismo, cuando precisamente se ha trabajado mucho por sentar las bases para tener un sistema más democrático, sostuvo el sacerdote Miguel Concha.

No podemos dejar de pasar los intentos de echar abajo esta reforma constitucional, porque se perderían derechos fundamentales y se hipotecaria la democracia del país, dijo el sacerdote.

Miguel Concha participó ayer en la convocatoria para la construcción política del Frente Amplio Social, integrado por diversas organizaciones campesinas y sindicales, como el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) y la Unión Nacional de Trabajadores, donde se discutió el posicionamiento que llevarán al mitin político del 31 de enero, cuando se manifestarán estos gremios contra la política gubernamental y las reformas laboral y educativa, entre otras.

El sacerdote y catedrático dijo que también llegó a sus manos un llamado a toda la sociedad mexicana, para cambiar el modelo de desarrollo el cual fue elaborado por el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, cuyo eje rector será la garantía de integralidad de los derechos humanos para todos los mexicanos.

En el acto, el abogado y catedrático, Alfonso Bouzas, hizo una crítica a la reforma laboral y dijo que una de las peores fallas que presenta es que no da alternativas de trabajo digno para los jóvenes mexicanos.

También habló Éric Villanueva, especialista en temas del campo y hasta hace poco, director del Instituto Belisario Domínguez del Senado, quien expuso que ante la pobreza que padecen los campesinos y el hecho de que se importa casi 40 por ciento de los alimentos que se consumen en México, lo que le cuesta al país cerca de 300 mil millones de pesos anuales, se debe impulsar una agenda propia de desarrollo para el campo con una visión integral.

A su vez, Raquel Sosa, del Centro de Estudios Latinoamericanos (Cela), señaló que México ha seguido las orientaciones de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en materia de educación. Puntualizó que en la reforma educativa que este gobierno está impulsando se nota el punto de vista empresarial, porque el eje de la misma es la evaluación de los profesores, sin antes hacer un diagnóstico integral de la educación en el país.

Se pierde de vista que en el país 35 millones de mexicanos no han acabado su educación básica, 7 millones son analfabetas y miles de jóvenes están fuera de los sistemas de educación media y superior; todo se ha centrado en la creación de un instituto que evalúe a los profesores, dijo.

Contradice la legalidad y la libertad de expresión, argumenta la CNDH

Presentan en la Suprema Corte acción de inconstitucionalidad contra la ley Duarte

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 19 de octubre de 2011, p. 18

Por considerar que la llamada ley Duarte es contraria a los derechos de legalidad, seguridad, jurídica y libertad de expresión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Advirtió que la libertad de expresión es una garantía esencial del ser humano que contempla dos vertientes: la expresión del pensamiento propio y el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias difundidas por los demás.

El pasado 20 de septiembre, el gobierno de Veracruz, que encabeza Javier Duarte, publicó en la Gaceta Oficial de la entidad una reforma al artículo 373 del Código Penal estatal, por la cual se adicionó el delito perturbación del orden público.

Con dicha modificación se establece la posibilidad de sancionar a una persona que por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionado la perturbación del orden público.

Lo anterior, luego de que el pasado 26 de agosto fueron encarceladas dos personas por difundir –a través de la red social de Twitter– versiones sobre supuestos ataques del crimen organizado contra escuelas públicas.

El cambio del ordenamiento penal permitió que se diera el sobreseimiento de la causa que se había instruido en su contra por los delitos de terrorismo equiparado y sabotaje. Por ello, los tuiteros María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera recobraron su libertad el 21 de septiembre.

Ayer, la CNDH informó del recurso presentado a la Corte y explicó que la reforma al Código Penal de Veracruz es contraria a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal y libertad de expresión, todos tutelados en la Constitución y en diversos tratados internacionales de los que México es parte.

Resaltó que el derecho a la información se encuentra protegido en el ámbito internacional y, al respecto, la SCJN se ha pronunciado en diversos criterios jurisprudenciales.

El ombudsman puntualizó que el Código Penal veracruzano no precisa la conducta sujeta a sanción, por lo genérico que resulta afirme falsamente. Tampoco puntualiza el medio para tenerla por demostrada, porque establece por cualquier medio, y quedaría al arbitrio del juzgador interpretar el alcance de esos conceptos, por lo que carece de los principios básicos de claridad, congruencia y precisión.

Además, indicó, el destinario no estará en posibilidad de saber el motivo de esa prohibición, situación jurídicamente inadmisible e incompatible con un sistema o estado de derecho.

A Notimex, Héctor Villarreal

V. Ballinas y A. Becerril

Periódico La Jornada
Miércoles 12 de octubre de 2011, p. 20

El presidente Felipe Calderón remitió al Senado el nombramiento de Héctor Villarreal Ordóñez como nuevo director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) por un periodo de seis años.

Villarreal Ordóñez ha estado vinculado al PAN desde hace más de 15 años, incluso estuvo integrado al equipo de trabajo de Juan Ignacio Zavala cuando éste era vocero del CEN. Asimismo fue director de prensa en el CEN panista, aunque esto no se indica en el currículo que envió el Ejecutivo.

El Senado cuenta con 30 días para objetarlo; vencido ese plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento.

En el oficio que envió la Presidencia con la propuesta resalta que ese cargo se encuentra vacante desde el primero de agosto de este año, por haber finalizado el periodo de Sergio Uzeta Murcio, quien concluyó el mandato de cuatro años.

Se anota en el oficio que firma el titular del Ejecutivo que Villarreal Ordóñez es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana y cuenta con amplia experiencia en materia de comunicación, tanto en el sector público como en el sector privado.

Fue director de Información de Prensa Internacional de la Procuraduría General de la República (PGR); director general de Comunicación Social y director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Además, se ha desempeñado como coordinador de radio y televisión en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia; director general del Instituto Mexicano de la Radio (Imer), y desde el primero de febrero de 2010, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación.

En el ámbito académico ha sido titular del taller de periodismo en la licenciatura en comunicación de la Universidad Iberoamericana, ponente en diversos diplomados, así como miembro del consejo directivo del Instituto Nacional de Administración Pública.

Algunas de sus disposiciones, contrarias a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes, señalan

No firmar acuerdo que limita y censura Internet, demanda el Senado a Calderón

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Miércoles 7 de septiembre de 2011, p. 15

Por unanimidad, el Senado de la República demandó al presidente Felipe Calderón no suscribir el Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (Acta), porque sus disposiciones jurídicas atentan contra los derechos reconocidos en la Constitución, limitan el uso de Internet, censuran sus contenidos y restringen y obligan a los proveedores del servicio a denunciar su eventual mal uso, lo que vulneraría la presunción de inocencia, garantizada en la Carta Magna.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en que dicho acuerdo tuvo una falla de origen, ya que las dependencias del gobierno federal que lo negociaron violaron la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia de Economía al no informar oportunamente al Senado.

El priísta Eloy Cantú Segovia, quien presidió el grupo de legisladores que analizó dicho acuerdo, destacó en el pleno que justamente la ambigüedad de algunas de sus disposiciones serían contrarias a un valor jurídico fundamental, como es la seguridad y la certeza jurídica de los habitantes del país.

Su aplicación –subrayó– podría resultar en una limitación a la universalización deseable del derecho a Internet en la sociedad mexicana: ¿con qué consecuencia?, ampliando la brecha digital y con ello la posibilidad de que el país se inserte de manera precisa en la denominada sociedad de la información y del conocimiento.

Advirtió que el Acta podría derivar en censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo, además del desarrollo legítimo del comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural”.

Cantú sostuvo que, en la hipótesis de convertirse en derecho vigente, diversas cláusulas del Acta resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho nacional, como las garantías individuales contenidas en la Constitución, y “vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema jurídico“.

En tanto, el senador perredista Carlos Sotelo resaltó que perseguir la actividad que los usuarios lleven a cabo en Internet, sin orden previa de autoridad judicial, conduciría a una violación flagrante del artículo sexto constitucional, que consagra el derecho a la información y la obligación del Estado a garantizarlo.

La panista Beatriz Zavala manifestó que es muy claro que el Acta va contra las garantías individuales, no sólo de la privacidad, sino de las leyes que consagran primero la inocencia antes de que se compruebe la culpabilidad. Es muy riesgoso.

Francisco Javier Castellón Fonseca resaltó que “este acuerdo se empezó a debatir de manera secreta entre los negociadores del Ejecutivo. El tema fue descubierto por ciudadanos que nos informaron por medio de las filtraciones de Wikileaks, y también nos hicieron llegar una copia del borrador que se negociaba”.

Por otra parte, la bancada del PRD demandó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que retire los cargos contra María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera, acusados de actos terroristas y sabotaje, mediante el uso de las redes sociales, ya que podrán ser condenados hasta 50 años de prisión.

Castellón y Sotelo señalaron que los procesados señalaron que los reportes que transmitieron sobre presuntos ataques del crimen organizado a escuelas de Veracruz no tenían como fin generar terror o temor entre la población, sino, por el contrario, alertarla sobre hechos peligrosos que estaban ocurriendo, según les informaron varios familiares.

Demanda ONU ágil indagatoria en asesinato de reporteras

De la Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 18

El relator especial de Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, manifestó ayer en un comunicado de prensa su más profunda consternación por el asesinato de Ana María Marcela Yarce Ríos, periodista de la revista Contralínea, y Rocío González Trápaga periodista independiente, cuyos cadáveres atados de los pies, fueron encontrados en la ciudad de México el primero de septiembre pasado.

El relator recomendó a México tomar las medidas necesarias para garantizar una investigación independiente y ágil, que permita determinar los hechos y dar con el paradero de los responsables, para someterlos a proceso de ley.

A los familiares de las víctimas así como a todos los periodistas de México, el relator expresó su más profundo pésame y la determinación de acompañarlos en estos momentos de dolor y de lucha por la seguridad y la justicia.

El relator recordó que en agosto de 2010 realizó una visita oficial conjunta a México con la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero. Durante esa misión ambos relatores se entrevistaron varias veces con periodistas de la revista Contralinea, por el acoso y hostigamiento legal que han sufrido, con el propósito de obligarlos a detener sus investigaciones.

En ese informe, señala el relator de la ONU, se hace notar que Contralínea ha sufrido una disminución de la publicidad oficial, ha enfrentado múltiples demandas judiciales arbitrarias y su director fue privado de su libertad en 2009.

Piden protección para familia de Millán

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 31 de agosto de 2011, p. 18

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Secretaría de Gobernación que otorgue medidas cautelares a los familiares del periodista Humberto Millán Salazar, quien fue encontrado sin vida el pasado 25 de agosto en Culiacán, Sinaloa. Luego de la desaparición y asesinato del director del periódico digital A discusión, sus familiares recibieron mensajes amenazantes, por lo que el organismo urgió a las autoridades a que se les brinde protección. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura manifestó su condena por el asesinato del reportero.

Teniente lleva a la SCJN una querella contra el Ejército

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Viernes 6 de mayo de 2011, p. 11

El Ejército está en el banquillo de los acusados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la violación a la libertad de expresión de un oficial, quien hizo comentarios en su cuartel sobre la necesidad de que se incrementaran los sueldos de los soldados.

Es la primera vez que el máximo tribunal conoce un asunto en el que analizarán los alcances de la libertad de expresión en las fuerzas armadas y, en consecuencia, si un militar puede ser acusado de insubordinación, indisciplina o de faltar a sus deberes castrenses por externar su opinión sobre temas de la milicia.

Su jefe inmediato tuvo conocimiento de los comentarios del oficial y lo puso a disposición de los órganos de disciplina correspondientes, por considerar que las opiniones del militar son violatorias de la disciplina que debe imperar en los cuarteles.

El teniente Manuel Álvarez Domínguez fue procesado en el fuero de guerra, acusado de violar el artículo 407, fracción IV del Código de Justicia Militar, y verter especies que puedan causar tibieza o desagrado en el servicio. En junio de 2009, la justicia castrense le dictó auto de formal prisión por violar el artículo referido, lo cual se castiga con cuatro meses de cárcel.

Se le concedió amparo

Posteriormente, el juzgado quinto en materia penal del Distrito Federal concedió un amparo al militar en contra de la decisión del juzgado castrense, por considerar que la redacción del tipo penal es ambigua, lo que genera inseguridad jurídica en su contra y en general de los militares.

Ante la importancia del asunto, la consejería jurídica de la Presidencia de la República, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por medio de la Procuraduría General de Justicia Militar, interpusieron un recurso de revisión que fue turnado inicialmente a un tribunal colegiado de circuito, el cual lo envía a la Suprema Corte para que resuelva –al menos– lo relativo a la presunta inconstitucionalidad del artículo impugnado.

Fuentes judiciales subrayaron que, por primera vez, la SCJN resolverá un asunto en el que se abordan los límites de la libertad de expresión en las fuerzas armadas mexicanas.

De acuerdo con los funcionarios consultados, los ministros tendrán que especificar si los comentarios hechos por el oficial son suficientes para ser considerados como insubordinación a la disciplina y honor castrense.

Están desaparecidos 10 comunicadores; muchos reciben amenazas por realizar su labor

En lo que va de la actual administración al menos 42 periodistas han sido asesinados

De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 21 de junio de 2011, p. 10

En lo que va de la administración de Felipe Calderón al menos 42 periodistas han sido asesinados en 16 estados, 10 se encuentran desaparecidos luego de haber sido levantados por presuntos criminales y muchos otros han sido víctimas de diversas agresiones en represalia por su labor. La mayoría de los casos no han sido esclarecidos por las autoridadades.

Guerrero encabeza la lista, con nueve periodistas ultimados y la desaparición de Marco Antonio López, jefe de información del periódico Novedades de Acapulco, quien apenas el 7 de junio fue privado ilegalmente de la libertad por desconocidos en ese puerto.

Entre los informadores asesinados figuran Jorge Ochoa, director de los semanarios El Oportuno y El Sol de la Costa; Juan Rodríguez, corresponsal de El Sol de Acapulco, y su esposa María Hernández, directora del semanario Nueva Línea, así como Evaristo Pacheco, de Visión Informativa.

Además, Juan Martínez, del Grupo Radiorama Acapulco; Juan Hernández, editor del semanario El Quijote de Taxco; Jean Ibarra, del rotativo El Correo, de Iguala; Amado Ramírez, corresponsal de Televisa, y Misael Tamayo, director de El Despertar de la Costa.

Le sigue Chihuahua, con seis comunicadores asesinados: Luis Carlos Santiago, fotógrafo de El Diario de Juárez; María Isabella Cordero, encargada de relaciones públicas de la Cámara de Comercio; Norberto Miranda, director del medio digital Radio Visión.

También fueron ultimados Ernesto Montañez, editor de la revista Enfoque; José Armando Rodríguez, de El Diario de Juárez; David García, editorialista de El Diario de Chihuahua, y Gerardo Guevara, del semanario Siglo XXI.

En Veracruz, con el homicidio del columnista Miguel Ángel López Velasco, del diario Notiver, perpetrado ayer, suman cinco periodistas privados de la vida y cuatro más que están desaparecidos, aunque de estos últimos sólo se ha dado a conocer el caso de Evaristo Ortega, director de los periódicos Espacio y Diario de Misantla.

Los otros cuatro decesos corresponden a Hugo Barragán, colaborador del periódico La Crónica de la Cuenca; Roberto Marcos, de la revista Testimonio; Adolfo Sánchez, corresponsal de Televisa Veracruz; Luis Méndez, conductor de la radiodifusora La Poderosa en Tuxpan, y Noel López Olguín, reportero del rotativo La Verdad del Sureste.

En Michoacán cuatro periodistas han muerto: Israel García, del periódico La Opinión de Uruapan; Miguel Ángel Villagómez, director del diario La Noticia, en Lázaro Cárdenas; Martín Miranda, director de Panorama del Oriente, de Zitácuaro, y Hugo Olivera, corresponsal de La Voz de Michoacán, en Apatzingán.

Tres más se encuentran desaparecidos: Mauricio Estrada, reportero de La Opinión de Apatzingán; María Esther Aguilar, corresponsal de Cambio de Michoacán en Zamora, y Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal de Cambio de Michoacán en la región de la meseta purépecha.

En Durango cuatro comunicadores fueron ejecutados en 2009: Carlos Melo, corresponsal del periódico Tiempo de Durango; Eliseo Barrón, reportero de La Opinión; el camarógrafo Gerardo Esparza, y Bladimir Antuna, reportero del Tiempo de Durango.

En Sonora tres periodistas murieron a manos de presuntos sicarios: Pablo Aurelio Ruelas, quien laboró en el periódico Diario del Yaqui; Saúl Noé Martínez, del Diario de Agua Prieta, y Gustavo Alonso Acosta, del rotativo Interdiario.

En Coahuila, desconocidos mataron a dos informadores: Eliseo Barrón, reportero del periódico La Opinión Milenio, y Valentín Valdés, reportero del rotativo Zócalo de Saltillo.

De los 10 asesinatos restantes, dos se cometieron en Sinaloa: Óscar Rivera, vocero del área de seguridad del gobierno estatal, y José Luis Romero, del noticiero de radio Línea Directa. Dos en Tabasco: Rodolfo Rincón y Alejandro Zenón. Uno en Nuevo León: Luis Emanuel Ruiz, fotógrafo del periódico La Prensa.

En Quintana Roo, José Velázquez, de la revista Expresiones de Tulum. En Baja California, el fotógrafo Gerardo Martínez, de El Sol de Tijuana.

En Tamaulipas, Carlos Guajardo, del diario Expreso de Matamoros. En Jalisco, el director de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, José Galindo.

En Yucatán dos comunicadores se encuentran desaparecidos.

Asesinan también a su esposa y a su hijo menor, fotógrafo de Notiver

Matan en Veracruz al periodista Miguel Ángel López Velasco

Página electrónica de ayer del periódico NotiverFoto Ap /Notiver

Luz María Rivera y Alfredo Méndez

Corresponsal y reportero

Periódico La Jornada
Martes 21 de junio de 2011, p. 9

La madrugada de este lunes fue asesinado en su domicilio en el puerto de Veracruz el periodista de la fuente policiaca y columnista del periódico Notiver Miguel Ángel López Velasco, junto con su esposa y su hijo menor, fotógrafo del mismo diario.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se trasladó a las instalaciones del rotativo –el de mayor circulación en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río– y ordenó el inicio de las pesquisas en el domicilio del autor de la columna diaria Va de nuez, que el comunicador firmaba con el seudónimo de Milo Vela, espacio que el lunes apareció en las versiones impresa y digital del diario.

Miguel Ángel López documentó, en la década de los 90, lo que fueron las primeras escaramuzas del narcotráfico en el país, con su libro titulado Todos están adentro, que resumía un encuentro de militares con policías el 7 de noviembre de 1991, en el paraje conocido como Llano de la Víbora, del municipio de Tlalixcoyan, donde ambos grupos se acusaron de cuidar un cargamento de droga y murieron varios de ambos bandos.

Junto con Miguel Ángel fueron asesinados su esposa, Agustina Solana, jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social, y Misael López Solana, el hijo más joven de la familia, quien desde años atrás se especializó en fotografía política y policiaca. Misa, como era llamado, cubrió como fotógrafo especial la campaña de Miguel Ángel Yunes, candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Veracruz. Recientemente colaboraba para la sección policiaca de Notiver y acompañaba a su padre.

Las pesquisas del triple crimen se iniciaron en el domicilio del periodista, en la colonia Formando Hogar. Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense del puerto de Veracruz.

Peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) ya coadyuvan con las autoridades veracruzanas en las investigaciones abiertas por la Procuraduría General de Justicia de esta entidad, encaminadas a dar con el paradero de los homicidas de Miguel Ángel López, revelaron fuentes ministeriales.

Hasta ayer, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas estaba a la espera de que la procuraduría estatal abriera un triplicado de su indagatoria sobre el caso, pues de ese documento se desprenderá un informe para la PGR, en caso de que se haya configurado algún delito federal.

La indagatoria que abrieron las autoridades de Veracruz contempla, hasta ahora, la probable comisión de dos delitos: triple homicidio y portación de armas de alto calibre. Este segundo ilícito es de orden federal, por lo que dará pie a la PGR para ejercer su facultad de atracción del caso.

Lo que no está claro por ahora, según indicaron las fuentes consultadas por La Jornada, es si existen indicios probatorios que den cabida a la posibilidad de que el homicidio del periodista y su familia responda a una represalia de algún criminal, servidor público, político o empresario, a raíz de sus publicaciones en Notiver.

Condena de Gobernación

Por la noche, la Secretaría de Gobernación condenó el asesinato del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco y dos de sus familiares, al tiempo que anunció que por medio de la Procuraduría General de la República (PGR) coadyuvará con todos los instrumentos a su alcance en las investigación que realice la Procuraduría General de Justicia del estado.

Al mismo tiempo, la dependencia federal convocó al gremio periodístico y representantes de los medios de comunicación a construir un frente común para denunciar, prevenir y sancionar aquellos actos que atenten contra el libre ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Asimismo, la Secretaría de Gobernación planteó que está a disposición de los trabajadores de los medios de comunicación el Mecanismo de Protección a Periodistas.

Desconocidos roban equipamiento y dañan instalaciones

En tres años, segundo allanamiento contra CIMAC

Por la Redacción

México, DF, 23 may 11 (CIMAC).- A dos meses de cumplirse tres años del primer allanamiento a las oficinas de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), asociación dedicada a divulgar la situación social y los derechos de las mujeres, por segunda ocasión sufrió un allanamiento y robo en sus instalaciones.

Hoy, a las 9:50 de la mañana, representantes de la organización denunciaron estos hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), con el registro FCH/CUH-6/T2/00948/1105, con la exigencia de que en esta ocasión los hechos no queden impunes tal y como ocurrió con la primera averiguación por allanamiento y robo a CIMAC, registrada el 28 de julio de 2008.

En aquella ocasión, la PGJDF suspendió la indagatoria y cerró el expediente tres meses después de iniciada la investigación.

Ante la falta de resultados, un año después de los hechos, la organización presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) y tuvo acceso al expediente, en el cual se constató que después de que se levantó la evidencia en la organización, el personal de la Procuraduría no realizó investigación alguna.

Lucía Lagunes Huerta, coordinadora Ejecutiva de CIMAC, hizo un llamado a la PGJDF para que proteja a la ciudadanía y garantice su acceso a la justicia, además de que exigió castigo a los responsables.

La periodista señaló que quienes ingresaron a la asociación esculcaron gavetas, rompieron una puerta, cerraduras, y se llevaron equipo de las áreas de contabilidad, Televisión, administración, de la agencia de noticias, así como de la coordinación ejecutiva y del centro de documentación. Los allanadores cortaron los cables del internet y dañaron un medidor de energía eléctrica.

Además tiraron al suelo diversos reconocimientos otorgados a CIMAC por su labor periodística con visión de género.

Agregó que es posible inferir que no se trata de un robo de la “delincuencia común, por lo que solicitó que la denuncia se remitiera de la agencia investigadora número 6 a la Fiscalía Especial 50, para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión” (antes llamada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas).

Todavía se desconoce el monto de los daños y objetos robados, debido a que continúan los peritajes. En tanto, la coordinadora Ejecutiva de CIMAC aseguró que “al igual que la vez pasada, no nos vamos a detener”.

CDHDF Y OSC CONDENAN HECHOS

En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condenó “enérgicamente” el allanamiento a las instalaciones de CIMAC, e informó que inició una queja y solicitó medidas precautorias a las autoridades capitalinas.

La CDHDF expresó su solidaridad con el personal de CIMAC e informó que buscará que el proceso de investigación que emprenderá el Ministerio Público (MP) especializado, agote todas las líneas de investigación por los hechos- relacionadas con el obstáculo a la libertad de expresión- registrados la madrugada del pasado 20 de mayo.

La CDHDF, informó que acompañó a representantes de la asociación a interponer la denuncia ante el Ministerio Público (MP) por robo y allanamiento.

Por otra parte, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos y libertad de expresión, condenaron el allanamiento pues dijeron, se trata de una agresión a la libertad de expresión toda vez que recordaron, que desde su fundación en 1988, CIMAC, se ha caracterizado por denunciar violaciones a los derechos humanos de las mujeres así como por ser un importante difusor de información en América Latina sobre la situación de las mujeres en el país.

Las organizaciones hicieron un exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones pertinentes para que esclarezcan de manera pronta los hechos, tomando en cuenta la línea de investigación que vincule estos hechos con el ejercicio de sus profesión y reiteraron la necesidad de que se aclaren los hechos ocurridos en julio de 2008 contra la misma oficina.

Entre las organizaciones se encuentran ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Casa de los Derechos de periodistas Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), y la Red Periodistas de a Pie.

México: El TSJDF emite fallo en favor a la libertad de expresión

“esta sentencia podría sensibilizar a los jueces para que cuando den un fallo relacionado con la prensa o con un periodista, consideren primero que el periodista no escribe para si..."

Cencos

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) absolvió, el pasado 7 de abril de 2011, a los periodistas del semanario Contralínea Ana Lilia Pérez, Miguel Badillo, Nancy Flores y el cartonista David Manrique de una acusación de daño moral contra empresarios petroleros, por sus publicaciones sobre negocios presuntamente ilícitos, trafico de influencias e irregularidades en las licitaciones de arrendamiento de buquetanques con Petróleos Mexicanos.

En entrevista para el Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos, Ana Lilia Pérez destacó que el que “los magistrados estén fallando a favor del trabajo periodístico y de la libertad de expresión, y que ponderen el interés público, tiene más valor que las pretensiones de un grupo de empresarios”, refiriendose a la intención de impedir con la demanda el flujo de información a la sociedad.

De igual forma Ana Lilia señaló que la sentencia emitida por el TSJDF a favor del Semanario Contralínea que los absuelve de la primera impuesta por la jueza 54 Civil del Distrito Federal Yasmin Alonso Toledano, el pasado 3 de enero, donde atribuía haber causado daño moral a los empresarios petroleros, marque precedente en el TSJDF, ya que este ha llevado en su mayoría los casos relacionados con la prensa y ha fallado en contra de los periodistas, destacando que la sentencia esta hecha con total a apego a los estándares internacionales en materia de derecho a la libertad de expresión.

Por último Ana Lilia apuntó que “esta sentencia podría sensibilizar a los jueces para que cuando den un fallo relacionado con la prensa o con un periodista, consideren primero que el periodista no escribe para si, no está lucrando con la información que publica, si no que difunde información de interés público y que el interés público tiene mucho más valor para la sociedad que los intereses personales de quién presenta una demanda contra un periodista”.

Sergio Méndez Silva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Cynthia Cárdenas de Article19, así como el defensor David Peña de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, todos ellos colaboradores en el caso, celebraron la decisión judicial en favor de la libertad de expresión.

Centro Nacional de Comunicación Social

http://cencos.org/node/26669

Llaman a diseñar un marco regulatorio de medios que garantice diversificación y pluralidad

Democracia y ciudadanía, imposibles sin pleno derecho a la libertad de expresión: expertos

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Miércoles 6 de abril de 2011, p. 23

Académicos, estudiantes y especialistas en medios de comunicación afirmaron que sin un ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión no es posible la construcción de democracia y ciudadanía. Advirtieron que el espacio radioeléctrico y televisivo en México no puede estar sólo en manos de unos cuantos que privilegian sus intereses empresariales.

Enfatizaron que a la preocupación por la ausencia de un marco regulatorio que garantice diversificación y pluralidad se suma la escasa calidad de los contenidos.

Al inaugurar los trabajos del Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad de los Medios de Comunicación, convocado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), investigadores en comunicación política alertaron sobre el papel de los medios en los procesos electorales. Enfrentamos una normatividad con límites. Carecemos de mecanismos efectivos de sanción a quienes de forma evidente buscan violentar lo establecido en la reforma electoral.

Hoy más que nunca, afirmó Julio Juárez, catedrático del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, constatamos que el debate político pasó de los noticieros televisivos y los espots a las telenovelas y los programas de entretenimiento (donde aparecen candidatos y políticos) en tiempos y espacios claramente prohibidos por la ley, sin que haya castigos.

Nestor García Canclini, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y presidente del consejo consultivo de la Amedi, enfatizó la necesidad de impulsar la calidad y diversificación de los medios, la cual, afirmó, no se puede medir por los niveles de audiencia ni al acceso a determinados públicos.

Enfrentamos, agregó, una homogeneización de contenidos donde el espectador no tiene opciones reales para elegir qué es lo que desea ver frente a una tendencia de reducción de lo discordante, pues lo que realmente atenta contra la diversidad es su concentración.

Aseguró que la creación de una tercera cadena de televisión pública en el país no es ninguna garantía de diversificación, si los programas que emiten son similares en formato y contenido, como ocurre a escalas nacional e internacional.

En el acto, encabezado por Aimée Vega Montiel, investigadora de la UNAM y directora de Amedi, e Inti Muñoz, presidente del Fideicomiso del Centro Histórico, el senador perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, afirmó que hay una clase política ajena a la realidad que viven los mexicanos que obstaculiza, por todos los medios, la aprobación de una reforma integral a la Ley de Radio y Televisión que dé certidumbre en las licitaciones del espectro radioeléctrico, garantice la pluralidad de los medios y reconozca la tarea social que deben cumplir. Esto nos llama a no claudicar y participar para tener un sistema más democrático y plural.

Beatriz Solís Leeré, catedráti- ca de la UAM y especialista en derecho a la información, aseguró que los medios son sólo un instrumento necesario para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y a la información, por lo que no pueden seguir como un poder sin contrapeso, y menos aún estar sujetos al capricho e interés de unos cuantos.

En México, dijo, está insuficientemente garantizado, pues no se satisface con la uniformidad de visiones. Los grandes medios privilegian sus intereses particulares en detrimento del interés general, y confunden su propia libertad con la de empresa, considerada para ellos como la primera de sus libertades.

Aimée Vega señaló que el objetivo del encuentro es abrir un espacio de debate y análisis para construir una agenda ciudadana de los retos que enfrentamos para democratizar los medios de comunicación, la cual entregaremos a legisladores, autoridades federales y funcionarios vinculados al sector para que conozcan las propuestas de la sociedad civil, pues afirmó que las audiencias han dejado de ser pasivas.

Aleida Calleja, directora del programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe, señaló que México es uno los países con mayor concentración mediática en el mundo, pues 94 por ciento de la televisión es propiedad de dos empresas, mientras 70 por ciento de las estaciones de radio concesionadas son operadas por 10 grupos de la iniciativa privada.

El encuentro, donde se analizarán cinco ejes temáticos, entre ellos monopolios de comunicación en México y derechos de las audiencias, será clausurado hoy por la periodista Carmen Aristuegui y el actor Daniel Giménez Cacho.