Contra el imperialismo y el neocolonialismo de mineras, la batalla actual de los pueblos

Para ganar se requiere organización, 

señalan en Puebla ONG de varios países

Emisarios de México, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador exponen abusos de trasnacionales

Rosa Rojas

 Periódico La Jornada

Domingo 16 de marzo de 2014, p. 10

Tlamanca, Pue., 15 de marzo.

La lucha contra la minería extractivista no es sólo por la vida, sino una lucha antimperialista y contra el neocolonialismo que se impone sobre los pueblos con el servilismo de los gobiernos neoliberales y los tratados de libre comercio y de protección a la inversión extranjera, según quedó claro aquí este día luego de la exposición de casos particulares de problemas con mineras que enfrentan comunidades de diversas entidades del país, así como de Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador.

En claro quedó también que para hacer frente a esta cuarta colonización, es necesaria la organización de los pueblos, su toma de conciencia sobre lo que significa la destrucción del medio ambiente, que es a la vez la base de sustentación de su vida; la movilización y la unidad en la acción local, regional, nacional e internacional, porque se batalla contra un monstruo multiforme, trasnacional, que cuando sufre una derrota en algún lugar cambia de razón social, incluso de nacionalidad –una minera mexicana le vende la concesión a una canadiense, que su vez la traspasa a una australiana– sin cambiar por ello su esencia: la rapacidad del capital.

Por el podio del Encuentro de pueblos contra el modelo extractivo minero, organizado por las comunidades en defensa de la tierra y de la vida, el Consejo Tiyat Tlalli, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla desfilaron este sábado, además de representantes de organizaciones de las naciones arriba citadas, ambientalistas, indígenas, campesinos de Morelos, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Guerrero y del pueblo wirrarika (huichol) de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí –que es uno solo, pese a las fronteras estatales.

En algunos casos, como en Carrizalillo, Guerrero –en la Montaña Alta de esa entidad–, la batalla dura ya ocho años y los daños al ambiente y la salud de la población ocasionados por la minera canadiense Gold Corporation se manifiestan en enfermedades en piel y bronquios, malformaciones congénitas, partos prematuros que desembocan en la muerte de 68 por ciento de los así nacidos, destrucción de 11 manantiales del pueblo por las explosiones que realiza la minera, uso y contaminación de millones de litros de agua a diario, y todo ello coronado con la cereza de la certificación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a la minera como industria limpia.

En otros casos, explicó una de las participantes, como en El Huizache, en la sierra de Lobos, Guanajuato, la batalla apenas se inicia; aunque allá han ido avanzando los trabajos de exploración, contratando a algunos de los pequeños propietarios de la zona que están felices por tener trabajo en un lugar donde la agricultura no es pródiga, pero que han empezado a alarmarse por lo que ven venir si se pone en marcha la concesión entregada para un yacimiento a tajo abierto. En la entidad hay tradición minera –pero subterránea–, así que mucha gente no entiende la alarma que ha despertado el nuevo tipo de minería industrial que se avecina.
Omayra Silvera, de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales de la Comarca Ngäbe Buglé, de Panamá, informó que ella proviene de un pueblo indígena que ha puesto a temblar al gobierno con sus movilizaciones de más de 6 mil personas, incluyendo el bloqueo de la carretera Interamericana, de frontera a frontera, del primero al 5 de febrero de 2012, cuya represión gubernamental dejó un saldo de dos muertos, centenares de heridos y presos, y mujeres violadas, pero el apoyo de organizaciones internacionales, de mujeres, iglesias y universitarios obligó al gobierno a sentarse a la mesa de negociación.

Dicho diálogo, dijo, dio como resultado que se ganara la expedición por parte del Congreso panameño de una ley especial, el 26 de marzo de 2012, que canceló las 25 concesiones mineras y las 147 hidroeléctricas que se habían otorgado sobre el territorio indígena Ngäbe Buglé, que abarca 6 mil 968 kilómetros cuadrados. Pero la lucha no va a terminar ahí, estamos en pie de guerra porque se publicó que una empresa va a entrar a explotar el Cerro Colorado, que es uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, porque si nos quedamos de brazos cruzados, ¿quién va a escucharnos?, cuestionó Omayra, en medio de una ovación de los asistentes.

Hermila Navarrete, de El Salvador, relató que desde 2005 no dejan entrar a la minera canadiense Pacific Ring, y que la lucha de la Asociación de Amigos de San Isidro Cabañas llevó al gobierno de Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a expedir un decreto que compromete que en su administración no habrá concesiones mineras, lo que le ha valido una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por más de 300 millones de dólares, y la amenaza por parte del gobierno de Estados Unidos de no entregar parte de los Fondos del Milenio.

La mina en cuestión, El Dorado, indicó Navarrete, es de oro, plata y uranio. Ahora el capital ya no es canadiense, sino australiano, ya que compró la concesión la Oceana Gold.

El representante del pueblo maya de Guatemala mencionó que en esta cuarta colonización que enfrentan nuestros pueblos, Guatemala, como México y Centroamérica, está concesionado a transnacionales, y que su organización ha librado una lucha pacífica de prevención, promoviendo más de 80 consultas a los pueblos, en otros tantos municipios, es decir, se ha consultado a cerca de un millón de personas que han dicho no a la minería.

Además, señaló, como parte de la lucha de resistencia se han constituido consejos de pueblos en todo el occidente de Guatemala, y hay más de 3 mil focos de resistencia y lucha en el país, lo que les ha costado judicialización, criminalización, presos políticos, muertos.... Informó que hace unos días se constituyó el Gobierno Plurinacional Chuj, Acateco, Cojtí, y a escala nacional tienen el Consejo de Pueblos Huitzilense y son parte del Movimiento Mesoamericano contra la Minería Extractiva.

Juan Almendarez, del Movimiento Madre Tierra de Honduras, subrayó a su vez que la lucha contra la minería extractiva es anticolonialista, antimperialista y geoestratégica, porque en su país la minería jamás ha estado separada del ejército y de la policía.

Efectos del fracking para la extracción de gas shale en Los Ramones, Nuevo León

La explosión, como ronquido que sale de la tierra y todo vibra; 

nunca sentí nada igual

Si no paran esto habrá contaminación, erosión y muerte: 

habitantes de comunidades cercanas

Don Álvaro Cortez Plata ignora qué es el fracking, pero su vivienda ha resentido los efectos de los temblores en la comunidad de La Enramada, municipio de Los Ramones, 

Nuevo LeónFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 16 de marzo de 2014, p. 7

Los Ramones, NL, 15 de marzo.

Álvaro Cortez Plata no sabe lo que es el fracking, tampoco tiene información sobre el llamado plan Monterrey VI, ni mucho menos conoce el nombre de la trasnacional que contrató a Pemex para extraer gas shale de este pueblo, pero desde el pasado octubre ha sentido un centenar de veces que la tierra se mueve; un temblor que empieza con una especie de bramido, seguido de un vaivén como de olas de mar y, finalmente, de un crujido que cuartea paredes, rompe vidrios y levanta los pisos.

Es un ronquido que sale de la tierra, una explosión; vibra todo, algo que nunca había sentido en lo que llevo de vida, dice este campesino de 64 años mientras muestra las grietas de su casa de adobe, ubicada en este municipio, epicentro de los sismos, a 80 kilómetros al norte de Monterrey. Su hija, Argelia Sanjuanita, muestra los destrozos del interior: Todavía anoche y a las ocho de la mañana de hoy, sentimos otros temblores. La gente que vive cerquita del pozo tiene peor sus casas, algunas ya se derrumbaron.

Se refiere al pozo Tangram I, ubicado al norte del ejido Campestre Zambrano, por el camino real, frente a las rancherías La Peña y La Fresadita. Es uno de las decenas de pozos perforados en la cuenca de Burgos para extraer ese hidrocarburo bajo el sistema de fracking (fractura hidráulica) que ocasiona los movimientos telúricos y la contaminación de millones de litros de agua.

La relación fracking-temblores le queda clara a los vecinos y al juez de barrio del ejido Las Enramadas, Agustín Jaime de la Cruz Tijerina: los sismos empezaron junto con la perforación de los pozos. Los que quieren el gas son los gringos, es una multinacional que contrató a Pemex, pero las pipas no tienen logotipo. Aquí hay 100 casas con familias y ya todas están dañadas. ¿Quién nos va a pagar? El municipio informa que el gobierno del estado, pero éste dice que no tiene nada qué ver, y Pemex se exculpa y dice que no tiene porque pagarnos nada.

Con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, Pemex tiene contemplados en la franja de la cuenca de Burgos que corresponde a Nuevo León, unos 10 mil pozos explotados por trasnacionales extranjeras, por eso el gobernador Rodrigo Medina advirtió que es sólo el principio.

Este municipio, cuyo subsuelo es rico en hidrocarburos, está rodeado por ríos: el San Juan, de caudal permanente, atraviesa el municipio en el sur, y el Pesquería pasa por la parte central, junto a los arroyos de Ayancual y Mojarras, algo que preocupa a sus habitantes por la inminente contaminación del agua.

Yo estaba chiquillo cuando aquí andaban los gringos sacando gas, pero no había temblores, tenían otros métodos. Los gringos no querían gas, sacaban aceite para hacer gasolina, dice don Homero Rodríguez Guajardo, que anda pisando los 90 años, y se muestra molesto porque ahora su casa esta rajada.

El epicentro de la actividad sísmica se encuentra entre los municipios de Los Ramones, General Terán y Anáhuac, en un radio de 60 kilómetros a la redonda donde la perforación de decenas de pozos ha dejado este territorio como queso gruyere: Ahorita hay unos siete pozos que están explotando; se encuentran en El Rebaje, y ya están sacando gas en Rancho Nuevo, El Carrizo y Los Horcones. Haciendo aire, zumba, por las llamaradas. Tenemos dos o tres sismos por día. Los techos se están empezando a mover. Mire las grietas, dice Claudia Yadira Leal Carrasco, de Las Enramadas, la zona más dañada está junto a los ejidos del sur, como La Conquista, Los Ayala, Los Ebanos, El Porvenir…

Desde la última llanura del estado, la sierra Papagayos, rumbo a la frontera con Estados Unidos, se divisan las fumarolas de los pozos perforados por Pemex para extraer el gas shale, pese a que el alcalde panista, Sergio Gómez Castillo, ha dicho que los trabajos se habían suspendido, debido a la alarma de la población y para hacer estudios sobre el fracking.

Pero el padre del anterior alcalde del mismo partido, Santos Salinas Garza, fue detenido hace unos meses por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos. De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/NL/ESC/2576/D/2012, lo capturaron con otros tres hombres, en un tractocamión y un semirremolque con combustible robado; traían 36 mil 718 litros de gasolina Magna, 2 mil 214 litros de diesel, 50 litros de gasolina Magna UBA, 71 mil 210 pesos en efectivo, mangueras y adaptadores para descargar el combustible.

A los vecinos del ejido Garza González no se les olvida que algunos funcionarios se siguen beneficiando de la situación, por eso desconfían de la autoridad municipal. La mesa ejidal nos dio sólo 5 mil pesos a los vecinos para que Pemex entrara a nuestros terrenos a perforar pozos, pero sabemos que allí hay mucho más dinero, dice Elías González, quien vive seis meses en el pueblo y el resto trabaja en Dakota del Norte.

Su casa está seriamente dañada. Ha gastado 23 mil pesos en reparar el piso. Los recientes sismos provocaron el levantamiento y quebradero de las baldosas de varias habitaciones. Las grietas abundan en paredes y techo: Los que andan perfore y perfore, desde hace dos años, son los de Pemex. Son ellos los que están atravesando por muchas labores (terrenos de siembra). Aquí es peor la impunidad. Yo sólo alcancé 5 mil pesos, pero no sabemos con cuánto se quedaron los de la mesa de la comunidad. Son los que se están quedando con el dinero, por eso Pemex no quiere asumir nada. ¿Y a nosotros quién nos paga los daños?

Según los registros de la Estación Sismológica de la facultad de Ciencias de La Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha habido más de cien sismos, el más reciente de 4.5 grados en la escala de Richter, una intensidad que puede aumentar hasta llegar a más de 8 grados, según advierte el ecologista Guillermo Martínez Berlanga, quien lleva años recorriendo la zona afectada por el fracking.

“Son sismos consistentes que ocurren cada rato por la actividad humana orientada a perforar profundamente en la tierra, sin prever las consecuencias. Quieren extraer el gas shale de la tierra y no en los océanos, que es donde deberían estar, pero es más caro y las trasnacionales no quieren gastar. Monterrey VI es un plan maquiavélico y aberrante, una verdadera mentada de madre”, dice en entrevista con La Jornada.

Explica que la técnica del fracking o fractura hidráulica consiste en romper el depósito hidráulico de la tierra con unos 15 millones de litros de agua, arena y 85 elementos químicos contaminantes a fin de romper o fracturar piedras o lutitas a la profundidad de 4 mil 500 metros: “rompen las capas hidráulicas, se genera el gas shale, ellos lo absorben, lo almacenan y es oro molido, pero se queda dentro el agua contaminada y afecta los mantos acuíferos. No están pagando el agua, no están pagando los daños, les sale barato en México, mientras 11 países han prohibido este sistema”.

Para la perforación de los 10 mil pozos se cuenta con el proyecto hidráulico Monterrey VI, un acueducto de 365 kilómetros que supuestamente garantizaría por 25 años el abasto con un costo de 17 mil 616 millones de pesos, 36 por ciento más de lo anunciado en un principio, con agua contaminada del río Pánuco: “Dios nos agarre confesados y confesos, porque si se contamina todo, no vamos a tener agua. Con el fracking van a dejarnos los contaminantes más perros del mundo. Si no paran esto, el futuro será de temblores, terremotos, mucha contaminación y, a largo plazo, desertificación, erosión y muerte”.

Los sismos están generando movimientos telúricos en la presa El Cuchillo: un temblor más intenso provocaría el desbordamiento de la presa, y como consecuencia la desaparición del municipio de China. No quiero ni pensar en eso. Hemos solicitado que paren un momento las perforaciones para ver qué está pasando. Ya están inactivos, aunque dicen que siguen, dice de manera confusa el profesor Simón Enrique Rodríguez Tijerina, secretario del ayuntamiento de Los Ramones.

Para Juan Alberto Hernández Arreola, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, las perforaciones deben suspenderse inmediatamente: Nos alarma la cantidad de miles pozos que se manejan. Con sólo 4 mil ya es una presa de La Boca y media. A diferencia de Estados Unidos, donde las trasnacionales pagan cantidades millonarias por los terrenos, aquí a la gente, por quitarle sus tierras, no le están dando nada. Es un problema social, no solamente ambiental. Exigimos que se prohiba esa práctica y se vean opciones de energías renovables.

En el ejido Repueblo de Oriente, los niños de la escuela General Álvaro Obregón estaban preparando el concurso de la Reina de la Primavera cuando llegó el sismo. Pánico y llanto aún permanecen. La escuela quedó cuarteada, con vidrios quebrados. La mayoría de las construcciones de esta zona son pobres, no están preparadas para resistir actividad sísmica, por eso Fidel Uriegas García, trabajador del plantel, solicita apoyo. No hay quien se haga cargo, nadie quiere reconocer nada.

Bernardo Fernández está ligado a grupos conservadores que buscaban el control de la secretaría

Destituye la Ssa a funcionario que obstaculizó los derechos sexuales

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Lunes 3 de octubre de 2011, p. 12

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Salomón Chertorivski, solicitó la renuncia del abogado Bernardo Fernández del Castillo, cuyo desempeño como coordinador de Asuntos Jurídicos fue polémico desde su llegada en enero de 2007, por su cercanía con las posiciones de los grupos conservadores, opuestos al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

El ahora ex funcionario fue señalado en varias ocasiones de ser el obstáculo para el avance de disposiciones normativas que incluían aspectos relativos a la anticoncepción de emergencia y la posibilidad de facilitar el acceso al aborto a las mujeres víctimas de violación.

Su participación más reciente fue en la discusión de los proyectos de Ley de Reproducción Asistida en el Senado y la propuesta de reforma a la Ley General de Salud para regular estos procedimientos en la Cámara de Diputados. En ambos casos, intentó que los legisladores aprobaran restricciones a la práctica, bajo el supuesto de que en el embrión hay un ser humano. Ninguna prosperó.

La renuncia se hizo efectiva a partir del viernes y aunque desde días anteriores se difundió la versión respecto a la decisión que tomaría el secretario Chertorivski, resultó sorpresiva para el abogado, quien no recibió ninguna explicación; sólo el ofrecimiento de que posteriormente hablaría con él.

Ese mismo día, Fernández del Castillo –quien defendió al cardenal Norberto Rivera cuando lo acusaron de ser cómplice de pederastia– dejó libre la oficina, desde la cual también buscó tener el control de las acciones de prácticamente todas las áreas de la Ssa.

El abogado, también acusado por anteponer sus creencias religiosas a su posición de servidor público, expresó siempre que se le requirió su opinión en favor de la vida desde el momento de la concepción, la cual buscó imponer, por ejemplo, cuando se discutía la norma oficial mexicana (NOM) 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres; criterios para la prevención y atención.

La publicación del documento se retrasó por la pretensión de Fernández del Castillo de que se eliminara la obligación de los servicios de salud de ofrecer a las víctimas de violación, incluso en el matrimonio, la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo.

La presión de las organizaciones civiles logró que la Ssa diera marcha atrás, en favor de los derechos de la población femenina. Para las activistas, es claro que la llegada del litigante tenía el objetivo de frenar las políticas públicas sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Así se lo propusieron las agrupaciones conservadoras en una reunión en 2005, en la que cuestionaron agriamente el desempeño del entonces secretario de Salud, Julio Frenk Mora.

Apenas un año atrás, la Ssa había introducido la anticoncepción de emergencia a la NOM de planificación familiar y las demandas de amparo interpuestas por Provida, con la asesoría de Fernández de Castillo, ya habían sido desestimadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En dicho encuentro también participó el abogado, y ahí mismo las agrupaciones se plantearon como objetivo introducirse a la Ssa para desde ahí buscar el avance de sus posturas. En diciembre de 2006, José Angel Córdova Villalobos se convirtió en secretario de Salud y para enero del año siguiente llegó Fernández del Castillo a la entonces Dirección de Asuntos Jurídicos.

La plaza de subdirectora desapareció para cumplir con planes de reducción de gastos

Suprimen en Ssa oficina de control y detección de cáncer cervicouterino

Culpan activistas a directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de querer manejar el programa a su gusto

Pretende cambiar proveedor de pruebas de VPH, acusan

Un grupo de mujeres reciben una plática informativa sobre el cáncer, en un módulo del Instituto de las Mujeres del DF en el Zócalo capitalino, en abril pasadoFoto Yazmín Ortega Cortés

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 18 de septiembre de 2011, p. 33

El control y la detección temprana del cáncer cervicouterino es una de las estrategias prioritarias de la Secretaría de Salud (Ssa), pero sufrió un recorte. La plaza de la subdirectora que se encargaba de coordinar las acciones en la materia fue suprimida y, de acuerdo con la información oficial, fue para cumplir con el Programa Nacional de Reducción de Gasto de la Secretaría de Hacienda, vigente desde marzo de 2010.

La enfermedad es en el país la segunda causa de muerte de mujeres por tumores malignos, principalmente de aquellas que viven en condiciones de pobreza y marginación, lo que les ocasiona dificultades para acceder a los servicios de salud. Por ello, y porque aún está en proceso el fortalecimiento de las medidas preventivas y detección del padecimiento, para las organizaciones sociales resulta incomprensible la decisión.

Más bien parece que la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), Olga Georgina Martínez, quiso limpiar el camino para poder manejar las acciones del programa a su gusto, en particular para cambiar al proveedor de las pruebas de detección de virus de papiloma humano (VPH), principal precursor del cáncer cervicouterino, dijeron.

Explicaron que el avance de la tecnología permitió mejorar los estudios de detección del VPH en sus etapas iniciales, antes incluso de que se manifieste en alguna lesión en el cuello de la matriz, etapa en la que el virus es detectado con el estudio del Papanicolau.

La prueba de VPH –de biología molecular– está disponible desde hace un par de años y se procesa por el sistema de captura de híbridos.

Para llevarlo a las mujeres en las zonas de menor índice de desarrollo humano fue necesario adecuar las instalaciones de los 13 laboratorios regionales y capacitar al personal, entre otras medidas. Ahora, la titular del CNEGSR pretende tirar ese trabajo para aceptar a otro proveedor de la prueba que ofrece un método de análisis distinto, conocido como PCR, más costoso y aparentemente más efectivo, afirmaron las activistas.

Proyecto que justificaría gastos mayores

Olga Georgina Martínez aclaró que este es un proyecto todavía en estudio, pero la efectividad del examen y su precisión para determinar el tipo de VPH presente en la muestra justificaría un gasto mayor.

En entrevista, la funcionaria reconoció que con la supresión de la plaza con nivel de subdirección que tuvo Raquel Espinosa hasta julio pasado, tendrá que darse una reasignación de funciones dentro del CNEGSR. Dijo que implicará aumentar el trabajo del personal.

También admitió que aunque el programa de cáncer cervicouterino es el que desde 2008 recibe el mayor monto de recursos económicos, por las ampliaciones presupuestales que cada año impulsan las diputadas, reporta varias fallas, como una lenta reducción en la mortalidad

Si bien ha disminuido la mortalidad por esta enfermedad –10 por ciento en los pasados tres años–, México reporta una prevalencia tres veces mayor que la de Canadá y Cuba. Eso habla de las fallas, subrayó y así justificó la decisión de cancelar la plaza de la subdirección de cáncer cervicouterino.

Martínez recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que para disminuir la frecuencia de la enfermedad de más de 90 por ciento, es necesaria una cobertura de 80 por ciento en las pruebas de detección. México está en 73 por ciento.

La prueba de VPH contribuirá a mejorar el indicador, explicó, y sobre el cambio en el método de análisis de las muestras que se toman las mismas mujeres, la funcionaria comentó que la decisión se tomará en la licitación de 2012, con base en los resultados del programa piloto que ya realiza el Issste para verificar si el sistema de PCR es superior al método de captura de híbridos.

En cualquier caso, el contrato se asignará al laboratorio que ofrezca el precio más bajo, dijo Olga Georgina Martínez, aunque luego rectificó para señalar que si el método de PCR demuestra ser más eficaz, valdría la pena un gasto mayor.

Actualmente, el sistema de captura de híbridos cuesta 125 pesos por prueba, mientras el de PCR vale 250, indicó. En 2011, el CNEGSR dispuso de 208 millones de pesos para realizar los exámenes clínicos, incluido el Papanicolau. En los pasados tres años se realizaron 7.5 millones de estudios, de los cuales 1.9 millones fueron pruebas de VPH.

Las tarifas dependen de montos de inversión en equipo y lujo de instalaciones

Diagnóstico sobre los servicios de salud

La medicina privada, entre la duda y el descontrol

La atención en centros particulares representa menos de 10% del total que se ofrece en el paísFoto Alfredo Domínguez/archivo

Instalaciones del Hospital Ángeles del PedregalFoto Carlos Ramos Mamahua/archivo

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 17 de agosto de 2011, p. 2

Incertidumbre es la palabra que mejor define la situación que viven los pacientes cuando se ponen en manos de un servicio médico privado. Nadie puede estar plenamente seguro de que tendrá el mejor diagnóstico ni el tratamiento más adecuado, a veces ni siquiera porque los atienda el médico de su confianza. Nunca se sabe lo que ocurrirá dentro de un hospital, y tampoco es garantía de que se trata de la unidad médica de mayor prestigio o que su costo sea de los más elevados.

Los médicos reconocen el problema y advierten que el origen está en la falta de controles en el ejercicio de la medicina de paga.

Esta es la causa de la incertidumbre, y se agrega un problema de enfoque: en las grandes empresas, como son los hospitales, la calidad se entiende como la satisfacción del cliente, aunque en medicina ésta no necesariamente tiene que ver con buena atención.

Raymundo Canales de la Fuente, ginecobstetra y miembro del Colegio de Bioética, lo explica así: Al paciente se le trata muy bien, igual que a su familia. El médico les ofrece todas las explicaciones y atenciones posibles, pero nadie se percata si la cirugía realizada era necesaria o no. De cualquier manera, el pago está asegurado. Ocurre todos los días con las cesáreas o los procedimientos para extraer el apéndice, por ejemplo.

Esos procedimientos son los más comunes, están a la vista. Por eso hay clínicas privadas donde hasta 80 o 90 por ciento de partos se resuelven con cesáreas, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que no superen 20 por ciento.

También se reconoce, incluso a escala internacional, que de todas las apendicectomías realizadas en alrededor de 30 por ciento de los casos el procedimiento era innecesario, porque el órgano estaba sano.

Aunque intervienen otros factores, como la existencia de una póliza de seguro de gastos médicos mayores. Todavía hay contratos que pagan una cantidad mayor al médico que haya realizado una intervención quirúrgica en lugar de un parto normal, indica el experto.

La discusión sobre la calidad y precios de los servicios clínicos particulares es de larga data. Hasta ahora lo único seguro es que prevalece la falta de equidad. Y es que, reconoce Enrique Ruelas Barajas, secretario técnico del Consejo de Salubridad General, en la medicina privada no existe una relación directa entre calidad y precio, y tampoco los mecanismos necesarios de vigilancia y supervisión.

En entrevista, el funcionario recuerda que en los años 80 se puso a discusión el tema, y desde entonces quedó claro: el de los precios que imponen los servicios privados está en el ámbito de una relación comercial entre particulares.

Las tarifas de unos y otros hospitales dependen del monto de inversión realizado por los dueños en equipo médico de alta tecnología, y en otros del lujo de las instalaciones. A cada persona le toca decidir dónde quiere ser atendida. Fundamentalmente esos factores determinan las diferencias en el costo de la misma cirugía en uno y otro lugar.

Sin duda, también existen los casos de éxito, en los que los pacientes recibieron la mejor atención, tuvieron un buen diagnóstico y tratamiento para el control o la cura de su enfermedad, pero no es en todos los casos y ni siquiera es posible conocer aquellos en que la actuación médica y servicio hospitalario fueron adecuados.

Para Canales de la Fuente, adscrito actualmente al Instituto Nacional de Perinatología, parte de la solución está en que las autoridades metieran en cintura a los actores involucrados: las grandes empresas de la medicina, las compañías de seguros y los médicos, que también tienen sus intereses. En conjunto, todos contribuyen al caos y falta de certeza en la calidad de los servicios médicos privados, que si bien representan menos de 10 por ciento de la atención clínica que se ofrece en el país, en términos económicos el tema no es para nada marginal, afirma.

Dependencia tecnológica

El encarecimiento de la medicina es un fenómeno mundial y tiene que ver también con la aparición de nuevas técnicas quirúrgicas y procedimientos de invasión mínima, que actualmente resultan indispensables para obtener mejores resultados en la recuperación de la salud.

Sin embargo, para México significa realizar adquisiciones en el extranjero de muy alto costo que al final pagan los pacientes. Ello no sucedería o al menos se reduciría sensiblemente si el país invirtiera en el desarrollo de tecnología propia, lo cual es posible porque existe la capacidad. Ha faltado voluntad política.

El problema es que los costos siguen al alza y dentro de algunos años, frente a la necesidad de ser más racionales en el gasto, no podremos pagar para tener los nuevos avances, indica Canales.

El ingreso aumenta en la medida que sea mayor la escolaridad de la población, asegura

En cinco años, siete millones de mexicanos pasaron de clase media a condición de pobreza: investigador

Alrededor de 26.7 millones de personas padecen hambre, advierte Genaro Aguilar, del IPN

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Jueves 28 de julio de 2011, p. 23

La distribución del ingreso durante los pasados cinco años ha llevado a millones de mexicanos a dejar la clase media y pasar a situación de pobreza. Ésta creció en al menos siete millones de personas en ese periodo y hay alrededor de 26.7 millones que padecen hambre, señaló el investigador del Instituto Politécnico Nacional, Genaro Aguilar, de acuerdo con análisis basados en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH).

Previo a que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dé a conocer el viernes los datos oficiales de la medición de la pobreza, indicó que entre 2005 y 2010 ésta creció en todo el país en sus distintas clasificaciones. La pobreza alimentaria se elevó de 19.5 millones de personas a 26.7 millones; la de capacidades, fue la que tuvo un aumento mayor, ya que pasó de 27.3 millones a 37.5 millones, y la patrimonial de 49.6 a 56.1 millones, detalló.

En ese periodo se dio un fuerte proceso de polarización en la distribución del ingreso, hubo un aumento en la desigualdad con efectos importantes para la caída de la clase media, ya que un sector importante de ese grupo social cayó en situación de pobreza.

El Centro de Investigación en Economía y Negocios del ITESM, indicó en un análisis que la alimentación, educación y salud adecuada, constituyen factores esenciales para impulsar el crecimiento económico, la competitividad y la productividad, justamente todo aquello que hoy representa un ancla para México.

Se debe tomar en cuenta que no cubrir los requerimientos antes citados es el caldo de cultivo para que algunos sectores sociales volteen a la informalidad o a la ilegalidad como mecanismo para intentar obtener un mejor nivel de bienestar. Agregó que los resultados de la ENIGH muestran que varios de los elementos que dan génesis a la inestabilidad social no solamente prevalecen, sino que han aumentado, por lo que debe buscarse un nuevo modelo económico para darles atención.

Por su parte, Aguilar explicó que entre las causas de la pobreza están que el papel de la educación para aumentar los ingresos de las personas y, por lo tanto, sacarlas de la pobreza es un componente relevante, porque en 2005 ese factor explicaba 29.08 por ciento del ingreso de los mexicanos, pero en 2010 ya era el factor de ingresos de la tercera parte de los ciudadanos, al pasar a 33.29 por ciento.

Refirió que el ingreso aumenta en la medida en que es mayor la escolaridad de las personas, depende también de si se es hombre o mujer y también se incrementa mientras envejece la población, pero cae después de los 51 años de edad. Para la elaboración de políticas públicas, indicó, debe continuar el impulso de la escolaridad formal de los mexicanos a partir de inversiones cada vez mayores en el sistema educativo nacional; establecer sistemas de becas complementarios a los actualmente existentes, lo cual se traducirá en mayores ingresos para la población más pobre y que es la que recurre al sistema educativo público, así como impulsar leyes que regulen y disminuyan las discriminaciones salariales por género.

A su vez, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, sobre las carencias sociales, que también mide el Coneval, indicó que en la vivienda se pueden observar algunos avances importantes en materia de accesibilidad a la infraestructura social, ya que de acuerdo con los datos del Censo 2010, hay una reducción de 41 por ciento en el número de viviendas con piso de tierra, por lo que de cada 100 viviendas, únicamente seis cuentan con ese piso.

México incumple Declaración de París, pues los afectados no inciden en políticas públicas

Aumentar acceso a tratamiento contra el VIH-sida exige precios accesibles: ONG

Urge establecer un acuerdo con las farmacéuticas para obtener medicamentos a menor costo

Ariane Díaz

Periódico La Jornada
Jueves 23 de junio de 2011, p. 45

Organizaciones no gubernamentales que participaron en la reunión de alto nivel sobre sida dieron a conocer los compromisos de México para fortalecer la respuesta al VIH y sida, entre los que destacan que 15 millones de personas de todas las geografías accedan al tratamiento antirretroviral para 2015, la disminución a 50 por ciento de las transmisiones sexual, vertical e intravenosa, y la negociación con farmacéuticas dueñas de patentes para obtener medicamentos a menor costo.

En el encuentro –realizado los días 8, 9 y 10 de junio en la sede de la Organización de las Naciones Unidas– se renovó el compromiso internacional de garantizar el acceso universal a la prevención, tratamiento y atención del VIH.

En conferencia de prensa, activistas señalaron el papel de México al incidir para que en el documento se plasmaran temas relacionados con los derechos y la salud sexual y reproductiva, aunque aún hay retos por sortear.

Luis Adrián Quiroz, secretario ejecutivo de Derechohabientes Viviendo con VIH, del Instituto Mexicano del Seguro Social, afirmó que si bien el país posicionó temas tabú, como los hombres que tienen sexo con otros varones; trabajadoras sexuales y usuarios de drogas inyectables (términos que nunca habían estado presentes en la declaratoria), tenemos que trabajar más en el desarrollo de políticas públicas más asertivas para esos sectores.

Destacó, asimismo, que debe incluirse la perspectiva de género masculina, femenina y transgénero, y generar nuevos liderazgos.

Jorge Saavedra, representante de AIDS Healthcare Foundation, subrayó que de acuerdo con la nueva evidencia científica, el tratamiento es un importante elemento de prevención que contribuirá a reducir infecciones por VIH, pues en seropositivos disminuye hasta 96 por ciento el riesgo de contagiar a otro. Por ello, dijo, trabajan en una propuesta que darán al gobierno mexicano que permita negociar precios más accesibles en medicamentos con la industria farmacéutica.

La escalada de precios –dijo–, así como incrementar al doble los costos, haría insostenible la atención a personas con VIH. En la actualidad 65 mil personas reciben el tratamiento más barato en el mercado mexicano, estaríamos hablando de 2 mil millones de pesos más al año”, explicó.

Quiroz acotó que a pesar de que lo ha pedido, la comunidad que vive con VIH en México no forman parte de la Comisión Negociadora de Precios.

Al no participar “México no está aceptando la Declaración de París de 1996, la cual establece que todas las personas afectadas por la epidemia tenemos que incidir directamente en las políticas públicas. Sabemos que debemos tener precios congruentes con la epidemia que tenemos en México pero, ¿cómo garantizar el acceso universal en esta época de crisis? Generando un acuerdo con precios más accesibles para llegar a un mayor número de personas”, afirmó.

Se presentó el informe Estado mundial de la partería 2011: cuidar la salud, salvar vidas

Desde hace una década, fallecen mil 200 mujeres al año durante el parto: UNFPA

Si bien la Ssa aprobó el código sobre partería, se estima necesario que realice un censo

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Martes 21 de junio de 2011, p. 40

Desde hace una década fallecen en México mil 200 mujeres al año al momento de dar a luz, debido a la falta de acceso a las instalaciones de salud, por la ausencia de profesionales en la materia y las condiciones de marginalidad en que viven.

Las muertes se producen en las entidades más pobres y de menor ingreso en el país: Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, pero también en el Estado de México y en el Distrito Federal.

Así lo informaron Diego Palacios, representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Patricia Veloz, directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud, de la Secretaría de Salud (Ssa), y Maricruz Coronado, directora de la asociación civil Centro para los Adolescentes de San Miguel Allende (CASA), primera escuela de preparación de parteras.

Al presentar el informe Estado mundial de la partería 2011: cuidar la salud, salvar vidas, Palacios advirtió que México requiere formar un mayor número de parteras, sobre todo en los estados de mayor población indígena y en condición de pobreza, ya que por cuestiones culturales, de tradición y educativas las mujeres suelen dar a luz con las parteras de la región.

Respecto de países de África, Asia y Medio Oriente, la mortalidad en México es menor, aunque en las zonas indígenas se debe desarrollar una estrategia para la formación de parteras, por ser ahí donde es mayor al promedio nacional el fallecimiento de mujeres y de recién nacidos.

Aunque se congratuló de que la Secretaría de Salud (Ssa) haya aprobado el código sobre partería, estimó necesario un censo para conocer el número de parteras en el país, las regiones donde se ubican y el nivel de calificación.

Aunado a ello, dijo, es necesario facilitar a las mujeres el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, a los programas de planificación familiar y establecer centros de atención de obstetricia.

Coronado indicó que la asociación que dirige es la única escuela de parteras en el país, tras considerar que su formación es medular, sobre todo cuando no se tiene un programa acreditado por el gobierno federal.

Palacios subrayó que toca al Estado, en particular a los gobiernos estatales y federal, promover la formación de parteras, y consideró necesaria la voluntad política para lograrlo.

Veloz destacó que sólo en 2010 se logró reducir a 974 las defunciones de género, y comentó que la meta para 2015 es disminuir a 467 los fallecimientos. Para ello se ha promovido en una primera etapa la formación de 32 parteras.

Sobre las muertes de género a escala mundial refirió que ascienden a 350 mil mujeres, en tanto que 2 millones de recién nacidos pierden la vida en las primeras 24 horas de vida, aunado a 2.6 millones de muertes fetales.