Verificarían que no contradicen la Constitución, los tratados internacionales y las leyes

Divide a la Corte definición de facultades de jueces en normas de derechos humanos

Siete ministros, por revocar control de convencionalidad; hoy votará el pleno sus alcances

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Martes 12 de julio de 2011, p. 18

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) procederá hoy a dar la decisión que establecerá que todos los jueces del país, sin excepción, estarán obligados a verificar si las leyes que aplican se ajustan a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Antes de esta discusión, la Corte había sostenido que únicamente algunos jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) podían ejercer este tipo de controles, vedados para los juzgados y tribunales estatales.

Durante la sesión de este lunes, siete ministros se pronunciaron por revocar este criterio, conocido como control de convencionalidad, al discutir la sentencia contra el Estado mexicano dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, ocurrida en Guerrero, en 1974.

La sentencia ordena a los órganos jurisdiccionales mexicanos, sin hacer distinción entre jueces federales y locales, ejercer un control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana de Derechos Humanos, para garantizar que las disposiciones de ese tratado internacional no se vean mermadas “por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin.

Minutos antes de que concluyera la sesión de ayer, el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, pospuso para este martes la votación que determinará si el máximo tribunal abandona la postura tradicional sobre control de convencionalidad.

El ministro que ayer se opuso rotundamente a revocar dicho criterio fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien advirtió a sus compañeros que modificar ese criterio de control de convencionalidad podría desquiciar el sistema jurídico nacional.

Aguirre aseguró que del artículo 133 constitucional no se desprende la posibilidad de que los jueces locales puedan dejar de aplicar leyes mexicanas que se contrapongan con los tratados internacionales, y que esto sería contrario al principio federalista y de división de poderes, colapsando a la Corte y rompiendo su lógica de tribunal constitucional.

Refirió que ese control podría realizarse únicamente respecto de leyes locales, pero nunca de federales o de carácter general, pues lo contrario trastocaría el pacto federal: los jueces no pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes federales.

Con la posición de Aguirre han coincidido, en sesiones públicas anteriores, Jorge Mario Pardo y Luis María Aguilar.

En contraparte, los ministros que sí están a favor de modificar este criterio de control de convencionalidad son Fernando Franco y el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, cuyas posturas coinciden con las expresadas anteriormente por Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Sergio Valls y Guillermo Ortiz .

Silva Meza dijo estar de acuerdo en la reconfiguración de la función judicial que delinea la reforma y que dispone la sentencia de la CIDH, pero no con la posibilidad de que todos los jueces del país realicen el control de la Constitución que está reservado, dijo, para los juzgadores federales.

Desde el inicio de la discusión de este caso, la mayoría consideró que el párrafo 339 de la sentencia del caso Radilla obliga a la Corte a emitir un pronunciamiento sobre el control de convencionalidad, es decir, la vigilancia judicial del respeto a los tratados internacionales.

Su postura es consecuencia directa de la reciente reforma al artículo primero de la Constitución, que desde el 11 de junio pasado dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

El ministro Guillermo Ortiz expuso que este criterio, de ser aprobado, no llevaría a que los jueces expulsen del orden jurídico las leyes que les parezcan inconstitucionales o contrarias a un tratado –lo que sigue siendo facultad federal–, sino a que las desapliquen en el caso concreto que estén resolviendo.

El pleno votará hoy sobre cuáles serán los alcances del control de convencionalidad que realizarían todos los jueces.

Exigen evitar que la ley de seguridad nacional acote las garantías básicas

La CNDH pide legislar para reparar daños a víctimas de violaciones a los derechos humanos

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Jueves 7 de julio de 2011, p. 14

Al inaugurar el seminario sobre Reforma constitucional en materia de derechos humanos, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, aseveró: esta modificación coloca a las garantías básicas en el eje central de todo el marco jurídico y político del Estado mexicano, obligándolo a crear las condiciones necesarias para garantizar la seguridad, la libertad y la dignidad de las personas.

Ante los líderes del Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones, y de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que las reformas en materia de garantías básicas representan el inicio de una transformación nacional en la que los derechos básicos de todos los habitantes del país se verán fortalecidos.

Subrayó que en materia de educación la reforma obliga a todas las autoridades competentes a impulsar el respeto por los derechos humanos desde una formación basada en valores sociales, en donde el proceso educativo tiene una importancia fundamental para fomentar el conocimiento, el ejercicio y el cumplimiento de nuestras garantías ciudadanas.

Plascencia Villanueva resaltó que para cumplir con los objetivos es necesario que las autoridades legislativas impulsen la elaboración y aprobación de las leyes que harán posible una efectiva reparación del daño causado por violaciones a derechos humanos.

El senador Beltrones refirió que en los 90 en México los derechos humanos buscaban ser protegidos por la sociedad en su conjunto, pero no por el Estado mexicano. Un descuido de mucho tiempo que obligaba a que el Estado (gobierno en ese momento) institucionalizara la búsqueda del respeto a las garantías básicas, como una obligación que el Estado debería tener con los ciudadanos, y no una obligación de los ciudadanos para hacerlo valer como su derecho ante el Estado.

Explicó que así surgió la Dirección de Derechos Humanos del gobierno de la República, “que intentaba poner orden en ese aspecto y como un intento de que el mismo Estado reflexionara.

Que en momentos tan difíciles debería procurar instituciones sumamente sólidas, que nos dieran las garantías suficientes para permanecer en paz y tranquilidad, y sobre todo en valorar el término justicia. Luego, detalló que en esa dirección se creó la CNDH, que surgió y se impuso, no obstante las resistencias que existían en algunos u otros lugares.

Enseguida hizo referencia a la reforma que aprobó el Congreso para fortalecer los derechos humanos. Toca ahora a la comisión nacional hacerlos valer y a la sociedad exigirlos. Con esta reforma se da un gran paso en la ampliación de la protección jurídica de los derechos humanos, incluye la aplicación directa del régimen internacional en la materia y la modernización de las instituciones encargadas de garantizar su protección.

Dijo que este es un paso trascendente, que costó una enorme discusión en el Congreso y venció enormes resistencias en el Congreso y fuera de él. La modificación incluye el cambio al Capítulo uno del título uno, al referirse a los derechos humanos y sus garantías, con lo que se sitúa a la persona en el centro del sistema jurídico.

El presidente de la Cámara de Diputados, Ramírez Marín, manifestó que la reforma muestra el compromiso con los derechos humanos. El Estado deberá prevenir, investigar y sancionar sin excepción todos los delitos.

El jurista e integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, manifestó que la reforma es importante y que es necesario que se elaboren las leyes reglamentarias, sobre todo que se precise el fondo de reparaciones. Dijo que es momento de revisar otras reformas que se han hecho y que se contraponen a la modificación en derechos humanos, sobre todo las de la ley de seguridad nacional y el sistema penal.

Al foro estuvieron invitados el presidente interino de la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, David Langtry; la presidenta de la Comisión Irlandesa, Kirsten Roberts; el Defensor del Pueblo de Argentina, Horacio Esber; el Defensor del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez Ortiz, y la defensora del Pueblo de España, María Luisa Cava.

Al final, el ombudsman refirió que en 2010 y 2011 el número de quejas se ha incrementado 45 por ciento, sobre todo en materia de seguridad; que con las nuevas atribuciones se incrementará en 35 por ciento el número de quejas, porque ahora recibirán e investigarán denuncias en materia laboral, realizarán inspecciones laborales y los casos de trata de personas, entre otros.

Pronunciamiento conjunto en torno a la eliminación del arraigo en el Distrito Federal

MéxManifestamos nuestra preocupación por la defensa de la aplicación del arraigo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Varias organizaciones | Comité Cerezo México |

México D.F., 29 de junio de 2011

Las organizaciones y personas abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la defensa de la aplicación del arraigo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, conforme a las recientes declaraciones vertidas en medios de comunicación por el titular de esa institución, el Sr. Miguel Ángel Mancera, como reacción a la recomendación 02/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que incluye la eliminación del arraigo.

Al respecto, nos permitimos recordar al procurador que, tal como lo establece la recomendación 02/2011 de la CDHDF así como reiterados llamados de los cuerpos de derechos humanos de la ONU, de los cuales los más recientes son el Comité de Derechos Humanos y la Relatora Especial de Independencia de Jueces y Abogados, el arraigo ha sido considerado contrario a los principios de que regulan un genuino Estado democrático de Derecho, por violar flagrantemente el principio de legalidad, así como los derechos de libertad personal y de tránsito, a la presunción de inocencia, los relacionados al debido proceso, al honor y la reputación, a un recurso legal efectivo, y a la integridad física y mental de las personas, de conformidad con las obligaciones suscritas por el Estado mexicano en su conjunto y consagradas en la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La medida se vuelve una violación de derechos humanos debido a las siguientes razones: a) la falta de control sobre la legalidad de la detención; b) la inexistencia de estándares probatorios; c) la falta de control sobre el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de las personas en situación de arraigo; y e) la inexistencia de criterios de proporcionalidad en la fijación del plazo de la medida. Aunado a lo anterior, el número de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes asociados a la situación de arraigo, así como su posibilidad permanente, siguen presentes como lo revelan informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la CDHDF, y organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, llama la atención la situación de hacinamiento y malos tratos que sufren las personas en situación de arraigo en el DF, como lo señala la CDHDF en su recomendación CDHDF/I/122/AZCAP/10/D1031, en la que denuncia una notoria sobrepoblación en el Centro de Arraigo de la PGJDF, que tiene una capacidad rebasada, con una proporción de 64 espacios disponibles para 120 personas que se encuentran detenidas en dicho lugar.

Lo anterior no se justifica bajo la consideración de eficacia de la medida, ya que las cifras demuestran lo contrario. Conforme al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) en poder de la CMDPDH, entre enero de 2008 y mayo de 2010 tan sólo el 20.24% de los procesos iniciados con arraigo terminaron en sentencia condenatoria; asimismo, el 91% de las más de 130 quejas iniciadas ante la CDHDF por violaciones de derechos humanos en situación de arraigo se han dirigido a la PGJDF; finalmente, la medida tampoco es eficiente por lo que hace a la prontitud del Ministerio Público para efectuar las diligencias de investigación requerida, como lo demuestra el hecho de que en los últimos 3 años la PGJDF ha tenido que solicitar prórrogas de arraigo en un 40% de los casos; estos indicadores revelan el bajo nivel de eficacia de la medida.

Por lo anterior solicitamos al titular de la PGJDF, Sr. Miguel Ángel Mancera, que cumpla de manera integral y expedita con lo dispuesto en la recomendación 2/2011 de la CDHDF, a saber:

1) Que establezca y expida, en un plazo no mayor a 30 días, las disposiciones necesarias, como Acuerdos o Circulares para que, de manera interna se especifique la vía de solución para la eliminación del arraigo como práctica de investigación por parte del Ministerio Público;

2) Que promueva ante las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo local la presentación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de una iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales y de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en el sentido de erradicar de éstas el arraigo como medida de detención, en el entendido de que, de cualquier manera, la medida desaparecerá definitivamente en el momento en que entre en vigor el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio;

3) Que ordene que los agentes del ministerio público responsables de cada Averiguación Previa revisen minuciosamente las investigaciones en cada caso de arraigo vigente, a fin de que, como resultado de esta revisión se continúe con la consignación correspondiente, si fuera el caso. De lo contrario, deberán tomarse las medidas adecuadas de vigilancia, para que se solicite la inmediata puesta en libertad, con el fin de evitar que se continúen vulnerando los derechos de las personas sometidas a esta medida.

Atentamente

Organizaciones: Asociación Mundial de Radios Comunitarias A.C., México (AMARC), Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria OP» A.C., Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» A.C., Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), i(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C, Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia Indignación A.C. (IMDHD), Litiga OLE A.C., Proyecto Presunción de Inocencia en México A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., Red por los Derechos de la Infancia en México A.C. (REDIM), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C. (RedTDT) conformada por 72 organizaciones: Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos «Miguel Hidalgo», A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL‐DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL‐Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. ‐ KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos «La Voz de los sin voz» (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional «Justicia, Paz y Vida» (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi», A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos «Fr. Pedro Lorenzo de la Nada», A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos «Sembrador de la Esperanza». A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ‐ Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana‐Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ‐México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal)

Personas:
Alma Rosa Bahena Villalobos
John M. Ackerman
Rodrigo Olvera Briseño

El Ejecutivo federal no consideró a partidos, sindicatos e iglesias

Juristas califican de incompleta la iniciativa en torno a lavado de dinero

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 11

Jueces de distrito en materia penal y abogados consultados por La Jornada coincidieron en que si bien es un esfuerzo necesario para combatir a la delincuencia organizada, la iniciativa de ley del Ejecutivo federal contra el lavado de dinero –presentada a finales del año pasado y aún pendiente de aprobación en el Congreso de la Unión– omite a actores fundamentales en la lista de sujetos obligados a reportar al gobierno sus operaciones financieras.

Asimismo, los expertos aseguraron que la reforma puede generar una inmensa base de datos imposible de analizar a detalle y amenaza con minar el secreto profesional a que están obligados miles de proveedores de asesoría legal y contable.

Rodolfo Garza, abogado; Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas; Eduardo Miranda Esquivel, presidente colegiado de la Unión de Juristas de México, y jueces federales entrevistados por este diario criticaron la no inclusión de actores como partidos, sindicatos e iglesias, en la larga lista de sujetos obligados a informar mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre operaciones bancarias en efectivo.

La iniciativa de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue enviada por el presidente Calderón al Senado de la República en agosto de 2010.

Después de analizar el contenido de la iniciativa, Miranda Esquivel refirió que se trata de un esfuerzo positivo, pero insuficiente, pues no se explica por qué dentro de los sujetos obligados no están los partidos políticos y las iglesias. Hay razones de interés público para incluir a esos sectores en la fiscalización de sus recursos.

Agregó que la no obligación de esas organizaciones de reportar operaciones podría hacerlas vulnerables a estrategias de lavado de la delincuencia organizada en temas como las campañas electorales, donde es sabido que se manejan grandes cantidades de efectivo.

Para Rogelio Garza, abogado con más de 20 años de experiencia en litigios relacionados con casos de delincuencia organizada, de aprobarse esa iniciativa en los términos en que fue presentada creará un mundo de reportes y de información que nadie, ningún país, está listo actualmente para enfrentar.

La iniciativa que se encuentra en el Senado propone que sea obligatoria la entrega de reportes mensuales a la SHCP sobre las operaciones realizadas por todos los abogados, contadores, joyeros, agentes y desarrolladores inmobiliarios, dueños de casinos, casas de empeño, galerías de arte y empresas de traslado de valores, blindadores de vehículos, notarios y corredores públicos.

El abogado Reyes Peralta, quien encabeza una de las pocas organizaciones nacionales integradas por penalistas, recordó que esta propuesta de ley enlista 47 operaciones distintas que abarcan casi todas las que realizan estas empresas y profesionistas, pero no detalla cuáles serían los montos, características, modalidades o frecuencia de las operaciones que se tendrían que reportar a Hacienda, pues estos detalles quedarían a juicio del Ejecutivo federal en el reglamento respectivo.

De su lado, dos jueces encargados de resolver procesos penales federales indicaron que de las miles o millones de operaciones reportadas, muy pocas podrán tener el efecto de sustentar un proceso penal por lavado de dinero, donde se tiene que probar toda la cadena de ocultamiento del origen de recursos.

La propuesta del Ejecutivo incluye multas hasta de 100 mil días de salario mínimo, o 500 mil pesos, o entre 10 y 100 por ciento del valor de operación, en casos de omisión de reporte o ejecución de operaciones prohibidas. Además, pretende imponer hasta cuatro años de prisión por participar o permitir operaciones prohibidas, y hasta ocho años por falsear reportes o información (delito grave).

Finalmente, los juristas consultados por este diario avalaron el tema de las sanciones.

Persisten "debilidad institucional y corrupción", señalan

Manifiestan ONG rechazo a la nueva Ley de Migración; no da garantías

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 19

Organizaciones no gubernamentales, académicos y defensores de derechos de los migrantes advirtieron que existe una debilidad institucional y corrupción en las instancias encargadas de ejecutar la política migratoria en México.

No es con más militares como se va a proteger a los y las migrantes, sino con políticas públicas efectivas. Para evitar los abusos, tanto de bandas criminales como de funcionarios corruptos, debe analizarse la situación del Instituto Nacional de Migración, desde la formación institucional hasta la incorporación de protocolos para el respeto de las garantías de los migrantes, indicaron.

Manifestaron que continúa la violación sistemática a los derechos humanos de los extranjeros en nuestro país, y que la Ley de Migración, en vigor desde hoy (jueves), no brinda mayores garantías a estas personas.

Por el contrario, puntualizaron, continúa la vinculación entre la migración y el tema de seguridad nacional; persiste la participación de la Secretaría de Seguridad Pública en acciones de control y verificación migratoria, y no desaparecen los operativos y verificaciones domiciliarias sin orden judicial.

Además, los tiempos de detención de los migrantes se ampliaron y continúa su discrecionalidad; las visas para migrantes en tránsito no cambian de fondo respecto de lo que existía con la Ley General de Población.

Advirtieron que los cambios que se pretende impulsar se enfocan a medidas policiales y militares que en nada ayudan para disminuir las agresiones a los migrantes.

Los comentarios anteriores fueron emitidos por los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria, integrado por una veintena de organizaciones de la región, así como integrantes del Movimiento Migrante Mesoamericano.

Grupos como Sin Fronteras, Instituto de Estudios y Divulgación Sobre Migración, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas, entre otros, advirtieron también acerca de la crisis institucional, sin precedentes y cada día más ostensible, del Instituto Nacional de Migración.

Vemos cómo se desmorona ante las reiteradas denuncias y revelaciones de la población migrante, de las organizaciones defensoras, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Señalaron que diversos artículos de la actual Ley de Migración atentan contra la Constitución, entre otros, en los apartados relativos a la discriminación, igualdad, libertad de tránsito, no molestia y acceso a la justicia.

Las organizaciones civiles subrayaron que la debilidad de las instituciones tampoco puede ni debe responderse con el uso de las fuerzas armadas, como en el caso de las obras previstas en Acayucan, Veracruz, al construir una base migratoria.

Éste es un paso más hacia la militarización del país. Poner a los migrantes en un centro de detención militar es una grave violación a los derechos humanos que extralimita, por mucho, el mandato de las fuerzas armadas y significa un estado de excepción, advirtió.

Las organizaciones civiles de las que se hace referencia exigieron reformar la recientemente vigente Ley de Migración y ser tomadas en consideración para la elaboración del reglamento respectivo.

CNOP: México hará el trabajo sucio a EU con los migrantes

Ciro Pérez Silva

Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2011, p. 43

La Ley de Migración aprobada por la Cámara de Diputados tiene graves deficiencias, ya que con ella México está obligado a cerrar su frontera norte a todo migrante sin documentos y a convertirse por ello en la Migra –Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU– de sus propios ciudadanos, afirmó Edmundo Ramírez Martínez, secretario de asuntos migratorios de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

En entrevista, señaló que si bien se busca frenar agresiones en contra de migrantes, y obliga a las instituciones del Estado a respetar los derechos humanos de los indocumentados, ésta nueva ley beneficia directamente a Estados Unidos y recoge las recomendaciones de Washington en la materia. México le estaría controlando el flujo migratorio al vecino del norte, subrayó.

Migra sucedánea

Precisa que los artículos 34 y 47 de dicha ley, establecen que todo mexicano y extranjero que salga del país debe hacerlo por los lugares designados, con documentos de identificación y visa válida de ingreso a otra nación.

“Tales artículos harán un serio daño al país, obligarían a México a convertirse en la Migra de los ciudadanos que busquen ingresar a Estados Unidos sin papeles”, apuntó.

Dichos artículos invalidaron totalmente la discusión y el análisis sobre el posible permiso de tránsito que se hubiera podido dar a migrantes sin documentos que se dirigen a la frontera norte.

“Servirían para que los grupos xenófobos y antimexicanos de Estados Unidos exijan a México que cumpla con sus leyes y cierre la frontera norte a la invasión de ilegales con muros, policías y soldados o con lo que sea necesario, esa es la razón verdadera de por qué los legisladores federales también aprobaron el dictamen para crear la Policía Fronteriza, que estará bajo la dirección del Ministerio Público y tendrá facultades de persecución y aseguramiento, haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos”, insistió.

Una grave deficiencia en esta ley es que no desaparecen los operativos ni las verificaciones domiciliarias sin orden judicial, y se permite el desarrollo de operativos de control migratorio en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional para comprobar la situación migratoria de los extranjeros, señaló el ex legislador, quien fue migrante indocumentado en Esta- dos Unidos.