Se debe transparentar la información, señala Juan Acra

Demanda la Coparmex a Suárez Coppel explicar la estrategia de Pemex

Susana González G.

Periódico La Jornada
Lunes 17 de octubre de 2011, p. 20

Conformada por representantes de empresas trasnacionales y nacionales como Repsol, Gas Natural, Fenosa y Onexpo, entre otras, la comisión de energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó reunirse con el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, para conocer cuál es la estrategia internacional de la paraestatal.

Así lo aseguró Juan Acra, presidente de la Comisión, por considerar que se debe transparentar la información de Pemex más aún por la polémica desatada a raíz de su asociación con la empresa Sacyr, para incrementar su participación en Repsol y también por los casos de corrupción que estallaron recientemente en la división internacional de la paraestatal.

La transparencia es de beneficio para todos, y más en temas como el de Repsol; queremos saber cuál es su estrategia, señaló.

Beneficios para México

A título personal, consideró que Pemex y México resultarán beneficiados con la operación llevada a cabo en Repsol, pues indicó que será rentable por la transferencia de nueva tecnología, pero acotó que en términos políticos y diplomáticos desconocemos cuáles serán los efectos.

Sobre el debate que hay entre autoridades y empresarios de España que defienden la españolidad de Repsol, Juan Acra sostuvo que no hay tal, ya que se trata de una compañía internacional y, en todo caso, debe recordarse la presencia de corporativos provenientes de ese país en el sector energético de México, como lo demuestra la representación que las mismas tienen en la Coparmex. Cualquier socio en una empresa tiene derecho a aumentar su participación, puntualizó.

Adelantó que el sindicato patronal también pugnará porque las tarifas eléctricas sean establecidas por la Comisión Reguladora de Energía (Conar) en lugar de la Secretaría de Hacienda, como sucede actualmente, y para ello ya iniciaron reuniones con legisladores federales para que se otorguen facultades plenas a dicho organismo.

El PT presentará una iniciativa de decreto sobre la prohibición a ceder la renta petrolera

Peligrosos, los convenios de Pemex con compañías privadas: Laura Itzel Castillo

Los contratos no sólo son a 25 años, sino ciñen el pago a trasnacionales al aumento en el crudo

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 9

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados informó que mañana martes presentará una iniciativa de decreto para interpretar correctamente la prohibición constitucional de ceder la renta petrolera en contratos a compañías privadas, como los otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado mes de agosto para explotar seis yacimientos en Tabasco

El proyecto –elaborado por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez– considera que esos convenios constituyen un peligroso precedente para futuros acuerdos de la paraestatal, debido a que no sólo son a 25 años, sino que ciñen el pago a las trasnacionales al aumento de los precios del crudo.

La propuesta se diseñó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que, por acuerdo de todas las fracciones parlamentarias, interpuso la Cámara de Diputados contra dichos contratos. Los ministros se negaron a entrar al fondo del asunto.

En su documento, la diputada Castillo Juárez explica que la fórmula de pago a las empresas privadas con contratos con Pemex se basa tanto en el valor de la producción como en el precio de los hidrocarburos.

“Tal circunstancia equivale a un esquema de reparto de los beneficios del proceso de la producción, esto es, el contratista se convierte en una especie de socio de Petróleos Mexicanos, cuyos derechos y expectativas en términos de la tasa de retorno de la inversión, además, se encuentran blindados por todos lados”, señala.

Por esa razón, abunda la legisladora, se pretende detallar en un decreto cuatro límites constitucionales para los contratos que la petrolera mexicana celebre con inversionistas privados:

1. No establecer fórmulas o esquemas que correlacionen el precio del crudo y la remuneración del contratista, que tengan como resultado que el pago de los servicios sea una proporción de la renta petrolera.

2. Excluir mecanismos de remuneración que tengan como único límite el valor de la producción después del pago de impuestos en función del precio del crudo en el mercado internacional, que redunde en un pago que exceda una remuneración razonable con estándares de la industria de contratos de servicios de exploración y producción de hidrocarburos.

3. Que las fórmulas de contratación correspondan a un contrato típico de la industria de servicios de exploración y producción, y en ningún caso se admitan los contratos de riesgo, asociación o de participación de un porcentaje de las ventas.

4. Que esas fórmulas no contengan opciones sujetas a circunstancias futuras que pretendan revertir la asignación de rendimientos de la renta petrolera a los contratistas y que, con ese motivo, afecten de manera absoluta o relativa la condición de precio cierto a la firma del contrato de servicios.

La propuesta en cuestión resalta que los denominados contratos integrales de servicios contienen un esquema de remuneración a los contratistas contraria al artículo 27 constitucional, al 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos y al presente decreto y, por tanto, no deben continuar otorgándose y los ya firmados deben derogarse.

Laura Itzel Castillo resaltó que la fórmula de pago compromete un porcentaje de las ventas de hidrocarburos, debido a que incluye un factor de ajuste sobre la base de la actualización inflacionaria que determina el monto de la tarifa por barril de crudo en el tiempo.

El líder sindical era acusado por el supuesto desvío de $1,500 millones a la campaña de Labastida

Prescribió el delito del Pemexgate; la PGR no dio más pruebas contra Romero Deschamps

La decisión es inapelable, señalan en el juzgado decimotercero, con sede en el Reclusorio Sur

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 26 de agosto de 2011, p. 21

Un juez federal con sede en el Reclusorio Sur declaró prescrito el caso del Pemexgate, que fue el primer asunto de corrupción electoral que llevó a un líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a quedar sujeto a proceso penal por el supuesto desvío de mil 500 millones de pesos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, candidato presidencial del PRI en 2000.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, el juzgado 13 de distrito de procesos penales federales notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) que ya se cumplió el periodo de prescripción del delito de peculado electoral que en 2003 fue imputado a Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Pemex.

Aunque el líder gremial logró echar abajo esa acusación, el Ministerio Público Federal aún tenía posibilidades de replantear las pesquisas en su contra, pero no lo hizo. Ahora el asunto ha quedado concluido en definitiva debido a la prescripción del delito.

Fuentes del juzgado décimo tercero de distrito, con sede en el Reclusorio Sur, a cargo de Carlos López Cruz, revelaron que la decisión ha quedado firme y es inapelable, porque, de acuerdo con informes judiciales, la propia PGR no impugnó el fallo del juzgado.

Dentro de la causa penal 106/2003, Romero Deschamps fue acusado de peculado electoral por mil 500 millones de pesos, por las presuntas aportaciones del sindicato petrolero a la campaña de Francisco Labastida en 2000, caso que fue conocido como Pemexgate y que fue revelado por La Jornada.

El 24 de octubre de 2003, el mismo juzgado que ahora declaró prescrito ese delito dictó la formal prisión a Romero Deschamps por peculado electoral, al estimar que la imputación de la PGR reunía los indicios suficientes para entablar juicio en su contra.

En junio de 2006, un tribunal federal echó abajo la decisión de iniciarle proceso y liberó al líder sindical por falta de elementos. Sin embargo, no fue declarado inocente y dejó a la PGR la posibilidad de aportar nuevas evidencias en su contra para reiniciar el procedimiento.

La sanción por peculado electoral va de uno a nueve años de prisión. El periodo de prescripción o cancelación de la acción penal es de ocho años.

Mientras Romero Deschamps estuvo sujeto a proceso acudió una vez por semana al juzgado décimo tercero del Reclusorio Sur para firmar el libro de procesados libres bajo fianza, pero la PGR nunca cumplió su objetivo de conseguir la detención del líder sindicar, ya que sus abogados tramitaron a tiempo todos los recursos jurídicos de defensa a que tenía derecho el inculpado para evitar su encarcelamiento.