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4 nov 2015

Policías le rompen las costillas, le dañan la vejiga y le llenan los pulmones de agua tras vertérsela por la nariz


    
tortura, guerra contra las drogas, Destrucción familias

(04 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Mi esposo gritó: “no le peguen, está embarazada”, pero no les importó [...] El feto salió en un charco de sangre. Tailyn, superviviente de tortura.

Cuando Amnistía Internacional publicó su informe “Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México”, diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales pensaron que se encontraban frente al escenario más grave y que evidenciando la práctica sistemática de tortura se tendría resultados positivos, en cuanto a los castigos de los agresores y las políticas necesaria  por parte del gobierno para su detención. Pero no fue así y estos actos han ido a diario en aumento, siendo cometidos por policías municipales, estatales, federales, Ejército, Marina, incluso por gendarmería.
A Adrián Vásquez elementos de la policía estatal de Tijuana lo detuvieron en 2012 y lo presentaron como un narcotraficante. Pero antes de asegurarlo, los elementos policiacos lo torturaron, hasta casi matarlo, pues lo dejaron inconsciente. Le rompieron algunas costillas, le dañaron la vejiga y le llenaron los pulmones de agua tras vertérsela por la nariz.
Aunque fue revisado por el médico que tenía a su cargo levantar el reporte de las lesiones, solamente documentó las de menor importancia y concluyó que “al no ser graves” se curarían en menos de 15 días. Sin embargo Adrián se desmayó y tuvo que ser llevado a de emergencia al hospital, donde fue sometido a cirugía de vida o muerte.
Con el acompañamiento de distintas organizaciones, incluida Amnistía Internacional, en abril de 2015, después de años de campaña de su familia, tres de los policías a los que Adrián identificó como sus torturadores fueron por fin acusados formalmente. Pero Adrián sigue hoy en prisión, según informes obtenidos por Revolución TRESPUNTOCERO.
Aunque el gobierno federal se ha comprometido a prevenir y sancionar la tortura, dicha promesa, en lo que va del sexenio no se ha visto reflejada, ya que no se reconoce aún los actos de tortura, mucho menos se investiga y sancionan, ni se les da atención médica, incluyendo la psicológica a víctimas y familiares.
“Violaciones sexuales, golpes, perforaciones, asfixias, descargas eléctricas, introducir líquidos tóxicos en nariz, boca y artefactos en genitales, tanto en hombres como mujeres, son solamente algunas de los métodos de tortura utilizados por las Fuerzas Armadas, esos a los que protege Salvador Cienfuegos y Enrique Peña Nieto, una estrategia bastante efectiva para acallar y generar genocidio.
Porque cuando no es la muerte, el resultado es una cifra altísima de inocentes encarcelados, dividiendo a la sociedad en una parte (la mayoría) que sufre y vive con miedo y otra (ciega) que ha sido enajenada para creer a las víctimas, delincuentes y que la absurda e inútil guerra contra el narcotráfico sí funciona”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO la investigadora social Arlette Adán, colaboradora de la Asociación para la Prevención de la Tortura.
Según datos de Amnistía Internacional, 64 % de la población mexicana vive atemorizada, quienes creen que podrían ser víctimas de tortura, ya que aun cuando son inocentes y nunca han cometido ilícitos, las Fuerzas Armadas podrían detenerlos sin motivo alguno en su domicilio, trabajo o vía pública, torturarlos y acusarlos de delitos no cometidos.
“Aunque cada vez más organismos se dedican al acompañamiento y defensa de las víctimas de tortura, aún hay miles en las cárceles que están desprotegidos, y la justicia para ellos, incluso, puede que nunca llegue, porque las mismas autoridades la ponen fuera de sus alcances. Esto con la ayuda de los abogados de oficio, los médicos que niegan lesiones graves, aunque el detenido esté a punto de morir, o investigaciones detenidas o fallidas, nula atención psicológica y mediocre aplicación del protocolo de Estambul, cuando aceptan aplicarlo, además de documentación desaparecida o no aceptación de testimonios”, comenta Adán.
Aunque Amnistía Internacional logró demostrar que en 2014 hubo más de 2 mil 400 denuncias de tortura (duplicando las de 2013), el gobierno no tiene datos contrastados que demuestren que se acusó a alguien.
En el caso de Enrique Guerrero, lo detuvieron una noche de viernes en la Ciudad de México. “De repente, dos sujetos me perseguían, siguen disparando. Ya me bajé de mi coche y corrí… Me agarran. Cuando se acercan y quieren subirme a la camioneta, ahí es donde veo que algunos son uniformados” dio a conocer el joven, según datos obtenidos por Revolución TRESPUNTOCERO.
Por fin lo lograron, una vez en el interior del furgón, sujetaron a Enrique contra el suelo y lo llevaron a un almacén. Allí, unos policías lo desnudaron de cintura para abajo y le vendaron los ojos, y luego lo torturaron toda la noche. Decían: “’Te vamos a violar, te vamos a coger’. Me encañonaron en la frente con una pistola”.
Los policías usaron una bolsa y con ella intentaron estrangularlo, después llegaron los métodos de asfixia. Él se negaba a firmar una confesión; entonces dijeron: ‘Bueno, entonces ponemos algo ilegal’. Es por esto último que Enrique lleva dos años encerrado en una prisión de máxima seguridad.
El 600 % del incremento del número de denuncias de tortura y otros malos tratos, dan como resultado en México 7 mil 741 denuncias recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en tan sólo cuatro años (2010-2014), la misma dependencia que en múltiples casos, según las voces de familiares de víctimas, se ha negado a agilizar las investigaciones o ha tenido pruebas suficientes pero no ha emitido recomendaciones que pudieron cambiar las circunstancias de las víctimas, con respecto a su puesta en libertad, así es como en 23 años, solamente ha habido 7 condenas por tortura y no han sido durante este sexenio.
Samantha Navarrete activista que forma parte de Amnistía Internacional asegura a Revolución TRESPUNTOCERO que “ninguna autoridad federal ha realizado un claro seguimiento de los datos sobre la constante tortura y malos tratos perpetrados por las fuerzas de seguridad, lo cual independientemente del porqué no lo hace. Tiene gran culpa entonces porque da vía libre al aumento de los casos, ya que no responde de manera adecuada ante la problemática mortal”.
Y afirma que si “mañana todas las autoridades de las cuales dependen los casos de tortura”, ejercieran sus investigaciones y demás acciones con un mínimo de objetividad en cada proceso penal, veríamos a miles libres en las cárceles, con sus casos esclarecidos, demostrados inocentes, y por cada víctima en libertad, al menos cinco elementos de seguridad estarían entrando a las cárceles, de esa dimensión es la gravedad que padece México y el peligro inminente que corre cualquiera de sus ciudadanos y con mayor riesgo los inocentes, porque los que han cometido delitos, esos generalmente están coludidos con distintas autoridades”.
“México padece una pandemia de tortura, que difícilmente logrará combatir, cuando ésta proviene de quienes tienen los hilos del poder y son una tiranía perfecta, sin embargo la exhibición de los casos y el acompañamiento de las organizaciones pueden cambiar el negro panorama del país”, afirma Adán.
“No hay día que no recuerde el día que me golpearon, me amenazaron, y me obligaron a aceptar cosas que yo no cometí. Es una tortura diaria. Es como estar enterrado vivo aquí.”Damián Gallardo Martínez, torturado por la Policía Federal en mayo de 2013.
“Lo que queda en tu mente, quien lo puede remediar. ¿Quién me lo puede quitar? Creo que no hay medicina ni terapia para esto.” Superviviente de tortura entrevistada por Amnistía Internacional, 2015.

1 oct 2014

Con más de 343 mil firmas piden justicia para víctima de tortura

Solidaridad internacional ante caso de Claudia Medina Tamariz

Claudia Medina Tamariz durante la presentación de la campaña Rompiendo el silencio 


Amnistía Internacional (AI) reunió 343 mil 883 firmas de personas que instan a Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, a investigar de manera inmediata, imparcial y exhaustiva la denuncia de tortura presentada por Claudia Medina Tamariz, una mujer del estado de Veracruz violentada por elementos de la Marina en 2012.

De acuerdo con el testimonio de Claudia, el 7 de agosto de 2012 marinos la detuvieron de forma arbitraria en su domicilio en el puerto de Veracruz, luego fue torturada  y posteriormente obligada a firmar una declaración que no le permitieron leer y en la que se autoinculpaba de delitos contra la salud y de ser líder del cártel criminal Jalisco Nueva Generación.

En apoyo a Medina Tamariz, este martes 30 de septiembre una delegación de AI-México entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) una petición con firmas de personas y organizaciones de 117 naciones, entre ellos, Países Bajos, México, Alemania, España y Francia.

En el documento se exige que la PGR tenga en cuenta los dos peritajes del Protocolo de Estambul (procedimiento especializado para identificar a víctimas de tortura), que aportó la defensa de Claudia y pide que la dependencia practique los peritajes médicos en casos de presunta tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en apego con los estándares internacionales.

Mario Patrón, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización defensora de Claudia Medina, agregó en un comunicado que como primer paso para respetar los derechos de esta mujer de 33 años la PGR debe desistirse de las acusaciones contra la víctima.

“Hasta ahora la PGR no ha mostrado ningún interés en investigar la denuncia de tortura. Antes bien, continúa acusándola de delitos graves que no cometió a partir del dicho de sus torturadores, lo que es claramente insostenible al ser producto directo de la detención arbitraria, incomunicación por 36 horas, retención en base naval y de la tortura”, dijo el activista.

Por su parte, Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI-México, expresó: “Al igual que Claudia Medina, muchas personas han sufrido tortura y otros malos tratos a manos de militares y policías en México. A diferencia de la respuesta que dan las autoridades, estas 343 mil 883 personas de 117 países nos están diciendo que la tortura es un problema serio, que hay que investigar a fondo cada caso y llevar a las personas responsables ante la justicia”.

Aseguró además que el gobierno federal debe tomar este llamado internacional como una oportunidad para demostrar resultados concretos en el marco de la lucha para poner fin a esta práctica persistente y generalizada.

En tanto, Claudia envió un mensaje a todas las personas firmantes: “Muchas gracias por este apoyo y por esta solidaridad. Mi lucha no es fácil; ya han pasado dos años y sigo sin obtener respuesta. Ni de los jueces, ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mucho menos de la PGR. Pero voy a seguir hasta obtener justicia. Sé que no estoy sola: hay cientos de miles de personas que me apoyan”.

Recientemente, AI publicó su informe “Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México”, en el que recomienda medidas específicas que deben adoptarse para prevenir, investigar y castigar estas violaciones a los Derechos Humanos.


| CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-

28 mar 2014

Pide AI protección para migrantes



De la Redacción
 Periódico La Jornada
Viernes 28 de marzo de 2014, p. 20

Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por el destino de al menos 40 migrantes centroamericanos secuestrados el 19 de marzo en Reynosa, Tamaulipas, por un grupo criminal, quienes fueron liberados por el Ejército pero luego dejados a su suerte sin protección, a grado tal que al parecer 10 de ellos fueron plagiados de nuevo. 

La organización añadió que el 18 de marzo tres mujeres deportadas de Estados Unidos fueron privadas de su libertad en Matamoros, Tamaulipas, cerca del paso fronterizo. Por todo ello, exigió a las autoridades federales y estatales realizar una investigación completa e imparcial sobre el paradero de todos estos desaparecidos y llamó a brindar protección efectiva a migrantes liberados del cautiverio de grupos criminales o expulsados de Estados Unidos.

23 mar 2014

Memorándum de Amnistía Internacional a Peña Nieto


 


México tiene retos que reclaman solución urgente e ineludible en materia de derechos humanos. La presencia en México de Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, dejó constancia de la profunda preocupación que le causa a la comunidad internacional la situación de los derechos humanos en el país.
El representante de la organización humanitaria entregó el pasado 17 de febrero al presidente Enrique Peña Nieto el memorándum Los retos de México en materia de derechos humanos. En ese documento, Amnistía Internacional analiza y recomienda a la Presidencia de la República realizar acciones muy concretas en nueve tópicos fundamentales: reformas de derechos humanos; seguridad pública y derechos humanos; desapariciones, tortura y malos tratos; sistema de justicia penal; justicia militar; migrantes irregulares; personas defensoras de derechos humanos y periodistas; derechos humanos de las mujeres; y derechos de los pueblos indígenas.
En el memorándum se conmina al representante del Estado mexicano a combatir con efectividad las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país y a “hacer de ésta una verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales de derechos humanos”. Peña Nieto se comprometió a emitir una declaración, reconociendo y anunciando las medidas que tomaría. A 1 mes de esta reunión, esta declaración no ha tenido lugar; tan es así que Amnistía Internacional ha emprendido una campaña para que el grueso de la ciudadanía firme una petición para exigir que el presidente asuma de forma inmediata estos compromisos.
No es éste el único pronunciamiento pendiente del gobierno mexicano. En este mes de marzo debe anunciar también y con formalidad cuáles recomendaciones adoptará de las 176 realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Por lo que toca al contenido del memorándum referido, hemos visto con agrado que el diagnóstico y recomendaciones emitidas son pertinentes, y desde luego hacen eco de lo que numerosas personas y organizaciones civiles y sociales en defensa de los derechos humanos hemos venido exigiendo a lo largo de estos últimos sexenios.
Sin embargo, el desastre en materia de derechos humanos que viven las y los mexicanos es de tal magnitud, que desborda las temáticas que aparecen en el informe de Amnistía Internacional. Así las cosas, queremos aprovechar este espacio para abonar sobre algunos puntos que lamentablemente no son referidos en el escrito entregado a Peña Nieto, y que forman parte muy importante de las agendas de lucha de las defensoras y defensores de derechos humanos (asuntos sobre los que es importante que el gobierno federal se pronuncie con claridad y asuma compromisos inmediatos).
El primero que queremos tratar se refiere a la fallida guerra contra el narcotráfico y la utilización de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Estas acciones son fuente sistemática de violaciones a derechos humanos, lo que nos lleva no sólo a pronunciarnos para que sean juzgadas en tribunales civiles, sino a reiterar el llamado a que el gobierno federal trace una estrategia de seguridad que permita el retiro paulatino de militares en funciones de policía.
En materia laboral, podemos decir que el trabajo digno y bien remunerado es una verdadera rareza en el país. Las autoridades, más que velar por el respeto a los derechos que la clase trabajadora conserva a pesar de la contrarreforma laboral, parecen más interesadas en desalentarlos cuando emprenden un proceso legal contra un patrón abusivo, y en cubrir la responsabilidad de los empleadores en los desastres industriales, como el dramático caso de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila. Las autoridades además entorpecen y obstaculizan la libertad sindical mediante un actuar faccioso de las juntas de Conciliación y Arbitraje.
El derecho a la alimentación está igualmente vulnerado. Se hace necesario emitir una ley que reglamente las disposiciones constitucionales que garantizan su ejercicio. Esta ley tendría que ir acompañada de una política de impulso al campo, protección de la biodiversidad y rechazo enérgico de la introducción de semillas transgénicas. Ésas y otras medidas similares crearían las condiciones para que el derecho a la alimentación sea efectivo. Programas asistencialistas, como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, son paliativos más orientados a la propaganda que a la solución real de los problemas.
A lo largo del país se han desplegado diversos megaproyectos, que van desde autopistas –como en Xochicuatla– hasta el reordenamiento urbano –como las supervías Poniente y Oriente–, y las grandes explotaciones mineras. Estos megaproyectos, ya sean de empresas privadas o del Estado, atropellan diversos derechos, como el derecho a la consulta oportuna, libre e informada, a un ambiente sano, a la vivienda (generalmente, los pobladores son desplazados con 1 mil tretas), al empleo y a la salud.
El derecho a la educación no se encuentra en mejores condiciones. Para los hijos de los más pobres continúa siendo apenas una aspiración o un lujo. En la zona metropolitana el ingreso al bachillerato es sujeto a un concurso que excluye a por lo menos 150 mil jóvenes cada año. Señalaba el profesor Hugo Aboites –allá por mediados de 2012, y lamentablemente la situación continúa vigente– que no es justificable que el ejercicio del derecho a la educación y el acceso a los lugares disponibles en los planteles esté sujeto a “un examen cuyos resultados proclaman que unos tienen más derecho que otros”, sino que, como todo derecho, debe garantizarse la igualdad en su ejercicio.
Así también, la mal llamada reforma educativa, que pone en manos de las familias el sostén de los centros escolares, reduce la posibilidad de que los niños, niñas y jóvenes mexicanos puedan formarse, adquirir un oficio o profesión y, consecuentemente, obtener un empleo remunerador cuando adultos. Es necesario que el Estado mexicano asuma verdaderamente la obligación que tiene, y destine recursos suficientes para la construcción y ampliación de planteles escolares, así como para la contratación de personal docente de base.
Para finalizar, es importante señalar que las contrarreformas laboral, educativa, financiera, fiscal, política y energética, por su contenido regresivo y violatorio de derechos humanos, han generado no pocas protestas, que en ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación, ejercen legítimamente distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, el Estado mexicano se ha ocupado más en criminalizar y discriminar a las personas que manifiestan su descontento en el espacio público, con una lógica de tildar de buenos ciudadanos a aquellos que no salen a “alterar” el orden público, y de “vándalos”, “transgresores de la ley y del progreso” a aquellos que lo ocupan con sus reivindicaciones. Los medios de comunicación, en manos sobre todo del duopolio televisivo, descalifican y preparan el terreno para la proscripción del derecho a la protesta. Todo esto con la finalidad de inhibirla como un derecho colectivo que interpela al Estado. En este sentido, el gobierno federal y los gobiernos estatales no sólo deben reconocer los abusos policiacos, sino sancionar a quienes abusan del poder y a sus mandos; ya que, de no haber sanciones, se da un incentivo a quienes cometen estos atropellos.
Éstos son los temas que consideramos que también conforman retos de México en materia de derechos humanos. Y, a pesar de que hasta hoy el presidente no ha demostrado un compromiso serio y real con su cumplimiento, no podemos dejar de exigirle y recordarle a él y al Estado mexicano en su conjunto una y otra y otra vez las deudas pendientes en la materia que tienen para con el pueblo mexicano.
*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

11 ene 2013

Solicita AI retirar iniciativa de reforma al artículo primero



Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Viernes 11 de enero de 2013, p. 20

Amnistía Internacional (AI) llamó al diputado priísta Francisco Arroyo Vieyra y otros legisladores a retirar la iniciativa de reforma al artículo primero de la Constitución, al considerar que se ponen en grave riesgo los avances normativos de la reforma constitucional en derechos humanos de junio de 2011.

En un comunicado, Amnistía Internacional se sumó a los más de 200 intelectuales, activistas y organizaciones de la sociedad civil mexicana que en días recientes han manifestado su preocupación por el debilitamiento de la protección de los derechos humanos que se produciría de aprobarse la iniciativa presentada por Arroyo Vieyra, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

AI consideró positiva la declaración realizada ayer por el legislador priísta en el sentido de no seguir promoviendo la iniciativa, al reconocer la "amplia consternación" que ha provocado desde que la presentó, el 3 de enero en la Gaceta Parlamentaria.

"Sin embargo, en tanto esa iniciativa no sea retirada de forma oficial de la Cámara de Diputados, existirá la posibilidad de que pueda ser impulsada posteriormente por otros integrantes de la legislatura", advirtió Amnistía Internacional, que solicitó su retiro oficial por su incompatibilidad con el objetivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y las obligaciones internacionales de México en la materia.

Quienes integran el Congreso deben asumir la obligación de armonizar el resto de la legislación de acuerdo con las obligaciones que actualmente establece el artículo primero de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, para así asegurar que todas las personas en México podrán acceder en la práctica a los derechos que estos instrumentos les otorgan, enfatizó AI.

20 sept 2011

En México se violan derechos de millones de pobres: AI



Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Martes 20 de septiembre de 2011, p. 14

Amnistía Internacional (AI) lamentó la inacción del gobierno mexicano para dotar a las personas que viven en situación de pobreza de mecanismos para hacer exigibles sus derechos.

En un comunicado, expresó que los retos del país en materia de lucha contra la pobreza son mucho más profundos y van más allá del logro aparente de algunos indicadores, en referencia al reciente reporte del gobierno mexicano sobre cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.

Deploró lo crítico de la situación a la que cada día tienen que enfrentarse 52 millones de mexicanos, cuyos derechos económicos, sociales y culturales son violados.

3 ago 2011

Firmar pacto sobre derechos sociales, exige AI a México



Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de agosto de 2011, p. 16

Integrantes de Amnistía Internacional realizaron ayer una manifestación frente a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir que el gobierno de México tome medidas efectivas contra la pobreza y suscriba el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el propósito de tener nuevos mecanismos que permitan a la población acceder a instancias multilaterales para exigir el cumplimiento de sus derechos humanos.

Una veintena de activistas construyeron una vivienda de cartón (de dimensiones reales) en una de las entradas de la cancillería, para mostrar las condiciones a que deben enfrentarse las personas que viven en pobreza. A un costado colocaron dos grandes mantas en las que se leía que la pobreza es inaceptable y constituye la peor crisis de derechos humanos en el mundo.

Como parte de la manifestación, los activistas promovieron la firma de una petición para que las autoridades mexicanas suscriban el citado documento. Daniel Zapico, coordinador de Movilización e Impacto de AI, informó que junto a otras organizaciones sociales, han recabado más de 20 mil firmas.

Añadió que en viviendas como la construida en la entrada de la SRE, sin acceso a agua potable, luz ni servicios básicos, sobreviven millones de personas sin que existan herramientas que les permitan exigir respeto a su derecho a una vida digna. Agregó que desde hace dos años se inició el periodo para que los países firmen el protocolo, y México aún no ha mostrado avance en ese sentido.

19 jul 2011

Insta a esclarecer "los casos de hostigamiento" contra activistas del refugio Posada Belén



AI exige al gobierno de Coahuila proteger a defensores de migrantes centroamericanos

Impunes, 160 casos de desaparición forzada en 5 años; sólo hay resultados en 24 expedientes

Leopoldo Ramos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 19 de julio de 2011, p. 19

Saltillo, Coah., 18 de julio. La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno de Coahuila garantías de protección para defensores de migrantes centroamericanos, además de resultados en las investigaciones sobre la desaparición de 160 personas en los cinco años recientes.

Rupert Knox, investigador del Programa Regional para América de AI, demandó a las autoridades estatales esclarecer los casos de hostigamiento en contra de activistas del refugio de migrantes Posada Belén, ubicada en esta capital, que en las semanas pasadas han sido amagados por pistoleros.

Dijo que la mejor forma de responder a la exigencia es encontrar a los responsables y castigarlos, con la finalidad de establecer condiciones seguras para el trabajo de quienes defienden los derechos de migrantes.

En conferencia de prensa luego de reunirse con el secretario de Gobierno estatal, David Aguillón Rosales, aseguró que familiares de desaparecidos son víctimas de la terrible impunidad que genera el estancamiento de las indagatorias.

Señaló que de 184 expedientes integrados ante la Fiscalía General del Estado por desapariciones forzadas, sólo hay resultados en 24, y siguen impunes 160, entre ellos los casos de dos centroamericanos que desaparecieron en Saltillo. A todas estas familias el estado las ha dejado sin acceso a la justicia, y con una impunidad escalofriante, señaló.

Garantías para el obispo Vera

También instó a representantes del gobierno estatal a entrevistarse con el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y que le ofrezcan garantías de seguridad para que cese el hostigamiento del cual ha sido víctima, al ser colocadas mantas con frases en su contra sobre la fachada de la catedral de Santiago, en la capital de Coahuila.

Don Raúl tiene que decidir qué actividades quiere solicitar; entendemos que por el momento no va a presentar denuncia y respetamos esa decisión, pero desde nuestra esfera es evidente que el papel de don Raúl es fundamental en crear un espacio de protección a los derechos humanos y cualquier cosa que impacte eso tiene una consecuencia negativa, señaló.

Sin embargo, descartó la posibilidad de que AI solicite formalmente a las autoridades de Coahuila y del país medidas urgentes de protección en favor del prelado, pues este planteamiento es siempre en base de lo que quiere la persona afectada, y si don Raúl no lo quiere, no vamos a solicitarlo.

Lo que sí, añadió, instamos a las autoridades a ponerse de acuerdo con la persona afectada, para que diseñen y apliquen las medidas adecuadas basadas en las necesidades determinadas por la persona afectada.

El viernes, la diócesis de Saltillo denunció que un día antes aparecieron mantas colgadas de la fachada de la catedral con las frases queremos un obispo católico y queremos que el obispo sólo hable de religión. Al respecto, Vera López dijo a la prensa local que no solicitará servicio de escoltas, ni denunciará los hechos penalmente.

29 jun 2011

Exige AI aclarar posible desaparición forzada de un joven en Morelos



Rubicela Morelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 20

Cuernavaca, Mor. Amnistía Internacional (AI) exigió a los tres niveles de gobierno que esclarezcan la posible desaparición forzada de Jethro Ramsés Sánchez Santana, que el pasado primero de mayo fue detenido por policías municipales, quienes declararon que lo entregaron a agentes federales, y éstos a militares. El organismo expresó su preocupación porque hace casi dos meses que no se sabe nada del joven y las autoridades se niegan a dar información sobre su paradero. Además, exigió que se brinde protección a testigos y familiares.

23 jun 2011

Llama a enviar cartas para exigir medidas

Pide AI al gobierno que dé protección a dos dirigentes indígenas
De la Redacción
Periódico La Jornada
Jueves 23 de junio de 2011, p. 45

Amnistía Internacional (AI) emitió ayer una acción urgente mediante la cual solicitó al gobierno del país que brinde protección a Cuauhtémoc Ramírez y Obtilia Eugenio Manuel, dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’pha (OPIM), quienes el 16 de junio recibieron nuevo mensaje intimidatorio.

La amenaza advierte a ambos activistas que dejen de presionar al gobierno mexicano para que cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por soldados en 2002.

Dicha carta –también dirigida a los miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT)—llegó al domicilio de la pareja apenas una semana después de que ellos y otros activistas de la OPIM fueron sometidos al registro agresivo e intimidatorio de miembros del Ejército.

Los dirigentes forman parte del grupo de 107 defensores de derechos humanos para quienes la CIDH ordenó medidas provisionales en abril de 2009, que a la fecha no ha cumplido el gobierno mexicano.

Además de Ramírez y Eugenio, otros activistas de la OPIM han sido reprimidos e intimidados: Raúl Hernández fue encarcelado más de dos años por cargos falsos; mientras otros cuatro miembros del colectivo pasaron 11 meses en la misma situación.

En 2009, Manuel Ponce y Raúl Lucas fueron secuestrados, torturados y asesinados, y los casos siguen impunes.

AI llamó a sus adherentes a enviar cartas al gobierno mexicano para exigir medidas inmediatas de protección para ellos, y una investigación completa y exhaustiva sobre las amenazas.

Acción Urgente: Petición de protección de activistas

Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez han recibido una carta amenazadora. Una semana antes, fueron sometidos a un registro agresivo e intimidatorio por parte del ejército mexicano.
Amnistía Internacional


PETICIÓN DE PROTECCIÓN PARA ACTIVISTAS INDÍGENAS

Los activistas indígenas Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez han recibido una carta amenazadora. Una semana antes, ellos y otros miembros de la OPIM fueron sometidos a un registro agresivo e intimidatorio por parte del ejército mexicano.

El 16 de junio se encontró en la casa de Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez una amenaza escrita a mano en la que les decían que dejaran de presionar al gobierno respecto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández. La nota amenazaba también al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que ha trabajado con los dos activistas. En ella les advertían: “nunca dejamo libre aunque pidan protección del gobierno [...] si no callán le matamos […] protección vale mierda nosotros somos protegido”.

Obtilia Eugenio Manuel es presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’pha (OPIM), y su esposo, Cuauhtémoc Ramírez es uno de sus dirigentes. Ambos defensores de los derechos humanos, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, han recibido reiteradas amenazas por su trabajo con la OPIM y en apoyo de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, dos mujeres indígenas que recientemente ganaron su demanda de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de que fueron objeto a manos de miembros del ejército en 2002.

El 6 de junio, Obtilia Eugenio Manuel, Cuauhtémoc Ramírez y otros miembros de la OPIM se encontraban ante su oficina en Ayutla, estado de Guerrero, cuando unos soldados les dieron el alto y empezaron a interrogarlos. Según los miembros de la OPIM, los soldados no explicaron los motivos de la operación de dar el alto y registrar, y se mostraron agresivos y groseros. Al parecer, un soldado dio a Obtilia Eugenio Manuel una patada en el tobillo cuando ella intentaba impedir lo que consideraban la detención ilegal de Cuauhtémoc Ramírez. Finalmente, los soldados se retiraron sin emprender más acciones. Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez forman parte de los 107 defensores y defensoras de los derechos humanos del estado de Guerrero para los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas provisionales, unas medidas que las autoridades no han puesto en práctica de manera efectiva.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

n expresando preocupación por la seguridad de Obtilia Eugenio Manuel, Cuauhtémoc Ramírez y otros miembros de la OPIM y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan;

n instando a las autoridades a proporcionarles medidas efectivas de protección, de estricta conformidad con los deseos de los afectados, y conforme a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

n pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la amenaza anónima realizada contra estas personas el 16 de junio y sobre la agresiva operación militar de dar el alto y registrar llevada a cabo el 6 de junio; pidiendo que los resultados de la investigación se hagan públicos y que se lleve ante la justicia a los responsables de las amenazas y la intimidación.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 2 DE AGOSTO DE 2011, A:


Lic. José Francisco Blake Mora

Secretario de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,

Delegación Cuauhtémoc,

México D.F., C.P. 06600, MÉXICO

Fax: (+52) 55 5093 3414

Correo-e.: secretario@segob.gob.mx

Tratamiento: Estimado

Señor Secretario


Marisela Ibáñez Morales

Procuradora General de la República

Procuraduría General de la República

Av. Paseo de la Reforma 211-213,

Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO

Fax: +52 55 5346 0909 (digan: “tono de fax, por favor”)

Correo-e.: ofproc@pgr.gob.mx

Tratamiento: Estimada Señora Procuradora


Y copia a:

Human rights organization

Red Solidaria Década Contra la Impunidad

Correo e.:ddhh_decada@yahoo.com.mx, tlachinollan.difusion@gmail.com

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Esta es la segunda actualización de AU 63/10. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/086/2010/es


PETICIÓN DE PROTECCIÓN PARA ACTIVISTAS INDÍGENAS

INFORMACIÓN adicional

La defensa de los derechos humanos puede ser un trabajo muy peligroso –incluso mortal– en México. Decenas de activistas han sufrido amenazas de muerte, intimidación y acoso en los últimos años. Algunos han sido asesinados por hacer su trabajo. Las autoridades han reconocido que es primordial adoptar e implementar un mecanismo de protección efectivo y global, conforme solicitan los defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, aún no han cumplido su promesa.

Como fundadora y directora de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel ha sido blanco de numerosas amenazas, actos de intimidación y vigilancia. Una de las amenazas más recientes fue un mensaje escrito entregado en las oficinas de la OPIM el 6 de marzo de 2010; además, ese mismo día, se vio a un hombre vigilando abiertamente las oficinas de la OPIM y tomando fotografías con su teléfono móvil. (AU: 63/10 Índice: AMR 41/021/2010, México, fecha de emisión: 15 de marzo de 2010, y sus actualizaciones). El 17 de marzo de 2009, Obtilia Eugenio Manuel recibió tres amenazas de muerte mediante mensajes de texto en su teléfono móvil. En uno de ellos la advertían además de que ninguna organización de derechos humanos podía protegerla. En enero de 2009, a Obtilia Eugenio Manuel la siguieron en varias ocasiones. Ella reconoció a uno de los hombres que la seguían como un partidario de un cacique local.

El 9 de abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México que proporcionara a Obtilia Eugenio Manuel, su familia y otras personas medidas efectivas de protección, y que investigara los ataques. Hasta la fecha, sólo se han puesto en práctica algunas de las medidas acordadas, y los responsables de los ataques continúan en libertad.

El activista de la OPIM Raúl Hernández pasó más de dos años en prisión por cargos falsos. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia, y finalmente fue liberado el 30 de agosto de 2010. Otros cuatro activistas estuvieron también encarcelados con él durante 11 meses. En febrero de 2009, Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, defensores de los derechos humanos de una organización hermana de Ayutla, fueron secuestrados, torturados y asesinados. Los responsables no han comparecido ante la justicia.

Más información sobre AU: 63/10 Índice: AMR 41/039/2011 Fecha de emisión: 21 de junio de 2011

28 may 2011

La impunidad, otro importante factor a resolver, señala Javier Zúñiga, asesor de AI

Necesario, abatir la corrupción para tener resultados contra el crimen, dice experto

Hace un recuento de logros de Amnistía Internacional, que cumple 50 años de fundación

Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 15

Madrid, 27 de mayo. El mexicano Javier Zúñiga lleva más de 30 años investigando y documentando las violaciones de los derechos humanos en el mundo, en este caso para Amnistía Internacional (AI), que este sábado 28 de mayo cumple su 50 aniversario. Desde la sede central en Londres, Zúñiga señaló que el problema de la impunidad en México es añejo, pero que posiblemente adquiere relevancia a partir de la masacre de la plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968.

En entrevista con La Jornada, el asesor especial de AI señaló que mientras nuestro país no resuelva el grave problema de la corrupción, no habrá resultados en la estrategia de lucha contra el crimen organizado.

–¿Cuál cree que ha sido la principal aportación de AI en estos 50 años?

–La organización se fundó en 1961, cuando la declaración universal de derechos humanos apenas tenía 13 años, y sólo una parte de esos derechos estaban en vigor. No había convención contra la tortura ni contra la desaparición forzada. No existía la Corte Penal Internacional. La organización nació en un momento en el que había un vacío en el derecho internacional, y cuando el concepto de derechos humanos estaba emergiendo en plena guerra fría. Esa lucha entre países comunistas y capitalistas, sobre todo en América Latina, llevó a una serie de operaciones y de políticas antinsurgentes, que provocó muchísimo daño a los derechos humanos.

Así que la primera gran contribución de AI es poner un derecho humano sobre la mesa, hacerlo público y hacer que la gente que sufría fuera puesta en contacto con quien podía ayudarle. Como ocurrió con el caso de una uruguaya, prisionera por la dictadura militar de su país, cuya liberación se logró gracias al número de cartas que recibió el gobierno en las que se pedía su libertad. Podríamos decir que una de las primeras redes sociales en materia de derechos humanos fue la de AI. Cincuenta años después tenemos más de tres millones de personas en el mundo comprometidas con los mismos principios universales.

–En todo este tiempo han sufrido numerosas presiones, ¿cuáles han sido las más difíciles de superar?

–Hemos sido acusados de distintas partes y de casi todo. Recibimos muchas críticas de la llamada órbita socialista, que nos acusaban de ser parte de la CIA o de estar dominados por intereses económicos. Mientras, en los países occidentales nos acusaban de comunistas. Hemos vivido con las críticas y las descalificaciones de los gobiernos que prefieren continuar con la represión, al margen del escrutinio público. Pero esas presiones nos han dado más legitimidad, porque la gente sabe que somos imparciales y que no tenemos ningún problema en señalar casos de violación de derechos humanos, sin importar el país en que se produzcan.

–En México, ¿usted cree que la situación está peor que nunca?

–En América Latina ya no tenemos las dictaduras de antaño, donde teníamos masas de desaparecidos, campos de detenidos, pero sigue habiendo mucha represión, muchos ataques contra periodistas, y también el problema de la impunidad que ha permanecido desde hace décadas. Para no ir muy lejos hay que recordar que tras la matanza en la plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968, hasta la fecha no se ha detenido ni procesado a nadie, ni se han esclarecido los hechos en su totalidad. En el caso de México, creo que la impunidad de 1968 es el origen de la actual.

El problema de la seguridad pública también es gravísimo; hay un sentimiento de inseguridad en gran medida porque en los actos de violencia criminal hay involucrados policías y otras autoridades. Los gobiernos están obligados a luchar contra la delincuencia y el crimen, pero quién se ocupa cuando el gobierno mismo es el culpable o el coautor o cómplice de lo que le ocurre a la población. Desde AI señalamos a los gobiernos que son responsables o, al menos, a los funcionarios. Y en el caso de México así es, y se tiene que empezar por limpiar la justicia y el aparato público. Por más Ejército que se saque a la calle, por más armas que se pongan a disposición de los funcionarios, si no se resuelve el problema básico de la honestidad de quienes tienen que luchar contra el crimen, entonces no habrá confianza de la población ni, por tanto, resultados.

–Da la sensación de que en todo el planeta estamos en una fase crítica en materia de derechos humanos, ¿comparte esta percepción?

–Desde luego que ha habido avances, pero hay que reconocer que también ha habido recaídas monumentales. Por ejemplo, ahora ya existe una normativa muy completa en relación con los derechos de la mujer, de los niños; se está trabajando en una convención sobre los derechos de los migrantes... También ha habido algunas regiones del mundo en las cuales ciertos problemas han dejado de existir de forma masiva, pero que se han desplazado a otros sectores. Por ejemplo, quizás ahora ya no hablamos de los miles de desaparecidos en Argentina, pero sí estamos hablando de los pueblos indígenas de toda América, que siguen siendo discriminados y considerados ciudadanos de segunda clase. También la mujer sigue siendo objeto de violencia y asesinatos. El mundo, desde la fundación de AI, no había tenido genocidios como los de Camboya o Ruanda, las guerras interminables de África, el caso de centenares de miles de niños soldados, la violación de mujeres durante las guerras...

–América Latina sigue siendo la región con más desigualdades del mundo; esto también repercute en las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad?

–Es cierto que en América Latina los derechos económicos están todavía muy lejos de ser una realidad. La propia Cepal (Comisión Económica para América Latina) ha documentado que las desigualdades son todavía mayores y eso produce más injusticia y violaciones. América Latina pasó por lo que yo llamo transiciones defectuosas; los militares se fueron a sus cuarteles pero muchas de las estructuras de las dictaduras militares persisten, como los fueros militares, el código penal y la poca protección contra las comunidades indígenas.

16 may 2011

Informe AI 2011: El horror no puede ser la última palabra

México vive un momento crítico en materia de derechos humanos. El secuestro y asesinato de miles de personas y la ineficiencia para impedirlo...
Cencos
"México vive un momento crítico en materia de derechos humanos. El secuestro y asesinato de miles de personas y la ineficiencia para impedirlo. El asesinato de defensores de derechos humanos como Betty Cariño, Yiri Jakola, Marisela Escobedo y Josefina Reyes y el nulos avance en el tema de la Guerra Sucia. Este es un mosaico de la deuda histórica del Estado mexicano con los derechos humanos", dijo Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional (AI) en México durante la presentación del informe anual 2011.

Durante su presentación, también hizo in capie en las promesas incumplidas del Estado mexicano, entre ellas la implementación de mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos y el cumplimiento en su totalidad de las cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha ordenado que se reforme el Código de Justicia Militar para impedir que sea el mismo Ejército el que juzgue las violaciones a derechos humanos cometidas por sus miembros en contra de la población civil.

Para Amnistía Internacional, en México son 4 los grupos vulnerables de población que no están siendo protegidos y cuyo grado de riesgo es cada vez mayor. Se trata de las personas migrantes, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y los pueblos indígenas.

A demás, acorde con "las exigencias de las movilizaciones callejeras de los últimos días que se han ido multiplicando a lo largo y ancho del país" las cuales muestran "el hartazgo de la población que no esta dispuesta a esperar más por los verdaderos cambios que hacen falta este país", Herrera Aragón pidió al Estado "cambios drásticos en un corto plazo para garantizar seguridad y dignidad [...] El Estado debe demostrar la capacidad para cumplir sus promesas".

El horror no puede ser la última palabra, una verdad distinta se manifiesta en pancartas, discursos en la calle y expresiones artísticas: Alberto Herrera, durante la presentación del Informe Mundial 2011 de AI.

Otro de los temas en los que la organización internacional muestra preocupación es el de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que "de aprobarse debilitaría gravemente la garantía a los derechos humanos". Además, se unió al llamado de las organizaciones nacionales hacia los congresos de los estados para que aprueben a la brevedad la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Como invitado especial en la presentación asistió Fray Tomas, defensor de derechos humanos de los migrantes que trabaja en el centro de Derechos Humanos del Usumasinta y en el albergue conocido como La 72, ambos en el municipio fronterizo de Tenosique en Tabasco, donde a diario escuchan historias de las violaciones cometidas contra personas migrantes centroamericanas, como la reciente testimonial de un secuestro masivo.

Fray Tomas también recordó que en días pasados la Procuraduría General de la República inició investigación de varios agentes del Instituto Nacional de Migración acusados de abusos y de complicidad con las redes de secuestro y tráfico de las personas migrantes, y se pronunció al igual que AI, por que estas investigaciones se lleven a cabo respetando las diligencias y con el fin de que sean un ejemplo y un mensaje de que la impunidad no persiste.

En el mundo en 2010 libertad de expresión y asociación, derechos clave

En un panorama general, la organización resaltó que en América, tres son los países más preocupantes: México, Colombia y Estados Unidos.

Mientras que en el resto del mundo se identificó que derechos como la libertad de expresión, de asociación y de acceso a la información combinados con las nuevas tecnologías resultaron fundamentales para empoderar y transformar a la sociedad.

Casos como las revueltas en el mundo árabe en oriente medio y norte de África, el golpe mediático que significó en todo el mundo la información de Wikileaks, y las manifestaciones organizadas por medio de dispositivos móviles y redes sociales, dan un horizonte de cambio por la democracia que si bien podría ser histórico y representar una nueva era en defensa de derechos humanos, también podría quedar opacado si no se concretan cambios que den mayor garantía a los derechos humanos de millones de hombres y mujeres, explican en el informe.

50 años de enviar cartas por la justicia

Con este informe, la organización creada por Peter Benenson cuando se decidió a ayudar a dos presos de conciencia de la dictadura en Portugal, festeja sus primero 50 años de vida.

Durante este tiempo Amnistía ha construido un nuevo paradigma en el activismo por los derechos humanos y la justicia al preguntarse qué podemos hacer la gente común y corriente para lograr cambios y luchas contra los abusos del poder.

Con acciones sencillas pero contundentes y de dimensiones mundiales, Amnistía es una red que se ha dedicado a encender una vela ahí donde existe una violación a los derechos humanos, interpelando a la indignación de ciudadanos concientes para sumar voces y actuar.

Centro Nacional de Comunicación Social

http://www.cencos.org/node/26844