Existen flancos débiles en la indagatoria, dicen ONG

Falta profundidad a la investigación sobre móviles de la agresión a los jóvenes

Madres y otros familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, en uno de los actos realizados en el DF en demanda de justiciaFoto María Luisa Severiano /

El tercer informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa permite concluir que las investigaciones gubernamentales sobre la desaparición de los 43 normalistas tienen flancos y aspectos sumamente débiles, dijo ayer el dirigente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón.

Señaló que al recomendar al Estado mexicano seguir buscando a los jóvenes, la CIDH está diciendo que no encuentra elementos suficientes para afirmar que el paradero último de los estudiantes fue el basurero de Cocula, como informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Mientras, en el segundo día del foro Derechos humanos y antimafia social en América Latina, que organizó la Red América Latina Alternativa Social (ALAS), integrantes de la Coordinadora de Egresados en Defensa de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, advirtieron que Ayotzinapa es la punta del iceberg y lastre de lo que pasa en México en los años recientes.

Ernesto Navarrete y Moisés González afirmaron que el ataque en contra de los 43 estudiantes fue un claro mensaje de las autoridades mexicanas: ‘‘desaparecer las normales del país, en especial la de Ayotzinapa’’, ya que no es la primera vez que los alumnos son reprimidos o asesinados.

Por separado, Mario Patrón destacó que el informe no ve factible que la desaparición de los estudiantes se haya dado en respuesta al presunto boicot que efectuarían al informe de la esposa de Jose Luis Abarca, pues los alumnos de la normal llegaron a Iguala cuando dicho acto ya había terminado.

Esto significa que la investigación sobre la desaparición de los jóvenes aún está en ciernes. Tan es así, que las motivaciones y los móviles que explican los hechos no están indagados ni establecidos, apuntó.

Sobre la demanda reiterada de los expertos de la CIDH para que puedan interrogar a militares de Iguala sobre el caso, dijo que si no se les da aceso, el Estado mexicano estaría enviando un mensaje de ocultamiento de información.

Al referirse a la presunta tortura a detenidos por el caso, el activista comentó que sería ‘‘gravísimo’’ que ello hubiera ocurrido, pues se pondría en entredicho la hipótesis de la PGR, misma que se basa en confesiones autoinculpatorias.

Por lo demás, dijo esperar que los informes de la CIDH aporten elementos que ‘‘nos acerquen a la verdad y la justicia’’.

Archivo

Georgina Saldierna y César Arellano

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de mayo de 2015, p. 4

"Alarman" al Pentágono los hallazgos de fosas en Guerrero

Preocupa al organismo militar de EU la posible 

‘‘complicidad del gobierno’’

‘‘Preguntas alarmantes’’ 

de Northcom sobre matanzas y desapariciones en México

Menciona los casos Tlatlaya y Ayotzinapa;

 suspendida, la asistencia al Batallón 102 del Ejército

El Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) consideró que existen ‘‘interrogantes alarmantes’’ sobre el ‘‘nivel de complicidad gubernamental’’ en torno al descubrimiento de fosas comunes encontradas en el curso de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero el año pasado, según documentos oficiales desclasificados y divulgados hoy por el centro de investigaciones independiente National Security Archive.

A la vez, otros documentos oficiales de Northcom desclasificados hoy confirman que el Departamento de Estado –sin aviso público– suspendió la asistencia estadunidense al Batallón 102 del Ejército, después de los hechos en Tlatlaya, en el estado de México.

Un ‘‘grupo de trabajo sobre derechos humanos’’ de Northcom circuló un informe entre altos oficiales el 15 de octubre de 2014, señalando que las fosas comunes no relacionadas con los 43 normalistas, pero descubiertas durante las investigaciones de ese caso, ‘‘provocan interrogantes alarmantes sobre el carácter amplio de la violencia de cárteles en la región y el nivel de la complicidad gubernamental’’. Agregó que ninguno de los 28 cadáveres encontrados hasta esa fecha en las fosas pertenecía a los estudiantes desaparecidos.

El informe revela que los militares estadunidenses estaban preocupados por el caso de la desaparición de los 43 normalistas, sobre todo por el involucramiento de las autoridades policiacas. El documento resume el curso de las investigaciones en México hasta mediados de octubre, reportando que el paradero de los 43 estudiantes normalistas aún no se sabía, pero que se habían encontrado nueve fosas comunes más.

El grupo de trabajo del Comando Norte –con sede en Colorado y encargado de programas del Departamento de Defensa en México, Canadá y Estados Unidos– también abordó la matanza de 22 personas en la comunidad mexiquense de Tlatlaya, en junio del año pasado, por integrantes del Batallón 102 del Ejército.

Después del arresto de un oficial y siete soldados, el comando señaló que había ‘‘mayor aceptación de que los militares’’ estaban involucrados. Más aún, expresó preocupación de que esto podría obstaculizar el otorgamiento de asistencia militar estadunidense en esa región. ‘‘Si (el comandante de la zona militar) es implicado en una grave violación de derechos humanos, la zona militar entera y 10 mil integrantes serán inelegibles para la asistencia de cooperación en seguridad estadunidense’’, advirtió.

Otro documento de Northcom sobre Tlatlaya, fechado el 14 de enero de 2015, indica que el Batallón 102 ‘‘ahora es inelegible para recibir asistencia de Estados Unidos’’.

El National Security Archive comenta que el nivel sin precedente de cooperación e involucramiento de Estados Unidos con las fuerzas militares mexicanas en años recientes, se ha profundizado a la vez que se ha documentado un incremento en abusos de derechos humanos.

‘‘No hay respuestas fáciles a las interrogantes alarmantes provocadas por el número espantoso de fosas comunes que ahora se están descubriendo en México.

‘‘Lo que parece claro es que una estrategia estadunidense que ha invertido miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas en ese país en la última década… ha logrado poco en limitar los niveles epidémicos de violencia o la capacidad de los grupos criminales de comprometer funcionarios gubernamentales en todos los niveles’’, concluye el organismo.

Los documentos oficiales recién revelados, junto con muchos otros relacionados a estos casos pero anteriormente divulgados, se pueden consultar.

Imagen de la matanza en el municipio mexiquense de TlatlayaFoto Agencia MVT /Archivo

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 13 de mayo de 2015, p. 5

Nueva York.

La precariedad en que viven, por incumplimiento de sus derechos: Centro Fray Francisco de Vitoria

Jóvenes, los más agredidos por Ejército y policías, señala estudio

Aunque representan la cuarta parte de la población, son considerados personas incompletas

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Jueves 8 de septiembre de 2011, p. 43

Aunque representan más de la cuarta parte de la población total del país, los jóvenes no son considerados sujetos plenos de derechos, sino un segmento poblacional con formación incompleta al que hay que tutelar y al cual se le encasilla en un grupo único de necesidades y características.

Se advierte lo anterior en el Informe sobre la situación de los derechos humanos de las juventudes en México y en el Distrito Federal 2010-2011, documento elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en el que se alerta que los jóvenes son un sector particularmente expuesto a la violencia y la criminalización, y cuyos derechos económicos, sociales y culturales no han sido cubiertos con políticas públicas específicas.

Uno de los obstáculos que impiden el desarrollo de los jóvenes en México –se señala en el informe– es que sus problemas y necesidades han sido invisibilizados por esquemas adultistas que los tratan como personas incompletas, que deben transitar un camino único para llegar a la madurez, y se pasan por alto sus identidades particulares.

Se destaca en el documento que 26.4 por ciento de la población del país –112 millones de habitantes, según el censo general de 2010– tiene entre 15 y 29 años. De esa cifra, 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento hombres; la mayoría (seis de cada 10) se concentran en las ciudades.

Óptica asistencialista y paternalista

Pese a tratarse de un sector numeroso, sus derechos no están mencionados de forma explícita en la Constitución, y las leyes secundarias que se encargan de ellos tienen una óptica asistencialista y paternalista que no los reconoce como poseedores de plenos derechos.

Uno de los temas en que el documento pone mayor énfasis es el de la condición vulnerable de las juventudes ante el clima de violencia que sufre el país, relacionado directamente con un sistema de seguridad vinculado a las armas y a la fuerza policiaca y militar, que ha dado lugar a múltiples violaciones a las garantías fundamentales.

La combinación de pobreza, falta de oportunidades educativas y laborales, y marginación ha provocado que cada vez más jóvenes se sumen a las fuerzas armadas o a los grupos del crimen organizado, lo que a su vez ha producido mayor criminalización de las personas de entre 15 y 29 años, advierte.

Señala que este sector poblacional es el que está más expuesto a caer en prisión por delitos menores, y al mismo tiempo ha recibido más agresiones del Ejército y los diferentes cuerpos policiacos, incluso ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y feminicidios.

La precariedad que enfrentan los jóvenes de todo el país –explica el informe– tiene origen en gran medida en la falta de cumplimiento y promoción de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las instituciones han fallado en garantizar su derecho a la alimentación, la salud, el trabajo, la cultura y la educación.

De igual forma, sus derechos sexuales y reproductivos no cuentan con una legislación específica que los reconozca, o son abordados desde una perspectiva tutelar y adultista que no toma en cuenta sus necesidades.

El documento, de 157 páginas, aborda también las problemáticas de las juventudes migrantes, indígenas y de diversidad sexual, las cuales están aún más expuestas a sufrir la vulneración de sus garantías básicas.

En resumen –indica–, el gobierno no ha diseñado políticas públicas adecuadas para atender a los jóvenes ni ha promovido su participación social en diversos ámbitos, o lo ha hecho de manera muy insuficiente.

Por todo ello, recomienda que el Estado mexicano genere una ley federal que reconozca a los jóvenes como sujetos plenos de derechos, vigile el resultado de los programas de atención a este sector, ratifique la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y promueva estudios de evaluación de este sector poblacional.

Algunas de sus disposiciones, contrarias a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes, señalan

No firmar acuerdo que limita y censura Internet, demanda el Senado a Calderón

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Miércoles 7 de septiembre de 2011, p. 15

Por unanimidad, el Senado de la República demandó al presidente Felipe Calderón no suscribir el Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (Acta), porque sus disposiciones jurídicas atentan contra los derechos reconocidos en la Constitución, limitan el uso de Internet, censuran sus contenidos y restringen y obligan a los proveedores del servicio a denunciar su eventual mal uso, lo que vulneraría la presunción de inocencia, garantizada en la Carta Magna.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en que dicho acuerdo tuvo una falla de origen, ya que las dependencias del gobierno federal que lo negociaron violaron la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia de Economía al no informar oportunamente al Senado.

El priísta Eloy Cantú Segovia, quien presidió el grupo de legisladores que analizó dicho acuerdo, destacó en el pleno que justamente la ambigüedad de algunas de sus disposiciones serían contrarias a un valor jurídico fundamental, como es la seguridad y la certeza jurídica de los habitantes del país.

Su aplicación –subrayó– podría resultar en una limitación a la universalización deseable del derecho a Internet en la sociedad mexicana: ¿con qué consecuencia?, ampliando la brecha digital y con ello la posibilidad de que el país se inserte de manera precisa en la denominada sociedad de la información y del conocimiento.

Advirtió que el Acta podría derivar en censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo, además del desarrollo legítimo del comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural”.

Cantú sostuvo que, en la hipótesis de convertirse en derecho vigente, diversas cláusulas del Acta resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho nacional, como las garantías individuales contenidas en la Constitución, y “vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema jurídico“.

En tanto, el senador perredista Carlos Sotelo resaltó que perseguir la actividad que los usuarios lleven a cabo en Internet, sin orden previa de autoridad judicial, conduciría a una violación flagrante del artículo sexto constitucional, que consagra el derecho a la información y la obligación del Estado a garantizarlo.

La panista Beatriz Zavala manifestó que es muy claro que el Acta va contra las garantías individuales, no sólo de la privacidad, sino de las leyes que consagran primero la inocencia antes de que se compruebe la culpabilidad. Es muy riesgoso.

Francisco Javier Castellón Fonseca resaltó que “este acuerdo se empezó a debatir de manera secreta entre los negociadores del Ejecutivo. El tema fue descubierto por ciudadanos que nos informaron por medio de las filtraciones de Wikileaks, y también nos hicieron llegar una copia del borrador que se negociaba”.

Por otra parte, la bancada del PRD demandó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que retire los cargos contra María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera, acusados de actos terroristas y sabotaje, mediante el uso de las redes sociales, ya que podrán ser condenados hasta 50 años de prisión.

Castellón y Sotelo señalaron que los procesados señalaron que los reportes que transmitieron sobre presuntos ataques del crimen organizado a escuelas de Veracruz no tenían como fin generar terror o temor entre la población, sino, por el contrario, alertarla sobre hechos peligrosos que estaban ocurriendo, según les informaron varios familiares.

"Tiene cierto grado de inconstitucionalidad", apunta activista

ONG rechaza el trato que recibirán niños con la nueva Ley de Migración

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Jueves 1º de septiembre de 2011, p. 12

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) manifestó preocupación por los huecos en la Ley de Migración aprobada recientemente –los cuales no podrán ser subsanados en el reglamento– en lo referente al trato que recibirán los menores extranjeros que transitan por territorio nacional, en particular los que viajan sin compañía.

Alma Meneses, integrante de la organización, explicó –en entrevista con La Jornada– que no hay políticas públicas que atiendan a los menores que abandonan su tierra en busca de mejores oportunidades, ya que hasta el momento dicho tema ha sido monopolizado por las necesidades y los problemas de los adultos.

Los menores que migran sin compañía familiar están aún más expuestos que quienes viajan con algún pariente y por desgracia la nueva Ley de Migración no contempla de forma integral este fenómeno, sino que se limita a proponer que los niños sean enviados a las casas del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia para después ser deportados, sostuvo Meneses.

Esa medida tiene cierto grado de inconstitucionalidad, ya que el Instituto Nacional de Migración (INM) no puede asumir la tutela de los niños. Además no se señala cómo se les va a dar seguimiento dentro del sistema, en qué instituciones van a estar y se les quita la posibilidad de seguir con su proceso en libertad, lamentó Meneses.

De acuerdo con el boletín estadístico del INM, cerca de 4 mil 700 menores –la mayoría guatemaltecos y hondureños– fueron deportados en 2010 a sus países de origen. Para ellos, hay una serie de derechos garantizados, pero sólo de forma enunciativa y no real, advirtió la especialista de la Redim.

Dichos huecos no pueden subsanarse en el reglamento de la ley, que debe estar listo y publicado el 21 de noviembre como fecha límite, porque el enfoque mismo del menor en la legislación mexicana confiere a éste un papel pasivo y lo considera un objeto que hay que proteger, en vez de un sujeto de derechos.

Para tratar de resolver estas carencias legales, asociaciones de defensa infantil promueven la elaboración de un reglamento adecuado y, al mismo tiempo, buscan reformar la ley desde sus cimientos, además de exigir políticas públicas que den atención a esos menores migrantes.

Expertos de la UAM exigen al Ejecutivo que hable de las verdaderas causas de la violencia

Si es cierto lo que dice el Presidente, entonces debe ceñirse a lo que ordena la ONU: Raúl Vera

Intenta Calderón justificar mayor represión con el discurso del terrorismo: académicos

Laura Poy Solano, Carolina Gómez Mena y César Arellano

Periódico La Jornada
Domingo 28 de agosto de 2011, p. 9

Tras el ataque al casino Royale en Monterrey, el gobierno calderonista echa mano del viejo discurso estadunidense de la lucha contra el terrorismo para intentar justificar cualquier futura acción de mayor represión social, afirmaron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana.

José Luis Piñeyro, experto en seguridad pública, agregó que el mensaje del presidente Felipe Calderón nada dice de las verdaderas causas de la violencia ni la estrecha relación que existe entre la instalación de casas de juego y el posible lavado de dinero, pues nuevamente apela a su estrategia de que la violencia se combate con más violencia.

Cabe preguntarnos, explicó, si los hechos del pasado jueves son o no un acto terrorista, pues las autoridades, incluido el Ejecutivo federal, nada dijeron de un tema central: investigar realmente qué fue lo que pasó, si en verdad estos presuntos delincuentes tenían como objetivo asesinar a decenas de personas o si existe una corresponsabilidad de los dueños del casino por no tener medidas de seguridad.

Por su parte, Telésforo Nava, politólogo y especialista en movimientos sociales, destacó que lo ocurrido en Monterrey es la prueba más clara de que la estrategia de seguridad calderonista es un total fracaso, y peor aún, que se usa para intentar justificar posibles actos de represión y el ejercicio de medidas aún más violentas.

Estamos ante el riesgo, indicó, que estos hechos generen terror en la población, pero que la respuesta de la administración federal se convierta en una pesadilla peor. La salida no vendrá de la clase política, sino de una sociedad civil organizada y con un claro objetivo: sacar a todos del poder y refundar el país.

Por su parte el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sostuvo que si el presidente Felipe Calderón reconoció que lo ocurrido fue un acto de terrorismo, entonces ahora lo único que le queda es actuar en consecuencia, hacer todo lo que no ha hecho en todos estos años como Presidente, y que tiene al país en la situación que está ahora.

Señaló que al haber acciones de narcoterrorismo el mandatario debe ir contra los lavadores de dinero del crimen organizado, de los cómplices que éste tiene en las instancias de los gobiernos y confiscar todos sus bienes y recursos.

Vera López indicó que si es terrorismo el gobierno debe ceñirse a lo que establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en la materia y que son compromisos internacionales que los países firmantes tienen la obligación de seguir: detener a las personas que apoyan a estos grupos, confiscar sus bienes... si Felipe Calderón ya asume que se trata de terrorismo, tiene que remover de sus puestos a todos los que están dentro del gobierno involucrados con grupos del crimen organizado.

Por separado, el sacerdote Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial (CCM) y ex secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación (Cepcom) de la Conferencia del Episcopado Mexicano, indicó que “es necesario atacar el origen de todos estos males que no están sólo en los que se hacen llamar narcos, sicarios y cárteles, sino atacar desde los criminales de cuello blanco, esos que se han corrompido y se han dejado seducir por el poder del dinero y el temor de la muerte”.

Por último, el secretario de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, dijo que es momento de que la sociedad llame a los cárteles de la droga a hacer un alto al fuego para no seguir cobrando vidas inocentes por la disputa de territorios.

Consideró que más que lamentar el hecho de violencia perpetrado a plena luz de día “deberíamos alzar la voz y pedir tregua entre los cárteles por la lucha que llevan a cabo por las plazas que dominan en ciertas regiones del país, a fin de evitar que esta guerra entre grupos criminales y con el gobierno federal produzca más muertes que en Vietnam en la década de los 60 del siglo pasado o en Irak”.

El Senado desconoce la carta que permite actuar a agentes extranjeros, asegura Beltrones

Calderón ya no debe ocultar acuerdos con EU: legisladores

Para Pablo Gómez, el convenio de seguridad que signó el Presidente con Obama es ilegal

Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado, bromea con el legislador Pablo Gómez durante la sesión de la Comisión Permanente, el pasado 3 de agostoFoto Francisco Olvera

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Sábado 13 de agosto de 2011, p. 5

Si el presidente Felipe Calderón firmó una carta de entendimiento con el gobierno de Barack Obama para permitir la actuación directa de agentes de Estados Unidos en México en el combate al crimen organizado, violó la ley y la Constitución, advirtieron el senador del PRD Pablo Gómez y el coordinador priísta Manlio Fabio Beltrones.

El perredista manifestó que, en México, los pactos secretos de Estado son ilegales y el gobierno de Estados Unidos debe saber que eso no está permitido en el marco jurídico y que todos los compromisos que ahí se hubieran establecido son nulos de pleno derecho.

En entrevista por separado, Beltrones expresó que en el Senado no se conoce de un acuerdo de esa naturaleza y no podría existir, porque tendería a ser ilegal.

El también presidente del Senado resaltó que espera que los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Francisco Blake y Patricia Espinosa, respectivamente, quienes en la sesión pasada de la Comisión Permanente fueron citados a comparecer, puedan aclarar todo lo relativo a la supuesta carta de entendimiento con Obama.

Beltrones recalcó que espera que los funcionarios puedan ampliar esa información y darnos una explicación satisfactoria sobre esto que se comenta, se dice y se ha escrito en distintos medios de comunicación, sobre el acuerdo para la operación de agentes de la DEA, la CIA y el Pentágono en tareas de inteligencia y en operativos contra los cárteles de la droga.

Al respecto, Pablo Gómez consideró que Calderón está obligado a informar al Congreso todo lo concerniente a las relaciones con otros países y los acuerdos que signe con mandatarios extranjeros. Se requiere, insistió, que se haga público todo lo relativo a la carta de entendimiento con Obama, la cual, de existir, significa una violación a la Constitución.

No hay pactos del Estado mexicano que sean legales y tengan carácter secreto. En Estados Unidos sí, pero aquí no, subrayó. Hizo notar que en el Senado no se sabe nada sobre el contenido de dicha misiva, que se signó hace 18 meses y abrió la puerta a la participación directa de las agencias de inteligencia y del Pentágono en México.

El senador Gómez resaltó que el Senado debe saber qué hace el personal del gobierno estadunidense en una base militar en México, pero el problema es que el jefe del Ejecutivo oculta todo. Del hecho se enteraron los legisladores, explicó, por lo publicado por el periódico The New York Times, lo cual obligó al propio Obama a decir que, efectivamente, están en territorio nacional, que no portan armas y que no realizan funciones de control.

Insistió: En México no se sabía nada y en el Congreso somos los últimos en enterarnos de lo que ocurre en nuestro territorio en relación con los vínculos internacionales entre México y Estados Unidos. Así pasó antes con el operativo Rápido y furioso, que no se ha aclarado, porque el gobierno federal se niega a informar al Legislativo y miente una y otra vez.

Durante la sesión del miércoles pasado de la Comisión Permanente, en la que se aprobó la comparencia de la canciller y el titular de Gobernación ante la comisión bicamaral de seguridad nacional, el perredista resaltó que siempre mienten al Congreso.

Por otra parte, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, se pronunció por que la comparecencia de los funcionarios no sea simple demagogia, sino se les exijan cuentas por la actitud entreguista del gobierno, al permitir el ingreso de agentes de Estados Unidos que operan desde una base militar en el norte del país. Han negociado la soberanía, agregó.

Monreal consideró que, de comprobarse que aquellos funcionarios violaron la Constitución, se les debe someter a juicio político y destituir.

Con información de Claudio Bañuelos, corresponsal

Sicilia fustiga al Congreso por auspiciar la guerra de Calderón contra el crimen

Diálogos por la Paz

Acusa a legisladores de violar la Constitución al asignar recursos a las fuerzas armadas para esa batalla

Exige pedir perdón a víctimas y a la nación, por no haberlos defendido y representado con dignidad

Diputados y senadores de los partidos con representación en el Congreso guardan un minuto de silencio, a solicitud de Javier Sicilia, por las víctimas de la guerra contra el crimen organizado emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, durante el encuentro que sostuvieron con representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el alcázar de ChapultepecFoto José Carlo González

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 2

En nombre del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia exigió a los integrantes del Congreso pedir perdón a las víctimas de la lucha gubernamental contra el crimen organizado, a sus familiares y a toda la nación mexicana, a la que no han defendido ni representado con dignidad. Los acusó de tener responsabilidad por la violencia que “golpea a millones de familias en el país, que se ha traducido en 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados.

Ustedes son también corresponsables de nuestros muertos y de nuestros dolores, porque –recalcó– permitieron que el presidente Felipe Calderón pusiera en marcha una estrategia fallida, que viola la Constitución.

Ustedes tenían el poder para impedirlo, también violentaron la Constitución, no sólo con la omisión a ejercer sus facultades y obligaciones, sino al asignarle a las fuerzas armadas el presupuesto para llevar a cabo esta guerra.

Durante el encuentro con 40 integrantes del Congreso, entre ellos los coordinadores parlamentarios de la mayoría de las fuerzas políticas, Sicilia fustigó con severidad a diputados y senadores, quienes, muy serios, escucharon el enjuiciamiento:

Ustedes, hasta ahora, sólo han sido operadores políticos de los intereses partidocráticos y no lo que deberían ser desde el momento en que asumieron sus cargos de legisladores: servidores de los ciudadanos. Para ustedes la educación, la cultura, la ciencia, la vida de los pueblos y de los barrios, la participación ciudadana en los asuntos del Estado y la tragedia de las víctimas de la guerra no han sido prioridad ni de su corazón ni del gasto público.

Y el ultimátum, que tuvo como marco el alcázar de Chapultepec: Tienen que definirse por la paz o por la guerra.

Desde su intervención, una vez que el presidente de la Comisión Permanente, Manlio Fabio Beltrones, inauguró el encuentro, Javier Sicilia colmó de críticas y cuestionamientos al Congreso, al igual que lo hicieron otros integrantes del movimiento que él encabeza.

“¿Cuánto tiempo se han tomado para dar respuesta a lo que desde hace años se sabe del secuestro, la tortura, los crímenes y las desapariciones de nuestros hermanos centroamericanos? ¿Por qué han tolerado el podrido Instituto Nacional de Migración, erosionado por los tentáculos de las bandas criminales, y no se anticiparon a las dolorosas voces del padre Solalinde y otros, las voces del dolor y del reclamo?

“¿Por qué no han impulsado con los sectores privado y académico iniciativas para identificar las zonas de mayor riesgo social y, junto con los ciudadanos de esas zonas, evitar que en ellas el crimen se apodere de los niños y de los adolescentes, convirtiéndolos en víctimas de la criminalidad?

¿Por qué no han tomado en los distritos que representan, en sus municipios y estados, decisiones para enfrentar de forma integral y ciudadana los avances de las bandas criminales y sus complicidades con policías y autoridades?

Con rostro adusto, los priístas, especialmente el coordinador de los diputados, Francisco Rojas, escucharon lo que parecía una lista interminable de reclamos de Sicilia.

¿Por qué, de cara a nuestros niños y jóvenes, a quienes sus políticas les han destruido el presente y les niegan el porvenir, no han aumentado el dinero destinado a la educación para abrir más matrículas y acortar las largas filas de miles de estudiantes que no alcanzan lugares en las escuelas y universidades? ¿Por qué, frente a la emergencia nacional que vive el país, no han construido una agenda nacional que se ponga al servicio de México y evite que las próximas elecciones sean lo que ya se anuncia, las de la ignominia?

Sicilia reclamó también a senadores y diputados el no haber aprobado aún la reforma política, y los recriminó por la forma dispendiosa y corrupta como consiguen votos los partidos y por los intereses mezquinos con los que día a día destruyen al Instituto Federal Electoral.

Sus recintos, el recién inaugurado del Senado y la Cámara de Diputados, son la expresión arquitectónica de su aislamiento. Búnker de un poder que prefiere darle la espalda a los ciudadanos y contemplarse en el espejo de sus ambiciones, traducidas en parálisis legislativa y en manipulación política, que convierte los procesos electorales en un gran negocio para unos cuantos y en juego cruel de ilusiones para los ciudadanos.

Advirtió que México vive una emergencia nacional, lo que exige de los legisladores no sólo un cambio de actitud, sino un esfuerzo extraordinario y humilde para evitar que la nación se precipite a un irremediable caos social.

Al final del encuentro, Sicilia abrazó y y dio un beso a Beltrones. El senador priísta le dijo que las críticas fueron duras y rudas, pero cómo inconformarse si son reales.

Acude a audiencia ante comité del Senado de su país para ser confirmado en el cargo

Dará el embajador estadunidense Earl Wayne prioridad a la Iniciativa Mérida

Planea el diplomático acelerar la implementación de dicho plan

Dpa, Afp y Notimex

Periódico La Jornada
Jueves 21 de julio de 2011, p. 22

Washington, 20 de julio. El embajador designado para México, Earl Wayne, afirmó hoy que, de ser confirmado en el puesto por el Senado estadunidense, dará prioridad a la Iniciativa Mérida como una parte vital de las relaciones entre los dos países.

Uno de mis objetivos principales será trabajar con mis colegas mexicanos y estadunidenses para asegurarme de que aceleremos exitosamente la implementación del plan Mérida y de que logramos sus metas, dijo en la audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado como parte de su proceso de confirmación.

Dijo que es esencial que el Congreso de su país siga apoyando la Iniciativa Mérida porque es vital para México, y definió la relación entra ambas naciones como única por su enorme profundidad e impacto directo en la seguridad y prosperidad estadunidenses.

Hasta el mes pasado, Estados Unidos había entregado a México 465 millones de dólares como parte del proyecto, y aspira a llegar a 900 millones para finales de 2011. La Iniciativa Mérida comenzó en 2008 para luchar contra los cárteles de la droga, con un presupuesto de mil 300 millones de dólares, aunque funcionarios de ambos países se han quejado de la lentitud en la entrega de los recursos.

Al resaltar la importancia de esta cooperación, Wayne señaló que ya ha rendido frutos con la detención de una treintena de capos del narcotráfico, varios de ellos gracias a los mecanismos y estructuras que hemos construido para intercambiar información.

La nominación de Wayne, diplomático de carrera, para ocupar la embajada de Estados Unidos en México, se dio por la dimisión del anterior jefe de la legación diplomática, Carlos Pascual, quien dejó el cargo en abril pasado después de que el presidente Felipe Calderón expresó su malestar por el contenido de una serie de cables filtrados por Wikileaks y publicados por La Jornada, sobre la lucha contra el narcotráfico.

Amenazas a integrantes de la Iniciativa Frontera Norte de México

Cierra por inseguridad un centro para migrantes en Nuevo Laredo

El sacerdote Miguel Concha y Gabriela Morales, durante la conferencia de prensaFoto María Luisa Severiano

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 10

Ante la falta de seguridad para sus integrantes, el 24 de junio dejó de funcionar la Iniciativa Frontera Norte de México, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuya misión era documentar las violaciones a garantías fundamentales de que son víctimas mexicanos deportados de Estados Unidos, tanto en aquel país como en territorio nacional.

Durante casi ocho meses, las organizaciones integrantes del proyecto esperaron respuestas de las autoridades a sus peticiones de protección. Hubo diálogo, pero ninguna acción concreta, ni siquiera para cumplir con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó Gabriela Morales, del Centro de Derechos Humanos del Migrante.

En conferencia de prensa, la activista comentó que el 27 de mayo tuvo lugar una reunión con representantes gubernamentales para ver cómo cumplir con las medidas cautelares. Pero el problema ya era grave, porque varios participantes de la iniciativa habían sido amenazados, víctimas de robo y agresiones cerca de sus domicilios.

Por su parte, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destacó que las agresiones en contra de defensores de los derechos humanos van en aumento. En 2009 se reportó un caso, en 2010 fueron tres, pero en lo que va de 2011 ya suman siete denuncias. Recordó que la semana pasada reinició actividades el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlalchinollan, la que también por falta de seguridad cerró sus puertas hace dos años.

Concha Malo dijo que el aumento de la inseguridad y la presencia de grupos del crimen organizado en todo el país ha generado un contexto complejo y adverso para el trabajo de los defensores de derechos humanos, porque la guerra emprendida por el gobierno federal en contra de la delincuencia, además de ser errónea, provocó reacciones que las autoridades no habían previsto.

Entre ellas, que los grupos delictivos incursionaran en secuestros y extorsiones para subsistir. En este escenario, los migrantes se vuelven blanco fácil por la derrama económica que generan en su tránsito por territorio nacional. Refirió información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según la cual durante seis meses de 2009 se registraron casi 10 mil secuestros y casi la mitad de las víctimas entrevistadas dijo que funcionarios públicos estaban involucrados en su plagio.

Finalmente, sobre la situación de la Iniciativa Frontera Norte, Gabriela Morales explicó que las agrupaciones participantes se mantendrán con sus actividades de asistencia humanitaria y asesoría jurídica a los migrantes. Sólo a la Casa del Migrante en Nuevo Laredo llegan 50 personas a diario en busca de algún apoyo.

Las Cifras que Contradicen la Estrategia de Seguridad Nacional

· Según datos oficiales, los civiles inocentes ocupan el tercer lugar en fallecimientos en el contexto de la guerra contra el crimen organizado

· En el sexenio de Calderón hay más narcomenudeo y más personas que consumen sustancias ilegales

De acuerdo con datos arrojados por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), hasta el 10 de junio del presente año, la Procuraduría General de la República (PGR) había reconocido la muerte de 337 personas que no tenían ningún tipo de participación en la guerra entre el gobierno federal y los distintos grupos del crimen organizado.

Según el conteo de otras dependencias involucradas con la política de seguridad actual, el Ejército ha perdido a 267 militares; la Policía Federal a 286 agentes; la Policía Federal Ministerial a 97 efectivos; la Armada a 18 marinos; y las distintas policías estatales a un total de 235 agentes. Sin embargo, la mayor parte de las muertes las han sufrido los policías municipales, con 777 elementos y las policías ministeriales estatales, con 395 efectivos fallecidos.

Los datos que hasta el momento la PGR y la propia presidencia de la República han arrojado, parecen establecer que las muertes son de responsabilidad exclusiva del crimen organizado. Ante la falta de claridad de la información obtenida, el IFAI ordenó a la Procuraduría una búsqueda exhaustiva de documentos sobre el estado que guardan las averiguaciones previas de las más de 35 mil personas que han fallecido en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, instruyéndola a buscar información en la dirección de comunicación social y en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

Aún a pesar de que es clara la falta de una metodología eficaz y precisa que arroje datos y cifras reales sobre la situación de violencia en el país, hay que señalar que estas cifras demuestran que la mayoría de las personas que han muerto por el combate al crimen organizado son civiles inocentes que quedaron en medio del fuego cruzado o que fueron confundidos o asesinados en los retenes militares o policiacos. Esta información, vertida de fuentes oficiales, contradice el discurso del gobierno federal en el que se enfatiza que la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha servido para brindar y garantizar seguridad.

Por otra parte, el informe Incidencia Delictiva del Fuero Federal, elaborado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, afirma que el número de personas que ha consumido algún tipo de droga ilegal ha pasado de 2.5 millones en 1998 a 4.2 millones en 2008. Además, señala que el número de delitos relacionados con el narcotráfico creció 163% del año 2000 al año 2009 y que los jefes de los grupos delictivos son cada vez más jóvenes. Añadiendo esta información a las cifras analizadas anteriormente, se pone de manifiesto la contradicción que existe en la actual estrategia de seguridad nacional, pues a pesar de que el gobierno federal afirma que ésta no tiene como principal elemento el uso de la fuerza y que apuesta por la creación de condiciones de equidad y justicia, de mejoras en la educación y la seguridad social, lo cierto es que estas cifras podrían estar hablando de la inoperancia de las políticas sociales y de la contribución del uso de la fuerza por parte del Estado para la exacerbación de la violencia.

Hostigamiento al Colectivo Justicia para Nuestras Hijas de Chihuahua

El Centro Diocesano Fray Juan de Larios y FUNDEC advirtieron que los intentos que desconocidos hicieron para introducirse a las instalaciones del colectivo Justicia para Nuestras Hijas del estado de Chihuahua corresponden a otro acto de hostigamiento por las denuncias presentadas en el Diálogo por la Paz con Justicia y Dignidad.

Nuevo Secuestro a Migrantes

En un contexto de tensión creciente en torno a la seguridad de los migrantes en tránsito y de sus defensores, el padre Alejandro Solalinde denunció un nuevo secuestro en contra de migrantes centroamericanos que viajaban en el tren en Medias Aguas, Veracruz. Esta situación es preocupante, debido a que ya habían pasado varios meses sin que la delincuencia operara en ese lugar.

Salen Voluntarios Alemanes de la Casa del Migrante de Saltillo

Por amenazas a su integridad, los voluntarios de nacionalidad alemana de la Casa del Migrante de Saltillo se vieron obligados a terminar con su labor y salir de esa ciudad, según lo mandó la embajada de Alemania, por considerar que no existían condiciones de seguridad para continuar su labor de defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes ahí albergadas. Ante esta situación, la Casa del Migrante exige a las autoridades federales brindar garantías de protección y cumplir con la implementación de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No sólo afecta a 40 mil familias, dice Narro

Inseguridad, problema de 112 millones de mexicanos

Tania Sánchez Hernández

Periódico La Jornada
Lunes 27 de junio de 2011, p. 5

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, señaló que la inseguridad y la violencia en el país son un problema de los 112 millones de mexicanos de hoy, así como de las generaciones del futuro, y no solamente de las 40 mil familias que han perdido algún familiar o de las decenas de miles que han resultado lesionadas o lastimadas por esta situación.

El académico agregó: Éste no es un problema (sólo) de cientos de miles que han resultado indirectamente afectados en su empleo, en el comercio, en su vivienda. No: éste es un problema que afecta sobre todo a los jóvenes y por eso a muchos nos preocupa.

Narro Robles expresó que las movilizaciones como la encabezada por el poeta Javier Sicilia sirven para sensibilizarnos, por lo que la reunión del presidente Felipe Calderón Hinojosa con el escritor y un grupo de víctimas de la violencia, el pasado 23 de junio, la saludo con una gran convicción (pues) no existe otra forma para atender y resolver los problemas, las diferencias, que a través del diálogo, de la razón. Me da mucho gusto que se haya celebrado ese encuentro.

El procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, y el rector José Narro,
al término de la carrera organizada por la PGJDFFoto La Jornada

Entrevistado antes de que se iniciara la tercera carrera atlética denominada La Procuraduría en el Deporte, organizada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en Ciudad Universitaria, Narro Robles reconoció que el encuentro por la paz efectuado en el Castillo de Chapultepec fue el esfuerzo por parte de las estructuras de la sociedad, del gobierno de la República por sentarse a reconocerse, escucharse, oírse y replicarse. Me parece que fue un ejercicio de gran utilidad, para el país.

La emplaza a hacer una búsqueda exhaustiva de documentos, averiguaciones y sentencias

Pide Ifai a PGR informe sobre 35 mil muertos en el combate al crimen

Se deberá precisar las circunstancias en que perdieron la vida, así como los nombres de los fallecidos

El MP federal había pedido una prórroga y luego dijo que no contaba con esos datos

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Lunes 27 de junio de 2011, p. 5

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer una búsqueda exhaustiva de documentos sobre los hechos relacionados con el fallecimiento de 35 mil personas, a partir de la política de combate al crimen organizado de la gestión de Felipe Calderón.

La búsqueda debe revelar el número de averiguaciones previas abiertas, el estado que guardan, las circunstancias en que perdieron la vida las personas, nombres y/o bandas de delincuentes, los que ya fueron sentenciados, así como la condena que recayó sobre cada uno de los casos de más de 35 mil muertos a la fecha de la presentación de la solicitud, el 21 de febrero pasado.

El demandante de esa información refirió en su solicitud que en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la Presidencia de la República se reveló que existe una base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, presentada por el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, el pasado 12 de enero de 2011.

La PGR solicitó primero una prórroga para la entrega de esos documentos. Tras 40 días hábiles, la dependencia dio respuesta declarando la inexistencia de la información.

Después de presentada la queja, el Ifai hizo una búsqueda de la información difundida en el portal electrónico de la PGR, y localizó boletines, comunicados y otros documentos donde se informa de ejecuciones de diferentes tipos de personas: delincuentes, autoridades –federales o estatales– y civiles.

La ponencia, a cargo de la comisionada presidenta del instituto, Jacqueline Peschard, indica que de la revisión de los documentos se hace evidente que la Procuraduría General de la República ha hecho pública información relacionada con ejecuciones o muertes posibles de imputar a la delincuencia organizada, pese a que los datos no están desagregados.

El Ifai también revisó las respuestas que la PGR ha dado a varias solicitudes de información, y de ello resultó que esa entidad sí ha proporcionado estadísticas, datos del número de muertes atribuidas a la delincuencia organizada, con un desglose que incluye información por año, entidad federativa, municipio y causa de muerte.

La dependencia federal omitió buscar en todas y cada una de sus áreas el documento que Poiré presentó públicamente en enero pasado. La búsqueda se limitó a la información de manera sistematizada y concentrada, cuando otras áreas por sus atribuciones podrían contar con boletines o información estadística en la que pudiera obrar parte de la información de interés del recurrente.

Por ello, el IFAI revocó la inexistencia e instruyó a la PGR para que busque en la dirección de comunicación social y en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, incluyendo la estadística y boletines sobre esa información.

Busca crear un perímetro de seguridad para EU, que incluye el control de migrantes, dice

La guerra de Calderón contra el narco es una farsa, asevera el obispo Raúl Vera

Destaca esfuerzos de campaña de ONG para detener las agresiones a los indocumentados

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Domingo 19 de junio de 2011, p. 12

A diferencia de otras iniciativas similares, la campaña Por el derecho a migrar sin violencia reúne esfuerzos coordinados de una gran cantidad de individuos y colectivos para detener las agresiones contra los indocumentados en su paso por el país, afirmó el obispo Raúl Vera en entrevista con La Jornada, e indicó que mediante acciones se busca sensibilizar a las sociedades y gobiernos de México, Centroamérica y Estados Unidos para terminar con ese problema.

Respecto a la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado, el obispo consideró que no es más que una farsa que en realidad pretende crear un perímetro de seguridad para Estados Unidos, que incluya el control de los flujos migratorios de América Latina hacia el norte.

La ventaja que tenemos ahora es que esta campaña la hemos asumido un conjunto de asociaciones para frenar el terror, las torturas y el sufrimiento que padecen los migrantes durante su paso por México. Estamos distribuyéndonos el trabajo en comisiones, y nos estamos reuniendo de forma más ordenada y con una visión de prospectiva, explicó el religioso.

Los grupos participantes en este esquema tenemos mucha esperanza de hacer algo, porque estamos decididos a poner todos los medios a nuestro alcance para detener la violencia. No podemos seguir tolerando la impunidad y la complicidad entre los criminales y las autoridades, que es lo más indignante de todo.

Tras advertir que la recién aprobada ley de migración sigue criminalizando y persiguiendo a los indocumentados, Vera señaló que siguen sin atenderse las causas estructurales de la migración forzada: la pobreza y la falta de opciones dignas de vida, por lo que llamó a cambiar cuanto antes el modelo económico vigente.

Por otra parte, el obispo consideró que restructurar el Instituto Nacional de Migración no tiene sentido, pues sus agentes de todas formas buscarán lucrar con los indocumentados, y subrayó que esta campaña no pretende compromisos mínimos del gobierno, sino frenar la violencia contra dicho sector. “Proponemos que se cree una fiscalía especial en favor de ellos, monitoreado por la sociedad civil para que no fracase, como la de los feminicidios o la de los crímenes de la guerra sucia”.

Raúl Vera ha estado acompañado por diversos especialistas y académicos extranjeros en esta iniciativa, merced a la cual se han reunido con representantes del Senado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación, entre otras instancias.

Una de las activistas es Beate Ekelou-Slydal, consejera política de Amnistía Internacional capítulo Noruega –presente durante la charla con Vera–, quien afirmó que esta organización ha investigado los graves abusos a los derechos humanos en el país, y ha formulado recomendaciones al gobierno mexicano.

Uno de los retos principales para resolver esta situación, dijo, es el nivel de complicidad entre el crimen organizado y el gobierno, así como la impunidad. Lo que sucede en México es una tragedia humanitaria, no hay datos oficiales sobre el número de víctimas y, sin importar qué tan bien se documente un caso, nadie es sentenciado por los abusos, deploró.

Por su parte, Iver Orstavik, asesor de la Fundación Rafto –colectivo noruego de derechos humanos que en 2010 premió a Vera por su labor en defensa de los migrantes–, llamó a los gobiernos del mundo a presionar a México para que cumpla con estándares mínimos en el respeto a las garantías individuales, aunque admitió que esa posibilidad es lejana.

Michelle Téllez, profesora de la Universidad Estatal de Arizona, vaticinó que el clima antimigrante en Estados Unidos va a continuar, debido a la tesis conservadora de que los indocumentados son un peligro para la seguridad nacional. La gente allá no entiende que las personas migran por necesidad, no por ser criminales.

CARTA TILS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SOBRE TOMA DE NOTA

Con motivo de la discusión que está a punto de llevarse a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la llamada toma de nota, debate generado por la contradicción de tesis derivada del caso del sindicato minero, los integrantes del Tribunal Internacional de Libertad Sindical hicieron llegar a los Ministros de la Corte, la comunicación que se adjunta, en donde se resumen las principales consideraciones y preocupaciones por el uso arbitrario que han dado las autoridades laborales mexicanas a este trámite administrativo.

Los integrantes del Tribunal Internacional de Libertad Sindical exigen que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea compatible con el derecho de asociación protegido por el artículo 123 Constitucional, así como por los convenios y acuerdos internacionales firmados por México.México, D.F., 15 de junio de 2011 H. Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presentes:

Enterados de que en cualquier momento el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considerará el asunto de la llamada “toma de nota”, en relación a la contradicción de tesis derivada del caso del sindicato minero, los integrantes del Tribunal Internacional de Libertad Sindical constituido en el 2009 —el cual ha sesionado en ese mismo año, 2010 y 2011 para conocer de casos de violación a la libertad sindical en México—, nos dirigimos a esta. H. Suprema Corte de Justicia de la Nación para expresar nuestra preocupación por el sentido de la resolución que emitirá este Alto Tribunal.

La libertad sindical es un derecho fundamental para toda sociedad democrática, tanto como lo es el derecho al voto o la libertad de expresión. A su vez, la libertad sindical es un instrumento imprescindible para generar condiciones para una justa distribución de la riqueza, porque garantiza la organización de los trabajadores y trabajadoras para lograr una vida digna. La pérdida de este derecho implica también una amenaza y vulneración a otras garantías ciudadanas y relativas a la materia laboral.

Como quedó asentado en sus resoluciones del 1º de mayo del 2010 y del 1º de mayo del 2011, el Tribunal Internacional de Libertad Sindical considera que a través de lo que es la práctica en el otorgamiento de la toma de nota, el gobierno se arroga la atribución de reconocer o no a las direcciones sindicales, lo cual, en muchas ocasiones, coloca este procedimiento administrativo por encima de la voluntad de las y los trabajadores que eligen libremente a sus dirigentes.

El Tribunal detectó que tanto a nivel local como federal, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, hace un uso abusivo del otorgamiento del
reconocimiento a las direcciones de los sindicatos (toma de nota), sin que esta figura se encuentre reglamentada en la Constitución ni en la Ley Federal del Trabajo, sino sujeta a un mero reglamento de la Secretaría del Trabajo.
Además de la negativa, se ha constatado también la dilación excesiva de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales para el otorgamiento de tomas de nota, lo que afecta el derecho de los trabajadores. Estas tardanzas y obstaculizaciones diversas son especialmente notorias cuando se trata de sindicatos independientes. De ese modo, el gobierno se asegura el control de las organizaciones que no le son afines o aceptables para los empresarios.

El Tribunal encontró que, de esta manera, el gobierno mexicano mantiene una política de violación de diversos instrumentos internacionales, como son: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 8, que establece el derecho de las personas a formar sindicatos sin restricción alguna, sujetándose sólo a lo que establecen sus estatutos; El Convenio 87 de la OIT en su artículo 3, numeral 2, que prohíbe expresamente las intervenciones de las autoridades que tiendan a limitar el derecho de las organizaciones de trabajadores de elegir libremente a sus representantes; o a entorpecer el ejercicio legal de las libertades sindicales; y el artículo 8 del mismo Convenio, el cual establece que la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías sindicales.

En el orden nacional está infringiendo:

El artículo 123 de la Constitución Mexicana, que en su fracción XVI reconoce el más amplio derecho y libertad de los trabajadores de coaligarse en defensa de sus intereses; el artículo 9º, que señala la garantía de libre asociación; el artículo 17 que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que serán expeditos para impartirla en los plazos y términos que se fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manerapronta, completa e imparcial.

El Tribunal ha observado cómo el gobierno, infringiendo los preceptos antes mencionados, ha impedido el reconocimiento jurídico a la dirección del sindicato minero, al no otorgarle la toma de nota.

Quienes integramos el Tribunal Internacional de Libertad Sindical hacemos votos por que la decisión que habrá de tomar la H. Suprema Corte de Justicia que ustedes integran sea compatible con el derecho de asociación protegido por el artículo 123 Constitucional, así como por los convenios y acuerdos internacionales firmados por México que expresan el compromiso de nuestro país en el cumplimiento de las normas referidas, lo cual contribuirá a la restauración del derecho a la libertad sindical.

Integrantes Internacionales Dr. James Cockroft. (Estados Unidos-Canadá), Dean Hubbard (Estados Unidos), Laura Mora (España), Amparo Merino (España), Martha Olmo (España), Horacio Meguira (Argentina), Luis Guillermo Pérez Casas (Colombia), Lydia Guevara Ramírez (Cuba), María Estrella Zúñiga Poblete (Chile), Luiz Salvador (Brasil), Kjeld Jakobsen (Brasil), Hugo Barreto Ghione (Uruguay), Hugo Leal-Neri (Canadá- México). Integrantes Nacionales Rosario Ibarra de Piedra, Miguel Ángel Granados Chapa, Raúl Vera López, Miguel Concha Malo, Alfredo Sánchez Alvarado, Oscar Alzaga Sánchez, Enrique Larios Díaz, Octavio Lóyzaga de la Cueva, Ana Colchero; México. Convocantes Organizaciones internacionales: Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), Federación Internacional del Transporte (ITF), Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), Internacional de Servicios Públicos (ISP), Federación de Sindicatos de Holanda (FNV), Centro de Solidaridad de la AFL-CIO en México, Red de Solidaridad con las Maquiladoras (RMS-Canadá), Campaña Internacional contra los Contratos de Protección Patronal (CICPP), Service Employees International Union (EEUU, Canada yPuerto Rico, SEIU), National Lawyer Guild (EEUU), International Association of Democratica Lawyers (EEUU), Comité Laboral del Gremio Nacional de Abogados (EEUU). Sindicatos mexicanos: Alianza de Tranviarios de México (ATM), Sindicato Minero Metalúrgico, Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Secciones 3, 7 y 9 del SNTE-CNTE, Sindicato 20 de Noviembre de la UVM , Sindicato de Trabajadores de la Vidriera del Potosí, Sindicato de Trabajadores del CONALEP, Frente Auténtico del Trabajo (FAT), Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM), Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) Asociaciones mexicanas: Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Unión de Juristas de México (UJM), profesores del Área Laboral y de Seguridad Social de la UAM Azcapotzalco, Área de Derechos Humanos de la UACM, profesores e investigadores del Área Jurídico Laboral de la UNAM, Red de Abogados Laboralistas, Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)

Responsable de esta comunicación Héctor de la Cueva Díaz Coordinador del Secretariado del Tribunal Internacional de Libertad Sindical

Capacitar policías, vía para que militares regresen a sus cuarteles

Debe cambiar estrategia contra el narco, coinciden legisladores

Grupos más participativos y organizados piden cuentas al gobierno

Hasta El Paso llegó la caravana que busca elevar el reclamo de pazFoto Víctor Camacho

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Domingo 12 de junio de 2011, p. 8

Senadores de PRI, PRD y PT suscribieron las demandas de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad y advirtieron que la participación más intensa y organizada de los ciudadanos va a ser muy positiva para exigir cuentas a los legisladores y a las autoridades.

El priísta Pedro Joaquín Coldwell, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Ibarra, y el perredista Tomás Torres, coincidieron en que es necesario que el gobierno federal escuche las demandas de la ciudadanía para cambiar la estrategia contra el crimen organizado y decidir la desmilitarización del país.

Hicieron notar que es urgente que las fuerzas políticas en ambas cámaras se pongan de acuerdo para aprobar la Ley de Seguridad Nacional y las reformas al Código de Justicia Militar, a fin de someter la actuación del Ejército Mexicano a controles constitucionales cuando lleve a cabo tareas de seguridad pública o de combate al crimen organizado.

Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, dijo que suscribe en sus términos el pacto por la paz signado por varias organizaciones ciudadanas y encabezado por el poeta Javier Sicilia, pero debe quedar claro que el regreso del Ejército a su cuarteles debe ser gradual, porque de lo contrario habría un vacío en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad.

El fin de la militarización debe ser proporcional a la capacitación y modernización de las corporaciones policiacas que habrán de desempeñar las funciones que tiene ahora el Ejército. Mientras ello se hace hay que sujetar el desempeño de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a la ley civil, a los controles constitucionales.

Para ello, agregó, lo mejor sería que se aprueben la Ley de Seguridad Nacional, que en la minuta que mandó el Senado a la Cámara de Diputados, es la que somete a las fuerzas armadas al control constitucional.

La otra legislación, agregó, es la de fuero militar, que está en el Senado y tendrá que aprobarse antes de noviembre, en que vence el plazo impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre el tema, la senadora Rosario Ibarra comentó que tienen toda la razón los integrantes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, ya que la “absurda guerra de Calderón contra el narco y la militarización del país sólo han llevado a que haya miles de víctimas inocentes y que hasta los propios soldados estén en desacuerdo con seguir en las calles”.

El perredista Tomás Torres señaló que el Congreso y el gobierno tienen que estar a la altura y recoger los planteamientos de las organizaciones o de lo contrario la crisis será más profunda en el país.

Desafortunadamente, comentó, la clase política no va al frente de los temas que le interesan a la sociedad y es muy complejo anticipar que la participación ciudadana se convierta en el eje de las políticas públicas.

Por lo que toca al Congreso, debe ver cómo se materializan esas demandas y legislar, no sólo para aprobar la minuta de Ley Nacional de Seguridad, sino otros temas concretos, como el de darle auténtica participación a las víctimas del delito en los enjuiciamientos procesales, dar mayor transparencia y hacer al Estado responsable solidario de los daños que se ocasiona la sociedad y a los directamente ofendidos por los delincuentes.

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista Mexicano, Arturo Escobar, expresó que el legislativo debe comprometerse a dar respuesta a las demandas de la Caravana por la Paz. Hizo notar que la respuesta de la sociedad al movimiento de Javier Sicilia está sentando un precedente, ya que es la manifestación pública del dolor y temor de miles de mexicanos que lloran a sus familiares muertos o desaparecidos.