Bernardo Fernández está ligado a grupos conservadores que buscaban el control de la secretaría

Destituye la Ssa a funcionario que obstaculizó los derechos sexuales

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Lunes 3 de octubre de 2011, p. 12

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Salomón Chertorivski, solicitó la renuncia del abogado Bernardo Fernández del Castillo, cuyo desempeño como coordinador de Asuntos Jurídicos fue polémico desde su llegada en enero de 2007, por su cercanía con las posiciones de los grupos conservadores, opuestos al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

El ahora ex funcionario fue señalado en varias ocasiones de ser el obstáculo para el avance de disposiciones normativas que incluían aspectos relativos a la anticoncepción de emergencia y la posibilidad de facilitar el acceso al aborto a las mujeres víctimas de violación.

Su participación más reciente fue en la discusión de los proyectos de Ley de Reproducción Asistida en el Senado y la propuesta de reforma a la Ley General de Salud para regular estos procedimientos en la Cámara de Diputados. En ambos casos, intentó que los legisladores aprobaran restricciones a la práctica, bajo el supuesto de que en el embrión hay un ser humano. Ninguna prosperó.

La renuncia se hizo efectiva a partir del viernes y aunque desde días anteriores se difundió la versión respecto a la decisión que tomaría el secretario Chertorivski, resultó sorpresiva para el abogado, quien no recibió ninguna explicación; sólo el ofrecimiento de que posteriormente hablaría con él.

Ese mismo día, Fernández del Castillo –quien defendió al cardenal Norberto Rivera cuando lo acusaron de ser cómplice de pederastia– dejó libre la oficina, desde la cual también buscó tener el control de las acciones de prácticamente todas las áreas de la Ssa.

El abogado, también acusado por anteponer sus creencias religiosas a su posición de servidor público, expresó siempre que se le requirió su opinión en favor de la vida desde el momento de la concepción, la cual buscó imponer, por ejemplo, cuando se discutía la norma oficial mexicana (NOM) 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres; criterios para la prevención y atención.

La publicación del documento se retrasó por la pretensión de Fernández del Castillo de que se eliminara la obligación de los servicios de salud de ofrecer a las víctimas de violación, incluso en el matrimonio, la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo.

La presión de las organizaciones civiles logró que la Ssa diera marcha atrás, en favor de los derechos de la población femenina. Para las activistas, es claro que la llegada del litigante tenía el objetivo de frenar las políticas públicas sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Así se lo propusieron las agrupaciones conservadoras en una reunión en 2005, en la que cuestionaron agriamente el desempeño del entonces secretario de Salud, Julio Frenk Mora.

Apenas un año atrás, la Ssa había introducido la anticoncepción de emergencia a la NOM de planificación familiar y las demandas de amparo interpuestas por Provida, con la asesoría de Fernández de Castillo, ya habían sido desestimadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En dicho encuentro también participó el abogado, y ahí mismo las agrupaciones se plantearon como objetivo introducirse a la Ssa para desde ahí buscar el avance de sus posturas. En diciembre de 2006, José Angel Córdova Villalobos se convirtió en secretario de Salud y para enero del año siguiente llegó Fernández del Castillo a la entonces Dirección de Asuntos Jurídicos.

El Estado debe garantizar el pleno uso de los derechos: Dilcya García

Reprueba la Conavim que se criminalice a mujeres

Ariane Díaz

Periódico La Jornada
Lunes 3 de octubre de 2011, p. 12

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Dilcya García, reprobó que se criminalice a las mujeres por abortar. Como Estado tenemos que garantizar todas las formas de prevención y opción para que las mujeres y los niños puedan vivir de manera plena todos sus derechos. Es un falso cliché que haya mujeres a las que les guste abortar o tener un embarazo no deseado, señaló en entrevista, luego de la inauguración de la sección Mujeres a cuadro, del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.

La Conavim y el festival seleccionaron una serie de trabajos fílmicos en los cuales se abordan historias de injusticia, discriminación y violencia contra las mujeres acentuadas por su condición de género.

Al término de la primera función se llevó a cabo una mesa redonda con la participación de la funcionaria y de María de la Paz López, representante de ONU Mujeres; Irma Saucedo, miembro de la agrupación Ni uno más, ni una más; e Inti Cordera, director ejecutivo de festival.

María de la Paz López expresó que mucho de lo que se considera tradición no lo es. Es más una forma de mantener una dominación o un ejercicio de poder y eso lleva a institucionalizar la violencia, no sólo en términos culturales, sino también jurídicos.

Ello hace que persistan en algunas entidades federativas figuras como el rapto, la tutela o el homicidio por razones de honor, y quienes trabajamos por los derechos humanos debemos identificarlo para poder cambiar los entornos, agregó.

Irma Saucedo, por su parte, llamó a defender nuestro desarrollo, nuestra capacidad creativa y nuestros derechos por encima de cualquier mandato cultural o dominante. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, seis de cada diez mujeres en el mundo han vivido, viven o vivirán un episodio de violencia verbal, emocional, física, sexual o familiar en su vida.

Expertos: el país retrocede en derechos de la mujer

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Domingo 2 de octubre de 2011, p. 12

Expertos en derecho internacional y constitucional alertaron que México podrá enfrentar responsabilidades internacionales, de acuerdo con los tratados que ha suscrito sobre derechos humanos, al violentar o disminuir garantías básicas, como las de las mujeres sobre cuántos y cuándo tener hijos.

Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) afirmaron que no sólo enfrentamos un claro retroceso en derechos constitucionales y humanos: en la escena internacional el gobierno mexicano podrá ser reconvenido, pues en vez de ampliar derechos, como es la tendencia mundial, se opta por limitarlos.

Luego de que el presidente Felipe Calderón solicitó al Senado eliminar la declaración interpretativa al párrafo primero del artículo cuarto del Pacto de San José, que establece la protección del derecho a la vida desde la concepción, y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales las leyes antiaborto en Baja California y San Luis Potosí, Elisur Artega Nava, experto en derecho constitucional y catedrático de la UAM, enfatizó que enfrentamos un retroceso al estado laicoen materia de libertades.

Lo más preocupante, dijo, es que estamos llegando a un Estado absolutista, con tintes de dictadura militar, pues se ha destruido el estado de derecho.

Explicó que, de aprobarse en el Senado la petición del Ejecutivo, el país “incurriría en responsabilidad, pues Calderón asume la actitud de del rey de Francia Luis XV con su frase ‘después de mí, el diluvio’. Tal parece que quiere dejar un país ardiendo, ante las pocas expectativas de que el PAN permanezca en el poder”.

Al intentar derogar la declaración interpretativa, afirmó, Calderón pretende incorporar una ideología o principios religiosos a nuestro derecho, y que incluso trascienda nuestra Constitución, pues la reserva permitía concluir que en el Distrito Federal era válido despenalizar el aborto, pero si desaparece ésta implicaría que en la Corte, de llegar el caso, pudiera cambiar la posición del máximo tribunal”.

Jazmín Sánchez Estrada, especialista de la UAM en derecho internacional, afirmó que de aprobarse la derogación de la declaración interpretativa del Pacto de San José, ratificado por México en 1981, iríamos contra las obligaciones que pactamos, pues el discurso político se contradice con las decisiones asumidas en lo jurídico y seríamos sujeto de responsabilidad internacional.

Cuando una nación ratifica un acuerdo internacional se compromete de buena voluntad a cumplirlo, agregó.

El fallo de la SCJN, golpe al Estado laico

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Domingo 2 de octubre de 2011, p. 13

Al dejar vigentes las reformas legislativas de Baja California y San Luis Potosí que protegen la vida desde la concepción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentencia que la maternidad sea considerada constitucionalmente una obligación y no un derecho, aseguró Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En entrevista, el ex ministro subrayó que lo más grave es que al no declarar inválidas esas normas se da un golpe al Estado laico. Con esa decisión en México ya es constitucional la encíclica papal que en 1869 declaró que el cigoto tiene derechos desde la concepción, la cual fue emitida por Pío IX, papa que declaró sin efectos las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857.

El investigador lamentó la injerencia sin precedentes del Poder Ejecutivo en el debate de la SCJN sobre dichas leyes. En particular se refirió al proceder del Presidente, quien se pronunció en favor de la vida desde la concepción, y del subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, quien en un desplegado criticó el proyecto del ministro Fernando Franco, quien se pronunciaba por invalidar las modificaciones. Con ello se vulneró el principio de separación de poderes, aseveró.

El también ex procurador general de la República resaltó que si bien en algunos estados todos los partidos avalaron las leyes antiaborto, la responsabilidad directa para que éstas existan en 17 entidades es del PRI y del PAN.

La importancia de los cambios tiene muchas implicaciones, comentó. Una es que por vez primera se da una grave restricción a los derechos fundamentales en México. La Corte aprobó el derecho del cigoto y estableció un deber para las madres. Esto es una regresión a la libertad de las mujeres y hoy, en el país, podemos decir que la maternidad es obligatoria.

No sólo se verán afectados los derechos de las mexicanas. Al trastocar la naturaleza del Estado secular mexicano se perjudica al total de los ciudadanos.

Otra implicación es que en los estados donde se han aprobado esas reformas el uso del dispositivo intrauterino o la píldora del día siguiente puede ser motivo de persecución penal y quienes usen esos métodos de planificación familiar podrían ir a la cárcel.

Una cosa es la fecundación del óvulo y otra la implantación de éste en el útero (lo que evitan los métodos anticonceptivos). Como estas leyes protegen al cigoto desde la fecundación, el uso de éstos implicaría homicidio. Entonces, las mujeres que tomen la pastilla son susceptibles de ser acusadas de ese delito.

Pide la CEM a religiosos defender la vida en misas

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Domingo 2 de octubre de 2011, p. 14

Francisco Chavolla Ramos y Rodrigo Aguilar Martínez, responsables de las dimensiones Familia y Vida, respectivamente, dependientes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), invitaron a cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes, consagrados y laicos a defender la vida desde la concepción-fecundación en todos los espacios en que les sea posible.

En un escrito les recomiendan ofrecer la intención de la misa por este trabajo en favor del reconocimiento de la existencia de un ser humano desde el momento de su concepción, y en este sentido sugieren que los señores sacerdotes exhorten en todas las misas, especialmente la dominical, a hacer oración por la vida e integrar en la homilía la enseñanza de la Iglesia sobre el evangelio de la vida.

También los instan a orar por todos aquellos a quienes Dios ha llamado para servir al pueblo mexicano: por los gobernantes en sus diversos niveles y poderes, para que estén llenos de sabiduría, paz y fortaleza en el servicio en favor de la vida de todos los mexicanos, así como a rezar el rosario encomendando a la Virgen María de Guadalupe su intercesión para que sepamos llevar a cabo el anuncio, la celebración y el servicio del Evangelio de la vida como un proceso permanente.

En el texto expresan que el escrito se emitió con motivo de la discusión que hubo esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las reformas constitucionales en Baja California y San Luis Potosí en favor del reconocimiento y protección de la vida de un ser humano desde el momento de la concepción-fecundación.

Agregan: Sólo siguiendo este camino se podrá alcanzar la justicia, un desarrollo con rostro humano, la libertad verdadera y la paz y felicidad que tanto necesitamos como nación, y recuerdan que la vida es central en el mensaje de Jesús y en el Concilio Vaticano II se enseñó que la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado; el aborto y el infanticidio son crímenes abominables.

Explican que por esa razón todo lo relacionado con la vida digna del hombre es un asunto de importancia fundamental para los discípulos de Jesucristo y por ello todo bautizado debe empeñarse con decisión en el trabajo de respetar, defender, amar y servir a la vida, a toda vida humana.

Añaden que salvaguardar la vida es una tarea que corresponde en particular a los responsables de la vida pública, llamados a servir al hombre y al bien común. Tienen el deber de tomar decisiones valientes en favor de la vida.

Ríspido debate entre las ministras Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos

La Suprema Corte da su aval también a la reforma antiaborto de San Luis Potosí

Juan N. Silva y Fernando Franco critican el fallo, pues criminaliza a la mujer

Olga Sánchez Cordero manifestó que el fallo de la Corte afecta el ejercicio de la autodeterminación de la sexualidad, a lo que Margarita Luna Ramos, en un inusual diálogo directo entre ministros, respondió que la legislación de San Luis Potosí no afecta los derechos de las mujeres, por lo que debería leer la ley detenidamenteFoto Yazmín Ortega Cortés

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Viernes 30 de septiembre de 2011, p. 16

La reforma constitucional de San Luis Potosí, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que garantiza el derecho absoluto a la vida, que indica en qué momento inicia la concepción y que enumera en qué casos la interrupción del embarazo no es punible; criminaliza a la mujer que vive la dramática situación de tener que abortar, aseveraron los ministros Juan N. Silva Meza y Fernando Franco.

En tanto que las ministras Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos sostuvieron una ríspida discusión sobre los alcances que tendrá la vigencia del artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, al grado que la primera aseveró que la norma en cuestión impide el ejercicio pleno de la autodeterminación de la sexualidad de las mujeres para utilizar métodos anticonceptivos con efectos antimplantatorios, ya que con el ejercicio de este derecho ha quedado expulsada de la sabiduría popular y de mis abuelas la frase que dice: La mujer como la escopetas, cargada y en un rincón.

Al discutir ayer la acción de inconstitucionalidad presentada por la minoría parlamentaria potosina, Sánchez Cordero añadió que dicha norma generaba un efecto inhibitorio a las mujeres, quienes al no saber cómo ni cuándo pueden ejercer sus derechos a la salud, a la salud reproductiva y al libre espaciamiento de los hijos, genera una “incertidumbre jurídica que es inconstitucional; además de que la confusión en la redacción se acerca más a un poema que a una norma jurídica, porque pareciera que incita a los potosinos a buscar alternativas para defender sus derechos en la Constitución federal y no en la local.

Dijo que los derechos fundamentales no son absolutos y deben ser susceptibles de modulación; y que la norma referida estableció la preminencia inderrotable del derecho a la vida por encima de otros como son: El derecho a la salud, porque excluye la posibilidad de ponderar entre el derecho a la vida del producto de la concepción y a la salud de la mujer; el derecho al ejercicio pleno de la autodeterminación de la sexualidad, porque inhibe el uso de anticonceptivos como el intrauterino y la píldora de emergencia; el derecho a la reproducción asistida in vitro y a la muerte anticipada.

En respuesta, Luna Ramos descalificó lo dicho por su compañera, lo que originó un inusual diálogo directo entre ellas. Rechazó de entrada que la norma impida el uso de anticonceptivos o que atente contra los derechos de las mujeres. Y sostuvo que en los 18 estados en los que se modificó la Carta Magna local para garantizar el derecho a la vida desde la concepción, los legisladores locales han sido quienes han determinado si el aborto es punible.

Ni estamos estableciendo un poema, ni mucho menos, yo nunca he visto las cosas como un poema, la ley la he visto con seriedad, tampoco estoy invitando a que la Constitución no se cumpla, insistió Luna Ramos después de invitar a leer detenidamente la legislación de San Luis Potosí para demostrar que no vulnera los derechos de las mujeres. Aunque acotó que se diga que el derecho a la vida es esencial, que es primigenio. Bueno, yo creo que en eso no se está faltando a la verdad.

Los ministros, que de nueva cuenta se quedaron a un voto de anular la norma antiaborto (Sánchez Cordero, Silva Meza, Franco, Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío y Luis María Aguilar), destacaron que, a diferencia de Baja California, el artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí señala los casos en los que el aborto no se penaliza: Cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o (que) de no provocarse el aborto a la mujer corra peligro de muerte.

Lo que limita al legislador ordinario para el establecimiento de supuestos diferentes en que se pueda permitir el aborto, incluso, para su eventual despenalización coincidieron los ministros que votaron infructuosamente por la invalidez de la norma, dijo el ministro presidente Silva Meza, quien añadió que la reforma tuvo una connotación eminentemente penal.

Franco también criticó los comentarios de Luna Ramos, quien en el contexto de la discusión de las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas de Baja California y San Luis Potosí, argumentó que en su estado –Chiapas–, las penas en contra de las mujeres que abortan son tenues.

Este hecho, de que no necesariamente quienes interrumpen el embarazo vayan a prisión, “no le quita el carácter de delito a la conducta, criminaliza a la mujer, la somete a un procedimiento penal por esas causas.

No estoy de acuerdo que se criminalice a la mujer, que por cualquier motivo tiene la dramática situación de tener que abortar, insistió.

José Ramón Cossío dijo que dicha norma clausura cualquier otra posibilidad regulatoria para la interrupción del embarazo, dejando fuera algunos supuestos como el caso de malformación del feto, así como un sistema de plazos semejante al del Distrito Federal.

Sergio Valls añadió que la consideración de la vida como valor fundamental desequilibra, altera, va en contra de nuestro orden constitucional en cuanto a que ese alcance no lo reconoce la Constitución Política, mientras que Margarita Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Aguirre y Jorge Pardo Rebolledo, quienes votaron por la validez, rechazaron que las excusas absolutorias establecidas en el artículo 16 constitucional sean ilegítimas, porque están también reconocidas en el Código Penal Federal.

Derechos de la mujer

Seguiremos en la defensa de los derechos de las mujeres: ONG

Redacción

Periódico La Jornada
Viernes 30 de septiembre de 2011, p. 16

Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, académicas y políticos lamentaron que no se alcanzaran los ocho votos requeridos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar las reformas en las constituciones de Baja California y San Luis Potosí que penalizan el aborto. Sin embargo, señalaron que la batalla no está perdida, pues aún quedan instancias internacionales, además de que siete de los 11 ministros expresaron argumentos muy sólidos en favor de la protección de los derechos de las mujeres.

Representantes de organizaciones feministas recordaron que las modificaciones legislativas en 17 estados del país que protegen la vida desde la concepción fueron avaladas por PAN y PRI, y en algunos casos por PRD y PT, por lo que exhortaron a las mujeres a analizar por quién votarán en las elecciones de 2010. Fue precisamente durante la gestión de Beatriz Paredes como presidenta del PRI –subrayaron– cuando los legisladores locales de ese partido avalaron esas leyes conservadoras.

Amnistía Internacional (AI) lamentó que la decisión de la máxima instancia de justicia en el país signifique un retroceso para los derechos de las mujeres, y advirtió la reforma es un gran paso atrás para los derechos de las mujeres y niñas en México. Al penalizar el aborto se podría llevar a consecuencias desastrosas, ya que muchas mujeres de todas formas decidirán no concluir su embarazo, incluso mediante el suicidio, alertó en un boletín el asesor especial del organismo de derechos humanos de AI, Javier Zúñiga.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, aseguró que hay mucha hipocresía en la decisión asumida de la SCJN respecto a esas normas, pues si bien, dijo, el crimen de aborto es claramente rechazado por la Iglesia católica que considera que desde la concepción hay vida humana, con esta decisión quienes van a pagar el pato son las mujeres, por lo que hay que pensar muy bien en las consecuencias de la penalización del aborto. Indicó que cuando la SCJN consideró legal la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, fallo que validó que más de 40 mil familias fueran arrojadas a la calle, no pensaron que eso también era la vida humana, ¿esa es la opción por la vida que defienden?

Para Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, la validación de esas reformas no significa una derrota, pues si bien no se alcanzó la mayoría calificada para determinar su inconstitucionalidad, la buena noticia para las mujeres es que la mayoría de los ministros se manifestaron por nuestros derechos reproductivos.

Calificó como desafortunadas las intervenciones del presidente Felipe Calderón y de su esposa Margarita Zavala. Y subrayó que legisladores del PRI y PAN fueron quienes en su mayoría aprobaron las leyes antiaborto en 17 entidades, lo que debe ser considerado por los ciudadanos. Habrá que ver por qué partido vamos a votar las mujeres, porque todos han demostrado que están alejados de nuestra realidad y no responden a nuestras necesidades, sobre todo de las mujeres más pobres.

Martha Tagle, ex legisladora y miembro del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, recordó que la andanada de reformas conservadoras no hubiera sido posible sin la participación del PRI y será importante que las mujeres lo tengamos presente.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, afirmó que las leyes antiaborto no van a prevalecer en el mediano o largo plazo porque son normas ineficaces que lo único que hacen es generar mercados negros y colocan en prisión a mujeres que no han cometido ningún delito. Calificó como un retroceso muy grande y una agresión a los derechos alcanzados por las mujeres la decisión de la SCJN.

La secretaria general del PRD, Dolores Padierna, aseguró que Beatriz Paredes, ex presidenta nacional del PRI, debe una explicación por el voto de su partido en 17 estados para aprobar la penalización del aborto.

El vocero de la Corte lo niega, pero el religioso dice que Calderón y el Vaticano decidieron el fallo

Una llamada del Papa logró que la SCJN avalara la ley antiaborto: obispo de Mexicali

Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 30 de septiembre de 2011, p. 17

Una llamada del papa Benedicto XVI determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara, el pasado miércoles, la reforma antiaborto de Baja California, aseguró el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías. El religioso aseguró: Casi perdíamos ayer (el miércoles), pero una llamada del Papa, no sé a quien, no me pregunten, cambió todo.

Por la noche, el vocero de la Suprema Corte, Jorge Camargo, rechazó los señalamientos del religioso, en el sentido de que los ministros del máximo tribunal hayan recibido llamada alguna que influyera en su decisión en torno a la decisión del pleno de validar las reformas a las constituciones de Baja California y San Luis Potosí que reconocen derecho a la vida desde la concepción.

Los ministros, sostuvo el funcionario, resolvieron guiados únicamente por sus criterios jurídicos y absoluta independencia.

Por la mañana, en declaraciones a un periódico local, el obispo Guerrero Macías calificó de éxito la resolución de la SCJN, en un hecho donde el Papa participó, el gobernador participó, los gobernadores participaron, y el Presidente de la República participó en esta ley en favor de la vida que ha sido maravillosa, una noticia muy hermosa.

Invitado a bendecir las fiestas por el alcalde priísta Francisco Pérez Tejada Padilla, el religioso también reconoció que hubo mucha presión para quienes piensan diferente. (Para ellos ) mis respeto y mi admiración, pero Baja California no sólo es pionero en política, sino también en la vida y en la familia.

La afirmación del jerarca religioso se dio horas después de conocerse la resolución de la SCJN, luego de que fueron insuficientes los votos de siete ministros que se pronunciaron por la invalidez del artículo séptimo, párrafo primero, de la Constitución de la entidad fronteriza, el cual señala que desde el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le considera como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida.

Al asegurar que Baja California tiene 15 años luchando en favor de la vida y defiendo al no nacido, reiteró que la entidad es un modelo de familia y de vida a escala nacional reconocido en todos los rincones.

En tanto, la noche de este jueves los Grupos en Favor de la Vida de Mexicali realizaron una caravana por la calzada Justo Sierra, una de las más transitadas de esta ciudad fronteriza, para celebrar la decisión de la Corte que avaló la reforma constitucional de Baja California.

El Presidente busca dañar los derechos de las mujeres en el DF, dicen PRD y PT

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Viernes 30 de septiembre de 2011, p. 17

El presidente del Senado, el panista José González Morfín, aseguró que la intención del Ejecutivo federal al proponer que se elimine la reserva al Pacto de San José no es echar abajo la reforma legislativa que despenalizó el aborto en el Distrito Federal.

Sin embargo, senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) advirtieron que ese es el motivo central y por ello debe rechazarse esa propuesta del presidente Felipe Calderón para eliminar la reserva al artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que indica la protección de la vida a partir del momento de la concepción.

González Morfín sostuvo que la intención del Ejecutivo no tiene que ver con la despenalización del aborto en el Distrito Federal, sino con el reconocimiento de los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos y uno de los más importantes en esa materia es el Pacto de San José, que deberíamos asumir en su cabalidad.

El perredista Pablo Gómez y el coordinador del PT, Ricardo Monreal, señalaron, sin embargo, que al retirar la reserva del Pacto de San José, el gobierno mexicano se obliga a legislar bajo el principio de proteger la vida a partir del momento de la concepción, lo que significa ir contra la despenalización del aborto y, por tanto, contra el Código Penal capitalino.

Monreal advirtió que deben estar alertas porque se trata de una votación de mayoría simple y el Partido Acción Nacional (PAN) busca aliados. De entrada la bancada panista pretende sumar a sus 50 votos los seis de los senadores del Verde Ecologista. Ayer el coordinador de esa bancada, Arturo Escobar, dijo que no han analizado ese tema, pero su postura es abiertamente contra el aborto.

El PAN comenzó a hacer cuentas y sólo le faltarían nueve votos para lograr los 65 necesarios para la mayoría simple. Por ello, comenzaron a cabildear con los cinco legisladores de Nueva Alianza y los cuatro restantes sacarlos del PRI, sobre todo de los estados en que el tricolor avaló la penalización del aborto.

Sobre el tema, la perredista Claudia Corichi dijo que independientemente de la decisión de los ministros de la Suprema Corte, Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo Rebolledo, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Salvador Aguirre Anguiano, quienes han faltado a un deber con la nación, el PRD seguirá luchando en el Senado para construir leyes que abonen en proteger los derechos fundamentales de las mujeres.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL : Libertades acotadas

Antiabortistas se imponen con los votos de 4 ministros

La Corte avala las reformas en Baja California que protegen al individuo desde que es concebido

Arturo Zaldívar señala que el fallo implica avasallar y eliminar los derechos humanos de las mujeres

Los ministros
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos
y Jorge Mario Pardo Rebolledo señalaron que
es constitucional la reforma antiaborto de Baja California
Foto José Carlo González, Marco Peláez y Roberto García Ortiz

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Ministros Juan N. Silva Meza (presidente), Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls HernándezFoto Marco Peláez, Notimex y Jesús Villaseca

Ministros Fernando Franco, Luis María Aguilar y José Ramón Cossío DíazFoto Marco Peláez, Notimex y Jesús Villaseca

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2011, p. 2

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma antiaborto de Baja California, la cual protege el derecho a la vida desde la concepción. El ministro Arturo Zaldívar lamentó la decisión, al cuestionar que el máximo tribunal dejara de lado los derechos de las mujeres, entre los cuales y bajo ciertos supuestos está la interrupción del embarazo.

Luego de que fueron insuficientes los votos de siete ministros que se pronunciaron por la invalidez del artículo séptimo, párrafo primero, de la Constitución de la entidad fronteriza, el cual señala que desde el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida, Zaldívar aseveró que la resolución implica avasallar, desconocer, eliminar los derechos humanos de las mujeres, algo que un tribunal constitucional en ningún supuesto puede avalar.

En su intervención ante el pleno, advirtió que al quedar vigente la legislación impugnada, en razón de que no se alcanzaron los ocho votos que exige la ley para invalidarla, no se tomó en cuenta que hay una diferencia esencial entre el titular de los derechos humanos como persona viva y viable (la madre) y el nasciturus (concebido), en perjuicio de los derechos de ésta.

Este asunto, subrayó, tiene gran trascendencia para millones de mujeres, sobre todo porque siempre son las que al final pierden; en estos casos, las más pobres, las más humildes, las que no tienen recursos, las que no tienen cultura, lo que no es sólo profundamente injusto, sino abiertamente discriminatorio, y por tanto, inconstitucional.

Insistió en que “criminalizar a la mujer, sobre todo a la más pobre, no es la solución; condenarla a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud, su vida, me parece profundamente injusto, profundamente inconstitucional. Quienes dicen que su idea no es criminalizar a la mujer, ¿por qué no nos quitamos de problemas y derogan los tipos (penales) de aborto? Sería mucho más fácil.

“Quiero decir que es un falso debate de quién está a favor de la vida y quién a favor del aborto. Todos estamos a favor de la vida y nadie está a favor del aborto; el aborto no es un deporte o un hobby para las mujeres, es un drama humano al cual llega la mujer en situaciones que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar.

Negar a la mujer en ciertos supuestos a interrumpir el embarazo, implicaría continuar con este círculo de marginación y de discriminación. El Estado democrático tiene que respetar la pluralidad y la libertad de todas las personas.

Zaldívar reivindicó el derecho de la mujer a decidir libremente sobre el número y espaciamiento de hijos; a evitar un embarazo mediante el uso de métodos anticonceptivos; a no ser penalizada por la comisión de aborto en determinadas circunstancias y a que se le otorgue un periodo en el que pueda decidir libremente si desea continuar con el embarazo.

Hay casos en los cuales los derechos de la mujer se anteponen a la protección del producto de la concepción, por lo que exigirle a la mujer que necesariamente continúe con el embarazo implica una carga desproporcionada, exagerada y, consecuentemente, violatoria de sus derechos humanos. Hay decisiones que no son del ámbito del derecho penal, que son del ámbito de la conciencia de la mujer.

Coincidió con el ministro presidente, Juan N. Silva Meza, en que la dignidad de la mujer y su libertad reproductiva y de decisión entran obviamente en conflicto con esta protección al producto de la concepción. No es lo mismo la protección que da el Estado a un óvulo recientemente fecundado, al que da a un feto de siete meses o al que da a un recién nacido.

Aclaró que en el sistema penal en el mundo siempre se ha diferenciado el aborto del homicidio, porque se trata de dos asuntos diferentes, “porque la ciencia no se ha puesto de acuerdo en cuándo empieza la vida propiamente humana, ni filosófica ni científicamente, y este tribunal constitucional no puede determinarlo.

Lo que puede determinar es que hay una protección que no es absoluta y puede ceder en ciertos supuestos en atención a los derechos humanos de las mujeres, específicamente a la dignidad de las mismas.

A pesar de la vehemencia de su discurso, el futuro de la ley antiaborto de Baja California se definió desde que habló el primer orador de la sesión de ayer, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con quien se cumplieron los pronósticos de que su perfil conservador lo inclinaría a votar por validar la reforma referida.

Fuentes judiciales habían comentado que Pardo justificó, con su actuación, la decisión del presidente Felipe Calderón de proponerlo para ministro en febrero pasado, con el aval de la bancada panista en el Senado.

Pardo coincidió con Margarita Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Aguirre en que la norma impugnada es constitucional y que el concebido es sujeto de derechos desde la fecundación.

Consideró que si la Constitución general de la República no señala cuándo se inicia la vida, las constituciones locales –como es el caso– pueden hacerlo, porque no es un asunto que esté reservado a la Federación.

“No hay obligación de que haya congruencia entre legislaciones de los estados, ya que hay diferencias que, por virtud del federalismo, se deben respetar. Además de que al ampliarse los derechos ‘de un grupo’ no se restringe el de los demás (de las mujeres).”

Silva Meza se sumó a la postura de Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz, Sergio Valls Hernández, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar y del ministro ponente, Fernando Franco, de que la norma impugnada es inconstitucional.

Dejó claro que las constituciones locales están subordinadas formal y materialmente a la Constitución federal, porque existe la obligación de dispensar un trato igualitario a todas las personas que se encuentran en el territorio nacional.

A diferencia del optimismo de sus compañeros, que señalaron que la reforma en Baja California no tenía por qué impactar en la despenalización del aborto en ciertas condiciones en esa entidad, el ministro presidente aseveró que es claro que la defensa absoluta del derecho a la vida del nasciturus desde el momento de la concepción desplaza en automático diversos derechos consagrados a favor de las mujeres.

Dijo que la reforma obliga al estado de Baja California a crear obligaciones positivas y negativas en defensa del no nacido, a efecto de no desplegar conductas que de alguna manera puedan impedir el libre desarrollo del proceso de gestación, como serían: no dispensar servicios médicos que tengan incidencias sobre dicho proceso, como la píldora del día siguiente, la colocación del dispositivo intrauterino, la penalización del aborto o la fertilización in vitro.

Silva Meza señaló que cuando los legisladores bajacalifornianos aprobaron la reforma constitucional no quedó posibilidad de instaurar algún supuesto legal para permitir la interrupción del embarazo.

Una vez resuelta esta acción de inconstitucionalidad, la Corte discutirá este jueves la demanda que presentó la minoría legislativa de San Luis Potosí contra la reforma a la Constitución que también protege la vida desde la concepción. Se prevé que la SCJN también avalará las modificaciones.

Fuera de la Corte se apostó un pequeño grupo de personas con grandes mantas con fotografías del ministro instructor, Fernando Franco, a quien llamaron ministro de la muerte, y otras, con las imágenes de los 11 integrantes del pleno, en las que los instaron a votar por la vida.

En cuanto se oficializó la decisión, explotaron las expresiones de júbilo de los activistas en contra del aborto que se encontraban en el salón de plenos.

Al salir, ofrecieron entrevistas reconociendo la decisión de la SCJN a favor de la vida, mientras algunas representantes de organizaciones a favor de los derechos de la mujer endurecieron el rosto.

El grupo de manifestantes que estaba apostado frente al edificio olvidó sus consignas en contra de los ministros de la muerte y exclamaron con júbilo:

¡Gracias, ministros!

Libertades acotadas

Fustigan PRI, PRD y PT el fallo de la Corte; es una regresión

Panistas celebran la resolución; Santiago Creel respalda la posición de su partido

Organizaciones feministas marcharon contra la penalización del abortoFoto Roberto García Ortiz

Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez, Roberto Garduño, Alma Muñoz y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2011, p. 3

Actores políticos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) lamentaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de mantener las reformas legales que penalizan el aborto en Baja California, y condenaron la actitud del presidente Felipe Calderón de presionar al Poder Judicial para lograr ese fallo. En cambio, los panistas celebraron que haya prevalecido el criterio de cuatro ministros para reconocer al no nacido como un ser humano titular de derechos independientes de los de la madre.

Es una regresión, que va a dar lugar a situaciones dramáticas para la mujer en materia de salud pública, además de que criminalizan la pobreza, recalcó el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell.

El perredista Pablo Gómez Álvarez aseveró que el Ejecutivo siempre ha presionado a la SCJN y en esta ocasión logró su objetivo por un voto.

Agregó que aunque esa resolución no toca el caso del Distrito Federal –pues en 2008 los ministros declararon la constitucionalidad del Código Penal capitalino, que no considera delito la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación–, Calderón pretende echar atrás el ordenamiento, con la eliminación de la Declaración Interpretativa al Pacto de San José.

El Ejecutivo busca que el Senado se convierta en alcahuete de su política contra el derecho de la mujer a decidir sobre sobre su vida, apuntó Gómez Álvarez.

Para Pedro Joaquín Coldwell, la postura de Calderón fue inadecuada, contraria a la del jefe de un Estado laico, pues intenta imponer criterios religiosos a toda la sociedad.

Con lo anterior coincidió el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien afirmó que con su decisión la Corte ha faltado a un deber con la nación. Sin duda, afirmó, Calderón influyó. Insistió en que es una grosera intromisión en las decisiones del máximo tribunal del país.

El senador del PT Ricardo Monreal resaltó que de nuevo la Suprema Corte dio la espalda a la sociedad por cuatro ministros conservadores que pasaron por encima de los derechos de las mujeres. El dirigente nacional de este partido, Alberto Anaya, afirmó que todo lo que hace la derecha es un retroceso.

En la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Salud, el panista Miguel Antonio Osuna Millán, celebró la defensa de cuatro ministros que reconocieron al no nacido como ser humano titular de derechos, independientes de los de la madre, y avalaron la legislación antiaborto de Baja California.

Por separado, Santiago Creel, aspirante a la candidatura presidencial del PAN, ratificó su postura contra el aborto, y dijo que suscribe la posición de su partido sobre ese tema.

El diputado perredista Mauricio Toledo reprochó la determinación de los ministros porque contribuyen al desequilibrio en la aplicación de las leyes, al clasificar a los mexicanos en ciudadanos de primera y de segunda, y sobre todo por criminalizar a las mujeres que determinan suspender un embarazo.

Libertades acotadas

Fue un fallo deplorable: promotor del recurso de inconstitucionalidad

La mujer, gran ausente en la discusión, señala el líder del Congreso bajacaliforniano

Grupos antagónicos se movilizaron frente a la Suprema CorteFoto Yazmín Ortega Cortés

De los corresponsales

Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2011, p. 4

Es deplorable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya avalado la penalización del aborto considerada en el artículo siete de la Constitución de Baja California, afirmó Francisco Sánchez Corona, ex titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de esa entidad, quien durante su gestión presentó el recurso de inconstitucionalidad respectivo.

Luego de reconocer que esta resolución es inatacable, el ahora diputado local perredista consideró que las organizaciones sociales podrían acudir a organismos internacionales para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo o, en su caso, a recurrir a amparos en lo individual.

El priísta Carlos Murguía, presidente del Congreso bajacaliforniano, advirtió que el tema se mantiene pendiente porque los magistrados no entraron al fondo del asunto, y la gran ausente en esta discusión es la mujer.

Estoy a favor de la vida, no hay duda, pero también estoy de acuerdo en el aborto en lo que se refiere al uso de métodos terapéuticos que dictaminan la interrupción del embarazo cuando se encuentra en peligro la vida de la mujer o existe malformación genética, afirmó.

Lo bueno fue que no se declaró constitucional la reforma, estaríamos fritas, pero tampoco se declaró la invalidez de la reforma de Baja California y se archivó el asunto, comentó por su parte Verónica Cruz Sánchez, directora del centro Las Libres, en Guanajuato.

Después de este dictamen, dijo, se corre el riesgo de que en Guanajuato se intente nuevamente penalizar la interrupción del embarazo en caso de violación, y criticó que el presidente Felipe Calderón interfiera en el tema y polarice a la sociedad.

Todavía hay posibilidades de que se determine la inconstitucionalidad de la reforma de San Luis Potosí, porque viene con otros argumentos, señaló.

Reveló que la SCJN tiene en antesala recursos de inconstitucionalidad contra las leyes antiaborto de Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

En el contexto del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, representantes de ocho agrupaciones sociales de Querétaro demandaron a las autoridades estatales no criminalizar el aborto, y, en cambio, ampliar las causales por las que se permita la interrupción del embarazo.

En los tres años recientes, la Procuraduría de Justicia de Querétaro registró 33 averiguaciones previas contra mujeres por haber recurrido al aborto (11 en 2009, 17 en 2010 y cinco hasta agosto pasado), reveló Fernanda López Gallegos, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

De esas averiguaciones previas, una se resolvió con sentencia condenatoria, otra fue absolutoria, una más con suspensión de prueba, dos con negativas de orden de aprehensión y el resto continúa en trámite.

En Guadalajara, unas 30 activistas que defienden los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo se manifestaron fuera de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, para exigir que se despenalice el aborto en el estado.

Desde 2009, el artículo 4 de la Constitución estatal determina la protección de la vida desde la concepción.

Hay argumentos jurídicos suficientes para considerar que las reformas que se hicieron en Jalisco son anticonstitucionales; entonces exigimos al Congreso del estado, a los diputados, que reformen de nueva cuenta el artículo cuarto de la Constitución estatal, manifestó Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.

Antonio Heras, Carlos García, Mariana Chávez y Mauricio Ferrer

No veo contraposición en defender como funcionario mis convicciones personales: Zamora

Libertades acotadas

La mórula o cigoto ya es sujeto de derechos, recordó Gobernación a la SCJN desde el lunes

La Corte recibió una misiva del subsecretario apenas iniciado el debate sobre el aborto

Integrantes del Comité Nacional Provida festejan afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el fallo que mantiene la penalización del aborto en Baja CaliforniaFoto Yazmín Ortega Cortés

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2011, p. 5

Desde el lunes pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezaba la discusión acerca del aborto, la Secretaría de Gobernación (SG) entregó a los ministros una carta en la que subraya que el ser humano tiene esta condición desde que es una mórula o cigoto y, por tanto, es sujeto de derechos.

La misiva –recibida en el máximo tribunal a las 11:56 de la mañana, apenas unos minutos después de iniciada la sesión– fue firmada por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Felipe Zamora. Al mismo tiempo, el presidente Felipe Calderón se metía a la discusión –aun sin ser explícito sobre los casos que habría de resolver la SCJN– aludiendo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la cual prevé que la ley protegerá el derecho a la vida a partir del momento de la concepción.

Con ese y otros argumentos, la SG hizo sus propias gestiones. De ninguna manera es una presión para los ministros; ellos son personas con suficientes valores y criterio para sostener sus opiniones y el sentido de sus votos, y no se dejan intimidar por la opinión de nadie, aseveró el subsecretario en entrevista.

–¿Los funcionarios deben dejar sus convicciones personales en la puerta de su oficina? –se le preguntó al abogado, católico, ex integrante de la Comisión de Elecciones del PAN.

–No. Ese es uno de los grandes errores que han provocado distorsiones en los gobiernos. Debemos procurar ser íntegros, estemos donde estemos. No veo ninguna contraposición en defender ahora que tengo la oportunidad en un cargo público, los mismos valores que siempre he defendido desde fuera. Además, en el caso concreto que nos ocupa, que lo haya hecho en lo personal sale sobrando. No veo cuál es el debate al respecto.

–También hay opiniones acerca de que existe una contradicción entre la postura del gobierno federal y la situación del país ensangrentado en que vivimos.

–Eso es lo paradójico. Si no queremos más sangre, debemos rechazar abiertamente las conductas de los criminales que están matando mexicanos, pero también debemos generar condiciones para que los mexicanos tengan vida digna desde que son seres humanos.

Dijo que las visitas o entrega de documentos a los ministros es parte del diálogo democrático. Tenemos derecho a expresar nuestra opinión, y ellos tienen derecho a tomarnos en cuenta o no.

Argumentó que bajo la figura jurídica amicus curiae tiene derecho a dar opinión a los jueces aunque no forme parte del litigio.

Zamora acudió a los ministros no sólo como servidor público, sino también en lo personal para manifestar su preocupación por el contenido de los proyectos (de los casos Baja California y San Luis Potosí) propuestos por el ministro Franco. Un día después pagó un desplegado en un medio de circulación nacional con este mismo enfoque, el cual –asegura– no fue costeado con recursos públicos, sino con su dinero y el de otros particulares.

Difusión de métodos anticonceptivos

Dependencias federales presentaron sus informes respecto a la ejecución del Programa Nacional de Población 2008-2012, en el cual destacan múltiples acciones encaminadas a que la población tome decisiones libres e informadas sobre la salud reproductiva.

En varias decenas de cuartillas, sistematizadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo), se hace referencia al método de planificación familiar a elegir por las personas en edad reproductiva, que les permita ejercer su derecho a determinar el número y espaciamiento de sus hijos , y a tener embarazos sin riesgos.

Para fortalecer esa estrategia fue creado un modelo de comunicación educativa que busca difundir información sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles.

En el balance gubernamental se destaca que en 2010 había una cobertura de 43.3 por ciento de usuarios de dichos métodos. Al cierre de ese año, la cifra de mujeres que egresó de alguna unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social con un tipo de método anticonceptivo, después del acto obstétrico, fue de 432 mil 101, esto es, una cobertura de 83 por ciento.

Las cifras oficiales revelan también un incremento en el porcentaje de partos en menores de 20 años entre 2009 y 2010, al pasar de 8.9 a 10.5 del total de los nacimientos atendidos, situación que obliga a fortalecer las estrategias educativas y de promoción de la salud en este grupo.

La Ley General de Población, publicada en 1974, obliga al gobierno federal a aplicar estrategias de planificación familiar por medio de los servicios educativos y de salud pública disponibles, así como a realizar acciones encaminadas a la reducción de la mortalidad.

Libertades acotadas

Pide a gobiernos de AL promover garantías sexuales y reproductivas

Vergonzoso, que el Estado obligue a seguir embarazos a niñas o mujeres violadas: AI

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2011, p. 5

Es vergonzoso que cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado las obligue a continuar la gestación, aseveró Amnistía Internacional (AI).

En el contexto del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe (que se conmemoró ayer), el organismo convocó a los gobiernos del continente a promover con urgencia planes concretos que aseguren el acceso de mujeres y niñas a los derechos sexuales y reproductivos.

Consideró que restringir el acceso a dichas garantías pone en grave peligro los derechos humanos del sector femenino. Destacó que en algunos lugares de América Latina se han reconocido las graves violaciones a dichas garantías que resultan cuando se prohíbe o restringe el acceso al aborto seguro y legal. Sin embargo, la triste realidad es que todavía existen leyes que castigan el aborto.

En un pronunciamiento público, AI subrayó que en una región donde la gran mayoría de países forman parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), es cruel, inhumano y degradante que los gobiernos obliguen a adultas o niñas violadas a continuar con un embarazo.

A

Derechos de la mujer

En la discusión sobre el aborto también está en juego la vigencia del Estado laico

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 4

En la discusión que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las reformas legislativas que penalizan el aborto en Baja California y San Luis Potosí no sólo está a debate la preminencia de los derechos de las mujeres, sino también está en juego la vigencia del Estado laico o su desaparición para dar paso a uno confesional y de corte fascista, indicó la historiadora Patricia Galeana, vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias.

Josefina Vázquez Mota, aspirante a la candidatura presidencial del PAN, dijo que está por la defensa de la vida, pero que no acompañaría ninguna ley que estuviese criminalizando a las mujeres. En todo caso, respaldará la postura oficial del PAN.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su convicción de que el ser humano es persona desde el momento de su concepción y, por tanto, sujeto de derechos.

En tanto, diversas organizaciones que defienden la vida desde la concepción, la mayoría de inspiración cristiana, realizaron jornadas de oración para pedir que los ministros se pronuncien en favor de la vida.

Durante el seminario internacional Historia comparada de las mujeres en las Américas, Patricia Galeana indicó que la aprobación de legislaciones contra el aborto en varias entidades del país fue una medida dictada desde el Vaticano, en alianza con el gobierno de extrema derecha que lleva un decenio en el poder en México, con el objetivo de echar por tierra los avances aprobados en el Distrito Federal.

“El Estado no puede darnos seguridad ni detener a los criminales, pero sí ha esposado a mujeres en los hospitales –que acudieron por complicaciones por abortos inseguros– para que no se vayan a escapar y llevarlas a prisión”.

Derechos de la mujer

Las políticas públicas sobre población

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 3

En el Programa Nacional de Población 2008-2012, el presidente Felipe Calderón y el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, destacaron que con la política pública en la materia se ratifica el claro compromiso con el precepto constitucional que garantiza a toda persona el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

En este documento oficial se advierte además que los más altos porcentajes de mujeres con demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos se encuentran entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, esto es, los más pobres, marginados, en zonas rurales e indígenas. Más de la mitad de este rezago se concentra en las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, en el contexto de un inicio de la vida en pareja a temprana edad, de 21 años, en promedio.

La alerta del Programa Nacional de Población en este punto es contundente: “El uso de medios de regulación de la fecundidad en el inicio de la vida sexual parece ser una práctica inexistente: siete de cada 10 mujeres jóvenes tuvieron su primera relación sexual sin protección, a pesar de que la mayoría de ellas no tenía la intención de embarazarse.

Si bien el desconocimiento de los métodos anticonceptivos constituye una causa de no protección para cerca de una de cada cinco mujeres, persisten otros obstáculos de tipo cultural y social que impiden a los jóvenes tomar las decisiones que les permitan evitar embarazos no planeados y el contagio de infecciones de transmisión sexual.

El documento subraya la existencia de planes que hay derivados en menores niveles de fecundidad, con base en profundas transformaciones socioeconómicas y en una verdadera revolución en el plano de las ideas, las actitudes y los valores de las parejas mexicanas, así como en la gradual expansión y la creciente cobertura de los programas de salud reproductiva y planificación familiar.

En varios apartados de ese programa se hace énfasis en que la política de población en México tiene como centro y fin las personas y las familias.

El eje –y responsabilidad gubernamental– es dotar de las condiciones necesarias para que las personas decidan libre, responsable e informadamente sobre su conducta en los ámbitos de relevancia demográfica, de acuerdo con sus valores, creencias y convicciones y sin coacción o interferencia alguna.

Derechos de la mujer

Busca usar al Senado para intimidar a los ministros de la Suprema Corte, aseguran

ONG: el Presidente dice proteger el derecho a la vida, pero encabeza guerra con miles de muertos

Es inconcebible que se pretenda echar abajo derechos ganados por las mujeres

En el Hemiciclo a Juárez ayer celebraron el Día Internacional de la Lucha por la Despenalización del Aborto
Foto Yazmín Ortega Cortés

Alma E. Muñoz y Carolina Gómez

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 4

La solicitud presidencial al Senado para que se retire la declaración mexicana en el Pacto de San José fue considerada por diversos sectores políticos y sociales como una grosera, desproporcionada y condenable irrupción de Felipe Calderón en el debate que se desarrolla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de las leyes antiaborto en Baja California y San Luis Potosí.

En rueda de prensa, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, consideró una grosera intromisión presidencial en el debate de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y consideró su actitud como un retroceso. En tanto, la secretaria general de ese partido, Dolores Padierna, señaló que México no puede regirse por dogmas religiosos. No podemos admitir que Calderón esté queriendo eliminar un tratado internacional basado en el Estado laico, señaló.

Zambrano llamó a los senadores a no retirar –como pide Calderón– la declaración interpretativa del gobierno de México sobre el párrafo primero del artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, donde se prevé que la ley protegerá en general el derecho a la vida a partir de la concepción.

Actuar congruente

Confió en que la SCJN actúe en congruencia con el rechazo que dio al recurso de inconstitucionalidad que en su momento se promovió contra la ley que despenaliza la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal.

En tanto, para representantes de colectivos feministas el presidente Felipe Calderón está actuando más como líder de un partido, en este caso Acción Nacional, que como jefe de Estado.

Nos parece desproporcionado que se coloque en esa posición para tratar de incidir en la Suprema Corte de Justicia en el debate sobre el aborto; evidentemente no actúa como un representante de los mexicanos, señaló Martha Juárez, de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir.

Elsa Conde, del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, lamentó que el titular del Ejecutivo federal tome partido en contra de los derechos de las mujeres y quiera usar al Senado para intimidar a la SCJN.

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México también condenó la solicitud, y su coordinadora, Alba Jiménez, señaló que es una incongruencia que el Presidente diga que busca proteger el derecho a la vida desde la concepción y, al mismo tiempo, encabece una guerra en contra del narcotráfico que ha dejado más de 50 mil muertos.

Él no es un defensor de la vida, no la protege. Me parece desafortunada su intervención, porque ha habido más de 50 mil muertos, los que llaman daños colaterales, por una guerra que no le pedimos.

Sostuvo que esta petición presidencial también es retrógrada, pues es inconcebible que después de 30 años de que México hizo la declaración interpretativa del primer párrafo del artículo cuarto del Pacto de San José, se pretenda echar atrás derechos ya ganados por las mujeres.

Pidió que el Senado no permita que se retroceda en los derechos de las mujeres, sobre todo cuando existe una deuda con este sector por parte de los legisladores de diversos estados en los que se limita e incluso penaliza la interrupción del embarazo.

Con información de Ariane Díaz

Es un hecho grave de violación a las garantías individuales: Red por los Derechos Sexuales

ONG de Morelos protestan por el proceso a una joven de 15 años acusada de aborto

En Baja Californa la despenalización de esa práctica sería una mala decisión, asegura obispo

Rubicela Morelos, Mariana Chávez y Antonio Heras

Corresponsales

Periódico La Jornada
Martes 27 de septiembre de 2011, p. 7

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, el Observatorio Nacional contra el Aborto y la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos consideraron que se violaron los derechos de una menor de 15 años de edad a quien se procesó por el delito de aborto.

En un comunicado, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos calificó este hecho de grave violación a los derechos de la joven, y en general para todas las mujeres morelenses.

Este lunes comenzó una discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de las reformas que protegen la vida desde el momento de la concepción en Baja California y San Luis Potosí.

Ponentes en el foro sobre el Derecho a la vida, realizado en Querétaro, criticaron que algunos ministros de la SCJN pretendan invalidar las reformas a la Constitución de Baja California y San Luis Potosí –que penalizan el aborto–, al considerar que con ello violarían la soberanía de las entidades federativas y promoverían la ingobernabilidad en el país.

En conferencia, José Antonio Sánchez Barroso, doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ponente del foro, consideró que la SCJN podría incurrir en actos incongruentes si invalida las reformas en la materia realizadas en Baja California y San Luis Potosí.

Sánchez Barroso explicó que cuando fue interpuesta la acción de anticonstitucionalidad por la reforma legal en el Distrito Federal, que permite la interrupción del embarazo durante las primeras semanas de gestación, los ministros argumentaron la improcedencia del recurso porque no podían atentar contra la soberanía de la capital del país.

En ese sentido, señaló que si el Distrito Federal tiene facultades para permitir la interrupción del embarazo, de esa misma forma se deben reconocer las facultades que tienen las entidades federativas de proteger la vida.

El arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, consideró que la despenalización del aborto en Baja California sería una muy mala decisión para los ciudadanos, y advirtió que el ser que está dentro del vientre de la mujer también tiene derecho a gritar que tiene derechos.

A su vez, el diputado local perredista Francisco Javier Sánchez Corona, quien presentó el recurso de inconstitucionalidad que se resuelve en la SCJN, confió en que los ministros restituirán los derechos de las mujeres, los cuales fueron afectados por la reforma del artículo séptimo constitucional del estado para proteger al producto desde su concepción.

En el Código Penal de Baja California se mantuvo la consideración de la interrupción del embarazo cuando se trate de violaciones o malformaciones, o se encuentre en peligro la vida de la mujer o del producto.

En las comunidades indígenas la sexualidad es tema prohibido

ONG: insuficientes, esfuerzos para reducir los embarazos no deseados en adolescentes

Matilde Pérez U.

Periódico La Jornada
Martes 27 de septiembre de 2011, p. 7

Los esfuerzos realizados para disminuir los embarazos no deseados en las adolescentes no han sido suficientes. Actualmente 25 por ciento de ese sector de la población ejerce su sexualidad sin la protección de algún método anticonceptivo, señaló Juan Carlos Hinojosa Cruz, presidente del Centro Latinoamericano Salud y Mujer.

Durante un seminario en el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, expuso que la mayoría de las jóvenes que tienen un hijo son madres solteras, y por ello sufren discriminación y desigualdad social.

Félix Vélez Fernández, secretario general del Consejo Nacional de Población y Vivienda (Conapo), comentó que de acuerdo con los datos del censo de 2010, 686 mil 511 adolescentes tenían al menos un hijo. Seis de cada 10 mujeres adolescentes reportaron no haber utilizado ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual, lo que aumenta el riesgo de un embarazo no planeado y de adquirir alguna infección de transmisión sexual.

Los jóvenes siguen siendo un grupo vulnerable que requiere atención especial; es importante promover entre ellos los servicios de planificación familiar y la provisión de métodos anticonceptivos, indicó. Anunció que en octubre el Conapo iniciará una campaña de salud reproductiva entre adolescentes, la cual llegará también a zonas indígenas.

Oriana López Uribe, de la Coalición de Jóvenes por la Salud Sexual, sostuvo que las mujeres deben tener a su disposición toda la información para decidir si quieren o no embarazarse. Las legislaciones no deben ir en contra del derecho a la salud reproductiva de las mujeres.

Respecto de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el proyecto del ministro Fernando Franco para invalidar las reformas a las constituciones de Baja California y San Luis Potosí que penalizan el aborto, apuntó que éstas van en contra de los derechos de las mujeres. Es a ellas a quienes les corresponde decidir cuándo y cuántos hijos tener, expuso.

Falta servicio médico respetuoso

La legislación tiene que ir encaminada con lo que está sucediendo en la realidad. Las mujeres que quieran interrumpir su embarazo lo harán, y si la ley no las apoya lo que se provoca son los abortos clandestinos e inseguros, la mayoría de ellos practicados por jóvenes, porque no conocen como debería ser un servicio médico respetuoso y profesional.

Rosalinda Morales Garza, directora general de Educación Indígena, pidió a los directores de las escuelas que no rechacen a las jóvenes embarazadas bajo el argumento de que son un mal ejemplo. Asentó que en Chiapas, Veracruz, Puebla, Jalisco y estado de México se registra la demanda más alta entre los adolescentes para acceder a una beca para continuar sus estudios.

Bertha Martínez Sebastián, indígena mixe, expuso que en las comunidades indígenas persisten mitos y creencias erróneas en torno a la sexualidad, la cual es un tema prohibido. Es necesario que en las escuelas y en los libros de texto se incluya el tema, y además se otorgue mayor presupuesto para la educación sexual y reproductiva.