Javier Corral denuncia que es un atentado contra la competencia en televisión abierta

A puerta cerrada y en fast track, Cofetel da más privilegios a Televisa y Tv Azteca

Las dos empresas podrán ofrecer la llamada multiprogramación sin beneficio para el Estado

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 22 de septiembre de 2011, p. 18

El pasado 20 de julio, durante una reunión a puerta cerrada, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) otorgó su aval mediante una simple toma de nota para que los concesionarios y permisionarios de la televisión abierta puedan ofrecer la multiprogramación (multiplexeo), en sus canales digitales, sin ningún beneficio para el Estado y con graves consecuencias en materia de competencia y concentración en radiodifusión.

Tal hecho fue confirmado por el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Javier Corral, quien dijo a este diario que dicha decisión representa el mejor regalo que el Estado pudo hacer a las televisoras, porque se agudiza de forma radical la fuerte concentración existente en la televisión abierta. En pocos meses las grandes televisoras estarán en posibilidad técnica de tener nuevas redes nacionales, y se colocan una vez más en situación de amplia ventaja anticompetitiva frente a los futuros participantes en el mercado de la televisión abierta.

Tal situación propició que el mismo Corral enviara una carta al presidente de la Comisión de Comunicaciones, José Rubí Salazar, para convocar de manera urgente a Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, con el propósito de dar a conocer con precisión las consideraciones y criterios adoptados por dicha instancia que favorece de forma abierta a Grupo Televisa y a Televisión Azteca.

El multiplexeo comenzó con las transmisiones de Televisión Azteca a través de su servicio Hi-Tv, en enero de 2009, hecho que generó una enorme polémica y sinnúmero de litigios no resueltos en definitiva.

También otros operadores, como Multimedios y Televisa siguieron el camino de Tv Azteca, y, a finales del año pasado, Multimedios decidió transmitir en multiplex el Canal 12 de Monterrey. De esa forma, ya se transmite en esa frecuencia el Canal 12 en alta definición o HDTV (12.1), Milenio Televisión (12.2) y el mismo canal 12 con dos horas menos en definición estándar o SD (12.3).

Las implicaciones de la decisión asumida por la Cofetel redundan en que los beneficiarios son los actuales y futuros operadores de canales de televisión digitales. A manera de referencia, tan sólo en el Distrito Federal, Grupo Televisa y Televisión Azteca, que cuentan con seis canales, podrán aumentar su oferta de señales abiertas hasta en 30 canales digitales en los próximos años, lo que coloca en una situación de desventaja a nuevos competidores en el mercado.

La determinación se produce cuando al mismo tiempo las televisoras han impugnado el decreto de transición a televisión digital. Incluso la Cofetel no impuso ningún tipo de contraprestación para ofrecer el multiplexeo.

Paradójicamente, la Cofetel ha manifestado que no sólo está permitido el multiplexeo, sino que también los operadores podrán arrendar capacidad para otros operadores: Este beneficio sería para concesionarios y permisionarios, pero hace falta la regulación necesaria para ello. Además de Televisa, Televisión Azteca y Multimedios, los canales permisionados, sin fines de lucro, como el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), o el Canal 28 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, podrán arrendar espacios en sus canales digitales a terceros.

También la prestación de servicios adicionales de telecomunicaciones (Internet, canales de televisión de paga o video) en las bandas atribuidas a radiodifusión queda limitada mas no prohibida.

“Hace falta el marco legal adecuado para la convergencia, que debe ser congruente con lo que al respecto impuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su sentencia contra la denominada ley Televisa”.

El diputado Corral refiere en la misiva dirigida al priísta José Ignacio Rubí que en la sentencia de la SCJN 26/2006 se manifiesta la inconstitucionalidad de autorizar la multiprogramación (o multiplexeo): Las concesiones que otorga el Estado mexicano sobre el espacio radioeléctrico no suponen la autorización para su uso indiscriminado o indistinto, sino que en dichos casos la concesión está vinculada con un uso determinado y específico, que se hace constar en el título que al respecto se expide y cuyo incumplimiento acarrea sanciones para el concesionario, llegando a provocar la revocación de la concesión otorgada.

Pone en riesgo la sustentabilidad ecológica, señala el director del Instituto para México y EU de la UCLA

Semarnat debe retirar el permiso que dio a Hansa Baja en Cabo Cortés: experto

Este año la dependencia le dio una nueva autorización parcial mediante la cual puede dragar canales y construir hoteles

Asimismo, se le otorgó una concesión para extraer agua en un monto equivalente al ciento por ciento de la disponible

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Martes 20 de septiembre de 2011, p. 36

Al proyecto turístico Cabo Cortés, ubicado a un lado del parque arrecifal Cabo Pulmo, en Baja California Sur, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le debe retirar el permiso que le otorgó, ya que no es viable y representa un riesgo para la sustentabilidad ecológica regional, sostuvo Exequiel Ezcurra, director del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California.

Jamás un funcionario menor, como en este caso lo hizo un director de área, en lugar del titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira), había autorizado la manifestación de impacto ambiental (MIA) de un proyecto de esta trascendencia, que es tres veces más grande (30 mil cuartos de hotel) que la infraestructura hotelera de la región de Los Cabos, donde hay 11 mil habitaciones, misma que apenas registra una ocupación promedio de 50 por ciento.

Señaló que la experiencia de los años recientes en el Golfo de California en cuanto a planes turísticos es abandonarlos, como ha ocurrido en Puerto Escondido, El Mogote, Puerto Peñasco, entre otros. En el caso de Cabo Cortés, recordó, la empresa que lo impulsa, Hansa Urbana, está quebrada en España, y no se descartaría que venda el proyecto.

En la autorización de este plan se hizo caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Nacional del Agua, de la de Áreas Naturales Protegidas, organizaciones ambientalistas, de científicos y de la sociedad, señaló Ezcurra, quien fue presidente del Instituto Nacional de Ecología en el sexenio pasado.

Por su parte, el director en México del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), Omar Vidal, dijo que oficinas en alrededor de 20 países de esta organización internacional han enviado cartas al presidente Felipe Calderón para demandarle la cancelación de Cabo Cortés, ya que no es el modelo de turismo que debe aceptar México.

En conferencia de prensa, Ezcurra presentó argumentos científicos que hacen inviable este proyecto y sostuvo que la MIA presentada por Hansa tiene se-rias deficiencias técnicas que ponen en riesgo la viabilidad de la región.

Explicó que la MIA se basa en el supuesto de que las corrientes alejarán los contaminantes producidos por el desarrollo hacia el norte, manteniendo protegido el Parque Nacional Cabo Pulmo de los impactos del proyecto; sin embargo, para realizar ese estudio la empresa no realizó ninguna investigación a profundidad ni tomó datos adecuados sobre la dinámica de las corrientes en la región, y además desdeñó un cúmulo de información científica que señala lo contrario de sus conclusiones.

Asimismo, abundó, la Dgira le autorizó la extracción de 4.5 millones de metros cúbicos del río Santiago, pero la empresa no presentó las coordenadas exactas de la perforación de pozos, lo cual denota que el permiso se dio sin que esta dirección conozca la ubicación exacta de los pozos y no evaluó el impacto a las comunidades.

El permiso fue otorgado el 22 de septiembre de 2008 por Roberto Manuel Margáin Hernández, en ese entonces director del área a cargo de la evaluación de sectores de energía e industria, que días después dejó el cargo.

La concesión que otorgó la Semarnat a la empresa para extraer el agua es el equivalente a ciento por ciento de la disponible en el único acuífero no sobrexplotado en una región desértica, sin considerar las necesidades de la población actual y futura, la creciente vulnerabilidad de la zona ante el cambio climático global ni los ciclos de sequía, indicó la WWF.

En la MIA no se consideró que el número de cuartos proyectados traería una población de al menos 150 mil personas, la cual requeriría unos 15 millones de metros cúbicos al año; se trata de agua que no existe en la región, añadió Ezcurra.

Precisó que este año la Semarnat dio una nueva autorización a la empresa, pero parcial, e incluye el permiso para dragar canales y la construcción de hoteles. Argumentó que esto no se puede hacer: una autorización se da o no se da, ya que de esta forma la viabilidad ambiental no queda debidamente asegurada.

Vidal destacó que gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad local, científicos, organizaciones civiles y gobiernos municipal, estatal y federal, el arrecife de coral de Cabo Pulmo se ha recuperado, y ha permitido el regreso de especies migratorias, como el tiburón ballena, las mantas gigantes, las ballenas jorobadas y las tortugas marinas; hoy es el área marina con mayor concentración de peces en el Golfo de California.

Recordó que en 2005 Cabo Pulmo fue designado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco y en 2008 fue integrado a la lista del Convenio Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional.

En contra de las represas: De México a Costa Rica

El día de hoy, la Caravana conformada por organizaciones del MAPDER que luchan contra las afectaciones de la construcción de represas en el país se encuentran en Tapachula y comenzarán a caminar rumbo a Centroamérica. El destino es el VI Foro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra las Represas, en Costa Rica, donde podrán intercambiar experiencias de lucha y formación a favor de la protección de medio ambiente.

El Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) se encuentra caminando rumbo al VI Foro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR), que se llevará a cabo en Costa Rica. La Caravana mexicana está conformada por organizaciones que luchan en Paso de la Reina, Oaxaca, en La Parota, Guerrero, en El Zapotillo y La Yesca, Jalisco, en Las Cruces, Nayarit, Itzantún y Chinín, en Chiapas, en los Pantanos de Zentla, en Tabasco y en más de 112 proyectos de presas del estado de Veracruz, así como organizaciones del Distrito Federal, Guanajuato y Colima.

Las organizaciones marchan denunciando que las presas que se construyen en México no son sustentables ni corresponden al modelo de desarrollo que buscan las comunidades, por lo que son firmes al exigir que ni una represa más debe ser construida en el país. De esta forma, se oponen a las inversiones extranjeras que, de manera ilegal y anticonstitucional y en colusión con algunos gobiernos, pretenden la privatización de la industria eléctrica y del agua.

En México existen al menos 350 proyectos de presas, en los que la SEMARNAT, la CFE y CONAGUA, en contubernio con los gobiernos estatales y las empresas privadas, continúan llevando a cabo actos de extorsión, chantaje, falsas promesas, división comunitaria, falta de transparencia y nula consulta previa e informada a las comunidades. Además, no buscan alternativas para la producción de energía, lo cual va en contraposición de la normativa que defiende el medio ambiente. Estos megaproyectos provocan impactos ambientales, sociales y culturales irreversibles, desencadenan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las comunidades locales, originan desplazamientos forzados de las comunidades y hostigamientos a los y las defensoras de los derechos humanos.

Sin embargo, México no es el único país afectado por la construcción de megaproyectos. Más de 50 mil grandes represas se han construido en el mundo, lo que ha ocasionado el desplazamiento de 100 millones de personas. Además, el impacto al medio ambiente ha resultado irreversible, pues han ocasionado la inundación de bosques, la modificación de los cauces, la pérdida de flora, fauna y sedimentos y el que miles de zonas arqueológicas hayan quedado sepultadas bajo las aguas.

Nuestro Grito es: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La organización de familiares Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila señaló el pasado 15 de septiembre, fecha de la celebración de la Independencia de México, que quienes tienen algún familiar desaparecido, ya sea por grupos de la delincuencia organizada o por agentes del Estado, sólo pueden clamar: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Asimismo, aprovecharon esta fecha para denunciar que la indolencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno ha generado obstáculos para la localización con vida de sus seres queridos: “El dolor que sentimos se incrementa al ver a las autoridades que hoy se engalanan simulando que no pasa nada y recordamos que es la misma simulación con la que actúan en nuestros casos de las y los desaparecidos y que es ya una práctica sistemática”.

Por lo tanto, hicieron un llamado a la sociedad civil, a continuar organizándose y mostrando su solidaridad con todas las víctimas a nivel nacional. Asimismo, pidieron a la ciudadanía no ser parte de la violencia y del miedo que se vive en Coahuila y en todo México. Finalmente, señalaron: “Porque no estamos completos, porque nos hacen falta nuestros desaparecidos y desaparecidas, porque nos hacen falta a quienes han ejecutado, porque nos hacen falta los que se han exiliado, porque nos hacen falta los que se han desplazado; por ellas y ellos gritaremos y exigiremos justicia”.

Aumentan abusos de fuerzas militares / Reforma, José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, considera que los abusos de las dependencias encargadas de la seguridad pública resultan de la falta de vigilancia institucional y civil, aunado a la ausencia de transparencia.

Urgen a rescatar a la Codhem / El Universal, Es urgente rescatar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, debido a que ha dejado de pugnar por el objetivo que le dio origen. Se dedica a toda clase de asuntos, sin objetivos claros e invadiendo competencias.

Unesco anuncia plan de acción a favor de periodistas / Milenio, La Unesco anunció hoy un "plan de acción" para mejorar la seguridad de los periodistas y combatir la impunidad en los delitos cometidos contra estos profesionales y contra la libertad de expresión.

Refuerzan seguridad para el Movimiento por la Paz / El Universal, La Caravana de la Paz vivió momentos de tensión por la alerta de una posible emboscada contra Javier Sicilia, por la detención del fraile Tomás González, participante del movimiento, por parte de militares, y por el intento de allanamiento de la casa de Emilio Álvarez Icaza.

Acción urgente: Amenazas contra un defensor de derechos de migrantes, que corre peligro / Cencos, Fray Tomás González, defensor de los derechos de las personas migrantes, recibió una amenaza telefónica el 9 de septiembre. Se cree que la amenaza fue debida a su trabajo en el albergue para migrantes La 72 y en el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta.

Caravana del Sur Día 10: ¡Xalapa se hermana con esta caravana! / Cencos, Horas antes en el acto público en el centro, mientras se relataban testimonios de una de las ciudades más afectadas por el crimen organizado, lo caravaneros vieron personas no identificadas tomando fotografías y la presencia de personal del Instituto Nacional de Migración.

Migrantes guatemaltecas en México: explotadas, enfermas y discriminadas / Kaos en la Red, El Estado ejerce violencia contra las extranjeras que deciden residir en el país, al privarlas de servicios de salud, condiciones de trabajo dignas, y de mecanismos claros para su regulación migratoria.

“Fueron las primeras alarmas y no hicimos nada. Y ahora nos quieren hacer creer que no pasa nada. Cuando hay un muerto, rápido llega la policía, levantan, se los llevan en una camioneta, limpian, barren, lavan y no pasó nada”, señaló un obrero al dar su testimonio como víctima de la violencia, en la Caravana por la Paz, en Jalapa, Veracruz.

Hessel y su siglo / Luis Tovar, En La Jornada Semanal. "Siempre del lado de los disidentes”, Stéphane Hessel suma casi un siglo de vida siendo partícipe, y no pocas veces protagonista, de diversos acontecimientos de importancia mundial, como sin duda lo es la creación de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, redactada en

1948. La fuerza vital y la claridad ideológica se reflejan en su pensamiento y en el movimiento social de los indignados, así como constituye una inspiración para cualquier sociedad necesitada, como tantas en estos días, de cambios sustanciales en los ámbitos político y económico.

IV Foro Internacional de Derechos Humanos y Tecnologías de la Información y la Comunicación

El 18 y 19 de octubre, en el Edificio Adolfo Ruíz Cortines, del Centro de Formación e Innovación Educativa (Av. Wilfrido Massieu s/n, esquina Luis Enrique Erro) del Instituto Politécnico Nacional, se llevará a cabo este Foro, en donde expertos compartirán las nuevas tecnologías en la materia. Convoca el IPN, la CNDH, la CDHDF, el Ifai, el IEDF, CUDHM y CJDH. Para más información: www.cfie.ipn.mx, forodhtic@ipn.mx o al teléfono 57 29 60 00, extensiones 57278 y 57277.

Foro: Retos y Posibilidades en el Cumplimiento de Sentencias de la CoIDH contra México

El 22 y 23 de septiembre se llevará a cabo este Foro en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En éste se analizarán las formas de implementación de las sentencias, la situación del sistema de justicia penal frente a los compromisos internacionales y las implicaciones de las recientes resoluciones de la SCJN. Convocan: Centro Prodh, Tlachinollan, CEJIL, OACNUDH, CDHDF, American University Washington College of Law, Centro para laJusticia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy y JASS. Para descargar el programa, ingresa a centroprodh.org.mx; para más información, escribe a comunicacion@centroprodh.org.mx

El Senado aprobó que se investigue a Mauricio Limón y a Enrique González, de Semarnat

Hansa Baja no tiene intención de frenar su plan para Cabo Cortés

Seguimos trabajando para cumplir todas las condicionantes que nos indicó la autoridad de medio ambiente, señaló Jesús Guilabert, director del proyecto turístico de la empresa española

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 52

El desarrollo turístico Cabo Cortés, colindante con el parque nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur, sigue adelante. Hansa Baja Invesments no tiene intenciones de frenar el proyecto y continúa con los estudios solicitados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó la empresa.

El martes pasado el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para investigar a funcionarios de la Semarnat que autorizaron el proyecto. En la última resolución del estudio de impacto de ambiental que dio la dependencia en marzo, solicitó a Hansa Baja más estudios para que así obtenga su aprobación definitiva, informó la compañía española.

Esto se da aun con cuestionamientos de científicos nacionales e internacionales sobre los efectos que este plan puede ocasionar al parque arrecifal, el más conservado del mundo, según reportó el estudio Gran recuperación de la biomasa de peces en una reserva marina sin explotación, realizado por Octavio Aburto Oropeza y Exequiel Ezcurra, entre otros expertos, y que reveló que el número total de peces en el ecosistema de la reserva se incrementó en más de 460 por ciento de 1999 a 2009.

De acuerdo con información de la subsidiaria de la española Hansa Urbana, este plan no está ni frenado ni estancado, seguimos trabajando para dar cumplimiento a todas las condicionantes que la autoridad de medio ambiente nos indicó.

Aseguró que los estudios realizados han demostrado que ninguna de las obras afectará el parque nacional, y que, por el contrario, Cabo Cortés contribuirá con recursos económicos a la protección y mejora del Parque Nacional de Cabo Pulmo, señaló Jesús Guilabert Boyer, director del proyecto.

También rechazó que este plan tenga algún parecido con Cancún, es una demagogia la comparación entre ambos. Detalló que en el centro turístico de Quintana Roo hay en más de 27 kilómetros de playa unos 100 hoteles, innumerables plazas comerciales, centros nocturnos, marinas y más de 250 restaurantes que reciben un millón de visitantes anuales en 28 mil cuartos de hotel.

Cabo Cortés se desarrollará en 3 mil 800 hectáreas, de las cuales 70 por ciento se destinarán a reserva ecológica, y el proyecto inmobiliario de 27 mil cuartos será en el resto de la superficie, en la zona más alejada del Parque de Cabo Pulmo, precisamente para poder garantizar la no afección negativa al mismo.

Este desarrollo, de acuerdo con información de la propia empresa, se destinará en 90 por ciento al turismo de Estados Unidos y Canadá.

Hansa Baja indicó que está comprometida con el desarrollo de las poblaciones cercanas al plan, por lo que hizo una inversión millonaria en la construcción del hospital de la Ribera, habrá habitaciones en Cabo Cortés para empleados, se dará prioridad a los trabajadores de la zona en la contratación de servicios y se firmarán convenios con organizaciones de pescadores y gremios de profesionistas para crear una futura bolsa de trabajo para el proyecto.

El Senado de la República aprobó el martes 13 un punto de acuerdo en el cual se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que realice una investigación exhaustiva de la autorización emitida por la Semarnat al proyecto Cabo Cortés.

El punto de acuerdo se refiere al procedimiento de responsabilidad administrativa DE-66/2011, interpuesto por Greenpeace y 5 mil 225 ciudadanos ante la Secretaría de la Función Pública, en contra de los funcionarios de la Semarnat: Mauricio Limón, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, y Enrique González, ex director de Impacto y Riesgo Ambiental, quienes aprobaron el proyecto y ponen en riesgo a Cabo Pulmo, señaló la organización ambientalista.

Precisó que el exhorto de los senadores se suma a las opiniones de otras autoridades claves, como la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Semarnat, que ha señalado la inviabilidad legal del proyecto, dado que contraviene tanto el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos como programas sectoriales y legislación.

También mencionó a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que en julio de 2009 emitió una opinión negativa sobre el informe de impacto ambiental presentado por Hansa, y sobre el impacto potencial del proyecto.

Clara práctica de sobornos de trasnacionales a autoridades mexicanas, señalan

Explotación de la riqueza natural

El territorio canadiense, paraíso de impunidad para las empresas del ramo, denuncian ONG

La comunidad potosina de Cerro de San Pedro denunció desde hace tiempo la explotación ilegal de minerales por parte de canadiensesFoto María Meléndrez Parada

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 4

Un año y cuatro meses después de que nueve organizaciones no gubernamentales (ONG) canadienses interpusieron una demanda por el delito de sobornos contra la empresa Blackfire ante la Policía Real Montada de Canadá (RCMP), ésta ejecutó una orden contra la corporación. Esto refleja la lentitud de ese gobierno, que continúa solapando a las empresas que violan leyes allende sus fronteras, indicó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Aunque las ONG de ese país han impulsado iniciativas legales para establecer un marco de derechos y normas ambientales para la operación de las empresas extractivas en naciones en desarrollo, no han tenido éxito.

El caso más reciente ocurrió en octubre de 2010, cuando la iniciativa legislativa C-300, titulada Ley de Responsabilidad de las Corporaciones de Minería, de Petróleo y de Gas en los países en desarrollo, fue rechazada por escaso margen en la Cámara de los Comunes, con 140 votos en contra y 134 en favor.

Las agrupaciones indicaron, en una carta enviada a las comunidades afectadas por las actividades mineras de Canadá, que si el proyecto hubiera sido aprobado habría “aportado a las comunidades de todo el mundo un mecanismo de quejas.

El gobierno federal habría tenido la responsabilidad de investigar las denuncias contra las compañías extractivas canadienses. Si se encontrara a una empresa incumpliendo las normas, el proyecto de ley permitiría al gobierno canadiense retirarle el apoyo financiero (por ejemplo, del Fondo de Desarrollo de las Exportaciones de Canadá) y el respaldo político (por ejemplo, el de la embajada canadiense en el lugar).

La demanda presentada en Calgary, Canadá, por Sierra Club, Fronteras Comunes y Mining Watch, entre otras ONG, contra Blackfire Exploration fue por la presunción del delito de sobornos de esta empresa y sus directivos hacia Julio César Velázquez Calderón, quien fue alcalde del municipio de Chicomuselo, Chiapas.

Apenas el pasado 20 de julio cuando la policía canadiense determinó dar seguimiento a este conflicto bañado de irregularidades, ilegalidades y acciones coludidas entre la empresa minera canadiense, el gobierno federal mexicano y sus autoridades ambientales, así como la administración estatal de Chiapas y la municipal. El Problema resultó con el asesinato de líder opositor Mariano Abarca, el 27 de noviembre de 2009, señala Rema.

La organización indica que la lentitud con la que actuó el gobierno de ese país explica por qué la mayoría de las empresas mineras en el mundo tienen origen en Canadá o están registradas en ese país: por ser paraíso de la impunidad para las corporaciones.

Detalla que desde que Canadá aprobó en 1998 la Ley de Funcionarios Públicos Extranjeros en torno a la corrupción, sólo dos pequeños casos han sido atendidos. En 2005 una pequeña multa contra una empresa de Alberta y otro caso en la India.

Menciona: es clara no sólo la cultura de corrupción y mal manejo del ex alcalde de Chicomuselo, sino también los sobornos a las autoridades municipales; es la práctica común de las trasnacionales mineras, ya que el municipio es el que debe autorizar cambios de uso de suelo y otros aspectos necesarios para las mineras, pero también para el control territorial y la seguridad de las inversiones mineras.

También refiere que el alcalde de Chicomuselo, Límbano Miguel López, en funciones desde principios de este año, denunció que ex funcionarios y síndicos no habían entregado las cuentas públicas del municipio y además dejaron descompuesto el equipo de cómputo de la tesorería, por lo que no se encontró ningún expediente técnico de obra pública, ni expedientes unitarios de comprobación del ejercicio fiscal 2010

En este gobierno se duplicaron proyectos de firmas extranjeras

Explotación de la riqueza natural

Susana González G.

Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 3

Con el gobierno de Felipe Calderón prácticamente se duplicaron los proyectos mineros concesionados a empresas extranjeras: el incremento neto fue de 94 por ciento, al pasar de 390 a 757 proyectos entre 2006 y 2010, la mayoría destinados a la explotación de metales preciosos, indican estadísticas de la Secretaría de Economía (SE).

El aumento de proyectos no implica que haya crecido en la misma proporción el número de empresas extranjeras que extraen minerales y metales del subsuelo de México, ya que sólo aumentaron 40 por ciento (de 240 a 286 en el lapso señalado).

Dicho de otra manera, se autorizaron 73 proyectos mineros nuevos en promedio en cada uno de los cinco años mencionados, aunque sólo ingresaron al sector nueve empresas nuevas anualmente.

Las autoridades y la Cámara Minera de México (Camimex) se ufanan en declarar que México se ha erigido en el cuarto destino mundial para la inversión en exploración minera y el primero en América Latina, pero, aunque operan aquí empresas originarias de 14 naciones, siete de cada 10 son de Canadá, las cuales dominan la exploración y explotación de yacimientos de oro y plata.

El año pasado el valor de la producción minera en el país llegó a 13 mil 900 millones de dólares, de los cuales 60 por ciento provino de lo extraído por empresas extranjeras, de acuerdo con Camimex, además de que la mayoría se exporta.

Baja el capital externo

Sin embargo, aunque las compañías foráneas consiguen más que las nacionales en la producción minera (en cuanto a valor por el tipo de metales y minerales que extraen), sucede lo contrario en las inversiones que hacen.

Los capitales extranjeros en el sector han bajado como proporción de la inversión total en esta industria y ni siquiera rozan los montos de la inversión nacional.

Al principio del sexenio la inversión extranjera minera sumó 657 millones de dólares, que representó 34 por ciento de los mil 923 millones de dólares registrados entonces. En 2008 bajó a 616 millones de dólares o 29 por ciento de la inversión total; luego subió a 929 millones en 2008, pero frente al récord de 3 mil 656 millones de dólares de ese año apenas representó 25 por ciento.

Para 2009 la inversión extranjera en la minería tuvo tal desplome que sólo logró aportar 15 por ciento del total, según estadísticas de la SE. No obstante, según Camimex, en lo que toca a proyectos de exploración, sí supera a los capitales nacionales, al concentrar 70 por ciento del total.

El auge minero logró desplazar el año pasado al turismo como cuarto generador de divisas, sólo superado por la industria automotriz, el petróleo y las remesas de migrantes. El sector minero captó 15.4 mil millones de dólares, contra 11.8 mil millones de la industria sin chimeneas.

El constante incremento en los volúmenes de producción de 18 metales preciosos y algunos de los minerales y minerales no ferrosos, siderúrgicos o no metálicos, como la industria los clasifica, así como el alza que algunos de ellos han registrado en años recientes, ha hecho que México se coloque en los primeros 20 lugares a escala mundial.

Es el principal productor de plata, tiene el sitio11 en oro y el 12 en cobre, pero también destaca en bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, manganeso, diatomita, plomo, grafito, barita, cadmio, molibdeno, zinc, sal y feldespato.

Destaca el caso del oro, en tanto que su aportación en el valor de producción minera nacional se triplicó en los años recientes, ya que antes del sexenio actual sólo representaba 8 por ciento del total y el año pasado llegó a 25.4 por ciento. En 2006 sólo se producían 39 toneladas de oro, pero el año pasado ya fueron 79 toneladas, un incremento de 103 por ciento y ocho veces más de lo que se producía hace 20 años.

Los registros de la SE sobre los 757 proyectos mineros que operan 286 compañías extranjeras detallan la preponderancia canadiense. Por sí solas tienen a su cargo 556 proyectos y operan otros 30 en asociación con firmas de otros países, es decir, 586, que representan 77 por ciento del total de empresas mineras foráneas.

En sus asociaciones trabajan en conjunto con 10 empresas de México, nueve de Estados Unidos, seis de Australia, dos de Reino Unido, así como un proyecto con una empresa de Corea, otra de China y una más de Japón.

Ni siquiera Estados Unidos, el principal socio comercial de México y que tanta influencia tiene en la economía nacional, ha podido acortar la gran ventaja de Canadá, ya que prácticamente hay cinco empresas de su competidor por una suya. En total hay 44 compañías estadunidenses con 113 proyectos, apenas 15 por ciento del total.

En el reparto de este lucrativo mercado destaca el caso de 13 empresas de Canadá que tienen concesionados 14.5 por ciento de los proyectos: Dia Bras Exploration Inc, con 16, seguida por Oro Gold Resources Ltd, y Pediment Gold Corporation, con 14 cada una. Luego, MacMillan Gold Corp y Soltoro Ltd, con 11 proyectos cada una; Canasil Resources y Chespeake Gold Corp, con otros 10 por firma; Remstar Resources Ltd y Golden Goliath Resources, con nueve, así como Evrim Metals Corp y Silvermex Resources, con ocho, además de que también comparten proyectos. Otras que destaca Camimex son Pan American Silver, Alamos Gold, Farallon Resources y Teck Cominco.

Con lo redituable que ha resultado el negocio minero en estos años para las empresas extranjeras, y particularmente las canadienses, al parecer lo mejor (para ellas) está por venir en los próximos años, ya que los proyectos y minas que tienen concesionadas son a largo plazo y, según Camimex, ya superaron en inversión a las nacionales en cuanto a proyectos de exploración, es decir, los nuevos yacimientos, al concentrar 70 por ciento del total.

Los datos oficiales precisan que de 757 proyectos en manos extranjeras, únicamente 2.64 por ciento están en etapa de desarrollo, es decir, sólo 20. Otro 9.38 por ciento en producción (71) y hay 6.74 por ciento o 51 suspendidos o postergados por financiamiento.

En cambio, 615 o bien 81 por ciento del total, son proyectos en exploración, así que los resultados en producción, exploración y ganancias que dejen se sabrán hasta los próximos años, paralelamente a problemas ambientales o laborales que han caracterizado al sector. Más aún, si se considera que la Camimex destaca el potencial minero de México al citar al Servicio Geológico Mexicano: 70 por ciento del territorio nacional es apto para seguir localizando yacimientos minerales de clase mundial. De hecho, la industria minera sólo está ausente en cuatro estados.

El alto precio del oro aviva el interés de los canadienses por el metal de México

Explotación de la riqueza natural

En sólo 12 meses han comenzado la operación comercial de ocho grandes proyectos

Aspecto de las instalaciones de Minera San Xavier, en San Luis Potosí, donde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad realizó una protesta el 6 de junio pasadoFoto Víctor Camacho

Israel Rodríguez J.

Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 2

En el país, ocho grandes proyectos de explotación de oro, concentrados principalmente por compañías mineras de Canadá, iniciaron su operación comercial en los pasados 12 meses, debido al incremento en el valor del metal áureo, derivado de la incertidumbre financiera global.

El incierto entorno de la economía internacional, con bajas tasas de interés, un dólar estaduinidense debilitado y una guerra de divisas que podría depreciar las principales monedas occidentales, mantuvo grandes inversiones de refugio en el oro.

Durante 2010 el precio anual del oro promedió mil 224.53 dólares por onza, lo que representó un incremento de 25.9 por ciento con respecto al precio promedio de 972.35 en 2009.

El 9 de noviembre de 2010, el metal escaló un precio máximo histórico de mil 421 dólares por onza.

Este espectacular impulso a la cotización del metal aceleró la apertura de nuevas operaciones mineras y disparó la inversión en exploración por oro, informó la Cámara Minera de México (Camimex).

El fuerte impulso en el valor de la producción minera está directamente relacionado con los buenos precios internacionales que permitieron el año pasado la apertura de ocho unidades mineras, entre las que destaca la entrada en producción comercial, en septiembre, de la mina Peñasquito, en Zacatecas, de la canadiense Goldcorp.

El programa de operación para 2011 contempla producir 350 mil onzas al ciento por ciento de su capacidad, y será la mina más grande de oro en el país, con lo que la canadiense Goldcorp Inc se consolidó como la mayor productora en México.

En el último cuatrimestre del 2010 Silver Crest Mines inició la producción de oro y plata en la mina Santa Elena, ubicada en Sonora. Mientras tanto, Agnico Eagle, también de origen canadiense, fundió su primera barra áurea proveniente de la mina Creston Mascota, en Chihuahua.

La empresa Timmins Gold comenzó en abril del año pasado la producción de su mina de oro San Francisco, en Sonora.

Después de un cierre de 17 meses, la mina de oro y plata La Guitarra, ubicada en el estado de México arrancó operaciones en abril de 2010. La canadiense Genco Resources, a cargo de la explotación del yacimiento, suscribió un acuerdo en noviembre del año pasado con la también canadiense Silvermex Resources. La transacción, realizada completamente en acciones, llevó a Genco a cambiar su nombre por New Silvermex.

En tanto, Frallon Resources Ltd, con sede en Vancouver, Canadá, anunció el 15 de noviembre del año pasado las negociaciones que realiza con la empresa belga Nyrstar, importante productora a escala global de zinc y plomo, y en menor proporción de oro, plata y cobre, para que esta última adquiera 100 por ciento de la empresa, en una transacción superior a 400 millones de dólares. De esta forma, un país europeo incursiona en el ciclo minero del país.

Por su parte, Goldcorp anunció en junio de 2010 la venta de la mina San Dimas, productora de oro y plata en México, por 500 millones de dólares, a la compañía Mala Noche Resources Corp, que cambiaría de nombre posteriormente a Primero Mining. Bajo el acuerdo de venta, la canadiense Goldcorp recibió 275 millones de dólares en efectivo, 175 millones en acciones de Mala Noche y otros 50 millones de dólares en pagarés.

Además, los trabajos de exploración de Goldcorp Inc. en los proyectos satélites de Camino Rojo, en Zacatecas, continuaron avanzando.

La empresa canadiense Yamana Gold Inc continúa con la construcción y preparación de la mina de oro y plata Mercedes, localizada en el norte de Sonora. El inicio de operaciones se tiene programado para 2012, y deberá producir 125 mil onzas de oro equivalente.

Otras empresas que no son canadienses participan en nuevos proyectos en la explotación de oro en México. Una es la estadunidense US Gold, que avanza con fuerza en su proyecto de oro y plata El Gallo, localizado en Sinaloa. Con una inversión de capital de 100 millones de dólares, US Gold estima a partir de 2014 una producción de 50 mil 250 onzas de oro.

La empresa australiana Cerro Resources NL informó que actualmente desarrolla el estudio de factibilidad del proyecto Cerro del Gallo, localizado en Guanajuato. Los resultados del estudio concluyeron en marzo de 2011 y el inicio de operaciones se prevé en 2012. Cerro del Gallo cuenta con 69.9 millones de toneladas de mineral con contenidos, precisó Camimex.

El PT presentará una iniciativa de decreto sobre la prohibición a ceder la renta petrolera

Peligrosos, los convenios de Pemex con compañías privadas: Laura Itzel Castillo

Los contratos no sólo son a 25 años, sino ciñen el pago a trasnacionales al aumento en el crudo

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 9

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados informó que mañana martes presentará una iniciativa de decreto para interpretar correctamente la prohibición constitucional de ceder la renta petrolera en contratos a compañías privadas, como los otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado mes de agosto para explotar seis yacimientos en Tabasco

El proyecto –elaborado por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez– considera que esos convenios constituyen un peligroso precedente para futuros acuerdos de la paraestatal, debido a que no sólo son a 25 años, sino que ciñen el pago a las trasnacionales al aumento de los precios del crudo.

La propuesta se diseñó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que, por acuerdo de todas las fracciones parlamentarias, interpuso la Cámara de Diputados contra dichos contratos. Los ministros se negaron a entrar al fondo del asunto.

En su documento, la diputada Castillo Juárez explica que la fórmula de pago a las empresas privadas con contratos con Pemex se basa tanto en el valor de la producción como en el precio de los hidrocarburos.

“Tal circunstancia equivale a un esquema de reparto de los beneficios del proceso de la producción, esto es, el contratista se convierte en una especie de socio de Petróleos Mexicanos, cuyos derechos y expectativas en términos de la tasa de retorno de la inversión, además, se encuentran blindados por todos lados”, señala.

Por esa razón, abunda la legisladora, se pretende detallar en un decreto cuatro límites constitucionales para los contratos que la petrolera mexicana celebre con inversionistas privados:

1. No establecer fórmulas o esquemas que correlacionen el precio del crudo y la remuneración del contratista, que tengan como resultado que el pago de los servicios sea una proporción de la renta petrolera.

2. Excluir mecanismos de remuneración que tengan como único límite el valor de la producción después del pago de impuestos en función del precio del crudo en el mercado internacional, que redunde en un pago que exceda una remuneración razonable con estándares de la industria de contratos de servicios de exploración y producción de hidrocarburos.

3. Que las fórmulas de contratación correspondan a un contrato típico de la industria de servicios de exploración y producción, y en ningún caso se admitan los contratos de riesgo, asociación o de participación de un porcentaje de las ventas.

4. Que esas fórmulas no contengan opciones sujetas a circunstancias futuras que pretendan revertir la asignación de rendimientos de la renta petrolera a los contratistas y que, con ese motivo, afecten de manera absoluta o relativa la condición de precio cierto a la firma del contrato de servicios.

La propuesta en cuestión resalta que los denominados contratos integrales de servicios contienen un esquema de remuneración a los contratistas contraria al artículo 27 constitucional, al 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos y al presente decreto y, por tanto, no deben continuar otorgándose y los ya firmados deben derogarse.

Laura Itzel Castillo resaltó que la fórmula de pago compromete un porcentaje de las ventas de hidrocarburos, debido a que incluye un factor de ajuste sobre la base de la actualización inflacionaria que determina el monto de la tarifa por barril de crudo en el tiempo.

Ilegal, elevar la inversión de Pemex en Repsol, denuncia Jiménez Espriú

Es aberrante que una paraestatal nacional comprometa su voto con una firma privada española, sostiene el ex subdirector comercial de la petrolera mexicana

Javier Jiménez Espriú exigió atacar la corrupción en Petróleos Mexicano. En esta imagen, durante un debate sobre reforma energética. Atrás, Francisco Rojas, ex director de la paraestatalFoto Luis Humberto González

Roberto González Amador

Periódico La Jornada
Viernes 2 de septiembre de 2011, p. 2

La decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de aumentar su participación en la firma española Repsol YPF cae en el terreno de la ilegalidad y compromete su gestión a futuro, aseguró Javier Jiménez Espriú, ex subdirector comercial de la paraestatal y ex director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Veo el tema terriblemente confuso, totalmente opaco, declaró Jiménez Espriú a La Jornada. “El director de Pemex (Juan José Suárez Coppel) justificó la decisión de aumentar la participación en Repsol como una forma de tener una mejor posición en el consejo de administración y mejorar las prácticas corporativas de la firma española, cosa que me parece una aberración.

Sería muy interesante que el funcionario mejor tratara de mejorar las prácticas corporativas de Pemex, que está hundido en la corrupción y la pereza, en lugar de ir a tratar de desfacer entuertos en una empresa petrolera española.

El lunes pasado, Pemex anunció que aumentará de 4.8 a 9.8 por ciento su participación en Repsol YPF, a la vez que se comprometió a sumar sus votos a las decisiones que tome la constructora española Sacyr Vallehermoso, que posee otro 20 por ciento de los títulos de Repsol.

Para esa operación, que involucra utilizar recursos propios y contratar deuda por unos 20 mil millones de pesos, Petróleos Mexicanos se servirá de una empresa que tiene establecida en Holanda, no sujeta a las leyes mexicanas y que no puede ser auditada por el órgano de fiscalización del Congreso.

Entre 1990 y 1992, como sub- director comercial de Pemex, Jiménez Espriú fue el representante de la paraestatal mexicana en el consejo de administración de Repsol, en un momento en que Petróleos Mexicanos poseía 2.5 por ciento del capital de la firma española.

En la entrevista con este diario, Jiménez Espriú se preguntó a cambio de qué Pemex aceptó aumentar su participación en Repsol y, sobre todo, obligarse a votar en todo momento en el mismo sentido en que lo haga Sacyr Vallehermoso en el consejo de administración de la petrolera ibérica.

Un absurdo terrible

Veo absolutamente ilógico, aberrante, que una empresa petrolera de México, una empresa estatal, se asocie, comprometa su voto con una empresa privada de construcción en España para votar en las mismas condiciones en los próximos años. Con qué derecho el señor Suárez Coppel está comprometiendo a Pemex, cuestionó.

Una de las consecuencias que podrían darse del pacto entre Pemex y Sacyr es la remoción de la actual dirección de Repsol, encabezada por Antonio Brufau, quien ha tomado cartas en el asunto para tratar de impedir el acuerdo, como reportó La Jornada.

En ese contexto, explicó Jiménez Espriú, el director general de Pemex está comprometiendo el voto de la paraestatal para apoyar una decisión política interna de una empresa que, como lo es Repsol, está vinculada al negocio del gas.

Se me hace un absurdo terrible. Tenemos que obligar a las autoridades mexicanas, al consejo de administración de Pemex, donde están secretarios de Estado, a que expliquen por qué autorizaron, si es que fue el caso, a Suárez Coppel a realizar esta inversión y a tomar esa decisión de inversión, que me parece una barbaridad.

Consideró inaceptable que se pretenda eludir una auditoría a la compra de acciones de Repsol, por el hecho de que la paraestatal mexicana la pretende hacer a través de una subsidiaria, llamada PMI Holdings VB, establecida en Holanda y no sujeta a las leyes mexicanas.

Toda inversión que haga Petróleos Mexicanos está sujeta a que la revise la Auditoría Superior de la Federación (el órgano de fiscalización del Congreso). Entonces, la Auditoría también tiene que exigir una explicación, aseveró.

Lo que es obvio es que (la dirección actual de Pemex) está apoyando los intereses empresariales del grupo constructor español. Lo que ya no es tan obvio, pero está en el fondo de la cuestión, es cuáles son los compromisos que está adquiriendo. Ya hay en España una posición de cómo es posible que Pemex quiera hacer esto cuando su capital está blindado y no hay correspondencia en las acciones.

–¿No estarán buscando que haya esa correspondencia y que puedan llegar capitales de fuera a Pemex?

–Creo que además están buscando la correspondencia de las acciones. Allá están acusando que esto puede ser un fraude a la ley, que ellos están usando este mecanismo y no debieran permitirlo. Bueno, para Pemex eso es pan de todos los días. Aquí Pemex hace fraude a la ley todos los días.

Véalo si no: a una empresa de Pemex le dieron el contrato de construir la (inacabada todavía) estela del bicentenario. Esta empresa contrató a otra firma privada y esto es un fraude a la ley. A la empresa de Pemex le dieron el contrato directo porque es del Estado y luego ya le transfirió el contrato a otra firma privada y esto es un fraude a la ley.

–¿Cree que la dirección de Pemex se saltó al consejo de administración?

—No podría especular al respecto. Puede ser que no porque hoy (ayer) el secretario de Energía (José Antonio Meade), que es el presidente del consejo, dijo que Pemex tiene unas finanzas maravillosas y eso le permite mirar hacia fuera. Quiere decir que es un asunto consentido por el consejo de administración.

“Lo que se debe determinar es cuáles son los límites del consejo de administración y los argumentos que se tienen para autorizar una inversión de esta naturaleza, pero sobre todo para aprobar un acuerdo de unir los votos con esta empresa privada de construcción.

Eso me parece absolutamente aberrante y está muy confuso y cuando está confuso uno tiene derecho a pensar lo peor, y pensando lo peor, como dice el filósofo, acertamos.

Petróleos Mexicanos, aseguró Jiménez Espriú, se está manejando en forma indebida, se están brincando los preceptos legales y malinterpretando las leyes. Es la impunidad total y aparentemente el consejo de administración dio a Suárez Coppel una patente de corso para que haga lo que le dé en gana con el dinero de Pemex, que es dinero de la nación.

El sistema nacional de refinación perdió $87 mil millones en 2010, señala el priísta

La compra viola la Constitución y pone en riesgo al país, sostiene Monreal

Factible, fiscalizar la adquisición de acciones hecha por Pemex: Labastida

Legisladores mexicanos exigen a Pemex aclarar los motivos para aumentar su participación en Repsol. En la imagen, gasolinera cerca de la localidad española de PuertollanoFoto Ap

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Viernes 2 de septiembre de 2011, p. 4

El presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida, aseveró: si Pemex adquiere más acciones de la empresa Repsol, claro que tendrá que cumplir con la legislación de España, pero eso no quiere decir que esté exenta de ser fiscalizada por órganos del Estado (mexicano). La Auditoría Superior de la Federación sí la puede auditar.

Labastida, ex secretario de Gobernación, destacó: estas decisiones le convienen a la paraestatal, porque hasta donde entiendo, según la versión del director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, que no tengo por qué dudar de él, esta operación va a consolidar el voto y a tener más influencia de Pemex en las decisiones y en el diseño estratégico de Repsol.

Agregó: lo que intenta un accionista minoritario es tener la mayor influencia sobre las decisiones de la empresa Repsol, eso es lo que le conviene, y precisamente la queja del accionista minoritario es que la mayoría lo apabulla, lo reduce en términos de participación y se queja de que las decisiones que adopta Repsol son tomadas sin considerarlo. Con esto Pemex logra tener más influencia en las decisiones de esa empresa.

Se le preguntó sobre la decisión de Pemex de utilizar una empresa sin empleados para realizar esa operación. Labastida respondió: una empresa tenedora de acciones no tiene por qué tener empleados. En un mundo de los negocios esto se hace. Lo que hace el grupo es operar con los menores costos administrativos, y sólo cuenta con un pequeño grupo que ve sus finanzas y toma decisiones. Le cargan los menores costos financieros.

Añadió que “este tipo de operaciones debe beneficiar a Pemex, como cuando se compró la mitad de la refinería Deer Park, en Estados Unidos. Para qué se hizo –se pregunta, y responde él mismo–: pues para tener precios competitivos en la transformación del petróleo en gasolina, diesel y derivados. De hecho, esa empresa sigue teniendo números negros y utilidades; en cambio, el sistema nacional de refinación tuvo el año pasado pérdidas por 87 mil millones de pesos”.

Resaltó que el consejo de administración de la paraestatal tuvo que haber autorizado esa operación, y el director de la empresa y los consejeros deben informar las razones y los motivos de la operación. Esto implicaría una ventaja en la conquista de un mercado para la venta de petróleo en condiciones competitivas para Pemex, pero tiene que transparentarse, revisarse y auditarse, apuntó.

Pemex, aseveró el senador, tiene un programa de inversiones por 250 mil millones de pesos, tiene un gran programa de inversiones, lo que tenemos que revisar es qué congruencia tiene esto para llevarse a cabo en este momento.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, sostuvo que la compra de acciones de Repsol por Pemex viola la Constitución y el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el cual no había recursos destinados a ese propósito. El Congreso, a través de la Cámara de Diputados, no tiene considerada esa compra. Es una verdadera barbaridad la que se está cometiendo y pone en riesgo al país.

Señaló que es un negocio, lo único que les interesa son la usura y el aprovechamiento de los bienes nacionales y el patrimonio de los mexicanos. No lo vamos a permitir, vamos a demandar una investigación de estos actos administrativos, vamos a exigir responsabilidades políticas para quienes han incurrido en falta.

Estos actos, sostuvo, violan la Constitución, porque no hay recursos en este momento autorizados para la compra de acciones ni para asociaciones con empresas extranjeras por parte de una empresa cuya explotación debe ser exclusiva del Estado y no acepta ni contratos ni asociaciones con entidades extranjeras.

Munícipes tabasqueños y otros ciudadanos acuden ante la Corte

Controversia constitucional contra contratos incentivados en Pemex

Las entidades se verían afectadas al reducirse el Fondo de Fomento Municipal

Claudia Sheinbaum, Rosalinda López, Laura Itzel Castillo, Agustín Guerrero, el abogado José María Soberanes, los presidentes municipales Cristóbal Javier Angulo, Raúl Gustavo Gutiérrez y Dora del Carmen Vázquez presentaron ayer una controversia constitucional contra los contratos incentivados de PemexFoto Carlos Cisneros

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Jueves 7 de abril de 2011, p. 19

Con apoyo en la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que prohíbe los contratos riesgo o contratos incentivados, basados en la renta petrolera y participación por la venta de crudo, cinco municipios del estado de Tabasco presentaron sendas controversias constitucionales en contra del Presidente de la República y de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la emisión de la licitación pública internacional de contratos incentivados que permitirán a empresas extranjeras sustituir a la paraestatal en la exploración, explotación y producción de hidrocarburos.

Con el argumento de que el nuevo esquema de contratos afectará la hacienda municipal de Cunduacán, Xalapa, Jonuta, Paraíso y Tenosique, los demandantes consideraron que la renta petrolera integra la recaudación federal participable, y un porcentaje de esta recaudación le corresponde a los municipios (a través del Fondo de Fomento Municipal, que se reparte entre todos los ayuntamientos del país), de manera que si, como resultado de los nuevos contratos disminuyen los excedentes petroleros, también bajarán las participaciones federales que reciban los quejosos.

La demanda interpuesta ayer ante el máximo tribunal por Claudia Sheinbaum, integrante del llamado gobierno legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador; la senadora por Tabasco Rosalinda López Hernández, y el diputado federal Agustín Guerrero, y por los presidentes y/o funcionarios de los municipios de Cunduacán, Xalapa, Jonuta, Paraíso y Tenosique, Tabasco, solicita a la Corte que declare la invalidez de la Licitación Pública Internacional Abierta 18575062-512-11 –aprobada por el consejo de administración de Pemex el 24 de noviembre de 2010, con el voto disidente del consejero profesional Rogelio Gasca Neri–, que pretende concesionar a la iniciativa privada los servicios para la evaluación, desarrollo y producción de crudo en las áreas de Magallanes, Carrizo y Santuario, en la región sur de Tabasco.

Solicitaron a la Corte la suspensión del proceso de licitación en tanto el máximo tribunal no resuelva las controversias, lo cual puede tardar alrededor de un año.

Advierten que con este nuevo esquema el contratista sustituirá a Pemex en la exploración, explotación y elaboración de hidrocarburos, así como en el transporte y almacenamiento que interconectan la explotación con la elaboración de los mismos, que están reservadas en la Constitución exclusivamente al Estado; además de que son perjudiciales para la hacienda pública y, por tanto, los afectarán al disminuir las partidas presupuestales destinadas a los municipios.

En la demanda se incluye el modelo del contrato que firmarían Pemex y las trasnacionales, y hace referencia a diversas violaciones a la Carta Magna como, permitir la ejecución de servicios de evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos y facultar así a la iniciativa privada a desarrollar actividades reservadas al Estado; además de que rompe con la exclusividad del Estado en las áreas estratégicas del petróleo, gas natural y demás hidrocarburos, incluyendo la petroquímica básica.

Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que la reciente decisión de la Suprema Corte en la que avaló las reformas de 2008 sobre los contratos incentivados en la industria petrolera será fundamental para lograr la invalidez de la licitación, porque en aquella ocasión los ministros precisaron que dichos contratos por ningún motivo deberán ser identificados con contratos aceptados en la práctica internacional como modalidades de contratos de riesgo, de asociación o de un porcentaje de las ventas, en las que el contratista participe en la renta petrolera.

Los contratos impugnados dan lugar a que intereses extranjeros tengan injerencia en decisiones reservadas al Estado en materia de hidrocarburos; que la industria extranjera participe en toda la cadena petrolera y que acapare parte de la renta petrolera asociada a los hidrocarburos localizados en el área del contrato, afirman.

Y es que, según el contrato, el monto mensual que pagará Pemex se basará, entre otras cosas, en el precio de referencia del petróleo West Texas Sour del mes anterior del cálculo (que es variable).

Cuestionan que si hay alguna diferencia entre la paraestatal y los contratistas, el caso se lleve ante cortes internacionales y no se respete la jurisdicción nacional.